La Policía Nacional de República Dominicana informó que ejecutó 483 órdenes de arresto por casos de violencia de género e intrafamiliar entre el 25 de septiembre y el 18 de octubre de 2026.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), en coordinación con el Ministerio Público y las fiscalías de distintas zonas.

La institución indicó que durante ese período recibió 193 nuevas órdenes judiciales, mientras que concretó 483 arrestos. La diferencia responde a la ejecución de mandamientos que permanecían pendientes de períodos anteriores y que fueron incorporados a las labores operativas de las unidades investigativas.

De acuerdo con los datos oficiales, el número de órdenes ejecutadas equivale al 250% de las órdenes recibidas durante las fechas analizadas. El cálculo incluye los requerimientos emitidos antes del 25 de septiembre que todavía no habían sido cumplidos por las autoridades.

Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís lideraron las órdenes de arresto ejecutada

Las fiscalías de Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís encabezaron la lista de demarcaciones con más órdenes de arresto ejecutadas, con 30 casos cada una durante el lapso informado por la Policía Nacional.

Por su parte, les siguieron Mao, Valverde, con 29 ejecuciones, y las jurisdicciones de Baní y María Trinidad Sánchez, que registraron 28 cada una. En San Pedro de Macorís se concretaron 24 órdenes, mientras que en Barahona el registro alcanzó las 21.

El reporte también incluyó 19 arrestos en Higüey, 18 en La Romana, 17 en Cotuí y otros 17 en Alma Rosa. Monte Plata contabilizó 15 ejecuciones, Verón sumó 14 y La Vega registró 13 durante el mismo período.

Policía Nacional coordinó operativos con fiscalías para ejecutar órdenes judiciales en todo el país

La distribución de los operativos refleja la participación de fiscalías y dependencias policiales en varias provincias y municipios. La Deamvi concentra las investigaciones vinculadas a denuncias de violencia contra las mujeres y conflictos intrafamiliares, mientras que el Ministerio Público interviene en la tramitación de los procesos penales y las solicitudes judiciales.

“La institución del orden mantiene sus labores de investigación y ejecución de órdenes judiciales en las diferentes demarcaciones del país, como parte de las acciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la ley y poner a disposición de las autoridades competentes a las personas requeridas por la justicia”.

La Policía Nacional atribuyó estos resultados a la coordinación entre sus unidades de investigación, las fiscalías y el Ministerio Público, con el objetivo de ejecutar órdenes judiciales y avanzar en las investigaciones penales.

La entidad señaló que continuará con las investigaciones y los operativos para cumplir órdenes de arresto en distintas zonas del país. El objetivo es presentar ante las autoridades a las personas solicitadas por la Justicia y asegurar la aplicación de la ley.

Las 483 órdenes ejecutadas incluyeron casos que estaban pendientes de períodos previos, según el balance oficial. La institución no precisó cuántas de esas órdenes correspondían a solicitudes recientes y cuántas formaban parte del acumulado anterior.

El opositor cubano José Elías González Agüero, de 71 años, denunció que permaneció cuatro días bajo custodia policial sin acceso a sus medicamentos para la diabetes, la hipertensión y una cardiopatía, tras su arresto el 16 de octubre en La Habana. Luego de recuperar la libertad el 19 de octubre, recibió una nueva citación para presentarse este jueves 22 de octubre ante la Policía.

José González es vicecoordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y gestor del Proyecto Emilia. Según su testimonio, agentes de la Seguridad del Estado lo sacaron de su vivienda sin exhibir una orden de detención y no le permitieron llevar los fármacos que utiliza de forma regular.

Su familia pasó varias horas sin información sobre su ubicación. Más tarde confirmó que se encontraba recluido en la unidad policial de Zapata y C, en La Habana.

“Al tercer día fue que me llevaron al hospital a tomarme la presión”, relató, según declaraciones divulgadas por Martí Noticias. El activista aseguró que sufrió un infarto en marzo y que, tras salir de la unidad policial, su presión arterial continuaba fuera de control.

La denuncia apunta a la falta de asistencia médica durante el período en que permaneció detenido. De acuerdo con el relato del opositor, sus problemas de salud eran conocidos al momento de su arresto, pero no recibió sus medicamentos ni atención clínica inmediata.

La detención ocurrió el 16 de octubre y concluyó el 19, aunque el proceso abierto en su contra continuó. Durante el arresto, las autoridades le notificaron una acusación por presunta desobediencia.

Según la organización de asesoría jurídica Cubalex, las autoridades fijaron una fianza de 7,000 pesos cubanos (USD 8.51). El pago se demoró porque el banco no abrió durante el fin de semana, una circunstancia que prolongó su permanencia bajo custodia.

El caso se suma a denuncias por amenazas, agresiones y falta de medicamentos contra el activista

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) había alertado sobre la detención y sobre la falta inicial de información respecto del paradero del activista. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), que funciona dentro de esa institución, clasifica hechos de este tipo bajo el indicador de “uso abusivo del poder” cuando existen actuaciones administrativas, penales o policiales que, según su metodología, restringen derechos fundamentales.

En su último informe mensual, el OCLE señaló que el uso abusivo del régimen fue el principal indicador de vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa registrado durante septiembre en Cuba, con 49 menciones. El documento también describió casos de abandono médico en centros penitenciarios y denuncias de obstáculos para acceder a atención sanitaria bajo custodia estatal.

El caso cuenta con antecedentes. En julio, el OCLE documentó denuncias de agresiones, amenazas de muerte y privación de medicamentos contra el activista durante otro operativo de la Seguridad del Estado.

La nueva detención, junto con la acusación de desobediencia, la imposición de una fianza y la citación posterior, fue incorporada por el observatorio como un episodio de presunta vulneración de derechos. El foco del reclamo está en las condiciones de custodia de un hombre de 71 años con enfermedades crónicas y antecedentes cardíacos.

Una nueva denuncia sobre una presunta agresión física contra el preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler volvió a poner el foco sobre las condiciones de reclusión del activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide.

Según informó el Centro de Denuncias Defensa CD, el opositor habría sido sacado inconsciente del destacamento donde permanece recluido tras recibir una golpiza atribuida a un oficial penitenciario identificado como “Agustín”. La información fue comunicada a su hermana, Ariadna Álvarez Rensoler, durante una llamada telefónica.

Hasta el momento, no se difundieron datos verificables sobre el estado de salud del activista, la fecha exacta del episodio ni las circunstancias en las que se habría producido la agresión.

La denuncia reclama a las autoridades penitenciarias información inmediata sobre su paradero, acceso de sus familiares y atención médica independiente.

De acuerdo con ese reporte, Roilán habría quedado inconsciente después de recibir golpes dentro del centro penitenciario.

El caso se suma a otros episodios de presunta violencia y restricciones contra el activista desde que fue privado de libertad en enero de 2026. Organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión han advertido sobre los riesgos que enfrenta bajo custodia del régimen.

Hubo denuncias previas por golpes, aislamiento y restricciones familiares

En julio, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó otra denuncia de violencia en la Prisión Provincial de Holguín. Según ese registro, Roilán afirmó que recibió golpes con un palo, sufrió lesiones en la cabeza y fue objeto de intentos de asfixia.

Un mes después, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) informó que el preso político fue trasladado a una celda de castigo y que se le negó una visita familiar. El organismo incorporó el nuevo señalamiento bajo el indicador de “agresiones físicas”, al considerar que se trata de una denuncia de violencia atribuida a un funcionario penitenciario contra una persona encarcelada por motivos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión.

El OCLE sostuvo que todavía es necesario determinar cuándo ocurrió el hecho, cómo se produjo y cuáles fueron sus consecuencias médicas. La falta de información oficial mantiene sin respuesta las preguntas centrales del caso.

CIDH otorgó medidas cautelares para proteger al opositor

Roilán cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha alertado sobre los riesgos para su vida e integridad personal. Esa protección busca que el régimen cubano adopte acciones para preservar su salud y garantizar condiciones compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Las medidas cautelares no resuelven el fondo de una denuncia ni determinan responsabilidades penales, pero implican un llamado a prevenir daños irreparables. En este contexto, los familiares y organizaciones que acompañan el caso reclaman una evaluación médica externa, comunicación directa con el detenido y una investigación sobre la conducta del funcionario señalado.

La nueva denuncia se conoce mientras persisten los reclamos por garantías para los presos políticos en la isla y por mecanismos de verificación independientes dentro de los centros penitenciarios.

El director general de Transporte de Carga, David Aguirre, informó que las inspecciones diarias a vehículos pesados pasaron de nueve a 88 en octubre. El funcionario indicó, durante una entrevista en Noticiero El Salvador, que el aumento responde a la aplicación escalonada de controles técnicos y operativos.

“Pasamos de llevar nueve inspecciones diarias. Hoy en octubre hemos logrado 88”, afirmó Aguirre. Según explicó, los talleres disponibles tienen capacidad para atender hasta 448 vehículos cada día, lo que equivale a una ocupación aproximada del 20%.

Las revisiones técnicas forman parte de una disposición que fue publicada en abril de 2026 y que comenzó a aplicarse el 8 de agosto, luego de un plazo de 120 días concedido al sector para preparar las condiciones necesarias. La primera fase alcanzó a cabezales y remolques modelo 1999 o anteriores, además de unidades de volteo.

Desde noviembre, la revisión técnica vehicular alcanzará a cabezales y remolques

Aguirre recordó que a partir del 1 de noviembre la revisión técnica vehicular incluirá a todos los cabezales y remolques. La medida amplía el alcance de la primera etapa y establece nuevos controles para las unidades articuladas que circulan por la red vial.

A su vez, señaló que las inspecciones se enfocaron primero en aspectos esenciales para la seguridad, como el estado de los neumáticos, el funcionamiento de los frenos y la operatividad de las luces. El nivel de exigencia aumentará de forma progresiva a medida que avance el proceso.

“Detectamos debilidades en temas muy generales. La prioridad es que las llantas estén en buenas condiciones y que los sistemas de frenos y luces funcionen correctamente”, sostuvo Aguirre.

A su vez, las autoridades también mantienen operativos permanentes en carretera. Estos controles incluyen la supervisión de la velocidad, pruebas antidopaje, pesajes en distintos puntos de la red vial nacional y verificaciones de las condiciones de los vehículos.

Aguirre advirtió sobre los riesgos de la distracción al volante en las carreteras

El director general remarcó que la seguridad vial no depende únicamente del estado mecánico de las unidades. También involucra a las empresas de transporte, a los propietarios de vehículos particulares, a los motociclistas y, de forma directa, a quienes conducen camiones de carga.

Aguirre recomendó a los conductores respetar los límites de velocidad y utilizar el carril derecho cuando corresponda. “El objetivo principal de estas acciones es salvar vidas”, afirmó.

También mencionó que las autoridades desarrollan capacitaciones con empresas del sector. Para el viernes, se tiene prevista una jornada de refuerzo sobre seguridad vial para más de 300 conductores activos y futuros operadores que participarán en el período de zafra, la cual iniciará a mediados de noviembre.

De igual manera, Aguirre vinculó estas acciones con la necesidad de reducir conductas de riesgo en las carreteras.

“Ya no es propiamente algo vinculado al vehículo de carga, también están la distracción al volante y el factor humano”, dijo. Las inspecciones técnicas y los controles en ruta continuarán como parte de la estrategia para elevar las condiciones de seguridad en las carreteras del país.

La Fuerza Antipandillas de Haití (GSF, por su siglas en inglés) confirmó este jueves la llegada de un contingente salvadoreño para reforzar la búsqueda y liberación de cuatro técnicos de aviación de El Salvador secuestrados tras un ataque de pandillas.

La misión tiene como objetivo apoyar las operaciones que ya desarrollan las autoridades haitianas y la fuerza multinacional. Los soldados permanecen desaparecidos desde el domingo 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe. De acuerdo con las autoridades, hombres armados abrieron fuego y utilizaron explosivos contra el vehículo, que se incendió tras la emboscada.

Los técnicos lograron salir del vehículo, pero las autoridades perdieron contacto con ellos después de que huyeron por un sector bajo influencia de grupos criminales.

De acuerdo con AP, El Salvador desplegó 100 integrantes de sus fuerzas especiales. A su vez, la agencia señala que un funcionario salvadoreño, en condición de anonimato, sostuvo que otro centenar de efectivos serían enviados a Haití durante la noche del jueves. Según esa fuente, el operativo trabaja bajo la premisa de que los cuatro hombres continúan con vida.

Bukele lanzó una advertencia a las pandillas

El jefe de Estado salvadoreño puso en marcha una operación militar cuyo único objetivo es recuperar a los técnicos “vivos y sin daños”. Además, sostuvo que los desaparecidos no tenían tareas de combate y que su misión se concentraba en labores aéreas, evacuaciones médicas y apoyo técnico.

En un mensaje dirigido a los líderes de las pandillas haitianas, Bukele aseguró que la ofensiva podía escalar si los cuatro hombres no eran liberados. También planteó que la situación volvería al punto anterior al secuestro si los salvadoreños regresaban con vida e ilesos.

El ataque ocurrió mientras los técnicos regresaban a su base tras realizar compras de alimentos, según la versión difundida por el gobierno salvadoreño y recogida por medios internacionales. La zona de Santo forma parte de Croix-des-Bouquets, un municipio donde operan grupos armados y que registra enfrentamientos frecuentes entre las pandillas y las fuerzas de seguridad.

Haití declaró que la liberación es una prioridad

El Gobierno de Haití calificó la liberación de los cuatro técnicos como una “prioridad absoluta” y comunicó que movilizaría los recursos necesarios para ubicarlos. La declaración siguió a una reunión en la oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, para evaluar las operaciones en curso y coordinar medidas con la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Las autoridades informaron que la Policía Nacional de Haití y las unidades internacionales presentes en el país mantienen operativos en el área del ataque. Los residentes recibieron advertencias para permanecer en sus viviendas ante la continuidad de los enfrentamientos.

El contingente salvadoreño forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión multinacional respaldada por Naciones Unidas que comenzó a operar tras el reemplazo de la fuerza encabezada por Kenia. La nueva estructura reúne a poco más de 2,000 efectivos, por debajo de los 5,500 previstos para su despliegue total.

No hay una banda que se haya atribuido el ataque

Hasta el jueves, ninguna organización criminal se había atribuido la emboscada ni había divulgado información sobre el paradero de los cuatro salvadoreños. AP señaló que el ataque ocurrió en un territorio asociado con la banda Chèn Méchan, mientras que el grupo 400 Mawozo tiene presencia en sectores cercanos y dispone de mayor capacidad de fuego.

El analista Diego Da Rin, del International Crisis Group, advirtió a AP que localizar a los técnicos podría resultar muy difícil si las pandillas no deciden entregarlos. También sostuvo que el secuestro podría utilizarse para presionar a las autoridades y evitar operaciones de seguridad dentro de zonas bajo control criminal.

La educación pública en Nicaragua acumuló una evaluación negativa entre las personas que participaron en la “Consulta Ciudadana de septiembre de 2026″, elaborada por Hagamos Democracia NIC-CR. De las 397 respuestas recogidas sobre ese servicio, 342, equivalentes al 86.1%, la calificaron de forma desfavorable.

El sondeo, realizado en 40 unidades territoriales del país, también indagó sobre la percepción de adoctrinamiento político en centros educativos. De las 392 personas que respondieron esa pregunta con “sí” o “no”, 347 afirmaron haberlo observado. La cifra representa el 88.5% de las respuestas sustantivas.

El informe reúne 400 respuestas válidas y define su alcance como descriptivo y no probabilístico. Por ello, los resultados exponen las opiniones de quienes participaron en la consulta y no pueden trasladarse como una estimación estadística del conjunto de la población nicaragüense.

La partidización del sistema educativo fue el problema más mencionado por las personas que calificaron negativamente la enseñanza pública. De las 342 respuestas desfavorables, 285 señalaron ese aspecto, lo que equivale al 83.3% de ese grupo.

La consulta permitió elegir más de una respuesta. Después de la partidización, 126 personas, el 36.8%, apuntaron a deficiencias en los programas académicos. La misma cantidad consideró insuficiente la preparación del personal docente.

Otros cuestionamientos tuvieron menor peso dentro de ese grupo. Un total de 43 participantes, el 12.6%, aludió al deterioro de la infraestructura, mientras que 38, el 11.1%, señaló falta de recursos.

La información sitúa la valoración del servicio más allá de los problemas materiales. Entre las respuestas recogidas aparecen, al mismo tiempo, objeciones sobre la calidad de los contenidos, la formación de docentes y la presencia de criterios políticos en el funcionamiento de las instituciones.

La mayoría ubicó el adoctrinamiento en centros públicos y privados

El cuestionario también pidió precisar en qué tipo de institución se había observado adoctrinamiento. De las 347 personas que respondieron afirmativamente, 346 detallaron el ámbito donde lo habían percibido.

La opción mayoritaria fue que el fenómeno ocurre tanto en instituciones públicas como privadas. Esa respuesta reunió a 285 personas, el 82.4% de quienes identificaron adoctrinamiento y luego contestaron la pregunta de seguimiento.

Otras 57 personas, el 16.5%, señalaron exclusivamente a instituciones públicas. Tres participantes, el 0.9%, ubicaron esa práctica exclusivamente en establecimientos privados. Una persona no precisó el lugar o dijo no saber dónde ocurría.

La evaluación negativa bajó frente a junio, aunque siguió por encima del 80%

El informe comparó los resultados de septiembre con la consulta anterior, realizada en junio. La proporción de respuestas negativas sobre educación pública pasó de 92.9% a 86.1%, una reducción de 6.8 puntos porcentuales.

La percepción de adoctrinamiento también descendió en esa comparación: fue de 91.1% en junio y de 88.5% en septiembre. Pese a esa baja, ambos indicadores permanecieron por encima del 80% entre las respuestas sustantivas de la ronda más reciente.

Hagamos Democracia NIC-CR advierte que las diferencias entre ambas consultas son descriptivas. La composición de los grupos consultados puede variar y, debido al carácter no probabilístico de la muestra, los cambios no permiten establecer una evolución de la población general.

El Gobierno de República Dominicana aseguró, este jueves, que mantiene desplegados más de 10 mil efectivos militares en la frontera con Haití, mientras una operación de la Fuerza de Represión de Pandillas busca localizar a cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en las cercanías de Puerto Príncipe.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sostuvo que han reforzado durante los últimos años el control de los casi 300 kilómetros de línea limítrofe. También afirmó que el Ejecutivo dispondrá de recursos adicionales si la evolución de la crisis haitiana lo requiere.

Paliza indicó que la situación en Haití mantiene la atención de los organismos de seguridad dominicanos, aunque descartó que los enfrentamientos registrados del otro lado de la frontera hayan generado, hasta el momento, incidentes en territorio nacional.

“Cualquier elemento que pueda necesitarse adicionalmente en el transcurso de los próximos días, semanas y meses, el Gobierno dominicano lo hará para proteger nuestra integridad”, afirmó.

El funcionario sostuvo que Dominicana enfatizó que no ha registrado hechos que comprometan la seguridad del Estado como consecuencia directa de la crisis haitiana.

La operación se desarrolla a unos 45 kilómetros de Jimaní

La alerta fronteriza coincide con una operación por aire y tierra contra las pandillas haitianas, iniciada luego de la desaparición de cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por las Naciones Unidas ONU.

Los individuos desaparecieron el domingo 18 de octubre después de que hombres armados atacaran con explosivos el vehículo blindado en el que viajaban en la zona de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Lograron salir del vehículo, que se incendió durante la emboscada, pero desde entonces no se conoció su paradero.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este miércoles que los cuatro hombres permanecen en poder de pandillas haitianas y anunció el inicio de una operación militar para rescatarlos. El mandatario precisó que se trata de técnicos de aviación, cuya labor dentro de la misión incluye evacuaciones médicas y apoyo aéreo.

De acuerdo con el reporte de Noticias RNN, la ofensiva se concentra en zonas próximas a la Ruta Nacional 8, un corredor que comunica áreas de Puerto Príncipe con puntos del sur y el este haitiano. Unos 45 kilómetros del paso fronterizo de Jimaní, en la provincia de Independencia.

La evolución de la operación para encontrar a los cuatro salvadoreños, sin embargo, mantiene la atención sobre una zona donde las pandillas conservan capacidad para atacar a fuerzas internacionales.

Transporte dominicano limita el ingreso de camioneros a Haití

La escalada de violencia llevó a la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) a recomendar que los camioneros del país no ingresen a territorio haitiano. La entidad planteó que las mercancías sean entregadas en la frontera para que transportistas haitianos las trasladen hasta su destino final.

La medida busca reducir la exposición de conductores dominicanos ante posibles ataques en las rutas comerciales del país vecino. El comercio bilateral y el transporte de bienes son actividades sensibles en la zona fronteriza, donde los controles de seguridad se mantienen bajo vigilancia permanente.