El Decano visita este domingo al Linares Deportivo con el objetivo de lograr una gran victoria a domicilio tras clasificarse para la final de la Copa Federación
Most of the planet with incomes equivalent to €5,000 a month (nearly $5,600) by 2100. Average temperatures only 1.8 degrees Celsius above preindustrial levels. Less meat, industry and mining. More health care and education. And who would lose out? The world’s Jeff Bezos, Larry Ellisons and Elon Musks. A tiny group of billionaires representing 0.001% of the population would see their share of global wealth fall from the current 6.4% to 0.05%, while the poorest 50% of the planet would rise from holding just 2% to 30%.
Lo que había sido una vía de ahorro y seguridad patrimonial se ha convertido para muchas familias en una carga difícil de soportar; una pesadilla de la que muchos salieron trasquilados y la mayoría de los jóvenes, expulsados. Tener empleo y acceso a los demás servicios del bienestar dejó de asegurar una vivienda asequible
El mercado inmobiliario está desdibujando la Constitución
La vivienda no estuvo ausente de la construcción del Estado del bienestar, pero su incorporación fue desigual en Europa desde el principio y, en la mayoría de los países, quedó al margen de sus principales garantías. Mientras se aseguró colectivamente una parte importante de la educación, la sanidad, las pensiones, las infraestructuras y la protección social, el acceso a la vivienda siguió dependiendo del mercado, del crédito o del patrimonio familiar.
La vivienda se concibió como un bien que forma parte del patrimonio y una forma de ahorro. La intervención pública se circunscribía a facilitar la compra, promover la protegida o atender situaciones de necesidad, sin crear una garantía universal. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales de siglo, los países europeos se fueron incorporando a estos escenarios de abundancia. El aumento de los salarios y el acceso al crédito permitieron convertir la casa en el principal componente del patrimonio familiar.
Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo de los europeos desde 2005 ha coincidido con el inicio de la escalada del precio de compra de la vivienda, que a mediados de 2026 se había duplicado, según Eurostat.
Lo que había sido una vía de ahorro y seguridad patrimonial se ha convertido para muchas familias en una carga difícil de soportar; una pesadilla de la que muchos salieron trasquilados y la mayoría de los jóvenes expulsados. Tener empleo y acceso a los demás servicios del bienestar dejó de asegurar una vivienda asequible.
Evolución de los modelos
El informe Beveridge de 1942, referencia del Estado del bienestar británico de posguerra, identifica cinco grandes problemas: necesidad, enfermedad, ignorancia, desempleo e insalubridad. Sería incorrecto afirmar que sus promotores ignoraron la vivienda. La cuestión es por qué aquella preocupación inicial no se convirtió en ese y en la mayoría de los países en una protección residencial suficiente y duradera. El Estado intervino en la construcción, la financiación y la regulación, pero no aseguró siempre una oferta asequible.
Algunos países desarrollaron la propiedad municipal, las entidades sociales, los alquileres ligados a costes o la compra bajo condiciones públicas. En los Países Bajos, por ejemplo, las woningcorporaties son asociaciones y fundaciones que poseen y gestionan viviendas, principalmente para personas con ingresos bajos. El Estado establece las reglas y supervisa su actuación; municipios y organizaciones de inquilinos participan en acuerdos sobre sus objetivos. La gestión puede realizarse fuera de la administración sin perder la supervisión pública ni su finalidad social.
En Viena, el Ayuntamiento conserva un gran parque municipal y apoya la promoción de vivienda subvencionada. La continuidad de este patrimonio ofrece una alternativa al alquiler privado y mantiene la intervención pública a lo largo de generaciones. En contraposición, el Right to Buy británico, impulsado por la Housing Act de 1980, permitió a numerosos inquilinos comprar sus viviendas municipales con descuentos, sin establecer inicialmente la obligación de reemplazarlas. La venta sin reposición redujo el parque disponible: el beneficio inmediato de unos hogares debilitó la capacidad de atender a los siguientes.
Irlanda vincula el alquiler al coste de la vivienda. El sistema Cost Rental, introducido en 2021, fija rentas para cubrir promoción, financiación, gestión y mantenimiento. Participan entidades de vivienda autorizadas, administraciones locales y la agencia pública de suelo. Los alquileres deben situarse al menos un 25 % por debajo de los de viviendas privadas comparables de la zona. Ofrece una alternativa a quienes no cumplen los requisitos de la vivienda social, pero tampoco pueden afrontar el mercado.
La voracidad
Excepto estos casos, en buena parte de Europa predomina un modelo mixto: las familias compran o alquilan en el mercado privado, mientras el Estado regula, facilita financiación mediante hipotecas, concede ayudas y ofrece vivienda social con una cobertura variable. Las diferencias entre los países son pequeñas. Se relacionan con la condición del propietario o el inquilino, el tipo de gestión, el destinatario de la subvención o servicio y la duración de la función social.
España participa de este modelo mixto que ha conducido a la burbuja de precios que lleva años hinchándose. En esta escalada confluyen varios factores. El primero es la fragmentación de las responsabilidades. Los gobiernos nacionales fijan buena parte de la fiscalidad, la financiación y las reglas del alquiler; las administraciones regionales y locales intervienen en el suelo, la planificación y la promoción. En Alemania, Francia o España, las distintas competencias necesitan coordinarse para que los objetivos de vivienda asequible se traduzcan en terrenos, presupuestos y proyectos. La descentralización permite responder a necesidades locales, pero sin una dirección compartida también dispersa responsabilidades y retrasa soluciones. Las derechas tiran hacia un lado, mientras las izquierdas conciben la accesibilidad residencial como un rol social.
El segundo es confundir las ayudas al acceso con una política suficiente de oferta. Facilitar crédito, subvencionar la compra o ayudar a pagar el alquiler puede aliviar la situación de un hogar. Sin embargo, cuando escasean las viviendas disponibles, parte de esas ayudas puede trasladarse a precios más altos. El dinero público mejora entonces los ingresos del vendedor o del arrendador sin resolver la escasez que justificó la intervención.
Y el tercer factor es la perennidad de las fórmulas de vivienda asequible. Inglaterra redujo su parque municipal mediante ventas sin reposición suficiente; en Alemania, parte de las viviendas subvencionadas pasa al mercado libre cuando vence su protección. En ambos casos, hay que construir nuevas viviendas sociales.
Preservar esa oferta exige inversiones más allá de cada legislatura: promoción, rehabilitación y mantenimiento necesitan financiación estable y gestores especializados. Los Países Bajos, Austria, Francia y Dinamarca muestran que entidades sociales, cooperativas y organizaciones de lucro limitado pueden compartir esta tarea con las administraciones, siempre con reglas claras, supervisión y compromisos que garanticen la función social de las viviendas para las siguientes generaciones.
La voracidad del capital encuentra en estas rendijas el espacio adecuado para las grandes rentabilidades. Amplía la oferta, pero exige precisar qué recibe la sociedad a cambio: precios asequibles, calidad, estabilidad del alquiler y duración de la protección.
Completar este pilar del Estado del bienestar, que hunde a las clases medias, exige reformar urgentemente la deriva de la construcción. El objetivo consiste en que los Estados recuperen la iniciativa de universalizar y perennizar para las generaciones futuras una vivienda digna y asequible. Esto es lo que reza la mayoría de las constituciones de los países europeos. Claro que deben intervenir las empresas en las distintas fases de producción y delivery, pero dentro de un marco estricto de servicio público. ¿Se imaginan ustedes la sanidad, educación o pensiones exclusivamente en manos privadas desde el principio? No habría existido nunca el Estado del bienestar.
El Recreativo remontó un 0-2 ante el Navalcarnero, igualó el partido en los últimos minutos y selló su pase a la final de la Copa Federación en la tanda de penaltis
On Tuesday, three weeks before the midterms, the White House went back to its news conferences after a 47-day hiatus following the departure of former press secretary Karoline Leavitt. Her successor, Katie Zacharia, made a very brief appearance in which she only took three questions and fell short of the cool aplomb with which Leavitt made a name for herself defending the policies of her boss, President Donald Trump, resorting to lies when necessary.
El Recre afronta este domingo una de las salidas más exigentes de lo que va de temporada. El conjunto albiazul visita a las 18:00 horas el Estadio El Palmar para medirse al Atlético Sanluqueño , con el objetivo de prolongar su...
La alcaldesa de Palos de la Frontera acudirá este lunes 12 de octubre a los actos institucionales en Madrid y asegura que llevará "por bandera el nombre de su pueblo"
El Rey Felipe VI y Milagros Romero saludando al pueblo de Palos. Fuente: Alberto Díaz
Between global warming, a rampant inequality whose clearest expression is the housing crisis, and artificial intelligence (AI), much of the world lives with a sword of Damocles hanging over its head. No wonder. The era we live in is seasoned with forest fires that make even the most stubborn believe in a climate hell, professionals who fear imminent replacement by server farms that neither get sick nor protest, young people moving back in with their parents because they cannot afford their own homes, billionaires talking about sending us to Mars, and a global south of 3.5 billion poor people who increasingly have less to lose.
Maricarmen Abascal, the woman whose eviction became a rallying cry against Spain’s housing crisis, died on Wednesday at Madrid’s Gregorio Marañón Hospital at the age of 87, the Tenants’ Union announced in a statement.
Elon Musk is stepping on the gas with Starship. His flagship spacecraft, the largest ever built, entered orbit for the first time on Monday, and his space company, SpaceX, has already received approval from the U.S. federal government to accelerate the current testing phase and launch it twice more in October if it wishes.
Orthodox monks rise to pray at 4.00 am at the Monastery of Saint Gregory, located on Mount Athos, considered by Orthodox Christians to be the Garden of the Virgin Mary. Not even at that hour do the lap of the Aegean Sea and the birdsong prevail over the hum of the electric generators. Hours later, the roar of an infrastructure project funded by the Greek government and the European Union will join the soundscape. Modernity marches on by way of EU funds at this location that is home to 20 monasteries, where some monks drive up the slopes in all-terrain vehicles. Maybe in a few years electric cars will be seen on the streets, or maybe drones will carry food to the most inaccessible spots. What will probably not be anywhere in sight, however, are women.
They came to Madrid to counterprogram one of Europe’s largest real estate fairs, The District. What they found was an 87-year-old woman who was about to be evicted from their home — and was, before their eyes. Around 200 housing activists from more than 20 countries across Europe decided to join the demonstrations against the eviction, and later joined a spontaneous encampment in front of the Madrid regional government headquarters at the historic Puerta del Sol plaza.
Rodríguez Zapatero ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que corrija al juez Calama y deje fuera del caso Plus Ultra la investigación sobre sus negocios en Bolivia. Para eso existen los recursos: para que las decisiones de un juez puedan ser revisadas por otros jueces. La defensa de Zapatero sostiene que Calama ha concedido a la UDEF una «patente de corso» para investigar toda su vida profesional. El juez replica que nadie queda blindado frente a los indicios de nuevos delitos que aparezcan durante una investigación. La Sala decidirá quién tiene razón. Es un debate jurídico valioso y necesario: establecer si los 200.000 euros cobrados por gestiones ante las autoridades bolivianas aparecieron legítimamente al investigar el rescate de Plus Ultra o son el resultado de una pesquisa general y prospectiva sobre la vida del expresidente. Ese es el procedimiento: se recurre una resolución, se exponen argumentos y otro tribunal resuelve. Zapatero actúa con tiento. No busca enfrentarse directamente. Otros hacen su trabajo. Él utiliza los instrumentos del Estado de derecho para defenderse, el Gobierno y el PSOE han elegido un camino mucho más peligroso, denunciado el jueves por la presidenta del Supremo en la apertura del año judicial, que es ir a una guerra abierta con los jueces. Porque lo que no encaja en Derecho es que el Gobierno señale como conspirador, activista o lobo solitario a cada magistrado que adopta una resolución que le incomoda.
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