La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no ha querido adelantar cuáles serán las propuestas del PSOE frente a la crisis habitacional de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, aunque sí ha señalado que una de las tareas que quedan pendientes para la próxima legislatura es la reforma de la ley del suelo, una modificación que ya se intentó en 2024 y 2025. Rodríguez ha redoblado la apuesta y ha abogado por una reforma "más ambiciosa y valiente" que la planteada entonces.

"Cosas que creo que tendremos que hacer es una ley del suelo mucho más ambiciosa y valiente que la reforma que habíamos planteado", ha dicho este martes en un coloquio informativo organizado por el Club Siglo XXI en Madrid, donde ha advertido de que "la política de suelo en este país no se está tomando en serio" y ha criticado especialmente que haya administraciones que vendan suelo público sin ningún tipo de protección.

La voluntad del Gobierno de reformar la ley del suelo para agilizar la construcción de viviendas fue un mantra al inicio de la legislatura. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley en 2024 que inicialmente no llegó a debatirse en el Congreso porque el Ejecutivo lo retiró en el último momento por temor a perder la votación por falta de apoyos. Los partidos a la izquierda del PSOE rechazan la posición de los socialistas en esta materia, acusándolos de querer favorecer la especulación. Del otro lado, el PP coincide en la necesidad de reformar la ley del suelo y ha planteado propuestas similares a la del Gobierno, pero en el segundo intento de 2025 votó en contra del texto del Ejecutivo por considerar que cualquier solución a la emergencia habitacional pasa por derogar primero la ley de vivienda.

Pese al fracaso en los intentos por reformar la ley del suelo, Rodríguez ha defendido que la ampliación de la oferta es uno de los grandes frentes en los que ha actuado su departamento a lo largo de esta legislatura, con medidas como el trasvase de más de 40.000 viviendas de Sareb a la nueva empresa pública Casa 47 o la reducción del IVA al 4% para la construcción de viviendas públicas y protegidas, entre otras. "Necesitamos más viviendas", ha recalcado, subrayando la necesidad de ampliar la oferta para atajar la crisis habitacional.

En este sentido, ha respondido al compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar la construcción de un millón de viviendas si llega al Gobierno y de hacerlo con "más suelo y menos burocracia". Rodríguez ha señalado que bajo los sucesivos mandatos de Pedro Sánchez ya se ha llegado a esa cifra y ha advertido del riesgo de liberalizar suelo público. Sí ha coincidido con Feijóo en la necesidad de construir más vivienda para atajar la crisis habitacional y de reducir la burocracia.

"Lo de menos burocracia se lo compro, lo de más suelo se lo matizo, en el sentido de la preservación de suelo público [...], y el millón se lo igualo", le ha contestado la ministra a Feijóo este martes, destacando que durante los años de gobierno de Pedro Sánchez se han promovido 940.000 visados de obra para la construcción de viviendas. Ha opinado que si la legislatura se hubiera agotado, se habría llegado al millón. Este dato incluye todas las obras que han sido autorizadas en este tiempo, tanto de viviendas libres como protegidas, con independencia de si han sido o no ejecutadas y finalizadas.

Más allá de la referencia a la ley del suelo, Rodríguez no ha querido dar pistas sobre cuál será le programa electoral del PSOE en materia de vivienda de cara al 29-N. Se ha limitado a decir que el partido está ya trabajando en ello y que será un programa "ambicioso". Preguntada por cómo harán para que sus propuestas resulten creíbles después de ocho años en el Gobierno, la ministra ha remitido al trabajo de su departamento. "Constatando lo que hemos hecho y siendo honestos con la ciudadanía y expresando por qué no se ha podido hacer más", ha respondido.

Rodríguez ha asegurado que al Gobierno no le ha faltado "valentía" para sacar adelante medidas en materia de vivienda sino "votos en el Congreso", tal y como, a su juicio, se vio en la votación del 2 de octubre, cuando PP, Vox, Junts y UPN tumbaron los decretos con medidas urgentes aprobados por el Consejo de Ministros tras el desahucio de Maricarmen Abascal. La ministra ha lamentado la falta de colaboración a lo largo de toda la legislatura por parte de la derecha para hacerse eco de los "consensos sociales" y dar soluciones al problema de la vivienda. "He encontrado mucho más consenso en la calle, en el sector y en la sociedad que en la política y esto es un drama", ha afirmado, apuntando a una "gran desconexión" entre política y sociedad en esta materia.

"No hemos tenido las mayorías necesarias para haber culminado algunos trabajos y tampoco la necesaria colaboración que se hubiera requerido por las administraciones sin cuya colaboración no puede avanzar la política pública de vivienda en nuestro país", ha valorado, al mismo tiempo que ha remarcado que el problema de fondo radica en que la vivienda "ha dejado de ser un bien esencial para ser un activo financiero" y ha defendido la necesidad de "regular" e "intervenir" el mercado para cumplir con el mandato constitucional de garantizar el acceso a la vivienda y evitar la especulación.

El Gobierno ha aprobado este martes una partida de 180 millones de euros para aumentar la oferta de viviendas de alquiler social y asequible en las zonas tensionadas. Se trata, por tanto, de una inyección de dinero que se reparte entre las cinco comunidades que aplican el mecanismo previsto en la ley de vivienda: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. Estos recursos "extraordinarios" podrán destinarse tanto a la promoción de nuevas viviendas como a la compra de pisos ya existentes por parte de las administraciones, entre otras líneas de actuación.

"Cuando reconocemos zonas de mercado tensionado no estamos reconociendo algo positivo, sino un problema y, por tanto, la necesidad de abordarlo en sus soluciones", ha explicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha defendido que la ley de vivienda habilita al Gobierno a movilizar "recursos extraordinarios" para atajar la crisis habitacional allí donde se han declarado zonas tensionadas.

Este mecanismo, que permite topar el precio de los alquileres y ofrecer bonificaciones fiscales adicionales para los caseros, está previsto para zonas donde las familias tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda o donde el precio de los pisos haya crecido por encima del IPC en los últimos años. La declaración de zonas tensionadas corresponde a las comunidades. Son cinco las autonomías que han dado este paso y entre ellas se distribuyen los 180 millones de euros aprobados por el Gobierno, en función del número de municipios declarados como zonas tensionadas.

En concreto, Cataluña es la que más fondos percibirá. Le corresponden 119,4 millones de euros para un total de 271 municipios declarados como zonas tensionadas. La sigue País Vasco, con 31 millones de euros y 18 municipios con restricciones; Navarra, con 13,3 millones y 21 municipios con zonas tensionadas; y Galicia y Asturias, con 10,2 millones y 5,9 millones de euros respectivamente. En el caso de Galicia, las zonas tensionadas solo funcionan en A Coruña y Santiago de Compostela, dado que la Xunta —al igual que el resto de comunidades del PP— discrepa de la utilidad de esta medida. En Asturias, son 5 municipios los afectados por las zonas tensionadas, aunque con aplicación restringida a barrios concretos. Hay un total de 317 localidades donde funciona este mecanismo y en ellas viven más de 9 millones de personas.

Según ha explicado la ministra de Vivienda, las comunidades receptoras de estos fondos podrán destinarlos a varias líneas de actuación, todas ellas encaminadas a aumentar la oferta de alquiler social y asequible en zonas tensionadas. Podrán dedicarlos a la promoción o rehabilitación de viviendas tanto libres como protegidas que se destinen a estas fórmulas de arrendamiento. También podrán utilizarlos para comprar suelos sobre los que se edificar viviendas, para el desarrollo y la urbanización de suelos y para la compra de viviendas ya construidas y destinarlas a alquiler social o asequible. Además, a petición de las propias comunidades, se incluye la posibilidad de emplear estos fondos para financiar los avales de alquiler para inquilinos jóvenes.

Alojamiento universitario

Por otro lado, el Ejecutivo también ha aprobado este martes los 45 millones de euros anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar alojamientos universitarios asequibles tanto para estudiantes como para personal docente e investigador. Estos fondos irán a proyectos concretos de siete centros públicos: la Universidad Autónoma de Madrid (13,3 millones), la Universidad de Castilla-La Mancha (8,1 millones), la Universidad Pablo de Olavide (6,5 millones), la Universidad de Burgos (5,9 millones), la Universitat Jaume I de Castelló (4,5 millones), la Universidad de Jaén (3,5 millones) y el Ayuntamiento de Lleida (2,9 millones). El Gobierno calcula que se podrán impulsar, en una primera fase, 2.000 plazas.

El objetivo es facilitar el alojamiento a los estudiantes y al personal docente e investigador, así como favorecer la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias. Rodríguez ha defendido que las dos partidas aprobadas este martes por el Gobierno tienen el mismo propósito: "Avanzar en garantizar el derecho de acceso a la vivienda y promover vivienda allí donde más falta y a quien más falta hace".

Para cientos de miles de personas tener un trabajo no garantiza unas condiciones de vida adecuadas, y menos en un contexto de crisis habitacional como el actual. Según un estudio publicado este martes por Oxfam Intermón, después de asumir el gasto mensual que suponer la vivienda 770.000 personas con empleo cruzan el umbral de pobreza —sus ingresos no llegan al 60% de la mediana, lo que indica que disponen de recursos económicos significativamente inferiores a los habituales en el conjunto de la sociedad—, sumándose así a los 2,2 millones de personas que ya se encuentran en esta situación antes incluso de afrontar el pago del alquiler o la hipoteca.

El informe revela que el gasto en vivienda eleva la tasa de pobreza laboral del 11,5% al 15,5%, lo que significa que uno de cada seis trabajadores en España tiene dificultades para mantener unas condiciones de vida dignas una vez costeado el techo bajo el que vive. "Son personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna", explica el responsable de vivienda, empleo y políticas sociales de Oxfam Intermón y autor del estudio, Alejandro García-Gil, que subraya que la vivienda se está convirtiendo en "uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan".

Este empeoramiento de la situación a causa de la vivienda es especialmente notable entre quienes viven de alquiler a precios de mercado. Antes de pagar la vivienda, la tasa de pobreza laboral de estos hogares es ya del 19,35%, pero al descontar el gasto residencial se incrementa hasta el 34,1%, de manera que una de cada tres personas con empleo que viven de alquiler se queda por debajo del umbral de pobreza después de pagarlo. Esta proporción es incluso mayor a la que se registra entre quienes tienen un alquiler por debajo de mercado (31,3%), que suelen ser personas con bajos recursos que habitan en viviendas sociales.

La brecha entre los trabajadores que viven de alquiler y aquellos que son propietarios de la casa en la que residen es significativa. En este segundo grupo, la tasa de pobreza una vez pagada la vivienda es del 10,2% entre quienes todavía tienen hipoteca y del 8% entre quienes ya tienen la casa pagada —en este caso, se computa el pago de impuestos asociados a la propiedad, como el IBI—. "El drama está en quienes viven de alquiler a precio mercado, porque son personas que ingresan muy poquito y, además, están atrapadas en una trampa: como tienen pocos recursos no pueden ahorrar para comprar una vivienda", señala García-Gil, que añade que "si la vivienda está completamente asegurada, la situación económica es más estable" y advierte de que es de esperar que los datos empeoren en próximas ediciones del estudio por el encarecimiento que los alquileres arrastran desde 2022.

El coste de la vivienda también trastoca la fotografía a nivel territorial. Sin tener en cuenta este gasto, la comunidad con mayor tasa de pobreza laboral es Andalucía (17,7%), seguida de Comunidad Valenciana (17%) y Extremadura (16,5%). Sin embargo, al descontar lo que cuesta pagar el alquiler o la hipoteca, donde más empeora la situación es en Madrid y Cataluña. Su tasa de pobreza laboral se dispara del 7,3% al 12,7% y del 7,9% al 12,9% respectivamente. Son precisamente dos de las zonas de España donde más se ha complicado el acceso a la vivienda en los últimos años por la escalada de los precios.

La influencia de Madrid impacta especialmente en el mercado del alquiler de las comunidades limítrofes. Castilla y León (50,7%) y Castilla-La Mancha (48,7%) se encuentran entre las zonas con tasas de pobreza laboral más elevadas entre los inquilinos, una vez pagada la vivienda. Desde Oxfam Intermón lo achacan a la existencia de ciudades dormitorio donde la presión sobre la vivienda está aumentando por la llegada de población que trabaja en Madrid.

Un problema cronificado

El informe, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, subraya que la emergencia habitacional ahonda un problema de desigualdad "cronificada" que España ya arrastra desde hace tiempo. En los últimos tres años para los que hay datos disponibles, la tasa de pobreza laboral apenas ha descendido 0,16 puntos porcentuales —del 11,64% en 2022 al 11,48% en 2024—, mientras que el PIB ha crecido más de un 6%. La brecha entre crecimiento económico y bienestar de los hogares es tan profunda que, al ritmo actual de reducción de la tasa, España tardaría 59 años en alcanzar la media europea (8,2%).

Desde Oxfam Intermón apuntan a que esa falta de correlación se debe, entre otros factores, a que parte de los empleos que se están creando y que están sosteniendo el crecimiento de la economía española no son de "gran calidad". Y es una realidad a la que están más expuestas las personas inmigrantes. De hecho, en dos años la tasa de pobreza de los trabajadores de fuera de la Unión Europea afincados en España ha subido del 29,5% al 31,4%, mientras que entre los españoles y los europeos ha descendido.

"Siempre se ha considerado que la mejor herramienta contra la pobreza era el empleo y este análisis demuestra que trabajar no es suficiente", recalca García-Gil. "Si a eso le sumamos que los salarios están subiendo mucho menos que el precio de la vivienda, se crea un cóctel de miseria donde se entrecruzan la pobreza laboral y los elevados costes residenciales hasta asfixiar económicamente a cientos de miles de hogares", añade, remarcando la necesidad de abordar conjuntamente las políticas de empleo y de vivienda para combatir la pobreza.

En materia de empleo, Oxfam Intermón reclama blindar por ley las subidas del salario mínimo para los trabajadores con peores salarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, pero también reforzar la negociación colectiva para llegar a las clases medias y desatascar el Estatuto del Becario para proteger a los más jóvenes. Del lado de la vivienda, destacan que los nuevos decretos aprobados por el Gobierno abren una "oportunidad" para cambiar el rumbo de las políticas, pero advierten de que el problema estructural. En ese sentido, García-Gil reclama un cambio que "anteponga el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteja a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, dé estabilidad a quienes viven de alquiler y ofrezca seguridad jurídica a las personas que son pequeñas propietarias que arriendan sus casas a precios asequibles".

El acuerdo in extremis del PSOE con Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda territorial para concurrir conjuntamente al Senado ha causado un golpe de efecto al otro lado del tablero político y, con unos sondeos que auguran una victoria holgada del bloque de la derecha, Vox ha abierto la puerta a negociar con el PP no presentarse a la Cámara Alta en algunas provincias para frenar la "alianza de Pedro Sánchez con la extrema izquierda". Santiago Abascal ha tendido la mano este lunes a los populares para encontrar una vía de "entendimiento" aunque sin poner una oferta concreta sobre la mesa. Génova, de momento, mantiene la incógnita sobre si existen conversaciones con la formación para alcanzar un posible acuerdo.

El PP afronta el 29-N tras haber disfrutado de una holgada mayoría absoluta en el Senado con 143 escaños de un total de 208 durante la última legislatura, mientras que el PSOE tenía 87 senadores. Con gran parte de las encuestas situando a los populares como primera fuerza política en el Congreso, en Génova dan por hecho que obtendrán también una mayoría suficiente en la Cámara Alta. Así, ven en la estrategia de la izquierda al concurrir con una candidatura unitaria un intento por impedir que PP y Vox alcancen una mayoría de tres quintos, un umbral clave para influir en la renovación y nombramiento de distintos órganos como el Tribunal Constitucional.

Cuatro miembros de dicho órgano están a la espera de su reemplazo tras haber expirado su mandato el pasado mes de diciembre, entre ellos el presidente, Cándido Conde-Pumpido. Con la mayoría de tres quintos, el bloque de la derecha elegiría a los cuatro magistrados pendientes y cambiaría la actual orientación progresista del tribunal.

El 29 de noviembre se elegirán a 209 senadores de forma directa a los que se sumarán posteriormente 58 más designados por los parlamentos autonómicos. El sistema de votación permite que cada elector emita hasta tres votos en las circunscripciones provinciales, pudiendo elegir a candidatos de distintos partidos políticos. En el caso de las provincias peninsulares, los escaños se asignan a los cuatro candidatos con más apoyos y, generalmente, dicho sistema favorece al partido más votado. Lo habitual es que la fuerza política que gana obtenga tres senadores y la segunda, uno, habitualmente disputándose entre PP y PSOE.

En las elecciones generales de 2023, los de Abascal recibieron más de 7,2 millones de votos para la Cámara Alta, pero esto no se tradujo en ningún senador por la dispersión de los sufragios, dado que el sistema electoral en el Senado penaliza especialmente a los partidos que quedan por detrás de los más votados —resultan elegidos como senadores solo los que hayan sido más votados, sin que exista un reparto proporcional de escaños entre partidos como ocurre en el Congreso— . Esta vez Vox está más fuerte en las encuestas, pero el objetivo es evitar que sus votos caigan en saco roto y vuelvan a quedarse sin representación o con una representación pequeña en proporción al respaldo electoral.

Sin embargo, PP y Vox no pueden aplicar la misma fórmula que la izquierda para disputar la holgada mayoría, pues el plazo de presentación de coaliciones finalizó el pasado viernes. El plazo para las listas, sin embargo, termina el próximo 26 de octubre y ahí cabrían dos opciones. La primera es que en cada una de las circunscripciones en las que no se presentasen los de Abascal podría aparecer en cada papeleta dos senadores populares y uno tercero de Vox como independiente pero, eso sí, bajo las siglas del PP. La segunda posibilidad es que el PP se comprometiese a ceder a Vox una cantidad concreta de senadores por designación autonómica tras las doce citas con las urnas que se celebran en mayo de 2027. Ya sucedió tras los últimos comicios de Extremadura, Aragón y Andalucía y los respectivos pactos de Gobierno a los que llegaron ambas formaciones, cuando el PP cedió los tres senadores a Vox. Abascal ha terminado la legislatura con cinco representantes mediante esta fórmula: dos de Andalucía, uno de Extremadura, otro de Aragón y otro de la Comunidad Valenciana.

El líder de Vox, Santiago Abascal, fue quien tomó la iniciativa al plantear públicamente este lunes el debate sobre una posible estrategia conjunta con el PP para rentabilizar al máximo los votos al Senado de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Lo hizo en una declaración institucional tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, una comparecencia poco usual, como también lo es para Vox el hecho de plantear la posibilidad de una estrategia conjunta con el PP. Los de Abascal siempre han defendido que Vox y PP son dos partidos abocados a entenderse para construir una alternativa a Sánchez, pero diferentes y con distintas soluciones que ofrecer para "salvar" España.

También es excepcional, a juicio de la tercera fuerza, la coyuntura en la que se encuentra el país tras ocho años con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, de ahí la necesidad de que la oposición haga un "sacrificio" el próximo 29-N. La propuesta de negociación puesta sobre la mesa este lunes por Abascal llega después de que ya el sábado el líder de la tercera fuerza advirtiera de que su formación está dispuesta a "todo" por "salvar" España, ya que Vox considera a la izquierda como una amenaza para el país.