La Asamblea Nacional abrió la discusión de dos propuestas para modificar los requisitos de idoneidad de los abogados, después de que cerca de mil graduados de Derecho enfrentaran dificultades para obtener la autorización profesional. Las iniciativas buscan corregir los efectos de la Ley 500 de 2025, aunque plantean soluciones diferentes.

Los anteproyectos fueron presentados por Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, y Manuel Cheng, vicepresidente del Legislativo. Ambas iniciativas fueron prohijadas por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, pero una establece excepciones para antiguos estudiantes y la otra flexibiliza las evaluaciones.

La controversia comenzó con los cambios introducidos en la regulación profesional. Durante 38 años, la Ley 9 de 1984 permitía solicitar la idoneidad con el título universitario. Posteriormente, la Ley 350 de 2022 incorporó un examen de competencias, mientras que la Ley 500 de 2025 estableció otras alternativas.

La última reforma contempló tres mecanismos para obtener la autorización profesional: aprobar un examen, publicar una tesis en una revista especializada o realizar tres meses de servicio voluntario. Sin embargo, el examen quedó reservado para quienes comenzaron la carrera después de la promulgación, limitando las opciones anteriores.

En la práctica, los estudiantes anteriores a la reforma quedaron exentos del examen, pero no de las demás exigencias. Quienes se graduaron mediante seminarios, prácticas o materias de maestría no podían utilizar la alternativa de tesis. Además, la obligación de publicarla en una revista especializada complicó ese mecanismo.

El servicio voluntario también generó dificultades porque los horarios disponibles y las restricciones sobre las oficinas autorizadas representaban obstáculos para graduados que ya tenían empleo. Aunque algunos trabajaban como asistentes legales, debían completar una práctica adicional que podía retrasar su incorporación formal al ejercicio profesional.

La primera iniciativa, presentada por Castañedas, propone crear un régimen transitorio para quienes iniciaron Derecho antes del 24 de noviembre de 2025. La excepción comprendería a graduados y estudiantes matriculados, incluidos aquellos con tesis pendientes. Las nuevas exigencias continuarían aplicándose a quienes ingresaron posteriormente.

El anteproyecto busca que los beneficiarios puedan solicitar su idoneidad conforme a los requisitos anteriores, según el momento en que comenzaron sus estudios. También establece un plazo máximo de 60 días para resolver solicitudes y contempla revisar expedientes pendientes, suspendidos, devueltos o rechazados por la reforma.

La propuesta de Cheng sigue otro camino: mantener las tres alternativas, pero hacerlas accesibles para todos los aspirantes. Su texto permitiría presentar el examen a graduados y estudiantes con materias completadas. Además, eliminaría la obligación de publicar la tesis, sustituyéndola por una certificación universitaria.

En cuanto al servicio voluntario, Cheng propone mantener los tres meses, equivalentes a 480 horas, pero permitir horarios flexibles. Los aspirantes podrían completar la práctica en jornadas parciales, nocturnas o durante fines de semana. Las horas comenzarían a acumularse desde el segundo año universitario, con certificación institucional.

La iniciativa también ampliaría los espacios autorizados para realizar la práctica, incluyendo oficinas judiciales, departamentos de audiencias y dependencias con funciones jurídicas. Asimismo, permitiría reconocer tesis y horas de servicio anteriores a la reforma, además de presentar nuevamente solicitudes rechazadas por requisitos de publicación o prácticas.

Castañedas sostiene que su propuesta pretende evitar que estudiantes y graduados queden atrapados entre normas diferentes, mientras Cheng plantea ajustar las evaluaciones sin eliminar los estándares profesionales. Ambas iniciativas coinciden en reducir la incertidumbre que ha dificultado obtener la idoneidad, aunque sus mecanismos son distintos

El Colegio Nacional de Abogados expresó una posición favorable a las propuestas legislativas. Su representante, Alexander Hepburn, señaló que existe preocupación por cerca de mil licenciados que terminaron sus estudios sin conseguir la autorización profesional.

Una nueva ola de violencia y ataques con características de sicariato se registró esta semana en Panamá, dejando varias víctimas en distintos sectores de la capital.

El caso que más alarma ha generado por la forma en que fue ejecutado ocurrió en Perejil, en el corregimiento de Calidonia, donde dos hombres fueron asesinados dentro de un automóvil en pleno centro de la ciudad.

El doble homicidio ocurrió el miércoles 21 de octubre, cuando dos hombres fueron asesinados a tiros dentro de un sedán blanco en Calle Primera. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento en que los presuntos homicidas descendieron del vehículo, que todavía estaba en movimiento, después de disparar contra sus ocupantes.

Las imágenes muestran cómo los dos atacantes escaparon corriendo del lugar y posteriormente fueron recogidos por otro automóvil. Las primeras investigaciones indican que las cuatro personas viajaban juntas en el sedán, por lo que los homicidas habrían compartido el vehículo con sus víctimas antes de abrir fuego.

Los dos fallecidos presentaban impactos de bala en la cabeza, mientras las autoridades iniciaron las diligencias para identificar a los responsables. El ataque provocó la movilización de unidades policiales y personal de Criminalística, que realizaron la inspección del automóvil y el levantamiento de los cuerpos.

Las grabaciones constituyen una pieza importante para reconstruir la participación de los atacantes y establecer la ruta utilizada durante la fuga. Los investigadores también buscan determinar las circunstancias que precedieron al doble asesinato, así como el posible móvil del ataque ocurrido en una zona céntrica de la capital.

La violencia también alcanzó la comunidad de Los Caobos, en Chilibre, donde Reynaldo Roberto Prendergast Torres, de 37 años, murió tras recibir múltiples disparos mientras conducía un sedán blanco. Según los reportes preliminares, los agresores dispararon desde otro automóvil en movimiento durante la mañana del miércoles.

Prendergast perdió el control del volante después de recibir los impactos y su vehículo terminó dentro de una cuneta, a un costado de la carretera. Residentes alertaron a las autoridades, que acordonaron el lugar para recuperar evidencias. Los registros policiales indican que el fallecido había sido aprehendido anteriormente, aunque no se ha establecido si esos antecedentes guardan relación con el asesinato.

Otro hecho violento dejó un taxista de 20 años asesinado en Alcalde Díaz, también en Panamá Norte. La víctima fue identificada como Sudan Gabriel Eduardo Ceballos Falcón, quien recibió un disparo en la cabeza en el sector de La Esperanza, cerca de un puente peatonal.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 10:15 de la noche, cuando residentes escucharon varias detonaciones de arma de fuego. El joven fue encontrado boca abajo, cerca de un taxi amarillo estacionado junto a la carretera. Una de las hipótesis preliminares indica que intentó escapar del atacante, pero cayó antes de conseguir ayuda.

La jornada violenta también dejó un homicidio a plena luz del día en Pueblo Nuevo, donde Luis García, de 51 años, fue asesinado a tiros cerca de las 6:00 de la mañana del miércoles. El ataque ocurrió en calle Tercera, a pocos metros del Sistema Penal Acusatorio de la vía Transístmica, cuando la víctima caminaba cerca de su residencia.

Según los reportes preliminares, los agresores le dispararon desde un automóvil dorado y escaparon del lugar. Los vecinos describieron al fallecido como una persona trabajadora y tranquila, mientras las autoridades investigan el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

Los hechos se produjeron en medio de una sucesión de homicidios que afecta principalmente a sectores de la capital.

De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), Panamá registraba 460 homicidios intencionales hasta el 11 de octubre de 2026, cuatro más que durante el mismo período del año anterior. La provincia de Panamá concentraba 288 víctimas, equivalentes a casi el 63% del total nacional, mientras Colón contabilizaba otras 77.a

La distribución territorial muestra que el distrito de Panamá acumulaba 198 homicidios, seguido de San Miguelito, con 85. Dentro de Panamá Norte, Chilibre registraba 18 casos, Ernesto Córdoba Campos otros 17 y Caimitillo nueve. Estas cifras reflejan la concentración de la violencia en determinadas comunidades, aunque corresponden a un corte estadístico anterior a los últimos ataques.

Las investigaciones también identifican un aumento del 64% en los homicidios vinculados al pandillerismo, que pasaron de 42 a 69 frente al mismo período de 2025. Las rencillas delincuenciales representaban 156 casos y otros 67 permanecían bajo investigación, mientras las armas de fuego estuvieron presentes en 392 asesinatos, aproximadamente el 85% del total.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar los móviles de los ataques, identificar a los responsables y establecer posibles conexiones. Mientras avanzan las diligencias, los crímenes registrados en Perejil, Chilibre y Alcalde Díaz vuelven a colocar la violencia armada en el centro de la preocupación por la seguridad pública.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó una nueva muerte por influenza en Panamá, con lo que el acumulado de fallecimientos por esta enfermedad llegó a 65 durante 2026.

El reporte corresponde a la semana epidemiológica 39, del 27 de septiembre al 3 de octubre, y también evidencia un incremento semanal de los cuadros gripales y las infecciones respiratorias graves.

Entre las personas fallecidas por influenza, el 61.5% tenía 65 años o más y el 58.5% correspondía a hombres. El informe señala que el 96.4% no había recibido la vacuna de la temporada actual, mientras el 81.5% presentaba factores de riesgo, principalmente enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

La influenza es una infección viral que provoca fiebre, tos, dolor muscular, cansancio y malestar general. Aunque muchas personas se recuperan, puede evolucionar hacia neumonía o insuficiencia respiratoria. La dificultad para respirar, el dolor persistente en el pecho y la confusión son señales de alarma que requieren atención médica inmediata

El síndrome gripal registró 927 casos durante la semana 39, frente a 811 de la semana anterior, un incremento de 116 pacientes, equivalente al 14.3%. El acumulado comunicado por el Minsa llegó a 33,331 casos.

Estos cuadros pueden ser causados por distintos virus respiratorios y generalmente presentan fiebre, congestión nasal, dolor de garganta y tos.

Las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen neumonía y bronconeumonía, sumaron 462 casos durante la semana 39, frente a 459 en la semana 38. El acumulado reportado alcanzó 16,547 casos.

Estas enfermedades afectan los pulmones y pueden comprometer la oxigenación, especialmente cuando aparecen respiración acelerada, dificultad respiratoria o disminución del estado de alerta.

La comparación también muestra un incremento en los registros de leishmaniasis, que pasó de 21 casos semanales a 26. El acumulado subió de 1,907 a 1,933. Esta infección parasitaria, transmitida por la picadura de insectos flebótomos infectados, puede provocar úlceras cutáneas persistentes y, en determinadas formas, lesiones de las mucosas.

En contraste, los nuevos casos de malaria disminuyeron de 27 en la semana 38 a cuatro en la 39, aunque el acumulado informado llegó a 6,000. La enfermedad es causada por parásitos transmitidos mediante mosquitos Anopheles infectados. Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, sudoración y dolor de cabeza, y puede producir anemia grave o complicaciones orgánicas.

El informe epidemiológico de la semana 39, correspondiente al período del 27 de septiembre al 3 de octubre, es anterior a la detección y divulgación de los casos de malaria asociados a Merca Panamá. El 15 de octubre, el Ministerio de Salud confirmó 34 contagios; el 17 de octubre la cifra aumentó a 37 y, para el 19 de octubre, ya se contabilizaban 44 personas diagnosticadas.

La vigilancia epidemiológica identificó además un nuevo caso de fiebre por hantavirus, elevando el acumulado de 21 a 22. El síndrome cardiopulmonar asociado mantuvo 18 casos. La infección se relaciona con la exposición a excreciones de roedores infectados y puede comenzar con fiebre y dolores musculares, antes de provocar dificultad respiratoria potencialmente mortal.

En leptospirosis, el Minsa no notificó casos nuevos durante la semana 39, pero incorporó dos registros correspondientes a períodos anteriores, aumentando el acumulado de 39 a 41. Esta infección bacteriana puede adquirirse por contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales y causar fiebre, dolor muscular, ictericia y daño renal.

El reporte también contabilizó 114 casos acumulados de gusano barrenador en humanos, frente a los 111 consignados en el cuadro estadístico de la semana 38. Esta infestación ocurre cuando determinadas moscas depositan huevos en heridas y sus larvas invaden tejidos vivos, causando dolor, lesiones progresivas e infecciones que necesitan tratamiento oportuno.

Respecto al virus Oropouche, no se notificaron infecciones correspondientes a la semana 39, pero se incorporaron tres casos de semanas anteriores, elevando el acumulado de 20 a 23. La enfermedad, transmitida principalmente por pequeños insectos picadores infectados, puede causar fiebre y dolores intensos; ocasionalmente presenta complicaciones neurológicas, como meningitis.

La viruela símica, conocida como mpox, alcanzó 15 casos acumulados después de incorporar dos registros anteriores, frente a los 13 contabilizados hasta la semana 38. Puede transmitirse por contacto estrecho y provocar fiebre, ganglios inflamados y lesiones cutáneas. Las complicaciones son especialmente preocupantes en personas inmunodeprimidas y pacientes con infecciones extensas.

Finalmente, el Minsa reiteró la importancia de mantener actualizada la vacunación y reconocer tempranamente los síntomas de gravedad. También recomendó reforzar la higiene, evitar exposiciones de riesgo y buscar atención médica cuando los síntomas empeoren, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, los grupos más vulnerables ante complicaciones.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) desplegará más de 950 personas en 66 áreas protegidas de Panamá durante las celebraciones patrias de noviembre, cuando miles de residentes y turistas acostumbran desplazarse hacia el interior del país. El operativo se desarrollará del 30 de octubre al 11 de noviembre, con medidas de vigilancia, prevención y atención a visitantes.

Las festividades del 3, 4, 5 y 10 de noviembre generan tradicionalmente un incremento del turismo interno, debido a los días de descanso y las actividades conmemorativas. A estas fechas se suma el 28 de noviembre, cuando se celebra la independencia de Panamá de España, aunque esta jornada queda fuera del operativo anunciado.

Sin embargo, el movimiento turístico dependerá de las condiciones que mantengan las provincias afectadas por el terremoto del 9 de octubre, especialmente Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Las restricciones de acceso, los daños en infraestructura y las evaluaciones de seguridad podrían influir en la decisión de las familias sobre sus destinos.

El dispositivo especial contará con 625 guardaparques y 50 jefes de áreas protegidas, además de colaboradores regionales y personal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También participarán unidades de la Policía Ambiental, Rural y Turística, el Senafront y el Senan, mediante patrullajes terrestres, acuáticos y controles de ingreso.

Las labores se concentrarán en parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas forestales, donde se vigilarán los senderos, las zonas de acceso y los ecosistemas vulnerables. MiAmbiente buscará prevenir la tala, la minería ilegal, el tráfico de especies y los incendios, además de garantizar una visita ordenada y segura.

Entre los destinos destacados figura el Parque Nacional Soberanía, próximo a la ciudad de Panamá, reconocido por sus senderos y la observación de aves. Su ubicación facilita las excursiones de residentes y extranjeros interesados en conocer la biodiversidad tropical, especialmente en el histórico Camino del Oleoducto.

Otro atractivo es el Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí, donde los visitantes realizan caminatas y excursiones hacia la cima más elevada del país. Desde sus miradores, cuando las condiciones atmosféricas lo permiten, pueden observarse ambos océanos, mientras los bosques montañosos albergan una importante diversidad de especies.

En Veraguas se encuentra el Parque Nacional Coiba, uno de los principales destinos de turismo marino, conocido por sus arrecifes, playas y posibilidades de buceo. El área, reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco, atrae visitantes nacionales e internacionales interesados en la observación de fauna y los ecosistemas oceánicos.

También destacan el Parque Nacional Santa Fe, en Veraguas, y Portobelo, en Colón, que ofrecen paisajes naturales, bosques y oportunidades para el senderismo. San Lorenzo, igualmente en Colón, combina ecosistemas tropicales con un importante patrimonio histórico, mientras Chagres protege fuentes hídricas esenciales para el país.

MiAmbiente informó que el horario general de visitas será de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras las áreas marino-costeras y aquellas con condiciones especiales permitirán el ingreso hasta las 3:00 p. m. Los guardaparques verificarán las tarifas, supervisarán los senderos habilitados y orientarán a los visitantes sobre las medidas de seguridad.

Por el momento, permanecen restringidos los accesos al Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, en Los Santos, y a la Reserva Hídrica Cerro Los Picachos, en Coclé.

La institución recomienda verificar las condiciones de cada destino antes de viajar, especialmente porque la situación posterior al terremoto podría modificar los planes turísticos.

La directora de Áreas Protegidas, Michele Caballero, destacó la importancia de coordinar las acciones de conservación con los estamentos de seguridad para impedir actividades ilegales.

Las autoridades también exhortaron a utilizar únicamente los senderos autorizados, respetar los horarios y evitar dejar desechos, con el propósito de proteger los ecosistemas durante la temporada de mayor circulación turística.

El Ministerio Público contabilizó 502 denuncias entre enero y septiembre de 2026, con incrementos importantes en Chiriquí, Colón y Panamá Oeste. Las investigaciones abarcan daños a los ecosistemas, tala ilegal, afectaciones a especies protegidas y otras conductas sancionadas por la legislación penal.

Las denuncias por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial aumentaron 17% en Panamá durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de 430 a 502, según estadísticas del Ministerio Público. Los registros incluyen destrucción de recursos naturales, maltrato animal, afectaciones a la vida silvestre e infracciones relacionadas con proyectos urbanísticos.

La categoría con mayor incidencia fue la de delitos contra los recursos naturales, con 277 denuncias, equivalentes al 55% del total. Le siguieron los delitos contra animales domésticos, con 176 casos; contra la vida silvestre, con 44; y las infracciones de tramitación y cumplimiento urbanístico, con cinco investigaciones.

Dentro del primer grupo, la destrucción de recursos naturales acumuló 187 denuncias, frente a 154 en 2025, un incremento del 21%. Esta figura comprende conductas que afectan ilegalmente los componentes del ambiente, mientras la tala y destrucción de vegetación en áreas especiales registró 52 investigaciones, una reducción del 31%.

El informe también contabiliza 13 denuncias relacionadas con la importación de materiales o desechos peligrosos, 12 por incendios de masas vegetales y ocho por emisiones de ruido, gases, olores o luminosidad que afectan al público o los ecosistemas. Estas conductas pueden comprometer la calidad del aire, el suelo y las fuentes hídricas.

Los delitos contra animales domésticos registraron uno de los mayores incrementos, al pasar de 110 a 176 denuncias, equivalente al 60%. Esta categoría comprende conductas de maltrato o crueldad sancionadas penalmente. En materia de vida silvestre, se contabilizaron 36 investigaciones por extracción de especies protegidas y ocho por tráfico, que implica su comercialización ilícita.

En materia de minería ilegal, dos personas fueron aprehendidas el 19 de septiembre en la quebrada Peluca, dentro del Parque Nacional Chagres, donde presuntamente extraían minerales sin autorización. MiAmbiente decomisó motobombas, palas y bateas, mientras la Fiscalía Ambiental asumió las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Otro operativo realizado en junio, en Mamoní Arriba, permitió la aprehensión de 11 personas y la retención de un menor por presunta extracción clandestina. En julio, seis personas fueron sorprendidas en el Corredor de Los Pobres, donde la actividad minera había provocado afectaciones al suelo y al cauce de una quebrada.

La legislación panameña establece penas de tres a seis años de prisión por destrucción, extracción, contaminación o degradación ilegal de recursos naturales, conforme al artículo 399 del Código Penal. Las sanciones pueden aumentar cuando se afectan áreas protegidas, cuencas hidrográficas o fuentes de agua, entre otras circunstancias agravantes.

En junio, cuatro personas recibieron condenas de 48 meses de prisión por minería ilegal en Las Minas, provincia de Herrera. Los sentenciados habían sido sorprendidos realizando exploraciones clandestinas en Río Negro, donde las actividades ocasionaron daños al ecosistema y degradaron un acuífero, según el Ministerio Público.

Los riesgos asociados a la actividad minera también quedaron expuestos tras el terremoto del 9 de octubre, que provocó un deslizamiento en la antigua mina El Remance, en Veraguas. La explotación, abandonada desde 1999, conserva depósitos de residuos mineros que representan un pasivo ambiental y requieren vigilancia permanente.

MiAmbiente detectó en la quebrada Veneno un pH de 5.75, indicativo de condiciones ácidas, además de concentraciones de hierro de 15 miligramos por litro y sulfatos de 114 miligramos por litro. Los resultados motivaron un monitoreo reforzado de las fuentes de abastecimiento, mientras continúa la evaluación de posibles afectaciones.

La institución solicitó al IDAAN vigilar las tomas de agua de San Francisco y Santiago, mientras el Ministerio de Salud evalúa los sistemas comunitarios. También anunció trabajos de restauración ambiental en El Remance y otros cinco puntos del país, ante los riesgos que representan las antiguas explotaciones abandonadas.

En la distribución geográfica, Panamá encabezó las denuncias con 99 casos, seguida de Chiriquí, con 91, y Panamá Oeste, con 74. Colón registró el mayor incremento relativo entre las provincias, de 118%, mientras Chiriquí aumentó 82% y Panamá Oeste 80% frente a 2025.

El informe también revela reducciones importantes en Darién, Los Santos y Bocas del Toro, con disminuciones de 76%, 50% y 34%, respectivamente. Septiembre cerró con 44 denuncias, frente a 38 en agosto, mientras enero concentró el mayor registro mensual, con 76 investigaciones.

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre cobró su segunda víctima mortal, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmara este jueves el fallecimiento de Regina Miranda, de 60 años, quien permanecía hospitalizada en Santiago de Veraguas por las lesiones sufridas durante el movimiento sísmico.

Miranda realizaba labores administrativas en la escuela Rómulo Arrocha, en Santiago, cuando comenzó el terremoto. Durante la evacuación del plantel, tropezó con una cuneta y cayó al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico grave.

La mujer fue trasladada al Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde recibió atención especializada del servicio de Neurocirugía. Sin embargo, permaneció en estado de coma y falleció pese a los esfuerzos médicos, según informó la institución sanitaria en un comunicado fechado el 22 de octubre.

La primera víctima fue Elena Barría, de 68 años, quien falleció el 14 de octubre. La mujer descansaba en su vivienda de Macaracas, provincia de Los Santos, cuando una pared se desplomó sobre ella, dejándola atrapada entre los escombros y provocándole graves lesiones abdominales.

Barría fue rescatada por familiares y vecinos, quienes lograron sacarla de la estructura colapsada. Posteriormente recibió atención en distintos centros hospitalarios hasta ser trasladada a la capital, donde fue intervenida quirúrgicamente. Su fallecimiento fue confirmado por la Caja de Seguro Social después de varios días hospitalizada.

Entre los casos de mayor gravedad figura Suribeth Cortéz, una joven de 22 años con dificultades de movilidad, quien quedó atrapada cuando una pared cayó sobre ella en El Pájaro de Macaracas. Sufrió lesiones craneales y abdominales que obligaron a trasladarla en helicóptero al Hospital Santo Tomás.

Después de permanecer sedada y recibir intervenciones quirúrgicas, la joven despertó y fue retirada de la ventilación mecánica el 14 de octubre. Su familia confirmó que reconoció a su hermana y mostró una evolución favorable. Posteriormente, continuó su proceso de recuperación y rehabilitación tras superar los momentos más críticos.

El balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado al 20 de octubre, registraba 27 personas lesionadas por el terremoto. La cifra todavía incluía una sola víctima mortal, debido a que el fallecimiento de Miranda fue confirmado dos días después del último consolidado disponible.

El Ministerio de Salud informó que más de 31,000 atenciones sanitarias se habían brindado en las zonas afectadas, mediante personal desplegado en hospitales, centros de salud y albergues. Los equipos también ofrecen apoyo psicológico y seguimiento médico a las familias damnificadas.

Las consecuencias materiales continúan extendiéndose por distintas comunidades. Sinaproc contabilizó 10,655 viviendas evaluadas y 35,065 personas registradas mediante las inspecciones de daños y necesidades. Estas cifras corresponden a las evaluaciones realizadas y permanecen sujetas a nuevas verificaciones.

El mismo informe identificó 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud con afectaciones, mientras 5,628 personas permanecían alojadas en 126 albergues. Las autoridades también reportaron 175 comunidades atendidas con asistencia humanitaria, incluyendo alimentos, agua y otros suministros esenciales.

Las provincias de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé concentran parte importante de los daños ocasionados por el movimiento sísmico. Entre las afectaciones se encuentran viviendas destruidas, centros educativos deteriorados, iglesias dañadas y problemas en carreteras y puentes, especialmente en comunidades rurales.

El terremoto tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, según los registros del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Las autoridades mantienen las evaluaciones estructurales y la asistencia humanitaria, mientras las familias afectadas enfrentan el proceso de recuperación.

El terremoto que sacudió Panamá el 9 de octubre provocó desplazamientos del terreno de hasta 1.20 metros en Búcaro, provincia de Los Santos, y hundimientos de entre 15 y 30 centímetros en Isla Cañas.

Los resultados preliminares también identifican rupturas superficiales y deformaciones del fondo marino, que pudieron contribuir a la generación de olas durante el movimiento sísmico.

Los hallazgos corresponden a una investigación del geofísico panameño Isaac Guerra Araúz, becario doctoral de la Senacyt, quien realiza mediciones en Búcaro, La Pitaloza y Mariato, en la costa de Veraguas y el sur de Azuero.

El especialista encontró desplazamientos horizontales de entre uno y 1.20 metros, además de movimientos verticales cercanos a un metro en Búcaro.

Las mediciones buscan establecer cómo se desplazaron los bloques de la corteza terrestre durante la ruptura de la falla responsable del terremoto. Estos movimientos pueden provocar grietas, desniveles y modificaciones del relieve, especialmente en terrenos cercanos a la zona de ruptura, donde la deformación puede permanecer visible después del sismo.

La investigación también documenta un hundimiento de entre 15 y 30 centímetros en Isla Cañas, mientras se estudian deformaciones del fondo marino que pudieron contribuir a la generación de olas.

Los especialistas buscan determinar la extensión de estos cambios y sus consecuencias sobre las comunidades costeras, particularmente en las zonas próximas a la falla.

En sectores de Tonosí, Soná y Mariato se han reportado fisuras y alteraciones visibles en la superficie terrestre, asociadas al terremoto. También circulan reportes sobre arrecifes que habrían quedado expuestos incluso durante la marea alta, aunque todavía no se dispone de mediciones científicas verificadas que permitan confirmar su extensión o establecer cuánto se elevó el litoral.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá relacionó el terremoto con la falla de Azuero-Soná, cuya ruptura alcanzó aproximadamente 90 kilómetros. Esa extensión corresponde al proceso geológico que originó el sismo y no significa necesariamente que exista una grieta continua de esa longitud sobre la superficie terrestre.

Guerra Araúz desarrolla estas investigaciones como parte de su doctorado en Geofísica en la Universidad de Western Ontario, Canadá, bajo la supervisión del científico Katsuichiro Goda.

Los resultados permitirán contrastar las mediciones de campo con modelos de ruptura sísmica y comprender mejor el comportamiento de las fallas activas en Panamá.

Antes del terremoto, ambos investigadores habían desarrollado uno de los primeros modelos tridimensionales del subsuelo panameño, mediante el análisis de 2,741 movimientos sísmicos registrados entre 2013 y 2023.

Utilizaron información de 148 estaciones de Panamá, Costa Rica y Colombia para estudiar estructuras geológicas ubicadas hasta 80 kilómetros de profundidad.

El estudio, publicado en mayo de 2026 en la revista Tectonophysics, identificó nuevas evidencias de un sistema de doble subducción bajo el occidente panameño. Las placas de Cocos y Nazca se introducen desde el Pacífico, mientras la placa del Caribe presenta señales de hundimiento desde el norte, configurando una interacción tectónica particularmente compleja.

La magnitud del terremoto también llamó la atención del ingeniero estructural japonés Kit Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, quien lo situó entre los movimientos más grandes que han afectado zonas pobladas durante 2026. El especialista advirtió que un sismo de semejante intensidad provocaría problemas incluso en Los Ángeles, California.

Miyamoto destacó además la importancia de las inspecciones estructurales realizadas después del terremoto, especialmente en viviendas, carreteras y edificios públicos. Su evaluación subrayó que identificar las construcciones inseguras constituye apenas la primera etapa de una recuperación que deberá incorporar mejores condiciones de resistencia ante futuros movimientos sísmicos.

El más reciente balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con corte al 20 de octubre, contabiliza 10,655 viviendas evaluadas y 35,065 personas registradas en las evaluaciones de daños. También reporta 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud afectadas, además de 27 lesionados y una persona fallecida.

La emergencia mantiene 5,628 personas alojadas en 126 albergues, mientras continúan las inspecciones y la asistencia humanitaria. Las autoridades han movilizado más de 208,317 libras de suministros por vía aérea y 365 toneladas por tierra, con atención reportada en 175 comunidades afectadas.

Los resultados de las investigaciones geológicas serán fundamentales para determinar las condiciones de seguridad de los terrenos donde se reconstruirán viviendas.

Guerra Araúz sostiene que integrar las mediciones de desplazamiento con los registros de daños permitirá mejorar los modelos de amenaza sísmica y orientar la planificación territorial, especialmente en las comunidades más expuestas.

El terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre fue uno de los movimientos sísmicos más grandes que han afectado zonas pobladas del mundo durante 2026, según el ingeniero estructural Kit Miyamoto.

El especialista internacional destacó la enorme cantidad de energía liberada y los desafíos que enfrentan las autoridades para evaluar los daños y garantizar la seguridad de los habitantes.

Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, explicó que un terremoto de magnitud 7.7 no puede considerarse un evento menor, especialmente cuando ocurre cerca de comunidades habitadas.

Durante su intervención, afirmó que un movimiento de semejante intensidad provocaría serios problemas incluso en Los Ángeles, California, donde reside y desarrolla parte de su actividad profesional.

El experto utilizó esa comparación para dimensionar la fuerza del fenómeno y sus posibles consecuencias sobre la infraestructura.

Explicó que después de un terremoto de gran magnitud resulta fundamental identificar rápidamente los daños en carreteras, puentes y edificaciones, así como determinar cuáles instalaciones pueden continuar funcionando sin representar un peligro para la población.

En su evaluación de la emergencia, Miyamoto consideró que la respuesta inicial de las autoridades panameñas fue profesional y adecuada. Entre las medidas que mencionó estuvieron las inspecciones de las principales vías de comunicación, la instalación de equipos médicos de emergencia y la organización de mecanismos para distribuir alimentos entre las comunidades afectadas.

Uno de los aspectos que destacó fue la evaluación de casi 10,000 viviendas y edificios durante los primeros diez días posteriores al movimiento sísmico.

Según explicó, estas inspecciones permiten identificar estructuras peligrosas y ofrecer información a las familias sobre las condiciones de seguridad de los inmuebles que ocupaban antes del desastre.

El ingeniero señaló que en otros países las evaluaciones de daños suelen comenzar después de dos semanas, por lo que consideró relevante el tiempo empleado en Panamá. Sin embargo, la identificación inicial de los problemas estructurales constituye apenas una etapa de un proceso que también requiere reparaciones, reconstrucción y medidas para reducir riesgos futuros.

El terremoto ocurrió el 9 de octubre a las 12:56 de la tarde, con una magnitud de 7.5, según los datos divulgados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Su epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

El Instituto de Geociencias explicó que el terremoto estuvo relacionado con el movimiento de la falla de Azuero-Soná, una estructura geológica ubicada en la región afectada. Según la información difundida por sus especialistas, la ruptura se extendió aproximadamente 90 kilómetros, lo que permite dimensionar la extensión del proceso que originó el movimiento.

Una falla geológica se activa cuando la tensión acumulada entre bloques de la corteza terrestre supera su resistencia, provocando un desplazamiento repentino. La energía liberada se propaga mediante ondas sísmicas que pueden afectar viviendas, edificios, carreteras y otras estructuras, dependiendo de su cercanía al epicentro y de las condiciones del terreno.

Las principales afectaciones se concentraron en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde se reportaron daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud e infraestructura pública. El terremoto también estuvo acompañado de numerosas réplicas que mantuvieron la preocupación entre los residentes, particularmente en las comunidades que sufrieron mayores daños materiales.

La magnitud de la emergencia obligó a realizar inspecciones estructurales y habilitar servicios médicos provisionales, mientras se organizaba la distribución de suministros. El Gobierno declaró el estado de emergencia el 10 de octubre, una medida que permitió movilizar recursos para atender a las comunidades damnificadas y continuar con la evaluación de los daños.

Miyamoto, quien se reunió con el presidente José Raúl Mulino para abordar las necesidades de recuperación, cuenta con experiencia en proyectos de ingeniería sísmica y reconstrucción internacional.

Su participación se produce mientras Panamá enfrenta el desafío de determinar qué edificaciones pueden repararse y cuáles necesitan intervenciones mayores, especialmente en las zonas más afectadas.

Las observaciones del especialista también ponen de relieve la importancia de mantener evaluaciones técnicas durante las siguientes etapas de recuperación. Más allá de las primeras inspecciones, la seguridad de las viviendas y la resistencia de la infraestructura serán determinantes para que las comunidades puedan recuperar sus actividades y reducir su vulnerabilidad ante futuros terremotos.

Un ciudadano costarricense requerido por Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de fraude con falsos premios de lotería fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El extranjero viajaba desde Costa Rica hacia Colombia, con una conexión en Panamá, cuando las autoridades migratorias detectaron la orden de captura.

La Policía Nacional, mediante la Oficina Central Nacional de INTERPOL Panamá, confirmó la aprehensión del pasajero solicitado por las autoridades estadounidenses por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El Servicio Nacional de Migración también participó en su detección, durante los controles realizados en la terminal aérea.

De acuerdo con la investigación estadounidense, los responsables del esquema contactaban a residentes de distintos estados para informarles falsamente que habían ganado premios de lotería. Posteriormente, les exigían pagos anticipados por supuestos impuestos, con la promesa de entregarles las ganancias una vez cumplido ese requisito.

La modalidad descrita por las autoridades consistía en aprovechar la expectativa de recibir un premio económico para conseguir transferencias de las víctimas. El comunicado no precisa cuánto dinero habría movilizado la operación, cuántas personas resultaron perjudicadas ni la identidad del costarricense aprehendido.

El Servicio Nacional de Migración informó que el extranjero fue puesto a disposición de INTERPOL después de detectarse el requerimiento estadounidense. Las autoridades no han detallado todavía si se ha iniciado un procedimiento de extradición o cuáles serán las siguientes actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Por otro lado, en la provincia de Colón, las autoridades migratorias reportaron la detección de un ciudadano nicaragüense que había ingresado irregularmente a Panamá.

El extranjero fue localizado durante el operativo Cristo Negro de Portobelo y trasladado a un centro de detención administrativa migratoria, donde se realizarán los trámites correspondientes a su situación.

El operativo Cristo Negro de Portobelo es un dispositivo especial de seguridad organizado por las autoridades durante la celebración religiosa del 21 de octubre. Este año se desarrolla del 18 al 22 de octubre, con controles en las vías de acceso, patrullajes terrestres y marítimos y vigilancia de los peregrinos.

Un ciudadano nicaragüense fue detenido durante el operativo Cristo Negro de Portobelo, en la provincia de Colón, tras detectarse que había ingresado irregularmente a Panamá. Fue trasladado a un centro de detención administrativa migratoria.

La Policía Nacional anunció el despliegue de más de 1,000 agentes para proteger a los asistentes a esta festividad, que reúne cada año a miles de personas. Las medidas incluyen verificaciones de seguridad, controles de tránsito y vigilancia comunitaria, especialmente en las rutas hacia Portobelo.

Las intervenciones se producen mientras Panamá mantiene operaciones de control migratorio y cooperación policial con otros países. Entre enero y septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Migración registró 851 extranjeros detenidos por infracciones de la legislación nacional, de acuerdo con sus estadísticas preliminares.

De ese total, 716 eran hombres y 135 mujeres, mientras que las principales causas de detención fueron el ingreso irregular, con 318 casos, y la estadía vencida, con 249. También se contabilizaron 210 personas remitidas por cumplimiento de pena y otras detenciones por diferentes causales.

Por nacionalidad, las estadísticas muestran 388 colombianos, 168 nicaragüenses y 118 venezolanos detenidos durante los primeros nueve meses del año. Los registros incluyen además 46 ecuatorianos y 18 salvadoreños, entre otras nacionalidades.

En materia de deportaciones y expulsiones, Migración contabilizó 822 procedimientos entre enero y septiembre, de los cuales 472 fueron deportaciones y 350 expulsiones. La principal causal fue el ingreso irregular al territorio panameño, con 495 registros, seguida de 138 procedimientos relacionados con delitos de posesión agravada de drogas.

Los informes también identifican 387 colombianos y 187 nicaragüenses entre los deportados y expulsados, seguidos de 79 venezolanos y 58 ecuatorianos. Septiembre registró 136 procedimientos, frente a 21 en agosto, mientras que enero presentó el mayor número mensual, con 172 casos.

Durante 2026, INTERPOL Panamá también realizó otras aprehensiones de extranjeros requeridos por autoridades internacionales. El 23 de enero fue detenido en Tocumen un ciudadano mexicano solicitado por Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, vinculados, según la Policía, al Clan del Golfo.

El 23 de abril, las autoridades aprehendieron a un cubano requerido por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con trata de personas. El 16 de junio también fue detenido un ciudadano turco, solicitado por lavado de dinero y conspiración para violar una legislación estadounidense sobre poderes económicos de emergencia.

Otro procedimiento ocurrió el 21 de julio, cuando INTERPOL Panamá aprehendió a una mujer con nacionalidades española y cubana, requerida por Lituania mediante una notificación roja. La sospechosa era investigada por su presunta participación en una organización vinculada con delitos de terrorismo, según la información policial.

Estos casos evidencian el uso de Tocumen como punto de detección de personas requeridas internacionalmente, especialmente durante conexiones aéreas. Las aprehensiones por solicitudes extranjeras y las detenciones por infracciones migratorias responden a procedimientos jurídicos diferentes, aunque pueden involucrar actuaciones coordinadas entre la Policía Nacional y Migración.

El Gobierno de Panamá confirmó que los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se realizarán en la ciudad capital, pese a las afectaciones provocadas por el terremoto del 9 de octubre.

El ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que las celebraciones estarán acompañadas de un mensaje de solidaridad hacia las comunidades damnificadas, principalmente en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

La decisión contempla mantener las dos rutas tradicionales de los desfiles capitalinos: la primera en el Casco Antiguo, cerca de la Presidencia de la República, y la segunda en Vía España. El titular de Educación sostuvo que los estudiantes podrán participar en las actividades programadas, después de meses de preparación junto a docentes, instructores y padres de familia.

En el resto del territorio nacional, la realización de los actos dependerá de las autoridades locales, considerando las condiciones de seguridad y los daños registrados en cada comunidad. Para Colón, el comunicado oficial establece que la decisión corresponderá al gobernador de la provincia, mientras los gobiernos municipales determinarán la celebración de otras festividades tradicionales de noviembre.

El ministro Ventura Vega explicó que las celebraciones también buscan ofrecer un espacio de esparcimiento a la población, después del impacto emocional del terremoto y sus réplicas. Consideró que la preparación de los estudiantes y sus familias debe ser tomada en cuenta, siempre que existan condiciones adecuadas para desarrollar los recorridos.

La decisión del Ministerio de Educación contrasta con la suspensión de las tradicionales dianas del 3 de noviembre en la Presidencia, anunciada por el presidente José Raúl Mulino. El mandatario canceló esa actividad como muestra de respeto hacia las familias afectadas por el terremoto, aunque la medida no supone la eliminación de todas las celebraciones patrias.

También en el corregimiento de Juan Díaz, las autoridades locales suspendieron el tradicional desfile del 10 de noviembre, que conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos. El representante David Bernal explicó que la actividad será sustituida por una caravana de ayuda humanitaria hacia las comunidades damnificadas de la provincia de Los Santos.

En San Miguelito, la Asociación Cívica de Santeños Residentes canceló los desfiles de carretas y las actividades folclóricas previstas para esa misma fecha. Su presidente, Jorge Aquiles Domínguez, anunció que los esfuerzos se concentrarán en recolectar alimentos, agua y artículos de primera necesidad para trasladarlos a las familias afectadas por el movimiento sísmico.

La iniciativa denominada Gran Caravana de la Solidaridad Santeña reunirá a organizaciones de distintas comunidades, entre ellas Juan Díaz, La Chorrera, Nuevo Chorrillo, Gatuncillo de Colón y Capira. Las agrupaciones buscan transformar los recursos y esfuerzos destinados a las festividades en asistencia directa, mediante donaciones de productos de higiene, ropa, insumos médicos y otros suministros esenciales.

En Panamá Oeste, el Comité Cívico y Cultural 10 de Noviembre de La Chorrera suspendió sus actividades previstas entre el 5 y el 10 de noviembre. Asimismo, la Alcaldía de San Carlos canceló celebraciones patrias y festejos locales, incluida la realización de dianas en espacios públicos, para priorizar la atención de más de 117 familias afectadas por el terremoto.

La Junta Comunal de Las Lajas, en Chame, también anunció la suspensión de sus festividades de los días 9 y 10 de noviembre, en solidaridad con las comunidades damnificadas. Estas decisiones reflejan las diferentes respuestas adoptadas por las autoridades y organizaciones comunitarias, mientras el país intenta recuperar la normalidad después de los daños ocasionados por el sismo.

En el ámbito educativo, Vega informó que 770 centros escolares han sido inspeccionados y habilitados para retomar las clases, tras evaluaciones realizadas por ingenieros, arquitectos y personal técnico. Para los planteles que todavía presentan dificultades, los 16 directores regionales podrán aplicar alternativas contempladas en la normativa educativa, con el propósito de garantizar la continuidad del año escolar.

El ministro reconoció que persisten temores entre estudiantes, docentes y padres de familia, por lo que las revisiones estructurales continuarán antes de autorizar nuevos retornos. Mientras tanto, los desfiles del 3 y 4 de noviembre seguirán programados en la capital, en medio de un escenario en el que distintas comunidades han decidido sustituir las celebraciones por acciones de solidaridad.

Panamá registró 740 casos adicionales de dengue en su acumulado nacional durante una semana, al pasar de 9,679 a 10,419 contagios entre las semanas epidemiológicas 38 y 39 de 2026.

Aunque las cifras continúan por debajo de las registradas en 2025, el incremento evidencia que la transmisión del virus persiste en distintas regiones del país.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el nuevo balance corresponde al período comprendido hasta el 3 de octubre, cuando se contabilizaron 10,419 casos. La diferencia semanal incluye nuevas notificaciones y actualizaciones de registros anteriores, por lo que no necesariamente representa 740 infecciones ocurridas exclusivamente durante esos siete días.

La comparación también muestra un aumento de los casos de dengue grave, que pasaron de 56 a 62 entre ambas semanas. Los pacientes con signos de alarma aumentaron de 1,209 a 1,291, mientras los contagios sin manifestaciones de gravedad subieron de 8,414 a 9,066, de acuerdo con los informes epidemiológicos oficiales.

Las hospitalizaciones registraron 60 ingresos adicionales en el acumulado semanal, al pasar de 1,100 a 1,160 pacientes. Pese a ese incremento, la cifra continúa por debajo de las 1,193 hospitalizaciones contabilizadas durante el mismo período de 2025, lo que representa una disminución interanual de 2.77%.

El número de fallecidos se mantuvo en 20 personas durante ambas semanas, sin nuevas defunciones incorporadas al balance nacional. Colón registra cuatro muertes; Chiriquí, Bocas del Toro y Los Santos, tres cada una. Las restantes defunciones se distribuyen entre otras seis regiones sanitarias, según los registros del Minsa.

Aunque el acumulado semanal aumentó, Panamá presenta 2,056 casos menos que en 2025, cuando se habían contabilizado 12,475 infecciones para la misma fecha. Esto representa una reducción de 16.5%, mientras la tasa nacional disminuyó de 273 a 225.3 casos por cada 100,000 habitantes, equivalente a una caída de 17.47%.

Colón continúa encabezando las estadísticas con 2,432 casos confirmados, seguido de la región Metropolitana, con 2,389, y Chiriquí, con 1,259. Panamá Oeste acumula 1,004 contagios y San Miguelito registra 841. Estas cinco regiones concentran 7,925 infecciones, aproximadamente el 76% de todos los casos reportados en el país.

Entre los corregimientos con mayor incidencia, Veracruz registra 719 casos y Puerto Pilón otros 458, mientras Burunga acumula 368 y Sabanitas, 345. También destacan Tocumen, con 336, y Cristóbal, con 316. La concentración de contagios en estas comunidades mantiene activa la vigilancia epidemiológica y los operativos para eliminar criaderos.

El grupo de 10 a 14 años presenta la mayor tasa de incidencia del país, con 318.9 casos por cada 100,000 habitantes y 1,182 infecciones. En la semana anterior contabilizaba 1,099 casos, por lo que el acumulado aumentó en 83 registros, una variación que evidencia la exposición de la población escolar.

El dengue es transmitido principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados de la especie Aedes aegypti. Las hembras necesitan alimentarse de sangre para desarrollar sus huevos y pueden transmitir el virus durante ese proceso. Los machos no pican a las personas, pues se alimentan de néctar y otras sustancias azucaradas.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre elevada, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares, articulares, náuseas y erupciones cutáneas. Sin embargo, el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes y los sangrados pueden indicar una evolución peligrosa, especialmente cuando aparecen después de que comienza a disminuir la fiebre.

La enfermedad puede convertirse en dengue grave cuando provoca hemorragias importantes, choque circulatorio o daños en órganos vitales. Las autoridades recomiendan buscar atención médica ante cualquier señal de alarma y evitar medicamentos como aspirina e ibuprofeno, que pueden aumentar el riesgo de sangrado en pacientes infectados.

En América Latina y el Caribe, el dengue continúa representando un desafío sanitario, aunque los registros regionales muestran una disminución respecto de los últimos años. La Organización Panamericana de la Salud reportó más de 1.7 millones de casos sospechosos en las Américas hasta la semana 38 de 2026, una reducción frente al mismo período de 2025.

La circulación del virus persiste después de la epidemia histórica registrada en 2024, cuando las Américas superaron los 13 millones de casos. En Panamá, las autoridades mantienen los operativos de control del mosquito transmisor y reiteran que la eliminación de recipientes con agua acumulada resulta fundamental para prevenir nuevos contagios.

La muerte de una menor en la comarca Ngäbe-Buglé y un ataque a tiros que dejó herida a una niña de ocho años en San Miguelito forman parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público. Las autoridades también informaron sobre dos condenas por homicidio y tentativa de homicidio en un caso ocurrido en Chiriquí durante 2024.

La Fiscalía Regional de Chiriquí confirmó la aprehensión de un adolescente de 16 años por su presunta vinculación con un femicidio registrado en la comarca Ngäbe-Buglé. La víctima, también menor de edad, fue encontrada sin vida el 18 de octubre a orillas del río Cubívora, en el distrito de Müna, según el informe oficial divulgado el martes 20 de octubre.

Las autoridades no han precisado la edad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Tampoco han informado sobre la relación que pudiera existir entre ambos adolescentes. La investigación permanece abierta y el Ministerio Público desarrolla diligencias para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad penal del sospechoso.

El adolescente aprehendido deberá comparecer ante un juez penal de adolescentes para una audiencia de control, en la que se examinarán las actuaciones judiciales correspondientes. Su detención no constituye una declaración de culpabilidad, mientras la Fiscalía reúne los elementos necesarios para sustentar la investigación por el presunto delito de femicidio.

Sobre el femicidio en la comarca, reportes de medios locales identificaron a la víctima como una estudiante de 14 años de la comunidad de Tebujo. La adolescente había desaparecido el sábado 17 de octubre y su cuerpo fue localizado al día siguiente. Las primeras inspecciones revelaron heridas de arma blanca, aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un ahogamiento.

En otro procedimiento, la Fiscalía Regional de San Miguelito consiguió la detención provisional de un hombre de 26 años, imputado por tentativa de homicidio contra una niña de ocho años. El ataque ocurrió la noche del 17 de octubre en La Providencia, dentro del corregimiento de Belisario Porras, cuando varios sujetos llegaron hasta una residencia.

Según la investigación, aproximadamente a las 10:00 p. m., el imputado llegó acompañado de otros hombres y disparó repetidamente contra la vivienda. Como consecuencia, la menor resultó herida y un perro que pertenecía a la familia murió durante el ataque. La Fiscalía no precisó en su comunicado el estado actual de salud de la niña.

Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que existían riesgos para la víctima, sus familiares y la comunidad, además de la posibilidad de afectación de pruebas. Los fiscales destacaron que en la residencia había otros menores de edad y que los disparos también pusieron en peligro a vecinos y transeúntes

La detención fue ordenada por un juez de garantías después de escuchar los argumentos de la Fiscalía, que señaló la gravedad del ataque y los posibles riesgos procesales. El imputado permanecerá privado de libertad mientras continúa la investigación. Las autoridades no han informado sobre otras aprehensiones relacionadas con los hombres que lo acompañaban.

Sobre el femicidio en la comarca, reportes de medios locales identificaron a la víctima como una estudiante de 14 años de la comunidad de Tebujo. La adolescente había desaparecido el sábado 17 de octubre y su cuerpo fue localizado al día siguiente. Las primeras inspecciones revelaron heridas de arma blanca, aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un ahogamiento.

La menor cursaba octavo grado en el Colegio Peña Prieta, donde su muerte provocó consternación entre compañeros y residentes. Según los reportes, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de David para la necropsia. La Fiscalía todavía debe establecer las circunstancias y el móvil del crimen, así como la presunta participación del adolescente aprehendido.

En un tercer caso, la Fiscalía Regional de Chiriquí obtuvo condenas de 30 y 37 años de prisión contra dos hombres, declarados responsables de homicidio y tentativa de homicidio. Los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2024 en La Riviera, distrito de David, donde dos hermanos fueron atacados con armas de fuego.

Según el Ministerio Público, ambos recibieron impactos de bala cerca de un proyecto de construcción, lo que provocó la muerte de uno de ellos. El otro sobrevivió al ataque. Durante el juicio, la Fiscalía presentó al menos 80 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, que sustentaron el fallo condenatorio unánime.

El tribunal estableció penas individuales por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. A uno de los responsables le impuso 25 y 12 años, respectivamente, mientras que al segundo le fijó 30 y 10 años. Las condenas finales quedaron establecidas en 30 y 37 años, conforme a la dosificación aplicada.

Panamá acumuló 469 homicidios hasta el 11 de octubre de 2026, de los cuales 460 fueron intencionales y nueve no intencionales, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

Frente al mismo período de 2025, los casos intencionales aumentaron 1%, al pasar de 456 a 460, mientras persisten importantes diferencias entre provincias.

La tasa nacional de homicidios intencionales alcanzó 9.9 por cada 100,000 habitantes, nivel que el informe clasifica como bajo. Sin embargo, Colón y Panamá presentan indicadores considerablemente superiores, con 24.3 y 17.4 muertes por cada 100,000 habitantes, respectivamente, y ambas figuran en la categoría de violencia moderada.

Aunque Colón presenta la mayor tasa de homicidios del país, la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de víctimas, con 288 casos intencionales. Esta última cifra representa cerca del 63% del total nacional, mientras Colón contabiliza 77 fallecidos, equivalentes aproximadamente al 17% de los registros.

La distribución por distritos identifica 198 homicidios en Panamá, 85 en San Miguelito y 72 en Colón, las tres jurisdicciones con mayores cifras. También aparecen Arraiján, con 22 casos; La Chorrera, con 13; y David, con 10. La concentración territorial permite identificar los sectores donde se registra una mayor incidencia de violencia letal.

En San Miguelito, Belisario Frías encabeza los registros con 24 homicidios, seguido de Omar Torrijos, con 16, y Arnulfo Arias Madrid, con 15. En conjunto, estos tres corregimientos acumulan 55 de las 85 muertes contabilizadas en ese distrito, según la distribución territorial presentada por el SIEC.

Dentro del distrito de Panamá, el sector este registra 82 homicidios, principalmente en Pedregal, con 19; 24 de Diciembre, con 18; y Tocumen, con 12. En el sector oeste, Ancón concentra 15 de los 62 casos, mientras Calidonia registra nueve y Curundú y Río Abajo contabilizan seis cada uno.

El sector norte de la capital suma otros 54 homicidios, con Chilibre a la cabeza, con 18, seguido de Ernesto Córdoba Campos, con 17, y Caimitillo, con nueve. En Colón, Cristóbal Este registra 16 víctimas, Cativá 14 y Cristóbal 10, los corregimientos con mayores cifras de ese distrito.

Sobre las causas, las rencillas delincuenciales representan el principal motivo identificado, con 156 homicidios, aunque disminuyeron frente a los 182 del año anterior. El pandillerismo, en cambio, aumentó de 42 a 69 casos, un 64%, mientras otros 67 hechos permanecen bajo investigación para determinar sus circunstancias.

Los homicidios relacionados con riñas aumentaron de 24 a 32, mientras aquellos vinculados con robos pasaron de 24 a 28. También se registraron 26 casos por rencillas personales y 20 femicidios, estos últimos frente a los 12 contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento de 66.7%.

El informe identifica además 26 víctimas por daño colateral, 15 homicidios por ajustes de cuentas y 10 relacionados con drogas o narcotráfico. Según el SIEC, el 55% de las muertes está asociado a delincuencia organizada o común, lo que mantiene la actividad criminal como uno de los principales factores de violencia letal.

Las armas de fuego fueron el principal instrumento utilizado en los homicidios intencionales, con 392 casos registrados hasta el 11 de octubre. Otros 33 hechos se cometieron con armas blancas y 35 mediante otros métodos. Las armas de fuego estuvieron presentes en aproximadamente el 85% de las muertes, lo que evidencia su predominio en los registros de violencia letal.

La distribución por días muestra una mayor concentración de homicidios durante los fines de semana, con 77 casos los viernes, 72 los sábados y 86 los domingos. En conjunto, estos tres días acumularon 235 muertes, aproximadamente la mitad de todos los homicidios registrados en el país durante el período analizado.

En la comparación provincial, Chiriquí pasó de nueve a 27 homicidios, un incremento de 200%, mientras Coclé aumentó de nueve a 15, equivalente al 67%. En contraste, Colón disminuyó de 91 a 77 casos, y Panamá Oeste pasó de 41 a 39, según las cifras oficiales.

Por meses, abril registró 61 homicidios intencionales y mayo otros 56, mientras marzo acumuló 54. Septiembre cerró con 45 casos, frente a los 62 del año anterior, lo que representa una disminución de 27% en ese mes, pese al ligero aumento observado en el acumulado nacional.

Durante las seis semanas más recientes, el promedio se mantuvo alrededor de 11 homicidios semanales, según el análisis del SIEC. En la semana del 5 al 11 de octubre se contabilizaron 12 hechos, frente a ocho en la anterior, por lo que el indicador semanal fue clasificado en el nivel «más alto», que refleja un incremento moderado.

El informe también presenta una proyección de aproximadamente 45 homicidios para octubre, si continúa el comportamiento observado durante las últimas semanas. Hasta el día 11 se habían registrado 16 casos intencionales, mientras el sistema de seguimiento situaba el comienzo del mes dentro de la denominada «zona de éxito», correspondiente a valores inferiores a los esperados.

Las estadísticas del SIEC, elaboradas con información de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, son preliminares y están sujetas a actualización. El informe distingue entre homicidios intencionales y no intencionales, y advierte que la distribución territorial y las causas identificadas corresponden a los registros disponibles hasta el 11 de octubre de 2026.

Las fiscalías de adolescentes de Panamá recibieron 4,002 denuncias por hechos delictivos entre enero y septiembre de 2026, un incremento de 19.2% frente a los 3,357 casos registrados durante el mismo período de 2025, según las estadísticas preliminares del Ministerio Público. La diferencia representa 645 denuncias adicionales en un año.

El aumento estuvo acompañado de un crecimiento en los delitos contra la libertad e integridad sexual, categoría que incluye hechos como la violación, el abuso sexual y la explotación sexual. Estos registros pasaron de 1,144 a 1,416 denuncias, una diferencia de 272 casos que representa un incremento de 23.8%.

Las estadísticas también reflejan 820 casos contra la vida y la integridad personal, una clasificación que comprende delitos como homicidio, lesiones personales y otras agresiones físicas. En 2025 se contabilizaron 480 denuncias, por lo que el aumento fue de 340 casos, equivalente al 70.8%, uno de los mayores incrementos registrados.

En los delitos contra el patrimonio económico, que abarcan hechos como hurtos, robos, estafas y daños a bienes ajenos, los registros pasaron de 531 a 682 casos. Por su parte, los delitos contra la seguridad colectiva aumentaron de 463 a 624, categoría que comprende, entre otros, hechos relacionados con drogas, armas y riesgos para la seguridad pública.

Otro incremento importante corresponde a los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, que incluyen conductas como la violencia doméstica, el maltrato y el incumplimiento de deberes familiares. Las denuncias pasaron de 226 a 379 casos, una diferencia de 153 que equivale a un crecimiento de 67.7%.

Por distribución geográfica, la provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias, con 1,009 casos, frente a los 879 registrados en 2025. Le siguieron Panamá Oeste, con 663 hechos delictivos, y Chiriquí, con 651, territorios que también experimentaron aumentos durante los primeros nueve meses del año.

En Panamá Oeste, las denuncias aumentaron de 529 a 663, una diferencia de 134 casos, mientras que Chiriquí pasó de 572 a 651. Por su parte, Bocas del Toro registró 411 denuncias, frente a 313 en 2025, lo que representa un incremento de 31.3%.

Veraguas presentó uno de los mayores aumentos porcentuales entre las provincias, al pasar de 151 a 245 casos, equivalente a un crecimiento de 62.3%. En Colón, los registros subieron de 204 a 271, mientras que San Miguelito pasó de 252 a 265 denuncias.

Los datos del Ministerio Público también muestran un incremento en la actividad judicial relacionada con adolescentes, con 5,761 audiencias realizadas entre enero y septiembre de 2026, frente a 5,354 del año anterior. Las audiencias ante jueces de cumplimiento pasaron de 1,340 a 1,461, mientras que las de formulación de imputación aumentaron ligeramente, de 626 a 631.

En materia de medidas cautelares, las detenciones provisionales aumentaron de 217 a 249, aunque el total de medidas aplicadas disminuyó de 923 a 526. Las medidas distintas de la detención se redujeron de 706 a 277, según los registros correspondientes a ambos períodos.

Respecto a la resolución de expedientes, las causas egresadas definitivamente aumentaron de 2,260 a 2,570, mientras que aquellas terminadas mediante sentencia pasaron de 354 a 445. También se registraron 471 declinatorias a la esfera administrativa, frente a 294 en 2025, y 106 conciliaciones, comparadas con 63 del año anterior.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó de verde a amarilla el nivel de alerta en los distritos de Soná y Mariato, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, ante el pronóstico de lluvias significativas que podrían agravar las condiciones de las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

La medida entró en vigor a las 9:00 de la noche del martes 20 de octubre, en momentos en que las autoridades mantienen las evaluaciones de daños y la distribución de ayuda humanitaria.

Los tres distritos forman parte de la región impactada por el movimiento sísmico, que dejó afectaciones en viviendas, carreteras, instalaciones públicas y servicios básicos.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las condiciones atmosféricas podrían generar precipitaciones importantes durante este período, con posibilidades de incrementos rápidos en los niveles de ríos y quebradas.

El pronóstico también contempla inundaciones en áreas vulnerables y otras afectaciones asociadas a las lluvias, por lo que se recomendó reforzar la vigilancia y las medidas preventivas.

El cambio de alerta representa un incremento en el nivel de preparación institucional frente a las amenazas meteorológicas. La alerta verde corresponde a una fase de vigilancia preventiva, mientras que la amarilla implica mayor seguimiento del riesgo y preparación de los organismos de respuesta, ante la posibilidad de que las condiciones previstas comprometan la seguridad de la población.

En la escala de alertas utilizada para emergencias, el nivel rojo representa una situación de mayor gravedad, cuando el peligro exige medidas de respuesta más intensas y puede requerir evacuaciones.

Sin embargo, la declaratoria amarilla no significa que exista una orden general de evacuación, sino que las comunidades deben mantenerse informadas y preparadas para actuar según las indicaciones oficiales.

La decisión se produce apenas un día después de que Sinaproc declarara alerta verde para estos mismos distritos, el lunes 19 de octubre. La nueva disposición refleja un aumento de la preocupación por las condiciones meteorológicas, especialmente en territorios donde persisten daños materiales y dificultades de acceso a determinadas comunidades.

El pronóstico del Imhpa contempla aguaceros de intensidad fuerte a muy fuerte, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento, principalmente en el centro y sur de Veraguas. También se esperan precipitaciones en Tonosí y otros distritos de la península de Azuero, mientras continúa vigente un aviso de vigilancia meteorológica hasta el miércoles 21 de octubre.

La situación resulta particularmente delicada porque el epicentro del terremoto se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, mientras que Soná y Mariato también registraron daños importantes.

Las precipitaciones representan una amenaza adicional para las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del sismo, especialmente aquellas con infraestructura vial deteriorada y dificultades para recibir asistencia.

Según el balance institucional divulgado el 20 de octubre, más de 10,000 viviendas han sido evaluadas y 34,832 personas registradas mediante el sistema de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

El informe también contabiliza 27 lesionados, 619 centros educativos afectados y 120 instalaciones de salud con daños, de las cuales 13 presentan pérdidas totales.

El reporte señala que 126 albergues permanecen activos, con aproximadamente 5,000 personas alojadas, mientras continúa la asistencia humanitaria en las zonas afectadas. Entre el 14 y el 19 de octubre, los organismos de respuesta atendieron 204 comunidades en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, mediante entregas realizadas en 32 distritos.

En otras regiones del país, Sinaproc mantiene la alerta verde en sectores de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón y Coclé, además de áreas de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Las autoridades recomendaron evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, identificar rutas de evacuación y mantener preparada una mochila de emergencia.

Los Centros de Operaciones de Emergencias permanecen atentos ante cualquier situación que comprometa la seguridad de la población, mientras continúan las evaluaciones y la distribución de suministros. Sinaproc reiteró que las emergencias pueden reportarse al 911, al 520-4426 o mediante WhatsApp al 6998-4809, y pidió atender exclusivamente las indicaciones oficiales.

La economía panameña creció 7.36% en agosto de 2026, una aceleración frente al 1.61% registrado en el mismo mes del año anterior. El resultado refleja un mayor dinamismo del comercio, el transporte y los servicios, aunque la construcción continuó mostrando señales de debilidad, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló un crecimiento de 6.07% entre enero y agosto, frente al 4.24% del mismo período de 2025. La tendencia ciclo, que permite observar la evolución económica con menos fluctuaciones mensuales, registró una expansión interanual de 7.11%, confirmando la aceleración observada durante los últimos meses.

El IMAE es un indicador que permite medir mensualmente la evolución de la producción de bienes y servicios en distintas actividades económicas. Se utiliza para identificar cambios en el ritmo de crecimiento antes de conocer las cifras trimestrales del producto interno bruto (PIB), aunque no mide directamente la generación de puestos de trabajo.

La aceleración se hizo más evidente durante el segundo trimestre. En junio, el indicador creció 8.23% y en julio alcanzó 8.49%, antes de moderarse a 7.36% en agosto. Estas variaciones contrastan con los primeros meses del año, cuando los aumentos oscilaron entre 4.13% y 5.96%, mostrando una recuperación de la actividad económica respecto a 2025.

El comercio figuró entre los principales motores del crecimiento, impulsado por las ventas mayoristas y minoristas. También aumentaron las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón y las ventas de combustible nacional, actividades que contribuyeron al desempeño positivo del sector y reflejaron un mayor movimiento de mercancías dentro y fuera del país.

En transporte y logística, el Canal de Panamá registró resultados favorables en ingresos por peajes y toneladas netas transportadas. A ese comportamiento se sumaron el transporte aéreo y el movimiento de contenedores del sistema portuario nacional, sectores vinculados con la conectividad internacional y los servicios de comercio exterior.

La industria manufacturera también avanzó, apoyada en el procesamiento de ganado porcino y vacuno, productos lácteos y cerveza. Los hoteles y restaurantes registraron mayor actividad por la llegada de visitantes, que favoreció la ocupación hotelera y el consumo gastronómico, mientras los servicios turísticos contribuyeron al crecimiento de agosto.

El sector agropecuario mostró resultados positivos en la cría de ganado y el cultivo de frutas, particularmente banano para exportación. También aumentaron las actividades financieras, respaldadas por depósitos, crédito y primas de seguros, junto con los servicios de entretenimiento y el consumo de electricidad y agua.

No todas las actividades compartieron esa evolución. La construcción registró una contracción asociada con menores permisos para edificaciones, ampliaciones y reparaciones, además de una reducción en la producción de concreto premezclado y cemento gris.

Estos indicadores muestran una debilidad persistente en uno de los sectores tradicionalmente importantes para el empleo.

También retrocedieron la pesca destinada a exportación, particularmente pescado, filetes y camarones refrigerados o congelados. El informe identificó disminuciones en la generación hidroeléctrica, las ventas de gasolina de 95 octanos y el procesamiento de carne de pollo, pese al resultado positivo de la actividad económica en su conjunto.

La comparación con el mercado laboral muestra una diferencia importante entre el crecimiento económico y la calidad del empleo. Según la Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2026, la población ocupada llegó a aproximadamente 2.05 millones de personas, 77,231 más que en septiembre de 2025, mientras la tasa de desempleo disminuyó de 10.4% a 8.5%.

Sin embargo, el avance de actividades como comercio, hoteles, restaurantes e industria no garantiza mejores condiciones laborales. La encuesta muestra que la proporción de ocupados plenos disminuyó de 55.4% a 46.2%, mientras aumentó el subempleo por insuficiencia de ingresos.

Esto significa que una economía puede producir más sin mejorar proporcionalmente la remuneración de sus trabajadores.

En comercio, por ejemplo, las personas que trabajaban al menos 40 horas semanales por ingresos inferiores al salario mínimo aumentaron de 43,287 a 102,265. En hoteles y restaurantes pasaron de 10,184 a 35,812, mientras en manufactura subieron de 14,821 a 31,781. Estas cifras muestran que varias actividades dinámicas también enfrentan problemas de calidad del empleo.

La construcción presenta una situación distinta, porque sus indicadores productivos retrocedieron durante agosto, pese a que continúa figurando entre las actividades con mayor cantidad de trabajadores.

Esta diferencia confirma que el tamaño de una rama económica no necesariamente determina su crecimiento reciente, mientras la evolución de la producción y la contratación puede responder a períodos diferentes.

En conjunto, los resultados del IMAE muestran una aceleración de la actividad económica panameña, impulsada principalmente por el comercio, la logística y los servicios. Sin embargo, la comparación laboral evidencia que el crecimiento todavía convive con problemas de remuneración, subempleo y debilidad en la construcción, factores que condicionan sus beneficios para la población.

Los principales embalses del Canal de Panamá muestran una recuperación sostenida durante octubre, luego de varios meses marcados por la preocupación sobre la disponibilidad de agua.

Al 20 de octubre de 2026, el lago Gatún alcanzó 86.15 pies y Alhajuela registró 246.68 pies, según las mediciones del sistema hidrológico de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La recuperación representa un cambio importante frente a los niveles observados en septiembre, cuando las autoridades advertían sobre las dificultades para acumular reservas antes de la próxima estación seca.

Ambos lagos han ganado elevación, aunque todavía permanecen por debajo de sus máximos operativos de referencia, establecidos en 87.50 pies para Gatún y 250 pies para Alhajuela.

En el caso de Gatún, el nivel actual se encuentra a solo 1.35 pies de su referencia superior, una diferencia equivalente a 41 centímetros. El 11 de septiembre registraba 84.06 pies, por lo que ha recuperado 2.09 pies en poco más de cinco semanas, de acuerdo con la comparación de ambas mediciones.

Alhajuela presenta una recuperación todavía más pronunciada durante el mismo período. El embalse pasó de 239.02 pies el 11 de septiembre a 246.68 pies el 20 de octubre, un aumento de 7.66 pies, equivalente a 2.33 metros, y se encuentra a 3.32 pies de su referencia operativa superior.

Los gráficos del sistema hidrológico muestran que ambos reservorios han mantenido una tendencia ascendente durante octubre, especialmente desde la segunda semana. Gatún comenzó el mes alrededor de 84.9 pies, mientras Alhajuela se situaba cerca de 242.5 pies, lo que representa incrementos aproximados de 1.25 y 4.18 pies, respectivamente.

La mejoría adquiere relevancia porque septiembre, octubre y noviembre fueron identificados como meses decisivos para recuperar las reservas. Ayax Murillo, gerente de Hidrología de la ACP, había advertido que el comportamiento de las precipitaciones determinaría la disponibilidad de agua para el consumo humano y las operaciones del Canal durante 2027.

El especialista explicó que octubre genera particular preocupación por sus aportes históricamente inferiores al promedio durante las últimas tres décadas. Además, el mismo mes de 2023 fue el más seco desde 1959, antecedente utilizado por la ACP para elaborar escenarios de planificación frente a una posible sequía prolongada.

Las proyecciones contemplaban que Alhajuela podría completar su almacenamiento antes de finalizar la temporada lluviosa, mientras alcanzar esa condición en Gatún resultaría considerablemente más difícil. Sin embargo, los niveles registrados durante octubre muestran una reducción importante de la distancia respecto a ambas referencias superiores.

La diferencia entre los dos embalses también responde a sus características hidrológicas y al comportamiento de los aportes de agua. Alhajuela ha mostrado variaciones más pronunciadas, mientras Gatún registra movimientos relativamente graduales, una situación que obliga a evaluar las reservas disponibles y no solamente la elevación registrada por los instrumentos.

El comportamiento resulta especialmente importante ante las previsiones de un fenómeno de El Niño potencialmente intenso, que podría adelantar la temporada seca a la segunda mitad de noviembre y prolongarla hasta mayo de 2027. Una reducción anticipada de las lluvias acortaría el período disponible para seguir acumulando reservas.

La ACP también había informado que entre mayo y agosto las precipitaciones estuvieron 34% por debajo del promedio, mientras los aportes hacia los embalses disminuyeron 44%. Esa diferencia reflejaba que las lluvias recibidas no necesariamente se transformaban en suficiente escurrimiento, un factor determinante para sostener la recuperación hídrica.

La disponibilidad de agua tiene implicaciones directas para el tránsito de buques y el abastecimiento de la población. Gatún y Alhajuela alimentan plantas potabilizadoras que suministran agua a más de la mitad de los habitantes del país, mientras las esclusas requieren reservas suficientes para mantener sus operaciones.

Ante las condiciones de este año, el Canal ha aplicado medidas de conservación para reducir el consumo de agua, incluyendo las tinas de reutilización en las esclusas neopanamax y el llenado cruzado en las centenarias. También anunció ajustes en la capacidad de tránsito, como parte de su planificación para enfrentar una estación seca exigente.

Aunque los registros del 20 de octubre ofrecen un panorama más favorable que el observado durante septiembre, todavía será necesario evaluar los aportes de las próximas semanas. Noviembre, históricamente el mes más lluvioso de la cuenca, será determinante para establecer con cuánta agua contará el Canal al comenzar el verano de 2027.

La deuda pública de Panamá alcanzó los $62,777.7 millones al cierre de septiembre de 2026, después de aumentar $3,428.4 millones durante los primeros nueve meses del año, equivalente a 5.8%.

El nuevo saldo, reportado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representa el nivel más alto del endeudamiento estatal y refleja la contratación de nuevos préstamos para atender compromisos presupuestarios.

El saldo había cerrado diciembre de 2025 en $59,349.3 millones, por lo que el crecimiento acumulado hasta septiembre confirma la trayectoria ascendente de las obligaciones financieras. En comparación con septiembre de 2025, cuando se contabilizaban $58,694.4 millones, el endeudamiento aumentó $4,083.3 millones, equivalente a 7%, según los registros oficiales de ambos períodos.

Durante septiembre, la deuda creció $859.2 millones frente a agosto, cuando se situaba en $61,918.4 millones. El incremento mensual de 1.4% estuvo relacionado principalmente con un préstamo contratado con Bladex y nuevas colocaciones de letras del Tesoro, mientras las amortizaciones efectuadas no compensaron los recursos recibidos por el Gobierno.

La principal operación correspondió a un financiamiento de $1,000 millones otorgado por el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex). Según la resolución publicada en la Gaceta Oficial, los fondos fueron solicitados para cubrir parcialmente las necesidades estacionales de liquidez del Presupuesto General del Estado de 2026 y futuras vigencias fiscales, sin asignarse exclusivamente a una obra determinada.

El Gobierno también recibió $407 millones mediante la colocación de letras del Tesoro, además de $12.6 millones desembolsados por organismos multilaterales. Estos últimos recursos estuvieron vinculados con programas de saneamiento e inclusión social.

Las variaciones cambiarias añadieron otros $175.2 millones al saldo, mientras las amortizaciones de capital contribuyeron a reducir parcialmente el incremento.

Entre los desembolsos multilaterales figuran $5 millones del BCIE para el saneamiento de Arraiján y La Chorrera, junto con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo destinados a inclusión social y atención de personas con discapacidad. También se registraron fondos para el saneamiento de la ciudad y la bahía de Panamá, según el desglose presentado por Financiamiento Público

La evolución del endeudamiento también permite comparar las obligaciones acumuladas durante las últimas administraciones presidenciales. Cuando Laurentino Cortizo asumió el poder, en julio de 2019, recibió un saldo de aproximadamente $26,612.8 millones, correspondiente al cierre de junio. Al finalizar su gestión, en junio de 2024, la cifra había alcanzado $51,812.8 millones.

Durante los cinco años del gobierno de Cortizo, la deuda aumentó aproximadamente $25,200 millones, equivalente a 94.7%, prácticamente el doble del monto inicial. El crecimiento estuvo acompañado de mayores compromisos financieros que continuaron después del cambio de administración, mientras el pago de intereses adquirió un peso creciente dentro del presupuesto público.

Desde el inicio del gobierno de José Raúl Mulino, el saldo aumentó $10,964.9 millones respecto a junio de 2024, equivalente a 21.2%. La comparación comprende los primeros 27 meses transcurridos desde aquella referencia y muestra que las necesidades de financiamiento continúan impulsando el endeudamiento, pese a las amortizaciones realizadas por el Estado.

El servicio de la deuda también representa una presión importante sobre las finanzas públicas panameñas. Durante septiembre, los pagos de capital, intereses y comisiones rondaron los $660 millones. Los organismos multilaterales recibieron aproximadamente $120 millones, mientras los bonos globales generaron $216.8 millones exclusivamente en intereses, sin reducir el capital pendiente de esos títulos.

En el mercado interno, las letras del Tesoro concentraron pagos cercanos a $308.7 millones, principalmente por vencimientos de capital. También se atendieron compromisos con bancos oficiales y notas del Tesoro. Entre enero y agosto, los intereses ya habían sumado $2,084.9 millones, una carga que limita los recursos disponibles para otras obligaciones presupuestarias.

El desglose de acreedores revela que los bonos concentran $34,961 millones, aproximadamente 55.7% de la deuda total. El Banco Interamericano de Desarrollo registra $4,149 millones y Citi otros $3,877 millones. Las notas y letras del Tesoro acumulan $5,265 millones, mientras el financiamiento restante se distribuye entre bancos y organismos internacionales.

Entre las principales entidades también aparecen BBVA Nueva York, con $2,479 millones; CAF, con $2,288 millones; y el Banco Mundial, con $2,261 millones. Santander mantiene $1,363 millones y Bladex otros $1,000 millones. Esta estructura muestra la dependencia del financiamiento mediante emisiones de títulos y préstamos institucionales, tanto internos como externos.

El crecimiento registrado durante septiembre confirma que Panamá continúa recurriendo a nuevas operaciones financieras para atender sus necesidades de liquidez, mientras mantiene obligaciones acumuladas de administraciones anteriores. Con más de $62,700 millones pendientes, el desafío fiscal consiste en reducir el ritmo de endeudamiento y contener los intereses, sin afectar los compromisos del presupuesto estatal.

Las principales calificadoras de riesgo advierten que el creciente costo del servicio de la deuda reduce la flexibilidad presupuestaria de Panamá. Fitch Ratings calculó que los intereses absorbieron aproximadamente 18.8% de los ingresos públicos en 2025, frente a una mediana de 11.4% entre países con calificación BB, y alertó sobre nuevas presiones financieras.

Moody’s y S&P Global Ratings también han señalado que la sostenibilidad fiscal dependerá de contener el endeudamiento y reducir los déficits, ante una carga de intereses que limita los recursos disponibles para inversión y servicios públicos.

Fitch Ratings mantiene a Panamá en BB+, por debajo del grado de inversión, mientras Moody’s conserva la calificación Baa3, con perspectiva negativa, y S&P Global Ratings ratificó en septiembre la nota BBB-, con perspectiva estable.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un caso de hantavirus en una mujer de 40 años, residente de la comunidad de Montero, en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos.

La paciente permanece hospitalizada en cuidados intensivos, donde recibe tratamiento para recuperar su función pulmonar, mientras las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica ante esta enfermedad transmitida por roedores.

El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, según informó el Minsa el 19 de octubre. La institución señaló que la mujer presenta una evolución favorable en su función respiratoria, aunque continúa bajo atención especializada debido a las complicaciones que puede provocar la infección en los pulmones.

Las autoridades también aclararon que el caso no está relacionado con el terremoto ocurrido el 9 de octubre en Panamá. La paciente comenzó a presentar síntomas el día 10, apenas 24 horas después del movimiento sísmico, mientras que la enfermedad tiene un período de incubación de una a ocho semanas después del contacto con el virus.

El hantavirus es una infección viral que se transmite principalmente por roedores infectados, especialmente mediante la inhalación de partículas contaminadas con su orina, heces o saliva. La exposición puede ocurrir al limpiar espacios cerrados, depósitos o lugares donde habitan estos animales, particularmente cuando el polvo contaminado se dispersa en el ambiente.

Los primeros síntomas pueden confundirse con otras enfermedades. La fiebre, el cansancio, los dolores musculares y el dolor de cabeza suelen aparecer durante la fase inicial. Algunas personas también presentan escalofríos, mareos, náuseas, vómitos o molestias abdominales, antes de que la infección evolucione hacia complicaciones respiratorias de mayor gravedad.

La enfermedad se vuelve especialmente peligrosa cuando aparecen tos, dificultad para respirar y sensación de presión en el pecho. En los casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, los pulmones pueden acumular líquido y disminuir su capacidad para oxigenar la sangre, lo que puede provocar insuficiencia respiratoria, alteraciones circulatorias y necesidad de cuidados intensivos.

El deterioro puede producirse pocos días después de los primeros síntomas, por lo que la dificultad respiratoria constituye una señal de alarma que requiere atención médica inmediata.

Los especialistas recomiendan informar al personal sanitario sobre posibles contactos con roedores o sus excrementos, ya que ese antecedente puede facilitar la identificación temprana de la enfermedad.

En Panamá, el informe epidemiológico correspondiente a la semana 38 de 2026 registraba 21 casos acumulados de fiebre por hantavirus, además de 18 casos de síndrome cardiopulmonar.

Las cifras corresponden a dos formas clínicas que el sistema nacional de vigilancia registra por separado. La fiebre por hantavirus puede manifestarse sin desarrollar el cuadro pulmonar grave, mientras que el síndrome cardiopulmonar constituye la presentación más peligrosa. El informe refleja 39 registros acumulados entre ambas categorías hasta finales de septiembre.

La presencia del virus en Panamá tiene antecedentes de más de dos décadas. Los primeros casos se registraron a finales de 1999 y comienzos de 2000 en Los Santos, principalmente en comunidades de Las Tablas, Guararé y Tonosí. Las investigaciones identificaron al virus Choclo como agente causante de la enfermedad, convirtiendo aquel brote en el primero documentado en Centroamérica.

Desde entonces, la provincia de Los Santos ha sido una de las zonas históricamente vinculadas con la circulación del hantavirus. Las investigaciones epidemiológicas han relacionado el riesgo con la presencia de roedores en viviendas, áreas agrícolas y espacios utilizados para almacenar alimentos, especialmente cuando existen condiciones que facilitan el contacto con materiales contaminados.

Para reducir el riesgo, las autoridades recomiendan mantener limpios los alrededores de las viviendas y controlar la presencia de roedores. También aconsejan guardar los alimentos y granos en recipientes cerrados, sellar posibles entradas y evitar barrer en seco los excrementos, porque esa práctica puede levantar partículas contaminadas que posteriormente sean inhaladas.

El Minsa reiteró que mantiene la vigilancia epidemiológica del caso confirmado en Guararé y pidió a la población seguir las recomendaciones preventivas. La identificación oportuna de los síntomas, especialmente cuando aparecen dificultades respiratorias, resulta fundamental para que los pacientes reciban atención médica antes de desarrollar complicaciones potencialmente mortales.

El sistema portuario de Panamá movilizó 7.6 millones de TEU entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 3.2% frente al mismo período del año anterior, según las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El resultado refleja un desempeño desigual entre las principales terminales del país, en momentos en que el sector atraviesa cambios administrativos y prepara nuevas inversiones para ampliar su capacidad de manejo de carga.

El movimiento acumulado alcanzó 7,605,946 TEU, frente a los 7,368,837 registrados durante los primeros nueve meses de 2025. Un TEU equivale a un contenedor de 20 pies y constituye la unidad utilizada para medir la actividad portuaria.

Del total movilizado, 5,353,100 TEU correspondieron a contenedores llenos y 2,252,846 a vacíos, de acuerdo con el informe actualizado al 14 de octubre.

Por terminales, Manzanillo International Terminal (MIT) encabezó las operaciones con 2,445,560 TEU, un incremento de 18.7% respecto al año anterior.

Le siguió Balboa, en el Pacífico, con 1,769,804 TEU, aunque registró una caída de 10.8%. Mientras tanto, Colón Container Terminal movilizó 1,465,465 TEU, equivalente a un crecimiento de 14.8% durante el período analizado.

La terminal de PSA Panama International Terminal alcanzó 1,133,181 TEU, con un aumento de 9.8%, mientras Cristóbal contabilizó 751,558 TEU, una reducción de 20.4%.

Bocas Fruit Company completó el movimiento con 40,378 TEU, cifra inferior en 43.4% a la registrada en 2025. Las diferencias evidencian que el crecimiento portuario no se distribuyó uniformemente entre las instalaciones.

El trasbordo continuó siendo la principal actividad del sistema, con 6,741,757 TEU movilizados, aproximadamente el 88.6% del volumen total. Las operaciones locales sumaron 816,809 TEU y el movimiento vinculado a la Zona Libre de Colón alcanzó 47,380 TEU. Además, el traslado de vehículos aumentó 20.7%, al pasar de 110,140 a 132,888 unidades.

El comportamiento de Balboa y Cristóbal ocurre después de uno de los cambios más importantes en la administración portuaria panameña. El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobó la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, así como sus adendas y la prórroga contractual aprobada en 2021.

Tras la publicación del fallo en febrero, el Gobierno estableció un esquema de administración transitoria para garantizar la continuidad operativa. APMT Panamá asumió Balboa y TIL Panamá quedó a cargo de Cristóbal, mediante contratos de hasta 18 meses.

La decisión también generó una controversia internacional, debido a que Panama Ports Company cuestionó las actuaciones estatales e inició un arbitraje.

La transición registró otro episodio durante octubre, cuando Serviestiba anunció el cese de sus operaciones en ambas terminales, después de 11 años prestando servicios portuarios.

La decisión generó incertidumbre entre 1,386 trabajadores y llevó al Ministerio de Trabajo a ordenar el secuestro de las cuentas por cobrar de la compañía, con el objetivo de proteger los recursos destinados al cumplimiento de sus obligaciones laborales.

La empresa aseguró que el proceso de cierre se desarrollaría de manera ordenada y coordinada con los operadores portuarios, mientras las autoridades laborales iniciaron conversaciones para facilitar la contratación de los trabajadores afectados. El episodio añadió un nuevo desafío a la reorganización de Balboa y Cristóbal, cuyas operaciones deben mantenerse activas mientras se define su futuro concesionario.

El movimiento de vehículos por los puertos panameños aumentó 20.7% entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 110,140 a 132,888 unidades, según la Autoridad Marítima de Panamá.

Manzanillo International Terminal concentró 88,527 vehículos, mientras Balboa movilizó 44,361 unidades. En contraste, Cristóbal no registró operaciones de este tipodurante el período, frente a las 20 unidades contabilizadas un año antes.

Paralelamente, Panamá prepara una expansión de su infraestructura portuaria mediante dos nuevas terminales promovidas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Los proyectos estarán ubicados en Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, con una inversión preliminar conjunta de 2,600 millones de dólares y capacidad para incorporar entre cinco y seis millones de TEU adicionales por año.

La ACP desarrolla el proceso de precalificación de empresas interesadas en las concesiones, cuya adjudicación se proyecta hacia finales de 2027.

La construcción de ambas terminales tomaría aproximadamente tres años, aunque el calendario dependerá del desarrollo de los procedimientos correspondientes. La iniciativa busca fortalecer la conectividad marítima y ampliar las posibilidades de trasbordo alrededor de la vía interoceánica.

Los proyectos forman parte de una estrategia para aprovechar la posición geográfica de Panamá y aumentar su participación en el comercio internacional. El desafío será integrar las nuevas instalaciones con los puertos existentes, mejorar la eficiencia operativa y resolver las incertidumbres administrativas, mientras el país busca consolidar su competitividad como centro logístico regional.