Rodríguez Zapatero ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que corrija al juez Calama y deje fuera del caso Plus Ultra la investigación sobre sus negocios en Bolivia. Para eso existen los recursos: para que las decisiones de un juez puedan ser revisadas por otros jueces. La defensa de Zapatero sostiene que Calama ha concedido a la UDEF una «patente de corso» para investigar toda su vida profesional. El juez replica que nadie queda blindado frente a los indicios de nuevos delitos que aparezcan durante una investigación. La Sala decidirá quién tiene razón. Es un debate jurídico valioso y necesario: establecer si los 200.000 euros cobrados por gestiones ante las autoridades bolivianas aparecieron legítimamente al investigar el rescate de Plus Ultra o son el resultado de una pesquisa general y prospectiva sobre la vida del expresidente. Ese es el procedimiento: se recurre una resolución, se exponen argumentos y otro tribunal resuelve. Zapatero actúa con tiento. No busca enfrentarse directamente. Otros hacen su trabajo. Él utiliza los instrumentos del Estado de derecho para defenderse, el Gobierno y el PSOE han elegido un camino mucho más peligroso, denunciado el jueves por la presidenta del Supremo en la apertura del año judicial, que es ir a una guerra abierta con los jueces. Porque lo que no encaja en Derecho es que el Gobierno señale como conspirador, activista o lobo solitario a cada magistrado que adopta una resolución que le incomoda.