Los Mossos d'Esquadra han desalojado este viernes a última hora de la tarde el edificio del distrito del Eixample de Barcelona que habían ocupado activistas de la acampada por la vivienda de la capital catalana para destinarlo a personas sin hogar.

Los activistas habían ocupado el edificio después de una manifestación el mediodía de este viernes que ha salido de la acampada y ha llegado a la calle Calàbria, 177, el bloque que han bautizado como 'La revolta'.

El propietario de la finca ha denunciado su ocupación y, en apenas unas horas, los Mossos han desplegado un operativo para devolvérselo. Hasta once furgonas se han desplegado para desalojar a los ocupantes. La policía también ha denunciado a 19 activistias por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Desde el colectivo han explicado que ya había dos familias que vivían en el inmueble y que ahora liberarán el resto de pisos para “acoger al máximo de personas posible”. El edificio tiene seis pisos y un local comercial. Los acampados han avisado que prevén realizar más acciones de este tipo porque “hay demasiados bloques vacíos en Barcelona”.

Según los acampados, el bloque hacía ocho años que estaba “abandonado”, a execpión de estas dos familias. Apuntan que “las personas prioritarias” para ocupar los pisos que quedan vacíos, serán las cincuenta personas sin hogar que participan en la acampada de plaza Catalunya.

“Si el Estado no soluciona el problema de la vivienda, lo solucionaremos nosotras mismas, haciendo lo que podamos”, han apuntado.

La acción cuenta con el apoyo del Sindicat d'Habitatge del Raval, el de Poblesec, la Coordinadora Antifeixista de Barcelona y la PAH. La idea es que cada una de estas partes pueda gestionar una parte del edificio y que se convierta, además de en viviendas, en un “núcleo de organización igual que la acampada”, abriendo el local comercial a entidades y asambleas locales.

División entre los docentes catalanes. La encuesta impulsada por los sindicatos para tantear al sector y estudiar las próximas acciones para presionar al Govern ha acabado con un empate técnico: el 50,2% de los profesores que han participado en el sondeo aseguran que no están dispuestos en participar en más huelgas por ahora y apuntan que prefieren otro tipo de medidas.

Han participado un total de 32.845 profesores y personal laboral del Departament de Educación en esta encuesta que ha estado abierta desde el lunes. La otra mitad, el 49,8%, sí que se han mostrado a favor del paro. Dentro de esa opción, la más votada ha sido realizar una sola jornada de huelga, seguida por la de hacer dos y la de hacer tres.

A la pregunta de si estarían a favor de realizar una manifestación, el 79% ha votado afirmativamente. Con estos resultados, los sindicatos impulsores de la consulta (USTEC, CGT, Intersindical, COS, CNT y la Assemblea Educativa de Catalunya) han propuesto convocar una manifestación e impulsar igualmente una jornada de huelga durante este trimestre.

La intención de los sindicatos es anunciar las movilizaciones este martes, después de que las diversas opciones sean discutidas este sábado, en un encuentro de la Assemblea.

Los sindicatos han defendido “reforzar la lucha educativa, en confluencia con la huelga general del 11 de noviembre”. Asimismo, consideran que el conflicto “sigue abierto”. Es por eso que han vuelto a reclamar una negociación “real” con el Govern para acordar mejoras laborales y recursos para una “educación pública, inclusiva y en catalán”.

Por su parte, el Consell Educatiu de Catalunya (CEC), el grupo de trabajo que incluye a la Administración, a la comunidad educativa, actores sociales y partidos, ha expuesto su voluntad de llegar a un “pacto de estabilidad” para llegar a una inversión del 6% del PIB en educación. Así lo ha expresado el grupo tras una reunión este viernes.

El CEC impulsará una “fase de escucha” que durará hasta Navidad, así como otra de “deliberación” (hasta marzo) para llegar a un acuerdo entre todos los actores. Por ahora, han avanzado que los grandes temas del debate serán la escuela inclusiva y la no segregación, la “profesionalidad” de los docentes, la “corresponsabilidad” de las familias, la “gobernanza” del sistema educativo y el papel de los municipios.