El máximo accionista del Valencia CF, el magnate de Singapur Peter Lim, ha vendido un 42% de su paquete accionarial (hasta ahora tenía el 92%) a Pitchwise Holdings, un consorcio integrado por family offices e inversores institucionales a largo plazo, liderado por los experimentados ejecutivos del sector deportivo Ann Rodriguez y Corey Woolfolk.

Según ha informado el club en un comunicado, ambas partes han alcanzado un acuerdo de asociación que permitirá aportar nueva inversión directa al Club, junto con su experiencia en gestión deportiva y operativa. Entre los inversores que respaldan a Pitchwise se encuentran George Roberts, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR, Penner Sports Group y Henry Kravis, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR.

Mediante la compra de acciones a Meriton Holdings, Pitchwise adquirirá una participación minoritaria significativa en el Valencia CF. La operación estima al Valencia CF en un valor de empresa de 1.250 millones de euros, que refleja el conjunto de los activos del Club, incluidos los equipos masculino y femenino, así como el actual Camp de Mestalla, con capacidad para 49.000 espectadores, y el proyecto del Nou Mestalla, que aspira a convertirse en uno de los estadios más grandes de Europa, con capacidad para más de 70.000 aficionados.

Asimismo, Pitchwise aportará 100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el Club. Pitchwise llegará a ostentar una participación del 42% en la entidad. Meriton Holdings continuará siendo el accionista mayoritario, y Kiat Lim seguirá ejerciendo como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial junto a Ann Rodriguez y Corey Woolfolk.

Fuentes del club han negado a preguntas de elDiario.es que el precio de venta de las acciones se corresponde con el 42% de 1.250 millones, es decir, unos 564 millones, y no han desvelado detalles al respecto al tratarse de una operación entre dos particulares. Otras fuentes consultadas por esta redacción afirman que la operación se ha cerrado en 231 millones de euros por el 42% de las acciones más los 100 millones de inversión vía ampliación de capital, es decir, 331 millones en total.

La nueva estructura accionarial liderará al Club en el que será su hito más importante en los últimos 100 años: el traslado al Nou Mestalla. Este proyecto dotará a València, la tercera ciudad más grande de España, de un estadio a la altura de las ambiciones del Club, en un país que será uno de los coorganizadores de la Copa Mundial de la FIFA de 2030.

Al respecto, el presidente del Valencia CF, Kiat Lim, ha comentado que “el Valencia CF ha despertado un gran interés, pero el equipo de Pitchwise ha sido el único con el que realmente he querido explorar una asociación” y ha añadido: “Aportan experiencia en inversión a largo plazo y un profundo conocimiento del sector deportivo, y hemos tenido la oportunidad de conocernos muy bien. Con Ann, Corey, George y Pitchwise Holdings, estoy convencido de que estamos entrando en una nueva era y de que podemos lograr grandes cosas para el Valencia CF. Juntos construiremos un Club moderno cuyos equipos masculino y femenino compitan de forma constante en Europa, cuya cantera forme talento de primer nivel mundial y cuyo nuevo hogar, el Nou Mestalla, se convierta en un referente para la ciudad y para toda la Comunitat Valenciana”.

Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, socios generales de Pitchwise Holdings, han señalado que “es un honor unirnos a Kiat en la gestión y el desarrollo del Valencia CF, una de las grandes instituciones del fútbol español” al tiempo que han comentado que “a lo largo de este proceso, hemos tenido la oportunidad de visitar València en numerosas ocasiones y comprobar de primera mano lo especial que es esta región”.

Según han explicado, “con su ilustre historia, una afición numerosa apasionada y un espectacular nuevo estadio próximo a su finalización, el club cuenta con todos los elementos necesarios para convertirse en una entidad de referencia en Europa, tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Sin embargo, también somos conscientes de que el entorno regulatorio y competitivo del fútbol moderno exige mucho más que potencial: requiere una estrategia de inversión clara y un enfoque definido. Estamos deseando trabajar con todas las personas que forman parte del Club, incluida su afición, para hacerlo realidad”.

En representación de los inversores de Pitchwise, George Roberts ha afirmado que han tenido “la oportunidad de conocer muy bien a Kiat y creemos que esta nueva alianza con el Valencia CF representa la oportunidad más ilusionante del fútbol europeo”, al tiempo que ha afirmado: “Esperamos poder apoyar a Ann, Corey y Kiat mientras conducen al Club hacia un futuro prometedor”.

El Síndic de Greuges ha solicitado al Ayuntamiento de València “un informe detallado” sobre la situación de las ayudas que el equipo de Gobierno del PP y de Vox que dirige la alcaldesa, María José Catalá, se comprometió a abonar el pasado mes de enero a las 550 familias que, cumpliendo los requisitos solicitados en la convocatoria, se quedaron fuera al agotarse los fondos habilitados, en concreto, 3,1 millones de euros.

El concejal de Compromís, Ferran Puchades, elevó una queja ante la institución tras la nula información recibida sobre la tramitación de las ayudas tras preguntar el pasado 17 de septiembre a la delegación de Vivienda que dirige el concejal, Juan Giner (PP): “El Servicio de Vivienda está trabajando en esto”, fue la respuesta.

Para el defensor del pueblo valenciano, “una vez analizados los hechos descritos y la normativa aplicable, observamos que la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar el derecho fundamental de acceso a la información pública, cosa que faculta el Síndic de Greuges para intervenir en este supuesto”.

Por este motivo ha pedido al Ayuntamiento que concrete el “detalle de las medidas adoptadas para facilitar la máxima y más detallada información posible sobre el objeto de la pregunta formulada con fecha 17/9/2026”.

Como informó elDiario.es, el consistorio adjudicó a principios del presente año, a través de la Comisión de Valoración de la Delegación de Vivienda, las mencionadas ayudas al alquiler, de las que se beneficiaron un total de 1.565 personas solicitantes. “Se trata de unas ayudas por importe de más de 3,17 millones de euros, lo que supone un aumento del 33% respecto a las ayudas de 2022”, detalló en su momento el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner.

Durante el pleno celebrado el 27 de enero, el grupo municipal Compromís presentó una moción con una batería de propuestas para mejorar la atención a los beneficiarios de las ayudas al alquiler que había convocado el Gobierno municipal.

Compromís denunció que se había mantenido una dotación inferior a la convocada en 2024 y que se habían quedado 550 solicitantes sin ayudas, más del doble de los que fueron excluidos en 2024, cuando quedaron fuera 262. El concejal valencianista, Ferran Puchades, denunció que “en un momento en que València lidera los precios de incremento de los precios del alquiler, que la oferta de vivienda en ese régimen se ha reducido un 30% y la situación de emergencia habitacional que viven decenas de miles de valencianos, el Ayuntamiento ha reducido la dotación presupuestaria y ha hecho una convocatoria bianual que genera un efecto excluyente de quienes este año no cumplen los requisitos pero sí pueden hacerlo el año que viene y no tendrán acceso a pedirla”.

Durante el pleno, el Gobierno municipal aprobó una moción alternativa que resultó aprobada con el siguiente contenido: “Continuar impulsando las actuaciones necesarias desde el Servicio de Vivienda para otorgar la condición de beneficiarias a las personas solicitantes que, cumplimiento todos los requisitos de la Convocatoria de Ayudas Municipales al Alquiler 2025-2026, han quedado excluidas por agotamiento de crédito y no han sido beneficiarias del Programa de ayudas al alquiler de viviendas correspondiente al ejercicio 2025, concedidas por Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad”.

Sin embargo, tal y como denuncia Compromís, “prácticamente ha transcurrido el curso presupuestario, se han movido centenares de millones de euros en modificaciones presupuestarias y no han movido un dedo para cumplir su promesa”.

A preguntas de esta redacción, fuentes municipales han explicado que los servicios municipales están comprobando que los 550 solicitantes no han sido adjudicatarios de ayudas de la Generalitat Valenciana, al ser incompatibles, y que paralelamente se han solicitado informes a Servicios Sociales si procede para analizar cada caso. Al mismo tiempo han asegurado que la previsión es que se puedan hacer efectivos los pagos antes de final de año.

Por su parte, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha comentado que “Catalá lleva meses incumpliendo su propio compromiso de ampliar el crédito para conseguir que las más de quinientas familias que cumplían los requisitos para obtener la ayuda al alquiler pero se quedaran sin ella por falta de dinero, puedan acceder a esta ayuda”.

Puchades ha criticado que “este es el nivel de credibilidad y confianza que puede tener la ciudadanía más vulnerable, en el gobierno de la derecha reaccionaria de València” y ha añadido: “Mientras, de una parte se llena la boca haciendo como que trabaja por el acceso a la vivienda, ha convertido a Valencia en líder de España en crecimiento del precio del alquiler y no mueve un dedo para cumplir lo prometido. Esta es la realidad de una alcaldesa que está convirtiendo la ciudad en campo despejado para la especulación mientras abandona a sus vecinos con más dificultades a su suerte”.

Casi dos años después de la riada que dejó 233 muertos en la provincia de Valencia, la dana Adam volvió a golpear con fuerza el territorio valenciano, esta vez poblaciones del litoral localizadas principalmente entre Gandia, Oliva y Pego, con registros que llegaron alcanzaron casi los 700 litros por metro cuadrado.

Además de los cuatro fallecidos, se han producido daños millonarios que han obligado tanto al Gobierno de España como a la Generalitat Valenciana a habilitar diferentes ayudas.

Sin embargo, una semana antes y tras recoger las peticiones de las asociaciones de víctimas de la dana de Valencia, el PP y Vox rechazaron varias propuestas del PSPV y de Compromís para mejorar la Ley 13/2010, de Protección Civil y Gestión de Emergencias en materia de formación a la ciudadanía, de respuesta a la postemergencia y de coordinación con los servicios sociales. En contraste, la derecha y la extrema derecha aprobaron una proposición no de ley (PNL) de Vox sobre el refuerzo de las capacidades del Estado en Ceuta ante la crisis migratoria.

En concreto, el pleno del pasado 8 de octubre tumbó la proposición de ley de modificación de la mencionada normativa propuesta por el PSPV. Entre las novedades que incorporaba rechazadas por la derecha y la extrema derecha destaca la obligación del Consell de la Generalitat de garantizar a todos los valencianos y valencianas la formación necesaria para hacer frente a danas y todo tipo de emergencias.

En concreto, se proponía añadír un apartado al artículo 4 sobre derechos de la ciudadanía con la siguiente redacción: “Recibir formación en materia de autoprotección, prevención y actuación ante situaciones de emergencia, adecuada a los riesgos propios del territorio de la Comunitat Valenciana, mediante programas promovidos por las administraciones públicas, con el fin de adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para proteger la vida, los bienes y el medio ambiente y colaborar eficazmente con los servicios públicos de intervención”.

Además, en el artículo 67 planteaba que “la Generalitat garantizará el acceso de la ciudadanía, en condiciones de igualdad, a programas permanentes de formación en materia de autoprotección, prevención y actuación ante emergencias, con la finalidad de fortalecer la cultura preventiva y la resiliencia de la sociedad valenciana”

El Consell, en su informe desfavorable a la propuesta, justificó que en la ley de acompañamiento de los presupuestos añadieron el término “formados” y “formación” en los apartados A y B del mismo artículo, quedando recogido que los ciudadanos tienen derecho a “ser informados y formados” en materia de emergencias, pero sin un desarrollo normativo claro y dejándolo como un derecho, pero no como una obligación de la administración, tal y como perseguía la propuesta de los socialistas. El informe también afirmó que la Generalitat ya dispone de instrumentos para desarrollar políticas de formación.

Por otra parte, la propuesta del PSPV contemplaba la creación de un Fondo Valenciano de Resiliencia, financiado con el 2% del presupuesto de la conselleria con competencias en emergencias y protección civil.

Así, mediante una disposición adicional única, establece que “el fondo tendrá por finalidad financiar actuaciones dirigidas a favorecer el restablecimiento de la normalidad y la recuperación de las zonas afectadas, promoviendo que dicha recuperación incorpore medidas de adaptación, prevención y reducción del riesgo que permitan disminuir su vulnerabilidad e incrementar su resiliencia frente a futuras emergencias”.

Al respecto, en su respuesta desfavorable, el Consell argumentó que ya dispone de recursos presupuestarios relevantes destinados a la prevención, protección civil, formación, innovación y gestión de emergencias.

Al respecto, la portavoz del área de Emergencias del PSPV en las Corts, Alicia Andújar, ha denunciado que “e Partido Popular ha vuelto a demostrar que vive instalado en el Ventorro, ajeno a los riesgos que afronta la sociedad valenciana” y ha lamentado que mientras los efectos adversos del cambio climático son cada vez más evidentes, vota contra una ley destinada a preparar y proteger mejor a la población“.

Para Andújar el voto en contra del PP y de Vox resulta difícil de explicar: “La cultura preventiva no se construye con declaraciones ni campañas puntuales. Se construye garantizando por ley una formación permanente, accesible y adaptada a los riesgos de cada territorio y a las necesidades de los colectivos más vulnerables. Eso es precisamente lo que PP y Vox han rechazado. El negacionismo del PP y Vox es un obstáculo para construir una Comunitat Valenciana más preparada, segura y resiliente”.

Compromís lamenta que no se integren los servicios sociales

El mismo pleno celebrado en las Corts el pasado 8 de octubre el PP y Vox rechazaron también una proposición de ley de Compromís para integrar los servicios sociales en la gestión de las emergencias. La iniciativa buscaba que los servicios sociales tuvieran un papel más activo y coordinado en la gestión de las emergencias y las catástrofes, una demanda explícita de los propios profesionales del sector tras la dana del 29 de octubre de 2024.

La propuesta instaba a que el Sistema Valenciano de Servicios Públicos formara parte de los órganos de coordinación de emergencias, como el Cecopi o el Cecopal, para que se les escuche y tenga en cuenta en la hora de tomar decisiones. Además, proponía que se considerara al personal de servicios sociales como esencial, del mismo modo que a los bomberos o policías e incidía en la formación en gestión de catástrofes y emergencias para el personal de servicios sociales.

Al respecto, Nathalie Torres, portavoz de los Servicios Sociales de Compromís a las Corts ha puesto de relieve que “quedan pocos días para conmemorar el segundo aniversario del fatídico 29 de octubre y Carlos Mazón continúa de diputado en las Corts como si nada y Susana Camarero continúa en el Consell de Pérez Llorca como si no fuera con ella que, por falta de previsión, murieron muchas personas mayores y dependientes cuando ella dirigía esta área”.

Torres ha lamentado que “tumbando nuestra propuesta de llevar adelante una mejor coordinación entre los servicios de Emergencias y los Servicios Sociales para evitar muertos, PP y Vox han vuelto a insultar a las víctimas por enésima vez. Está claro que la seguridad de las personas más vulnerables no está entre sus prioridades”.