El gobierno de El Salvador busca abrir un canal de contacto con las bandas criminales de Haití para obtener la liberación de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada, antes de ordenar una respuesta militar de mayor alcance, según informó en exclusiva el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ).

“El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele busca la manera de negociar la liberación de los hombres capturados antes de recurrir a una respuesta militar más severa, según una persona involucrada en las labores de rescate”, cita el medio.

Los cuatro integrantes del equipo salvadoreño eran técnicos aeronáuticos y formaban parte de la Fuerza de Represión de Pandillas, una misión autorizada por las Naciones Unidas para asistir a las autoridades haitianas frente a la expansión territorial de las organizaciones armadas. Su paradero permanece bajo incertidumbre después del ataque contra su vehículo blindado, ocurrido a principios de esta semana en Croix-des-Bouquets, a unos 14 kilómetros al noreste de Puerto Príncipe.

“Hasta el momento, las autoridades no han recibido respuesta a sus gestiones con las bandas haitianas. Estas han respondido con intensos disparos mientras las fuerzas de seguridad se acercan a su cuartel general, en una de las mayores operaciones de seguridad realizadas en Haití en los últimos años. Según fuentes cercanas a la situación, nadie ha exigido rescate por los hombres”, dice la publicación de WSJ.

Funcionarios de El Salvador y Estados Unidos consideran que los hombres sobrevivieron a la emboscada, pese a que expertos en seguridad advirtieron que podrían haber muerto, agrega el medio.

Disparos de las bandas contra las operaciones de rescate

Los militares fueron atacados cuando regresaban a su base después de comprar alimentos en Croix-des-Bouquets. Según las Fuerzas Armadas salvadoreñas, un tiroteo intenso entre pandillas provocó el incendio del vehículo blindado en el que se trasladaban.

El Ejército desplegó helicópteros militares para apoyar la operación y obligó a los atacantes a retroceder. Las bandas dispararon contra las aeronaves, mientras el humo de varios incendios dificultó el trabajo desde el aire, relata el medio estadounidense.

En un comunicado, las fuerzas salvadoreñas señalaron que “la intensidad de los combates y las condiciones de seguridad en la zona” limitaron el intento inicial de rescate. Un video divulgado por Bukele mostró vehículos blindados que disparaban en una carretera con barricadas incendiadas, mientras una excavadora despejaba el paso.

William O’Neill, experto independiente de las Naciones Unidas en derechos humanos para Haití, afirmó que la emboscada ocurrió en un territorio bajo influencia de dos de los grupos criminales más poderosos del país: Chen Mechan, también conocida como Perro Malo, y 400 Mawozo.

Según O’Neill, Chen Mechan encabezó el ataque con respaldo de 400 Mawozo. Los integrantes de las bandas habrían provocado incendios para crear una cortina de humo que obstaculizara las tareas de los helicópteros. “Los intentos de rescate han encontrado una fuerte resistencia”, dijo el especialista, consultado por el medio estadounidense, quien indicó que todavía no estaba claro qué grupo retiene a los salvadoreños ni en qué lugar se encuentran.

La amenaza de Bukele ante la falta de respuesta

Bukele sostuvo que los cuatro hombres cumplían funciones de apoyo aéreo y no participaban en tareas de combate. El mandatario difundió un mensaje en criollo haitiano dirigido a los jefes de las bandas, con una advertencia sobre las consecuencias de mantenerlos cautivos.

“Quiero que ustedes, los líderes de las pandillas, entiendan una cosa muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que se avecina si no recuperamos a los cuatro rehenes con vida”, escribió Bukele. El presidente añadió que El Salvador había logrado desarticular estructuras criminales dentro de su territorio y afirmó que también podía hacerlo en Haití.

La prioridad inmediata, según la información recogida por el The Wall Street Journal, consiste en negociar la liberación de los cuatro militares antes de ampliar la respuesta militar. Las gestiones no han producido resultados y las fuerzas desplegadas han recibido disparos cuando se acercaron a las posiciones controladas por las bandas.

Estados Unidos expresó su respaldo a las tareas de búsqueda. El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó el lunes que Washington ofrecía “el pleno apoyo del gobierno estadounidense” y aseguró que el país acompañaba a los salvadoreños “hombro con hombro”.

La misión internacional ante bandas que dominan gran parte de Puerto Príncipe

El Salvador integra una fuerza multinacional autorizada a reunir hasta 5,500 efectivos. La misión está bajo el mando de un general de Mongolia y cuenta con cerca de 2,000 miembros procedentes de Chad, Sri Lanka, Guatemala, Bangladesh y otros países.

Su objetivo es apoyar a la Policía Nacional de Haití y a las fuerzas armadas locales en su combate contra las bandas, que ampliaron su dominio tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El gobierno haitiano también recurrió al contratista de seguridad estadounidense Eric Prince, cuyo equipo utiliza drones en operaciones contra los grupos criminales.

María Fernanda Arocha, analista de Acled, organización de seguimiento de conflictos armados, afirmó a The Wall Street Journal que las pandillas haitianas muestran una capacidad creciente para enfrentar de forma directa a fuerzas internacionales. A su juicio, el ataque contra los salvadoreños refleja una adaptación de sus tácticas y profundiza la amenaza sobre la transición política haitiana.

Entre julio y comienzos de octubre, más de 1,100 personas murieron y alrededor de 400 resultaron heridas por violencia vinculada con bandas, según datos de las Naciones Unidas citadas por el medio. Esos grupos controlan hasta el 90% de Puerto Príncipe y la crisis desplazó a cerca de 1.5 millones de personas.

Las elecciones presidenciales y legislativas previstas para diciembre fueron postergadas de forma indefinida. Haití no celebra comicios desde 2016.

República Dominicana descartó el cierre de su frontera con Haití pese al aumento de la tensión en el país vecino, donde continúa la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada ocurrida el domingo en las afueras de Puerto Príncipe.

El Ministerio de Defensa dominicano informó este jueves que las condiciones no requieren medidas extraordinarias en la zona limítrofe. Las autoridades afirmaron que mantienen vigilancia sobre la evolución de los hechos en Haití y que evaluarán nuevas decisiones de acuerdo con los riesgos que puedan surgir.

La decisión se conoció después de una reunión encabezada por el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto con los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana. También participaron responsables de inteligencia y operaciones del Estado Mayor Conjunto.

Según el comunicado oficial, el encuentro permitió analizar la situación haitiana y sus efectos posibles sobre la seguridad dominicana. El Gobierno sostuvo que las actividades comerciales, sociales y cotidianas en la frontera se desarrollan sin alteraciones.

Vigilancia sostenida sin cambios en los pasos fronterizos

El Ministerio de Defensa señaló que no detectó, hasta ahora, circunstancias que exijan modificar la dinámica habitual de las comunidades fronterizas. La posición oficial descarta una clausura preventiva del paso entre ambos países, una medida que en otras ocasiones fue aplicada ante episodios de tensión política, crisis humanitarias o incidentes de seguridad.

La frontera entre República Dominicana y Haití se extiende por cerca de 390 kilómetros y concentra intercambios comerciales, desplazamientos de trabajadores y relaciones entre poblaciones de ambos lados. Por ese motivo, las autoridades dominicanas subrayaron que cualquier disposición será proporcional a la amenaza identificada.

El comunicado no detalló si el operativo de vigilancia recibió refuerzos adicionales. Sí indicó que el Ministerio continuará con el seguimiento de los acontecimientos en el territorio haitiano ante la posibilidad de que la crisis tenga consecuencias sobre la estabilidad fronteriza.

Las actividades en los pasos fronterizos continúan con normalidad, según la evaluación transmitida por las autoridades dominicanas tras la reunión de seguridad.

Búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras emboscada en Puerto Príncipe

La crisis en Haití se agravó tras la desaparición de cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Los militares perdieron contacto con sus superiores tras una emboscada el domingo en la zona de Santo, perteneciente a la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Las tareas para localizarlos se intensificaron el miércoles en la capital haitiana. La zona del ataque está entre los sectores controlados por grupos armados, que mantienen influencia sobre amplias áreas de la capital y sus alrededores.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó el miércoles, a través de su cuenta en X, que existe una operación militar para rescatar a los cuatro integrantes de la GSF. El mandatario exigió que las pandillas los liberen sin daño y advirtió que habrá represalias si no ocurre.

Bukele confirmó una operación de rescate para recuperar a los militares salvadoreños, aunque no divulgó información sobre su ubicación ni sobre las fuerzas involucradas en el operativo.

Violencia de pandillas: más de 5,700 víctimas y elecciones en duda

La situación de los militares desaparecidos se suma a una crisis de seguridad que afecta a Haití desde hace años. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas citados por EFE, más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas en lo que va de 2026 como consecuencia de la violencia de las pandillas.

La ONU también atribuye a esos grupos más de 230 secuestros y la violación de más de 1.000 mujeres y niñas durante el año. La expansión territorial de las bandas y la debilidad institucional dificultan las operaciones de seguridad y condicionan el funcionamiento de los servicios públicos.

El deterioro de la situación también dejó en duda la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 13 de diciembre. El Consejo Electoral Provisional aplazó la campaña y anunció que difundirá un nuevo calendario, que todavía no fue publicado.

La incertidumbre electoral se mantiene mientras las autoridades haitianas intentan recuperar el control de áreas bajo influencia de las pandillas y avanzan las operaciones para encontrar a los cuatro militares salvadoreños.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubicó a El Salvador entre las economías de mayor crecimiento de la región en 2026, con una previsión de 4.5%, en un año para el que el organismo redujo su cálculo para América Latina y el Caribe del 2.2% al 2%. El organismo ajustó su previsión para la economía salvadoreña desde 3.9% para este año, publicada en agosto cuando ya le daba 0.5% más que la estimación que tenía en abril.

La revisión sitúa a varios países de Centroamérica por encima del promedio regional. Además de El Salvador y Panamá, la Cepal indicó que Guatemala crecería 4.1%; Nicaragua, 3.7%; Honduras, 3.5%, y Costa Rica, 3.5%, según las nuevas estimaciones difundidas este jueves por la entidad de las Naciones Unidas.

La cifra coloca a El Salvador al nivel de Panamá y Paraguay dentro de las proyecciones de Cepal, solo por detrás de Venezuela, cuya economía crecería 6.5%. El país centroamericano también supera la estimación regional y se mantiene entre los mercados con mayor dinamismo esperado en Centroamérica.

La revisión de Cepal se produjo en un escenario de incertidumbre internacional, tensiones geopolíticas, alteraciones en las rutas logísticas y menor previsibilidad de la política comercial. El organismo de las Naciones Unidas sostuvo que esos factores afectan la demanda externa y elevan los costos de producción e importación, en especial por el encarecimiento de la energía y los alimentos.

El Salvador coincide con el cálculo del FMI y el Banco Mundial

La previsión de la Cepal de 4.5% para El Salvador coincide con la estimación más reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), divulgada en octubre en su informe de Perspectivas de la Economía Mundial. El Fondo anticipó una aceleración frente al crecimiento de 3.5% estimado para 2025, aunque proyectó una moderación hasta el 4% en 2027.

El FMI había calculado en abril una expansión de 3.3% para 2026. Su actualización elevó esa cifra en 1.2 puntos porcentuales y situó a la economía salvadoreña entre las de mayor expansión de Centroamérica. Panamá, con una previsión de 5%, sería la única economía de la subregión por encima de El Salvador en la tabla del organismo.

El Banco Mundial también pronosticó un crecimiento de 4.5% para El Salvador en 2026. En su informe de octubre, ubicó al país como la tercera economía de mayor expansión de América Latina y el Caribe, por detrás de República Dominicana y Paraguay, ambas con una proyección de 4.7%.

La entidad multilateral revisó al alza sus expectativas para la economía salvadoreña en tres ocasiones durante el último año. En octubre de 2025, estimaba un crecimiento de 2.5% para 2026; en enero lo elevó al 3%; en junio, al 3.2%, y en octubre alcanzó el 4.5%.

Los organismos prevén una desaceleración a partir de 2027

El Banco Mundial atribuyó sus expectativas a la mejora de las condiciones de seguridad, la consolidación fiscal y la inversión privada. Para 2027, prevé que el crecimiento de El Salvador se modere al 3.9%, mientras que para 2028 calcula una tasa de 3.5%.

El FMI también identificó riesgos externos para las proyecciones, entre ellos los precios de la energía y de los alimentos, las tensiones comerciales y eventuales interrupciones en el suministro energético. Su previsión sitúa el crecimiento centroamericano en 4.2% durante 2026 y en 4% en 2027.

Dentro de la subregión, Cepal calcula que Panamá y El Salvador crecerán 4.5% este año; Guatemala, 4.1%; Nicaragua, 3.7%; Honduras y Costa Rica, 3.5%. Esas tasas superarían el promedio de 2% previsto para América Latina y el Caribe.

En el resto de la región, República Dominicana alcanzaría un crecimiento de 4.4%; Perú, 3%; Ecuador, 2.6%; Colombia, 2.4%; Brasil, 2.1%; Argentina, 1.9%, y México, 1.6%. Venezuela lideraría la lista con 6.5%, mientras Haití y Cuba registrarían contracciones de 1.5% y 10.3%, respectivamente.

La Cepal mantuvo en 2.5% su previsión regional para 2027, aunque advirtió que la evolución de la economía internacional y los posibles efectos del fenómeno de El Niño podrían alterar ese cálculo. Indicó que el impacto de los choques externos no será uniforme. Los países exportadores de materias primas pueden obtener ingresos adicionales si suben las cotizaciones internacionales, mientras las economías importadoras afrontan mayores costos y una posible pérdida de poder de compra en los hogares.

“La incertidumbre internacional está reconfigurando el entorno en el que operan las economías de la región”, señaló la Cepal en su comunicado. El organismo indicó que esos factores inciden sobre la demanda externa y encarecen tanto la producción como las importaciones.

El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, presentó este miércoles ante la Asamblea Nacional el proyecto de Presupuesto General de la República para 2027, que contempla un superávit global de USD 734.4 millones, equivalente al 2.8% del producto interno bruto (PIB) del país.

La iniciativa prevé ingresos por 195.136,7 millones de córdobas (USD 5.327,9 millones) y gastos por 168.238 millones de córdobas (USD 4.593,5 millones), según expuso Reyes durante su comparecencia ante el Parlamento.

La diferencia entre ambos rubros arroja un excedente de 26.898,7 millones de córdobas. El monto representa el 13,8% de los ingresos totales que el régimen espera recaudar durante el próximo ejercicio fiscal.

“Con esto, hemos llegado a acumular siete años consecutivos de cuentas fiscales superavitarias”, afirmó el titular del banco emisor estatal, según EFE.

Los ingresos tributarios concentrarán el 94% de la recaudación

El proyecto enviado al Legislativo calcula que los ingresos de 2027 serán 13,6% superiores a los previstos inicialmente en el presupuesto de 2026. La principal fuente de recursos serán los tributos, con una proyección de USD 5.010,1 millones.

Esa cifra representa el 94% del total de los ingresos estimados. En relación con el tamaño de la economía, los recursos previstos equivalen al 20,6% del PIB, indicó Reyes ante los diputados.

El presupuesto de gastos, en tanto, registraría un incremento interanual de 0,9% frente a la asignación aprobada para 2026. Del total previsto para el próximo año, el 32,1% se destinará a gasto corriente y el 67,9% a gasto de capital.

Los desembolsos presupuestados para 2027 equivalen al 17,7% del PIB. La mayor parte de los fondos se concentrará en inversiones de capital, según el desglose presentado por el presidente del Banco Central de Nicaragua.

El régimen prevé un crecimiento económico de 3,7% en 2027

Reyes explicó que el proyecto se elaboró con una previsión de crecimiento económico de 3,7% para 2027. El cálculo oficial también contempla una inflación anual de 3%, una tasa de ocupación de 97% y un deslizamiento de 0% de la moneda nacional frente al dólar.

El funcionario señaló que el régimen espera que el sistema financiero mantenga su expansión, con aumentos tanto en los depósitos como en la cartera de créditos.

“Prevemos que el sistema financiero continúe acompañando este dinamismo, con los depósitos y el crédito creciendo”, sostuvo Reyes. Añadió que las previsiones oficiales fijan un precio de USD 97 por barril de petróleo y la continuidad de la estabilidad en el tipo de cambio oficial.

Para este año, las estimaciones del banco emisor sitúan la expansión de la economía de Nicaragua entre 3,5% y 4,5%, mientras que la inflación anual podría ubicarse entre 2,5% y 3,5%.

Las cifras oficiales indican que el PIB nicaragüense creció 4,9% en 2025. El nuevo presupuesto toma como referencia esa evolución y las proyecciones macroeconómicas elaboradas por las autoridades monetarias y fiscales.

El Parlamento deberá aprobar el presupuesto antes del 15 de diciembre

Tras su presentación ante el pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto fue remitido a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, que deberá analizarlo y emitir un dictamen para su posterior tratamiento legislativo.

La normativa nicaragüense establece que el Presupuesto General de la República debe recibir aprobación antes de que concluya el actual período legislativo, previsto para el 15 de diciembre.

La Fiscalía del régimen de Cuba solicitó condenas de entre cinco y 13 años de prisión para 18 personas, seis de ellas menores de edad, acusadas de sedición por el asalto a una sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Morón, en el centro de la isla. El pedido judicial, al que tuvo acceso la agencia AFP, vuelve a exponer la respuesta penal del régimen frente a las protestas vinculadas con el deterioro de las condiciones de vida.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 14 de marzo en Morón, municipio situado a unos 460 kilómetros (460 km) al este de La Habana. Un grupo de residentes se concentró frente a la sede local del PCC tras una sucesión de apagones prolongados y en medio de la escasez de alimentos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a manifestantes frente al edificio, la quema de objetos en la vía pública y reclamos de “libertad” entre golpes de cacerolas. Dos habitantes de la ciudad, consultados por AFP bajo condición de anonimato, aseguraron que la movilización tuvo una participación masiva.

Seis menores enfrentarán cargos por sedición

El documento de la fiscalía incluye a seis menores de edad entre los 18 acusados. Todos serán juzgados por sedición, una figura penal que permite imponer penas elevadas en casos que el régimen interpreta como una alteración del orden institucional.

La acusación vincula a los imputados con el ingreso y los daños en la sede partidaria. La solicitud de hasta 13 años de cárcel coloca a la protesta de Morón entre los episodios de descontento social que han recibido una respuesta judicial más dura durante la actual crisis.

En abril, Amnistía Internacional consideró “preocupante” la detención de menores por estos hechos. La organización puso el foco en la situación de los adolescentes procesados en un contexto marcado por restricciones a la protesta y por la falta de información pública sobre los procedimientos judiciales.

La fiscalía no informó cuándo comenzará el juicio ni precisó las edades de los seis menores involucrados. Tampoco se conocieron detalles sobre las condiciones en que permanecen detenidos ni sobre el acceso de sus defensas al expediente.

Los apagones multiplicaron las protestas nocturnas

La isla, con 9.4 millones de habitantes, atraviesa una crisis económica que combina falta de alimentos, medicamentos y combustible. Desde enero, el escenario se agravó por el bloqueo petrolero aplicado por Washington, según la información recogida por AFP.

Los cortes de electricidad llegaron a extenderse hasta 90 horas consecutivas, una situación que también afecta el abastecimiento de agua potable, la conservación de alimentos y la actividad cotidiana de hogares y comercios. En numerosas localidades, el malestar derivó en cacerolazos nocturnos, tanto en las calles como desde las viviendas.

La protesta de Morón no fue un hecho aislado. En 2024, un tribunal del centro de Cuba condenó a seis personas a penas de hasta seis años de prisión por participar en una manifestación contra la falta de electricidad, de acuerdo con documentos judiciales revisados por AFP.

Los apagones y la escasez también estuvieron entre los factores que impulsaron las protestas de julio de 2021, las mayores registradas en Cuba desde 1959. Aquel ciclo de movilizaciones dejó cientos de detenidos y consolidó el uso de causas penales contra quienes cuestionan públicamente al régimen.

Una nueva caravana partió este martes desde Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, con migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos cubanos, que buscan avanzar hacia el centro y el norte del país. El grupo espera una modificación de las condiciones migratorias que le permita regularizar su situación o acercarse a la frontera con Estados Unidos.

La movilización reunió a entre 400 y 700 personas, según informes de la prensa mexicana citados por Periódico Cubano. Predominan los ciudadanos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, pero también hay muchos migrantes de Cuba, Haití y Venezuela.

De acuerdo a las estimaciones citadas por Periódico Cubano, entre 20,000 y 25,000 cubanos permanecían varados en la ciudad fronteriza del sur de México, quienes se van incorporando a las caravanas de centroamericanos que parten hacia los Estados Unidos.

Los participantes reanudaron la marcha por la carretera Costera de Chiapas después de permanecer varios días en el parque Bicentenario de Tapachula. Allí aguardaron la llegada de otros grupos procedentes de Centroamérica antes de iniciar el recorrido.

La caravana reúne a familias, menores y migrantes con problemas de salud

Entre quienes caminan hay familias con niños y personas que recorrieron tramos extensos bajo la lluvia. Una migrante salvadoreña relató a Milenio que varios integrantes del grupo sufrieron lesiones en los pies, mientras algunos menores presentaron cuadros de deshidratación y desmayos.

Las expectativas de los migrantes no son uniformes. Una parte pretende continuar hacia la frontera estadounidense, mientras otros consideran la posibilidad de solicitar protección en México y asentarse en alguna ciudad del país.

El desempleo y las demoras en los trámites de regularización aparecen entre las razones más mencionadas por quienes se sumaron a la marcha. Algunos migrantes evalúan permanecer en Oaxaca o Nuevo León, con especial interés en Monterrey, donde esperan encontrar oportunidades laborales.

Según el periodista independiente Julio Rosas, especializado en asuntos fronterizos, varios miembros de la caravana confían en que futuras decisiones políticas en Estados Unidos modifiquen las restricciones migratorias que enfrentan.

Los cubanos vuelven a sumarse a las marchas desde Tapachula

La presencia de ciudadanos cubanos en caravanas que salen de Tapachula se repitió en distintos momentos de 2026. En agosto, entre 500 y 600 migrantes proyectaron una movilización ante las demoras en los procesos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la falta de empleo.

En marzo, otro grupo de unas 500 personas, denominado “Génesis 2026”, también incluyó a un ciudadano cubano que llevaba más de un año sin documentación regular.

La nueva marcha ocurrió pocos días después de que las autoridades mexicanas desarticularan la caravana “Fe y Esperanza con Dios”, cerca del límite entre Chiapas y Oaxaca. Esa movilización había salido de San Pedro Sula, Honduras, el 20 de septiembre.

El avance en grupo permite a los migrantes visibilizar sus reclamos, aunque no garantiza la obtención de refugio, permisos de tránsito ni el ingreso a Estados Unidos.

Cubanos rescatados rumbo a México

En agosto, la Secretaría de Marina de México rescató a 16 migrantes cubanos, entre ellos 12 adultos y cuatro menores, que permanecían a la deriva cerca de la península de Yucatán tras perderse el contacto con la embarcación en la que viajaban.

La lancha había salido el 11 de agosto desde Pinar del Río, en el oeste de Cuba. En un principio se informó que transportaba a 19 personas, aunque el balance final de las autoridades mexicanas confirmó el rescate de 16.

La Marina desplegó una embarcación tipo Defender para localizarlos en las inmediaciones de la Novena Zona Naval. Tras el operativo, los migrantes recibieron atención médica y fueron trasladados a instalaciones navales antes de quedar a disposición de las autoridades migratorias mexicanas, que deberán definir su situación legal. Un familiar de algunos de los pasajeros había advertido que la embarcación contaba con poco combustible.

El caso volvió a exponer los riesgos de la travesía marítima entre Cuba y México, una ruta utilizada por personas que intentan salir de la isla en embarcaciones pequeñas.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó este miércoles a Bryan Ruiz y la selección masculina de Costa Rica con la misión de reconstruir al equipo y encaminarlo hacia la clasificación para la Copa del Mundo de 2030.

La designación convierte al exfutbolista de 41 años en el responsable definitivo de la Tricolor, después de haber asumido de manera interina a fines de septiembre. Según informó la FCRF y recogió EFE, el Comité Ejecutivo cerró los acuerdos contractuales y resolvió dar continuidad al trabajo que Ruiz inició en sus primeros dos encuentros al frente del plantel.

“Bryan Ruiz González fue designado como director técnico de la selección mayor masculina de Costa Rica”, señaló la Federación en un comunicado. La entidad agregó que la decisión busca consolidar una nueva etapa para el equipo nacional.

La salida de Fernando Batista y el debut interino de Ruiz

Ruiz tomó el control provisional de la selección el 28 de septiembre, cuando sustituyó al argentino Fernando Batista, apartado del cargo luego de una serie de resultados adversos. En sus dos partidos como interino, Costa Rica logró victorias ante Nicaragua y Haití, por 3-0 y 2-0, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Antes de esta confirmación, su recorrido principal en los bancos de suplentes incluía dos partidos como entrenador emergente del Alajuelense, además de labores como asistente técnico y formador en las categorías inferiores de ese club.

La FCRF destacó el pasado de Ruiz como referente de la selección y su trayectoria en el exterior. “Como futbolista, Bryan Ruiz fue durante años uno de los grandes referentes de la selección nacional y llevó con orgullo la cinta de capitán de la Tricolor”, expresó la institución.

El comunicado añadió que el nuevo técnico pondrá al servicio del seleccionado “toda esa experiencia, liderazgo y conocimiento del fútbol nacional e internacional y de la selección”.

Wilmer López y Cristian Bolaños, asistentes del nuevo cuerpo técnico

El cuerpo técnico de Costa Rica contará con los exinternacionales Wilmer López y Cristian Bolaños como asistentes. Ambos acompañarán a Ruiz en un ciclo que comenzará con dos amistosos fuera de casa, previstos para noviembre.

La primera prueba será el 13 de noviembre frente a Ecuador. Cuatro días después, el equipo costarricense se medirá con Argentina, el 17 de noviembre. Esos partidos marcarán el debut formal de Ruiz como seleccionador titular y ofrecerán una primera referencia sobre la renovación que pretende la Federación.

Como jugador, Ruiz disputó tres Copas del Mundo consecutivas con Costa Rica: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. También construyó una carrera fuera de su país en clubes como Twente y PSV Eindhoven, de Países Bajos; Fulham, de Inglaterra; Sporting de Portugal, y Santos, de Brasil.

Costa Rica, afuera del Mundial 2026 y con la mira en 2030

La llegada de Ruiz se produce después de un período de cuestionamientos hacia la dirigencia de la FCRF y el rendimiento de la selección. Tras asistir a tres mundiales seguidos, el conjunto centroamericano quedó fuera de la edición de 2026, una situación que intensificó las críticas de la prensa y los aficionados.

El mexicano Miguel Herrera no logró la clasificación y fue reemplazado por Batista. El ciclo del argentino duró siete meses y terminó sin victorias: registró un empate y cinco derrotas, además de la eliminación en la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Costa Rica compartió esa zona con Haití, Curazao, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago. La FCRF ahora depositó en Bryan Ruiz la tarea de revertir esa etapa y preparar a la selección para el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Cuba terminó 2025 con 9.434.593 habitantes y el 26.7% de su población mayor de 60 años, una proporción que la ubica como el país más envejecido de América Latina y el Caribe, según un informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) divulgado este martes.

El dato representa un aumento de un punto porcentual frente al 25.7% registrado en 2024, de acuerdo con el estudio El envejecimiento de la población. Cuba y sus territorios-2025, elaborado por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (Cepde), dependiente de la ONEI.

La agencia EFE informó que el envejecimiento demográfico se distribuye de forma desigual en el país. Villa Clara alcanzó el 30.2% de población de 60 años o más, la proporción más alta entre las provincias, seguida por La Habana, con el 29.1%.

En el otro extremo quedaron Guantánamo, con 23,3%, y Santiago de Cuba y Artemisa, ambas con 24,2%. A nivel municipal, Plaza de la Revolución, en la capital, encabezó el indicador nacional con un 38,2%, mientras que Yateras, en Guantánamo, registró el menor porcentaje, con 17,9%.

La Habana concentra casi medio millón de adultos mayores

La capital cubana tenía 1.673.208 habitantes al cierre del año pasado. De ese total, 789,491 eran hombres y 883,717 mujeres. La diferencia a favor de la población femenina aparece en todos los grupos etarios y se amplía entre los mayores de 60 años.

Los adultos mayores sumaron 486,650 personas en La Habana, cerca de un tercio de la población de la provincia. En cambio, los menores de 14 años llegaron a 251,527. La distancia entre ambos grupos refleja la caída de la natalidad que afecta a la isla desde hace años.

La población cubana había alcanzado su máximo histórico en 2016, con 11.239.224 personas. Desde entonces, el número descendió de forma sostenida. Al cierre de 2024, el país tenía 9.748.007 habitantes y, entre 2020 y ese año, perdió alrededor de 1,4 millones de residentes, según datos oficiales.

Las muertes superan a los nacimientos desde 2020

La reducción poblacional está vinculada con un saldo natural negativo. Durante 2024, Cuba registró 128,098 defunciones y 71,358 nacimientos. Murieron 56,740 personas más de las que nacieron en ese período, una tendencia que se mantiene desde 2020.

Los nacimientos anuales también se ubicaron por debajo de los 100,000 entre 2020 y 2024. La tasa global de fecundidad descendió hasta 1,29 hijos por mujer, el nivel más bajo desde que existen registros en el país.

El informe de la ONEI sostuvo que Cuba enfrenta la necesidad de reorientar su modelo económico, con medidas que promuevan el empleo, la innovación tecnológica y la incorporación de los adultos mayores a la economía.

Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, atribuyó el fenómeno a la baja fecundidad, que persiste desde 1978. También señaló el impacto de la emigración exterior, que reduce los grupos de edades productivas y reproductivas, además de la fecundidad adolescente y la postergación del primer o segundo hijo.

Una proyección presentada por especialistas de la ONEI en septiembre prevé que el envejecimiento de la población cubana alcance el 36% en 2040. Para entonces, la isla tendría cerca de 8.38 millones de habitantes.

La visita de Hakeem Jeffries a una panadería cubana de Miami abrió un frente de campaña en el sur de Florida. La cadena CAO Bakery aclaró que no apoyó a ningún partido tras recibir al líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y afirmó que condena el socialismo.

El episodio ocurrió a dos semanas de las elecciones de mitad de mandato, en un distrito de mayoría hispana donde el resultado podría incidir en la composición de la Cámara baja. Jeffries acudió el viernes a un local de la empresa en Pinecrest, en el condado Miami-Dade, junto al candidato demócrata cubanoestadounidense Eliott Rodríguez.

Rodríguez busca desplazar a la congresista republicana de origen cubano María Elvira Salazar en el distrito 27 de Florida. La presencia de Jeffries en el comercio derivó en cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios acusaron a la panadería de dar espacio a dirigentes demócratas a los que calificaron de socialistas.

La aclaración de CAO Bakery tras la visita polémica

“Abrir nuestras puertas no fue un respaldo a ningún candidato, partido o plataforma”, señaló en redes sociales Yvette Cao, directora de marketing de CAO Bakery, según informó EFE, agencia española de noticias.

La empresaria explicó que la campaña de Rodríguez se comunicó con la panadería el día previo al encuentro para invitar al candidato a tomar un café. De acuerdo con su versión, los responsables del negocio desconocían que la actividad derivaría en una rueda de prensa.

Cao, cuya familia emigró desde Cuba, también fijó la posición de la compañía frente a las críticas. “Apoyamos una Cuba libre y condenamos el socialismo”, expresó la directiva de la cadena, una de las más conocidas entre la comunidad cubana de Miami.

Rodríguez difundió un video de la visita, lo que extendió las reacciones. Entre los mensajes cuestionaban a la empresa por recibir a representantes demócratas y vinculaban a Jeffries con posiciones socialistas, acusación habitual en la disputa política de Florida.

La acusación de Salazar contra Rodríguez

Salazar compartió el lunes uno de esos comentarios en la red social X y cuestionó a su adversario. “Eliott Rodríguez llevó al hombre que quiere liderar a los socialistas en el Congreso a una panadería cubana de Miami y, de un solo golpe, demostró lo poco que conoce esta comunidad”, escribió la legisladora.

La representante republicana sostuvo que su contrincante convirtió al comercio en “un instrumento de propaganda política”. También afirmó que llevar esa ideología a una comunidad formada por personas que huyeron del socialismo constituía un insulto.

Jeffries había rechazado en agosto vínculos con la agenda de los Socialistas Democráticos de América (DSA), un movimiento con presencia dentro del Partido Demócrata. En declaraciones a NBC, cadena de televisión estadounidense, el dirigente demócrata dijo que no respalda las propuestas de esa organización.

Rodríguez respondió el viernes que calificar de socialistas a los demócratas es una forma de evitar un debate sobre la gestión de la Administración de Donald Trump. El ex presentador de televisión se definió, además, como “producto del capitalismo”.

La campaña del aspirante demócrata contraatacó después con un video sobre una entrevista que Salazar realizó a Fidel Castro durante su etapa como periodista televisiva en los años noventa. El equipo de Rodríguez afirmó que la congresista había estado “siempre” cerca de socialistas y comunistas.

El distrito 27 y la disputa por el control de la Cámara

El intercambio coincidió con el inicio del voto anticipado en Miami-Dade. El medio especializado Cook Political Report, medio especializado en análisis electoral de Estados Unidos, dejó de considerar al distrito 27 como un escaño seguro para los republicanos.

Los republicanos tienen 218 escaños en la Cámara de Representantes, frente a los 214 de los demócratas. Por esa diferencia, la contienda entre Salazar y Rodríguez adquiere relevancia en la disputa por el control del Congreso de Estados Unidos.

Las autoridades de República Dominicana informaron este martes 20 de octubre el decomiso de más de una tonelada de cocaína durante una operación marítima frente a las costas de la provincia de Pedernales, en el suroeste del país. El procedimiento terminó con la detención de tres ciudadanos colombianos.

La droga estaba repartida en 1,068 paquetes, localizados dentro de una embarcación que fue interceptada después de varias horas de persecución en aguas próximas a la isla Beata. La operación reunió a la Armada, la Fuerza Aérea, el Ministerio Público y organismos de inteligencia dominicanos e internacionales.

La agencia EFE indicó que los detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades mientras avanza la investigación para determinar el origen y el destino final del cargamento. La DNCD no difundió las identidades de los tres colombianos arrestados.

La lancha interceptada tras horas de persecución en aguas de Beata

La lancha interceptada tenía 12 metros (40 pies) de eslora y contaba con dos motores fuera de borda. Durante el operativo, los agentes también incautaron 12 tanques de combustible, tres baterías y equipos de comunicación.

El volumen de combustible hallado en la embarcación será analizado por los investigadores porque este tipo de lanchas cubre largas distancias en el mar Caribe. La DNCD informó que la embarcación fue detectada cuando navegaba hacia territorio dominicano.

El operativo contó con apoyo de agencias estadounidenses, entre ellas la Fuerza de Tarea Interagencial Sur de Estados Unidos (Jiatfs), el Comando Sur y la Administración para el Control de Drogas (DEA). La participación de esas entidades se produjo dentro de los mecanismos de cooperación regional contra las rutas marítimas del narcotráfico.

La isla Beata, situada frente al litoral de Pedernales y cerca de la frontera marítima con Haití, es una zona de tránsito utilizada por embarcaciones que se desplazan entre distintos puntos del Caribe. Las autoridades no precisaron si la lancha había partido desde Colombia ni si tenía previsto continuar hacia otro país.

Las autoridades dominicanas decomisaron más de 34 toneladas este año

Con este cargamento, las fuerzas de seguridad de República Dominicana superaron las 34 toneladas de drogas decomisadas durante 2026, de acuerdo con los datos difundidos por la DNCD. El organismo mantiene operativos en puertos, aeropuertos, zonas costeras y barrios urbanos, con intervenciones dirigidas tanto al tráfico internacional como a la distribución local de estupefacientes.

El decomiso ocurre diez días después de otro procedimiento de la DNCD en el Gran Santo Domingo. En esa acción, las autoridades detuvieron a 253 personas y ocuparon más de 75 kilos de presuntas drogas durante 1,478 intervenciones y 28 allanamientos realizados junto con el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Según la información difundida entonces, el material incautado incluía más de 64 kilos de una sustancia que las autoridades presumían cocaína, además de marihuana y crack. También fueron ocupadas armas de fuego, teléfonos celulares, radios de comunicación, vehículos, motocicletas y balanzas.

Las sustancias halladas frente a Pedernales serán sometidas a análisis por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que deberá confirmar su composición y peso definitivo. El Ministerio Público continuará las diligencias sobre los tres detenidos y los posibles vínculos de la embarcación con redes de narcotráfico internacional.

El programa mexicano Sembrando Vida amplió su alcance en Cuba con su llegada a la provincia de Ciego de Ávila, donde prevé beneficiar a unos 1,500 productores agropecuarios mediante capacitación, entrega de insumos y asistencia técnica para mejorar los rendimientos de los cultivos.

La iniciativa, a cargo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), forma parte de la segunda etapa del plan en la isla y busca extender el trabajo que ya comenzó en las provincias occidentales de Mayabeque y Artemisa, según informó la agencia EFE.

Aumentos de entre 50% y 80% en las cosechas

La directora ejecutiva de Amexcid, Alejandra del Moral, explicó que el proyecto contempla intercambios de experiencias y formación técnica para los campesinos de Ciego de Ávila, una provincia del centro de Cuba con actividad agrícola.

La funcionaria señaló que el programa apunta a conseguir aumentos de entre 50% y 80% en las producciones o cosechas, además de promover mejoras en la calidad de las semillas. Para ese objetivo, se prevé la distribución de maquinaria, insumos agrícolas y otros recursos destinados a las labores del campo.

Del Moral sostuvo que la misión mexicana buscará identificar las necesidades específicas de los productores y elaborar respuestas conjuntas. “Queremos conocer las experiencias y necesidades” de las personas, afirmó en declaraciones recogidas por EFE.

La responsable de Amexcid vinculó el proyecto con las dificultades que enfrenta actualmente Cuba, donde la crisis económica incide sobre la producción y distribución de alimentos. La isla atraviesa una situación marcada por cortes eléctricos diarios que, en algunas zonas, superan las 20 horas, problemas en el abastecimiento de agua potable y gas, y un alza de los precios de los productos básicos.

La cooperación agrícola de México en la isla

El embajador de México en Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, afirmó que la cooperación entre ambos países responde a una relación que definió como de “hermandad, amistad, de familia”.

“Hay que traducir en hechos las palabras”, declaró el diplomático durante la presentación del proyecto. Díaz Reynoso agregó que la intención de México es impulsar acciones concretas destinadas a la población cubana.

Sembrando Vida comenzó a ejecutarse en Cuba en 2022. Desde entonces, el programa alcanzó a unos 5,000 campesinos en Mayabeque y Artemisa, dos provincias situadas al oeste de La Habana. A fines de 2025, también inició su implementación en Villa Clara, en la región central del país.

Con la incorporación de Ciego de Ávila, el plan amplía su presencia territorial en un momento de deterioro de las condiciones productivas de la agricultura cubana. Muchos cubanos han implementado huertos caseros para tratar de alimentarse en medio de la crisis alimentaria y escasez en la isla.

Las autoridades mexicanas prevén que la asistencia incluya capacitación y transferencia de herramientas que permitan a los agricultores mejorar sus resultados y afrontar limitaciones materiales.

En los últimos años, México se consolidó como uno de los socios regionales con mayor actividad en el envío de ayuda humanitaria a Cuba. Esa cooperación incluyó cargamentos marítimos con alimentos, medicamentos y otros productos esenciales.

Los envíos se intensificaron en un escenario de escasez de combustible y dificultades para captar inversiones externas. Según el reporte de EFE, estas condiciones se profundizaron tras el bloqueo petrolero aplicado por Estados Unidos desde enero y las sanciones secundarias que desalientan la llegada de capital extranjero a la isla.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Guatemala en el Nivel 2 de su reciente Informe sobre la Trata de Personas 2026, al concluir que el país no cumple por completo los estándares mínimos para erradicar este delito, aunque incrementó sus acciones de persecución, identificación de víctimas y asistencia durante 2025.

El documento destaca que las autoridades guatemaltecas procesaron a más sospechosos que el año anterior, identificaron a 837 víctimas y condenaron a dos exfuncionarios penitenciarios por su participación en casos de explotación sexual dentro de cárceles. A la vez, advierte que la trata laboral suele recibir un tratamiento administrativo, que faltan servicios para víctimas adultas y que hay denuncias de corrupción y complicidad de funcionarios.

Menos investigaciones pero más sospechosos ante la Justicia

La legislación guatemalteca castiga la trata sexual y laboral con penas de entre ocho y 18 años de prisión, además de multas. El informe señala que esas sanciones son proporcionales a otros delitos graves, como la violación, aunque cuestiona que la norma no exija demostrar fuerza, fraude o coacción en los casos de trata de adultos.

Durante 2025, las autoridades investigaron 369 casos de trata de personas, frente a 765 en 2024. Del total, 117 correspondieron a trata sexual, 68 a trata laboral y 184 a modalidades no especificadas. El Gobierno atribuyó la baja a un incidente cibernético que habría generado denuncias duplicadas durante el período anterior.

Pese a esa reducción, la cantidad de sospechosos procesados pasó de 63 a 81 personas. La Justicia inició causas contra 48 acusados de trata sexual, 18 de trata laboral y 15 por otras formas de explotación. Además, condenó a 36 tratantes, la misma cifra de 2024: 34 por explotación sexual y dos por explotación laboral.

El Gobierno no informó las penas impuestas a esas 36 personas. La fiscalía especializada emitió directrices para que los fiscales apliquen plenamente la ley contra la trata, aunque el Departamento de Estado remarcó que muchos casos de explotación laboral todavía se tramitan como incumplimientos de la legislación laboral y no como delitos penales.

Condenas a dos exfuncionarios penitenciarios por trata sexual

El informe dedica un apartado a la explotación de mujeres y niñas encarceladas en prisiones para hombres. Las autoridades iniciaron procesos contra 22 guardias penitenciarios por trata sexual, aunque observadores locales sostuvieron que en varios expedientes los sospechosos fueron acusados bajo figuras con penas menores.

En un proceso separado, un tribunal condenó a dos altos funcionarios penitenciarios por delitos similares. Uno recibió una pena de 13 años y cuatro meses de prisión y el otro fue sentenciado a 21 años y cuatro meses.

El documento también menciona arrestos y procesos contra otros agentes estatales por presunta complicidad u obstrucción de investigaciones, sin aportar detalles sobre esos casos. La corrupción de funcionarios, incluidos policías, inspectores laborales y autoridades locales, continúa como un factor que limita la respuesta estatal.

Guatemala mantuvo una unidad policial especializada, una fiscalía contra la trata y cuatro juzgados con competencia sobre esos delitos. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y funcionarios señalaron que la capacidad para detectar e investigar casos fuera de las principales ciudades sigue siendo limitada. La fiscalía amplió su cantidad de investigadores, pero las unidades encargadas de la respuesta penal aún enfrentan falta de fondos y personal.

Asistencia a 325 de las 837 víctimas identificadas

Las instituciones públicas identificaron a 837 víctimas en 2025, frente a 756 del año anterior. Entre ellas hubo 146 personas explotadas sexualmente, 542 sometidas a trata laboral y 149 víctimas de modalidades no especificadas. Las autoridades detectaron además a 22 extranjeros explotados dentro del país.

Del total identificado, el Gobierno informó que brindó servicios a 325 víctimas. La cifra representa una mejora frente a las 124 personas atendidas en 2024, aunque deja fuera de la asistencia estatal a la mayoría de quienes fueron reconocidos como posibles víctimas.

Los servicios alcanzaron a 127 personas sometidas a explotación sexual, 44 a trata laboral y 154 a otras formas de explotación. Una organización no gubernamental prestó parte de esa atención con financiamiento público.

La Secretaría de Bienestar Social (SBS) administra tres refugios especializados para niñas víctimas de trata o violencia sexual, dos en la capital y otro en un departamento cercano. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) gestiona un albergue temporal destinado a mujeres migrantes y sus hijos pequeños.

El informe advierte que existen pocos servicios para víctimas adultas que no ingresan al refugio de la SVET y que no hay albergues ni programas específicos para hombres adultos. También señala carencias en las zonas rurales.

En 2025, el Estado destinó 10.41 millones de quetzales, equivalentes a USD 1.360,000, a programas de refugio, y 4.5 millones de quetzales, unos USD 587,467, a una organización que ofrece atención especializada.

Protocolos actualizados con obstáculos persistentes para las víctimas

Las instituciones tienen un protocolo de identificación, derivación y atención de víctimas, aunque observadores indicaron que numerosos funcionarios desconocen su contenido. El Ministerio de Trabajo actualizó, además, la guía para inspectores laborales con nuevos indicadores de riesgo y mecanismos de derivación de casos.

En noviembre de 2025, el país aprobó una ley contra las pandillas que castiga con entre 14 y 18 años de prisión el reclutamiento o la coacción de menores para participar en delitos. El Departamento de Estado alertó que la norma no incorpora medidas de protección para esos niños ni los reconoce expresamente como víctimas de trata, lo que podría derivar en su criminalización.

Las víctimas menores de edad necesitan una orden judicial de protección antes de acceder a refugios públicos o privados, un requisito que en ocasiones demora la asistencia, dice el informe. También señala que persisten problemas en el acompañamiento de quienes intervienen en procesos penales: algunas personas deben relatar los hechos ante varios proveedores y no siempre cuentan con espacios privados y seguros.

Aunque los jueces ordenan restituciones económicas, Guatemala no dispone de un mecanismo que asegure el pago efectivo. La ley de 2009 prevé un fondo de restitución administrado por la SVET, pero todavía no fue creado.

Migrantes, menores y trabajadores reclutados, principales afectados

El informe identifica a los adultos y niños guatemaltecos como los principales afectados por la explotación sexual y el trabajo forzoso, incluso en agricultura, talleres textiles, servicio doméstico y fábricas en Estados Unidos. También señala riesgos para migrantes y solicitantes de asilo que atraviesan Guatemala rumbo a México o territorio estadounidense.

Las redes de tratantes utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería, avisos laborales falsos, chats y videojuegos para captar víctimas. Niños son explotados en la mendicidad y la venta callejera, mientras que algunas mujeres y niñas sometidas a matrimonios forzados terminan bajo trabajo doméstico coercitivo.

La SVET contó con un presupuesto de 25.5 millones de quetzales, cerca de USD 3.3 millones, para sus actividades de prevención en 2026. El país también firmó en enero de 2026 un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos que incluye el compromiso de prohibir importaciones producidas mediante trabajo forzoso.

Al cierre del período analizado, había unos 327 profesionales médicos vinculados al régimen cubano que trabajaban en Guatemala bajo condiciones que, según el informe, los exponían a que les retuvieran el salario y a castigos arbitrarios. El Gobierno guatemalteco canceló el acuerdo bilateral a comienzos de 2026 y anunció que el programa concluirá gradualmente antes de fin de año.

República Dominicana asignó RD$ 499.3 millones (USD 8,124,215.15) para la detección y atención del cáncer en 2026, aunque 11 provincias no registraron mamografías bilaterales en la red pública de salud entre enero y agosto, según datos del Servicio Nacional de Salud (SNS) citados por el medio dominicano elDinero.

El presupuesto contempla recursos para la detección de cáncer de mama, cuello uterino y próstata. De ese total, RD$ 463.75 millones (USD 7,545,773.64) corresponden al SNS y RD$ 35.51 millones (USD 577,790.67) al Ministerio de Salud Pública. La asignación figura en el programa presupuestario Detección Oportuna y Atención al Cáncer.

Las estadísticas del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (RIESS) citadas por el medio dominicano muestran que la red pública realizó 20,784 mamografías bilaterales durante los primeros ocho meses de 2026. Sin embargo, la mayor parte de los estudios se concentró en el área metropolitana de Santo Domingo.

El 62% de los estudios se concentró en Santo Domingo

La ginecóloga-obstetra Lilliam Fondeur indicó que el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo concentraron el 62% de las mamografías registradas en ese período. El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) reunió cerca de cuatro de cada 10 mamografías efectuadas en ambas demarcaciones.

En contraste, el RIESS no registró mamografías bilaterales en San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia y Pedernales.

La especialista aclaró que la falta de registros no permite afirmar que en esas provincias no se hayan realizado estudios. Los datos disponibles no precisan si los servicios se contabilizaron en otras categorías o mediante mecanismos diferentes. Aun así, sostuvo que la ausencia de información plantea dudas sobre la disponibilidad territorial de las pruebas y sobre la calidad de los registros sanitarios.

El programa de detección del SNS establece el tamizaje de cáncer de mama para mujeres desde los 40 años. Incluye estudios de imagen, entrega de resultados y seguimiento de los casos que requieren evaluaciones complementarias.

La cantidad de pruebas equivale a 1.63 por cada 100 afiliadas

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) contabilizaba en enero a 1.274.876 mujeres de entre 40 y 69 años afiliadas al Régimen Subsidiado. Al comparar esa población con las mamografías informadas por la red pública, el resultado equivale a 1.63 estudios por cada 100 mujeres afiliadas.

Ese cálculo no representa una tasa de cobertura, ya que una paciente puede someterse a más de una mamografía y las bases de datos no permiten identificar cuántas mujeres distintas recibieron atención. Tampoco los universos estadísticos son idénticos.

Fondeur remarcó que una proporción amplia de las mujeres de ese grupo etario depende de los servicios públicos o subsidiados, lo que vuelve relevante la distribución geográfica de los estudios.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, unas 2,609 mujeres reciben cada año un diagnóstico de cáncer de mama en República Dominicana, una cifra equivalente a cerca de siete casos diarios. El Incart había informado en octubre de 2023 que el 65% de sus pacientes llegaba con diagnósticos en etapas avanzadas.

El SNS desarrolla desde 2021 el programa Chequéate RD, junto con la Oficina de la Primera Dama y con apoyo del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La institución informó en septiembre que la iniciativa había realizado más de 600 jornadas y evaluado a 140 mil personas.

No obstante, no existe un informe público que detalle cuántas mamografías efectuadas en esas jornadas están incluidas en las estadísticas ordinarias del RIESS. Esa falta de conciliación limita la posibilidad de medir el alcance de los recursos asignados, la distribución de los estudios y el seguimiento que reciben las pacientes.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este lunes a las autoridades de Centro Caribe Sports la documentación necesaria para que Caracas sea evaluada como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030.

El acto se realizó en el palacio presidencial de Miraflores, donde Rodríguez recibió al presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía, responsable de conducir el proceso que definirá la ciudad anfitriona de la competencia regional.

“Hemos completado el proceso para postular a Venezuela como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030”, afirmó la mandataria durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, según informó la agencia EFE.

Rodríguez sostuvo que Caracas será la ciudad propuesta por el país y expresó su expectativa ante la definición de la candidatura. “Tengo fe en Dios, que vamos a tener esos juegos. La sede será Caracas”, señaló.

Este año la sede fue Santo Domingo, en República Dominicana, donde los atletas de Venezuela ganaron más de 200 medallas en diferentes disciplinas deportivas.

Revisión interna antes de la decisión final sobre la sede

La entrega de los documentos abre una etapa de análisis interno dentro de Centro Caribe Sports, organismo que reúne a los comités olímpicos nacionales de la región y organiza los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mejía explicó que la entidad deberá validar los documentos recibidos antes de elevarlos al resto de los ejecutivos y a la asamblea de la organización. Esa instancia tendrá la decisión final sobre la sede de la edición de 2030.

El dirigente afirmó que la postulación venezolana contó con reuniones previas entre representantes del Comité Olímpico Venezolano (COV), el Ministerio de Deporte, la Cancillería y la alcaldía de Caracas, encabezada por Carmen Meléndez.

“Le prometemos el mayor de los tinos y de los juicios en la evaluación”, dijo Mejía tras recibir la documentación. El presidente de Centro Caribe Sports añadió que, durante su visita, observó una ciudad que consideró preparada para asumir una cita de esas características.

Rodríguez afirmó que el propósito de la candidatura es mostrar la capacidad del país para organizar eventos internacionales, así como su recuperación frente a las dificultades que atravesó en los últimos años.

Caracas como sede: la segunda vez, Maracaibo fue la última en 1998

De ser elegida, Caracas albergaría los Juegos Centroamericanos y del Caribe por segunda vez. La capital venezolana fue sede de la competencia en 1959, una edición que reunió a delegaciones de distintos países de la región.

La otra experiencia venezolana como anfitrión se produjo en 1998, cuando Maracaibo recibió el torneo. Aquella fue, hasta ahora, la última ocasión en la que el país organizó los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La candidatura de Caracas tuvo un paso previo en agosto, cuando la presidenta del COV, María Soto, presentó formalmente ante Centro Caribe Sports la solicitud para que la capital venezolana fuera considerada como anfitriona de la edición de 2030.

La eventual designación supondría el regreso del certamen a Venezuela tras 32 años, desde los Juegos disputados en Maracaibo. El proceso de evaluación continuará con la revisión de los requisitos técnicos, administrativos y organizativos presentados por las autoridades venezolanas.