El aparente ritual con ron y fusiles de una pandilla haitiana contrastó con la oración de militares salvadoreños dentro de un autobús, antes de partir hacia Haití para reforzar la búsqueda de cuatro técnicos aeronáuticos secuestrados.

Las dos secuencias circularon en redes sociales en medio de una operación militar anunciada por el presidente Nayib Bukele para rescatar a los connacionales desaparecidos desde hace 5 días.

En el video atribuido a los presuntos pandilleros, un grupo de hombres armados aparece junto a una gran cantidad de armamento. La grabación fue vinculada en redes sociales con integrantes de la banda 400 Mawozo.

Un hombre, identificado como Wilson Joseph, conocido como “Lanmò San Jou” y señalado como líder de 400 Mawozo, sostiene una botella de ron mientras está rodeado por hombres con armas largas.

El líquido cae sobre integrantes del grupo y sobre parte del armamento. La secuencia fue presentada como un rito de preparación, aunque no hay confirmación oficial sobre su significado.

Tampoco existe información que pruebe que quienes aparecen en el video participaron del ataque o que mantengan cautivos a los cuatro técnicos salvadoreños.

En otras imágenes, los integrantes de las bandas muestran armas que son retiradas de contenedores o barriles.

En otra filmación, la cara opuesta de ese mensaje, muestra a efectivos de El Salvador dentro de un autobús rumbo al aeropuerto. Los militares realizan una oración colectiva antes de viajar.

“En tus manos encomendamos nuestra alma, espíritu y cuerpo, Jehová. Sabemos y reconocemos que estarás todos los días de nuestras vidas hasta el fin, mi Dios”, expresa uno de los efectivos.

Los cuatro técnicos desaparecieron después de una emboscada

Los salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado en Santo, una zona de la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Según la información divulgada por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), el grupo regresaban tras comprar alimentos cuando hombres dispararon contra su camioneta. El vehículo se incendió y sus ocupantes huyeron. Al tener conocimiento de los hechos, se desplegaron helicópteros para brindarles apoyo. Pese a ello, desde entonces se desconoce la ubicación de los soldados.

El presidente Nayib Bukele sostuvo que los desaparecidos no eran combatientes. Explicó que el contingente salvadoreño está formado por pilotos y personal técnico, cuya función principal es realizar evacuaciones médicas dentro de la misión internacional desplegada en Haití.

El 21 de octubre, Bukele anunció el inicio de una operación militar para rescatarlos. El mandatario exigió a las pandillas que los entregaran vivos y sin heridas, y advirtió que habría una respuesta mayor si no regresaban en esas condiciones.

A través de un comunicado difundido el 22 del mismo mes, la Fuerza Antipandillas de Haití confirmó la llegada de un contingente desde El Salvador para continuar los operativos de búsqueda.

La FAES envió 100 efectivos de fuerzas especiales a Haití para colaborar en la localización de los técnicos, según informó una fuente a la agencia AP. Mientras otro centenar partió ese mismo día por la noche, de acuerdo con los datos proporcionados a la agencia.

La Policía Nacional de República Dominicana informó que ejecutó 483 órdenes de arresto por casos de violencia de género e intrafamiliar entre el 25 de septiembre y el 18 de octubre de 2026.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), en coordinación con el Ministerio Público y las fiscalías de distintas zonas.

La institución indicó que durante ese período recibió 193 nuevas órdenes judiciales, mientras que concretó 483 arrestos. La diferencia responde a la ejecución de mandamientos que permanecían pendientes de períodos anteriores y que fueron incorporados a las labores operativas de las unidades investigativas.

De acuerdo con los datos oficiales, el número de órdenes ejecutadas equivale al 250% de las órdenes recibidas durante las fechas analizadas. El cálculo incluye los requerimientos emitidos antes del 25 de septiembre que todavía no habían sido cumplidos por las autoridades.

Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís lideraron las órdenes de arresto ejecutada

Las fiscalías de Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís encabezaron la lista de demarcaciones con más órdenes de arresto ejecutadas, con 30 casos cada una durante el lapso informado por la Policía Nacional.

Por su parte, les siguieron Mao, Valverde, con 29 ejecuciones, y las jurisdicciones de Baní y María Trinidad Sánchez, que registraron 28 cada una. En San Pedro de Macorís se concretaron 24 órdenes, mientras que en Barahona el registro alcanzó las 21.

El reporte también incluyó 19 arrestos en Higüey, 18 en La Romana, 17 en Cotuí y otros 17 en Alma Rosa. Monte Plata contabilizó 15 ejecuciones, Verón sumó 14 y La Vega registró 13 durante el mismo período.

Policía Nacional coordinó operativos con fiscalías para ejecutar órdenes judiciales en todo el país

La distribución de los operativos refleja la participación de fiscalías y dependencias policiales en varias provincias y municipios. La Deamvi concentra las investigaciones vinculadas a denuncias de violencia contra las mujeres y conflictos intrafamiliares, mientras que el Ministerio Público interviene en la tramitación de los procesos penales y las solicitudes judiciales.

“La institución del orden mantiene sus labores de investigación y ejecución de órdenes judiciales en las diferentes demarcaciones del país, como parte de las acciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la ley y poner a disposición de las autoridades competentes a las personas requeridas por la justicia”.

La Policía Nacional atribuyó estos resultados a la coordinación entre sus unidades de investigación, las fiscalías y el Ministerio Público, con el objetivo de ejecutar órdenes judiciales y avanzar en las investigaciones penales.

La entidad señaló que continuará con las investigaciones y los operativos para cumplir órdenes de arresto en distintas zonas del país. El objetivo es presentar ante las autoridades a las personas solicitadas por la Justicia y asegurar la aplicación de la ley.

Las 483 órdenes ejecutadas incluyeron casos que estaban pendientes de períodos previos, según el balance oficial. La institución no precisó cuántas de esas órdenes correspondían a solicitudes recientes y cuántas formaban parte del acumulado anterior.

El opositor cubano José Elías González Agüero, de 71 años, denunció que permaneció cuatro días bajo custodia policial sin acceso a sus medicamentos para la diabetes, la hipertensión y una cardiopatía, tras su arresto el 16 de octubre en La Habana. Luego de recuperar la libertad el 19 de octubre, recibió una nueva citación para presentarse este jueves 22 de octubre ante la Policía.

José González es vicecoordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y gestor del Proyecto Emilia. Según su testimonio, agentes de la Seguridad del Estado lo sacaron de su vivienda sin exhibir una orden de detención y no le permitieron llevar los fármacos que utiliza de forma regular.

Su familia pasó varias horas sin información sobre su ubicación. Más tarde confirmó que se encontraba recluido en la unidad policial de Zapata y C, en La Habana.

“Al tercer día fue que me llevaron al hospital a tomarme la presión”, relató, según declaraciones divulgadas por Martí Noticias. El activista aseguró que sufrió un infarto en marzo y que, tras salir de la unidad policial, su presión arterial continuaba fuera de control.

La denuncia apunta a la falta de asistencia médica durante el período en que permaneció detenido. De acuerdo con el relato del opositor, sus problemas de salud eran conocidos al momento de su arresto, pero no recibió sus medicamentos ni atención clínica inmediata.

La detención ocurrió el 16 de octubre y concluyó el 19, aunque el proceso abierto en su contra continuó. Durante el arresto, las autoridades le notificaron una acusación por presunta desobediencia.

Según la organización de asesoría jurídica Cubalex, las autoridades fijaron una fianza de 7,000 pesos cubanos (USD 8.51). El pago se demoró porque el banco no abrió durante el fin de semana, una circunstancia que prolongó su permanencia bajo custodia.

El caso se suma a denuncias por amenazas, agresiones y falta de medicamentos contra el activista

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) había alertado sobre la detención y sobre la falta inicial de información respecto del paradero del activista. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), que funciona dentro de esa institución, clasifica hechos de este tipo bajo el indicador de “uso abusivo del poder” cuando existen actuaciones administrativas, penales o policiales que, según su metodología, restringen derechos fundamentales.

En su último informe mensual, el OCLE señaló que el uso abusivo del régimen fue el principal indicador de vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa registrado durante septiembre en Cuba, con 49 menciones. El documento también describió casos de abandono médico en centros penitenciarios y denuncias de obstáculos para acceder a atención sanitaria bajo custodia estatal.

El caso cuenta con antecedentes. En julio, el OCLE documentó denuncias de agresiones, amenazas de muerte y privación de medicamentos contra el activista durante otro operativo de la Seguridad del Estado.

La nueva detención, junto con la acusación de desobediencia, la imposición de una fianza y la citación posterior, fue incorporada por el observatorio como un episodio de presunta vulneración de derechos. El foco del reclamo está en las condiciones de custodia de un hombre de 71 años con enfermedades crónicas y antecedentes cardíacos.

Una nueva denuncia sobre una presunta agresión física contra el preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler volvió a poner el foco sobre las condiciones de reclusión del activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide.

Según informó el Centro de Denuncias Defensa CD, el opositor habría sido sacado inconsciente del destacamento donde permanece recluido tras recibir una golpiza atribuida a un oficial penitenciario identificado como “Agustín”. La información fue comunicada a su hermana, Ariadna Álvarez Rensoler, durante una llamada telefónica.

Hasta el momento, no se difundieron datos verificables sobre el estado de salud del activista, la fecha exacta del episodio ni las circunstancias en las que se habría producido la agresión.

La denuncia reclama a las autoridades penitenciarias información inmediata sobre su paradero, acceso de sus familiares y atención médica independiente.

De acuerdo con ese reporte, Roilán habría quedado inconsciente después de recibir golpes dentro del centro penitenciario.

El caso se suma a otros episodios de presunta violencia y restricciones contra el activista desde que fue privado de libertad en enero de 2026. Organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión han advertido sobre los riesgos que enfrenta bajo custodia del régimen.

Hubo denuncias previas por golpes, aislamiento y restricciones familiares

En julio, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó otra denuncia de violencia en la Prisión Provincial de Holguín. Según ese registro, Roilán afirmó que recibió golpes con un palo, sufrió lesiones en la cabeza y fue objeto de intentos de asfixia.

Un mes después, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) informó que el preso político fue trasladado a una celda de castigo y que se le negó una visita familiar. El organismo incorporó el nuevo señalamiento bajo el indicador de “agresiones físicas”, al considerar que se trata de una denuncia de violencia atribuida a un funcionario penitenciario contra una persona encarcelada por motivos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión.

El OCLE sostuvo que todavía es necesario determinar cuándo ocurrió el hecho, cómo se produjo y cuáles fueron sus consecuencias médicas. La falta de información oficial mantiene sin respuesta las preguntas centrales del caso.

CIDH otorgó medidas cautelares para proteger al opositor

Roilán cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha alertado sobre los riesgos para su vida e integridad personal. Esa protección busca que el régimen cubano adopte acciones para preservar su salud y garantizar condiciones compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Las medidas cautelares no resuelven el fondo de una denuncia ni determinan responsabilidades penales, pero implican un llamado a prevenir daños irreparables. En este contexto, los familiares y organizaciones que acompañan el caso reclaman una evaluación médica externa, comunicación directa con el detenido y una investigación sobre la conducta del funcionario señalado.

La nueva denuncia se conoce mientras persisten los reclamos por garantías para los presos políticos en la isla y por mecanismos de verificación independientes dentro de los centros penitenciarios.

El director general de Transporte de Carga, David Aguirre, informó que las inspecciones diarias a vehículos pesados pasaron de nueve a 88 en octubre. El funcionario indicó, durante una entrevista en Noticiero El Salvador, que el aumento responde a la aplicación escalonada de controles técnicos y operativos.

“Pasamos de llevar nueve inspecciones diarias. Hoy en octubre hemos logrado 88”, afirmó Aguirre. Según explicó, los talleres disponibles tienen capacidad para atender hasta 448 vehículos cada día, lo que equivale a una ocupación aproximada del 20%.

Las revisiones técnicas forman parte de una disposición que fue publicada en abril de 2026 y que comenzó a aplicarse el 8 de agosto, luego de un plazo de 120 días concedido al sector para preparar las condiciones necesarias. La primera fase alcanzó a cabezales y remolques modelo 1999 o anteriores, además de unidades de volteo.

Desde noviembre, la revisión técnica vehicular alcanzará a cabezales y remolques

Aguirre recordó que a partir del 1 de noviembre la revisión técnica vehicular incluirá a todos los cabezales y remolques. La medida amplía el alcance de la primera etapa y establece nuevos controles para las unidades articuladas que circulan por la red vial.

A su vez, señaló que las inspecciones se enfocaron primero en aspectos esenciales para la seguridad, como el estado de los neumáticos, el funcionamiento de los frenos y la operatividad de las luces. El nivel de exigencia aumentará de forma progresiva a medida que avance el proceso.

“Detectamos debilidades en temas muy generales. La prioridad es que las llantas estén en buenas condiciones y que los sistemas de frenos y luces funcionen correctamente”, sostuvo Aguirre.

A su vez, las autoridades también mantienen operativos permanentes en carretera. Estos controles incluyen la supervisión de la velocidad, pruebas antidopaje, pesajes en distintos puntos de la red vial nacional y verificaciones de las condiciones de los vehículos.

Aguirre advirtió sobre los riesgos de la distracción al volante en las carreteras

El director general remarcó que la seguridad vial no depende únicamente del estado mecánico de las unidades. También involucra a las empresas de transporte, a los propietarios de vehículos particulares, a los motociclistas y, de forma directa, a quienes conducen camiones de carga.

Aguirre recomendó a los conductores respetar los límites de velocidad y utilizar el carril derecho cuando corresponda. “El objetivo principal de estas acciones es salvar vidas”, afirmó.

También mencionó que las autoridades desarrollan capacitaciones con empresas del sector. Para el viernes, se tiene prevista una jornada de refuerzo sobre seguridad vial para más de 300 conductores activos y futuros operadores que participarán en el período de zafra, la cual iniciará a mediados de noviembre.

De igual manera, Aguirre vinculó estas acciones con la necesidad de reducir conductas de riesgo en las carreteras.

“Ya no es propiamente algo vinculado al vehículo de carga, también están la distracción al volante y el factor humano”, dijo. Las inspecciones técnicas y los controles en ruta continuarán como parte de la estrategia para elevar las condiciones de seguridad en las carreteras del país.

La Fuerza Antipandillas de Haití (GSF, por su siglas en inglés) confirmó este jueves la llegada de un contingente salvadoreño para reforzar la búsqueda y liberación de cuatro técnicos de aviación de El Salvador secuestrados tras un ataque de pandillas.

La misión tiene como objetivo apoyar las operaciones que ya desarrollan las autoridades haitianas y la fuerza multinacional. Los soldados permanecen desaparecidos desde el domingo 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe. De acuerdo con las autoridades, hombres armados abrieron fuego y utilizaron explosivos contra el vehículo, que se incendió tras la emboscada.

Los técnicos lograron salir del vehículo, pero las autoridades perdieron contacto con ellos después de que huyeron por un sector bajo influencia de grupos criminales.

De acuerdo con AP, El Salvador desplegó 100 integrantes de sus fuerzas especiales. A su vez, la agencia señala que un funcionario salvadoreño, en condición de anonimato, sostuvo que otro centenar de efectivos serían enviados a Haití durante la noche del jueves. Según esa fuente, el operativo trabaja bajo la premisa de que los cuatro hombres continúan con vida.

Bukele lanzó una advertencia a las pandillas

El jefe de Estado salvadoreño puso en marcha una operación militar cuyo único objetivo es recuperar a los técnicos “vivos y sin daños”. Además, sostuvo que los desaparecidos no tenían tareas de combate y que su misión se concentraba en labores aéreas, evacuaciones médicas y apoyo técnico.

En un mensaje dirigido a los líderes de las pandillas haitianas, Bukele aseguró que la ofensiva podía escalar si los cuatro hombres no eran liberados. También planteó que la situación volvería al punto anterior al secuestro si los salvadoreños regresaban con vida e ilesos.

El ataque ocurrió mientras los técnicos regresaban a su base tras realizar compras de alimentos, según la versión difundida por el gobierno salvadoreño y recogida por medios internacionales. La zona de Santo forma parte de Croix-des-Bouquets, un municipio donde operan grupos armados y que registra enfrentamientos frecuentes entre las pandillas y las fuerzas de seguridad.

Haití declaró que la liberación es una prioridad

El Gobierno de Haití calificó la liberación de los cuatro técnicos como una “prioridad absoluta” y comunicó que movilizaría los recursos necesarios para ubicarlos. La declaración siguió a una reunión en la oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, para evaluar las operaciones en curso y coordinar medidas con la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Las autoridades informaron que la Policía Nacional de Haití y las unidades internacionales presentes en el país mantienen operativos en el área del ataque. Los residentes recibieron advertencias para permanecer en sus viviendas ante la continuidad de los enfrentamientos.

El contingente salvadoreño forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión multinacional respaldada por Naciones Unidas que comenzó a operar tras el reemplazo de la fuerza encabezada por Kenia. La nueva estructura reúne a poco más de 2,000 efectivos, por debajo de los 5,500 previstos para su despliegue total.

No hay una banda que se haya atribuido el ataque

Hasta el jueves, ninguna organización criminal se había atribuido la emboscada ni había divulgado información sobre el paradero de los cuatro salvadoreños. AP señaló que el ataque ocurrió en un territorio asociado con la banda Chèn Méchan, mientras que el grupo 400 Mawozo tiene presencia en sectores cercanos y dispone de mayor capacidad de fuego.

El analista Diego Da Rin, del International Crisis Group, advirtió a AP que localizar a los técnicos podría resultar muy difícil si las pandillas no deciden entregarlos. También sostuvo que el secuestro podría utilizarse para presionar a las autoridades y evitar operaciones de seguridad dentro de zonas bajo control criminal.

La educación pública en Nicaragua acumuló una evaluación negativa entre las personas que participaron en la “Consulta Ciudadana de septiembre de 2026″, elaborada por Hagamos Democracia NIC-CR. De las 397 respuestas recogidas sobre ese servicio, 342, equivalentes al 86.1%, la calificaron de forma desfavorable.

El sondeo, realizado en 40 unidades territoriales del país, también indagó sobre la percepción de adoctrinamiento político en centros educativos. De las 392 personas que respondieron esa pregunta con “sí” o “no”, 347 afirmaron haberlo observado. La cifra representa el 88.5% de las respuestas sustantivas.

El informe reúne 400 respuestas válidas y define su alcance como descriptivo y no probabilístico. Por ello, los resultados exponen las opiniones de quienes participaron en la consulta y no pueden trasladarse como una estimación estadística del conjunto de la población nicaragüense.

La partidización del sistema educativo fue el problema más mencionado por las personas que calificaron negativamente la enseñanza pública. De las 342 respuestas desfavorables, 285 señalaron ese aspecto, lo que equivale al 83.3% de ese grupo.

La consulta permitió elegir más de una respuesta. Después de la partidización, 126 personas, el 36.8%, apuntaron a deficiencias en los programas académicos. La misma cantidad consideró insuficiente la preparación del personal docente.

Otros cuestionamientos tuvieron menor peso dentro de ese grupo. Un total de 43 participantes, el 12.6%, aludió al deterioro de la infraestructura, mientras que 38, el 11.1%, señaló falta de recursos.

La información sitúa la valoración del servicio más allá de los problemas materiales. Entre las respuestas recogidas aparecen, al mismo tiempo, objeciones sobre la calidad de los contenidos, la formación de docentes y la presencia de criterios políticos en el funcionamiento de las instituciones.

La mayoría ubicó el adoctrinamiento en centros públicos y privados

El cuestionario también pidió precisar en qué tipo de institución se había observado adoctrinamiento. De las 347 personas que respondieron afirmativamente, 346 detallaron el ámbito donde lo habían percibido.

La opción mayoritaria fue que el fenómeno ocurre tanto en instituciones públicas como privadas. Esa respuesta reunió a 285 personas, el 82.4% de quienes identificaron adoctrinamiento y luego contestaron la pregunta de seguimiento.

Otras 57 personas, el 16.5%, señalaron exclusivamente a instituciones públicas. Tres participantes, el 0.9%, ubicaron esa práctica exclusivamente en establecimientos privados. Una persona no precisó el lugar o dijo no saber dónde ocurría.

La evaluación negativa bajó frente a junio, aunque siguió por encima del 80%

El informe comparó los resultados de septiembre con la consulta anterior, realizada en junio. La proporción de respuestas negativas sobre educación pública pasó de 92.9% a 86.1%, una reducción de 6.8 puntos porcentuales.

La percepción de adoctrinamiento también descendió en esa comparación: fue de 91.1% en junio y de 88.5% en septiembre. Pese a esa baja, ambos indicadores permanecieron por encima del 80% entre las respuestas sustantivas de la ronda más reciente.

Hagamos Democracia NIC-CR advierte que las diferencias entre ambas consultas son descriptivas. La composición de los grupos consultados puede variar y, debido al carácter no probabilístico de la muestra, los cambios no permiten establecer una evolución de la población general.

El Gobierno de República Dominicana aseguró, este jueves, que mantiene desplegados más de 10 mil efectivos militares en la frontera con Haití, mientras una operación de la Fuerza de Represión de Pandillas busca localizar a cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en las cercanías de Puerto Príncipe.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sostuvo que han reforzado durante los últimos años el control de los casi 300 kilómetros de línea limítrofe. También afirmó que el Ejecutivo dispondrá de recursos adicionales si la evolución de la crisis haitiana lo requiere.

Paliza indicó que la situación en Haití mantiene la atención de los organismos de seguridad dominicanos, aunque descartó que los enfrentamientos registrados del otro lado de la frontera hayan generado, hasta el momento, incidentes en territorio nacional.

“Cualquier elemento que pueda necesitarse adicionalmente en el transcurso de los próximos días, semanas y meses, el Gobierno dominicano lo hará para proteger nuestra integridad”, afirmó.

El funcionario sostuvo que Dominicana enfatizó que no ha registrado hechos que comprometan la seguridad del Estado como consecuencia directa de la crisis haitiana.

La operación se desarrolla a unos 45 kilómetros de Jimaní

La alerta fronteriza coincide con una operación por aire y tierra contra las pandillas haitianas, iniciada luego de la desaparición de cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por las Naciones Unidas ONU.

Los individuos desaparecieron el domingo 18 de octubre después de que hombres armados atacaran con explosivos el vehículo blindado en el que viajaban en la zona de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Lograron salir del vehículo, que se incendió durante la emboscada, pero desde entonces no se conoció su paradero.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este miércoles que los cuatro hombres permanecen en poder de pandillas haitianas y anunció el inicio de una operación militar para rescatarlos. El mandatario precisó que se trata de técnicos de aviación, cuya labor dentro de la misión incluye evacuaciones médicas y apoyo aéreo.

De acuerdo con el reporte de Noticias RNN, la ofensiva se concentra en zonas próximas a la Ruta Nacional 8, un corredor que comunica áreas de Puerto Príncipe con puntos del sur y el este haitiano. Unos 45 kilómetros del paso fronterizo de Jimaní, en la provincia de Independencia.

La evolución de la operación para encontrar a los cuatro salvadoreños, sin embargo, mantiene la atención sobre una zona donde las pandillas conservan capacidad para atacar a fuerzas internacionales.

Transporte dominicano limita el ingreso de camioneros a Haití

La escalada de violencia llevó a la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) a recomendar que los camioneros del país no ingresen a territorio haitiano. La entidad planteó que las mercancías sean entregadas en la frontera para que transportistas haitianos las trasladen hasta su destino final.

La medida busca reducir la exposición de conductores dominicanos ante posibles ataques en las rutas comerciales del país vecino. El comercio bilateral y el transporte de bienes son actividades sensibles en la zona fronteriza, donde los controles de seguridad se mantienen bajo vigilancia permanente.

Un hombre de 70 años identificado como Ramón Alarcón Deliz denunció que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo han detenido y hostigado en varias ocasiones cuando acude a la iglesia Siervas de María, en El Vedado, para recibir alimentos. El testimonio fue difundido por el medio comunitario Amanecer Habanero, vinculado al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Ramón afirmó que estas actuaciones se repiten contra personas que duermen en la calle o que frecuentan espacios donde reciben ayuda. Según relató, los policías le solicitan su documento de identidad y lo trasladan sin que, a su entender, exista una causa relacionada con un delito.

“Es una falta de respeto que llamen a un hombre ya de sesenta años a estarle pidiendo carnet sin tener delito, sin tener nada, mortificarlo por gusto”, expresó en declaraciones recogidas por Amanecer Habanero.

A su vez, el adulto mayor cuestionó que los controles recaigan sobre adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, mientras, según su percepción, otros hechos delictivos reciben una atención diferente. “Donde esté durmiendo un hombre, tú tienes que dejarlo porque ese hombre no te ha hecho nada”, sostuvo.

De acuerdo con el relato divulgado por el citado medio comunitario, los hechos ocurrirían en el municipio Plaza de la Revolución, donde se realizarían operativos policiales con frecuencia contra personas identificadas como habitantes de calle.

De igual forma, Ramón señaló que en esas intervenciones algunos hombres son trasladados durante la noche y liberados por la mañana. También denunció presuntos malos tratos.

“El caso expone el reclamo de personas que dependen de redes de asistencia para acceder a alimentos y de organizaciones religiosas que ofrecen apoyo a sectores con necesidades básicas insatisfechas”, según el ICLEP.

“Venimos a buscar un desayuno”, dijo el denunciante

El hombre explicó que su presencia frente a la iglesia Siervas de María está relacionada con la entrega de comida. “Nosotros venimos aquí a coger un desayuno que nos van a dar. Nosotros no venimos aquí a robar ni a nada”, afirmó. Y agregó: “En este país. Esto ya eso se ha convertido en un ejercicio social”, reclamó.

Durante el registro audiovisual, otra voz insiste en que la iglesia tampoco recibe respeto durante estas actuaciones. Ramón respondió que quienes acuden al lugar pertenecen a la comunidad religiosa y que su objetivo es recibir el desayuno.

“La iglesia no la respetan. Nosotros pertenecemos a la iglesia”, declaró. El testimonio vincula la denuncia con la situación de quienes buscan alimentos en instituciones religiosas ante dificultades económicas y falta de recursos para cubrir sus necesidades diarias.

El hombre también cuestionó el trato dispensado a personas de edad avanzada. En su intervención, reclamó que no se someta a controles y traslados a quienes, según dijo, no han cometido infracciones. “¿Qué somos nosotros, muchachos?”, preguntó al referirse a los procedimientos que describió.

La acusación se suma a los señalamientos sobre la situación de personas sin vivienda estable, adultos mayores y ciudadanos que dependen de la ayuda comunitaria para alimentarse en La Habana.

Una mujer fue rescatada este miércoles tras quedar atrapada por la repentina crecida de un río mientras lavaba ropa en el caserío Chanzunte, distrito de Nueva Concepción, municipio de Chalatenango Centro, informó Cruz Verde Salvadoreña.

La emergencia ocurrió cerca de las 17:00 (hora local) en las cercanías del desvío de Jute. De acuerdo con el reporte de la institución de socorro, la mujer se encontraba en la zona del río cuando el aumento del caudal la sorprendió y le impidió volver a la orilla.

Lugareños alertaron a las autoridades sobre la situación. La afectada logró sujetarse de árboles y vegetación en medio de la corriente para evitar que el agua la arrastrara. Permaneció refugiada en ese punto durante más de tres horas, mientras las unidades de emergencia organizaban las maniobras para llegar hasta ella.

Cruz Verde Salvadoreña activó unidades de la zona norte tras recibir el aviso. En el operativo participaron socorristas de las seccionales de Tejutla, Chalatenango, Aguilares y Guazapa, según informó Brian López, de la institución humanitaria.

Bomberos indicó que la mujer quedó aislada por la creciente mientras realizaba labores de lavado. El personal operativo accedió al sector donde se encontraba y efectuó las maniobras necesarias para ponerla a salvo.

“Para evitar ser arrastrada por la corriente, logró sujetarse de árboles y matarrales”, informó Bomberos de El Salvador en su reporte sobre la emergencia.

El rescate reunió a socorristas, bomberos y personal del Sistema Nacional de Protección Civil

Las labores se realizaron de forma articulada entre Cruz Verde Salvadoreña, Bomberos de El Salvador y otras instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Los equipos tuvieron que evaluar las condiciones del afluente y el acceso al punto donde permanecía la mujer, debido al caudal generado por la lluvia.

La coordinación permitió trasladarla desde la zona de riesgo hasta un lugar seguro. Bomberos confirmó que el rescate finalizó sin que la corriente arrastrara a la víctima.

Tras la extracción, la mujer fue entregada al personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), identificado como SEM 132, para una evaluación inicial. La unidad intervino para estabilizarla y coordinar su traslado a un centro asistencial.

Cruz Verde Salvadoreña informó que una ambulancia la llevó hacia el hospital de Nueva Concepción. La Secretaría de Prensa de la Presidencia señaló, a su vez, que recibió atención médica tras la respuesta de las instituciones de Protección Civil.

La víctima fue trasladada al hospital de Nueva Concepción

Las autoridades no informaron la identidad de la mujer ni precisaron su estado de salud después de su ingreso al centro médico. Tampoco difundieron datos sobre lesiones derivadas de la permanencia en el río o de las condiciones en las que ocurrió el rescate.

La intervención se produjo en el contexto del Plan Invierno 2026, con el que las instituciones de primera respuesta mantienen operativos ante incidentes vinculados con lluvias, inundaciones y crecidas repentinas de ríos.

Bomberos recordó que el número de emergencias es el 913. Las autoridades recomiendan evitar el ingreso a ríos y quebradas durante lluvias o cuando existan señales de incremento en el caudal, ya que las corrientes pueden variar en pocos minutos.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), adscrito al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), documentó 134 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante septiembre de 2026, un incremento del 8.9% frente a agosto y del 57.6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El reporte, publicado el 20 de octubre, registró 106 hechos en el país, de los cuales 74 estuvieron vinculados con libertad de expresión y 32 con libertad de prensa. La primera categoría acumuló 95 vulneraciones, mientras que la segunda sumó 39, una suba mensual del 129.4%.

Según el Observatorio, el dato marca el regreso del periodismo independiente como principal blanco del hostigamiento. Los periodistas concentraron 30 hechos, el 30% de los casos con víctimas individualizadas. Los presos políticos quedaron en segundo lugar, con 29 registros.

El indicador más frecuente fue el uso abusivo del poder del régimen con 49 casos, equivalente al 36,6% del total. La categoría incluye la utilización de mecanismos administrativos, migratorios, judiciales, penales y penitenciarios con fines de censura o restricción de movimientos.

Los ataques, amenazas y agresiones psicológicas ocuparon el segundo lugar, con 48 menciones. Ambos indicadores reunieron 97 de las 134 violaciones contabilizadas, el 72.4% del registro mensual.

El informe también documentó 26 detenciones arbitrarias, siete agresiones físicas, tres casos de reclusión y una restricción en el espacio digital. Las agresiones físicas crecieron de tres a siete respecto de agosto y cuadruplicaron el registro de septiembre de 2025, cuando se reportó un solo caso.

De acuerdo con el OCLE, cuatro de esas siete agresiones ocurrieron en prisiones, donde se registraron denuncias de falta de atención médica, traslados punitivos, aislamiento e incomunicación de reclusos.

La Habana concentró casi seis de cada 10 hechos documentados

La Habana fue el principal foco territorial de las violaciones, con 63 de los 106 hechos registrados, el 59.4% del total. Le siguieron Camagüey, con 16 episodios, y Las Tunas, con 10.

El Ministerio del Interior estuvo involucrado en 91 hechos, según el informe. Dentro de esa estructura, la Seguridad del Estado figuró en 51 casos, la Policía Nacional Revolucionaria en 30 y el Sistema Penitenciario en 24.

El Sistema Judicial apareció relacionado con 21 hechos. El Observatorio vinculó parte de estos registros con actuaciones de tribunales y fiscalías provinciales, medidas cautelares y procesos penales contra opositores, activistas y periodistas.

Entre los principales detonantes de la represión, el reporte señaló 35 hechos relacionados con vigilancia y hostigamiento sistemático sobre personas ya identificadas por las autoridades. El contacto con la comunidad internacional ocupó el segundo lugar, con 27 casos.

Prisión preventiva y exilio forzado entre los casos destacados

El OCLE incluyó entre los casos emblemáticos la prisión preventiva del periodista Henry Constantín Ferreiro, director del medio independiente La Hora de Cuba. Según el informe, fue detenido el 16 de septiembre en Camagüey tras acudir a una citación verbal y trasladado el 24 de septiembre a la cárcel de Kilo 7.

El reporte señaló que las autoridades le impusieron una medida cautelar por un presunto delito de desobediencia. El periodista acumuló 10 hechos en el registro mensual, la mayor cifra entre las víctimas individualizadas.

También documentó el exilio de Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero, y de su esposa, Soreidis Anisley Álvarez Peña, redactora de esa publicación y embarazada.

Ambos salieron de Cuba hacia Brasil el 29 de septiembre, según el ICLEP, después de que la Seguridad del Estado le planteara al periodista la alternativa entre enfrentar un proceso penal o abandonar el país.

El Observatorio aclaró que sus datos corresponden a hechos documentados y verificados hasta el 30 de septiembre. También advirtió que las dificultades de acceso a la información, el temor a represalias y la falta de respuesta oficial pueden provocar subregistros.

El Ejército de Nicaragua informó este miércoles la incautación de 499 paquetes rectangulares de cocaína dentro de una embarcación interceptada en el océano Pacífico, frente al departamento de Managua. El operativo, según la institución militar, concluyó con la retención de un hombre de 59 años, mientras otros dos ocupantes escaparon tras arrojarse al agua.

La citada acción ocurrió el 20 de octubre en un operativo entre tropas del Distrito Naval Pacífico y del Segundo Batallón de Tropas Navales de la Fuerza Naval junto con efectivos de la Policía Nacional. La operación tuvo como objetivo una embarcación llamada “Nazareth”, que navegaba de sur a norte frente a las costas nicaragüenses.

Según la versión oficial, las unidades de superficie detectaron a la embarcación a 1.5 millas náuticas al oeste de Pochomil, en el municipio de San Rafael del Sur. A su vez, el Ejército señaló que la lancha intentó evitar la intercepción tras advertir la presencia de los patrullajes navales.

La institución castrense afirmó que sus tropas efectuaron disparos de advertencia a la altura de playa Salamina. Después de esa maniobra, los militares lograron detener a Segundo U. de 59 años, quien se encontraba a bordo de la embarcación.

Por su parte, los otros dos ocupantes de la lancha se lanzaron al mar y abandonaron la embarcación, según la citada nota de prensa. Las autoridades no divulgaron sus identidades ni informaron si desplegaron una búsqueda posterior para localizarlos.

Las autoridades encontraron droga y tres barriles de combustible a 15 millas de Masachapa

Durante la inspección de la lancha, las fuerzas de seguridad encontraron un total de 499 paquetes rectangulares de cocaína y tres barriles de combustible, informó el Ejército. El texto oficial no indicó el peso total de la sustancia ni precisó si los paquetes fueron sometidos a pruebas de laboratorio.

A su vez, la embarcación fue localizada en coordenadas situadas a 15 millas náuticas al noroeste de Masachapa, localidad costera del municipio de San Rafael del Sur, en el departamento de Managua. Esa zona se encuentra en el litoral del Pacífico nicaragüense.

La presencia de los barriles de combustible sugiere que la lancha tenía capacidad para recorrer trayectos prolongados, aunque el comunicado no estableció el punto de partida de la embarcación ni su posible destino. Tampoco informó si la nave tenía matrícula visible o documentación de navegación.

El Ejército señaló que el detenido, la droga, la lancha y los demás elementos ocupados quedaron a disposición de las autoridades competentes. El documento no menciona qué institución asumió la investigación ni si la Policía Nacional abrió un expediente por el caso.

Por el momento, no hay información oficial sobre la procedencia del cargamento, la ruta que habría seguido la embarcación o eventuales vínculos con una estructura de narcotráfico. Tampoco se conoce el valor estimado de la cocaína decomisada.

Las autoridades responsables deberán determinar el peso, la pureza y el origen de la sustancia encontrada en la “Nazareth”, así como la identidad de los dos hombres que, según el Ejército, abandonaron la lancha durante la persecución.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, a cargo de la jueza uno, impuso condenas de hasta 565 años de prisión a 116 integrantes de la clica Fulton Locos Salvatruchos por delitos relacionados con homicidios, extorsiones, narcotráfico, lavado de dinero y tenencia ilegal de armas, según informó este miércoles Centros Judiciales.

La resolución abarcó hechos de homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito, lavado de dinero y de activos, además de proposición y conspiración para cometer extorsión agravada y homicidio agravado. Los procesados también recibieron condenas por agrupaciones ilícitas y por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz pública.

La pena más alta recayó sobre Joel Amílcar Miranda García, quien deberá cumplir 565 años de cárcel. El tribunal lo declaró culpable por 12 casos de tráfico ilícito, 13 de extorsión agravada, cuatro de proposición y conspiración para cometer extorsión agravada, además del delito de agrupaciones ilícitas.

Según el reporte judicial, las condenas reflejan el número y la diversidad de delitos atribuidos a los miembros de la estructura. En el caso de Miranda García, la sentencia incluyó una serie de operaciones vinculadas al tráfico de drogas y a exigencias económicas dirigidas contra víctimas de extorsión.

El segundo castigo más elevado fue impuesto a Ángel Bryan Ramírez, condenado a 430 años de prisión. La sentencia en su contra comprende seis casos de tráfico ilícito, 12 de extorsión agravada y cinco de proposición y conspiración para cometer extorsión agravada. También fue hallado culpable de agrupaciones ilícitas.

Por su parte, Brandon Alexander Calderón Escobar recibió una pena de 305 años de cárcel. El fallo lo responsabilizó por siete casos de tráfico ilícito, cuatro de extorsión agravada, dos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, además de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Los restantes 113 imputados fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 20 y los 265 años de prisión, de acuerdo con la información divulgada por Centros Judiciales.

La investigación identificó movimientos de droga en el occidente salvadoreño

La jueza señaló que las herramientas especiales de investigación permitieron establecer que los integrantes de los Fulton Locos Salvatruchos coordinaban movimientos de droga en el occidente de El Salvador.

La investigación también derivó en detenciones en flagrancia. Algunos de los condenados fueron capturados con más de USD 3,000 en efectivo, circunstancia por la cual el tribunal sumó condenas por lavado de dinero y de activos.

El expediente judicial incluyó delitos vinculados con la operación financiera de la estructura, el control territorial y las amenazas contra comerciantes y otros ciudadanos. Las penas impuestas se acumularon según los ilícitos probados en cada caso.

Las víctimas pagaban entre USD 40 y USD 10,000 mensuales

Las víctimas de extorsión declararon que los miembros de la pandilla les exigían pagos mensuales de entre USD 40 y USD 10,000. De acuerdo con sus testimonios, las exigencias estaban acompañadas por amenazas de ataques contra ellas o sus familiares si se negaban a entregar el dinero.

Centros Judiciales indicó que la sentencia estableció la responsabilidad penal de los 116 acusados dentro de una estructura a la que se atribuyeron actividades de extorsión, narcotráfico y hechos violentos. La resolución fue emitida por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 22 las provincias en alerta verde ante el pronóstico de lluvias que comenzarán este jueves 22 de octubre y se extenderán durante el viernes y el sábado por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó durante una rueda de prensa que una corriente de humedad procedente del Caribe y del Pacífico favorecerá precipitaciones de importancia sobre el territorio nacional.

Según explicó Ceballos, el sistema comenzará a incidir con mayor fuerza a partir del jueves, aunque los acumulados más relevantes también se prevén para el viernes y el sábado. El pronóstico contempla tormentas eléctricas, aguaceros entre moderados y fuertes en forma local, además de ráfagas de viento que podrían ser ocasionalmente fuertes.

De igual manera, Ceballos indicó que las lluvias tendrán mayor incidencia en el litoral caribeño, desde el suroeste hasta el este del país. “Los mayores acumulados se van a estar presentando en la península de Haití, la península de Barahona y todo el litoral caribeño”, señaló.

La directora del Indomet mencionó de forma específica a Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís entre las áreas donde se esperan precipitaciones relevantes.

El COE activó sus planes de contingencia

El subdirector del COE, Erdwin R. Olivares, afirmó que la institución activó sus protocolos para este tipo de eventos meteorológicos. También indicó que los organismos que integran el sistema de respuesta estatal disponen de sus respectivos planes operativos.

“El Centro de Operaciones de Emergencia activa su plan de contingencia para eventos de esta naturaleza”, dijo Olivares. Entre las instituciones involucradas mencionó al Ministerio de Defensa, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los cuerpos de bomberos, el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía.

El funcionario agregó que este miércoles se realizó una reunión con representantes de los alcaldes del Gran Santo Domingo para coordinar medidas preventivas y alistamientos en comunidades vulnerables. La convocatoria respondió a instrucciones del presidente de la República, según explicó.

Olivares señaló además que el COE se comunicó con las gobernaciones de las provincias bajo alerta, con especial atención en el suroeste, donde las autoridades prevén una parte importante de las lluvias anunciadas.

Las 22 provincias bajo alerta verde

La alerta verde rige para San Cristóbal, Gran Santo Domingo, La Vega, Distrito Nacional, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Monte Cristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

El COE recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y adoptar medidas de prevención ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. También pidió evitar el uso de balnearios en las provincias incluidas en la alerta mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La vigilancia se mantendrá durante los próximos días, mientras Indomet actualiza los pronósticos sobre la evolución de la vaguada y la distribución de las lluvias en el país.

Un vehículo de transporte de carga perdió el control e impactó contra postes del tendido eléctrico en el bulevar Los Próceres, un accidente que dejó personas lesionadas y provocó restricciones al tránsito en la zona. El hecho ocurrió este miércoles 21 de octubre, en el tramo que conduce hacia el monumento Hermano Bienvenido a Casa en San Salvador.

Según el último reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), seis personas resultaron lesionadas luego de que el camión en el que viajaban chocara.

La PNC informó la captura dl conductor del camión de nombre Gerardo Esaú M., quien deberá responder por los daños ocasionados. El sinisetsro también afectó a otros automotores cercanos.

Un poste colapsó y afectó la circulación en la zona

La presencia de postes, cables y otros elementos dañados obligó a coordinar labores para retirar los obstáculos y reducir los riesgos en uno de los corredores con mayor circulación entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán.

El Viceministerio de Transporte (VMT) movilizó grúas al lugar para agilizar la liberación de la vía. La institución informó que el paso quedó habilitado de forma controlada en ambos sentidos, mientras continuaban los trabajos de remoción y las inspecciones.

Personal del VMT permaneció en el sitio para investigar las circunstancias del choque.

El ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, anunció que la unidad será decomisada y que se aplicarán sanciones al conductor y al camión involucrado. El funcionario atribuyó el accidente a una presunta excesiva velocidad, aunque las indagaciones oficiales seguían en curso.

“Decomisaremos el camión y aplicaremos todas las sanciones respectivas al conductor y camión que provocó el accidente en el Bulevar Los Próceres”, afirmó Rodríguez en redes sociales.

“El camión, corresponde a una empresa privada .Tiene seguro, y le daremos seguimiento a que se reparen los daños causados. Lamentablemente la excesiva velocidad causó este accidente”, expresó Rodríguez.

Los accidentes con vehículos de carga llevaron a reforzar controles

El percance ocurre tras varios accidentes recientes en los que estuvieron involucradas unidades de transporte de carga en carreteras salvadoreñas. Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se registraron siniestros con vehículos pesados en las cercanías del redondel Integración, en la carretera entre Ateos y Sonsonate, y en el sector de Los Chorros. Cada caso es investigado de forma individual para establecer causas y responsabilidades.

Ante esa situación, las autoridades reforzaron los controles sobre el estado mecánico de las unidades, la vigencia de permisos, el peso transportado, el aseguramiento de la carga y el cumplimiento de las rutas autorizadas. El VMT también ha decomisado vehículos por irregularidades como fallas en los frenos, neumáticos deteriorados y falta de documentos para circular.

El bulevar Los Próceres forma parte de las vías con limitaciones para el transporte de carga de 15 toneladas de peso bruto en adelante. La restricción rige de lunes a sábado, entre las 4:30 y las 9:00, y de las 16:00 a las 20:30, junto con otros accesos y salidas del Área Metropolitana de San Salvador.

Las autoridades mantienen operativos en carreteras y puntos de ingreso a la capital para verificar que los vehículos pesados respeten las restricciones de horario y las condiciones mínimas de seguridad.

El asesinato de Yudiley Rodríguez Enríquez, una mujer de 37 años conocida como “Mimí”, fue clasificado por el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) como el feminicidio número 58 registrado en Cuba en lo que va de 2026.

El crimen ocurrió el pasado 20 de octubre, cerca de las 17:00 (hora local), dentro de la vivienda de la víctima en el barrio de Margodo, municipio de Gibara, en la provincia de Holguín.

Según información que los familiares entregaron al observatorio, el presunto agresor fue identificado como Iram G., vecino de la víctima. El hombre la habría atacado con varios cuchillos, lo que le provocó heridas múltiples. La mujer murió desangrada, de acuerdo con el reporte difundido por la organización independiente.

En su reporte, OGAT incluyó el caso dentro de la categoría de feminicidio social, una clasificación que utiliza para hechos de violencia letal contra mujeres cometidos por personas sin relación de pareja ni parentesco con la víctima. El observatorio señaló que, según el testimonio de la familia, Yudiley había rechazado en varias oportunidades una conducta de acoso del presunto atacante contra otra integrante de su entorno familiar.

El ataque ocurrió delante de dos niñas, una de ellas hija de la víctima

A su vez, el crimen se produjo en presencia de dos niñas, entre ellas una hija menor de Yudiley. La nuera de la mujer logró sacar a las menores de la vivienda y pidió auxilio, según la información recopilada por OGAT.

El padre de la víctima también sufrió diversas heridas durante el ataque. No obstante, se encuentra fuera de peligro, indicaron las fuentes familiares citadas por el observatorio.

La organización pidió que las dos niñas reciban atención psicológica especializada y acompañamiento emocional tras haber presenciado el asesinato. A su vez, la institución reclamó medidas que garanticen su protección y bienestar luego de la violencia ocurrida en el hogar. “Es fundamental garantizar su protección y bienestar”, aseguró OGAT en su pronunciamiento.

Yudiley trabajaba como dependienta de una bodega, según el reporte. Era madre de cuatro hijos, de 18, 15, 13 y cuatro años. OGAT expresó sus condolencias a los hijos, al esposo, al padre y a otros familiares de la mujer, además de la comunidad afectada por el hecho.

OGAT registró 32 intentos de feminicidio en Cuba en lo que va de 2026

Con este caso, el Observatorio de Alas Tensas contabilizaba, al 21 de octubre, un total de 58 feminicidios, 32 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida en la isla en lo que va del año.

La entidad también informó que busca acceder a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz. A la vez, mantiene bajo observación como posible suicidio feminicida la muerte de Bárbara Sánchez González.

El observatorio indicó que investiga otros 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre en contexto feminicida que fueron alertados en 2025. Para 2026, la organización analiza además 11 posibles feminicidios y 11 intentos.

La Fuerza de Represión de Pandillas (FRP) o Gang Suppression Force, (GSF por sus siglas en inglés) informó este martes que continúan las operaciones para localizar a cuatro miembros salvadoreños de la fuerza internacional, desaparecidos después de un ataque armado ocurrido dos días antes en Santo, una zona de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, Haití.

Según el comunicado, las tropas de la FRP permanecen en el sector desde el domingo 18 de octubre y enfrentaron a integrantes de pandillas armadas con respaldo de helicópteros.

“El personal de la FRP continúa las operaciones de búsqueda”, señaló la fuerza en su comunicado. A su vez, pidió a los habitantes de Santo y de las comunidades cercanas que permanezcan dentro de sus viviendas y eviten las zonas en las que se desarrollan los operativos.

La FRP también informó que actuamente cuatro integrantes de la misión resultaron heridos y reciben tratamiento médico. El comunicado precisó que los informes preliminares señalan la muerte y las heridas de miembros de pandillas durante los enfrentamientos, aunque no divulgó cifras.

De igual manera, la FRP agradeció al Gobierno salvadoreño por la “estrecha coordinación” y por el apoyo adicional ofrecido tras el incidente. Además, aseguró que difundirá nuevas actualizaciones cuando la información pueda ser verificada a través de canales oficiales.

El ataque ocurrió el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets

Los cuatro desaparecidos son aerotécnicos salvadoreños de la Fuerza de Tarea Libertad II, desplegada en Haití dentro de la misión internacional de seguridad. La Fuerza Armada de El Salvador informó que el grupo viajaba de regreso a su campamento en un vehículo blindado cuando fue emboscado por grupos criminales armados.

De acuerdo con la versión de las autoridades salvadoreñas, los atacantes utilizaron armas de fuego y explosivos. El vehículo fue alcanzado y se incendió, pero sus ocupantes lograron salir antes de que las llamas lo consumieran. A partir de ese momento, se perdió el contacto con los cuatro efectivos.

Las fuerzas salvadoreñas enviaron helicópteros para apoyar la respuesta ante la emboscada. Sin embargo, las aeronaves también recibieron disparos. La Fuerza Armada indicó que hubo intentos de aproximación por tierra y aire, aunque la intensidad de los combates y las condiciones de seguridad impidieron concretar la extracción..

La búsqueda sigue en una zona bajo presión de las pandillas

Santo se encuentra en Croix-des-Bouquets, un municipio situado al este de Puerto Príncipe que ha registrado enfrentamientos entre grupos armados, la Policía Nacional Haitiana y la fuerza internacional. La presencia de pandillas en distintos barrios y rutas de acceso ha dificultado el despliegue de las autoridades y las tareas de asistencia a la población.

La FRP participa en operaciones junto con las fuerzas haitianas para recuperar el control de sectores afectados por la violencia. El operativo para localizar a los cuatro salvadoreños se desarrolla en ese escenario, con apoyo aéreo y presencia de tropas en el terreno.

Hasta el momento, se desconoce los nombres de los cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II ni la información sobre su estado de salud.

La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila solicitó siete años de prisión para Jonathan David Muir Burgos, un adolescente cubano de 16 años procesado por el presunto delito de sedición tras las protestas del 13 de marzo en Morón. Aunque fue excarcelado el 24 de junio, el joven permanece bajo una medida cautelar que limita sus desplazamientos, según documentó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Jonathan forma parte de un grupo de 19 personas procesadas por las manifestaciones que tuvieron lugar en Morón, en medio del descontento por los apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida. Las conclusiones provisionales de la Fiscalía contemplan penas de entre siete y 13 años de privación de libertad.

La petición contra el adolescente todavía no equivale a una condena. El expediente debe avanzar a la etapa judicial, donde corresponderá analizar los cargos, las pruebas y las responsabilidades atribuidas a cada acusado.

De acuerdo con la información publicada por Martí Noticias, la Fiscalía pidió la pena máxima de 13 años para Hosuán Naranjo Chacón. Para los adultos incluidos en la causa, entre ellos Brian Pérez Muñoz, solicitó 12 años de prisión.

Entre los menores de edad, Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 17 años, enfrenta una petición de ocho años. Para los demás adolescentes procesados, incluida la causa de Jonathan, las autoridades solicitaron siete años de cárcel.

La investigación se relaciona con los incidentes ocurridos frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) durante las protestas. Videos difundidos entonces mostraron daños contra puertas y ventanas, lanzamiento de piedras y quema de objetos en la vía pública.

Sin embargo, los antecedentes divulgados sobre la solicitud fiscal no precisan cuáles son las acciones concretas que la acusación atribuye de forma individual a Jonathan. Familiares de otros imputados cuestionaron la solidez de las pruebas y negaron que sus allegados hubieran intervenido en los hechos violentos.

Estuvo recluido en una prisión para adultos

El adolescente fue detenido el 16 de marzo después de acudir, junto con su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, a una citación policial. Permaneció más de tres meses privado de libertad y pasó parte de ese período en la prisión de Canaleta, una instalación para adultos de Ciego de Ávila.

Durante su encarcelamiento, familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron problemas en su estado de salud y dificultades para que recibiera asistencia médica por una afección dermatológica. El caso motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó medidas cautelares en abril ante el riesgo para su vida, integridad personal y salud.

El adolescente fue excarcelado el 24 de junio, aunque esa decisión no puso fin al proceso penal ni levantó las condiciones impuestas por el tribunal.

El ICLEP registró el caso bajo el indicador de reclusión

Según el ICLEP, el joven recibió una notificación judicial que le impide salir de su vivienda sin autorización. La medida admite excepciones para asistir al trabajo, concurrir a clases en su horario habitual o recibir atención médica.

El documento, de acuerdo con la información difundida por la organización, advierte que el incumplimiento de las condiciones puede derivar en una medida cautelar más restrictiva. La limitación mantiene al adolescente sujeto a control judicial pese a que ya no está recluido en un centro penitenciario.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), proyecto del ICLEP, documentó el expediente bajo el indicador de reclusión, que incluye medidas de confinamiento domiciliario relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Para la organización, la nueva petición fiscal y las restricciones posteriores a la excarcelación constituyen elementos de seguimiento de un caso que ya estaba bajo observación.

El distrito de Mercedes Umaña, en Usulután, registró 63 sismos en menos de nueve horas durante el martes 20 de octubre, de acuerdo con el más reciente balance publicado por el Ministerio de Medio Ambiente (Marn). Del total de movimientos detectados desde las 11:11 hasta las 20:00, cinco fueron percibidos por habitantes de la zona.

La actualización elevó el número de eventos sísmicos registrados durante la jornada y confirmó que la actividad continuaba en el distrito. El reporte oficial atribuyó la secuencia a la activación de fallas geológicas en el área.

El dato central del nuevo informe es el incremento de movimientos identificados por los sistemas de monitoreo. La sucesión de movimientos que se produjo a lo largo de 8 horas y 49 minutos.

De igual manera, el Marn indicó que, pese a la cantidad de eventos, solo cinco fueron sentidos por la población. La cifra de sismos percibidos se mantuvo en ese nivel en el último corte divulgado por la institución.

Los movimientos sísmicos pueden ser registrados por las estaciones de monitoreo sin que necesariamente sean percibidos por las personas. Esto suele ocurrir cuando presentan una magnitud baja, se producen a determinada profundidad o tienen un epicentro alejado de las zonas pobladas.

En el caso de Mercedes Umaña, 58 de los 63 eventos incluidos en el balance no fueron reportados como sentidos por los habitantes. Los otros cinco sí alcanzaron una intensidad que permitió que fueran percibidos en el distrito.

El informe compartido por el Ministerio detalló las magnitudes y las profundidades de cada uno de los sismos. El sismo más fuerte sentido en la zona se registró a las 11:23. Alcanzó una magnitud revisada de 3.6 y tuvo su epicentro a tres kilómetros al sur del distrito de Mercedes Umaña, en Usulután Norte, con una profundidad de un kilómetro.

Fallas geológicas de la zona

La institución explicó que la secuencia responde a la activación de fallas geológicas en el área. Estas estructuras son fracturas presentes en la corteza terrestre, donde puede producirse un desplazamiento que libera energía y genera movimientos sísmicos.

La explicación descarta, según el reporte divulgado, que los eventos correspondan a otra fuente de actividad geológica. El monitoreo se concentró en el distrito de Mercedes Umaña, donde el número de sismos aumentó durante la tarde del martes.

La institución pidió mantenerse atenta a las comunicaciones oficiales ante cualquier nueva actualización sobre la actividad sísmica en la zona.

De igual manera, Como medida preventiva, Comandos de Salvamento, Filial Alegría, desplegó operativos junto con instituciones de primera respuesta en el distrito de Alegría, Usulután Norte, tras los sismos percibidos en Berlín y sectores aledaños. Las acciones incluyeron evacuaciones en la Alcaldía de Alegría, el Instituto Nacional de Alegría y el Centro Escolar Alberto Masferrer.

La organización informó que los movimientos reportados tuvieron diversas magnitudes. Por ese motivo, se priorizó la seguridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y otras personas que se encontraban en los inmuebles. También pidió a la población mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y evitar difundir información sin confirmar.

Un incendio afectó seis viviendas, un área de parqueo y un residencial de 10 apartamentos en el sector Pueblo Nuevo de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, durante la tarde del martes 20 de octubre. Cuatro inmuebles quedaron destruidos por el fuego y otros dos registraron daños parciales, según informó el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

La emergencia comenzó a las 15:38 (hora local) en la calle Gregorio Reyes, donde las llamas se propagaron entre varias estructuras residenciales. El siniestro también alcanzó propiedades cercanas debido a la radiación térmica, que impactó en un complejo habitacional con cerca de 10 apartamentos.

De acuerdo con el reporte preliminar difundido por el organismo de socorro, la intervención permitió contener el avance del fuego antes de que se extendiera hacia más viviendas de la zona. El Cuerpo de Bomberos no informó sobre personas lesionadas ni precisó si las familias afectadas tuvieron que ser evacuadas.

Cuatro unidades y tres camiones cisterna participaron del operativo

Para enfrentar el incendio, el Cuerpo de Bomberos de Santiago desplegó cuatro unidades de combate contra incendios y tres camiones cisterna. Los equipos se concentraron en sofocar los focos activos, proteger las viviendas que aún no habían sido alcanzadas y reducir el riesgo de una nueva propagación en el entorno.

La presencia de camiones cisterna permitió reforzar el suministro de agua durante las tareas de extinción. Ese recurso resulta determinante en incidentes que afectan varias construcciones, donde el fuego puede avanzar entre techos, paredes divisorias y materiales almacenados en patios o áreas comunes.

El parte institucional indicó que el fuego ocasionó pérdidas totales en cuatro viviendas. Otras dos estructuras sufrieron daños parciales, aunque no se detalló el alcance de las afectaciones en cada caso ni el tipo de bienes destruidos dentro de los inmuebles.

También resultó afectado un espacio de estacionamiento. La radiación generada por las llamas alcanzó un residencial ubicado en las cercanías, con aproximadamente 10 apartamentos, lo que obligó a concentrar recursos en la protección de ese edificio.

El operativo estuvo supervisado por el general Alexis Moscat, intendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quien coordinó la asignación de recursos para responder a la emergencia, de acuerdo con la institución.

La conducción operativa de las labores estuvo a cargo del mayor Leonardo Almonte, acompañado por el teniente coronel Luis Cabrera. Ambos encabezaron el despliegue de las unidades en el lugar y las acciones para controlar los sectores donde persistían las llamas.

El incendio se produjo en un área residencial de Pueblo Nuevo, uno de los sectores de Santiago de los Caballeros. La cercanía entre las viviendas y las estructuras aledañas elevó el riesgo de que el fuego alcanzara una mayor cantidad de inmuebles.

El organismo no difundió todavía una estimación económica de las pérdidas. Tampoco precisó si alguna de las viviendas afectadas presentaba condiciones estructurales que pudieran haber facilitado la expansión del fuego.

Las causas y circunstancias que originaron el incendio serán determinadas por el Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de Santiago y los organismos competentes. La investigación deberá establecer el punto de inicio del fuego, los materiales involucrados y cualquier otro factor que haya influido en su propagación.