¿Qué ocurre cuando una máquina participa en las decisiones sobre el control de una frontera? ¿Quién responde si esas decisiones provocan vulneraciones de derechos? ¿Qué empresas gestionan los datos biométricos que entregamos al cruzar un aeropuerto? ¿De qué manera nos puede afectar que haya empresas vinculadas a Israel controlando nuestras fronteras? El periodista de investigación José Bautista, de porCausa, analiza el creciente negocio de la vigilancia fronteriza en esta entrevista para el podcast Donde Callan las Armas y elDiario.es, en el que también participan la abogada Patricia Fernández y la antropóloga y periodista Sarah Babiker.

Bautista es uno de los autores del informe que porCausa y el Centre Delàs de Estudios por la Paz realizaron a principios de año sobre estas cuestiones y advierte de que las personas migrantes están siendo utilizadas como sujetos de experimentación de tecnologías que después pueden extenderse al resto de la sociedad.

¿A qué se llama tecnología de frontera y por qué debe preocuparnos?

Se llama tecnología de frontera al conjunto de técnicas y dispositivos que utiliza el Estado en sus fronteras por tierra, mar y aire. Y esto nos debería preocupar y ocupar porque nos afecta. No es algo que solamente padezcan personas de otros países a las que podamos percibir como seres lejanos. Está presente en nuestra vida cotidiana.

Cada vez que viajamos o nos desplazamos, nos encontramos con estas tecnologías. Y, sin embargo, sabemos muy poco de quiénes las operan, de cómo se manejan o de cómo funcionan. Deberíamos conocerlas, de la misma forma que sabemos, o intentamos saber, qué es lo que nos estamos llevando a la boca o cualquier otro aspecto de nuestra rutina.

Estamos poniendo en manos de empresas de armamento datos tan sensibles como nuestras huellas dactilares, nuestros rostros, nuestros pasaportes y nuestros movimientos.

Usted señala que estas tecnologías pueden ser una especie de caballo de Troya. ¿Por qué?

Todos conocemos la historia del caballo de Troya: parece que te están haciendo un regalo y, de pronto, se abre y ya es demasiado tarde. Pasa igual con la tecnología de frontera. La frontera es un campo de experimentación, un laboratorio. Y en ese laboratorio los conejillos de Indias de hoy en día son, a menudo, las personas migrantes, contra quienes toleramos muchas cosas porque nos parecen lejanas.

Las tecnologías que se están probando en las fronteras contra personas de otros países pueden terminar utilizándose contra nosotros. De hecho, ya está ocurriendo. Hay un ejemplo que me gusta mencionar para explicarlo. Hay un software israelí que se llama Cellebrite. Se utiliza para acceder al contenido de un teléfono móvil sin el consentimiento de su propietario. Si tú no quieres desbloquear el móvil y la Policía conecta este dispositivo, que se parece a una pequeña videoconsola, puede acceder a su contenido.

Para acceder por la fuerza a nuestros teléfonos, la Policía necesita autorización judicial. Tenemos derecho a la intimidad y a la privacidad de nuestras comunicaciones, derechos reconocidos en la Constitución. Pero hay una excepción en la práctica: cuando llega una persona migrante a Canarias en cayuco, baja de la embarcación y la Policía Nacional utiliza Cellebrite sin autorización judicial para acceder al contenido de su teléfono. Lo hace con el pretexto de la lucha contra el yihadismo, el terrorismo y otras amenazas de seguridad.

Estamos permitiendo que se vulnere un derecho fundamental de personas que se encuentran en nuestro país. Ahora está pasando contra migrantes y parece que no nos afecta. Pero ¿quién nos asegura que mañana no llegue un Gobierno de extrema derecha y utilice estas mismas prácticas contra quienes piensan de una determinada manera o protestan contra alguna política? Por eso hablo de un caballo de Troya. Estamos viendo cómo entra y lo estamos permitiendo. Puede que algún día terminemos sufriendo sus consecuencias.

Las fronteras son un laboratorio donde se vulneran derechos y se prueban tecnologías contra las personas migrantes que después pueden utilizarse contra el resto de la población, contra quienes protestan o piensan de forma diferente

Sabemos por la historia que eso ha ocurrido en el pasado. Una vulneración de derechos que comienza afectando a un sector de la población puede terminar normalizándose y extendiéndose a otros sectores.

Los derechos son universales o no son, son otra cosa.

También han subrayado desde porCausa el uso creciente de la inteligencia artificial, que ya se está utilizando en las guerras. Lo hemos visto también en el genocidio en Gaza. Y se está utilizando en las fronteras, donde se impulsa una especie de guerra contra las personas migrantes. En Ceuta y Melilla ya se emplea. ¿Qué consecuencias tiene delegar determinadas decisiones en sistemas de inteligencia artificial?

Hay muchos problemas. De hecho, mucha gente desconoce que, desde febrero del año pasado, Ceuta y Melilla tienen sistemas de inteligencia artificial incorporados a todo su perímetro fronterizo.

Lo que hace esta inteligencia artificial, básicamente, es recibir toda la información de los sensores que tienen esas vallas. Hay sensores de paso y de movimiento, cámaras nocturnas y cámaras de larga distancia. Toda esa información se transmite a un sistema de inteligencia artificial que, a partir de los datos recibidos, determina dónde considera probable que se produzca un salto de la valla y transmite indicaciones a la Guardia Civil para que actúe.

Dicho de otra forma, un sistema cuyo algoritmo desconocemos y que no podemos auditar ni como periodistas ni como ciudadanos está participando en decisiones que deberían corresponder a seres humanos. Cuando las decisiones las toma una máquina y se produce un problema, incluso la muerte de personas, ¿a quién se le exigen responsabilidades? ¿Al desarrollador que hizo el algoritmo? ¿Al técnico que lo instaló en la valla? ¿O al guardia civil que siguió las indicaciones del algoritmo?

Hay muchos problemas. Y uno de los más graves, como bien sabes por tu trabajo periodístico, es la opacidad. Otro es el papel de las empresas que desarrollan estas tecnologías. La inteligencia artificial desplegada en Ceuta y Melilla la desarrolla una empresa española llamada TRC, que trabaja mucho con la Guardia Civil, la Policía y el CNI. Esa misma empresa también está incorporando inteligencia artificial a los sistemas del Ministerio de Justicia para determinar a quién se concede la nacionalidad española y a quién no.

¿Qué mecanismo o qué criterio utiliza esa inteligencia artificial para decidir quién merece la nacionalidad y quién no? No lo sabemos. Tampoco podemos acceder a esa información. Ojalá algún día podamos, porque hay una sentencia del Supremo, gracias a Civio, que se supone que nos abre la puerta a examinar estos sistemas. Pero todavía no está ocurriendo.

En los puertos, aeropuertos y fronteras del Estado español hay numerosas empresas que comercializan tecnología israelí –y participan en procesos críticos– y el Gobierno de España continúa comprándola.

Además de todo esto, tenemos empresas tecnológicas y armamentísticas que pueden acceder a nuestros datos personales, nuestras huellas dactilares o nuestros datos biométricos faciales. ¿Por qué es preocupante?

Es preocupante, para empezar, porque son empresas muy opacas. Algunas son empresas armamentísticas que participan en el genocidio en Gaza o en conflictos en otras partes del mundo. Otras están dirigidas por personas muy cercanas a la extrema derecha, tanto en Europa como en Estados Unidos.

En el caso de España, algunas presentan numerosas puertas giratorias vinculadas a los grandes partidos políticos, lo que plantea dudas sobre la separación entre el poder político y los intereses empresariales. Todo esto nos tiene que preocupar por varias razones. Primero, porque se está haciendo con dinero público. Segundo, porque estas tecnologías pueden utilizarse para vulnerar derechos. Y tercero, porque estamos poniendo en manos de empresas armamentísticas información extremadamente sensible: nuestros datos biométricos faciales, nuestro rostro, nuestras huellas dactilares, la información de nuestro pasaporte o los registros de nuestros movimientos por los aeropuertos.

Volvamos al caballo de Troya. Podemos pensar que esto solo afecta a las personas migrantes, pero no es así. Cada vez que pasamos por un aeropuerto para coger un vuelo, ya sea por trabajo o para irnos de vacaciones, estas empresas pueden acceder a datos e información muy sensible sobre nuestra vida cotidiana. Y también a los datos de nuestros hijos o de cualquier persona que utiliza estas infraestructuras.

Son infraestructuras que consideramos públicas, pero cuya gestión se está confiando a empresas privadas, en muchos casos con actividades y relaciones que deberían examinarse con especial atención.

La empresa fundada por un antiguo alto cargo del Mossad que comercializó Pegasus en España también suministra tecnología para puertos y aeropuertos.

Desde porCausa también han señalado que la frontera española es un negocio israelí.

Esto fue una sorpresa. En septiembre y octubre del año pasado, el Gobierno anunció un embargo y afirmó que España dejaría de comprar productos de defensa israelíes y de venderlos a Israel, en el contexto del genocidio en Gaza.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Hay muchas empresas españolas que comercializan tecnología israelí y el Gobierno de España continúa comprándola. ¿Qué hemos descubierto? Por tierra, mar y aire, en los puertos, los aeropuertos y las distintas fronteras del Estado español, encontramos numerosas empresas que comercializan tecnología israelí y participan en procesos críticos.

Una de ellas es DARS Telecom. Esta empresa fue creada por un antiguo alto cargo del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Es la misma empresa que vendía Pegasus al Gobierno de España, utilizado para espiar en Cataluña. Ahora está instalando sistemas de inteligencia artificial cognitiva en aeropuertos y puertos.

Hay otra empresa muy interesante, ETEL88, que es prácticamente desconocida. A través de la externalización de fronteras, España y Europa entregan dinero y equipamiento a Marruecos y al régimen de Mauritania. Una de las empresas contratadas para suministrar visores nocturnos, cámaras y lectores biométricos es precisamente ETEL88, que está muy vinculada a Israel.

Otra es One Recovery. Antes hablábamos de Cellebrite, el programa que se utiliza para acceder por la fuerza a los teléfonos de las personas migrantes. Esta empresa es israelí y también está presente en las fronteras, en el contexto de la llegada de cayucos.

La Policía utiliza un programa israelí para acceder sin autorización judicial a los móviles de las personas migrantes que llegan a Canarias.

También mencionan Excem.

Es una de las que más preocupa. La creó David Hatchwell, que vive en Madrid. Por ejemplo, cuando entregas tu pasaporte y la Policía lo introduce en una máquina, según nuestra investigación, esa tecnología la proporciona Excem. También está presente en los sistemas de escaneo de equipajes. Son tecnologías que permiten tratar información muy sensible sobre las personas que cruzan las fronteras.

Y no es cualquier empresa. Su fundador, David Hatchwell, es uno de los financiadores de las campañas electorales de Netanyahu. También es cofundador de ACOM. ACOM es uno de los principales grupos de presión del sionismo más radical en Madrid, con el que muchos periodistas han tenido problemas en alguna ocasión. Es, además, muy cercano a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Estas empresas, que a menudo prueban sus tecnologías contra la población palestina, están participando en la gestión de información tan sensible como nuestros movimientos, nuestros rostros y nuestras huellas dactilares. ¿Qué puede salir mal?

Estamos dejando que algoritmos que no podemos auditar tomen decisiones que deberían corresponder a seres humanos. Si alguien muere, ¿quién asume la responsabilidad?

Y hay más casos...

Hay otro ejemplo que me preocupa especialmente: una empresa japonesa, NTT Data, que mucha gente no conoce. Todos hemos oído hablar de los graves problemas con los cribados de cáncer de mama en Andalucía. No sabemos cuántas mujeres han podido morir porque no se detectó a tiempo su enfermedad y no recibieron tratamiento.

Esa misma empresa trabaja con Aena y con el Ministerio de Transportes para gestionar datos de las personas que pasan por los aeropuertos. Si se han producido problemas tan graves en la gestión de los cribados de cáncer de mama, ¿qué podría ocurrir con los datos extremadamente sensibles de millones de personas que entran y salen de España? Estamos confiando información tan delicada como nuestras huellas dactilares a estas empresas.

El Parlamento Europeo dio luz verde a 489 millones de euros para contribuir con las labores de recuperación tras varias tormentas destructivas que afectaron a España, Italia y Malta durante el pasado invierno. En concreto, la Eurocámara aprobó 149 millones que irán destinados a Extremadura y Andalucía por las lluvias que sufrieron entre el 22 de enero y el 14 de febrero de este año.

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La abogada Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, explica que en Ceuta se ha utilizado el hambre, la falta de acogida y la violencia contra las personas migrantes como instrumentos de disuasión. Fernández advierte de que la externalización de las fronteras ha permitido a otros Estados utilizar los movimientos migratorios como herramienta de presión política y denuncia la vulneración de derechos fundamentales.

Tras documentar testimonios de agresiones y torturas, la abogada señala la militarización de las calles en Ceuta, la desprotección de miles de menores y las devoluciones a Marruecos por pasos no habilitados. Hablamos con ella en el podcast 'Donde callan las armas' del Centre Delàs de Estudios por la Paz, que se emite en plataformas y en elDiario.es.

¿De qué manera las políticas migratorias europeas y españolas son leídas y entendidas por países a los que se cede soberanía para gestionar fronteras y políticas migratorias?

La actual política de externalización de fronteras, que ha sido fomentada por la Unión Europea y asumida por los distintos gobiernos en España, es utilizada por parte de los países que están llamados a gestionar nuestra frontera. Se ha dado la llave de nuestra casa a un vecino o a una vecina, que es quien ahora mismo tiene la responsabilidad y la encomienda de hacerlo a través de una serie de fondos de difícil seguimiento y de escasa transparencia.

Por lo tanto, tenemos un déficit democrático porque no podemos monitorear adecuadamente los fondos, pero también tenemos un déficit de soberanía porque, en realidad, algo que debería ser responsabilidad única del Estado español o de los Estados europeos, si pensamos en el marco de las fronteras europeas, se lo estamos transfiriendo a un tercero.

¿Qué hacen estos terceros, esos países?

En el marco de las relaciones bilaterales con el Estado español o con la Unión Europea, lo utilizan para su propio beneficio. Lo hemos visto muy recientemente con las declaraciones del rey de Marruecos en la apertura del año legislativo en la asamblea de Marruecos: esto forma parte de su propio ejercicio de soberanía.

Cuando esto se hace, además, no sobre una frontera cualquiera, sino sobre la frontera hispano-marroquí –donde hay territorios en disputa y en litigio– la actual política de externalización de fronteras constituye una grieta de seguridad que, lógicamente, es aprovechada por los Estados del sur global en sus relaciones con Europa. No olvidemos que Marruecos no ha cesado en reclamar soberanía sobre Ceuta, sobre Melilla y sobre parte de las aguas jurisdiccionales canarias.

Con Ceuta hemos normalizado el Ejército en las calles, con soldados de infantería y vehículos blindados

En este marco hemos visto cómo se han dado casos de malos tratos y agresiones muy graves por parte de militares a personas migrantes. Usted misma ha estado muchas veces en Ceuta y Melilla.

Hay una consecuencia muy visible, que parece que no tiene trascendencia, pero que la tendrá en el futuro: se ha normalizado el Ejército en las calles. A las puertas de un comercio o de un supermercado de barrio en Ceuta no hay un vigilante de seguridad, ni un agente de la Policía Local, ni de la Policía Nacional, sino dos soldados de infantería con un vehículo blindado en la puerta.

Ese marco ahonda en la idea de la invasión y penetra de una manera muy importante en el imaginario colectivo de la sociedad ceutí. Se perpetúa un daño real que ha sufrido la sociedad ceutí, que ha vivido con miedo toda esta situación. En ningún caso el Ejército puede tener labores de seguridad ciudadana: no lo permite nuestra legislación ni, desde luego, la Constitución; pero es que además, otra de las variables que nos encontramos es que se otorga una responsabilidad a una institución del Estado que no ha sido formada para ello.

El Ejército no actúa bajo los principios de congruencia y oportunidad, y tiene material de combate. Esto ha llevado a un incremento de la conflictividad y de las vulneraciones de derechos humanos, si atendemos al testimonio de las víctimas, que nos hablan de agresiones muy graves y muy severas, de una manera muy notoria contra las personas que han llegado recientemente a la ciudad de Ceuta. Hemos visto lesiones gravísimas y hemos visto testimonios que no nos hablan de una mera agresión, sino de torturas, porque se les castiga por el hecho de haber accedido a territorio europeo o a territorio español.

Se ha otorgado al Ejército una responsabilidad para la que no ha sido formado. No actúa bajo los principios de congruencia y oportunidad y tiene material de combate. Esto ha aumentado la conflictividad y las vulneraciones de derechos humanos.

Hay fotografías, pruebas gráficas y testimonios que, sin embargo, por el hecho de tratarse de personas migrantes, han pasado demasiado desapercibidos en algunos ámbitos. También hay otra cuestión: ¿Por qué desde el primer día no se aplicaron medidas para acoger a menores y construir espacios adecuados para todas las personas migrantes que llegaron?

Hemos visto imágenes que nos podrían recordar al campo de Argelès-sur-Mer. Hemos visto una playa con gente literalmente abandonada. Esto ha sido una estrategia de disuasión. En este conflicto que hemos vivido en la ciudad de Ceuta, en esta grave crisis de los derechos humanos, hemos visto cómo se ha jugado con el hambre como un arma.

Se han dado menos de 4.000 comidas diarias cuando teníamos aproximadamente 14.000 o 15.000 personas en situación de dependencia. Las raciones ni siquiera alcanzaban el mínimo diario que establece el Manual Esfera, un manual de estándares mínimos de atención en situaciones de crisis humanitaria. Ni siquiera se cumplía con el mínimo de calorías. Se ha jugado con la falta de atención para desesperar a la gente. Hemos visto gente pasando hambre, gente muy desesperada, porque la pretensión era la disuasión.

Hace años que venimos denunciando, a otros niveles, que los programas de acogida a personas migrantes forman parte también de la política migratoria del Estado y que se utilizan como manera de disuadir y de cortar rutas. Cuando la población siria empieza a llegar a Ceuta y Melilla en 2015 —no olvidemos que en el primer trimestre de ese año llegaron más personas sirias por Melilla que por la frontera este de Europa—, se dejaba a la gente hacinada en Melilla. No se le permitía transitar hacia el territorio europeo, hacia la península. Era una manera de cortar la ruta, de que les dijeran a sus vecinos o a sus compatriotas: «Por aquí no vengáis, que se pasa muy mal».

Esto se viene utilizando sistemáticamente. Lo que ha ocurrido en Ceuta es el paradigma de cómo se usa el hambre como estrategia de guerra y la violencia física como estrategia de guerra, en esta dialéctica de la guerra que se establece. Se ha utilizado para evitar la atención. El caso más dramático es el de las niñas, los niños y las mujeres víctimas de violencia sexual.

Se han dado menos de 4.000 comidas al día cuando teníamos 14.000 personas en dependencia. Las raciones ni siquiera alcanzaban el mínimo que establece el Manual Esfera. Hemos visto gente pasando hambre; la pretensión era la disuasión.

¿Cuál es la situación ahora?

A fecha de hoy, transcurridos más de 76 días desde las primeras entradas, tenemos 2.000 niños y niñas de entre 16 y 17 años que no han sido acogidos y que no esperan serlo. Ya han acudido a todos los dispositivos, han hecho colas, se han presentado y, sencillamente, hemos decidido que, como eran prioritarios los niños un poco más pequeños, los de 16 y 17 pueden esperar. Hemos visto cómo se abrían dispositivos para personas adultas y se sacaban a los niños y a las niñas. Hemos visto cómo se abrían dispositivos para hombres y se dejaban fuera a las mujeres.

Se han alterado todas las lógicas de la intervención social y de la intervención humanitaria. Parecía que había una lógica que forma parte del imaginario de cualquier crisis: las mujeres y los niños primero. Esa lógica se ha roto en Ceuta. ¿Cuál era el planteamiento? No vamos a acoger, no vamos a acompañar, no vamos a garantizar derechos; vamos a agotar a las personas para que regresen voluntariamente. Cuando han visto que esto no ha ocurrido es cuando se han inventado estos retornos voluntarios.

Esa gente que está volviendo, ¿de qué manera lo está haciendo?

Hay gente que se acerca tranquilamente por la carretera del Tarajal y llega a la zona de la playa. Allí hay una puerta que da acceso a la parte trasera de las dependencias de aduanas, donde hay una escalerita que baja a la playa del Tarajal, a la zona de seguridad. Por allí caminan hasta la valla, no al puesto fronterizo. En la valla hay una puerta de servicio para gestionarla, y la gente cruza esa puerta, que ahora mismo permanece abierta.

Esa gente retorna de modo voluntario, en el sentido de que nadie la ha llevado hasta la frontera y ha decidido regresar porque no se han cumplido sus expectativas, porque está agotada. Luego tenemos muchas personas, demasiadas, que son trasladadas. Una sola ya era mucho, pero estamos viendo contingentes de personas que llegan en coches policiales o, últimamente, en autobuses.

Los desalojados de las playas del Trampolín, del Guano y de Benítez han llegado hasta allí. Vemos cómo los autobuses paran en el puesto fronterizo, pero no se les devuelve por él: se les introduce en su interior y se les saca por otra puerta a un paso que hay en el polígono industrial del Tarajal. Se abre otra puerta de la valla y se les entrega a las autoridades marroquíes, o se les deja transitar hacia donde están las personas marroquíes.

Estamos viendo personas desalojadas de las playas que son trasladadas en coches de policía o en autobuses hasta el puesto fronterizo marroquí y se les devuelve por la puerta de atrás, custodiadas por policías. Eso no es un retorno voluntario.

Van custodiadas por policías...

Esas personas acuden custodiadas: hemos visto a dos policías nacionales delante, tres detrás y un coche policial. Eso no es un retorno voluntario. Sobre todo, queremos llamar la atención por el hecho de que no se está haciendo por el puesto fronterizo: no es un tránsito regular de fronteras bajo custodia. Cuando una persona es expulsada de España o regresa a su país voluntariamente porque tiene un permiso de residencia en España y transita hacia Marruecos o hacia Argelia, lo hace siempre por un puesto fronterizo. Entonces España sabe quién entra y quién sale.

Lo que no podemos hacer es abrir la puerta de atrás para echar a las personas, ni siquiera para consentir que se vayan voluntariamente, si es que tal cosa fuera real, porque esto es hacernos trampas al solitario. No podemos penalizar a la gente porque cruza la frontera irregularmente y luego nosotros —me refiero al Estado español— habilitar un paso fronterizo irregular. Esto lo hacemos única y exclusivamente porque, entre otras muchas causas, en el origen de esta crisis está que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta.

Esta es una de las muchas causas de la crisis. Llevamos años gestionando la frontera por la puerta de atrás, gestionando la frontera de facto, y estamos solucionando la crisis con la misma medicina que nos ha causado la infección. Por lo tanto, esto es un cierre en falso de la crisis.

Lo que ha ocurrido en Ceuta es el paradigma de cómo se usan el hambre y la violencia física como estrategia de guerra. El caso más dramático es el de las niñas, los niños y las mujeres víctimas de violencia sexual.

Desde la Coordinadora de Barrios ustedes han señalado que la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta tiene también razones geopolíticas, pero que eso, evidentemente, no despoja de derechos a las personas migrantes ni las convierte en proyectiles o armas, como algunos han dicho.

Tenemos que ser conscientes de que, tanto cuando hablamos de crisis geopolíticas como cuando hablamos de mafias, las víctimas de esta historia son las personas migrantes, las personas en movilidad. De una crisis se sale siempre con más derechos y con más Estado de derecho. Esa es la receta para una crisis de estas características. Pero, al haber atropellado los derechos de las personas migrantes, las estamos tratando exactamente de la misma manera que las ha tratado Marruecos o como las tratan las mafias: como pura mercancía. Por lo tanto, si queremos acabar con las mafias que se aprovechan de las personas y con esos tránsitos irregulares de personas utilizados por los Estados con sus intereses geopolíticos, lo que tenemos que hacer es dotar de derechos a estas personas y protegerlas.

No podemos olvidarnos de que, entre las personas que han cruzado, hay aproximadamente 5.000 en necesidad de protección internacional, y estas 5.000 personas no tienen hoy por hoy garantizado el acceso a la protección internacional en España. Por lo tanto, un Gobierno que se erige en baluarte del multilateralismo ha cometido atropellos contra el sistema internacional de derechos humanos como no los habíamos visto en mucho tiempo.