El terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre fue uno de los movimientos sísmicos más grandes que han afectado zonas pobladas del mundo durante 2026, según el ingeniero estructural Kit Miyamoto.

El especialista internacional destacó la enorme cantidad de energía liberada y los desafíos que enfrentan las autoridades para evaluar los daños y garantizar la seguridad de los habitantes.

Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, explicó que un terremoto de magnitud 7.7 no puede considerarse un evento menor, especialmente cuando ocurre cerca de comunidades habitadas.

Durante su intervención, afirmó que un movimiento de semejante intensidad provocaría serios problemas incluso en Los Ángeles, California, donde reside y desarrolla parte de su actividad profesional.

El experto utilizó esa comparación para dimensionar la fuerza del fenómeno y sus posibles consecuencias sobre la infraestructura.

Explicó que después de un terremoto de gran magnitud resulta fundamental identificar rápidamente los daños en carreteras, puentes y edificaciones, así como determinar cuáles instalaciones pueden continuar funcionando sin representar un peligro para la población.

En su evaluación de la emergencia, Miyamoto consideró que la respuesta inicial de las autoridades panameñas fue profesional y adecuada. Entre las medidas que mencionó estuvieron las inspecciones de las principales vías de comunicación, la instalación de equipos médicos de emergencia y la organización de mecanismos para distribuir alimentos entre las comunidades afectadas.

Uno de los aspectos que destacó fue la evaluación de casi 10,000 viviendas y edificios durante los primeros diez días posteriores al movimiento sísmico.

Según explicó, estas inspecciones permiten identificar estructuras peligrosas y ofrecer información a las familias sobre las condiciones de seguridad de los inmuebles que ocupaban antes del desastre.

El ingeniero señaló que en otros países las evaluaciones de daños suelen comenzar después de dos semanas, por lo que consideró relevante el tiempo empleado en Panamá. Sin embargo, la identificación inicial de los problemas estructurales constituye apenas una etapa de un proceso que también requiere reparaciones, reconstrucción y medidas para reducir riesgos futuros.

El terremoto ocurrió el 9 de octubre a las 12:56 de la tarde, con una magnitud de 7.5, según los datos divulgados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Su epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

El Instituto de Geociencias explicó que el terremoto estuvo relacionado con el movimiento de la falla de Azuero-Soná, una estructura geológica ubicada en la región afectada. Según la información difundida por sus especialistas, la ruptura se extendió aproximadamente 90 kilómetros, lo que permite dimensionar la extensión del proceso que originó el movimiento.

Una falla geológica se activa cuando la tensión acumulada entre bloques de la corteza terrestre supera su resistencia, provocando un desplazamiento repentino. La energía liberada se propaga mediante ondas sísmicas que pueden afectar viviendas, edificios, carreteras y otras estructuras, dependiendo de su cercanía al epicentro y de las condiciones del terreno.

Las principales afectaciones se concentraron en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde se reportaron daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud e infraestructura pública. El terremoto también estuvo acompañado de numerosas réplicas que mantuvieron la preocupación entre los residentes, particularmente en las comunidades que sufrieron mayores daños materiales.

La magnitud de la emergencia obligó a realizar inspecciones estructurales y habilitar servicios médicos provisionales, mientras se organizaba la distribución de suministros. El Gobierno declaró el estado de emergencia el 10 de octubre, una medida que permitió movilizar recursos para atender a las comunidades damnificadas y continuar con la evaluación de los daños.

Miyamoto, quien se reunió con el presidente José Raúl Mulino para abordar las necesidades de recuperación, cuenta con experiencia en proyectos de ingeniería sísmica y reconstrucción internacional.

Su participación se produce mientras Panamá enfrenta el desafío de determinar qué edificaciones pueden repararse y cuáles necesitan intervenciones mayores, especialmente en las zonas más afectadas.

Las observaciones del especialista también ponen de relieve la importancia de mantener evaluaciones técnicas durante las siguientes etapas de recuperación. Más allá de las primeras inspecciones, la seguridad de las viviendas y la resistencia de la infraestructura serán determinantes para que las comunidades puedan recuperar sus actividades y reducir su vulnerabilidad ante futuros terremotos.

Un ciudadano costarricense requerido por Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de fraude con falsos premios de lotería fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El extranjero viajaba desde Costa Rica hacia Colombia, con una conexión en Panamá, cuando las autoridades migratorias detectaron la orden de captura.

La Policía Nacional, mediante la Oficina Central Nacional de INTERPOL Panamá, confirmó la aprehensión del pasajero solicitado por las autoridades estadounidenses por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El Servicio Nacional de Migración también participó en su detección, durante los controles realizados en la terminal aérea.

De acuerdo con la investigación estadounidense, los responsables del esquema contactaban a residentes de distintos estados para informarles falsamente que habían ganado premios de lotería. Posteriormente, les exigían pagos anticipados por supuestos impuestos, con la promesa de entregarles las ganancias una vez cumplido ese requisito.

La modalidad descrita por las autoridades consistía en aprovechar la expectativa de recibir un premio económico para conseguir transferencias de las víctimas. El comunicado no precisa cuánto dinero habría movilizado la operación, cuántas personas resultaron perjudicadas ni la identidad del costarricense aprehendido.

El Servicio Nacional de Migración informó que el extranjero fue puesto a disposición de INTERPOL después de detectarse el requerimiento estadounidense. Las autoridades no han detallado todavía si se ha iniciado un procedimiento de extradición o cuáles serán las siguientes actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Por otro lado, en la provincia de Colón, las autoridades migratorias reportaron la detección de un ciudadano nicaragüense que había ingresado irregularmente a Panamá.

El extranjero fue localizado durante el operativo Cristo Negro de Portobelo y trasladado a un centro de detención administrativa migratoria, donde se realizarán los trámites correspondientes a su situación.

El operativo Cristo Negro de Portobelo es un dispositivo especial de seguridad organizado por las autoridades durante la celebración religiosa del 21 de octubre. Este año se desarrolla del 18 al 22 de octubre, con controles en las vías de acceso, patrullajes terrestres y marítimos y vigilancia de los peregrinos.

Un ciudadano nicaragüense fue detenido durante el operativo Cristo Negro de Portobelo, en la provincia de Colón, tras detectarse que había ingresado irregularmente a Panamá. Fue trasladado a un centro de detención administrativa migratoria.

La Policía Nacional anunció el despliegue de más de 1,000 agentes para proteger a los asistentes a esta festividad, que reúne cada año a miles de personas. Las medidas incluyen verificaciones de seguridad, controles de tránsito y vigilancia comunitaria, especialmente en las rutas hacia Portobelo.

Las intervenciones se producen mientras Panamá mantiene operaciones de control migratorio y cooperación policial con otros países. Entre enero y septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Migración registró 851 extranjeros detenidos por infracciones de la legislación nacional, de acuerdo con sus estadísticas preliminares.

De ese total, 716 eran hombres y 135 mujeres, mientras que las principales causas de detención fueron el ingreso irregular, con 318 casos, y la estadía vencida, con 249. También se contabilizaron 210 personas remitidas por cumplimiento de pena y otras detenciones por diferentes causales.

Por nacionalidad, las estadísticas muestran 388 colombianos, 168 nicaragüenses y 118 venezolanos detenidos durante los primeros nueve meses del año. Los registros incluyen además 46 ecuatorianos y 18 salvadoreños, entre otras nacionalidades.

En materia de deportaciones y expulsiones, Migración contabilizó 822 procedimientos entre enero y septiembre, de los cuales 472 fueron deportaciones y 350 expulsiones. La principal causal fue el ingreso irregular al territorio panameño, con 495 registros, seguida de 138 procedimientos relacionados con delitos de posesión agravada de drogas.

Los informes también identifican 387 colombianos y 187 nicaragüenses entre los deportados y expulsados, seguidos de 79 venezolanos y 58 ecuatorianos. Septiembre registró 136 procedimientos, frente a 21 en agosto, mientras que enero presentó el mayor número mensual, con 172 casos.

Durante 2026, INTERPOL Panamá también realizó otras aprehensiones de extranjeros requeridos por autoridades internacionales. El 23 de enero fue detenido en Tocumen un ciudadano mexicano solicitado por Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, vinculados, según la Policía, al Clan del Golfo.

El 23 de abril, las autoridades aprehendieron a un cubano requerido por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con trata de personas. El 16 de junio también fue detenido un ciudadano turco, solicitado por lavado de dinero y conspiración para violar una legislación estadounidense sobre poderes económicos de emergencia.

Otro procedimiento ocurrió el 21 de julio, cuando INTERPOL Panamá aprehendió a una mujer con nacionalidades española y cubana, requerida por Lituania mediante una notificación roja. La sospechosa era investigada por su presunta participación en una organización vinculada con delitos de terrorismo, según la información policial.

Estos casos evidencian el uso de Tocumen como punto de detección de personas requeridas internacionalmente, especialmente durante conexiones aéreas. Las aprehensiones por solicitudes extranjeras y las detenciones por infracciones migratorias responden a procedimientos jurídicos diferentes, aunque pueden involucrar actuaciones coordinadas entre la Policía Nacional y Migración.

El Gobierno de Panamá confirmó que los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se realizarán en la ciudad capital, pese a las afectaciones provocadas por el terremoto del 9 de octubre.

El ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que las celebraciones estarán acompañadas de un mensaje de solidaridad hacia las comunidades damnificadas, principalmente en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

La decisión contempla mantener las dos rutas tradicionales de los desfiles capitalinos: la primera en el Casco Antiguo, cerca de la Presidencia de la República, y la segunda en Vía España. El titular de Educación sostuvo que los estudiantes podrán participar en las actividades programadas, después de meses de preparación junto a docentes, instructores y padres de familia.

En el resto del territorio nacional, la realización de los actos dependerá de las autoridades locales, considerando las condiciones de seguridad y los daños registrados en cada comunidad. Para Colón, el comunicado oficial establece que la decisión corresponderá al gobernador de la provincia, mientras los gobiernos municipales determinarán la celebración de otras festividades tradicionales de noviembre.

El ministro Ventura Vega explicó que las celebraciones también buscan ofrecer un espacio de esparcimiento a la población, después del impacto emocional del terremoto y sus réplicas. Consideró que la preparación de los estudiantes y sus familias debe ser tomada en cuenta, siempre que existan condiciones adecuadas para desarrollar los recorridos.

La decisión del Ministerio de Educación contrasta con la suspensión de las tradicionales dianas del 3 de noviembre en la Presidencia, anunciada por el presidente José Raúl Mulino. El mandatario canceló esa actividad como muestra de respeto hacia las familias afectadas por el terremoto, aunque la medida no supone la eliminación de todas las celebraciones patrias.

También en el corregimiento de Juan Díaz, las autoridades locales suspendieron el tradicional desfile del 10 de noviembre, que conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos. El representante David Bernal explicó que la actividad será sustituida por una caravana de ayuda humanitaria hacia las comunidades damnificadas de la provincia de Los Santos.

En San Miguelito, la Asociación Cívica de Santeños Residentes canceló los desfiles de carretas y las actividades folclóricas previstas para esa misma fecha. Su presidente, Jorge Aquiles Domínguez, anunció que los esfuerzos se concentrarán en recolectar alimentos, agua y artículos de primera necesidad para trasladarlos a las familias afectadas por el movimiento sísmico.

La iniciativa denominada Gran Caravana de la Solidaridad Santeña reunirá a organizaciones de distintas comunidades, entre ellas Juan Díaz, La Chorrera, Nuevo Chorrillo, Gatuncillo de Colón y Capira. Las agrupaciones buscan transformar los recursos y esfuerzos destinados a las festividades en asistencia directa, mediante donaciones de productos de higiene, ropa, insumos médicos y otros suministros esenciales.

En Panamá Oeste, el Comité Cívico y Cultural 10 de Noviembre de La Chorrera suspendió sus actividades previstas entre el 5 y el 10 de noviembre. Asimismo, la Alcaldía de San Carlos canceló celebraciones patrias y festejos locales, incluida la realización de dianas en espacios públicos, para priorizar la atención de más de 117 familias afectadas por el terremoto.

La Junta Comunal de Las Lajas, en Chame, también anunció la suspensión de sus festividades de los días 9 y 10 de noviembre, en solidaridad con las comunidades damnificadas. Estas decisiones reflejan las diferentes respuestas adoptadas por las autoridades y organizaciones comunitarias, mientras el país intenta recuperar la normalidad después de los daños ocasionados por el sismo.

En el ámbito educativo, Vega informó que 770 centros escolares han sido inspeccionados y habilitados para retomar las clases, tras evaluaciones realizadas por ingenieros, arquitectos y personal técnico. Para los planteles que todavía presentan dificultades, los 16 directores regionales podrán aplicar alternativas contempladas en la normativa educativa, con el propósito de garantizar la continuidad del año escolar.

El ministro reconoció que persisten temores entre estudiantes, docentes y padres de familia, por lo que las revisiones estructurales continuarán antes de autorizar nuevos retornos. Mientras tanto, los desfiles del 3 y 4 de noviembre seguirán programados en la capital, en medio de un escenario en el que distintas comunidades han decidido sustituir las celebraciones por acciones de solidaridad.

Panamá registró 740 casos adicionales de dengue en su acumulado nacional durante una semana, al pasar de 9,679 a 10,419 contagios entre las semanas epidemiológicas 38 y 39 de 2026.

Aunque las cifras continúan por debajo de las registradas en 2025, el incremento evidencia que la transmisión del virus persiste en distintas regiones del país.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el nuevo balance corresponde al período comprendido hasta el 3 de octubre, cuando se contabilizaron 10,419 casos. La diferencia semanal incluye nuevas notificaciones y actualizaciones de registros anteriores, por lo que no necesariamente representa 740 infecciones ocurridas exclusivamente durante esos siete días.

La comparación también muestra un aumento de los casos de dengue grave, que pasaron de 56 a 62 entre ambas semanas. Los pacientes con signos de alarma aumentaron de 1,209 a 1,291, mientras los contagios sin manifestaciones de gravedad subieron de 8,414 a 9,066, de acuerdo con los informes epidemiológicos oficiales.

Las hospitalizaciones registraron 60 ingresos adicionales en el acumulado semanal, al pasar de 1,100 a 1,160 pacientes. Pese a ese incremento, la cifra continúa por debajo de las 1,193 hospitalizaciones contabilizadas durante el mismo período de 2025, lo que representa una disminución interanual de 2.77%.

El número de fallecidos se mantuvo en 20 personas durante ambas semanas, sin nuevas defunciones incorporadas al balance nacional. Colón registra cuatro muertes; Chiriquí, Bocas del Toro y Los Santos, tres cada una. Las restantes defunciones se distribuyen entre otras seis regiones sanitarias, según los registros del Minsa.

Aunque el acumulado semanal aumentó, Panamá presenta 2,056 casos menos que en 2025, cuando se habían contabilizado 12,475 infecciones para la misma fecha. Esto representa una reducción de 16.5%, mientras la tasa nacional disminuyó de 273 a 225.3 casos por cada 100,000 habitantes, equivalente a una caída de 17.47%.

Colón continúa encabezando las estadísticas con 2,432 casos confirmados, seguido de la región Metropolitana, con 2,389, y Chiriquí, con 1,259. Panamá Oeste acumula 1,004 contagios y San Miguelito registra 841. Estas cinco regiones concentran 7,925 infecciones, aproximadamente el 76% de todos los casos reportados en el país.

Entre los corregimientos con mayor incidencia, Veracruz registra 719 casos y Puerto Pilón otros 458, mientras Burunga acumula 368 y Sabanitas, 345. También destacan Tocumen, con 336, y Cristóbal, con 316. La concentración de contagios en estas comunidades mantiene activa la vigilancia epidemiológica y los operativos para eliminar criaderos.

El grupo de 10 a 14 años presenta la mayor tasa de incidencia del país, con 318.9 casos por cada 100,000 habitantes y 1,182 infecciones. En la semana anterior contabilizaba 1,099 casos, por lo que el acumulado aumentó en 83 registros, una variación que evidencia la exposición de la población escolar.

El dengue es transmitido principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados de la especie Aedes aegypti. Las hembras necesitan alimentarse de sangre para desarrollar sus huevos y pueden transmitir el virus durante ese proceso. Los machos no pican a las personas, pues se alimentan de néctar y otras sustancias azucaradas.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre elevada, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares, articulares, náuseas y erupciones cutáneas. Sin embargo, el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes y los sangrados pueden indicar una evolución peligrosa, especialmente cuando aparecen después de que comienza a disminuir la fiebre.

La enfermedad puede convertirse en dengue grave cuando provoca hemorragias importantes, choque circulatorio o daños en órganos vitales. Las autoridades recomiendan buscar atención médica ante cualquier señal de alarma y evitar medicamentos como aspirina e ibuprofeno, que pueden aumentar el riesgo de sangrado en pacientes infectados.

En América Latina y el Caribe, el dengue continúa representando un desafío sanitario, aunque los registros regionales muestran una disminución respecto de los últimos años. La Organización Panamericana de la Salud reportó más de 1.7 millones de casos sospechosos en las Américas hasta la semana 38 de 2026, una reducción frente al mismo período de 2025.

La circulación del virus persiste después de la epidemia histórica registrada en 2024, cuando las Américas superaron los 13 millones de casos. En Panamá, las autoridades mantienen los operativos de control del mosquito transmisor y reiteran que la eliminación de recipientes con agua acumulada resulta fundamental para prevenir nuevos contagios.

La muerte de una menor en la comarca Ngäbe-Buglé y un ataque a tiros que dejó herida a una niña de ocho años en San Miguelito forman parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público. Las autoridades también informaron sobre dos condenas por homicidio y tentativa de homicidio en un caso ocurrido en Chiriquí durante 2024.

La Fiscalía Regional de Chiriquí confirmó la aprehensión de un adolescente de 16 años por su presunta vinculación con un femicidio registrado en la comarca Ngäbe-Buglé. La víctima, también menor de edad, fue encontrada sin vida el 18 de octubre a orillas del río Cubívora, en el distrito de Müna, según el informe oficial divulgado el martes 20 de octubre.

Las autoridades no han precisado la edad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Tampoco han informado sobre la relación que pudiera existir entre ambos adolescentes. La investigación permanece abierta y el Ministerio Público desarrolla diligencias para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad penal del sospechoso.

El adolescente aprehendido deberá comparecer ante un juez penal de adolescentes para una audiencia de control, en la que se examinarán las actuaciones judiciales correspondientes. Su detención no constituye una declaración de culpabilidad, mientras la Fiscalía reúne los elementos necesarios para sustentar la investigación por el presunto delito de femicidio.

Sobre el femicidio en la comarca, reportes de medios locales identificaron a la víctima como una estudiante de 14 años de la comunidad de Tebujo. La adolescente había desaparecido el sábado 17 de octubre y su cuerpo fue localizado al día siguiente. Las primeras inspecciones revelaron heridas de arma blanca, aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un ahogamiento.

En otro procedimiento, la Fiscalía Regional de San Miguelito consiguió la detención provisional de un hombre de 26 años, imputado por tentativa de homicidio contra una niña de ocho años. El ataque ocurrió la noche del 17 de octubre en La Providencia, dentro del corregimiento de Belisario Porras, cuando varios sujetos llegaron hasta una residencia.

Según la investigación, aproximadamente a las 10:00 p. m., el imputado llegó acompañado de otros hombres y disparó repetidamente contra la vivienda. Como consecuencia, la menor resultó herida y un perro que pertenecía a la familia murió durante el ataque. La Fiscalía no precisó en su comunicado el estado actual de salud de la niña.

Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que existían riesgos para la víctima, sus familiares y la comunidad, además de la posibilidad de afectación de pruebas. Los fiscales destacaron que en la residencia había otros menores de edad y que los disparos también pusieron en peligro a vecinos y transeúntes

La detención fue ordenada por un juez de garantías después de escuchar los argumentos de la Fiscalía, que señaló la gravedad del ataque y los posibles riesgos procesales. El imputado permanecerá privado de libertad mientras continúa la investigación. Las autoridades no han informado sobre otras aprehensiones relacionadas con los hombres que lo acompañaban.

Sobre el femicidio en la comarca, reportes de medios locales identificaron a la víctima como una estudiante de 14 años de la comunidad de Tebujo. La adolescente había desaparecido el sábado 17 de octubre y su cuerpo fue localizado al día siguiente. Las primeras inspecciones revelaron heridas de arma blanca, aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un ahogamiento.

La menor cursaba octavo grado en el Colegio Peña Prieta, donde su muerte provocó consternación entre compañeros y residentes. Según los reportes, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de David para la necropsia. La Fiscalía todavía debe establecer las circunstancias y el móvil del crimen, así como la presunta participación del adolescente aprehendido.

En un tercer caso, la Fiscalía Regional de Chiriquí obtuvo condenas de 30 y 37 años de prisión contra dos hombres, declarados responsables de homicidio y tentativa de homicidio. Los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2024 en La Riviera, distrito de David, donde dos hermanos fueron atacados con armas de fuego.

Según el Ministerio Público, ambos recibieron impactos de bala cerca de un proyecto de construcción, lo que provocó la muerte de uno de ellos. El otro sobrevivió al ataque. Durante el juicio, la Fiscalía presentó al menos 80 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, que sustentaron el fallo condenatorio unánime.

El tribunal estableció penas individuales por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. A uno de los responsables le impuso 25 y 12 años, respectivamente, mientras que al segundo le fijó 30 y 10 años. Las condenas finales quedaron establecidas en 30 y 37 años, conforme a la dosificación aplicada.

Panamá acumuló 469 homicidios hasta el 11 de octubre de 2026, de los cuales 460 fueron intencionales y nueve no intencionales, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

Frente al mismo período de 2025, los casos intencionales aumentaron 1%, al pasar de 456 a 460, mientras persisten importantes diferencias entre provincias.

La tasa nacional de homicidios intencionales alcanzó 9.9 por cada 100,000 habitantes, nivel que el informe clasifica como bajo. Sin embargo, Colón y Panamá presentan indicadores considerablemente superiores, con 24.3 y 17.4 muertes por cada 100,000 habitantes, respectivamente, y ambas figuran en la categoría de violencia moderada.

Aunque Colón presenta la mayor tasa de homicidios del país, la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de víctimas, con 288 casos intencionales. Esta última cifra representa cerca del 63% del total nacional, mientras Colón contabiliza 77 fallecidos, equivalentes aproximadamente al 17% de los registros.

La distribución por distritos identifica 198 homicidios en Panamá, 85 en San Miguelito y 72 en Colón, las tres jurisdicciones con mayores cifras. También aparecen Arraiján, con 22 casos; La Chorrera, con 13; y David, con 10. La concentración territorial permite identificar los sectores donde se registra una mayor incidencia de violencia letal.

En San Miguelito, Belisario Frías encabeza los registros con 24 homicidios, seguido de Omar Torrijos, con 16, y Arnulfo Arias Madrid, con 15. En conjunto, estos tres corregimientos acumulan 55 de las 85 muertes contabilizadas en ese distrito, según la distribución territorial presentada por el SIEC.

Dentro del distrito de Panamá, el sector este registra 82 homicidios, principalmente en Pedregal, con 19; 24 de Diciembre, con 18; y Tocumen, con 12. En el sector oeste, Ancón concentra 15 de los 62 casos, mientras Calidonia registra nueve y Curundú y Río Abajo contabilizan seis cada uno.

El sector norte de la capital suma otros 54 homicidios, con Chilibre a la cabeza, con 18, seguido de Ernesto Córdoba Campos, con 17, y Caimitillo, con nueve. En Colón, Cristóbal Este registra 16 víctimas, Cativá 14 y Cristóbal 10, los corregimientos con mayores cifras de ese distrito.

Sobre las causas, las rencillas delincuenciales representan el principal motivo identificado, con 156 homicidios, aunque disminuyeron frente a los 182 del año anterior. El pandillerismo, en cambio, aumentó de 42 a 69 casos, un 64%, mientras otros 67 hechos permanecen bajo investigación para determinar sus circunstancias.

Los homicidios relacionados con riñas aumentaron de 24 a 32, mientras aquellos vinculados con robos pasaron de 24 a 28. También se registraron 26 casos por rencillas personales y 20 femicidios, estos últimos frente a los 12 contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento de 66.7%.

El informe identifica además 26 víctimas por daño colateral, 15 homicidios por ajustes de cuentas y 10 relacionados con drogas o narcotráfico. Según el SIEC, el 55% de las muertes está asociado a delincuencia organizada o común, lo que mantiene la actividad criminal como uno de los principales factores de violencia letal.

Las armas de fuego fueron el principal instrumento utilizado en los homicidios intencionales, con 392 casos registrados hasta el 11 de octubre. Otros 33 hechos se cometieron con armas blancas y 35 mediante otros métodos. Las armas de fuego estuvieron presentes en aproximadamente el 85% de las muertes, lo que evidencia su predominio en los registros de violencia letal.

La distribución por días muestra una mayor concentración de homicidios durante los fines de semana, con 77 casos los viernes, 72 los sábados y 86 los domingos. En conjunto, estos tres días acumularon 235 muertes, aproximadamente la mitad de todos los homicidios registrados en el país durante el período analizado.

En la comparación provincial, Chiriquí pasó de nueve a 27 homicidios, un incremento de 200%, mientras Coclé aumentó de nueve a 15, equivalente al 67%. En contraste, Colón disminuyó de 91 a 77 casos, y Panamá Oeste pasó de 41 a 39, según las cifras oficiales.

Por meses, abril registró 61 homicidios intencionales y mayo otros 56, mientras marzo acumuló 54. Septiembre cerró con 45 casos, frente a los 62 del año anterior, lo que representa una disminución de 27% en ese mes, pese al ligero aumento observado en el acumulado nacional.

Durante las seis semanas más recientes, el promedio se mantuvo alrededor de 11 homicidios semanales, según el análisis del SIEC. En la semana del 5 al 11 de octubre se contabilizaron 12 hechos, frente a ocho en la anterior, por lo que el indicador semanal fue clasificado en el nivel «más alto», que refleja un incremento moderado.

El informe también presenta una proyección de aproximadamente 45 homicidios para octubre, si continúa el comportamiento observado durante las últimas semanas. Hasta el día 11 se habían registrado 16 casos intencionales, mientras el sistema de seguimiento situaba el comienzo del mes dentro de la denominada «zona de éxito», correspondiente a valores inferiores a los esperados.

Las estadísticas del SIEC, elaboradas con información de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, son preliminares y están sujetas a actualización. El informe distingue entre homicidios intencionales y no intencionales, y advierte que la distribución territorial y las causas identificadas corresponden a los registros disponibles hasta el 11 de octubre de 2026.

Las fiscalías de adolescentes de Panamá recibieron 4,002 denuncias por hechos delictivos entre enero y septiembre de 2026, un incremento de 19.2% frente a los 3,357 casos registrados durante el mismo período de 2025, según las estadísticas preliminares del Ministerio Público. La diferencia representa 645 denuncias adicionales en un año.

El aumento estuvo acompañado de un crecimiento en los delitos contra la libertad e integridad sexual, categoría que incluye hechos como la violación, el abuso sexual y la explotación sexual. Estos registros pasaron de 1,144 a 1,416 denuncias, una diferencia de 272 casos que representa un incremento de 23.8%.

Las estadísticas también reflejan 820 casos contra la vida y la integridad personal, una clasificación que comprende delitos como homicidio, lesiones personales y otras agresiones físicas. En 2025 se contabilizaron 480 denuncias, por lo que el aumento fue de 340 casos, equivalente al 70.8%, uno de los mayores incrementos registrados.

En los delitos contra el patrimonio económico, que abarcan hechos como hurtos, robos, estafas y daños a bienes ajenos, los registros pasaron de 531 a 682 casos. Por su parte, los delitos contra la seguridad colectiva aumentaron de 463 a 624, categoría que comprende, entre otros, hechos relacionados con drogas, armas y riesgos para la seguridad pública.

Otro incremento importante corresponde a los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, que incluyen conductas como la violencia doméstica, el maltrato y el incumplimiento de deberes familiares. Las denuncias pasaron de 226 a 379 casos, una diferencia de 153 que equivale a un crecimiento de 67.7%.

Por distribución geográfica, la provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias, con 1,009 casos, frente a los 879 registrados en 2025. Le siguieron Panamá Oeste, con 663 hechos delictivos, y Chiriquí, con 651, territorios que también experimentaron aumentos durante los primeros nueve meses del año.

En Panamá Oeste, las denuncias aumentaron de 529 a 663, una diferencia de 134 casos, mientras que Chiriquí pasó de 572 a 651. Por su parte, Bocas del Toro registró 411 denuncias, frente a 313 en 2025, lo que representa un incremento de 31.3%.

Veraguas presentó uno de los mayores aumentos porcentuales entre las provincias, al pasar de 151 a 245 casos, equivalente a un crecimiento de 62.3%. En Colón, los registros subieron de 204 a 271, mientras que San Miguelito pasó de 252 a 265 denuncias.

Los datos del Ministerio Público también muestran un incremento en la actividad judicial relacionada con adolescentes, con 5,761 audiencias realizadas entre enero y septiembre de 2026, frente a 5,354 del año anterior. Las audiencias ante jueces de cumplimiento pasaron de 1,340 a 1,461, mientras que las de formulación de imputación aumentaron ligeramente, de 626 a 631.

En materia de medidas cautelares, las detenciones provisionales aumentaron de 217 a 249, aunque el total de medidas aplicadas disminuyó de 923 a 526. Las medidas distintas de la detención se redujeron de 706 a 277, según los registros correspondientes a ambos períodos.

Respecto a la resolución de expedientes, las causas egresadas definitivamente aumentaron de 2,260 a 2,570, mientras que aquellas terminadas mediante sentencia pasaron de 354 a 445. También se registraron 471 declinatorias a la esfera administrativa, frente a 294 en 2025, y 106 conciliaciones, comparadas con 63 del año anterior.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó de verde a amarilla el nivel de alerta en los distritos de Soná y Mariato, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, ante el pronóstico de lluvias significativas que podrían agravar las condiciones de las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

La medida entró en vigor a las 9:00 de la noche del martes 20 de octubre, en momentos en que las autoridades mantienen las evaluaciones de daños y la distribución de ayuda humanitaria.

Los tres distritos forman parte de la región impactada por el movimiento sísmico, que dejó afectaciones en viviendas, carreteras, instalaciones públicas y servicios básicos.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las condiciones atmosféricas podrían generar precipitaciones importantes durante este período, con posibilidades de incrementos rápidos en los niveles de ríos y quebradas.

El pronóstico también contempla inundaciones en áreas vulnerables y otras afectaciones asociadas a las lluvias, por lo que se recomendó reforzar la vigilancia y las medidas preventivas.

El cambio de alerta representa un incremento en el nivel de preparación institucional frente a las amenazas meteorológicas. La alerta verde corresponde a una fase de vigilancia preventiva, mientras que la amarilla implica mayor seguimiento del riesgo y preparación de los organismos de respuesta, ante la posibilidad de que las condiciones previstas comprometan la seguridad de la población.

En la escala de alertas utilizada para emergencias, el nivel rojo representa una situación de mayor gravedad, cuando el peligro exige medidas de respuesta más intensas y puede requerir evacuaciones.

Sin embargo, la declaratoria amarilla no significa que exista una orden general de evacuación, sino que las comunidades deben mantenerse informadas y preparadas para actuar según las indicaciones oficiales.

La decisión se produce apenas un día después de que Sinaproc declarara alerta verde para estos mismos distritos, el lunes 19 de octubre. La nueva disposición refleja un aumento de la preocupación por las condiciones meteorológicas, especialmente en territorios donde persisten daños materiales y dificultades de acceso a determinadas comunidades.

El pronóstico del Imhpa contempla aguaceros de intensidad fuerte a muy fuerte, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento, principalmente en el centro y sur de Veraguas. También se esperan precipitaciones en Tonosí y otros distritos de la península de Azuero, mientras continúa vigente un aviso de vigilancia meteorológica hasta el miércoles 21 de octubre.

La situación resulta particularmente delicada porque el epicentro del terremoto se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, mientras que Soná y Mariato también registraron daños importantes.

Las precipitaciones representan una amenaza adicional para las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del sismo, especialmente aquellas con infraestructura vial deteriorada y dificultades para recibir asistencia.

Según el balance institucional divulgado el 20 de octubre, más de 10,000 viviendas han sido evaluadas y 34,832 personas registradas mediante el sistema de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

El informe también contabiliza 27 lesionados, 619 centros educativos afectados y 120 instalaciones de salud con daños, de las cuales 13 presentan pérdidas totales.

El reporte señala que 126 albergues permanecen activos, con aproximadamente 5,000 personas alojadas, mientras continúa la asistencia humanitaria en las zonas afectadas. Entre el 14 y el 19 de octubre, los organismos de respuesta atendieron 204 comunidades en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, mediante entregas realizadas en 32 distritos.

En otras regiones del país, Sinaproc mantiene la alerta verde en sectores de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón y Coclé, además de áreas de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Las autoridades recomendaron evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, identificar rutas de evacuación y mantener preparada una mochila de emergencia.

Los Centros de Operaciones de Emergencias permanecen atentos ante cualquier situación que comprometa la seguridad de la población, mientras continúan las evaluaciones y la distribución de suministros. Sinaproc reiteró que las emergencias pueden reportarse al 911, al 520-4426 o mediante WhatsApp al 6998-4809, y pidió atender exclusivamente las indicaciones oficiales.

La economía panameña creció 7.36% en agosto de 2026, una aceleración frente al 1.61% registrado en el mismo mes del año anterior. El resultado refleja un mayor dinamismo del comercio, el transporte y los servicios, aunque la construcción continuó mostrando señales de debilidad, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló un crecimiento de 6.07% entre enero y agosto, frente al 4.24% del mismo período de 2025. La tendencia ciclo, que permite observar la evolución económica con menos fluctuaciones mensuales, registró una expansión interanual de 7.11%, confirmando la aceleración observada durante los últimos meses.

El IMAE es un indicador que permite medir mensualmente la evolución de la producción de bienes y servicios en distintas actividades económicas. Se utiliza para identificar cambios en el ritmo de crecimiento antes de conocer las cifras trimestrales del producto interno bruto (PIB), aunque no mide directamente la generación de puestos de trabajo.

La aceleración se hizo más evidente durante el segundo trimestre. En junio, el indicador creció 8.23% y en julio alcanzó 8.49%, antes de moderarse a 7.36% en agosto. Estas variaciones contrastan con los primeros meses del año, cuando los aumentos oscilaron entre 4.13% y 5.96%, mostrando una recuperación de la actividad económica respecto a 2025.

El comercio figuró entre los principales motores del crecimiento, impulsado por las ventas mayoristas y minoristas. También aumentaron las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón y las ventas de combustible nacional, actividades que contribuyeron al desempeño positivo del sector y reflejaron un mayor movimiento de mercancías dentro y fuera del país.

En transporte y logística, el Canal de Panamá registró resultados favorables en ingresos por peajes y toneladas netas transportadas. A ese comportamiento se sumaron el transporte aéreo y el movimiento de contenedores del sistema portuario nacional, sectores vinculados con la conectividad internacional y los servicios de comercio exterior.

La industria manufacturera también avanzó, apoyada en el procesamiento de ganado porcino y vacuno, productos lácteos y cerveza. Los hoteles y restaurantes registraron mayor actividad por la llegada de visitantes, que favoreció la ocupación hotelera y el consumo gastronómico, mientras los servicios turísticos contribuyeron al crecimiento de agosto.

El sector agropecuario mostró resultados positivos en la cría de ganado y el cultivo de frutas, particularmente banano para exportación. También aumentaron las actividades financieras, respaldadas por depósitos, crédito y primas de seguros, junto con los servicios de entretenimiento y el consumo de electricidad y agua.

No todas las actividades compartieron esa evolución. La construcción registró una contracción asociada con menores permisos para edificaciones, ampliaciones y reparaciones, además de una reducción en la producción de concreto premezclado y cemento gris.

Estos indicadores muestran una debilidad persistente en uno de los sectores tradicionalmente importantes para el empleo.

También retrocedieron la pesca destinada a exportación, particularmente pescado, filetes y camarones refrigerados o congelados. El informe identificó disminuciones en la generación hidroeléctrica, las ventas de gasolina de 95 octanos y el procesamiento de carne de pollo, pese al resultado positivo de la actividad económica en su conjunto.

La comparación con el mercado laboral muestra una diferencia importante entre el crecimiento económico y la calidad del empleo. Según la Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2026, la población ocupada llegó a aproximadamente 2.05 millones de personas, 77,231 más que en septiembre de 2025, mientras la tasa de desempleo disminuyó de 10.4% a 8.5%.

Sin embargo, el avance de actividades como comercio, hoteles, restaurantes e industria no garantiza mejores condiciones laborales. La encuesta muestra que la proporción de ocupados plenos disminuyó de 55.4% a 46.2%, mientras aumentó el subempleo por insuficiencia de ingresos.

Esto significa que una economía puede producir más sin mejorar proporcionalmente la remuneración de sus trabajadores.

En comercio, por ejemplo, las personas que trabajaban al menos 40 horas semanales por ingresos inferiores al salario mínimo aumentaron de 43,287 a 102,265. En hoteles y restaurantes pasaron de 10,184 a 35,812, mientras en manufactura subieron de 14,821 a 31,781. Estas cifras muestran que varias actividades dinámicas también enfrentan problemas de calidad del empleo.

La construcción presenta una situación distinta, porque sus indicadores productivos retrocedieron durante agosto, pese a que continúa figurando entre las actividades con mayor cantidad de trabajadores.

Esta diferencia confirma que el tamaño de una rama económica no necesariamente determina su crecimiento reciente, mientras la evolución de la producción y la contratación puede responder a períodos diferentes.

En conjunto, los resultados del IMAE muestran una aceleración de la actividad económica panameña, impulsada principalmente por el comercio, la logística y los servicios. Sin embargo, la comparación laboral evidencia que el crecimiento todavía convive con problemas de remuneración, subempleo y debilidad en la construcción, factores que condicionan sus beneficios para la población.

Los principales embalses del Canal de Panamá muestran una recuperación sostenida durante octubre, luego de varios meses marcados por la preocupación sobre la disponibilidad de agua.

Al 20 de octubre de 2026, el lago Gatún alcanzó 86.15 pies y Alhajuela registró 246.68 pies, según las mediciones del sistema hidrológico de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La recuperación representa un cambio importante frente a los niveles observados en septiembre, cuando las autoridades advertían sobre las dificultades para acumular reservas antes de la próxima estación seca.

Ambos lagos han ganado elevación, aunque todavía permanecen por debajo de sus máximos operativos de referencia, establecidos en 87.50 pies para Gatún y 250 pies para Alhajuela.

En el caso de Gatún, el nivel actual se encuentra a solo 1.35 pies de su referencia superior, una diferencia equivalente a 41 centímetros. El 11 de septiembre registraba 84.06 pies, por lo que ha recuperado 2.09 pies en poco más de cinco semanas, de acuerdo con la comparación de ambas mediciones.

Alhajuela presenta una recuperación todavía más pronunciada durante el mismo período. El embalse pasó de 239.02 pies el 11 de septiembre a 246.68 pies el 20 de octubre, un aumento de 7.66 pies, equivalente a 2.33 metros, y se encuentra a 3.32 pies de su referencia operativa superior.

Los gráficos del sistema hidrológico muestran que ambos reservorios han mantenido una tendencia ascendente durante octubre, especialmente desde la segunda semana. Gatún comenzó el mes alrededor de 84.9 pies, mientras Alhajuela se situaba cerca de 242.5 pies, lo que representa incrementos aproximados de 1.25 y 4.18 pies, respectivamente.

La mejoría adquiere relevancia porque septiembre, octubre y noviembre fueron identificados como meses decisivos para recuperar las reservas. Ayax Murillo, gerente de Hidrología de la ACP, había advertido que el comportamiento de las precipitaciones determinaría la disponibilidad de agua para el consumo humano y las operaciones del Canal durante 2027.

El especialista explicó que octubre genera particular preocupación por sus aportes históricamente inferiores al promedio durante las últimas tres décadas. Además, el mismo mes de 2023 fue el más seco desde 1959, antecedente utilizado por la ACP para elaborar escenarios de planificación frente a una posible sequía prolongada.

Las proyecciones contemplaban que Alhajuela podría completar su almacenamiento antes de finalizar la temporada lluviosa, mientras alcanzar esa condición en Gatún resultaría considerablemente más difícil. Sin embargo, los niveles registrados durante octubre muestran una reducción importante de la distancia respecto a ambas referencias superiores.

La diferencia entre los dos embalses también responde a sus características hidrológicas y al comportamiento de los aportes de agua. Alhajuela ha mostrado variaciones más pronunciadas, mientras Gatún registra movimientos relativamente graduales, una situación que obliga a evaluar las reservas disponibles y no solamente la elevación registrada por los instrumentos.

El comportamiento resulta especialmente importante ante las previsiones de un fenómeno de El Niño potencialmente intenso, que podría adelantar la temporada seca a la segunda mitad de noviembre y prolongarla hasta mayo de 2027. Una reducción anticipada de las lluvias acortaría el período disponible para seguir acumulando reservas.

La ACP también había informado que entre mayo y agosto las precipitaciones estuvieron 34% por debajo del promedio, mientras los aportes hacia los embalses disminuyeron 44%. Esa diferencia reflejaba que las lluvias recibidas no necesariamente se transformaban en suficiente escurrimiento, un factor determinante para sostener la recuperación hídrica.

La disponibilidad de agua tiene implicaciones directas para el tránsito de buques y el abastecimiento de la población. Gatún y Alhajuela alimentan plantas potabilizadoras que suministran agua a más de la mitad de los habitantes del país, mientras las esclusas requieren reservas suficientes para mantener sus operaciones.

Ante las condiciones de este año, el Canal ha aplicado medidas de conservación para reducir el consumo de agua, incluyendo las tinas de reutilización en las esclusas neopanamax y el llenado cruzado en las centenarias. También anunció ajustes en la capacidad de tránsito, como parte de su planificación para enfrentar una estación seca exigente.

Aunque los registros del 20 de octubre ofrecen un panorama más favorable que el observado durante septiembre, todavía será necesario evaluar los aportes de las próximas semanas. Noviembre, históricamente el mes más lluvioso de la cuenca, será determinante para establecer con cuánta agua contará el Canal al comenzar el verano de 2027.

La deuda pública de Panamá alcanzó los $62,777.7 millones al cierre de septiembre de 2026, después de aumentar $3,428.4 millones durante los primeros nueve meses del año, equivalente a 5.8%.

El nuevo saldo, reportado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representa el nivel más alto del endeudamiento estatal y refleja la contratación de nuevos préstamos para atender compromisos presupuestarios.

El saldo había cerrado diciembre de 2025 en $59,349.3 millones, por lo que el crecimiento acumulado hasta septiembre confirma la trayectoria ascendente de las obligaciones financieras. En comparación con septiembre de 2025, cuando se contabilizaban $58,694.4 millones, el endeudamiento aumentó $4,083.3 millones, equivalente a 7%, según los registros oficiales de ambos períodos.

Durante septiembre, la deuda creció $859.2 millones frente a agosto, cuando se situaba en $61,918.4 millones. El incremento mensual de 1.4% estuvo relacionado principalmente con un préstamo contratado con Bladex y nuevas colocaciones de letras del Tesoro, mientras las amortizaciones efectuadas no compensaron los recursos recibidos por el Gobierno.

La principal operación correspondió a un financiamiento de $1,000 millones otorgado por el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex). Según la resolución publicada en la Gaceta Oficial, los fondos fueron solicitados para cubrir parcialmente las necesidades estacionales de liquidez del Presupuesto General del Estado de 2026 y futuras vigencias fiscales, sin asignarse exclusivamente a una obra determinada.

El Gobierno también recibió $407 millones mediante la colocación de letras del Tesoro, además de $12.6 millones desembolsados por organismos multilaterales. Estos últimos recursos estuvieron vinculados con programas de saneamiento e inclusión social.

Las variaciones cambiarias añadieron otros $175.2 millones al saldo, mientras las amortizaciones de capital contribuyeron a reducir parcialmente el incremento.

Entre los desembolsos multilaterales figuran $5 millones del BCIE para el saneamiento de Arraiján y La Chorrera, junto con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo destinados a inclusión social y atención de personas con discapacidad. También se registraron fondos para el saneamiento de la ciudad y la bahía de Panamá, según el desglose presentado por Financiamiento Público

La evolución del endeudamiento también permite comparar las obligaciones acumuladas durante las últimas administraciones presidenciales. Cuando Laurentino Cortizo asumió el poder, en julio de 2019, recibió un saldo de aproximadamente $26,612.8 millones, correspondiente al cierre de junio. Al finalizar su gestión, en junio de 2024, la cifra había alcanzado $51,812.8 millones.

Durante los cinco años del gobierno de Cortizo, la deuda aumentó aproximadamente $25,200 millones, equivalente a 94.7%, prácticamente el doble del monto inicial. El crecimiento estuvo acompañado de mayores compromisos financieros que continuaron después del cambio de administración, mientras el pago de intereses adquirió un peso creciente dentro del presupuesto público.

Desde el inicio del gobierno de José Raúl Mulino, el saldo aumentó $10,964.9 millones respecto a junio de 2024, equivalente a 21.2%. La comparación comprende los primeros 27 meses transcurridos desde aquella referencia y muestra que las necesidades de financiamiento continúan impulsando el endeudamiento, pese a las amortizaciones realizadas por el Estado.

El servicio de la deuda también representa una presión importante sobre las finanzas públicas panameñas. Durante septiembre, los pagos de capital, intereses y comisiones rondaron los $660 millones. Los organismos multilaterales recibieron aproximadamente $120 millones, mientras los bonos globales generaron $216.8 millones exclusivamente en intereses, sin reducir el capital pendiente de esos títulos.

En el mercado interno, las letras del Tesoro concentraron pagos cercanos a $308.7 millones, principalmente por vencimientos de capital. También se atendieron compromisos con bancos oficiales y notas del Tesoro. Entre enero y agosto, los intereses ya habían sumado $2,084.9 millones, una carga que limita los recursos disponibles para otras obligaciones presupuestarias.

El desglose de acreedores revela que los bonos concentran $34,961 millones, aproximadamente 55.7% de la deuda total. El Banco Interamericano de Desarrollo registra $4,149 millones y Citi otros $3,877 millones. Las notas y letras del Tesoro acumulan $5,265 millones, mientras el financiamiento restante se distribuye entre bancos y organismos internacionales.

Entre las principales entidades también aparecen BBVA Nueva York, con $2,479 millones; CAF, con $2,288 millones; y el Banco Mundial, con $2,261 millones. Santander mantiene $1,363 millones y Bladex otros $1,000 millones. Esta estructura muestra la dependencia del financiamiento mediante emisiones de títulos y préstamos institucionales, tanto internos como externos.

El crecimiento registrado durante septiembre confirma que Panamá continúa recurriendo a nuevas operaciones financieras para atender sus necesidades de liquidez, mientras mantiene obligaciones acumuladas de administraciones anteriores. Con más de $62,700 millones pendientes, el desafío fiscal consiste en reducir el ritmo de endeudamiento y contener los intereses, sin afectar los compromisos del presupuesto estatal.

Las principales calificadoras de riesgo advierten que el creciente costo del servicio de la deuda reduce la flexibilidad presupuestaria de Panamá. Fitch Ratings calculó que los intereses absorbieron aproximadamente 18.8% de los ingresos públicos en 2025, frente a una mediana de 11.4% entre países con calificación BB, y alertó sobre nuevas presiones financieras.

Moody’s y S&P Global Ratings también han señalado que la sostenibilidad fiscal dependerá de contener el endeudamiento y reducir los déficits, ante una carga de intereses que limita los recursos disponibles para inversión y servicios públicos.

Fitch Ratings mantiene a Panamá en BB+, por debajo del grado de inversión, mientras Moody’s conserva la calificación Baa3, con perspectiva negativa, y S&P Global Ratings ratificó en septiembre la nota BBB-, con perspectiva estable.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un caso de hantavirus en una mujer de 40 años, residente de la comunidad de Montero, en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos.

La paciente permanece hospitalizada en cuidados intensivos, donde recibe tratamiento para recuperar su función pulmonar, mientras las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica ante esta enfermedad transmitida por roedores.

El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, según informó el Minsa el 19 de octubre. La institución señaló que la mujer presenta una evolución favorable en su función respiratoria, aunque continúa bajo atención especializada debido a las complicaciones que puede provocar la infección en los pulmones.

Las autoridades también aclararon que el caso no está relacionado con el terremoto ocurrido el 9 de octubre en Panamá. La paciente comenzó a presentar síntomas el día 10, apenas 24 horas después del movimiento sísmico, mientras que la enfermedad tiene un período de incubación de una a ocho semanas después del contacto con el virus.

El hantavirus es una infección viral que se transmite principalmente por roedores infectados, especialmente mediante la inhalación de partículas contaminadas con su orina, heces o saliva. La exposición puede ocurrir al limpiar espacios cerrados, depósitos o lugares donde habitan estos animales, particularmente cuando el polvo contaminado se dispersa en el ambiente.

Los primeros síntomas pueden confundirse con otras enfermedades. La fiebre, el cansancio, los dolores musculares y el dolor de cabeza suelen aparecer durante la fase inicial. Algunas personas también presentan escalofríos, mareos, náuseas, vómitos o molestias abdominales, antes de que la infección evolucione hacia complicaciones respiratorias de mayor gravedad.

La enfermedad se vuelve especialmente peligrosa cuando aparecen tos, dificultad para respirar y sensación de presión en el pecho. En los casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, los pulmones pueden acumular líquido y disminuir su capacidad para oxigenar la sangre, lo que puede provocar insuficiencia respiratoria, alteraciones circulatorias y necesidad de cuidados intensivos.

El deterioro puede producirse pocos días después de los primeros síntomas, por lo que la dificultad respiratoria constituye una señal de alarma que requiere atención médica inmediata.

Los especialistas recomiendan informar al personal sanitario sobre posibles contactos con roedores o sus excrementos, ya que ese antecedente puede facilitar la identificación temprana de la enfermedad.

En Panamá, el informe epidemiológico correspondiente a la semana 38 de 2026 registraba 21 casos acumulados de fiebre por hantavirus, además de 18 casos de síndrome cardiopulmonar.

Las cifras corresponden a dos formas clínicas que el sistema nacional de vigilancia registra por separado. La fiebre por hantavirus puede manifestarse sin desarrollar el cuadro pulmonar grave, mientras que el síndrome cardiopulmonar constituye la presentación más peligrosa. El informe refleja 39 registros acumulados entre ambas categorías hasta finales de septiembre.

La presencia del virus en Panamá tiene antecedentes de más de dos décadas. Los primeros casos se registraron a finales de 1999 y comienzos de 2000 en Los Santos, principalmente en comunidades de Las Tablas, Guararé y Tonosí. Las investigaciones identificaron al virus Choclo como agente causante de la enfermedad, convirtiendo aquel brote en el primero documentado en Centroamérica.

Desde entonces, la provincia de Los Santos ha sido una de las zonas históricamente vinculadas con la circulación del hantavirus. Las investigaciones epidemiológicas han relacionado el riesgo con la presencia de roedores en viviendas, áreas agrícolas y espacios utilizados para almacenar alimentos, especialmente cuando existen condiciones que facilitan el contacto con materiales contaminados.

Para reducir el riesgo, las autoridades recomiendan mantener limpios los alrededores de las viviendas y controlar la presencia de roedores. También aconsejan guardar los alimentos y granos en recipientes cerrados, sellar posibles entradas y evitar barrer en seco los excrementos, porque esa práctica puede levantar partículas contaminadas que posteriormente sean inhaladas.

El Minsa reiteró que mantiene la vigilancia epidemiológica del caso confirmado en Guararé y pidió a la población seguir las recomendaciones preventivas. La identificación oportuna de los síntomas, especialmente cuando aparecen dificultades respiratorias, resulta fundamental para que los pacientes reciban atención médica antes de desarrollar complicaciones potencialmente mortales.

El sistema portuario de Panamá movilizó 7.6 millones de TEU entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 3.2% frente al mismo período del año anterior, según las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El resultado refleja un desempeño desigual entre las principales terminales del país, en momentos en que el sector atraviesa cambios administrativos y prepara nuevas inversiones para ampliar su capacidad de manejo de carga.

El movimiento acumulado alcanzó 7,605,946 TEU, frente a los 7,368,837 registrados durante los primeros nueve meses de 2025. Un TEU equivale a un contenedor de 20 pies y constituye la unidad utilizada para medir la actividad portuaria.

Del total movilizado, 5,353,100 TEU correspondieron a contenedores llenos y 2,252,846 a vacíos, de acuerdo con el informe actualizado al 14 de octubre.

Por terminales, Manzanillo International Terminal (MIT) encabezó las operaciones con 2,445,560 TEU, un incremento de 18.7% respecto al año anterior.

Le siguió Balboa, en el Pacífico, con 1,769,804 TEU, aunque registró una caída de 10.8%. Mientras tanto, Colón Container Terminal movilizó 1,465,465 TEU, equivalente a un crecimiento de 14.8% durante el período analizado.

La terminal de PSA Panama International Terminal alcanzó 1,133,181 TEU, con un aumento de 9.8%, mientras Cristóbal contabilizó 751,558 TEU, una reducción de 20.4%.

Bocas Fruit Company completó el movimiento con 40,378 TEU, cifra inferior en 43.4% a la registrada en 2025. Las diferencias evidencian que el crecimiento portuario no se distribuyó uniformemente entre las instalaciones.

El trasbordo continuó siendo la principal actividad del sistema, con 6,741,757 TEU movilizados, aproximadamente el 88.6% del volumen total. Las operaciones locales sumaron 816,809 TEU y el movimiento vinculado a la Zona Libre de Colón alcanzó 47,380 TEU. Además, el traslado de vehículos aumentó 20.7%, al pasar de 110,140 a 132,888 unidades.

El comportamiento de Balboa y Cristóbal ocurre después de uno de los cambios más importantes en la administración portuaria panameña. El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobó la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, así como sus adendas y la prórroga contractual aprobada en 2021.

Tras la publicación del fallo en febrero, el Gobierno estableció un esquema de administración transitoria para garantizar la continuidad operativa. APMT Panamá asumió Balboa y TIL Panamá quedó a cargo de Cristóbal, mediante contratos de hasta 18 meses.

La decisión también generó una controversia internacional, debido a que Panama Ports Company cuestionó las actuaciones estatales e inició un arbitraje.

La transición registró otro episodio durante octubre, cuando Serviestiba anunció el cese de sus operaciones en ambas terminales, después de 11 años prestando servicios portuarios.

La decisión generó incertidumbre entre 1,386 trabajadores y llevó al Ministerio de Trabajo a ordenar el secuestro de las cuentas por cobrar de la compañía, con el objetivo de proteger los recursos destinados al cumplimiento de sus obligaciones laborales.

La empresa aseguró que el proceso de cierre se desarrollaría de manera ordenada y coordinada con los operadores portuarios, mientras las autoridades laborales iniciaron conversaciones para facilitar la contratación de los trabajadores afectados. El episodio añadió un nuevo desafío a la reorganización de Balboa y Cristóbal, cuyas operaciones deben mantenerse activas mientras se define su futuro concesionario.

El movimiento de vehículos por los puertos panameños aumentó 20.7% entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 110,140 a 132,888 unidades, según la Autoridad Marítima de Panamá.

Manzanillo International Terminal concentró 88,527 vehículos, mientras Balboa movilizó 44,361 unidades. En contraste, Cristóbal no registró operaciones de este tipodurante el período, frente a las 20 unidades contabilizadas un año antes.

Paralelamente, Panamá prepara una expansión de su infraestructura portuaria mediante dos nuevas terminales promovidas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Los proyectos estarán ubicados en Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, con una inversión preliminar conjunta de 2,600 millones de dólares y capacidad para incorporar entre cinco y seis millones de TEU adicionales por año.

La ACP desarrolla el proceso de precalificación de empresas interesadas en las concesiones, cuya adjudicación se proyecta hacia finales de 2027.

La construcción de ambas terminales tomaría aproximadamente tres años, aunque el calendario dependerá del desarrollo de los procedimientos correspondientes. La iniciativa busca fortalecer la conectividad marítima y ampliar las posibilidades de trasbordo alrededor de la vía interoceánica.

Los proyectos forman parte de una estrategia para aprovechar la posición geográfica de Panamá y aumentar su participación en el comercio internacional. El desafío será integrar las nuevas instalaciones con los puertos existentes, mejorar la eficiencia operativa y resolver las incertidumbres administrativas, mientras el país busca consolidar su competitividad como centro logístico regional.

La violencia extrema contra las mujeres registra un incremento en Panamá, donde los femicidios aumentaron 46% y las tentativas 62% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Las cifras del Ministerio Público muestran que 19 mujeres fueron víctimas de femicidio y otras 21 sobrevivieron a intentos de asesinato, mientras continúan las investigaciones y los procesos judiciales.

El informe estadístico, publicado en octubre, revela que los femicidios pasaron de 13 a 19 casos, mientras las tentativas aumentaron de 13 a 21. Adicionalmente, se contabilizaron 17 muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas como femicidios, frente a 13 durante los primeros nueve meses de 2025, lo que representa un incremento del 31% en esta categoría.

La distribución mensual evidencia que marzo fue el período con mayor número de femicidios, con cuatro víctimas, seguido de junio, agosto y septiembre, con tres casos cada uno. En cuanto a las tentativas, enero concentró siete hechos, mientras septiembre cerró con tres femicidios, tres intentos y otras tres muertes violentas de mujeres.

En la distribución geográfica, San Miguelito encabeza las estadísticas con cuatro víctimas de femicidio, frente a una registrada durante el mismo período de 2025.

Panamá, Panamá Oeste y Coclé contabilizaron tres casos cada uno, mientras Chiriquí reportó dos. Las cifras muestran que la violencia mortal contra las mujeres afecta tanto a sectores urbanos como a provincias del interior.

Uno de los casos recientes ocurrió el 10 de octubre en la barriada La Siesta, en Tocumen, donde una adulta mayor fue víctima de un crimen investigado como femicidio. Un adolescente de 17 años quedó detenido provisionalmente después de que la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes le formulara cargos por este delito y por posesión ilícita de arma de fuego.

Otro expediente corresponde a una tentativa de femicidio registrada el 6 de septiembre en Puerto Caimito, La Chorrera, cuando un hombre de 46 años ingresó a la residencia de su expareja. El sospechoso fue imputado y quedó detenido provisionalmente, luego de que un juez considerara los riesgos para la víctima y el desarrollo de la investigación.

Las decisiones judiciales también incluyen una condena de 30 años de prisión impuesta en septiembre por el femicidio de una joven de 21 años en Pocrí, distrito de Aguadulce. El crimen ocurrió en octubre de 2025, cuando la víctima fue atacada con un cuchillo por su expareja, quien posteriormente aceptó su responsabilidad penal.

En Colón, un tribunal condenó a 25 años de prisión a un hombre por el femicidio de una mujer de 20 años, ocurrido en febrero de 2023 en Altos de Los Lagos. También en septiembre, un tribunal de Coclé impuso cinco años de cárcel a un hombre por femicidio agravado en grado de tentativa, relacionado con una agresión contra su pareja en Penonomé.

Las estadísticas permiten identificar diferencias en los métodos empleados. Nueve de los 19 femicidios fueron cometidos con armas de fuego, cuatro con armas blancas y otros cuatro mediante asfixia mecánica. En las tentativas predominaron los ataques con armas blancas, presentes en 12 casos, seguidos de cinco hechos con armas de fuego.

Por edades, las mujeres de 18 a 24 años concentraron cinco víctimas de femicidio y cinco de tentativa, convirtiéndose en el grupo con mayor incidencia en ambas categorías. El registro también incluye dos víctimas menores de edad, una de entre 10 y 14 años y otra de entre 15 y 17, además de una mujer de 80 años o más.

El Ministerio Público advierte que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme avanzan las investigaciones. La clasificación distingue los femicidios de otras muertes violentas de mujeres, según la valoración fiscal y la aplicación de la Ley 82, mientras los expedientes judiciales continúan determinando responsabilidades penales en cada caso.

Los delitos de alto impacto registran comportamientos diferentes en Panamá durante 2026, con aumentos significativos en las lesiones personales y la violencia doméstica, mientras los robos presentan una disminución.

El Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC) clasifica estas conductas como delitos de alto impacto por sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana.

Según la institución, esta denominación responde al bien jurídico que afectan, las modalidades utilizadas para cometerlos y la conmoción social que generan, factores que contribuyen a profundizar la percepción de inseguridad entre la población.

Entre enero y agosto, las cinco categorías analizadas acumularon 39,037 registros, según las estadísticas oficiales del Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC), elaboradas con información del Ministerio Público.

El informe revela que las lesiones personales experimentaron el mayor crecimiento porcentual, con un incremento de 44.7%, al pasar de 6,035 casos durante los primeros ocho meses de 2025 a 8,737 en el mismo período de 2026. La diferencia representa 2,702 registros adicionales, en una categoría que mantuvo cifras superiores a las del año anterior durante todos los meses analizados.

La provincia de Panamá concentró 3,837 casos de lesiones personales, frente a los 2,560 registrados en 2025, seguida de Panamá Oeste, que pasó de 890 a 1,515. Chiriquí contabilizó 1,064 y Veraguas alcanzó 522. El informe también muestra que mayo fue el mes de mayor incidencia nacional, con 1,278 registros, mientras julio y agosto cerraron con 1,263 cada uno.

La violencia doméstica fue la categoría con mayor número de registros, al contabilizar 12,579 casos, frente a los 10,463 del año anterior, equivalente a un incremento de 20.22%. Esto significa que se reportaron 2,116 hechos adicionales en ocho meses, con cifras mensuales que oscilaron entre 1,423 en febrero y 1,654 en mayo.

En su distribución territorial, Panamá encabezó las estadísticas de violencia doméstica con 3,934 registros, seguida de Panamá Oeste, que aumentó de 1,969 a 2,968. Chiriquí reportó 1,670 casos y Colón contabilizó 928. También se observaron incrementos en Coclé y Veraguas, mientras Bocas del Toro presentó una reducción de 417 a 393 denuncias.

Los hurtos continuaron entre los delitos más frecuentes, con 11,816 casos acumulados, un aumento de 2.4% frente a los 11,538 del mismo período de 2025. Aunque el crecimiento fue moderado, la provincia de Panamá concentró 6,894 registros, seguida de Panamá Oeste con 1,431 y Chiriquí con 1,180, según el desglose geográfico del SIEC.

El comportamiento mensual de los hurtos muestra que julio fue el período de mayor incidencia, con 1,607 casos, seguido de agosto, cuando se contabilizaron 1,559. En contraste, algunas provincias registraron reducciones respecto al año anterior, entre ellas Chiriquí, Coclé, Colón y Bocas del Toro, mientras Panamá Oeste y Los Santos reportaron incrementos.

Los robos fueron la única categoría que presentó una disminución clara en el informe, al pasar de 3,741 hechos durante enero-agosto de 2025 a 3,606 en 2026.

La reducción fue de 3.6%, equivalente a 135 casos menos. Sin embargo, agosto registró 537 robos, la cifra mensual más elevada del período analizado.

En términos geográficos, Panamá concentró 2,331 robos, seguida de Panamá Oeste con 460 y Chiriquí con 319. Las tres jurisdicciones reunieron la mayor parte de los hechos registrados. Aunque hubo disminuciones en varios territorios, Coclé pasó de 105 a 109 casos y Veraguas de 36 a 49, mientras la comarca Ngäbe Buglé también presentó un aumento.

Las denuncias por violación alcanzaron 2,299 casos entre enero y agosto, frente a los 2,283 contabilizados un año antes, lo que representa un incremento de 0.7%. Chiriquí encabezó los registros con 515, seguida de Panamá con 480 y Panamá Oeste con 383. La comarca Ngäbe Buglé reportó 263 casos, la misma cantidad del período anterior.

El desglose mensual evidencia que mayo concentró la mayor cantidad de violaciones, con 355 registros, seguido de julio con 332 y agosto con 324. Las estadísticas también reflejan aumentos en Panamá y Chiriquí, mientras Bocas del Toro, Veraguas, Coclé y Colón registraron reducciones en comparación con los primeros ocho meses de 2025.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde en tres distritos de Panamá, ante las fuertes lluvias que afectan zonas golpeadas por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre.

Las condiciones meteorológicas han complicado las labores de recuperación y distribución de ayuda humanitaria, especialmente en comunidades alejadas de los principales centros de acopio.

La medida comprende Mariato y Soná, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, donde existe riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y nuevas afectaciones. Estas localidades se encuentran entre las áreas que todavía enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la reorganización y activación de un sistema de baja presión en el sector marítimo favorece las precipitaciones en la región central del país. El Sinaproc advirtió que la combinación de lluvias y trabajos de recuperación aumenta los riesgos para la población, por lo que recomendó evitar cruzar ríos, quebradas y caminos inundados.

Las precipitaciones registradas durante los últimos días también han dificultado el traslado de suministros hacia las comunidades afectadas, principalmente aquellas distantes de los centros de distribución. Esta situación añade presión a las operaciones de asistencia, que requieren movilizar alimentos, agua y otros artículos esenciales mientras continúan las evaluaciones de daños en distintas localidades.

El más reciente balance oficial, divulgado el 19 de octubre, revela que más de 9,500 viviendas han sido evaluadas mediante el procedimiento de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), correspondientes a una población de 31,643 personas.

Las inspecciones permiten determinar la magnitud de las afectaciones y las necesidades de las familias damnificadas, mientras continúan las labores de recuperación en las comunidades impactadas por el terremoto.

El informe también identifica 27 personas lesionadas, 104 mujeres embarazadas y 1,265 personas con discapacidad entre la población registrada durante las evaluaciones. Estas cifras forman parte del seguimiento institucional a las consecuencias del terremoto, que provocó afectaciones en viviendas, instalaciones públicas, centros educativos y servicios de salud de varias provincias.

En materia humanitaria, el Gobierno informó que entre el 14 y el 19 de octubre se brindó asistencia en 204 comunidades, distribuidas en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé. Las entregas alcanzaron 32 distritos, con mayor concentración en Los Santos, donde fueron atendidas 74 comunidades, mientras que Veraguas contabilizó otras 54 localidades beneficiadas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) reportó la distribución de 26,985 bolsas de alimentos durante siete días de operaciones, con un alcance estimado de 110,525 personas en 556 comunidades. Del total, 24,561 bolsas fueron entregadas directamente en las localidades y otras 2,424 mediante canales institucionales, como parte del abastecimiento destinado a las familias afectadas.

La emergencia también mantiene una importante demanda de alojamiento temporal. El Ministerio de Desarrollo Social reportó 55 albergues activos y 3,827 personas alojadas, según datos del 17 de octubre. Veraguas concentra 2,672 damnificados en estos espacios, equivalentes al 69.8% del total, mientras las instituciones continúan evaluando sus necesidades básicas y condiciones de permanencia.

Las operaciones de respuesta incluyen más de 194,887 libras de carga transportadas por vía aérea, 306.45 horas de vuelo y 37 evacuaciones. También se movilizaron más de 406 toneladas de suministros por carretera.

Panamá ha recibido asistencia internacional de Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos, incluidos 39 expertos en infraestructura y geología, hospitales tipo carpa y 48 toneladas de ayuda humanitaria estadounidense.

En los servicios públicos, el Ministerio de Salud contabilizó 120 instalaciones afectadas, de las cuales 13 presentan daños totales, principalmente en Herrera y Los Santos. Paralelamente, el Ministerio de Educación informó que ha inspeccionado 721 centros educativos, mientras avanzan las evaluaciones para determinar las condiciones de seguridad y las necesidades de rehabilitación.

La respuesta institucional también contempla atención especializada para aproximadamente 100 personas sordas identificadas entre los afectados. Para facilitar el acceso a información y asistencia, las autoridades habilitaron la línea de videollamadas 6998-4776, mientras mantienen el seguimiento de las condiciones de las personas alojadas temporalmente en los albergues.

El Sinaproc mantiene activos los centros de operaciones de emergencia y solicita a la población seguir las recomendaciones oficiales ante la posibilidad de nuevas inundaciones. Las autoridades enfrentan ahora el desafío de continuar la asistencia a miles de familias damnificadas sin que las condiciones climáticas agraven los daños existentes ni dificulten todavía más el acceso a las comunidades.