La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación por el atentado que casi le cuesta la vida al político español Alejo Vidal-Quadras. El Ministerio Público pide 27 años de cárcel para Mehrez Ayari, 22 por un delito de asesinato en grado de tentativa y otros cinco por pertenencia a organización criminal. El fiscal Vicente González Mota alude al atentado dentro de “una operación encubierta de Irán”.

Otras cinco personas son acusadas por la Fiscalía de cooperadores necesarios en el intento de “homicidio terrorista” y a un sexto se le acusa de “cómplice”. De entre ellos, la petición de pena más alta corresponde a Naraya Gómez (18 años de cárcel) por haber participado en la preparación de todo el plan y en la huida. l otros cuatro colaboradores, la Fiscalía les pide 15 años de cárcel. Todos ellos deben sumar cinco años a su petición de condena por integración en organización terrorista. Un joven español, acusado de “cooperador” se enfrenta a diez años de prisión.

El escrito advierte que la persona que “dio las instrucciones opoertunas para la comisión del asesinato frustrado” está fugado de la justicia. Los investigadores creen que se refugia en Irán, según fuentes policiales.

En el relato de los hechos, el fiscal explica que el hombre que disparó a Vidal-Quadras en la cara el 9 de octubre de 2023 fue detenido en el aeropuerto de El Prat en un vuelo internacional. A Mehrez Ayari le constaba una requisitoria del Juzgado de Instrucción número 2 de Figueres, pero tras pasar a disposición judicial fue puesto en libertad. El 2 de septiembre, un mes antes del atentado, se reunió en Málaga con el huido Sami Bekal, quien había residido en Fuente Vaqueros.

En la provincia malagueña adquirieron una moto para ejecutar el atentado. El joven que se la consiguió está acusado de colaborar en el intento de asesinato. Otro joven de nacionalidad española, Naraya Gómez, también habría participado en la infraestructura del atentado alquilando coches y material de vigilancia.

Una manifestación contra la Ley de Amnistía

González Mota explica que las reuniones para la ejecución del atentado tuvieron lugar en Lanjarón y Pinos Puente, provincias de Granada y Málaga, respectivamente. Tres de los acusados, el huido Bekal, el autor material Meyari y Chahinez Kadid acudieron el 29 de octubre de 2023 a una concentración contra la Ley de Amnistía en la Plaza de Colón para vigilar a Vidal-Quadras, seguirle y localizar su domicilio. El hecho de que el político iba a asistir había aparecido en redes sociales.

Los investigadores encontraron imágenes de los tres individuos portando banderas en la concentración “sin que tuvieran ningún interés en la convocatoria, solo vigilar a la víctima de su criminal acción”, escribe el fiscal.

La mañana del atentado, Ayari y Naraya Gómez acudieron al domicilio de Vidal-Quadras, en el distrito de Salamanca, y le siguieron durante un paseo por el Parque de El Retiro. A la altura del número 40 de la calle Núñez de Balboa, Ayari “disparó un tiro a la altura del pómulo derecho, disparo que no fue letal porque el señor Vidal-Quadras pudo girar la cabezas evitando que el disparo le causara la muerte y siendo urgente intervención de un ciudadano que le atendió taponando la herida, y de los servicios de urgencia que acudieron al lugar, las causas para que los criminales no lograran su objetivo”. Ayari huyó del lugar en moto.

Gómez y Ayari viajaron después en coche a Portugal y en Lisboa tomó un vuelo a Estambul. Al cabo de unos meses fue detenido en Países Bajos, donde se le investiga por intentar asesinar a un disidente iraní. El huido Sami Bekal viajó a Marruecos y de allí voló a Qatar. Allí recogió a una mujer y ambos volaron a Brasil y de allí a Colombia. El rastro de Bekal se pierde en Turquía, a donde llegó el 19 de enero de 2024.

El fiscal recupera otras acciones terroristas de Irán en distintos lugares de Europa para vincularlas con el caso del atentado contra Vidal-Quadras. Destaca el Ministerio Público que un mes después del atentado en Madrid, la agencia de noticias 'Fars', “administrada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que es un brazo leal al líder supremo Ali Jamenei y está afiliada a los Guardianes de la Revolución, se publico un comunidado advirtiendo oficialmente a todos los países que acogen a grupos terroristas que acoger al MEK y a otros grupos tendrá graves consecuencias para ellos”.

“El Gobierno español haría mejor en no ser un actor en un escenario del MEK (...) España debe saber que acoger ala MEK o jugar en su territorio tendrá graves consecuencias para ella”, recogía aquella nota, recuerda el fiscal.

La Fiscalía ha vuelto a pronunciarse sobre los indicios contra Alberto González Amador en la investigación por corrupción en los negocios que mantiene imputados también al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, y a la mujer de este, Gloria Carrasco. El Ministerio Público, en un escrito enviado al juzgado, mantiene que “es muy alta la probabilidad” de que la pareja de Ayuso comprara una empresa de Carrasco por medio millón de euros “para retribuir un favor recibido” de parte de Fernando Camino.

El “favor” que estaría pagando González Amador comprando por ese precio una sociedad que “carecía de actividad” sería “la intermediación” de Camino para que la pareja de Ayuso hiciera el gran negocio de su carrera, casi 2 millones de comisión por la compraventa de material sanitario en la pandemia.

La Fiscalía también valora que el “favor recibido” fuera el notable incremento de facturación que las sociedades de Alberto González Amador tuvieron respecto de Quirón Prevención tras la operación de las mascarillas y haber transferido de forma camuflada a Camino los casi 500.000 euros, una parte de la comisión.

En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público también se plantea que la compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador estuviera en realidad recompensando “ambas cosas”.

“La realidad negocial, por tanto, es diferente de la realidad formal plasmada en los contratos manuscritos. Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensaba que iba a obtener algo de esa empresa –la cual carecía de actividad–, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido”, escribe el representante del Ministerio Público.

La Fiscalía hace estas consideraciones en un escrito al juzgado en el que se posiciona a favor de la petición de la Agencia Tributaria de no seguir adelante, por ahora, con la inspección fiscal a los investigados, así como a Quirón Prevención y su matriz, Helios Healthcare Spain SL. La existencia de un procedimiento judicial afectaría al resultado de la indagación de Hacienda, según el fiscal.

Razona la Fiscalía: “La determinación por la jurisdicción penal si el precio recibido por la esposa de Fernando Camino por la venta de su empresa Círculo de Belleza SL es en realidad el objeto material de un delito de corrupción entre particulares tiene una relevancia evidente en el procedimiento inspector seguido por la Agencia Tributaria (...) como los son también la sustitución por Alberto González Amador de Maxwell Cremona por Masterman & Whitaer (nombre que dio a Círculo de Belleza) en la facturación de los servicios a Quirón Prevención”.

Por otra parte, la Fiscalía solicita en su escrito, del pasado junio, la declaración como investigado de Fernando Camino, lo que ya acordó el juez a principios de este mes de octubre. El Ministerio Público corrige la percepción de que Camino pasa a estar investigado ahora y asegura que la redacción del auto de la anterior jueza del caso, Inmaculada Iglesias, por el que abrió en 2024 una pieza separada del caso de fraude fiscal de González Amador (para investigar la corrupción en los negocios), ya advertía de la investigación contra el presidente de Quirón Prevención.

La Fiscalía recuerda que la jueza Iglesias –que se jubiló en verano de 2025– dejó encomendada a la UCO de Guardia Civil la investigación de las cuentas y sociedades no solo de González Amador y Gloria Carrasco sino también de Fernando Camino, quien es de la pareja de Ayuso “amigo, socio y jefe”, al tiempo que “marido de Gloria”.

El fiscal recuerda que el juez ya había accedido a que se investigaran los productos bancarios de los tres. Este martes trascendió que la Audiencia Provincial ha corregido al actual juez del caso, Antonio Viejo, y ha accedido a que no solo se investiguen sus cuentas bancarias sino toda su información societaria.

“Procede sin más demora que este investigado formalmente llamado al proceso para ser oído”, escribió en junio el fiscal. El juez Viejo ha citado a declarar como imputado al presidente de Quirón Prevención el próximo 3 de diciembre.

Julio Martínez Martínez, el empresario amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, envió un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el pasado 20 de julio en el que se mostraba dispuesto a colaborar en la causa en la que se indaga en si el expresidente del Gobierno lideró una trama de influencias que maniobró para que, entre otros asuntos, la aerolínea Plus Ultra se hiciera con un rescate público de más de 50 millones. Un día después de que al juez le llegara ese escrito, Martínez Martínez declaró ante él y, ahora cuando se cumplen tres meses de ese capítulo, la transcripción de lo que dijo ante el juez ha sido puesto a disposición de las partes.

A lo largo de las 35 páginas lo que queda claro es que al magistrado Calama no le convencieron para nada las explicaciones de Julio Martínez. Tanto es así que, tras preguntas y repreguntas sobre el origen de determinados cobros en sus cuentas -la mayor parte por negocios relacionados con Venezuela-, el juez le indicó en varias ocasiones que quizá lo mejor sería que enviara “un escrito ampliatorio”. La declaración de Martínez Martínez basculaba entre su defensa de la existencia de un trabajo de intermediación real y la desmemoria y falta de fluidez para aclarar el origen de pagos a empresas chinas.

“Es que no sé cómo explicarlo”, decía sobre por qué cobró 169.000 euros en 2025 de una mercantil china a la que facilitó negocios relacionados con la compra venta de minerales en Venezuela. El juez no entendía qué había hecho él para cobrar, y por eso insistía: “Hago esa gestión de que esos barcos vayan a Venezuela”. Para Calama tanta “logística” y tanta “gestión” no le valían -“son términos muy genéricos”- y volvía repreguntar intentando meter en la ecuación a Zapatero. Pero quien fuera amigo del expresidente no le mezcló en esos negocios y sostuvo que, aunque viajaron juntos en siete u ocho ocasiones a ese país, fue para asuntos distintos y con agendas separadas. “Perdón, el señor Zapatero aquí no hace nada”, le dijo al juez.

Dado que al juez no le valían las explicaciones, llegó a interpelarle: “Mire, se lo voy a decir más claro, si quiere me contesta y, si no, no me contesta, pero no me gusta que me hagan la rueda de hámster”. Julio Martínez trató de subirse al carro del interrogatorio pero no terminaba de entrar porque sus respuestas eran vagas y poco precisas. En un momento dado, confirma que él facilitaba gestiones contactando con autoridades venezolanas, pero no daba nombres porque no se acordaba. Y eso a Calama le molestó: “No estamos hablando de las guerras púnicas, estamos hablando de octubre de 2025”. Finalmente, Julio Martínez dio un nombre: “Vamos a ver, mi relación fundamental en Venezuela es con la vicepresidenta Delcy Rodríguez”.

Lo que, a juicio del juez, eran respuestas poco claras se extendieron al tema clave de la causa, el rescate millonario de Plus Ultra y el papel que pudieron jugar Zapatero y él para facilitarlo. “Hablan a veces de acompañamiento y cosas así curiosas, pero si la empresa -Plus Ultra- cumplía los requisitos de la orden ministerial que se dictó, tampoco necesitaban, no les necesitaban a ustedes en principio salvo que lo que hicieran ustedes eran gestiones con la SEPI o con otro tipo de funcionarios o autoridad”, llegó a indicarle el magistrado tratando de arrojar luz sobre qué pudo hacer el expresidente en favor de la aerolínea.

Martínez Martínez una vez más sabía que su respuesta no iba a gustar al juez -“lo que le voy a decir no le va a gustar a usted, señoría”- pero aun así explicó que ellos vieron que esa empresa estaba “loca por financiación” y que la compañía se encargó de todas las labores administrativas. Plus Ultra le informaba de los pasos y él a su vez le transmitía a Zapatero: “Yo, obviamente, en mi regularidad informo al presidente Zapatero de lo que ellos están haciendo... Es que no sé cómo explicarlo”.

“No me creo” el trabajo de las hijas, dijo el juez

Calama volvía a la carga indicándole que ellos recibieron “un pastón de Plus Ultra” -la investigación sostiene que cobraron el 1 por ciento del rescate, 530.000 euros- y entendía que no lo harían “por nada”. Acto seguido le soltó a la cara la tesis acusatoria, y es que la aerolínea compraba los contactos de Zapatero con las autoridades y los funcionarios de la SEPI y quizá con alguien de “más arriba”. “Luego se viste el santo en esa serie de informes no sé si simulados o de escasísimo valor (...) para pagar el tráfico de influencias”, añadió. A esto, Julio Martínez respondió la frase clave de su declaración: “Lo que hace el presidente Zapatero, yo lo desconozco”.

Por otro lado, sobre los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero desde su mercantil Análisis Relevante -más de 200.000 euros-, Julio Martínez defendió que ambas hicieron al principio un buen trabajo. “Nosotros firmamos un contrato de iguala de alrededor de 3.000 euros al mes y, al principio, de verdad creo que debo de ser honesto, la verdad, trabajan muy bien”, dijo, para añadir que hicieron labores de seguimiento de informes, organización de webinars, etc. Pero Calama volvió a ser cortante: “Bueno, sobre este tema, que yo no me lo creo, digo abiertamente que no lo creo, haremos una investigación muy exhaustiva”.

El juez Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el acceso a las cuentas bancarias de Alberto González Amador dentro de la pieza que mantiene abierta por el presunto soborno de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a un directivo de Quirón, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es. El magistrado accede de forma muy parcial a la petición de la UCO seis meses después de que esta se la formulara formalmente.

Las últimas semanas de retraso para que el juez haya adoptado la decision son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso, de la que informó el pasado lunes en exclusiva elDiario.es. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Ha tardado 41 días. La Guardia Civil ya había puesto nombre a su operación, Cirbelia, según desveló este periódico.

En su auto, el magistrado rechaza autorizar a la UCO a acceder a la información societaria y tributaria de González Amador. “De los tres ámbitos de actuación sobre los que los investigadores de la UCO (...) consideran determinantes para el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes diligencias entiende este instructor prioritario y previo el relativo a la información bancaria, sin perjuicidio de que, en su momento, y dependiendo de los resultados pudiera considerarse procedente extender dicho examen a la información tributaria de personas físicas o jurídicas relacionadas, así como los datos obrantes en los archivos de la Tesorería General de la Seguridad Social de las personas relacionadas”, recoge el auto de Viejo.

La autorización de Antonio Viejo afecta a los datos bancarios de los dos investigados, Alberto González Amador y Gloria Carrasco, esta última esposa del presidente de Quirón Prevención. Las cuentas de ellos y sus empresas serán examinadas desde el 1 de enero de 2014 ya que “lo indagado tiene su génesis en relaciones jurídicas sostenidas en el tiempo”. En total, la UCO accederá a 16 cuentas bancarias

La pieza separada que abrió la jueza Inmaculada Iglesias investiga los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Pese a ello, el juez Antonio Viejo despliega en su auto una serie de jurisprudencia para justificar su inacción en la investigación. “Los datos económicos de las personas físicas y jurídicas constituyen un ámbito de intimidad constitucionalmente protegida, aunque no afectan al denominado núcleo duro de la intimidad personal [y cita tres sentencias del TC y el TS]. Su protección, en cuanto a datos de carácter personal, deriva del artículo 18.4 de la Constitución”, continúa el juez.

Afirma el juez en su auto que las diligencias ordenadas “tienen por objeto construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, en caso de haberse producido, si dicho requerimiento habría podido tener su origen en la investigación aquíe llevada en la presente pieza separada”.

Dos son las líneas de investigación abrió la jueza Inmaculada Iglesias antes de que Antonio Viejo llegara al juzgado. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no es imparcial en su investigación del caso Leire. Esta es la denuncia que ha presentado ante el juez Santiago Pedraz la defensa de Leticia de la Hoz, investigada en la causa que se sigue por las presuntas maniobras de una trama para abortar las investigaciones de corrupción que afectaban al PSOE.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Carlos Bautista denuncia la participación de los agentes de la UCO en la introducción de una supuesta prueba contra su defendida sin comprobar la verosimilitud de la misma. El letrado concluye que los investigadores no actúan con “imparcialidad” en un caso en el que se investiga si su coronel, Antonio Balas, y la propia Unidad, fueron el objetivo de Leire Díez y otros investigados.

Álvaro Gallego es el individuo que habría acercado a Carmen Pano a las inmediaciones de la sede del PSOE para que esta entregara allí 90.000 euros en metálico, siempre según la versión de ambos. En su declaración ante el juez, Gallego dijo guardar unos mensajes con Leticia de la Hoz alusivos al supuesto intento de compra por parte de la letrada para que Pano no ratificara ante el juez la versión que había dado en los medios de comunicación.

La queja de la defensa de De la Hoz radica en que los supuestos mensajes no fueron aportados por Gallego, sino por Carmen Pano mucho después de que fueran publicados y con el mismo “recorte” que habían sido dados a conocer por algunos medios de comunicación. Pese a la manipulación, los investigadores de la UCO lo incorporaron a la investigación sin la más mínima apreciación sobre la manipulación.

“La Unidad no ha cumplido adecuadamente con el deber de imparcialidad, pues conocía el carácter fragmentario y sesgado de las imágenes que incorpora a su atestado de 1 de octubre de 2026, y pese a ello, omitió deliberadamente contrastarlas con la cadena de mensajes que obra en su poder desde el 2 de junio de 2026”, reza el escrito de la defensa de Leticia de la Hoz.

Perjudicados e investigadores

El escrito está dirigido a solicitar la imputación por falso testimonio de Gallego pero también a poner el foco sobre el papel de la UCO. “Mención aparte merece la actitud de la unidad investigadora, probablemente influida por su doble condición de presunta víctima y de órgano policial actuante en este asunto, dado que el peso de la indagación recae en agentes integrados en la unidad contra la que, según la hipótesis acusatoria, se dirigía la conducta investigada”, recoge en referencia al caso Leire.

El abogado de Leticia de la Hoz alude a los mensajes recortados cuando muestra su preocupación porque los informes de la UCO en el caso Leire son “el filtro por el que el material de la causa llega al instructor”. En este sentido trae a colación una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que este apreció vulneración porque un tribunal islandés había resuelto a partir del dictamen de unos peritos empleados por el hospital cuya negligencia se enjuiciaba. “Lo mismo cabe predicar en este procedimiento, en el que quienes figuran como perjudicados investigan su propio caso”.

El hoy coronel Balas fue el primer objetivo conocido de Leire Díez, anterior incluso a que se abriera la causa en la Audiencia Nacional. Ocurrió cuando El Confidencial publicó un vídeo de una reunión en la que la exmilitante socialista pedía colaboración a un huido de un caso de hidrocarburos para cobrarse la cabeza de Balas y apartarlo de las investigaciones contra el PSOE. Siete meses después UCO detuvo después a Leire Díez por su presunta participación en un caso de corrupción en adjudicaciones y se hizo con su teléfono y agendas, lo que permitió abrir la investigación por la presunta trama para ayudar al PSOE.

La actuación de Balas ya quedó en entredicho cuando acudió a la Dirección General de la Guardia Civil para requerir documentación sobre los expedientes abiertos contra él y su cadena de mando por la supuesta filtración de información. Balas acudió en persona con un auto del juez que le autorizaba a llevarse la documentación, pero sin autorización judicial, aunque dentro de la legalidad, organizó una rueda de interrogatorios que permitirían imputar con posterioridad a la directora de la Guardia Civil.

Neutralidad e imparcialidad

La defensa de Leticia de la Hoz, abogada a su vez de Koldo García, alude al artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la obligación que tiene la UCO y cualquier implicado en el procedimiento penal de “apreciar” tanto las “circunstancias adversas como favorables al presunto reo”. Eso afecta, según añade, tanto a recabar las supuestas pruebas contra él como el juicio que emite sobre ellas.

“La unidad actuante está obligada a poner de manifiesto los indicios de descargo con el rigor con que expone los de cargo, exigencia que comprende la búsqueda, el contraste de fuentes, el grado de detalle en el cuerpo del informe y el lugar que unos y otros ocupan en sus conclusiones”, expone el abogado Bautista. Y añade al respecto: “Un informe que recoge lo que incrimina y omite lo que, constando en el material intervenido, desmiente o matiza la hipótesis de cargo, infringe el artículo 2 aunque cada uno de los datos consignados sea exacto. Y lo infringe también el que menciona el dato favorable, pero lo trata con un rigor menor que el que dedica al adverso”.

El escrito también menciona la “absoluta neutralidad” y la “imparcialidad” a la que obliga la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el Código de Conducta de la Guardia Civil, de 2022, que exige actuar “con absoluta imparcialidad y neutralidad, carentes de prejuicio alguno”.

Antonio Balas ascendió a coronel de la Guardia Civil a principios del pasado mes de septiembre. Su nueva graduación le obligaba a dejar el puesto de jefe de Departamento en la UCO y que se le asignara un nuevo puesto acorde a su categoría. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que continuara, en comisión de servicio, al frente de las investigaciones que lleva en la actualidad y que afectan al PSOE, a lo que los jueces Ismael Moreno y Santiago Pedraz accedieron.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado cuatro de los cinco recursos que Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio presentaron contra las sanciones impuestas por la Agencia Tributaria tras descubrir que habían intentado defraudar con una factura falsa, entre otras irregularidades fiscales.

La inspección fiscal descubrió en su momento que el estudio de arquitectura de Monasterio no realizó labor de asesoría alguna para la operación de venta de un edificio de lujo en Madrid de la que se ocupó Espinosa de los Monteros. Pese a ello, el estudio de Monasterio emitió una “factura falsa” por 169.400 euros, IVA incluido.

Los hechos están relacionados con la venta de un edificio en Madrid, en el número 3 de la calle General Castaños, en el elitista barrio de Justicia en pleno centro de la capital. El edificio era propiedad de familiares de Iván Espinosa de los Monteros, quienes recurrieron a la experiencia de este en la intermediación inmobiliaria para proceder a su venta. 

Espinosa de los Monteros alegó ante Hacienda que había contratado al despacho de arquitectos de su esposa para que realizara un estudio sobre las posibilidades del edificio. Pese a facturarlo e incluirlo en sus declaraciones y las de sus sociedades, el trabajo de Rocío Monasterio y Asociados (RMA) fue “una simulación”, esto es, jamás se realizó, según comprobó la Agencia Tributaria.

Posteriormente, el Tribunal Económico-Administrativo confirmó las conclusiones de la Agencia Tributaria. Los cinco recursos presentados contra esa decisión administrativa por Espinosa de los Monteros, dos de sus sociedades, Rocío Monasterio y su estudio de arquitectos recayeron cuatro de ellos en la Sección Quinta de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJM, y un quinto, el que falta por dictar, en la Sección Cuarta. Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid explica que la Sección Cuarta aguardaba a que sus compañeros de la Quinta se pronunciaran sobre el grueso de la cuestión y que se resolverá en breve. 

Este periódico desveló las trampas del matrimonio halladas por Hacienda en 2023 cuando Espinosa de los Monteros era portavoz parlamentario de Vox y Monasterio candidata a la Alcaldía de Madrid. En julio pasado, los jueces se han pronunciado en cuatro recursos, a los que ha tenido acceso en su integridad elDiario.es. Todos culminan igual: “Desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo formulado”.

La Sección Cuarta condena en costas a los recurrentes en sus cuatro autos. Espinosa de los Monteros, su esposa y la representación de sus sociedades tenían un plazo de 30 días para recurrir desde la fecha de la notificación pero no lo han hecho, así que las resoluciones devinieron en firmes el pasado jueves, según la citada fuente del TSJM.

Espinosa de los Monteros no atendió la petición de aclaraciones por parte de este medio cuando publicó en 2023 que Hacienda le había descubierto defraudando. Solo cuando se publicó la información, intentó desacreditarla. El entonces responsable de Vox anunció, como había hecho por noticias anteriores, acciones legales contra elDiario.es. Y como ya había ocurrido, nunca llegó a ejercerlas. 

“La factura deducida es falsa”

El exportavoz parlamentario de Vox acompañó de diversa documentación sus recursos ante el TSJM, pero los jueces concluyeron el pasado 22 de julio lo siguiente: “No se ha aportado prueba alguna ni documento que pueda probar la tan decisiva participación de Rocío Monasterio y Asociados por la que dicha sociedad emite la factura controvertida. Asimismo, el análisis de la factura pone de manifiesto una serie de incongruencias que no hacen sino reafirmar la conclusión de que la factura deducida es falsa”.

La operación inmobiliaria investigada se desarrolló entre 2015 y 2016, cuando Iván Espinosa de los Monteros era secretario general de Vox. En el negocio, Espinosa de los Monteros implicó a dos de sus sociedades, Premium y Citrum, de las que es poseedor de más del 99% de cada una. La primera de ellas declaró unos ingresos por la operación inmobiliaria de 90.000 euros en 2016, y de 160.000 en 2017. Por su parte, Citrum declaró 375.000 euros de ingresos por la misma operación en 2017. En total, 625.000 euros para Espinosa por vender el edificio de sus familiares.

Una segunda inspección fiscal concluyó que el dirigente de Vox había dejado de ingresar una cuota de 268.676,79 euros en concepto de IRPF, al intentar atribuir a dos sociedades suyas un trabajo que en realidad había realizado él. Espinosa de los Monteros debió declarar los 625.000 euros de ingresos por la operación de venta del inmueble en concepto de IRPF y no como trabajos de sus sociedades Premium Capital Management SL y Citrum SL.

El TSJM concluye ahora que Espinosa de los Monteros “utiliza la personalidad jurídica de la sociedad de un modo ilícito, simulando la actividad de intermediación inmobiliaria efectuada en el caso sometido a decisión a la parte vendedora y abusando de la forma jurídica mercantil para eludir o minorar el pago de impuestos”. 

Según los jueces, el político traslada bases imponibles de una persona física —el interesado— con un tipo marginal muy superior al de una persona jurídica que tiene un tipo de gravamen fijo inferior, “con la única finalidad de conseguir una ventaja fiscal ilícita”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Iván Espinosa de los Monteros y ha respondido que las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “no tienen especial importancia, pues las increíbles acusaciones contenidas en esas sentencias están siendo enjuiciadas paralelamente en la Audiencia Nacional”. “Confío en que nuestros motivos de oposición sean estimados en la Audiencia Nacional”, ha añadido. Según la versión del antiguo responsable de Vox, “el proceso se bifurcó” y en la Audiencia Nacional se investigan los mismos hechos, asegura, pese a que las resoluciones de las que informa este lunes elDiario.es son firmes.

El resultado de la operación inmobiliaria que esconde el fraude adquirió notoriedad en 2021 cuando el comprador, Mabel Capital, puso a la venta las 11 viviendas que pasaron a integrar el edificio. Mabel Capital es un vehículo de inversión participado, entre otros, por un hijo del exministro del PP Abel Matutes o el tenista Rafa Nadal. Las viviendas se vendieron a razón de 20.000 euros el metro cuadrado, según publicó Expansión, medio que incluyó entre los compradores de un piso a Marta Ortega, heredera del imperio Inditex. Fuentes conocedoras de la operación inmobiliaria con el número 3 de la calle General Castaños aseguran que los familiares de Espinosa de los Monteros obtuvieron 25 millones de euros por el edificio.

Después de que elDiario.es desvelara el fraude de la pareja, Espinosa de los Monteros aseguró que no mantenía ninguna deuda con Hacienda porque hacía dos años, en 2021, que había abonado los “300.000 euros” que le reclamaba la Administración del Estado y que después de la resolución del TSJM ya no recuperará.

Con motivo del desahucio de Maricarmen, Espinosa de los Monteros llamó “jeta” a la mujer y añadió: “Yo que vivo en Madrid, con mis impuestos le voy a pagar el piso delante de El Retiro a Maricarmen. Es flipante”.

Renuncia al 29-N

Iván Espinosa de los Monteros abandonó todos sus cargos en Vox tras los resultados electorales de julio de 2023, los comicios generales en que perdió 19 escaños. Su marcha fue una de las crisis internas más graves de cuantas ha tenido que afrontar Santiago Abascal. Detrás de su marcha se encontraba un choque entre facciones del partido. Algunos analistas situaban a Espinosa de los Monteros al frente de un ala de corte más liberal. El pasado julio, el propio Espinosa de los Monteros anunció que Vox le había expulsado del partido, al que había seguido perteneciendo como militante de base.

Espinosa de los Monteros centra su actividad política ahora en la Fundación Atenea, un ‘think tank’ desde el que también valoró presentarse a las próximas elecciones generales. Este mismo fin de semana, Espinosa de los Monteros descartó esa posibilidad en una entrevista a El Confidencial. “El momento llama a la responsabilidad y la responsabilidad hoy principal es derrocar a Pedro Sánchez y yo no querría bajo ningún concepto contribuir a quebrar el objetivo principal”, afirmó. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Majadahonda (Madrid), Gerardo Calvo, ha archivado la denuncia interpuesta por Vito Quiles contra Begoña Gómez por denuncia falsa. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado acepta el recurso que la defensa de la mujer del presidente del Gobierno había presentado contra una decisión anterior del propio magistrado, lo que evita la declaración prevista para el próximo viernes de Begoña Gómez en el marco de este procedimiento.

La decisión del juez Calvo se produce después de que la Audiencia Provincial revirtiera la decisión de un juzgado de Madrid que había archivado otra denuncia, esta vez presentada por Begoña Gómez contra Vito Quiles por coacciones, aunque el magistrado ha debido adoptar la decisión por otro motivo, ya que no alude a esa resolución de la instancia superior. Ahora, es el agitador ultra quien está investigado y además ve frustrado su intento de demostrar que la coacción no existió y que se lo inventó la mujer del presidente.

El juez Calvo explica en su auto que Vito Quiles denunció a Begoña Gómez con el argumento de que había sido imputada, ocultando que esa decisión de otro juzgado de Majadahonda no era firme y había sido recurrida ante la Audiencia Provincial. El magistrado Calvo alude a esta circunstancia para el achivo y añade que si deviene en firme la imputación de Begoña Gómez, algo que la decisión del pasado viernes de la Audiencia Provincial hace imposible, Quiles podría volver a pedir su imputación. La lógica indica que el juez no ha incorporado el argumento de la decisión de la Audiencia de imputar a Vito Quiles porque no ha sido notificado aún de la resolución.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que el agitador ultra Vito Quiles sea investigado por coacciones a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El tribunal revoca el archivo “prematuro” de la causa contra él por un episodio de hostigamiento en un restaurante, lo que según los jueces “no se trató de un encuentro casual, sino buscado de propósito”.

El episodio tuvo lugar el pasado mes de abril, cuando Quiles acudió a un bar donde Begoña Gómez se encontraba en compañía de varias personas. El vídeo publicado por el propio agitador, posterior a la agresión denunciada, muestra cómo Quiles siguió intentando acercarse a la esposa del presidente del Gobierno mientras sus acompañantes trataban de impedirlo.

La jueza María Tardón ha dictado un auto por el que cita como testigos a tres consejeros de la Ciudad de Ceuta, así como a tres de los investigadores policiales implicados en la redacción de informes antes y después de la llegada masiva de migrantes. La magistrada también pide al MInisterio de Defensa informes de inteligencia sobre la presunta previsión de los hechos los días 30 y 31 de julio pasado.

Los tres consejeros citados son el de Presidencia, Alberto Ramón Gaitán; de Sanidad, Nabila, Benizna; y el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo de Ceuta, Alejandro Ramírez Magaña. Los tres deben comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 27 de octubre . Al día siguiente, Tardón tomará declaracion a tres oficiales del Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, la magistrada pide al jefe del Estado Mayor de la Defensa que recopile del Ejército de Tierra y le remita “todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta” entre los días 15 de julio y 7 de agosto, así como el informe original de uno de sus organismos a los que se alude en los documentos desclasificados.

Tardón también solicita que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) que le envíe los informes de inteligencia que haya emitido su grupo de seguimiento de Marruecos, así como la ampliación de las imágenes satelitales sobre la frontera de Ceuta entre el mismo periodo de tiempo. Igualmente la jueza requiere los datos que haya ofrecido el programa de guerra electrónica del programa Santiago de las Fuerzas Armadas.

La magistrada requiere a todas las autoridades civiles y militares para que “remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterio y demás medios audiovisuales correspondientes, y ello desde el día 30 de julio y hasta ahora”.

A la ciudad autónoma, Policía, Guardia Civil y Servicio Marítimo la jueza pide “toda la información oficial de que dispongan sobre el número de entradas registradas, retornos, devluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados”.

De la Ciudad Autonoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno, la jueza requiere “actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los dias 27, 28 y 30 de julio”.

Por otra parte, la jueza pide a la Guardia Civil y Policía de Ceuta que identifiquen a un confidente que se llamaría Ahmed, residente en Benzú y que colaboraría habitualmente con el instituto armado. También quiere saber qué agentes lo manipulaban y que se les cite como testigos a todos.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha entregado un informe a la jueza que investiga la entrada masiva de migrantes a Ceuta. En sus veinte páginas hace un repaso pormenorizado de todo lo que se comunicó y se hizo desde los servicios de inteligencia españoles y señala que, con la información que manejaron en los días previos al 30 de julio, comunicaron el 29 de julio por alerta urgente a los servicios marroquíes de que existían convocatorias de asalto a Ceuta. Indica que les trasladaron a esos servicios de inteligencia los grupos de WhatsApp y Facebook que era más activos con ese llamamiento.

“Se considera que, a partir de ese momento, (los servicios marroquíes) son conscientes y conocedores de la extensión, dimensión, fecha y hora de la posible entrada forzada”, indica el informe adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Así, el informe relata que previamente a esa entrada masiva “se puede establecer de manera objetiva que las autoridades marroquíes conocían con detalle la existencia de convocatorias en redes sociales, con un gran seguimiento por parte de sus usuarios, que Ilamaban a una entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono, y que dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo”.

En este sentido, insiste en el documento en que las fuerzas policiales y de seguridad marroquíes eran “absolutamente conocedoras de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares, y un relevante aumento en la afluencia de migrantes en los días previos”. De hecho, explica que el efecto llamada de las redes sociales hizo que numerosos grupos de migrantes se aproximasen durante el mismo 30 de julio al litoral fronterizo desde las laderas de las montañas. Añade que se dieron incluso atascos por la afluencia de personas en vehículos y a pie a lo largo de la carretera A-7, que une Tetuán y Castillejos.

Marruecos “opta por una actuación pasiva”

Para el servicio de inteligencia español, la gendarmería marroquí “estableció controles que resultaron insuficientes para contener la llegada masiva de migrantes a las inmediaciones de Ceuta” y considera que la reacción no fue proactiva “ante la perdida de control de la situación”. A su juicio, esto provocó la entrada masiva a Ceuta alrededor de las 11.00 horas del 30 de julio.

De hecho, relata que ya el 29 de julio el flujo de migrantes interceptados en Marruecos por sus fuerzas de seguridad se incrementa “de manera muy notable” y las autoridades toman medidas de refuerzo con el despliegue de más efectivos de las Fuerzas Auxiliares (FAUX) en el dique que sirve de frontera en Ceuta y Castillejos. Con todo, señala que el 30 de julio esa presencia de las FAUX no fue suficiente porque desde las 8.00 horas un número importante de migrantes comenzó la travesía a nado. Ya a las 12.00 horas “las autoridades marroquíes son conscientes de que (...) no cuentan con el refuerzo necesario de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) y optan por una actuación pasiva evitando el uso de la fuerza”.

A pesar de este reproche a los agentes marroquíes, el CNI recalca en su informe que “se ha venido manteniendo un esfuerzo específico de intercambio de información can los Servicios de Inteligencia Interior (DGST) y Exterior (DGED) de Marruecos, que en el pasado ha permitido neutralizar intentos de llegada por vía marítima, así como asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla”.

Indica que la cooperación en el ámbito de la inmigración irregular con los servicios de inteligencia marroquíes es fundamental para el CNI y añade que la nota dirigida a ese cuerpo el 29 de julio advirtiendo e la convocatoria de una entrada en Ceuta “es un ejemplo de las más de veinte remitidas durante 2026 a esos servicios de inteligencia alauí.

Además, el CNI recuerda que tras la crisis, y durante el retorno voluntario desde Ceuta, las autoridades marroquíes colaboraron con las españolas disponiendo “instalaciones, refugios temporales y un hospital de campaña, así como autobuses para desplazar a los retornados hacia diversas localidades del interior de Marruecos”.

La conversación con el jefe de Gabinete

A lo largo del informe el CNI también despeja algunas incógnitas de la investigación, como la de la conversación mantenida el 29 de julio entre uno de sus activos y el entonces jefe de Gabinete de la Delegación de Ceuta. Explica que esa llamada telefónica (posterior a los mensajes de 'wasaps' ya conocidos en los que se alertaba de los grupos de redes sociales con 180.000 seguidores) se produjo a las 21.34 horas.

En ella se transmitió al CNI que la situación era “preocupante” y que se había alcanzado un acuerdo con Marruecos para la devolución de los inmigrantes que estaban entrando en Ceuta en días previos. El agente del CNI le insistió en el “elevado número de candidatos a emigrar en Castillejos, y que se estaban intentando camuflar entre la multitud de veraneantes que llenaban la localidad”. Ante esto, y después de que el jefe de Gabinete le preguntara “si no era un poco exagerada la cifra de 180.000 usuarios de las redes sociales”, el agente le indicó que “aunque solo hubiera un 10% que intentara acceder, el volumen de migrantes que accediera a la ciudad podría ser superior al registrado en el episodio ya vivido en 2021”.

Por otro lado, entre los motivos que para el CNI desencadenaron la crisis, está la celebración de la Fiesta del Trono de Marruecos que produjo un desvío de fuerzas de seguridad marroquíes hacia otra zona que no era la frontera. Además, esa festividad, explica “es una fecha recurrente y de referencia en las convocatorias de redes sociales en las que se induce y promueve la entrada irregular en Ceuta”. Para el servicio de inteligencia español, otro elemento de oportunidad detonante de esta crisis es “la interpretación errónea de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente.

A estas dos premisas, suma que las autoridades alauitas han llevado a cabo acciones para tratar de evitar condenas por parte de organismos internacionales, y apunta también como desencadenante de la crisis a la difícil situación socio-económica de amplios sectores de la población marroquí.