“Hola, te adjunto la nueva TGR [Tasa de Gestión de Residuos] que debéis pagar. Es el primer año que el Ayuntamiento de Madrid nos lo pone a todas las viviendas. Esto os corresponde pagarlo a vosotros. Hacedme una transferencia. Yo ya lo he pagado. Gracias”. Un mensaje como este es el que David recibió en su móvil hace un año. El propietario de su piso, en el barrio de Atocha y el distrito de Arganzuela, le emplazaba así a abonarle de manera inmediata la nueva tasa de basuras introducida por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Pese a que esta partida no aparece en su contrato, por entonces vigente desde tres años antes y ahora cuatro, el casero les amenazó. “Si me venís con pegas ya sabéis que tengo gente esperando para entrar cuando pasen los cinco años y que lo puedo subir bastante. Sois buenos chicos, pero no os pongáis pesados”, les dijo, según ilustra David. Finalmente, él y sus tres compañeros de piso optaron por ceder. No todos coincidían, lo cual causó alguna tensión interna, pero prefirieron no estirar más la tensión y abonar alrededor de 150 euros entre los cuatro.

Un año después, el arrendador ha vuelto a la carga. Esta vez, tras llegar a un acuerdo para renovar su alquiler más allá de 2027 (aunque todavía sin actualizar el documento incluyendo la nueva tasa), le hicieron el ingreso sin rechistar. “Es muy fuerte que me tenga que hacer cargo de algo que no está en mi contrato, pero que mi casero me obliga a pagar”, lamenta David. La legislación les ampara: el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos señala que, para que los tributos que correspondan a la vivienda (caso de la tasa de basuras) sean a cargo del arrendatario, en el contrato “deberá constar por escrito”. Todas las fuentes jurídicas consultadas por Somos Madrid coinciden en este análisis: aunque sea un recibo asociado al consumo del hogar, si no aparece recogido expresamente en el acuerdo en vigor no puede repercutir en el inquilino.

Los caseros se aprovechan de nuestro miedo. Saben que la ley suele estar de su parte, pero cuando no lo está, pueden tirar de la posición de poder que tienen frente a nostros que somos más precarios

Es por ello que en el piso de David hubo división entre quienes se plantearon insistir al casero e incluso recurrir legalmente y quienes optaban por evitar el conflicto. Finalmente, ante la complicada crisis habitacional que atraviesa la ciudad y todo el país con unos precios disparados, se impuso la segunda postura. “Los caseros se aprovechan de nuestro miedo. Saben que la ley suele estar de su parte, pero cuando no lo está, pueden tirar de la posición de poder que tienen frente a nosotros que somos más precarios”, expone.

Las armas del inquilino: la letra pequeña del contrato o los decretos de vivienda

Antes de acordar no batallar por esos cientos de euros que creen que el casero les ha “robado”, David estuvo pensando recurrir al Sindicato de Inquilinas. En su web, la organización dedicada un artículo a las dudas generadas por la entrada en vigor de esta tasa. “Es cierto que el propietario puede repercutir la cuota sobre las inquilinas, pero solo si se cumplen dos condiciones, ambas necesarias: que se haya pactado expresamente en el contrato de alquiler y que el contrato además especifique el importe anual de la tasa”, indican. La segunda de ellas no encuentra el mismo consenso que la primera entre las fuentes consultadas por este medio. En la Sentencia 1637/2025, el Tribunal Supremo determinó que la tasa de basuras es un gasto individualizado de la vivienda. Por tanto, no sería obligatorio que conste el importe exacto anual en el contrato en el momento de la firma para que la cláusula sea válida, siempre que exista el acuerdo expreso.

Es decir, la tasa debe aparecer especificada en el contrato, pero este precedente despeja el camino a que no sea preciso indicar un importe concreto o aproximado. Incluso así, el casero de David no contaba con justificación legal alguna para imponer que se la abonaran. “Puedes negarte a pagarlo argumentándolo legalmente. En este caso, recomendamos hacerlo siempre por algún medio escrito para dejar constancia de los motivos de la negación”, aconseja el Sindicato ante esa coyuntura, además de afiliarse a la organización para desarrollar “estrategias para defendernos”. Para nuevos contratos, animan a negociar en la medida de lo posible. Y si no hay margen, “tener claro que la omisión de la tasa nos favorece, haciendo que podamos defender la inaplicabilidad de la cláusula”. Esto es, sacar partido a los descuidos del propietario.

Los inquilinos cuentan con una herramienta añadida en uno de los decretos de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre. En lo que respecta a la renovación de contratos, otorga una vía para no introducir nuevas obligaciones al inquilino, pero vigente solo en unas zonas tensionadas que las administraciones madrileñas se niegan a declarar: “En ningún caso podrán fijarse nuevas condiciones contractuales que supongan la repercusión al arrendatario de cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior”.

Otro punto referido a nuevos contratos se extiende, además de zonas tensionadas, a viviendas gestionadas por un gran tenedor (persona física o jurídica con más de diez inmuebles) y sí es, por tanto, aplicable a algunos inquilinos madrileños: “La renta pactada no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia atendiendo a las condiciones y características de la vivienda arrendada y del edificio en que se ubique, sin que, en ningún caso, puedan fijarse nuevas condiciones contractuales que supongan la repercusión al arrendatario de cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos que, directa o indirectamente, impliquen superar el límite máximo de renta aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia”.

El Ayuntamiento no se posiciona ni en casos de abuso: “Se la pasamos al propietario. Hasta ahí”

El Sindicato de Inquilinas recuerda asimismo cómo la agencia tributaria del Ayuntamiento de Madrid ha apuntado que “con carácter general la persona obligada al pago es la propietaria del inmueble”. Pese a ello, la postura oficial del Consistorio tanto al preparar y anunciar el nuevo recibo como ante las consultas sobre el asunto de este diario es mucho más tibia. Al ser preguntados sobre si el Ejecutivo municipal se plantea publicar alguna guía oficial en la que los inquilinos puedan ampararse cuando los caseros pretendan imponerles el pago, o establecer canales de mediación para estas situaciones, desde el área de Economía y Hacienda son escuetos: “Nosotros se la pasamos al propietario, que es el titular. Hasta ahí”. El alcalde sí que ha declarado en repetidas ocasiones que hay circunstancias en las que los caseros lo pueden repercutir en los inquilinos.

La respuesta municipal no va más allá, quizá porque todo lo relacionado con la tasa ha sido ya un auténtico quebradero de cabeza para el equipo de Almeida. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid y la declaró nula de pleno derecho. La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que se produjo “una infracción sustancial de las normas” al omitir durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa. En concreto, no se incorporaron ni publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas, a juicio de la Sala imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo.

El fallo judicial abre la puerta a que las 130.000 personas que reclamaron en su día puedan obtener su devolución, aunque para ello la sentencia tendrá que ser firme y actualmente el Tribunal Supremo estudia el último recurso del Ayuntamiento para evitar la anulación. Las personas que no se sumaron a la reclamación no podrán beneficiarse en ningún caso. “Mi casero ya podría haberlo hecho antes de obligarnos a pagar. Nos lo habríamos ahorrado los dos”, lamenta David.

Almeida se ha zafado de las críticas por este laberinto legal argumentando que la tasa ha sido impuesta por instancias superiores, apuntando al Gobierno central, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que solo traspone una normativa comunitaria. En muchos municipios pagos similares ya estaban vigentes, con mecanismos más afinados que no han desembocado en cálculos tan polémicos. Es el caso de Rivas, donde la existencia de una empresa pública de basuras o un reciclaje proporcionalmente mayor repercuten en una tasa media un 60% inferior a la de la capital: 55 euros por 141.

Tendrían que solicitar la declaración de zonas tensionadas en la ciudad de Madrid, algo a lo que siempre se han negado [en el Ayuntamiento]. Prefieren proteger los intereses del mercado y el privilegio de unos pocos

Sara Ladra — Concejala de Más Madrid y portavoz del partido en la Comisión municipal de Hacienda

Sara Ladra, edil de Más Madrid, planteó la cuestión en la comisión municipal de Hacienda el pasado martes. “¿Van a seguir incumpliendo la ley o aplicarán el Real Decreto que prohíbe repercutir a los inquilinos de zonas tensionadas impuestos vinculados a la vivienda?”, inquirió a la edil del ramo, Engracia Hidalgo. “Si quisieran cumplir la legalidad y aliviar la carga que soporta la gente trabajadora, hubieran incluido los cambios oportunos en las ordenanzas fiscales de 2027 para impedir que los propietarios trasladen tasa de basuras o IBI a sus inquilinos, pero no lo han hecho. También tendrían que solicitar la declaración de zonas tensionadas en la ciudad de Madrid, como ya lo han hecho más de 317 municipios en España, algo a lo que siempre se han negado. Prefieren proteger los intereses del mercado y el privilegio de unos pocos”, criticó Ladra. Hidalgo rechazó de nuevo cualquier actuación encaminada a amparar a los inquilinos.

Los caseros que cargan la tasa de basuras en los residentes, con amparo legal o sin él, verán cómo en paralelo consiguen un ahorro por importes en algunos casos similares gracias a la rebaja del IBI recientemente anunciada por Almeida. El Impuesto de Bienes Inmuebles quedará en el 0,4%, el mínimo legal y el nivel más bajo de todo el país junto a Santander y Zaragoza, para una cifra media de 143 euros (aunque sensiblemente mayor en los inmuebles más caros, también los que más disminuirán). Con ello, la recaudación bajará en 31 millones de euros hasta los 245, mientras este año la de la tasa de basuras ha subido siete hasta los 303 millones. No habrá tampoco gravamen más elevado a dueños de pisos turísticos, como permite la legislación nacional. Preguntado por si el propietario les ha planteado reducir el alquiler o no subirlo cuando toque gracias a esta medida, David se ríe: “No tenía ni idea, pero ya te digo que no va a pasar”.

El polémico caso del Plan Vive

Pero la tasa de basuras no solo llega a quienes soportan un alquiler debido a la avaricia de los caseros. La coyuntura se da también en programas de vivienda impulsados por administraciones públicas como la Comunidad de Madrid. Paradigmático es el caso del Plan Vive, iniciativa público-privada de alquiler asequible en la que el Gobierno regional cede suelo público a empresas privadas para construir y gestionar viviendas con rentas hasta un 30% más baratas que las de mercado. Sergio Montero, presidente de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive y vecino de una promoción de Valdebebas, lleva meses denunciando que este modelo de “privatización al uso” se ve lastrado porque el Ejecutivo autonómico “no pone coto a la gestión tributaria o el modelo de explotación de las compañías”.

Denunciar es un camino largo y costoso en un contexto, el del alquiler, donde el tiempo siempre juega en contra. Es muy posible que en cinco años no se resuelva nada y probablemente ya no seguirás en la vivienda cuando pasen

Sergio Montero — Presidente de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive

Así, aunque viven en un suelo de titularidad pública, deben afrontar una fuerte carga impositiva que incluye el IBI o los gastos de comunidad mientras “la concesionaria no paga nada”. Respecto a la tasa de basuras, Sergio explica que “todo lo generado en la superficie no ya de las casas, sino del bloque en su conjunto, se divide entre los vecinos”. Esto, dice, genera “un nivel de vulnerabilidad muy grande”. El decreto de vivienda mitigará esta situación, ya que prohíbe que gastos extra como garaje o trastero impliquen una subida extra sobre el precio inicial de la vivienda que acabe suponiendo un esfuerzo mayor del 30 o 35% de los ingresos para inquilinos de planes asequibles.

“La mayor parte de gente llega un poco engañada. La Comunidad de Madrid pone su cara como comercializadora y cuando empiezan a llegar notificaciones de una empresa privada salta la liebre. Tenemos un borrador de contrato que podemos ver sin todos los importes y luego tenemos 48 horas para consultar el que está completo antes de firmar. A eso hay que añadir que el 90 o 95% de inquilinos no pueden ver su piso antes de entrar”, alerta Sergio.

Apunta por último una circunstancia compartida por todos los arrendatarios y que explica la complejidad de llevar todas estas situaciones a la vía jurídica o administrativa: “Denunciar es un camino largo y costoso en un contexto, el del alquiler, donde el tiempo siempre juega en contra. Es muy posible que en cinco años no se resuelva nada y probablemente ya no seguirás en la vivienda cuando pasen”. Una circunstancia que los propietarios aprovechan mientras él, como David, solo pretende “estar salvaguardado” en su casa.

La Delegación del Gobierno investigará la actuación de la Policía Nacional en la protesta espontánea frente al Palacio de Santoña del pasado lunes. La concentración reclamaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sentarse a negociar con los colectivos educativos en huelga de la región. Los testimonios recopilados por este diario denunciaron las “violentas” cargas de los agentes, que según los docentes y estudiantes congregados comenzaron sin ninguna actuación hostial previa por su parte, con el objetivo de despejar los accesos y que la dirigente madrileña pudiese abandonar la zona.

El delegado del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín, se reunió en la tarde del martes con el Comité de Huelga representante de los trabajadores y trabajadoras de Educación, poco antes de una nueva una manifestación desde la propia sede de Delegación al Gobierno a la de la Consejería de Educación. Martín les trasladó el compromiso con “la protección del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga y reunión”, según trasladan a este medio fuentes del órgano que dirige. El encuentro tuvo lugar justo antes de una manifestación de protesta contra los excesos policiales.

Martín ha confirmado la apertura de una investigación interna sobre la actuación policial que tuvo lugar el lunes a las puertas de la Cámara de Comercio de Madrid. El delegado ha defendido la “profesionalidad con la que la Policía Nacional actúa en nuestras calles”, con la existencia de “garantías” para que cuando se pueda producir “alguna intervención no justificada o desproporcionada”, esta situación “sea analizada de inmediato y se adopten, en su caso, las medidas correspondientes”.

Manuel, uno de los profesores golpeados por la policía, ha remitido a Somos Madrid un parte de lesiones con el sello del Servicio Madrileño de Salud. El informe refiere cuatro hematomas en el musmo, dedos de la mano izquierda, pie izquierdo (con edema “muy doloroso a la palpación”) y costado izquierdo del tórax. Este último aparece descrito como un hematoma “con forma de porra de unos 10 centímetros de longitud y 3 de ancho”.

El parte médico recomienda incluso seguimiento médico debido al alcance de las heridas, aunque las califica de leves, y recomienda un tratamiento analgésico. “Las lesiones que más duelen son las que menos se notan”, declara Manuel ante lo aparatoso de la marca en el costado.

Sobre lo ocurrido el lunes, cuenta que la Policía Nacional “empezó a barrer frente a la puerta del edificio para que saliera Ayuso, cuando nosotros nos estábamos retirando”. Considera que los agentes comenzaron a “pegar porrazos bastante gratuitamente”. Otros testigos narran cómo los efectivos policiales dispararon pelotas de goma al aire para disuadir a los manifestantes y convirtieron la vía en una “ratonera” al cortar varias salidas. Llegaron a retener incluso a uno de los docentes, que finalmente pudo zafarse de los agentes y volver a la muchedumbre después de saltar encima de un coche.

Pese a que por parte de los manifestantes no se registraron actuaciones violentas, Ayuso volvió a vincular las huelgas con que la oposición de la Asamblea de Madrid no admite una pérdida electoral. “Solo quieren violencia y acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, aseguró.

La huelga educativa arrancó en la Comunidad de Madrid el pasado 14 de octubre y se suma a los meses de paros en la educación infantil de 0 a 3 años. La marea verde reclama bajadas de los ratios, volver a las horas lectivas previas a 2010, equiparación salarial con otras comunidades o refuerzo del personal para atención a la diversidad. A sus habituales manifestaciones han sumado acciones como el corte de la M-30 a comienzos de semana o un recorrido nocturno por la ciudad en la noche del martes. “Seguiremos al menos hasta que Ayuso se siente a negociar”, anticipaba una docente tras la protesta del lunes.

Para la Comunidad de Madrid y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, las protestas de los docentes, que continúan estos días con la huelga educativa, es sinónimo de violencia. Así lo ha trasladado este lunes la líder madrileña a las puertas de un acto al que ha acudido en la capital y donde se han concentrado decenas de manifestantes de manera espontánea para reivindicar mejoras en la educación pública. En declaraciones a la prensa, la presidenta autonómica ha planteado sobre las personas que han acudido a protestar al edificio donde se encontraba: “La educación de los hijos de todos está en manos de gente así de violenta que no respeta ni siquiera el derecho de los niños de ir al colegio”. Gente que, además, según ha dicho, está “untada por los sindicatos”. Sobre las 14.15, la presidenta ha partido en coche del acto.

Ayuso también ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de fomentar las protestas “coaccionando a los gobiernos”: “Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va de enamorado de España nos va a amedrentar, se equivoca. Porque estamos en democracia y en democracia si tienes que dejar el poder te vas a tu casita y lo soportas, Sánchez”, ha añadido ante la prensa, antes de comenzar la clausura de un acto al que asistía. La presidenta ha ido más allá en su intervención y ha llegado a vincular las protestas de estos días con las de París, que dejan disturbios en todo el país y más de 2.000 detenidos.

La Policía Nacional ha acabado cargando contra las personas que se manifestaban este lunes en las inmediaciones del acto. Según asistentes a la protesta, “ha sido un boca a boca” surgido al conocer la agenda de la dirigente mientras celebraban su habitual concentración frente a la Consejería de Educación, situada a pocos cientos de metros del Palacio de Santoña. En él, ubicado en el número 28 de la céntrica calle del Príncipe, Ayuso clausuraba este lunes el Foro Longevidad tiene nombre de mujer.

“Toda la marea se ha movido”, cuenta Diana, docente que ha acudido a la protesta y que dice haber sentido “miedo” cuando ha perdido de vista a alguna compañera cuando han comenzado las cargas policilaes. “Estábamos allí pacíficamente, con nuestras proclamas, hasta que la policía ha tirado pelotas de goma al aire, se ha puesto a arrear y ha venido a por nosotras para permitir que saliera Ayuso”, cuenta. Manuel, otro de los profesores movilizados, muestra a este periódico las marcas que han dejado en su mano “los porrazos de la policía”. Este periódico ha tenido acceso a una grabación en la que una persona se zafa de los agentes que le retenían y consigue volver al gentío tras subirse a un vehículo.

Martina avanza por su parte que pretenden eguir con estos actos “hasta que se sienten a negociar”: “Como no quiere hablar con nosotras, hemos venido a hablar con ella”. Asegura que la intención es ir “escalando las protestas” ante la falta de negociación: “Llevamos tres años con las mismas protestas y manifestaciones sin que nos escuchen”. Sobre las cargas, otro manifestante llamado Alejandro sostiene que la intervención de la Policía ha sido “bastante violenta”, pese a que Diana recuerda que todas las personas congregadas eran “docentes y chavales de bachillerato”. Una de estas alumnas, cuenta, “estaba muy acongojada y he tenido que abrazarla”. “La forma en la que han cortado las calles nos ha dejado en una ratonera”, opina Irene, otra manifestante.

De nuevo, Ayuso ha vuelto a vincular las huelgas con que la izquierda no admite una pérdida electoral. “Solo quieren violencia y acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, ha asegurado. La presidenta autonómica también ha recuperado la frase de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que dijo en la Asamblea que con la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 que fue desahuciada, que no había “consuelo” y que tras el fallecimiento “no habrá paz en las calles de Madrid”, unas declaraciones que la bancada del PP y Vox consideraron como una amenaza. A su juicio, estas protestas están vinculadas con ese tipo de declaraciones. “Quiero saber si esta historia de 'no habrá paz en las calles de Madrid' que está fomentando la Moncloa va a estar durante todas las elecciones”, ha añadido la presidenta autonómica.

La Comunidad cancela un acto de la consejera por las protestas

Unas horas antes, un grupo de docentes se había reunido a las puertas de un instituto al que tenía previsto acudir la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y que finalmente ha sido cancelado por las protestas. Ayuso ha responsabilizado tanto a Delegación de Gobierno como a Pedro Sánchez de “toda la violencia que se está produciendo en las calles de Madrid, coaccionando a los gobierno y casualmente al mío, que es el único que sí había llegado a un acuerdo con toda esta gente que está fuera”. “Están persiguiendo a mi consejera de Educación”, ha denunciado, sobre el escrache de esta mañana.

También este lunes, un grupo de manifestantes ha cortado la A-3 en plena hora punta por la huelga educativa, una protesta que para Ayuso “no es solución a nada”, así como “impdeir que los niños vayan a clase y que sean secuestrados por huelgas políticas tampoco es solución a nada”.

Tensión en la comisión de Familias, Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid celebrada este lunes. Las tres concejales del PSOE presentes en la sesión la han abandonado después de que Andrea Levy haya llamado “loca” a una de ellas“, según sostienen fuentes socialistas.

Una secuencia de creciente tensión que ha acabado con la marcha de las socialistas María Caso, Ana Lima y Meritxell Tizón. La primera de ellas es la que responde al agravio, después de que Levy se lleve el dedo índice a la cabeza. Caso asegura en conversación con Somos Madrid que la concejala del PP ha comentado “esta chica...”, seguido de unas palabras que no ha oído, mientras hacía el gesto asociado a representar la falta de cordura. Levy niega el insulto y describe como “show” la marcha de las socialistas, según ha indicado al final de la comisión.

Las ediles del grupo municipal que lidera Reyes Maroto han reclamado la intervención de la presidenta de la comisión, la también popular Paula Gómez-Angulo, que ha declinado la petición de amparo. “Yo no lo he visto y por lo tanto no voy a pedir rectificación de algo que yo no he visto”, ha justificado, pese a sentarse junto a Levy. Acto seguido, las tres concejalas socialistas se han ido.

“Nos vamos a marchar a no ser que Andrea Levy pida disculpas por llamar loca a mi compañera”, ha avisado Ana Lima. Posteriormente, Gómez-Angulo ha contestado que las ediles “quieren montar un numerito”. “Váyanse, fenomenal”, ha zanjado.

Esta situación se ha producido en un tenso debate que ha abordado cuestiones como el modelo y la financiación de los espacios de igualdad del Consistorio (sindicatos del sector trasladaban en un comunicado este lunes que “el desmantelamiento de la Red de Violencia de Género continúa adelante”) o las deficiencias estructurales en escuelas infantiles municipales (donde la oposición alerta de plagas de ratas y desprendimientos de techos), cuyos educadores continúan en huelga junto a los de centros de titularidad autonómica. “No ha sido un desprecio hacia mí, sino hacia el 0-3”, explica Caso en declaraciones a este periódico. Varias profesionales del sector estaban de hecho presentes en la comisión como espectadoras.

La edil estudia tomar “las medidas oportunas” si no se producen unas disculpas por parte de Levy y Gómez-Angulo una vez consulten la grabación de la sesión. Critica asimismo que “no es la primera vez” que la concejala presidenta de Retiro actúa de esta manera, pero “la diferencia es que en esta ocasión ha sido cazada”.

El concejal de Políticas Sociales, José Fernández, también ha sido muy duro al rechazar todas las acusaciones de la oposición. Para zafarse de las críticas sobre las dos cuestiones mencionadas, ha aludido a diversas controversias del Gobierno central en otras áreas. Cuando los reproches entre populares y socialistas han comenzado a cruzarse entre los dos lados de la mesa, Fernández ha llegado a tomar el micrófono para espetar a las concejalas del PSOE que “si necesitan ayuda que la pidan”, en referencia al bulo sobre las palabras de Pedro Sánchez después de la DANA de València.

Antes de terminar la comisión, Levy ha solicitado la palabra para tachar las acusaciones contra ella, que califica de “absolutamente falsas”, y afear a Caso que quiera utilizarla para “hacer un poco de show”. “Los asuntos de salud mental son lo suficientemente serios para que nadie frivolice sobre ellos”, ha añadido. Levy argumenta que estaba manteniendo una conversación “de política nacional” con José Fernández e hizo “una referencia de no entender lo que estaba diciendo”. A partir de ahí, mantiene, Caso “se levantó como una furia” imputándole “haber dicho cosas que no”. “No se puede mentir falsamente, sobre todo cuando no ha escuchado nada. No he dicho nada. Ni tan siquiera el compañero que tengo más cercano lo ha escuchado. Que dejen de montar shows”, ha concluido Levy.

Maroto no compra estas explicaciones y ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, “responsabilidades” tras lo ocurrido. Creee que el PP convierte las comisiones en “espacios de insultos y descalificaciones”. “Vamos a seguir exigiendo soluciones al Gobierno de Almeida por mucho que les incomode”, anticipa la portavoz socialista. Caso lamenta el comportamiento “absolutamente parcial” de los presidentes y presidentas de estos organismos, todos ellos populares. “Hace unos mes desde Vox nos llamaron terroristas en el pleno de San Blas-Canillejas y nadie hizo nada”, recuerda. Desde su punto de vista, lo sucedido ejemplifica las diferentes formas de encarar la político, desde el respeto o desde el conflicto: “No todas somos iguales”.

“Somos vecinos que hemos comprado nuestro piso con el sudor de nuestras frentes o que estamos pagando el alquiler mes a mes y nos quieren plantar un recinto ferial, con todos los ruidos y molestias que eso provoca, a muy pocos pasos de nuestras viviendas”. Con esta contudencia expresan su enfado en un comunicado los afectados por un nuevo proyecto del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, esta vez a través de la Junta Municipal del distrito de Vicálvaro. Son residentes de El Cañaveral, uno de los desarrollos urbanos en proceso de expansión de la ciudad, ideado hace ya décadas pero todavía en plena expansión poblacional.

La Junta de Vicálvaro adjudicó en febrero por 5.676 euros un contrato para la “redacción de estudio previo para la implantación de un recinto ferial en el barrio de El Cañaveral”. La construcción está prevista en plena zona residencial, concretamente en un terreno ubicado entre las calles Alto del Esparragal, Tolerancia y Cilantro. Esto es, a “apenas 18 metros” de los pisos más cercanos. Lo denuncia en conversación con Somos Madrid Roberto, que vive en una de las urbanizaciones más próximas: “Los dormitorios, también los de mis hijos de 2 años y de 4 meses, dan con la parcela”.

En su urbanización han proliferado pancartas con mensajes como “recinto ferial fuera de la zona residencial” o “el ferial al polígono industrial”, en referencia a una posible localización alternativa a unos pocos cientos de metros donde no habría viviendas adyacentes y en la que hay una parcela municipal. “Prometen que cumplirán las medidas acústicas y de horario, pero cuando acaba el evento no termina la música, la gente se queda y habla. Además es una calle de un único sentido, cuando la mayoría aquí son de dos, por lo que habrá más congestión y la movilidad será más movilidad más caótica que en otros puntos”, explica Roberto.

El comunicado de los residentes alude a problemáticas como el ruido, un aumento de la inseguridad en los bloques (tanto en los días de celebración de las distintas fiestas como en los momentos en los que el recinto quede vacío), la suciedad asociada a estos eventos, el incremento del tráfico en la zona (con el consiguiente aumento de la contaminación a la que se ven expuestos los residentes) y dificultades para poder acceder a las viviendas en los días de mayor asistencia a los eventos. Indican que un colegio concertado también se encuentra muy próximo a la parcela. Mencionan también efectos económicos: “Los edificios que se encuentran en un radio que alcanza las tres manzanas del recinto ferial verían cómo el precio de sus viviendas sufriría una gran devaluación, además de aumentar el gasto que tendrían que asumir las urbanizaciones en limpieza”.

Ante las quejas, la Junta de Vicálvaro que preside el concejal Ángel Ramos ha trasladado a los vecinos que el uso principal del espacio será como parking gratuito de respaldo al campo de fútbol base colindante. “Este tipo de equipamientos precisan de un gran número de plazas de estacionamiento en los alrededores, ya que generan un importante flujo de circulación y se persigue evitar molestias a los vecinos de la zona”, argumentan fuentes municipales en declaraciones a este medio.

El Gobierno de Almeida habla ahora de parking tras presentarlo y financiarlo como recinto ferial

El acta del Consejo de Proximidad de Vicálvaro celebrado en noviembre de 2025, al que ha tenido acceso este medio, refleja sin embargo otros argumentos de la coordinadora del distrito para justificar el recinto: “Tiene como finalidad acoger eventos, mercados, ferias culturales, cine de verano, eventos deportivos y otros actos públicos que, en la actualidad, se celebran en calles, calzadas u otros espacios públicos, lo que genera molestias e inconvenientes para los residentes del barrio. Con esta iniciativa se dota al barrio de El Cañaveral de una infraestructura necesaria, dado que los eventos son muy demandados y todas las actividades han contado con acogida muy favorable de la ciudadanía. De este modo, se crea un espacio adecuado para la convivencia vecinal, equipado con los recursos necesarios”. El documento detalla incluso que el proyecto recibe apoyo del Plan de Desarrollo del Sur y el Este de Madrid (SURES).

Desde el Consistorio insisten en que no hay ninguna contradicción y ambos enfoques son compatibles: “El proyecto contempla la división de ese espacio en dos plataformas situadas a dos niveles diferentes e independientes. El superior y más cercano a las viviendas siempre estará destinado a parking y inferior, situado en la parte más lejana a las viviendas, acogerá actividades puntuales. En el último pleno del distrito, el concejal se comprometió a celebrar exclusivamente La Muestra del Cañaveral el segundo domingo de cada mes en la calle Gran Vía de Vicálvaro y el cine de verano, siempre orientando el sonido hacia la M-45. Ambas actividades se trasladarán al Parque Central cuando esté finalizada su construcción. En cualquier caso, no constará ningún escenario fijo y las actividades siempre tienen que cumplir con la normativa vigente sobre límites acústicos, horarios y similares”.

La proliferación de eventos más allá de jornadas puntuales es precisamente una de las grandes preocupaciones de Roberto: “Si meten todo en el mismo recinto y se repite el ritmo del año pasado, tendremos que soportar 87 días de festejos, 56 de ellos en días laborables”. Las explicaciones municipales no satisfacen su inquietud: “No nos oponemos al parking, pero no sé hasta qué punto puede ser su uso principal cuando han recibido fondos SURES vendiéndolo como recinto ferial. La sensación es que nos ocultan información”. Otro aspecto que apostillan es la mencionada orientación a la M-45: “Ahí hay colinas sin árboles que no absorberán el sonido, sino que este va a rebotar. Cuando pasa un avión militar a Torrejón, el eco se escucha muchísimo y retumba en las casas. Hemos solicitado estudios topográficos y no nos han respondido”.

Roberto tampoco comparte que la ubicación actual de eventos y festejos cause grandes molestias al barrio: “Los hacen en avenidas repartidas por el barrio que ya estaban previamente cortadas al tráfico con bloques de hormigón y que están a unos 60-80 metros del edificio más cercano”. “En cualquier caso no lo quiero ni para mí ni para otros vecinos. Hay ubicaciones alternativas, como el polígono industrial”, dice.

Otro argumento de quienes cuestionan la iniciativa es que deberían priorizarse otros espacios públicos en un barrio que “no para de crecer de manera excepcional, casi 30.000 personas ya, la mayoría niños”. “Anda que no necesitamos otras dotaciones antes a las que podría dedicarse este dinero”, reclama Roberto. Además de Metro y centros de salud o educativos, competencias de la Comunidad de Madrid, habla de un polideportivo (que podría adecuarse a este terreno por la convivencia con el campo de fútbol) o una escuela infantil.

El Cañaveral no para de crecer de manera excepcional, casi 30.000 personas ya, la mayoría niños. Anda que no necesitamos otras dotaciones antes a las que podría dedicarse este dinero

Roberto desliza que el punto escogido, que en Google Maps ya aparece indicado como “parking y recinto ferial”, no es ninguna casualidad y tiene relación con los pocos propietarios de los alrededores: “Salvo nuestra urbanización, las demás o tienen alquileres privados o todavía son solares en construcción y en algunos casos hasta todavía por adquirir. Esto hace que la movilización sea más complicada”.

Además de a los propios afectados, la respuesta al proyecto municipal ha escalado ya a la Asociación de Vecinos El Cañaveral Avanza (Aveca) y a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), si bien cuenta con el visto bueno de la Asociación Vecinal El Cañaveral. Rosa, presidenta de Aveca, coincide con Roberto en que “hay prioridades ante las necesidades y carencias de dotaciones en el barrio”, de ahí que sus suspicacias fueran previas incluso a que se conociera la localización.

“Hace un mes nos llegaron las primeras llamadas de vecinos temerosos de soportar ruidos y molestias justo debajo de sus dormitorios, que querían apoyo para reclamar. Lo valoramos y la conclusión es que no tiene sentido con todos los suelos dotaciones en el barrio sin proyecto asociado. La orientación lo emperora aún más porque no es que no puedas escuchar la televisión en el salón, es que no podrás dormir”, cuenta. Rosa admite que el parking “hace falta, porque el campo mueve mucha gente y hay que dar espacioa e sos vehículos”, pero “no puedes venderlo como que solo de vez en cuando lo vas a usar de recinto ferial cuando has recibido dinero para ese uso, me parece casi delictivo”. Desde Aveca proponen que el aparcamiento sea subterráneo y en superficie se coloquen “dotaciones como centros que ofrezcan servicios sociales, viveros profesionales o el polideportivo, aunque este quizá precisaría de una parcela más amplia”.

Rosa concluye que “las cosas hay que hacerlas bien”, por lo que anima a replantear tanto el parking como el recinto ferial, de forma que ambas dotaciones cuenten con el beneplácito de todo el barrio al tiempo que se complementan con otras igual o más demandadas por los vecinos.

Aunque el impulso del Sindicato de Inquilinas y la beligerancia de la Coordinadora Juvenil Socialista han concentrado las miradas y los titulares de la acampada de Sol, entre los más de 40 colectivos que la conforman hay una organización que sobresale por su afán en servir de confluencia. Bajo las siglas Pucvm (Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid), esta entidad de reciente creación aglutina colectivos de vivienda de distintos barrios y municipios de la capital o el conjunto de la Comunidad. 

Entre ellos se encuentra el Sindicato del Barrio de Hortaleza, al que pertenece Lucía; la Asamblea de Vivienda del Barrio del Pilar, en la que milita Rodrigo o la Asamblea de Vivienda de Villalba, donde Pablo trata de luchar contra la especulación inmobiliaria en la localidad de Collado Villalba. Los tres atienden a Somos Madrid tras la carpa de Pucvm entre las calles Arenal y Preciados, convertida en las últimas semanas en una herramienta de difusión que ha contribuido a lograr cifras récord de asistencia a los encuentros por la vivienda de los barrios.

También integran Pucvm la PAH Vallekas, el Sindicato San Blas-Canillejas, la Asamblea de Vivienda de Aranjuez, la Organización de Vivienda de Tetuán y la Asamblea de Vivienda AlcoSanse. Otros colectivos con fines similares con presencia en la Puerta del Sol optan de momento por no integrarse en el proyecto, caso del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, el de Moratalaz y el de Tetuán.

“El nombre lleva poco tiempo, surgió justo la semana previa a la acampada, pero el proceso para generar esta unión viene de largo y habíamos tenido reuniones”, comenta Lucía. “La intención es encauzarnos en un proceso más unitario porque muchas asambleas compartimos discurso y maneras de hacer, aunque otras compañeras apuesten por otros modelos igual de legítimos. Sol ha sido una oportunidad más orgánica de hacerlo efectivo, lo cual es muy positivo y nos pone muy contentos”, opina Pablo. “Solemos trabajar a nivel de barrio, pero para determinadas acciones necesitábamos un espacio de coordinación manteniendo nuestras particularidades en el que mostrar el músculo que tenemos en el territorio. El movimiento por la vivienda es más grande que nosotros y la magnitud del problema es enorme”, completa Rodrigo.

Pablo lo baja a tierra y habla de “compartir formaciones, talleres, saberes, técnicas o tácticas que poner en funcionamiento conjuntamente, sin perder la esencia de barrio o de pueblo”. Una cotidianeidad que contribuya a “escalar el conflicto” si la situación de la vivienda no mejora, con una movilización persistente. Rodrigo menciona asimismo que esta articulación facilita que operen como “referente” para futuras asambleas.

Todo dentro de la heterogeneidad de las agrupaciones. El Sindicato del Barrio de Hortaleza, por ejemplo, no circunscribe su acción tan solo a temas habitacionales: “Tratamos también asuntos laborales [ya han anunciado su participación en la huelga general del 11 de noviembre]”. Es un elemento clave a la hora de diferenciarse, por ejemplo, del Sindicato de Inquilinas. Lucía indica, eso sí, que “en los últimos tiempos las problemáticas de vivienda han cobrado un protagonismo especial”. Cita el caso de las viviendas en el parque de Santa María que la Familia Banús, uno de los grandes clanes de la construcción durante el franquismo, vendió a varios fondos. Esto generó una enorme incertidumbre entre los inquilinos, que sirvió de germen para el propio Sindicato. “Es una asamblea abierta y horizontal. No hay ninguna verticalidad en la toma de decisiones”, resalta.

“Compartimos la misma manera de funcionar”, dice Rodrigo sobre la Asamblea de Vivienda del Barrio del Pilar. Hasta les une la preocupación ante actuaciones de la Familia Banús, aquí por una estafa que amenaza con dejar sin casa a algunos propietarios. “Llevamos solo dos años y nos reunimos los miércoles a las 19.00 en el centro social autogestionado La Piluka. Queremos dinamizar el espacio con contenido político, que parecía haber decaído estos últimos años en lo que respecta a lo social. Pero sobre todo nos gusta enfatizar que somos vecinas y vecinos normales del barrio, simplemente afectados de una manera u otra por la problemática de la vivienda que entendemos que no tiene solución únicamente en lo institucional, sino que tenemos que articularnos y acompañarnos para enfrentarlo de forma colectiva”.

Rodrigo destaca de hecho el vínculo entre organizaciones de vivienda y centros sociales okupados o autogestionados, “lugares de ocio alternativo en los que poder reunirte con tus vecinas sin mediación por el consumo”. Muchos de ellos también han tenido gran peso en la acampada: La Animosa (Hortaleza), La Casika (Móstoles), La Enredadera (Tetuán), La Rosa (Centro), la EKO de Carabanchel o el colectivo feminista Ariskas, ligado a La Villana de Vallecas. 

Pablo ejemplifica la fuerza de los movimientos por la vivienda fuera de Madrid ciudad, que suelen recibir una atención mediática todavía menor. “Compartimos los principios de horizontalidad o apoyo mutuo, aunque sí que tenemos más trayectoria, ocho años. En ese tiempo han surgido muchos conflictos con la Sareb [el banco malo] y en general las administraciones públicas. La sierra norte no tiene un problema de vivienda turística tan acusado, pero sí hay muchas complicaciones por el caciquismo, familias enteras con muchísimas propiedades e influencias que están asentadas en los pueblos”. Frente a ese modelo, defiende la okupación como “una manera de garantizar el derecho a la vivienda y de lucha contra este sistema”.

Con el estallido social tras el desahucio y la posterior muerte de Maricarmen, la afluencia a sus encuentros se ha disparado. “En la asamblea de Hortaleza normalmente somos 15 personas y el otro día fuimos 40. Ha habido un agite del que Sol habla por sí solo, pero que lo rebasa. Es algo que estaba latente, pero faltaba que saltara una chispa para enfrentarnos a la realidad de un problema que nos sobrepasa a todas. Está siendo muy abrumador y también muy ilusionante”, afirma Lucía. Pablo apostilla que “algo así puede ocurrir porque durante años ha habido un trabajo paciente, de hormiguita, que han plantado la semilla que ahora está creciendo de esta manera”.

Ha habido un agite del que Sol habla por sí solo, pero que lo rebasa. Es algo que estaba latente, faltaba que saltara una chispa para enfrentarnos a la realidad de un problema que nos sobrepasa. Está siendo muy abrumador y también muy ilusionante

Lucía — Miembro del Sindicato del Barrio de Hortaleza

Pese a la emoción, expresan a título personal algunos reparos sobre cómo se ha canalizado la movilización social de las últimas semanas. “Tengo la sensación de que ha estado demasiado pautado. El recorrido de la protesta y de sus ítems mediáticos la han reconducido hacia canales institucionales que no sé si expresan la profundidad del malestar o la complejidad del problema”, opina Rodrigo. Pablo pone como ejemplo que los decretos de vivienda tumbados por la derecha en el Congreso “ya dejaban fuera a las personas migrantes y sin papeles, el colectivo más afectado por la situación de la vivienda junto a los jóvenes”. Rodrigo lo resume en que existe “una subrepresentación de los sectores más afectados por la propia temática en el discurso público”.

Además de poner reparos a la concepción de las medidas, exigen una mayor ambición. Según Pablo, “hace falta una baja de alquileres, la congelación ya no es suficiente”. Habla de “movilizar el parque de 3,8 millones de viviendas vacías, con penalización fiscal a quienes no las ponen en el mercado, en vez de beneficios a los caseros buenos”. Rodrigo reclama “la prohibición de la especulación impidiendo comprar vivienda a las entidades jurídicas”, así como la de “las empresas de desokupación, replanteando el marco de la okupación, que deslegitima situaciones vitales de pura necesidad”. Lucía recuerda otra petición de colectivos sociales, no solo ligada a la vivienda, pero sí a la protección del derecho a la protesta: “La derogación de la Ley Mordaza, que en ocho años este Gobierno no ha tocado. Hay muchas compañeras en procesos judiciales por defender el derecho a la vivienda. Las diferentes asambleas suman 350.000 euros en multas”.

Reforzar la participación para mantener la chispa

El Sindicato del Barrio de Hortaleza se reúne una vez a la semana, normalmente los lunes a las 18.30 o 19.00, en La Soci. Se trata de la sede de la Asociación Vecinal de Manoteras, en el número 46 de la calle Cuevas de Almanzora. El primer lunes de cada mes abordan cuestiones de funcionamiento interno, mientras que el resto se centran en casos concretos. “Solo si la persona implicada va; no los tratamos si no está porque su presencia nos parece importante”, matiza Lucía. Luego reparten tareas, tanto para la persona afectada como las que puedan asumir el resto de miembros.

La Asamblea de Villalba se da cita por su parte cada viernes a las 19.00: “Somos un grupo de vecinas afectadas por el problema de la vivienda que se reparten tareas a todos los niveles: pegar carteles, escribir un comunicado, subir algo a Instagram... Hay muchísimas cosas que hacer y todo el mundo puede aportar. Nadie vino aprendido, que se pasen a conocernos porque somos un espacio abierto y diverso”, expone Pablo.

Somos un grupo de vecinas afectadas por el problema de la vivienda que se reparten tareas. Hay muchísimas cosas que hacer y todo el mundo aporta. Nadie vino aprendido, que se pasen a conocernos porque somos un espacio abierto y diverso

Pablo — Asamblea de Vivienda de Villalba

Recuerda que los desahucios, el extremo más “traumático” de la crisis habitacional, son “la punta del iceberg de todo un proceso larguísmo de muchas otras dinámicas perversas”. Cita solo algunas: “Que el casero no te quiera devolver la fianza, que no me pueda empadronar en mi vivienda, que me hagan pagar honorarios y mes de agencia...”.

Respecto al futuro inminente de Pucvm, su papel en la acampada, lo encaran con tranquilidad y sin dramatismo. Así lo explica Rodrigo: “Aunque en un primer momento nos volcamos con mucha energía porque somos organizaciones por la vivienda, nunca nos hemos sentido un elemento central en Sol. Nuestra posición ha sido colateral, de traer al centro lo que hacemos en los barrios. Un pie aquí y un pie allí. Nos ha servido para mayor difusión y para recoger casos. Pero, como no fuimos convocantes, tampoco creemos que debamos ser desconvocantes. Acompañaremos la acampada con nuestro trabajo y veremos cómo evoluciona”.

Pablo lo sintentiza en que no conciben la movilización como “un trabajo explosivo, sino como una labor del día a día”. El objetivo es que “cada persona se organice en su propio territorio con sus vecinas y su comunidad inmediata para que el apoyo mutuo contribuya a solucionar el drama de la vivienda”.