El Upper West Side de Manhattan tiene nuevas vecinas, aunque estas no se mueven en metro, tampoco acuden a los museos de la zona ni frecuentan los comercios de este conocido barrio neoyorquino. Se trata de una familia de lechuzas comunes (Tyto alba), que han anidado por sorpresa sobre un depósito de agua en la cima de un edificio cerca de Central Park. 

Una mudanza que ha pillado por sorpresa a los vecinos, que no dejan de mirar al cielo para observar a estas icónicas rapaces. Cada noche, decenas de personas se acercan a ese punto para vislumbrar y fotografiar a estos animales, que han hecho de Nueva York su nueva casa. 

El movimiento también ha sorprendido a los científicos, que aseguran que se trata del primer caso documentado de lechuzas comunes anidando en Manhattan en la historia moderna, según recoge la Associated Press (AP). “Fue algo totalmente impactante”, explica Andrew Farnsworth, ecólogo migratorio del Laboratorio de Ornitología de Cornell. “Hasta donde sabemos, como en el conocimiento colectivo de los observadores de aves, no ha habido un nido en Manhattan”, añade.

Nuevas vecinas en el Upper West Side

Fue una vecina quien se percató de las rapaces. Elisabeth Williams, residente del Upper West Side, notificó a un medio de comunicación local a principios de octubre que ella y su esposo habían visto varias lechuzas en el depósito de agua situado en la cima de un edificio en la calle West 75, cerca de Central Park West.

“Los residentes de la manzana aledaña comenzaron a oír ruidos fuertes por la noche, chirridos estridentes y ásperos. Eso les alertó de que algo estaba sucediendo”, dijo el observador de aves David Barrett, en declaraciones a CBS News. El especialista no les ha quitado ojo desde entonces e informa puntualmente de sus pasos a través de la cuenta Manhattan Bird Alert, que él mismo administra en X (antes Twitter). 

En este tiempo, ha publicado numerosas fotografías de las rapaces, que se integran en la arquitectura de la ciudad: las ha encontrado custodiando las barandillas que flanquean la puerta de una vivienda, en lo alto de los tejados y entre los hierros que sobresalen de las fachadas. 

Según el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York, los avistamientos de lechuzas comunes en los parques de la ciudad son muy raros. Nueva York se encuentra en el límite norte del área de distribución de la lechuza común y su población ha disminuido “a un ritmo alarmante” con el tiempo, según el Departamento de Conservación Ambiental del estado.

Eso explica la expectación que hay entre los neoyorquinos, que quedan fascinados cada vez que cualquier ave visita la ciudad. Por ahí han pasado las becadas americanas (Scolopax minor), que suelen hacer una parada en Bryant Park, en Midtown Manhattan, cada año durante su migración hacia el norte a principios de la primavera. 

Nueva York también fue el hogar del Flaco, un búho real euroasiático que murió en 2024. También despidieron a Pale Male, un halcón de cola roja que anidó sobre la Quinta Avenida durante tres décadas antes de morir en 2023.

José Luis Cortés Cortés, marido de la exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa Ana Ferrer Prohías y detenido en una operación contra una presunta red internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales, figuró en las listas electorales de Vox al Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia en las elecciones municipales de 2019. El empresario y antiguo entrenador personal ocupó el décimo puesto de la candidatura bajo las siglas Vox-Actúa Baleares, tal como avanzó La Voz de Ibiza y ha confirmado este periódico a partir de la documentación de la Junta Electoral.

La presencia del investigado en aquella lista ha llevado a la Federación Socialista de Eivissa (FSE) a reclamar explicaciones a la formación de extrema derecha sobre su relación con el candidato y sobre las circunstancias de su incorporación a la candidatura. Los socialistas consideran que la formación debe aclarar qué vínculos mantuvo con Cortés más allá de su participación electoral, al tiempo que han reclamado también explicaciones a los responsables políticos de la isla. elDiario.es se ha puesto en contacto con Vox para conocer su postura sobre este asunto, pero la formación declina hacer declaraciones sobre el tema.

José Luis Cortés Cortés compartió candidatura con la actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sant Josep, Araceli Colomar, quien también está vinculada al sector inmobiliario y fue denunciada por una presunta estafa de 237.000 euros relacionada con la compraventa de locales, plazas de aparcamiento y trasteros que, según los afectados, nunca llegaron a formalizarse, tal como informó elDiario.es el pasado mes de junio.

Según la FSE, Vox se habría limitado a justificar la presencia de Cortés en la lista electoral por la cuota correspondiente a Actúa Baleares, entidad que nació en 2018 como resultado de la reconversión de la Fundación Círculo Balear (FNCB), una asociación de extrema derecha con casi dos décadas de historia en las islas. Pocos meses después de su creación, Actúa firmó una coalición con el partido de Santiago Abascal para concurrir unidos al ciclo electoral de 2019. 

Para los socialistas, sin embargo, estas explicaciones son “absolutamente insuficientes”. La formación considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué vínculos mantuvo el detenido con la formación de extrema derecha y con el PP de Eivissa más allá de su relación familiar con la exconcejala Prohías. Según insisten, el hecho de que esta persona formara parte de la candidatura de Vox en Sant Josep “muestra una actividad política reciente que es muy preocupante, teniendo en cuenta la gravedad de las informaciones”.

Cortés era conocido en Ibiza por su actividad como entrenador personal y por su vinculación al mundo del boxeo. Con el tiempo, desarrolló una actividad empresarial relacionada con la promoción, construcción, compraventa y arrendamiento de inmuebles, a través de varias sociedades mercantiles.

Como publicó elDiario.es, Cortés figura como administrador de distintas empresas inmobiliarias, entre ellas Unero Espacio SL, Cas Mut Unero SL y Ses Torres 3 Unero SL. También aparece al frente de World Unero SL, una sociedad constituida en 2026 cuyo objeto principal es la tenencia y gestión de participaciones en otras empresas. Su actividad societaria incluye, además, otras mercantiles vinculadas a la construcción y al sector inmobiliario.

La operación policial en la que fue detenido Cortés investiga a una presunta organización criminal que, según las pesquisas, habría utilizado sociedades mercantiles, promociones inmobiliarias y viviendas de lujo para introducir en el circuito legal dinero procedente del narcotráfico.

La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, tiene una dimensión internacional y se extiende a operaciones inmobiliarias en Ibiza, Marbella y Madrid. Las autoridades investigan el papel que habría desempeñado cada uno de los detenidos en la estructura. La detención de Cortés no constituye por sí misma una condena y su responsabilidad penal deberá determinarse en el procedimiento judicial.

Lluís Puig regresó este miércoles, y Toni Comín ha vuelto a España este jueves. El exconseller de Salud ha escogido una vía de retorno más práctica que simbólica: tras nueve años en Bélgica, su vuelta ha consistido en acudir a la Junta Electoral Central (JEC), con sede en Madrid, para acatar la Constitución y poder recoger así su acta como eurodiputado electo de Junts.

Comín no había podido tomar posesión de su cargo porque, pese a haber sido escogido en las urnas en 2024, la JEC le exigía que acudiera personalmente a Madrid para prometer la Constitución. Pero el eurodiputado no podía hacerlo, porque hasta la semana pasada el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no le retiró la orden de detención en España, vigente desde 2017.

El eurodiputado ha empleado el catalán para cumplimentar el trámite y ha remarcado que acataba la Carta Magna “por el mandato del 1 de octubre y por imperativo legal”.

Una vez completado el trámite con la JEC, Comín prevé volver a Francia y regresar a Catalunya, a pie por la frontera, este domingo, en un acto en el que le acompañarán familiares y allegados.

En declaraciones este jueves a RAC-1, Comín ha explicado que cruzó la frontera este miércoles en coche. “Fue impresionante. Tuve la sensación física de haber ganado”, ha manifestado. “Cuando conducía por la autopista pensé que era precisamente el momento que había impedido el Estado durante nueve años. Han fracasado en el intento de que pudiera entrar en plena libertad”, ha aseverado.

Desde Bruselas, este martes el exconseller avanzó sus planes para volver a España y comparecer a la citación que le había enviado la JEC para prometer la Constitución. “Pero voy a dejar muy clara una idea: ir a Madrid no es regresar del exilio. Volver del exilio es volver a casa... a Catalunya, y eso será el día 25”, matizó, al tiempo que reiteró que la visita a la capital de España se limitaría a “hacer un trámite necesario”.

El exconseller tiene abierto un proceso interno en el Parlamento Europeo a raíz de una denuncia de acoso sexual contra él por parte de un exasesor suyo en la Eurocámara, que Comín siempre ha calificado de “falsedad absoluta”.

Con la vuelta de Comín y Puig a España, Carles Puigdemont es el único de los dirigentes que permanecían en Bélgica desde 2017 que no ha regresado. A la espera de que el Tribunal Supremo le aplique de forma definitiva la amnistía, Puigdemont ya puede volver sin riesgo a ser detenido porque sobre él ya no pesa una orden de arresto, pero el expresident quiere alejar todo lo posible su retorno de la precampaña y no prevé emprender la vuelta a casa hasta pasadas las generales del 29 de noviembre.

El consejo nacional de los Comuns ha validado, con un 66% de los votos a favor y un 34% en contra, la lista que encabezará Ada Colau, candidata a la presidencia del Gobierno del Frente Amplio, en las elecciones generales del 29 de noviembre. La principal novedad es que en las listas no estará la hasta ahora portavoz en el Congreso, Aina Vidal.

Según ha informado el partido en un comunicado, los Comuns apuestan por una renovación de las listas, que en las cuatro provincias catalanas estarán lideradas por mujeres: Ada Colau en Barcelona, Ester Roca en Tarragona, Júlia Boada en Girona y Montse Cortassa en Lleida.

En Barcelona, al tándem de Colau y Ernest Urtasun, que irá de número dos, le seguirán la politóloga y experta anticorrupción Júlia Miralles, el actual diputado en el Parlament Andrés García Berrio, la concejal en Barcelona Lucía Martín y el exparlamentario Joan Mena.

El partido concurrirá a las elecciones bajo el nombre de Comuns-Front Ampli. Repiten en las listas dos de los siete diputados actuales de los Comuns en el Congreso, Viviane Ogou y Júlia Boada.

En cuanto a los actuales portavoces del grupo en el Congreso, Gerardo Pisarello, es el candidato de Barcelona en Comú al Ayuntamiento de Barcelona en las municipales del año que viene. Y Aina Vidal seguirá siendo portavoz de los Comuns y, según el partido, “participará activamente en la campaña electoral”.

Los Comuns reivindican cara al 29-N “la necesidad de una izquierda que no se resigna, que hace frente a los privilegios y que quiere impulsar respuestas concretas a los problemas cotidianos de la ciudadanía”. El derecho a una vivienda digna, la mejora de los salarios, el refuerzo de los servicios públicos y la defensa de la democracia ante el avance de la extrema derecha serán sus ejes de campaña.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este jueves junto al president catalán,. Salvador Illa, para certificar que la convocatoria electoral no ha truncado los compromisos del Gobierno sobre Rodalies. “El 29 de noviembre no cambia nada, todo se mantiene igual”, ha asegurado el ministro que ha pedido a los usuarios del servicio de cercanías “no paciencia sino esperanza” porque, ha dicho, “esto va a mejorar”.

El ministro, que no había convocado una rueda de prensa con los medios catalanes desde la gran crisis de Rodalies de enero pasado, ha asegurado que entiende la “desesperación” de los viajeros cuando ven que un tren no pasa. Sin embargo, también se ha mostrado convencido que diferentes aspectos están mejorando paulatinamente y se ha comprometido a seguir “trabajando incansablemente” por la mejora.

Puente ha asegurado además que se pudo reunir de forma informal con las plataformas de usuarios que este miércoles le abordaron en la estación de Sants, a las que ha elogiado como una muestra de la sociedad civil activa. “Nos ponen las pilas y nos bajan al suelo”, ha asegurado el responsable de Transportes. Además ha valorado que estas mismas entidades reconocen el esfuerzo inversor récord que está haciendo el Gobierno.

“Entono el 'mea culpa' en que quizás no estamos explicando como deberíamos todo lo que estamos haciendo”, ha indicado el ministro, quien ha asegurado que Rodalies es un servicio “envuelto en un cambio total”. Tras ello, ha repasado las actuaciones de mantenimiento en la infraestructura y la mejora del personal que, según ha detallado, ha pasado de 1.329 a 2133 personas en total.

Más inconcretas son las fechas de los diferentes hitos que Rodalies espera desde hace años. La puesta en entrada en actividad de la nueva empresa de Rodalies, anunciada para el 1 de enero de 2026, ahora no tiene un horizonte temporal claro, porque la compañía “se está desplegando”. La llegada de los más de 110 trenes de Alstom, que debía haberse completado antes de acabar el presente año, ahora llegará “a partir del primer trimestre de 2027”.

Antes, en noviembre, debería cerrarse el traspaso de la titularidad del tramo de la R1 que será el primer tramo de vía de Rodalies en posesión la Generalitat. Un cambio de dueño que no cambiará nada en la práctica, ya que Adif seguirá siendo el gestor de la infraestructura.

El contrato-programa con Renfe, que garantiza la permanencia de la empresa del Ministerio en el servicio que presta la Generalitat, es lo que en estos momentos está más avanzado. Según ha anunciado Puente, el martes que viene pasará por el consejo de administración de la operadora, a la empresa de que reciba el aval del Consejo de Ministros.

Illa tiene mucho interés en acudir a la campaña electoral pudiendo lucir como victorias los compromisos adquiridos por el Gobierno, se hayan cumplido o no. Lo contrario certificaría que la convocatoria electoral de Pedro Sánchez deja en el limbo los grandes pilares de la legislatura catalana, algo que el president rechaza.

Por ello, una vez decaído el nuevo modelo de financiación y la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la visita de Puente deja una luz de esperanza a que las transferencias en materia ferroviarias no sean ya una pantalla pasada.

El impuesto temporal sobre las compañías energéticas que la Unión Europea adoptó durante la crisis energética de 2022, y que en España estuvo en vigor hasta 2024, es acorde con la legislación comunitaria, según las conclusiones presentadas este jueves por el abogado general de Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) Athanasios Rantos.

Aunque no se trata de una opinión vinculante de cara a la futura sentencia, sus dictámenes suelen coincidir con el fallo final. El abogado general respalda así dicho gravamen, que estuvo vigente sólo dos ejercicios (2022 y 2023) a escala europea frente a las dudas planteadas por los Tribunales Constitucionales de Italia y Bélgica, y por el Tribunal Superior de Irlanda, informa EFE.

Estas conclusiones llegan en un momento marcado por el incremento de los precios energéticos, especialmente del petróleo y el diésel, en el que países como España y Alemania han reclamado impulsar un impuesto similar sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras, algo a lo que se niega la Comisión Europea.

La “contribución solidaria temporal” de 2022 gravaba a empresas de los sectores del petróleo, el gas natural, el carbón y la refinería, siempre que sus beneficios extraordinarios superasen en un 20% la media de los beneficios imponibles en los cuatro ejercicios anteriores.

Avala el instrumento por ser “urgente, temporal y proporcionado”

En primer lugar, el letrado avala la base legal del impuesto, un instrumento para situaciones de emergencia que permitió que fuera aprobado por mayoría cualificada y no por unanimidad, como se exige normalmente a todas las medidas fiscales que adopta la UE.

En concreto, considera que el gravamen era efectivamente una medida “urgente, temporal y proporcionada” que perseguía “mitigar los efectos de la crisis energética para las empresas y los consumidores, mediante un esfuerzo coordinado de los Estados miembros, de acuerdo con el principio de solidaridad”.

Este carácter “excepcional y temporal” excluye que el impuesto “pueda calificarse de medida retroactiva o contraria a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima”, según el abogado general, quien añade que tampoco “pone en tela de juicio el derecho de propiedad ni la libertad de emprendimiento”.

Por otro lado, señala que la medida no impedía a los países ampliar el gravamen a entidades que habían obtenido beneficios energéticos excepcionales debido a las particularidades de su mercado de la energía, siempre que “la carga global y los objetivos de las medidas nacionales sigan siendo equivalentes a los de la normativa europea”.

En este sentido, añade que el hecho de que algunas de estas entidades estuvieran también sujetas a un mecanismo que limita los ingresos no constituía “un obstáculo para la aplicación de la contribución solidaria temporal”.

Por último, descarta la existencia de una “diferencia de trato selectiva” porque la aplicación del impuesto estaba limitada a determinados operadores en función de “criterios objetivos” y estaba dirigida a las empresas “más importantes en términos de cuota de mercado”.

Acercarse demasiado a las llamas puede acabar muy mal para un lobo, y los ejemplares observados en los bosques canadienses parecen tenerlo bien aprendido. Aunque estos depredadores se desplazan por territorios afectados por incendios forestales, rehúyen los frentes donde el fuego avanza y el peligro de sufrir lesiones graves o morir resulta mayor. No es precisamente el lugar más recomendable para buscar la cena, por muchas oportunidades que pueda ofrecer el terreno incendiado.

Una investigación realizada por Fort Nelson First Nation y la consultora ecológica SwampDonkey Solutions ha descubierto que los lobos grises adaptan sus movimientos a los incendios todavía activos, con comportamientos compatibles con la búsqueda de alimento y la reducción del riesgo.

La duración del incendio podría alterar las oportunidades de alimentación

El trabajo, publicado en Journal of Animal Ecology, examina cómo responden estos carnívoros a diferentes condiciones creadas por el fuego. Sus resultados apuntan a una utilización selectiva de los espacios afectados, aunque los desplazamientos registrados no permiten demostrar por sí solos que se produjeran capturas de presas.

Los animales mostraron una tendencia a aproximarse a zonas donde continuaba habiendo actividad del incendio, especialmente cuando el fuego llevaba más tiempo extendiéndose por el territorio. Los investigadores plantean que estos episodios pueden dejar a determinadas presas más expuestas o concentrarlas en áreas accesibles para sus depredadores.

Esa interpretación ofrece una posible explicación de los movimientos observados, aunque el seguimiento de posiciones no acredita por sí mismo la intención de cazar en cada desplazamiento.

El territorio examinado comprende bosques boreales del noreste de Columbia Británica, con píceas negras y blancas, álamos, alerces y extensiones de turberas. En este paisaje viven alces, caribúes y castores, tres animales que forman parte de la dieta de los lobos. La presencia de estas especies ayuda a entender por qué los cambios provocados por el fuego pueden modificar las oportunidades alimentarias de los depredadores.

El humo acelera los desplazamientos y acerca los lobos al agua

El equipo pudo estudiar los desplazamientos de 29 lobos equipados con collares GPS durante los grandes incendios registrados en 2023 y 2024. El seguimiento se desarrolló cerca de la comunidad de Fort Nelson First Nation gracias a la colaboración de su gobierno con la administración provincial, que permitió estudiar a los animales mediante dispositivos de localización en lugar de sacrificarlos. Esta decisión hizo posible observar sus movimientos durante episodios de incendios de gran extensión.

Las columnas de humo también condicionaron el comportamiento de los lobos, aunque los registros muestran que los animales seguían atravesando los lugares afectados. En esas condiciones se desplazaban a mayor velocidad y permanecían más próximos a fuentes de agua, dos respuestas que podrían ayudarles a reducir la exposición al peligro. También recurrieron a claros abiertos por actividades industriales y a superficies donde se habían talado árboles.

Jesse Tigner, propietario y ecólogo aplicado de SwampDonkey Solutions, explicó a Discover que los lobos ya aprovechan habitualmente las transformaciones humanas del paisaje para desplazarse y cazar. En este caso, sin embargo, las áreas despejadas parecían desempeñar otra función, relacionada con la protección frente al humo y la intensidad del incendio. La interpretación amplía las posibles razones por las que estos animales utilizan infraestructuras y terrenos modificados.

Los investigadores diferenciaron las zonas con materiales ardiendo o todavía humeantes, los frentes donde progresaban las llamas y las condiciones de humo. Esta separación permitió estudiar respuestas distintas dentro de un mismo episodio, frente a trabajos anteriores centrados principalmente en los paisajes una vez extinguido el fuego.

Skylar Boucher, ecólogo especializado en fauna silvestre de SwampDonkey Solutions, señaló a Discover que los incendios pueden influir en los desplazamientos y en la elección del hábitat tanto mientras arden como durante la recuperación posterior de la vegetación. El aumento de la frecuencia y gravedad de estos episodios en las últimas décadas hace especialmente pertinente estudiar ambas etapas.

Podemos vuelve a quedarse descabezado en Aragón, y lo hace a apenas un mes de las elecciones generales. Tras la precaria renovación en el partido a raíz del cisma vivido tras las elecciones de 2023, dos de los principales integrantes de la formación en el nuevo equipo morado han renunciado. Se trata del hasta ahora coordinador, Ricard Mitjana, y de un referente como la veterana Pilar Gimeno, que dejan sus puestos por desavenencias con la dirección tanto en Aragón como en Madrid. En principio permanecen quien fue candidata en las elecciones de febrero, María Goikoetxea, y el secretario de Organización, Tomás Aragón.

Las renuncias se hicieron oficiales este miércoles, en una reunión de urgencia del partido con su militancia, y la formación queda en manos de una gestora a cinco semanas de las elecciones generales del 29-N. Es el segundo periodo de interinidad en poco más de dos años.

Consultada por elDiario.es, Goikoetxea ha rehusado hacer declaraciones.

La dimisión ha sido confirmada por el propio Mitjana, quien ha remitido un comunicado en el que apunta que, tras trasladar él que se “presentaba a las primarias” para ser candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, “se sucedieron una serie de desacuerdos con la dirección nacional y autonomica” que motivaron su renuncia el 7 de octubre “todos” sus “puestos orgánicos” en Podemos, “al igual –añade Mitjana– que decenas de personas que están” con ellos. “Nuestra honestidad es absolutamente incompatible con lo que hemos vivido en estas últimas semanas, pero igualmente nuestro compromiso político con la izquierda nos pide que pasemos página y pensamos en otros proyectos, donde nadie de Madrid nos pueda decir lo que tenemos que decidir en Aragón”, explica el ya excoordinador en la nota.

En conversación con este periódico, Mitjana ha señalado que elude “entrar en más polémica por el momento” actual, previo a las elecciones generales del 29-N. “El debate tiene que centrarse en revertir la situación e impedir que el fascismo entre en las instituciones estatales”, apunta el exdirigente morado, quien llama a “animar a la ciudadanía para que vote masivamente por una opción democrática”.

Una crisis que arrastra desde 2023

La debacle de las autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023, cuando Podemos bajó de cinco diputados a uno solo, abrió la crisis en el partido morado. Su candidata y coordinadora, Maru Díaz, anunció que dejaría la coordinación del partido tras las generales de ese año y que no recogería su acta de diputada. El escaño fue a parar a Andoni Corrales, número dos de la lista por Zaragoza y hasta entonces jefe de gabinete de Díaz en la Consejería de Universidad. Su decisión de quedarse con el acta, en lugar de dar paso a una renovación, provocó críticas entre militantes y simpatizantes, que le reprocharon aferrarse al cargo.

Tras varios meses de vacío, Marta de Santos, exdirectora general de Cambio Climático, tomó el relevo. Esa ejecutiva autonómica empezó a funcionar a principios de febrero de 2024, cuando De Santos, única aspirante, obtuvo el 87,3% de los votos de la militancia. El proyecto duró poco más de medio año: el 31 de agosto de 2024 la dirección dimitió en bloque por “desavenencias” con el grupo parlamentario, formado únicamente por Corrales. Desde entonces la comunicación entre la parte orgánica y el grupo parlamentario quedó rota, y el partido pasó a manos de un equipo técnico provisional.

Una renovación con una sola lista

La interinidad se prolongó durante más de un año. En noviembre de 2025, Podemos Aragón abrió su Asamblea Ciudadana, un proceso que una parte de la militancia criticó por carta y que contó con el respaldo explícito de la dirección estatal. Ricard Mitjana, entonces secretario de Organización regional, reunió en apenas diez horas los 90 avales exigidos para optar a la coordinación. Militar retirado tras tres décadas en el Ejército del Aire, con el empleo de cabo primero, encabezó junto a Goikoetxea la única candidatura presentada, y fue elegido coordinador con el 86,7% de los votos.

La nueva dirección no logró recomponer la relación con el grupo parlamentario. Pablo Fernández, secretario de Organización estatal, le dio su apoyo y le encargó llevar al partido hasta las elecciones del 8 de febrero. Goikoetxea fue designada candidata tras obtener el respaldo del 88% de la militancia en una consulta pública, sin primarias abiertas. Corrales, aún único diputado morado, denunció un “auténtico fraude democrático” por parte de la dirección autonómica y anunció que acudiría a los tribunales. Tampoco cuajó la candidatura unitaria de la izquierda: varias fuentes atribuyeron a la dirección de Podemos en Madrid el veto a un acuerdo que incluyera a Sumar.

El resultado del 8-F confirmó el desplome. Podemos obtuvo 6.206 votos, por debajo del PAR (8.161) y de Se Acabó la Fiesta (17.983), y perdió unos 20.000 sufragios respecto a los 26.923 de 2023, con lo que quedó fuera de las Cortes de Aragón.

El Parlamento Europeo ha otorgado este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus trabajadores. La decisión tiene una fuerte carga política tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la imposición de sanciones a sus jueces y fiscales en su ofensiva para desmantelar el tribunal.

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, concedido por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoli Marchenko, es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos. Los eurodiputados socialdemócratas y del PP Europeo se han unido para conseguir los votos necesarios para conceder el premio a la CPI.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha declarado que “la Unión Europea se fundamenta en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales. Al conceder el premio Sájarov a la Corte Penal Internacional y a sus responsables, el Parlamento Europeo reconoce la importante labor del tribunal en la defensa del Derecho internacional y la justicia”.

“La Corte desempeña un papel fundamental en la lucha mundial contra la impunidad. A través de la justicia penal internacional, pretende exigir responsabilidades a los autores de estos crímenes y contribuir a evitar que vuelvan a cometerse. El premio pone de relieve la labor de la CPI, que incluye investigaciones, procesamientos, juicios y la emisión o autorización de órdenes de detención. La UE debe proteger los mecanismos mundiales de justicia internacional y rendición de cuentas”, ha señalado Metsola.

Objetivo a desmantelar por la Casa Blanca

La CPI se ha convertido en el objetivo de la Casa Blanca desde hace meses. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el pasado julio que Estados Unidos iba a poner en marcha una “campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense”.

Este mes de octubre, la Administración Trump impuso nuevas sanciones a la CPI tras señalar que se ha politizado y ha intentado juzgar de forma injusta e ilegal a estadounidenses e israelíes por delitos de guerra. Entre otras personas, las sanciones iban dirigidas contra la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, quien había dirigido las investigaciones en casos de la CPI contra tropas estadounidenses en Irak y Afganistány a la que se le concedió el Premio Nobel de la Paz.

Las sanciones bloquean cualquier activo que la CPI, como institución, pueda tener en jurisdicciones estadounidenses y establecen un plazo de seis meses para que las empresas y personas estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con la Corte pongan fin a dichas relaciones.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu felicitó a Trump “por haber tomado esta decisión crucial de imponer sanciones a la CPI. La CPI no es un tribunal. Es un organismo político que supone una amenaza mortal para las democracias respetuosas con la ley de todo el mundo y para la propia idea de soberanía nacional. Gracias por vuestro liderazgo”.

La respuesta de la Unión Europea fue bastante tibia. Solo un comunicado en el que se aseguraba que “la UE siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”.

En su comunicado, la UE subrayó que “colaborará estrechamente con la CPI para garantizar que siga funcionando de manera eficaz. Y seguimos comprometidos a colaborar con los 125 Estados que son partes del Estatuto de Roma para preservar y respetar su independencia, de modo que pueda continuar con su misión vital. Dado que hay un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, existe margen para el diálogo”, sostiene. Y termina: “La UE está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para proteger los intereses de los operadores de la UE dentro del mercado único”.

'Estatuto de bloqueo' de la UE para defender a la CPI

Aunque esas medidas, de momento, no se han puesto en marcha ya que las sanciones de EEUU no son firmes y hay un periodo de seis meses para su imposición. Los eurodiputados han pedido en reiteradas ocasiones a la Comisión Europea que active el denominado 'estatuto de bloqueo' de la UE para proteger a los responsables de la CPI frente a ataques extraterritoriales y permitir que el tribunal siga desempeñando sus funciones con plena independencia.

El estatuto de bloqueo protege a los operadores europeos al anular dentro de la UE los efectos de cualquier resolución judicial extranjera basada en leyes de otros países. También les permite reclamar ante los tribunales una indemnización por los daños derivados de la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras.

Las protestas de cientos de personas a las puertas de la Asamblea de Madrid son este jueves la banda sonora de un nuevo pleno tenso, solo un día después de la imagen del abrazo que dejaba la reunión entre Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei. La líder madrileña ha justificado el encuentro en las supuestas buenas cifras del país andino y, después de que el dirigente argentino llamara a Pedro Sánchez “dictador”, Ayuso ha equiparado al presidente del Gobierno central con Nicolás Maduro. “Se ha reunido más veces con el tarado de Milei que con los profesores”, le ha reprochado la oposición.

Este jueves por la mañana, las protestas de los docentes y familias, que continúan la huelga general por la educación, reclamaban la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Mientras, en el interior del hemiciclo de la Asamblea, los diputados del PSOE llevaban camisetas verdes en apoyo a las manifestaciones. “Es un orgullo que los niños de esta comunidad sean formados por profesionales que defiendan la calidad de la educación pública. Usted los está maltratando y los desprecia”, le ha espetado la portavoz socialista, Mar Espinar, a la presidenta autonómica durante su intervención. Espinar también le preguntó si durante la reunión con el presidente argentino trataron los insultos que este profirió a los periodistas o al presidente Pedro Sánchez. “Ha decidido abrazar la motosierra en lugar de abrazar a las personas”, le ha lanzado la portavoz del PSOE de Madrid.

Ayuso ha sido la única dirigente que se ha reunido con Milei. De hecho, ni siquiera Santiago Abascal, el líder de Vox, ha visto al ultra. La presidenta autonómica ha pedido “respeto” para él y ha asegurado que no van a permitir “lecciones de con quién se puede uno reunir o pactar”. “Bailan como Maduro, manipulan los censos como Maduro, besan como Maduro, pretenden eliminar los jueces como Maduro... Si camina, grazna y tiene plumas de pato, ¿qué es?”, ha ironizado en respuesta a las críticas de la oposición.

La tensión ha ido en aumento durante el intercambio de la oposición con Ayuso. Tanto, que la sesión se ha tenido que detener unos minutos después de que la presidenta del Ejecutivo regional acusase a la oposición de “acoso”. “Ya están acosando incluso dentro de los parlamentos, ya no rodeándolo sino dentro. Se pone una camiseta por la educación [en referencia a Mar Espinar] y es justo lo que no tienen”. Unas palabras que suscitaron un revuelo entre las bancadas del PSOE y de Más Madrid. Justo en ese momento, Alfonso Serrano ha espetado en voz alta, pero captado por el micrófono de la presidenta autonómica: “Cállate ya, verdulera”. El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, se ha limitado a pedir silencio a Serrano y ha continuado la sesión. Posteriormente, Serrano ha confirmado en X que se dirigía a la portavoz de Más Madrid.

El Gobierno de Ayuso carga contra la huelga

Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid, también ha sacado durante el pleno el polémico acto de este miércoles. “Se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando Argentina que con los que enseñan a leer a nuestros hijos”, ha criticado. “Vive bunkerizada, solo se reúne con lobbys de millonarios y fondos buitre. Tiene que salir con la cabeza gacha de sus actos para no encontrarse cara a cara con los profesores de la pública (...) ¿No será que lo que le molestan son los madrileños?”. De nuevo, Ayuso ha vuelto a insistir en que Bergerot les ha “amenazado”.

“Por cada profesor que reclama sus derechos hay nueve activistas con linternas que de manera fascista se manifiestan contra mí”, ha asegurado la presidenta autonómica, que ha vuelto a salir en defensa de Milei. “Argentina está creciendo cuatro veces más que México. Cuando llegó Milei, los precios estaban disparados cuatro veces más”, ha asegurado, para añadir que está “combatiendo” a la pobreza, “que es de lo que ustedes viven”. Ese es el corte que ha elegido después la presidenta para compartir en sus redes sociales. “Fenómano barrial”, le ha respondido luego su “amigo” Milei en X.

La presidenta de la Comunidad ha vuelto a cargar contra la huelga educativa, una huelga que catalogan una y otra vez de “política”. También se ha sumado a las críticas posteriormente la consejera Mercedes Zarzalejo, que continúa sin sentarse con el comité de huelga: “Una huelga que ataca y acosa a la presidenta no es una huelga por la educación”, ha dicho durante su turno en el pleno. Otra diputada del PP de Madrid ha llegado a asegurar que las protestas docentes siguen el “más puro estilo kale borroka”.

Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) han rescatado un ejemplar de Águila de Harris, un águila rapaz, en un estado “anémico” y sin agua ni alimento tras registrar un domicilio en Sevilla en el marco de una investigación de un episodio de violencia de género.

En concreto, se investiga un presunto delito de maltrato animal, dado que este ejemplar fue encontrado en el interior de la vivienda por efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Sevilla atado a una posadera situada sobre un adoquín y en “precarias condiciones”, sin agua ni alimento.

Cuando observaron la situación, los agentes solicitaron la presencia de efectivos del área de Medio Ambiente de la Unidad de la Policía Nacional, que acudieron al domicilio para comprobar las condiciones de alojamiento y cuidado del animal. Allí, comprobaron que “no resultaban adecuadas para el alojamiento y mantenimiento de un ave rapaz” y se lo llevaron para garantizar su integridad y bienestar y darle una atención adecuada.

El ejemplar fue trasladado hasta las instalaciones del Zoo de Sevilla-Mundo Park, en el municipio sevillano de Guillena. Allí permanece depositada para su custodia, cuidado y valoración. El animal llegó “anémico y con parásitos externos”, según fuentes veterinarias. Actualmente, se encuentra en una situación estable y con garantías para la supervivencia, tras la actuación de los agentes y la atención del personal del Zoo de Sevilla-Mundo Park.

El banco británico Barclays prevé recortar este año 5.000 puestos de trabajo, lo que equivale al 5% de su plantilla, ya que utiliza la inteligencia artificial (IA) para mejorar la rentabilidad, ha informado este jueves su directora financiera, Anna Cross.

La directiva ha explicado en una rueda de prensa que, en la primera mitad de 2026, se suprimieron mil empleos y que espera reducir otros 4.000 al final del cuarto trimestre.

El anuncio llega después de que la entidad difundiera este jueves, en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, que su beneficio atribuido creció el 17%, hasta 5.837 millones de libras (6.887 millones de euros), en los nueve primeros meses del presente ejercicio frente al mismo periodo del año anterior.

Según el banco, la mayor parte de los recortes de empleo afectarán a funciones operativas y de gestión en toda la entidad.

Desarrolladores y gestión, en el ojo del huracán

El consejero delegado del grupo, CS Venkatakrishnan, ha asegurado que esta decisión es “resultado de las inversiones en tecnología que hemos realizado a lo largo de varios años, y que seguimos llevando a cabo”, lo que incluye la adopción de la IA. Esta tecnología, ha detallado, permite optimizar diversos flujos de trabajo, lo que ha permitido al banco reducir la necesidad de ciertos perfiles, como los desarrolladores.

Barclays se encuentra en la fase final de una estrategia destinada a mejorar su rendimiento, la cual ha implicado una reducción de costes.

La mayor parte de ellos fueron en la división de banca minorista en el Reino Unido, aunque una parte también afectó a la división de banca de inversión.

El beneficio atribuido del banco en los nueve meses hasta el pasado 30 de septiembre fue de 5.837 millones de libras (6.887 millones de euros), un 17% más, según ha comunicado este jueves.

El beneficio antes de impuestos alcanzó los 8.388 millones de libras (9.646 millones de euros), un alza del 15% frente a los mismos nueve meses de 2025; mientras que los ingresos totales se vieron incrementados en un 8 % hasta 23.866 millones de libras (28.161 millones de euros). Además, el banco ha anunciado una recompra de acciones por valor de 500 millones de libras (590 millones de euros).

La comitiva judicial, acompañada por un amplio despliegue policial, ha ejecutado este jueves el desahucio de Daniel González, físico e investigador de la Universitat de València, en Burjassot. El Sindicat d'Habitatge de València había convocado a los medios de comunicación a primera hora ante el inmueble, pero el desalojo se ha adelantado y ha sorprendido a Daniel.

El operativo, con gran presencia de unidades de la Unidad de Intervención Policial, ha cogido por sorpresa al afectado, quien se encontraba durmiendo tras apenas haber descansado unas pocas horas, según él mismo ha relatado. “Me he despertado sobre las 6 de la mañana porque he empezado a oír ruidos en la calle. Yo sí que es cierto que tengo un sueño muy ligero, pero me he despertado y bueno, pues había furgones de estos de intervención policial, o sea, antidisturbios, cortando la calle, un montón de señores”, ha explicado Daniel.

Tras lograr tranquilizarse lo suficiente para vestirse y recoger una mochila y su bicicleta, Daniel ha salido del edificio tras ser requerido para identificarse. “Me he sentido claramente acorralado, que era lo que quería evitar; por eso no quería hacer más protestas”, ha relatado el investigador valenciano, que ha sufrido un episodio de ansiedad. “Yo ya sabía que esto iba a pasar”, ha añadido, al tiempo que lamentaba: “Luego no ponen dispositivos policiales para cosas más importantes, pero para esto, como si fuese yo aquí un puñetero terrorista de Al Qaeda; vamos, me he sentido así”.

Este lanzamiento se produce semanas después de que la movilización ciudadana impulsada por el Sindicat d'Habitatge lograra aplazar cautelarmente el desahucio previsto inicialmente para finales de septiembre, gracias a la presión vecinal y el apoyo de compañeros del Instituto de Física Corpuscular (IFIC). El investigador, que residía en régimen de alquiler desde 2009 con un contrato que contemplaba derecho a compra, se ha visto finalmente desposeído de la vivienda tras la demanda interpuesta por el fondo propietario, culminando un proceso que él mismo definía con crudeza: “Es una parte más de esta pesadilla que espero que llegue pronto a su fin”.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha comparecido este jueves como testigo en el juicio por el supuesto amaño del campo de golf que el Partido Popular construyó en el centro de la capital. Ante el tribunal, Aguirre ha defendido que fue una “buena idea” levantar esa infraestructura en el distrito de Chamberí, sobre los antiguos depósitos del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas. 

“Me parecía que era muy positivo en vez de tener un helipuerto para que el ministro [José] Bono pudiera ir a dormir a su casa”, ha mantenido Aguirre. En las sesiones previas del juicio, otros testigos, como el que fuera director de Ingeniería del Canal de Isabel II, afirmaron que ese helipuerto daba servicio “sobre todo” a los hospitales cercanos —Fundación Jiménez Díaz y Clínico— “para el tema de trasplantes”. 

Aguirre ha afirmado, por otra parte, que se trajo la idea de levantar un campo de golf en el centro de Madrid de un viaje que hizo a Japón cuando estaba en la oposición y Joaquín Leguina era presidente de la Comunidad. “Entonces era presidente del Canal Roque Gistau (...). Yo le llamé y le pregunté si eso no se podría hacer. Y él me dijo que era caro o era difícil y dijo que no. Pero cuando llegué a la presidencia, pues lo propuse”, ha aseverado.

Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción de varios jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto en la cubierta de uno de los depósitos del Canal. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel modificaron el proyecto eliminando el helipuerto y la zona de ajardinamiento e incluyendo un nuevo campo de golf con césped artificial.

Esas variaciones, según la investigación del juez Manuel García Castellón, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Pero ambos “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a la citada TCT, que obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. 

Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

A este respecto, Aguirre ha afirmado que ignoraba los vínculos familiares de Ignacio González con los contratos del Canal. “Hoy en día, 20 años después, por la prensa sí que sé qué es lo que es, pero entonces no”, ha aseverado. Aguirre ha dicho que ni Ignacio González ni el entonces director gerente del Canal Ildefonso de Miguel le comunicaron los pormenores de la ejecución de las obras. 

“De hecho, mi mayor sorpresa fue cuando el Ayuntamiento [de Madrid] denegó la licencia y entonces ahí es cuando yo sí estuve de acuerdo en declararlo de interés general”, ha mantenido Aguirre, quien también ha tenido unas palabras para el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón. “Es público que el señor Gallardón y yo somos amigos, pero en política tenemos discrepancias. Y es verdad que yo dije, pero bueno, ¿cómo es posible que no se considere de interés general que los vecinos de Chamberí tengan un parque?”, ha señalado. 

El campo de golf acabó siendo derribado porque el Tribunal Supremo falló, a instancias de varias asociaciones vecinales, que la “utilidad pública” con la que Esperanza Aguirre sacó adelante el proyecto cuando se opuso el Ayuntamiento de Ruiz Gallardón nunca fue tal. El desmontaje y demolición del campo de golf tuvo un coste de 300.000 euros.

Aguirre dimitió de su cargo en 2017 como concejala en el Ayuntamiento de Madrid tras la entrada en prisión de Ignacio González por este caso que le ha acabado llevando al banquillo.

Los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios de país, CCOO (Unai Sordo) y UGT (Pepe Álvarez), han emplazado a los partidos, y en especial a la derecha de PP y VOX, a hablar con “valentía” y transparencia de sus propuestas de cara a las elecciones generales. “Sin ocultar” sus verdaderos planes sobre pensiones a la ciudadanía, ha exigido Sordo, como un recorte en las pensiones o la propuesta de sistemas mixtos de capitalización, que supondría “pensiones públicas de pobreza”, ha advertido el sindicalista.

Los dos líderes sindicales han sido entrevistados este jueves en Los Desayunos de TVE y la agencia EFE, a propósito de la próxima huelga general por la vivienda del 11 de noviembre, que han emplazado a secundar a todos los trabajadores y trabajadoras, así como a participar masivamente en las manifestaciones que se convocarán por la tarde en todo el país para reclamar un cambio en las políticas de vivienda.

También, para exigir a la patronal salarios dignos, en una movilización que también señala a los empresarios, han destacado Sordo y Álvarez. Los líderes sindicales han exigido a CEOE que se siente a negociar el gran acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), con el que reclaman dar un empujón a los salarios de entre el 4% y el 7% anual los próximos tres años. Además, piden al Gobierno un alza del salario mínimo del 7% este año y que saque adelante sus compromisos de endurecer el registro horario y acabar con la absorción de pluses en la subida del SMI.

En el contexto previo a las elecciones del 29 de noviembre, los líderes de CCOO y UGT han desmarcado el paro general de la convocatoria de los comicios por el presidente Pedro Sánchez y lo han situado como una respuesta a la movilización masiva de la ciudadanía tras el desahucio de Maricarmen Abascal.

“Nos arrastra la sociedad”, ha respondido Pepe Álvarez, que al igual que Sordo ha explicado que los sindicatos han leído la necesidad de ser parte de esta gran movilización ciudadana por uno de los principales problemas del país, el acceso a la vivienda, que también llevan años denunciando.

El debate de las pensiones, en primera línea

Sin embargo, los líderes sindicales también han defendido la necesidad de debatir y exigir respuestas a los partidos de la derecha, PP y Vox, ante sus recientes críticas al sistema público de pensiones, que han dado por “quebrado” o en camino del colapso, con las declaraciones de “va a petar”, de Ester Muñoz (PP).

“¿Cómo no vamos a querer que influyan (las pensiones) en el debate de la campaña? Es que a mí me parece absurdo que alguien se plantee que en este país no hay que hablar de pensiones en campaña. ¿Por qué? Porque en realidad se quiere hacer lo que no quieren los ciudadanos y las ciudadanas”, ha sostenido Pepe Álvarez.

“Qué culpa tengo yo de que el Partido Popular se dedique a cuestionar el sistema público de pensiones o las condiciones de las bajas por contingencia común de las personas, diciendo que hay muchos jetas”, ha respondido también Unai Sordo sobre quienes acusan a los sindicatos de atacar a la oposición política más que al Gobierno.

Ambos dirigentes han advertido de que estas proclamas cuestionan el sistema público de pensiones y su sostenibilidad con el objetivo de recortarlo y de dar paso a sistemas mixtos, abriendo las puertas a la privatización. “Son intereses, en la mayoría de los casos, que obedecen a que hay un sector en nuestro país, que es el sector financiero, que no se resigna a que el pastel de las pensiones sea público y quiere su parte”, ha criticado el líder de UGT.

El secretario general de CCOO ha llamado por su parte a la derecha a “no ocultar” y “explicar” a la sociedad qué supondrían sistemas mixtos de pensiones, con una parte de capitalización individual, como los que está proponiendo abiertamente Vox.

“¿En qué va a consistir un sistema mixto? En una reducción de 30 puntos de la protección de las pensiones públicas y en abrir un espacio a la capitalización para que el que pueda meter dinero en sistemas privados lo meta, y el que no pueda va a tener pensiones de pobreza”, ha alertado Unai Sordo.

Alerta sobre el “peligro” de la ultraderecha

A propósito de la visita de Milei a España, próximo tanto al Vox de Santiago Abascal como al PP de Ayuso, por ejemplo, los dos líderes sindicales han advertido del peligro de la extrema derecha y el aumento de poder de esta, de cara a las próximas elecciones generales. Tanto en las pensiones públicas como en otros muchos derechos laborales en España, con propuestas como “el despido libre”, ha advertido Pepe Álvarez.

“Milei es un engendro que sitúa el alma de las nuevas extremas derechas, que están amenazando al mundo, que pueden fragmentar Europa, que nos pueden llevar a la guerra en un plazo relativamente corto de tiempo y que van a destruir, si alcanzan el poder, los marcos constituyentes alcanzados en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y en España 30 años después”, ha advertido Unai Sordo.

Tanto Álvarez como Sordo han situado el auge de la ultraderecha como “muy peligroso” y una amenaza para la democracia, así como han señalado el auge de grupos violentos, como el que intentó entrar en la acampada de Sol el pasado 12 de octubre.

“Y a mí me gustaría que la policía tuviera un poco de equidad a la hora de tratar el tema de las manifestaciones. Porque los vemos que se emplean muy a fondo con los profesores de Madrid y no los veo emplearse nada a fondo, aguantando aquellos energúmenos que no tenían permiso para manifestarse y que iban a molestar a personas que pacíficamente se estaban manifestando”, ha sostenido Pepe Álvarez.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sostine que una negligencia grave cometida por un cliente no exime al proveedor de servicios de pago de su obligación de devolver inmediatamente el importe de una operación no autorizada, según falló hace unos días.

“No obstante, el proveedor de servicios de pago podrá reclamar posteriormente al cliente el reembolso de las pérdidas derivadas de una negligencia grave cometida por este último”, precisael servicio de prensa del TJUE en un comunicado.

El caso, que sienta jurisprudencia en el conjunto de la UE, se refiere a una clienta de un banco polaco que fue víctima de un fraude mediante suplantación de identidad.

Una persona fingió estar interesada en la compra de un objeto puesto a la venta por la afectada en una plataforma de ventas en línea y le envió un enlace fraudulento que aparentaba proceder de dicha plataforma y que estaba destinado a confirmar la venta.

Al pinchar en el enlace, llegó a una página que parecía ser de su banco, introdujo sus claves y, con ellas, el estafador logró transferir a su cuenta un importe de unos 700 euros, al cambio.

Al día siguiente, la clienta notificó la operación fraudulenta a su banco, pero la entidad se negó a devolver el importe de la operación de pago no autorizada, al considerar que la clienta, por negligencia grave, había hecho posible dicha operación al incumplir su obligación de proteger sus credenciales de seguridad personalizadas.

La afectada acudió a un tribunal polaco, que consultó a la justicia europea si, en tanto que proveedor de servicios de pago, el banco está obligado a devolver inmediatamente el importe de una operación no autorizada, aunque considere que el cliente cometió una negligencia grave.

El TJUE responde afirmativamente a esa pregunta prejudicial y recuerda que, en caso de operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago está, en principio, obligado a devolver inmediatamente el importe de la operación, a más tardar al final del día hábil siguiente a aquel en el que haya observado o se le haya notificado la operación.

“El hecho de que el proveedor de servicios de pago considere que el cliente hizo posible la operación no autorizada debido a una negligencia grave (...) no le permite rehusar la devolución inmediata”, ha subrayado la corte con sede en Luxemburgo.

El Derecho de la Unión permite distinguir la cuestión relativa a la devolución del importe de la operación de pago no autorizada de la relativa a quién debe asumir, en última instancia, las pérdidas derivadas de esa operación.

Es decir, el proveedor de servicios de pago debe devolver inmediatamente el importe y, a continuación, podrá reclamar al cliente el reembolso de las pérdidas ocasionadas si demuestra que estas se deben a que el cliente, deliberadamente o por negligencia grave, incumplió las obligaciones que le incumben, en particular la de proteger la seguridad de sus credenciales de seguridad personalizadas.

Carriles exclusivos y prioritarios para motocicletas en las ciudades o señalización para el trazado seguro de curvas en carretera. Son solo algunas de las medidas que recoge una Guía de Seguridad Vial para motociclistas, un documento internacional impulsado por la Dirección General de Tráfico (DGT) y otras muchas organizaciones internacionales, que aspiran a mejorar la protección de estos usuarios vulnerables y prevenir siniestros en carretera. 

El documento, presentado este miércoles en la Conferencia Internacional para la seguridad vial de los motoristas que se celebra en Zaragoza, presta especial atención a los países donde la motocicleta tiene un papel central en la movilidad cotidiana y laboral. 

Entre las novedades de esta segunda edición, destaca la incorporación de un bloque específico dedicado a la movilidad laboral en motocicleta, un fenómeno cada vez más relevante en numerosos países, debido al incremento de los desplazamientos profesionales y de los servicios de reparto y que plantea nuevos retos en materia de prevención y protección de los trabajadores.

Independientemente de su uso, el manual tiene un objetivo claro: ofrecer a gobiernos, autoridades de tráfico, responsables de infraestructuras, sector privado y organizaciones sociales una herramienta práctica para reducir la mortalidad y las lesiones graves de motociclistas.

Medidas para motociclistas

La Guía de Seguridad Vial para motociclistas, en cuya elaboración han participado 150 expertos e instituciones, establece 26 medidas y 108 buenas prácticas para motociclistas agrupadas en seis ejes estratégicos. Cuatro de ellas están consideradas como controvertidas, por ser intervenciones aparentemente favorables que pueden generar efectos adversos para la seguridad vial.

Aunque en nuestro país se aplican la mayoría de estas recomendaciones, destacan otras nuevas como la implantación de carriles exclusivos y prioritarios, una solución pensada para zonas con alta concentración de estos vehículos, como es el caso de ciudades como Madrid y Barcelona. 

Según explica a Efe Anna Ferrer, una de las autoras de la guía, también se ha planteado la señalización para el trazado seguro de curvas en carreteras de montaña, una medida que ya se está llevando a cabo en proyectos piloto en Catalunya y en la Comunidad de Madrid, aunque podría ampliarse a otras zonas en las que se concentra una gran cantidad de motoristas, especialmente los fines de semana.

Además, el documento propone la implementación de zonas avanzadas de detención para motocicletas en los semáforos o la regulación en el adelantamiento entre carriles, una medida de las catalogadas como “controvertida”, porque al principio pueden generar efectos adversos para la seguridad vial. Sin embargo, los autores aseguran que la medida se ha probado en países como Francia, Australia o Estados Unidos, con determinadas condiciones como no superar un límite concreto de velocidad.

“500 buenas razones”

La seguridad de los motociclistas en carretera preocupa a las autoridades. También a la DGT. “En total nos movemos alrededor de 500 motoristas fallecidos cada año. Esto es un disparate y son 500 buenas razones para haber organizado esta conferencia internacional”, ha subrayado el responsable de Tráfico, Pere Navarro, en el marco de este encuentro internacional.

El choque de un gran asteroide contra el océano puede desplazar enormes volúmenes de agua. Entre las numerosas rocas que circulan por el Sistema Solar, algunas siguen trayectorias próximas a la Tierra y, aunque la inmensa mayoría no supone una amenaza inmediata, una colisión dependería especialmente del tamaño y la velocidad del objeto.

Los fragmentos pequeños pueden desintegrarse en la atmósfera; los mayores pueden alcanzar el suelo, abrir cráteres y provocar daños extensos. El peligro también depende del lugar del impacto: una caída en el mar podría generar grandes olas, mientras que una colisión terrestre liberaría energía sobre la superficie.

Apophis pasará a 32.000 kilómetros de la Tierra en 2029

Entre esos cuerpos próximos a nuestro planeta destaca Apophis, un asteroide que pasará a unos 32.000 kilómetros de la Tierra el 13 de abril de 2029. Los cálculos astronómicos descartan una colisión con nuestro planeta durante ese encuentro, pero una investigación publicada en The Planetary Science Journal plantea otra posibilidad: que el propio asteroide choque con algún residuo artificial mientras atraviesa las inmediaciones terrestres. Aunque la probabilidad es muy baja, el accidente podría complicar las observaciones previstas.

La aproximación permitirá examinar cómo responde una roca espacial de aproximadamente 370 metros de diámetro a la atracción gravitatoria terrestre. La gravedad de nuestro planeta podría modificar su rotación y provocar desplazamientos de material en la superficie, incluidos desprendimientos. También se contempla la posibilidad de actividad sísmica. Estos cambios interesan especialmente porque los científicos podrán observarlos durante un encuentro cercano cuya trayectoria ya se conoce con bastante precisión.

Para calcular qué otros objetos podrían cruzarse en su camino, los investigadores Alessandro Rossi y Giulia Schettino, del Instituto de Física Aplicada Nello Carrara del Consejo Nacional de Investigación de Italia, realizaron simulaciones de las trayectorias orbitales.

Rossi explicó a ScienceAlert que había comenzado a estudiar esa posibilidad por su experiencia tanto en residuos espaciales como en dinámica de asteroides. El resultado le sorprendió: “Esperaba un resultado nulo, es decir, que no hubiera interacciones posibles”. Algunos objetos, según los cálculos, podrían pasar a apenas unos kilómetros de Apophis.

Los fragmentos pequeños dificultan la vigilancia de Apophis

El recorrido del asteroide lo llevará por una región relacionada con las órbitas geosíncronas, utilizadas por satélites situados aproximadamente a 36.000 kilómetros de altitud. Allí operan aparatos dedicados, entre otras funciones, a las telecomunicaciones y la meteorología. Los objetos grandes pueden seguirse mediante sistemas de vigilancia, pero los fragmentos pequeños resultan mucho más difíciles de localizar. Esa falta de información impide establecer con total precisión la probabilidad de un encuentro entre Apophis y los restos que circulan por esa zona.

La vigilancia de esas órbitas adquiere importancia porque una parte de los residuos permanece fuera del alcance de los sistemas actuales de seguimiento. Rossi ha señalado que nuevos telescopios europeos podrían ayudar a identificar objetos todavía desconocidos antes de 2029. Los investigadores tampoco esperan que una eventual colisión desencadene una reacción en cadena entre satélites, conocida como síndrome de Kessler: en la región geoestacionaria, los objetos están mucho más separados que en las órbitas terrestres bajas.

Si algún fragmento alcanzara Apophis, las consecuencias más probables serían una pequeña excavación en su superficie y la expulsión de partículas al espacio. Rossi descartó que ese golpe modificara de forma relevante la órbita del asteroide. “Lo más importante que hay que destacar es que cualquier impacto contra el asteroide no alteraría su órbita de manera significativa”, explicó. El problema científico principal sería determinar qué cambios proceden de ese golpe y cuáles de la atracción gravitatoria terrestre.

Las misiones RAMSES y OSIRIS-APEX estudiarán el asteroide

Las misiones RAMSES, de la Agencia Espacial Europea, y OSIRIS-APEX, de la NASA, están concebidas para estudiar Apophis durante su encuentro con la Tierra. La primera contempla instrumentos destinados a medir la gravedad y las vibraciones en la superficie, que incluso podrían registrar la señal de un impacto. La ESA también ha vinculado la preparación de esta misión a decisiones de financiación y a una posible participación japonesa.

Para ambas sondas, distinguir entre un desprendimiento provocado por la gravedad y otro causado por residuos espaciales será esencial: Apophis pasará a salvo junto a la Tierra, pero su superficie podría contar una historia más complicada.

Comienzan las obras de Alovera Beach, un proyecto que, según sus promotores, se convertirá en “una de las mayores playas urbanas de España”, dentro de un amplio parque de ocio acuático.

Las obras se inician una vez completada, ayer mismo, la firma del acta de replanteo. Los trabajos se prolonguen hasta marzo de 2028 y planea abrir sus puertas en verano de 2028.

Serán 104.000 m² de superficie, que incluye “playa de aguas cristalinas” y “todo tipo de actividades de ocio, deportes, restauración y eventos”, y con vocación de estar operativo durante la mayor parte del año.

Una laguna de 21.000 m2

El corazón del proyecto será una laguna de 21.000 m² de “aguas cristalinas”, insisten los promotores, que no detallan de dónde saldrán, y una playa de 16.000 m² de arena blanca.

La empresa siempre ha defendido que usará la tecnología de Crystal Lagoons, compañía especializada en lagunas cristalinas recreativas como las que existen en Egipto y Emiratos Árabes, en zonas desérticas, “con unas condiciones climáticas extremas y manteniendo un mínimo consumo de agua” o que operará en circuito cerrado, para reemplazar solo el agua que se pierde por evaporación.

Presume también de usar productos químicos “por pulsos” que, afirman, contaminan menos que los de las piscinas convencionales o que solo gastará entre un 1,4% y un 2,2% de la electricidad que consume una piscina convencional del mismo tamaño, según el dato certificado por el organismo internacional Bureau Veritas.

Habrá chiringuitos, zonas de “convivencia intergeneracional” y un área destinada a Beach Club, con una superficie de 2.000 metros cuadrados y una propuesta dirigida al público adulto, con restauración o chill-out, entre otras. Además se abre a poder albergar conciertos y otro tipo de espectáculos, e incluso congresos.

Solo IU se opuso al proyecto: habla de “desastre ambiental” y vivienda a “precio de oro”

Justo hace ahora un año se dejaron ver en el lugar algunos camiones, realizando movimiento de tierras en la zona, pero no ha sido hasta hoy cuando se ha anunciado oficialmente el inicio de la construcción de este complejo que, desde distintos sectores, se califica como un futuro “desastre social y ambiental”.

Alovera es una población ubicada en el Corredor del Henares, al límite entre Guadalajara y Madrid, donde está instalada la planta de producción de Mahou en España. Tiene actualmente más de 14.000 habitantes, una población que ha triplicado en los últimos años, al albur del éxodo de Madrid y la implantación de empresas.

El promotor de este proyecto es un conocido empresario de Guadalajara, Félix Abánades, fundador de Grupo Rayet, que después se convirtió en Quabit hasta su absorción por Neinor Homes. Alovera Beach es uno de sus últimos proyectos, en una actividad que en los últimos tiempos ha ido diversificando para pasar desde la construcción, primero, la promoción inmobiliaria y de suelo después, hasta llegar a la asesoría estratégica y la gestión de proyectos patrimoniales y locales.

La tramitación de este proyecto ha sufrido altibajos en los últimos años, pero ha logrado salir adelante a pesar de haber sido cuestionado incluso por los técnicos del ayuntamiento.

Tras años de espera la única oposición política ha sido la de IU, que cree que el proyecto pondrá “a precio de oro” una vivienda ya de por sí cara y escasa en la zona. De hecho, la empresas vinculadas a Félix Abánades tienen en la actualidad varias promociones de vivienda en marcha.

La empresa presume hoy de contar con “un gran respaldo institucional”, que va desde el Ayuntamiento de Alovera - a excepción de IU- y con informes “favorables” de organismos como el Gobierno de Emiliano García-Page, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) - que en los últimos tiempos ha protagonizado otra polémica al pedir más agua de este río de la cuenca del Tajo para Madrid, o la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), entre otros. Además, asegura que “también cuenta con un apoyo mayoritario de los vecinos del municipio”.

Su desarrollo supondrá una inversión de más de 29 millones de euros a lo largo de sus distintas fases. Su puesta en marcha contempla la creación de más de 150 puestos de trabajo directos e indirectos, y un “impacto positivo adicional”, dice el promotor, sobre sectores vinculados, como la hostelería, el comercio, los servicios y el transporte.

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¿Por qué ya no son revolucionarios los jóvenes? Allá donde miremos, en redes o en las calles, encontramos a veinteañeros nostálgicos del franquismo, adolescentes con banderas fascistas, chavalas apoyando las propuestas más misóginas de Vox… La juventud parece más dividida y polarizada que nunca, entonces, ¿qué pasa? ¿Se ha pasado de moda ser de izquierdas? ¿Apoyar el fascismo es de rebeldes? ¿O es injusto asumir que la juventud es reaccionaria, cuando estamos viendo algunas de las mayores movilizaciones de izquierdas de los últimos diez años?

En esta nueva entrega de Petazetas analizamos si la generación zeta es tan de derechas como nos la han vendido. Hablamos con gente que ha participado en las acampadas por la vivienda, como la politóloga y socióloga Leonor Cervantes, Leonera, y asociaciones militantes como la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) o Juventud Obrera Cristiana (JOC). 

Puedes ver este programa completo en vídeo aquí:

Adriana Hest, politóloga y jurista, nos explica por qué una parte de la gente joven se vuelve hacia partidos como Vox u organizaciones de extrema derecha como Núcleo Nacional. 

Y sumamos a la tertulia a otros dos jóvenes politizados y creadores de contenido, el periodista Helio Roque y Selpide, artista, para debatir hacia dónde mira la generación zeta, a un mes y medio de las elecciones generales del 29N.