Madrid reconoce a quienes dejan huella en su cultura y sus barrios cuando escucha propuestas y convierte los acuerdos en homenajes visibles. El problema llega cuando, aprobados, quedan atrapados entre despachos, trámites y excusas.

El caso de Marisa Paredes y Antonio Isasi-Isasmendi lo retrata. No son dos nombres más en una lista. Marisa fue una de las grandes actrices españolas y llevó el nombre de Madrid por escenarios y pantallas de todo el mundo. Antonio fue un cineasta y apasionado por su oficio. Compartieron vida, profesión y un vínculo con esta ciudad. Sus familias y los madrileños merecen un reconocimiento a la altura.

En enero de 2025, el Pleno del Distrito Centro aprobó, a iniciativa de nuestro grupo, una placa para Marisa Paredes en el número 13 de la plaza de Santa Ana y otra para Antonio Isasi-Isasmendi en el número 3 de la calle de Carretas. Ambas siguen pendientes. El Partido Popular apoyó la propuesta junto al PSOE y Más Madrid. El acuerdo exigía la conformidad previa de las comunidades de propietarios, pero no decía que el grupo proponente tuviera que conseguirla para que la Administración empezase a tramitar el expediente.

Sin embargo, eso es lo que el concejal presidente de Centro trasladó en una nota interna recibida el 7 de marzo de 2026. Según su respuesta, los promotores deben aportar las conformidades y, sin ellas, no puede iniciarse el expediente. Así, una gestión administrativa que debería impulsar el Ayuntamiento recae sobre quien presenta la propuesta.

¿Qué se espera de quien propone una placa? ¿Que coja una lista de portales y vaya llamando al telefonillo, puerta por puerta, para localizar a propietarios o administradores que quizá ni siquiera viven en Madrid? ¿Que lo haga un grupo político, una asociación vecinal, una familia o un colectivo? La autorización de la comunidad es necesaria, pero también debe ocuparse el Ayuntamiento de tramitarla.

No faltan situaciones que hacen aún más absurda esa exigencia. Madrid vive la expansión de viviendas de uso turístico, muchas sin autorización, mientras los vecinos denuncian que el control municipal llega tarde y mal. También hay edificios en manos de grandes tenedores y fondos de inversión, algunos conocidos popularmente como fondos buitre, cuyos responsables pueden ser difíciles de localizar y cuyas decisiones se toman lejos del barrio. Pedir a la ciudadanía que resuelva por su cuenta una gestión administrativa levanta una barrera donde debería haber un servicio público.

Y la ciudadanía no es solo la oposición. Las propuestas de reconocimiento nacen también de vecinos y vecinas, entidades vecinales, asociaciones, colectivos culturales, familias y otros sectores de la sociedad civil. Lo hemos visto con Vicente Cuervo, cuyo recuerdo ha impulsado el movimiento vecinal de Puente de Vallecas, y con La Mandrágora, cuya placa en la Cava Baja recibió el apoyo unánime de los grupos municipales y de personas vinculadas a aquel espacio. La memoria de una ciudad se construye entre todos. Los homenajes expresan ese reconocimiento colectivo y no deberían depender de quién los propone.

La práctica municipal demuestra que algunos homenajes avanzan con rapidez. En Chamartín, una placa dedicada a Manuel de Unciti, propuesta por el Partido Popular y aprobada en febrero de 2023, se colocó semanas después. El acuerdo contemplaba el consentimiento de la comunidad y encargaba la instalación a la Junta Municipal. El problema no es recabar permisos, sino cargar ahora esa gestión sobre los proponentes.

Madrid acumula reconocimientos pendientes o incompletos. Clara Campoamor y Arturo Soria siguen sin el acto solemne que corresponde a sus distinciones de Hija Predilecta e Hijo Predilecto. El homenaje a Jorge Semprún en un espacio público espera concreción. El reconocimiento a Vicente Cuervo debe culminar su tramitación. Y la placa de La Mandrágora, aprobada por unanimidad a propuesta del Grupo Municipal Socialista, debe pasar del acuerdo a la calle. Son historias distintas, pero plantean la misma pregunta. ¿Para qué sirve aprobar un homenaje si después no se ejecuta?

La ciudad no necesita más anuncios para la foto, sino que sus acuerdos se cumplan. En la comisión de Cultura exigiremos que se inicien los expedientes de Marisa Paredes y Antonio Isasi-Isasmendi, que el Ayuntamiento actúe dentro de sus competencias y que el Gobierno de Almeida asuma su responsabilidad. También exigiremos disculpas a sus familias por el trato recibido y por convertir un homenaje aprobado en una carrera de obstáculos.

Las placas no pertenecen a ningún partido ni son un favor del Gobierno de turno. Reconocen a personas y lugares que forman parte de la memoria compartida de Madrid. Cuando ciudadanía, asociaciones y grupos políticos se ponen de acuerdo para homenajear a alguien, el Ayuntamiento debe estar a la altura.

Con Almeida, demasiados homenajes se quedan al otro lado del telefonillo. Ya es hora de que alguien les abra la puerta.