Han pasado tres meses desde la entrada masiva de migrantes a Ceuta y la situación continúa tensa en la ciudad autónoma. El Gobierno ha habilitado más de 7.400 plazas temporales para acoger a las personas que cruzaron la frontera a finales de julio, pero siguen sin ser suficientes para dar cobijo a todos ellos. Mientras, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han trabajado este mes en el desalojo de los últimos asentamientos improvisados en las playas y explanadas de Ceuta, lo que ha provocado que muchos de estos migrantes se hayan trasladado a los barrios.

En este contexto, el fenómeno de las ‘casas patera’ ha vuelto a recibir un impulso. En la última semana, la Policía Nacional ha localizado a un centenar de migrantes que vivían en situación irregular en algunos de estos domicilios. La última, este jueves, cuando desalojó un inmueble del barrio del Príncipe en el que se hacinaban 74 personas.

Los propios agentes relacionan estas actuaciones con el desalojo de los campamentos improvisados. “El elevado número de personas localizadas durante la intervención se enmarca en un contexto de intensificación de la presión policial, que ha acabado con el desalojo de los asentamientos en la playa Benítez y El Trampolín. El desmantelamiento de los asentamientos ha propiciado el desplazamiento de una parte de los migrantes que permanecían en ellos hacia otros puntos de la ciudad, entre ellos el barrio de El Príncipe”, admiten en un comunicado publicado esta semana.

De trasteros a contratos de limpieza a cambio de alojamiento

“Casas patera hubo desde el principio”, afirma Mónica López, directora de CEAR, a Infobae. La portavoz recuerda las noticias publicadas al principio de la crisis, sobre el aumento en el alquiler de trasteros, dejaron patente que “siempre hay gente que se aprovecha de la situación”.

La organización celebra el esfuerzo del Ministerio de Inclusión para habilitar espacios de acogida, que han permitido, por ejemplo, que ya no haya mujeres en situación de calle. No obstante, no todas están en centros de acogida. “Nos consta que hay mujeres que están trabajando en casas, haciendo el servicio doméstico, a cambio de poderse quedar en la vivienda”, alerta.

“Hay también cuestiones que tienen que ver con conocidos, familiares que tienen en la propia Ceuta”, aclara. López advierte, además, que “es muy difícil saber cuánta gente ha podido esconderse en el monte, en viviendas y en otros espacios que puede haber”. “Van viendo que no van a ser trasladados a la península, que finalmente van a ser expulsados, y eso también hace que haya incluso personas que salgan de los espacios de acogida que se han habilitado para esconderse, ante el miedo a que puedan ser devueltos”, lamenta.

Si la presión migratoria se sintió en un inicio en los barrios céntricos, ahora se ha trasladado a los de la periferia, como el de Sidi Moulay o el del Príncipe, en el que la policía busca estas viviendas irregulares. En estas zonas, López aplaude la “respuesta casi heroica” de los vecinos. “Muchos de los chavales han podido sobrevivir gracias a la ayuda de estos vecinos, que les han ofrecido comida, les han ofrecido aseo”, asegura.

Preocupación por los menores

Aunque los dispositivos de acogida se hayan estirado lo máximo posible, a la ONG todavía le preocupa la situación de los menores, cuya acogida “está resultando mucho más complicada que la de los adultos”. “Están teniendo más dificultades en encontrar espacios adecuados”, lamenta.

CEAR defiende que la única solución es el reparto de menores a otras comunidades autónomas, una tarea “que tímidamente se está empezando a hacer”, pero que no es suficiente para resolver el problema. “Llevan casi tres meses en malas condiciones y tenían que haber sido repartidos en distintas comunidades autónomas y desde ahí iniciar los trámites de reagrupación con sus familias o de tutelaje en España”, dice.

“Lo que se necesita ahora mismo es agilidad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, reclama. Igualmente, López hace un llamamiento a la “calma y la tranquilidad de los vecinos” en Ceuta. “Sé que es muy difícil pedir que, después de tres meses viviendo una situación de crisis, la gente esté tranquila, pero ahora está la cosa relativamente controlada y, por tanto, yo creo que es el momento de llamar a la calma, de que la tensión social baje y que dejen a las autoridades del Ministerio del Interior hacer su trabajo”, así como “coger los expedientes de expulsión con cierta celeridad”, expone.