Las familias de menores ingresos en República Dominicana destinan casi 40 de cada 100 pesos que ganan solo a comprar comida. Los hogares más acomodados, en cambio, apenas gastan 14 pesos de cada 100 en ese mismo rubro.

La diferencia explica por qué el golpe inflacionario no pega igual para todos. Así lo documenta una investigación del Observatorio Político Dominicano (OPD-Funglode), unidad de análisis de políticas públicas adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, difundido esta semana.

Los alimentos encabezan el encarecimiento

Entre finales de 2020 y agosto de 2026, los precios subieron 36.55% para los hogares de menores ingresos. Para las familias más acomodadas, el alza fue de 32.08% en el mismo período.

La comida explica buena parte de esa brecha. Los hogares pobres destinan 38.25% de sus ingresos a alimentos y bebidas no alcohólicas, frente al 14.08% de los hogares de mayor poder adquisitivo.

Entre agosto de 2019 y agosto de 2026, la canasta básica del quintil más pobre aumentó 48.4%, un salto de RD$9.712 (unos USD 160) mensuales, mientras la del quintil superior subió 40.4%.

El salario mínimo neto no cubre la canasta básica

Por primera vez en 2026, el salario mínimo bruto de las grandes empresas (RD$29,988, aproximadamente USD 495) igualó en papel el costo de la canasta básica de las familias más pobres, fijada en RD$29.756,89 (unos USD 491). Pero el dinero que llega a la mano cuenta otra historia.

Al descontar el 5.91% obligatorio de Seguridad Social (Salud y AFP), el trabajador recibe RD$28,215,71 (unos USD 466) netos. Esa cifra cubre apenas el 94.8% de la canasta básica.

Ningún salario mínimo legal del país alcanza para cubrir la canasta básica completa cuando se calcula el dinero real de bolsillo, según la investigación. La brecha se amplía en los sectores donde se concentra la mayoría de los trabajadores dominicanos.

Micro y pequeñas empresas, el sector más afectado

Las micro y pequeñas empresas representan 98% de los negocios del país y emplean a la mayor parte de los trabajadores. Ahí, los sueldos netos, de entre RD$15,988 (unos USD 264) y RD$17,332 (unos USD 286), cubren apenas entre 53% y 58% de la canasta básica familiar.

El sector público presenta el cuadro más crítico. El sueldo mínimo del Gobierno central permanece congelado en RD$10,000 (unos USD 165) desde abril de 2019.

Tras los descuentos de ley, el servidor público recibe RD$9,409 (unos USD 155) mensuales. Ese monto cubre solo 31.6% de la canasta de los más pobres y apenas 18.8% de la canasta familiar promedio del país, según el estudio.

República Dominicana, rezagada en la región fuera de la gran empresa

El sueldo de la gran empresa dominicana, de unos USD 495, se ubica en el tramo medio-alto de América Latina. Pero los salarios de las pequeñas empresas (USD 304), las microempresas (USD 281) y el sector público (USD 165) caen al tercio inferior de la región, por encima solo de economías en crisis profunda.

La investigación reconoce, sin embargo, un avance en el poder de compra de largo plazo. Entre 2011 y 2026, el salario mínimo real de la gran empresa se recuperó 69.15% y en agosto de 2026 se ubicó 18.85% por encima del nivel prepandemia de 2019.

El estudio, titulado «Salario mínimo y canasta básica en República Dominicana 2000-2026», fue elaborado por la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano, bajo la autoría de Greidys Joel Roa Chalas, coordinador de la unidad, y Lisleyda Martínez Polanco, investigadora.

El dólar y la vivienda suman presión sobre los hogares

El panorama se complica con otras variables registradas en las últimas semanas. En octubre de 2026, la tasa de referencia del dólar superó los RD$61, mientras la inflación interanual se ubicó en 5.12% en septiembre y el Banco Central elevó la tasa de política monetaria a 5.50% anual, según El Día, diario dominicano.

El economista Juan del Rosario advirtió al diario que la combinación entre la depreciación del peso, el encarecimiento de los combustibles y la incertidumbre internacional puede presionar los precios y afectar el poder adquisitivo. El mismo medio señaló que algunas ofertas hipotecarias pasaron de tasas cercanas a 9% a niveles de alrededor de 11.5%.

A esa presión se suma un dato que confirma la tendencia detectada por el Observatorio: la canasta familiar nacional llegó a RD$49,966.37 (unos USD 825) en septiembre, luego de un incremento de RD$2,169 (unos USD 36) respecto al mes anterior, de acuerdo con cifras del Banco Central citadas por Noticias SIN.

Una encuesta divulgada a comienzos de octubre por la agencia Prensa Latina ubicó el encarecimiento de la vida como la principal preocupación de los dominicanos, señalada por 24.7% de los consultados. Los bajos salarios ocuparon el segundo lugar, con 16%, y el desempleo el tercero, con 9.5%.

Las fotografías llegaron al tribunal como prueba. La jueza Yissell Soto las miró y las llamó “espeluznantes”: mostraban quemaduras en las uñas y en las palmas de las manos de una niña de siete años que vivía en el sector Los Guandules, en Santo Domingo.

Ese registro visual fue parte del expediente que este jueves llevó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a condenar a 30 años de cárcel a Yokeiry Coronado De La Cruz y a su pareja, Jeider Montero Medina, por tortura, barbarie, maltrato infantil y homicidio. La sentencia, emitida a pedido del Ministerio Público, fue informada por la agencia EFE.

Las lesiones no eran de una sola noche

La médica forense Yudelin Villanueva declaró durante el juicio que las condiciones que presentaba la menor correspondían al “síndrome del niño maltratado”.

El tribunal tomó esa pericia como determinante y calificó las agresiones de “groseras y abusivas”. El Ministerio Público sostuvo que las lesiones “no correspondían a un episodio aislado sino que evidenciaban un patrón de maltrato prolongado, que culminó con la muerte de la infante”.

Las fotografías no fueron la única evidencia. El ingeniero Eddy Ogando realizó una extracción pericial de los teléfonos de los acusados y recuperó imágenes y videos que también ingresaron al proceso.

El día en que llamaron al 911

La tarde del 16 de agosto de 2025, alrededor de las 6:30, Coronado De La Cruz pidió a sus familiares Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco De La Cruz que fueran a su vivienda en la calle Respaldo Eugenio Perdomo.

La niña estaba convulsionando. Cuando llegaron, la encontraron inconsciente. Rodríguez Polanco llamó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1.

Los servicios de emergencia poco pudieron hacer.

Después, una médica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento y documentó los hallazgos vinculados al maltrato reiterado en el acta de levantamiento de cadáver.

La investigación, dirigida por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, determinó además que el relato que Coronado De La Cruz ofreció sobre las circunstancias de la muerte no coincidía con los resultados forenses. Eso llevó a su arresto y, luego, al de Montero Medina.

Ella torturaba; él sabía y no denunció

El tribunal estableció con precisión la responsabilidad de cada uno. La jueza Soto explicó que la condena no se basó en la imagen que los acusados pudieran proyectar fuera del hogar, sino en las pruebas debatidas en el juicio.

Coronado De La Cruz fue declarada autora intelectual de los hechos: durante julio y agosto de 2025, mientras la niña estaba bajo su cuidado, “incurrió en actos de maltrato” de forma reiterada. Montero Medina fue condenado como coautor: tenía conocimiento de lo que ocurría y no lo denunció.

La menor era sobrina de la madre de Coronado De La Cruz, lo que la convertía en su tía por vínculo familiar.

30 años y una indemnización de USD 82,000

Coronado De La Cruz cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. Montero Medina, en Najayo Hombres.

Ambos centros están en la provincia San Cristóbal. Además de la prisión, el tribunal ordenó el pago de cinco millones de pesos dominicanos (unos USD 82,000) a la madre de la víctima, constituida en parte civil del proceso, y dispuso que los condenados asuman las costas civiles.

Los jueces aplicaron los artículos 295, 303 y 304 del Código Penal dominicano y el artículo 396 de la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 12 de noviembre de 2026.

Marileidy Paulino cumplirá 30 años el próximo 25 de octubre y llega a esa fecha con el título de primera dominicana en ganar una medalla de oro olímpica en su especialidad, los 400 metros. El logro llegó en París 2024, con un registro de 48 segundos y 17 centésimas.

Esa trayectoria, marcada por las carencias de su infancia, se convirtió esta semana en película. Marileidy se estrenó este jueves en los cines de República Dominicana, según informó EFE, agencia internacional de noticias.

La cinta narra los episodios que marcaron su vida antes de la gloria deportiva

La producción estuvo a cargo de Jessica Hasbún y Kelvin Liria. El filme recurre a anotaciones del propio diario de la velocista para reconstruir los momentos que antecedieron a su consagración en el atletismo mundial.

Marileidy repasa las dificultades económicas de sus inicios y su transformación en una de las principales figuras del atletismo global, con el objetivo declarado de inspirar a jóvenes deportistas que atraviesan situaciones similares a las que ella vivió en Nizao, el pueblo del sur del país donde nació.

La protagonista del filme es otra atleta, Yisneidy Alcántara. Entre los pasajes más duros que se retratan figuran los recuerdos que la propia Paulino compartió durante la premiere: en sus comienzos llegó a alimentarse con vasos de agua con azúcar para sostener su entrenamiento.

“Pienso que la película es reflejo de la situación que muchos jóvenes deportistas están atravesando. Ahí podemos apreciar cómo el esfuerzo, la necesidad y la perseverancia pueden hacer que aunque estemos abajo podemos llegar a estar arriba y mantenernos”, dijo Paulino a EFE durante la presentación.

De rechazar el atletismo a dominar la Liga Diamante

Antes de convertirse en referente mundial de los 400 metros, la dominicana practicaba balonmano. Un entrenador le recomendó cambiar de disciplina, propuesta que ella rechazó en varias ocasiones.

“No me gustaba el atletismo, pero una vez le tomé respeto comprendí que debía disciplinarme y trabajar duro para sobresalir, porque si otros miraban el talento que tenía, lo que debía hacer era corresponder a esas expectativas”, señaló la corredora, según recogió la agencia.

Ese cambio de rumbo derivó en una carrera que hoy la tiene como dominadora de la Liga Diamante en cuatro ediciones: 2022, 2023, 2024 y 2026.

En este último año ganó ocho pruebas internacionales. Entre esos triunfos se cuentan sus victorias en Doha, Mónaco, Londres, Silesia (Polonia) y la final de Bruselas, además de un nuevo récord en París con 48 segundos y 48 centésimas.

Los Juegos Centroamericanos marcaron su temporada ante su propio público

El 5 de agosto pasado, Paulino corrió los 400 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe bajo un fuerte aguacero, sin rivales que le hicieran sombra, y fue ovacionada por miles de personas que no se movieron pese a la lluvia.

Esa carrera le dejó un nuevo récord personal: 48 segundos y 94 centésimas.

Dos días antes había guiado a República Dominicana al oro en el relevo 4x400 metros, con un tiempo de 3 minutos, 10 segundos y 57 centésimas, marca que quedó como récord para Centroamérica y el Caribe.

La velocista también se impuso en Londres en la primera edición del World Athletics Ultimate Championship y cerró su temporada en Athlos, la prueba exclusiva para atletas profesionales femeninas disputada en la capital británica.

Ese recorrido incluye además su paso por Tokio 2020, donde obtuvo plata individual y por equipos en el 4x400, y su título mundial en Budapest 2023.

Este año, World Athletics, organismo rector del atletismo internacional, la nominó como deportista del año, reconocimiento que corona una temporada en la que, según sus propias palabras recogidas por EFE, no piensa detenerse.

“Hoy en día puedo decir que he motivado a muchos jóvenes y seguiré motivándolos porque Marileidy no se detiene. Seguirá luchando mientras tenga vida y salud, con Dios por delante”, expresó la atleta.

Los productores del filme esperan que la historia llegue en particular a estudiantes y deportistas jóvenes, como mensaje de perseverancia frente a los obstáculos, según informó EFE.

Ortega y Murillo eliminaron la figura histórica del vicepresidente en Nicaragua. En su lugar, la Asamblea Nacional creó este jueves el cargo de “designados presidenciales”, según informó La Prensa.

El cambio llega después de más de 20 meses sin que el régimen nombrara a ningún vicepresidente, pese a que las reformas de 2025 ya habilitaban esa figura.

La última persona en ocupar el cargo de vicepresidenta fue Rosario Murillo, antes de ser ascendida a “copresidenta” en las reformas de 2025.

Con ese movimiento, la maquinaria orteguista había dejado abierta la posibilidad de que no fuera una sola persona, sino varias, las que pudieran ocupar vicepresidencias.

Qué cambia el artículo 126 de la Constitución

La reforma aprobada este jueves modifica el artículo 126 de la Constitución Política. El texto anterior establecía que “la Presidencia podrá nombrar las y los vicepresidentes que desempeñarán las funciones que les asignen, los que gozarán de inmunidad”.

La nueva redacción elimina esa mención y la reemplaza: “la Presidencia podrá nombrar Designados Presidenciales, quienes desempeñarán las funciones que esta les asigne”, según el texto citado por La Prensa.

La reforma entrará en vigencia tras su aprobación en segunda legislatura y su publicación en La Gaceta.

El cambio se produce en un contexto regional en el que otros países, como Honduras, mantienen la figura de tres designados presidenciales en lugar de un vicepresidente único, un modelo que podría haber inspirado el ajuste nicaragüense.

La hipótesis sobre la salud de Ortega

Para el exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad en el Exilio (CxL), la decisión de eliminar la figura de vicepresidente podría estar relacionada con la salud del dictador Daniel Ortega y con la designación, por la vía constitucional, de su hijo Laureano Ortega Murillo para temas específicos de política exterior.

“Eso podría también ser una movida de parte de Ortega con esta designación y finalmente también una explicación desde el punto de vista de imagen a su propia militancia de que no es lo mismo un designado que un vicepresidente, aunque tenga las mismas funciones y la forma de selección sea la misma, pero ya el concepto, el nombre es diferente”, expuso Chamorro ante La Prensa.

Al coordinador de CxL le llamó la atención que esta nueva reforma se haya tramitado de carácter individual. El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Nacional ya había aprobado en primera legislatura otra modificación a la Carta Magna que elimina la participación de la oposición en las elecciones y extiende el período de gobierno de seis a siete años.

“Que sea una reforma de carácter individual, estando en medio de reformas constitucionales, indica que algo efectivamente está motivando el cambio”, señaló Chamorro al diario.

Información reciente de otros medios nicaragüenses aporta contexto adicional a esa hipótesis. Según un reportaje de Nicaragua Investiga basado en un informe del Hudson Institute, centro de análisis político con sede en Washington, Ortega, de 80 años, solo registró ocho apariciones públicas en lo que va de 2026 y las menciones a su nombre en el discurso oficial cayeron al 39%, el nivel más bajo desde que gobierna.

Un nuevo reparto de poder para la Procuraduría

El mismo jueves, los diputados aprobaron “por unanimidad” otra norma: la Ley de Adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de Reforma al Decreto Ejecutivo número 31-2002, que regula La Gaceta, Diario Oficial.

Con este cambio, la Secretaría Jurídica de la Presidencia pasará a llamarse solo “Secretaría Jurídica” y quedará adscrita, junto con La Gaceta, a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

De acuerdo con una publicación del oficialista Canal 8, citada por La Prensa, la Secretaría Jurídica mantendrá entre sus funciones la formulación y modificación de propuestas legales, la elaboración de acuerdos presidenciales de nombramientos, destituciones y traslados, la redacción de iniciativas de ley presentadas por la Presidencia y la tramitación de recursos de apelación administrativa.

La PGJ, encabezada por la procuradora general de justicia Wendy Morales, supervisará además los informes mensuales de gestión de La Gaceta, resolverá asuntos sobre la gratuidad y prioridad de publicaciones y autorizará el tiraje, el número de páginas y las impresiones extraordinarias.

La entidad también asumirá la administración, custodia y uso de todos los bienes patrimoniales, financieros, sistemas informáticos y acervo documental pertenecientes a ambas instancias.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) será el facultado para realizar los ajustes presupuestarios y financieros que exige el traspaso.

Una reforma que se suma a meses de cambios institucionales

El rediseño del artículo 126 no ocurre de forma aislada. Según detalló la agencia estatal Prensa Latina, la Asamblea Nacional llevó adelante este año un proceso de consulta sobre otras reformas constitucionales en el que participaron más de 500 mil nicaragüenses, según cifras oficiales difundidas por la vicepresidenta del Parlamento, Arling Alonso.

Esas reformas paralelas, aprobadas en primera legislatura tras 36 días de consultas, establecen que ninguna ley de otro Estado u organismo internacional tendrá efectos jurídicos en Nicaragua y fijan en siete años los períodos de los cargos de elección popular, además de los correspondientes a las jefaturas del Ejército y la Policía.

Su discusión final en segunda legislatura está prevista para enero de 2027.

La sucesión de cambios constitucionales se produce mientras crece la presión internacional sobre el régimen. La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 2 de octubre una resolución con 32 votos a favor que exige, entre otros puntos, la liberación de presos y la derogación de las reformas impulsadas por Ortega y Murillo en los últimos años.

Nicaragua figura entre las cinco peores naciones del mundo en Estado de derecho, según el Índice Global que publicó este 21 de octubre el World Justice Project (WJP), organización independiente dedicada a promover el Estado de derecho.

El país quedó en el puesto 139 de 143 naciones evaluadas, apenas por delante de Afganistán y Venezuela, según informó El Confidencial de Nicaragua.

El dato llega apenas unos días después de que la ONU documentara 161 casos de desaparición forzada en el país desde 2018, con 29 de ellos aún activos hasta agosto pasado.

Camboya, Haití, Afganistán y Venezuela en el fondo de la tabla

Detrás de Nicaragua se ubican Camboya, en el puesto 140; Haití, en el 141; Afganistán, en el 142, y Venezuela, que cierra la lista en el último lugar entre los 143 países medidos.

El director ejecutivo del WJP, Alejandro Ponce, resumió el diagnóstico global: “El autoritarismo ya no es simplemente una tendencia emergente, sino que se ha afianzado en muchas partes del mundo.”

El índice evalúa anualmente a 143 países según ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Cuanto más bajo el puesto, mayor el deterioro institucional detectado.

El WJP precisó que el 62% de los países evaluados registró retrocesos este año. Los descensos superan en número a las mejoras por noveno año consecutivo, un patrón que la organización describe como una “recesión global del Estado de derecho”.

La concentración de poder bajo Ortega y Murillo, en la mira internacional

El posicionamiento de Nicaragua en el índice coincide con un giro reciente en la forma en que otras plataformas describen al país. En octubre, los motores de búsqueda de Google comenzaron a clasificar a Nicaragua como una “dictadura” y a definirla como una república donde impera el autoritarismo, según documentó El Confidencial de Nicaragua.

La ficha coincide con años de denuncias de organismos de derechos humanos sobre la concentración de poder bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ese deterioro institucional tiene correlato en hechos recientes. A mediados de octubre, 47 Estados encabezados por Costa Rica condenaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo que calificaron de colapso democrático en Nicaragua, luego de que Ortega y Murillo anunciaran que no habrá más elecciones con participación de partidos opositores.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó en ese mismo foro un informe que documentó el cierre de 56 medios de comunicación y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 5,500 organizaciones de la sociedad civil desde 2018.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua verificó 161 casos de desaparición forzada desde ese año y ocho muertes bajo custodia estatal atribuidas a tortura, negligencia o maltrato.

Entre esos casos figura el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, que murió el 30 de mayo pasado tras casi tres años de detención arbitraria.

El Consejo de Derechos Humanos decidió evaluar en junio de 2027 posibles pasos adicionales ante lo que calificó como una falta de cooperación persistente por parte del Gobierno nicaragüense.

Uruguay lidera la región; Dinamarca, el mundo

En el plano regional, el panorama latinoamericano también mostró señales de retroceso. Panamá se ubicó en el puesto 14 de los 32 países de América Latina y el Caribe evaluados, en una región donde 19 de los 32 países registraron un retroceso este año, 13 de los cuales ya habían caído el año anterior.

Uruguay encabezó el desempeño regional al ubicarse en el puesto 22 a nivel mundial, seguido de Costa Rica y Barbados. En el extremo opuesto de la tabla latinoamericana se repiten Nicaragua, Haití y Venezuela, los mismos tres países que ocupan las últimas posiciones del índice global.

A escala planetaria, Dinamarca encabezó el índice como el país mejor clasificado, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia y Luxemburgo, todas naciones del norte de Europa.

Una recesión del Estado de derecho con pocas excepciones

El informe del WJP no es uniformemente sombrío. La organización destacó que la justicia civil y su accesibilidad económica mejoraron en el 54% de los países evaluados, un dato que contrasta con la tendencia general al deterioro.

Pese a esa mejora puntual, el estudio advirtió que persiste en la mayoría de los países una carencia de libertades esenciales para el espacio cívico, el debate público y la vigilancia ciudadana sobre los gobiernos.

Más del 86% de las naciones sufrieron, según el WJP, un deterioro sostenido durante cinco años en al menos una de las salvaguardas contra el autoritarismo: los límites al poder gubernamental, el gobierno abierto o los derechos fundamentales.

Ese diagnóstico ubica a Nicaragua no como un caso aislado, sino como parte de una tendencia que el propio WJP describe como global.

Sin embargo, el país centroamericano repite entre las últimas posiciones de forma consistente, un patrón que coincide con los señalamientos recientes de la ONU y la Organización de los Estados Americanos sobre la situación institucional del país.

La Seguridad del Estado amenazó al preso político cubano Eliezet Sesma Diago para que dejara de denunciar las condiciones de reclusión en el campamento penitenciario La Lima, en La Habana. Semanas atrás, la intimidación también alcanzó a su esposa, citada con el mismo propósito, según un reporte difundido por Radio Martí.

El recluso, condenado a nueve años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021, continúa documentando desde el penal el deterioro de la alimentación y el impago de los trabajos forzados que realiza fuera del establecimiento.

Su testimonio llegó al Observatorio de Derechos Culturales (ODC), que lo trasladó a la organización y emitió una alerta pública para exigir garantías a su integridad física y psicológica.

El arroz semicrudo provoca vómitos entre los reclusos

“El arroz semicrudo que se sirve está causando vómitos a varios reclusos”, afirmó Sesma Diago en el reporte de Radio Martí, que recoge el testimonio difundido por el ODC.

El preso describió además “la inexistencia de medicamentos en el puesto médico” del campamento, ubicado en el municipio de Guanabacoa.

Según el testimonio recogido por Radio Martí, los reclusos de La Lima padecen escasez de alimentos y medicinas, jornadas laborales de más de diez horas sin salario desde enero de 2026 y confiscaciones de comida durante las requisas, además de amenazas de la Seguridad del Estado contra el preso y su familia.

Los almuerzos se completan, según su relato, con una pasta aguada, yuca dura, una porción ácida de pulpa de guayaba y una sopa que a veces se reduce a agua caliente con algún condimento.

El desayuno puede consistir en pan o en la misma yuca del día anterior, acompañada de una preparación que los internos llaman “arepa” y comparan con agua con detergente.

Las requisas despojan a los presos de la comida que consiguen para paliar el hambre

Los reclusos que trabajan fuera del campamento durante jornadas de más de diez horas no cobran su salario desde enero de este año, de acuerdo con el testimonio difundido por Radio Martí.

“A pesar del hambre existente, se hacen requisas a los internos que trabajan fuera del campamento y les quitan desde una jaba de pan hasta un paquete de espaguetis”, sostuvo Sesma Diago.

Los alimentos confiscados no regresan a las familias que los entregaron. Según el preso, terminan en manos de los militares responsables de los operativos, sin que exista posibilidad de reclamo.

El propio testimonio añade que tres sacos de azúcar recibidos por el establecimiento duraron apenas tres días, un dato que ilustra la escasez de los productos básicos que llegan a la prisión.

Un patrón que se repite en otras cárceles de la isla

El caso de Sesma Diago no es aislado. Martí Noticias reportó días atrás la denuncia de la familia de Roilán Álvarez Rensoler, preso en la Prisión Provincial de Holguín, a quien le confiscaron alimentos y pertenencias durante una requisa realizada el 2 de octubre.

Su hermana, Ariagna Álvarez Rensoler, contó al medio que el recluso le dijo por teléfono: “Mi hermana, tú sabes lo que me pasa, no me estoy alimentando”.

Prisoners Defenders, organización de defensa de presos políticos, registró un récord de 1,351 presos políticos en Cuba al cierre de septiembre, cifra que superó los 1,372 casos documentados hasta el primero de octubre, según datos difundidos a Martí Noticias.

Su presidente, Javier Larrondo, denunció ante el medio que “en las prisiones los matan de hambre” y afirmó que algunos reclusos reciben entre 250 y 350 kilocalorías diarias.

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, con sede en México, contabilizó además cuatro muertes vinculadas al sistema penitenciario durante septiembre, dos de ellas atribuidas a la falta de alimentación y la desnutrición grave, según un informe citado por CiberCuba.

La organización Cubalex registró, por su parte, doce fallecimientos bajo custodia estatal en ese mismo mes, la cifra mensual más alta desde febrero.

El ODC reclama el pago del trabajo y el fin de las represalias

El ODC exigió que se garantice la integridad física y psicológica de Sesma Diago, el acceso a una alimentación adecuada, la atención médica y el pago del trabajo realizado.

La organización reclamó también el cese inmediato de cualquier forma de intimidación o represalia contra el preso y su familia por hacer públicas las condiciones del campamento.

El ODC reiteró su demanda de liberación inmediata e incondicional para Sesma Diago y para el resto de los presos políticos en Cuba.

El testimonio se suma a una serie de denuncias recientes sobre condiciones carcelarias en la isla, entre ellas un brote de tuberculosis en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, reportado por Radio Martí, donde al menos tres destacamentos permanecen en cuarentena por hacinamiento y falta de atención médica.

Las pandillas que controlan Puerto Príncipe atacaron a un contingente militar internacional y dejaron cuatro soldados salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre.

El hecho representa la primera gran embestida criminal contra la fuerza multinacional desplegada en Haití para contener a esos grupos armados.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó el 21 de octubre el lanzamiento de una operación militar de rescate y advirtió a los secuestradores: “Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos”. El mandatario exigió la liberación de sus compatriotas “con vida y sin lesiones”.

Quiénes son los militares desaparecidos y qué pandilla domina la zona

Los cuatro efectivos son técnicos de aviación de la Fuerza de Tarea Libertad II, el contingente salvadoreño integrado a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Bukele insistió en que no se trata de combatientes: su función consiste en evacuaciones médicas, no en operaciones de guerra.

El ataque ocurrió en Santo, un sector de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe. Esa zona es un bastión de 400 Mawozo, la pandilla que en 2021 secuestró a 17 misioneros extranjeros y que ahora lidera Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, según informó Haitian Times, medio especializado en la cobertura del país.

Los soldados regresaban de comprar alimentos en un mercado local cuando su vehículo blindado fue alcanzado por disparos y explosivos. Lograron escapar del vehículo en llamas, pero desde entonces se perdió todo contacto con ellos, de acuerdo con un comunicado de las Fuerzas Armadas de El Salvador citado por la agencia EFE.

Qué significa este ataque para la misión internacional en Haití

Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del ataque contra el vehículo blindado. El episodio desató enfrentamientos armados que se prolongaron durante varios días, con apoyo de helicópteros de la fuerza salvadoreña, que también recibieron disparos.

La GSF informó la muerte de varios presuntos pandilleros y heridas en otros cuatro efectivos propios durante los combates posteriores, aunque hasta el momento no confirmó el paradero de los cuatro salvadoreños. El representante especial de la fuerza, Jack Christofides, advirtió ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que “las pandillas están poniendo a prueba” al nuevo organismo, según recogió Associated Press.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, condenó el ataque durante la sesión del Consejo de Seguridad y afirmó: “Creemos que los cuatro hombres sobrevivieron, pero siguen sin ser localizados”. El diplomático agregó una promesa directa a los militares desaparecidos: “Los traeremos de vuelta a casa”.

La Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe emitió una alerta para que sus ciudadanos evitaran la zona de Santo, donde advirtió sobre “enfrentamientos intensos y continuos entre pandillas y fuerzas de seguridad”. El Gobierno de Haití, encabezado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, declaró la liberación de los soldados como “prioridad absoluta” y aseguró que moviliza recursos para lograrla, aunque no confirmó si existe algún contacto con los secuestradores.

Por qué la GSF reemplazó a la misión liderada por Kenia

La Fuerza de Supresión de Pandillas nació en 2025 por decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras el fracaso de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) liderada por Kenia, que careció de personal y financiación suficientes para contener a las pandillas.

La nueva fuerza cuenta con más de 2,000 efectivos sobre el terreno, incluidos contingentes de Chad, Jamaica, Guatemala, Mongolia y Sri Lanka, además de El Salvador.

El organismo multinacional recibió una prórroga de al menos seis meses del Consejo de Seguridad, que extiende su mandato hasta marzo de 2027.

A comienzos de octubre, El Salvador había aprobado una ley que extiende por un año la participación de sus fuerzas armadas en la misión y amplía su rol más allá de las evacuaciones médicas.

El país tiene cientos de pandillas, pero dos federaciones dominan el panorama: el G9 y Familia, liderado por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, y el G-PEP, su rival histórico. Ambas formaron en 2023 la alianza Viv Ansanm, que lanzó ataques coordinados contra aeropuertos, puertos y prisiones para paralizar al Estado haitiano.

El antecedente de contratistas salvadoreños en el país

El despliegue militar salvadoreño en Haití no es el primer antecedente de presencia de ese país en la isla.

En 2025, el Tribunal Penal de Cuentas confirmó que el Gobierno haitiano había contratado a empresas extranjeras para combatir a las pandillas, con Vectus Global, firma dirigida por Erik Prince, ex director ejecutivo de la empresa militar privada Blackwater, al frente del contrato más relevante.

Desde entonces, Vectus desplegó alrededor de 200 contratistas salvadoreños para entrenar a la policía haitiana en el uso de drones comerciales cargados con explosivos contra las pandillas, una táctica inspirada en el conflicto en Ucrania.

Esa campaña con drones ya había generado denuncias de organizaciones de derechos humanos, que advirtieron sobre decenas de civiles heridos, incluidos niños.

El ataque contra los técnicos de aviación ocurre mientras Haití se prepara para celebrar sus primeras elecciones generales en más de una década.

Entre marzo de 2025 y enero de 2026, la policía y fiscales del Estado habían matado a más de 1,000 haitianos en operaciones de seguridad contra pandillas, según informes de Naciones Unidas, un dato que ilustra la intensidad de la confrontación que ahora también alcanza a las fuerzas internacionales desplegadas en el país.

El Salvador acaba de declarar de utilidad pública los proyectos nacionales de inteligencia artificial y robótica, una medida que exime a esas iniciativas de la Ley de Compras Públicas y agiliza la llegada de especialistas extranjeros.

El decreto, publicado en el Diario Oficial el 18 de octubre, entrará en vigencia ocho días después de esa fecha, según informó El Diario de Hoy, diario salvadoreño.

La norma otorga a la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) la facultad de contratar de forma directa bienes, servicios y licencias vinculados a la robótica y los sistemas de inteligencia artificial.

También exime a los profesionales extranjeros contratados por la agencia del trámite de homologación de títulos y les concede residencia temporal de hasta dos años, prorrogable y extensible a su grupo familiar.

El paso se da apenas unos días después de que el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicaran la cuarta edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), que mide la madurez de los ecosistemas de inteligencia artificial en 20 países de la región.

El Salvador suma 37.9 puntos y entra al grupo de “adoptantes”

El Salvador obtiene 37.9 puntos sobre 100 en el ILIA 2026 y entra por primera vez a la categoría intermedia del índice, la de los países “adoptantes”.

El dato lo ubica por debajo de Costa Rica, República Dominicana y Panamá, los otros tres países centroamericanos que integran ese mismo grupo.

El índice señala que el país avanzó con rapidez en normas e instituciones, pero todavía no logra sostener ese progreso con infraestructura de cómputo, investigación científica ni empresas tecnológicas propias, lo que limita su traducción en productividad real.

El país centroamericano es, junto con Perú, uno de los dos únicos de la región con una legislación específica sobre la materia.

Esa ley, la de Promoción de la Inteligencia Artificial y Tecnologías, creó la ANIA y un Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA, según consignó un análisis publicado en La Prensa Gráfica, diario salvadoreño.

La gobernanza, la fortaleza más visible del país

La dimensión de gobernanza —que mide seguridad, precisión y confiabilidad de los sistemas— es donde El Salvador obtiene su mejor resultado, con 61.3 puntos, uno de los valores más altos registrados en esa categoría en toda la región evaluada por el ILIA.

El país publicó este año su estrategia nacional de inteligencia artificial y ya cuenta con una institución responsable de coordinarla. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), esa estrategia se lanzó de forma paralela a la presentación de un diagnóstico de preparación elaborado con el acompañamiento del organismo internacional, que la agencia salvadoreña utiliza como base de pruebas para su marco normativo.

También incorporó contenidos sobre la materia en la educación escolar y registra avances en gobierno digital. Sus otras dos dimensiones muestran un rezago marcado: los factores habilitantes —infraestructura, datos y talento— llegan a 35.1 puntos, y la investigación, el desarrollo y la adopción empresarial se ubican en apenas 24.7.

El país no especifica un presupuesto explícito para implementar su estrategia, una limitación que comparte con la mayoría de sus pares regionales.

Costa Rica lidera Centroamérica con su marco institucional

Costa Rica ocupa el quinto lugar de los 20 países analizados, con 56 puntos, y es el país centroamericano mejor posicionado. Al igual que El Salvador, su fortaleza principal es institucional: su gobernanza alcanza 80,5 puntos, el valor más alto entre los países centroamericanos evaluados.

El país también lidera la concentración de habilidades profesionales de inteligencia artificial en su fuerza laboral registrada en LinkedIn, con 0.74%, y en centros de datos certificados por millón de habitantes. Un 25.1% de su población de entre 15 y 64 años usa de forma activa herramientas de inteligencia artificial generativa, la proporción más alta de la región.

República Dominicana y Panamá completan el grupo de adoptantes centroamericanos

República Dominicana suma 45.1 puntos y se ubica en el décimo lugar regional, por encima de Panamá y El Salvador. Su gobernanza llega a 73.2 puntos, casi al nivel de Costa Rica, con una estrategia nacional que incorpora ética, datos, género y cooperación internacional.

El 91% de su población usa internet y su cobertura 5G llega a 69,8%, la segunda más alta entre los países analizados. Su dimensión de investigación, desarrollo y adopción cae a 27,1 puntos, la más baja de los tres países centroamericanos que integran el grupo de adoptantes junto con El Salvador.

Panamá obtiene 39.3 puntos, por encima de El Salvador. Su mejor desempeño está en conectividad, con 70 puntos, y en la proporción de población que usa inteligencia artificial generativa, que llega a 20,3%. A diferencia de Costa Rica y República Dominicana, la gobernanza panameña queda en 43.3 puntos, porque al momento de recopilar los datos del informe su estrategia nacional todavía se encontraba en elaboración.

Guatemala y Honduras permanecen entre los países exploradores

Por debajo de El Salvador se ubican Guatemala, con 29 puntos, y Honduras, con 26.2, ambos en la categoría de “exploradores”, reservada a los países con menos de 35 puntos. Guatemala muestra una adopción de IPv6 de 58.7%, la más alta de la región, pero su gobernanza cae a 19.3 puntos y todavía no cuenta con una estrategia nacional vigente.

Honduras registra 22.8% de graduados en carreras STEM, aunque su gobernanza llega apenas a 21.6 puntos y carece de institucionalidad especializada consolidada.

El panorama regional completo, divulgado el 20 de octubre, ubica a Chile en primer lugar con 71.4 puntos por cuarto año consecutivo, seguido de Brasil con 68,4 y Uruguay con 67, según publicó Emol, sitio chileno de noticias.

Esos tres países integran el grupo de “pioneros”, mientras que Colombia (56,8), Costa Rica, Argentina (55,6), Perú, México (52), Ecuador (51,8), República Dominicana, Panamá, El Salvador y Trinidad y Tobago forman el bloque de “adoptantes”.

Las nuevas facilidades legales buscan atraer inversión tecnológica

El decreto de utilidad pública conocido esta semana se suma al marco normativo que el ILIA ya reconoce como fortaleza del país. La norma faculta a entidades como el Centro Nacional de Registros, la Dirección General de Aduanas y las municipalidades a emitir criterios ágiles para permisos de construcción, ambientales y de funcionamiento vinculados a la infraestructura tecnológica.

La Corte de Cuentas de la República mantendrá la facultad de auditar los fondos y procesos ejecutados al amparo de la nueva normativa, según detalló El Diario de Hoy. El esquema busca acelerar la modernización del Estado mediante el despliegue de infraestructura, modelos y soluciones avanzadas.

El contraste entre el avance normativo y el rezago en cómputo, investigación y actividad empresarial confirma una tendencia que el ILIA atribuye a buena parte de la subregión centroamericana. En el caso salvadoreño, la combinación de legislación aprobada y un alto puntaje en seguridad y confiabilidad lo distingue incluso de países con puntaje total superior, como Panamá.

Su posición final en la tabla regional, por debajo de sus tres vecinos del grupo de adoptantes, muestra que las normas, sin cómputo, talento ni financiamiento, no bastan todavía para cerrar la brecha con los países mejor posicionados de América Latina.

República Dominicana despliega esta semana en París un proyecto hotelero de más de 6,000 nuevas habitaciones como el punto más concreto de una agenda destinada a estrechar lazos con Francia.

El grupo francés Accor anunció su intención de desarrollar 23 proyectos hoteleros en el país caribeño, en el marco de la llamada Semana Dominicana en Francia, según informó la agencia EFE.

La iniciativa se da justo cuando el Gobierno dominicano busca que el turismo no sea solo playas, ron y puros, sino también una puerta de entrada a su identidad cultural.

El ministro de Cultura reclama más identidad junto al negocio turístico

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, defendió ante EFE que la Semana Dominicana en Francia, con sus encuentros políticos y empresariales, resulta clave para seguir impulsando la economía del país.

Salcedo destacó el crecimiento dominicano y su capacidad para atraer inversión extranjera. “Las industrias culturales hoy desempeñan un papel también más estelar en nuestras economías”, afirmó el funcionario a la agencia.

El ministro fue más allá y planteó la necesidad de que el turista conecte con algo más que el paisaje. “Nosotros lo que necesitamos es fortalecer la vinculación con la cultura, que los extranjeros cuando lleguen puedan tener una conexión con los valores identitarios del pueblo dominicano”, subrayó ante el mismo medio.

República Dominicana superará este año los 12 millones de visitantes, según cifras que citó Salcedo. “Eso es importante, pero necesitamos seguir readecuando nuestra estructura para que tengan la más amplia de las experiencias y que no sea necesariamente a través de la belleza paradisíaca que tenemos”, añadió.

El objetivo de la semana es doble: atraer inversión empresarial y turística, y mostrar una identidad cultural que va más allá de la oferta de sol y playa, a través de encuentros institucionales, un programa de residencias artísticas y una muestra pictórica en París.

Residencias artísticas con vivienda y estipendio mensual

Entre los actos culturales de la semana se presentó, este miércoles, un programa de residencias artísticas para creadores dominicanos.

El programa, denominado “República Dominicana x Ciudad Internacional de las Artes”, lo impulsan de forma conjunta la Embajada dominicana en Francia y la institución parisina. Ofrecerá dos residencias anuales de tres meses para artistas visuales dominicanos.

Los seleccionados contarán con un taller-vivienda en París y 1.000 euros mensuales de ayuda económica. También tendrán seguro de salud y la posibilidad de establecer contactos con profesionales del sector artístico francés.

Salcedo defendió ante la agencia la importancia de acompañar los vínculos comerciales con un mayor intercambio cultural entre ambos países.

Una exposición rescata la obra de José Castillo

La Casa de América Latina en París fue escenario de otro momento central de la semana de promoción. Allí se inauguró “Archipiélagos improbables”, una exposición dedicada a la trayectoria del artista José Castillo.

Las obras de Castillo, poco conocido pese a la dimensión de su producción, reflejan a través de cuadros repletos de color la complejidad de la identidad dominicana. Su pintura está atravesada por la negritud, las migraciones y la herencia histórica del país caribeño.

“José Castillo simboliza todo el esfuerzo de integración de la Semana Dominicana en Francia”, afirmó Salcedo ante EFE. El ministro explicó que “un hombre de un barrio populoso de Santo Domingo migra a una ciudad como París” y que “hizo una combinación importante entre las influencias europeas y francesas que se ve expresada en su obra”.

Cine y literatura dominicana en el exterior

Salcedo reivindicó también la literatura dominicana y la necesidad de facilitar la llegada de sus autores a las librerías internacionales. Entre sus prioridades al frente del Ministerio de Cultura mencionó el fortalecimiento de la industria cinematográfica.

Ese impulso al cine pasaría por acuerdos de coproducción, formación técnica y nuevas oportunidades para contar historias dominicanas, según detalló.

La Semana Dominicana en Francia se organiza del 19 al 23 de octubre y está a cargo de la Embajada dominicana, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana.

La agenda incluye además encuentros en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Business France, la Asamblea Nacional y el Senado francés, así como actividades vinculadas a la inversión, la gastronomía y la transición energética.

El Ejército salvadoreño lanzó este miércoles una ofensiva militar contra las pandillas haitianas que mantienen secuestrados a cuatro técnicos de aviación de su contingente en Haití.

El propio presidente, Nayib Bukele, difundió un mensaje dirigido directamente a los captores, traducido al criollo haitiano, en el que advierte que el operativo de hoy “no es nada comparado con lo que está por venir” si no liberan con vida a los rehenes.

Los cuatro militares desaparecieron el domingo 18 de octubre, cuando regresaban a su campamento tras comprar comida en un mercado cercano a Puerto Príncipe.

Su vehículo blindado fue atacado con disparos y explosivos en la zona de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de la capital haitiana.

Los militares salvadoreños secuestrados en Haití

Los cuatro aerotécnicos pertenecen a la Fuerza de Tarea Libertad II, el contingente salvadoreño dentro de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión respaldada por la ONU que combate a las bandas armadas en Haití. Lograron escapar del vehículo incendiado, pero desde entonces se perdió todo contacto con ellos y distintas fuentes no oficiales en Haití apuntan a que habrían sido capturados por la pandilla Chen Mechan, vinculada a la coalición criminal Viv Ansanm.

En su publicación, Bukele insiste en que sus hombres “no son combatientes”. Son, según su descripción, personal técnico cuya función dentro de la misión internacional se limita a evacuaciones médicas, no a operaciones de combate.

Durante cuatro días consecutivos, los intentos de rescate por tierra y por aire fracasaron. Los helicópteros salvadoreños enviados a la zona recibieron disparos de armas de grueso calibre, según informó Haiti Libre, diario haitiano. La Fuerza Armada de El Salvador confirmó que, pese al apoyo aéreo, los grupos armados lograron repeler varios intentos de aproximación.

La ofensiva militar del miércoles

La publicación de Bukele coincide con el anuncio de una operación militar activa para recuperar a los cuatro secuestrados. El mandatario fue tajante: su único objetivo es que los cuatro compatriotas “regresen a casa vivos, sin ningún daño”.

El mensaje no se limita a esa petición. Bukele advierte a los jefes de las pandillas haitianas que “ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también”. El presidente salvadoreño enmarca la amenaza dentro del relato con el que su gobierno describe el combate contra las maras en su propio país.

La GSF informó este miércoles que varios presuntos pandilleros murieron durante los enfrentamientos registrados en las operaciones de búsqueda, que ya se extienden por cuarto día consecutivo en la zona de Santo, dentro de Croix-des-Bouquets.

La misión también informó de cuatro efectivos propios heridos, que reciben atención médica, aunque no precisó el número total de bajas entre los grupos armados ni confirmó el paradero de los salvadoreños.

La GSF, con menos de la mitad de su fuerza autorizada

La GSF fue creada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2025 para reemplazar a la misión liderada por Kenia, que había operado con fondos insuficientes. Su mandato autoriza hasta 5.550 efectivos, pero actualmente despliega poco más de 2.000 —alrededor de un tercio de su capacidad total—, con tropas de Chad, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y El Salvador.

Este ataque contra el contingente salvadoreño representa el golpe más grave recibido por la fuerza internacional desde que comenzó a operar este año. Guatemala respondió al incidente con el envío de un nuevo contingente militar para reforzar la misión, según un reporte difundido esta semana.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, condenó el ataque ante el Consejo de Seguridad y aseguró que tanto su país como la fuerza internacional mantienen el compromiso de recuperar a los cuatro militares. Waltz expresó su convicción de que los efectivos sobrevivieron a la emboscada, aunque reconoció que su paradero sigue sin establecerse.

La propia ONU calificó el episodio como un secuestro y exigió la liberación inmediata y segura de los cuatro hombres, pese a que las autoridades aún no presentaron pruebas públicas sobre las condiciones en que se encuentran ni identificaron de forma oficial a sus captores.

El contexto de violencia detrás de la emboscada

La zona donde ocurrió el ataque forma parte de la llanura de Cul-de-Sac, un sector bajo fuerte control de bandas armadas al noreste del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe. Según una reconstrucción citada por medios internacionales, los militares se habrían apartado de su ruta mientras buscaban una tienda con ayuda de una aplicación de navegación, sin advertir que ingresaban a territorio dominado por grupos criminales.

La violencia de las pandillas en Haití dejó más de 5.700 personas muertas o heridas entre enero y mediados de septiembre de este año, además de más de 230 secuestros registrados en el mismo período, de acuerdo con cifras de la ONU. El caso de los cuatro salvadoreños se suma a esa escalada y pone a prueba la capacidad de la fuerza internacional para sostener su despliegue en un país donde las bandas armadas controlan amplios sectores de la capital.

Bukele cierra su mensaje con una advertencia final a los captores: “Todavía tenemos tiempo para evitarlo”. El presidente ofrece una salida concreta: la liberación de los cuatro compatriotas con vida y sin daño a cambio de que, en sus palabras, “todo volverá a ser como antes del secuestro”. La decisión, remata, queda en manos de las propias pandillas.

Un total de 600,000 niños, niñas y adolescentes de los hogares más pobres de República Dominicana se encuentran en alto riesgo frente a fenómenos climáticos extremos.

Así lo determinó el Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos (IVAAC), elaborado por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), según informó Acento a partir de estudios oficiales y entrevistas con especialistas.

La cifra se enmarca en un diagnóstico más amplio: entre 60% y 70% de la infancia dominicana, cerca de dos millones de menores, está expuesta a por lo menos un evento climático extremo recurrente. Así lo explicó Gavino Severino, oficial de Políticas Sociales de Unicef en República Dominicana a Acento.

República Dominicana, el país con más estudiantes con clases interrumpidas en la región

Durante 2025, más de 2,412,553 estudiantes dominicanos tuvieron su escolaridad interrumpida por tormentas e inundaciones. El dato surge de un informe de Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, difundido por Infobae, y confirma que el país concentró la mayor parte de las afectaciones escolares registradas en Centroamérica ese año.

Las tormentas e inundaciones provocan cierres de escuelas, retrasos en la reapertura de los planteles, daños estructurales y el uso de edificios educativos como refugios. Todo eso reduce el acceso a clases y eleva el riesgo de abandono escolar entre los menores afectados.

El fenómeno no es exclusivo de 2025. En abril de este año, lluvias calificadas como las más intensas de la década provocaron el colapso de una pared en una vivienda del oeste de Santo Domingo, con un saldo de una niña fallecida, según informó Infobae.

El mismo episodio dañó al menos 12 escuelas en sectores como Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Este, de acuerdo con la Dirección de Infraestructura Escolar.

El calor extremo ya reduce el rendimiento en las aulas

El cambio climático no es una amenaza futura para la niñez dominicana: ya afecta su salud, su educación y su vivienda. Un índice internacional ubica al país en el puesto 73 de 200 naciones evaluadas, con severidad media frente a huracanes, inundaciones y sequías.

“El aumento de temperaturas y las olas de calor provocan deshidratación y menor rendimiento cognitivo en las aulas”, advirtió Rosaura Pimentel, coordinadora del Observatorio de Cambio Climático, a Acento. Para la especialista, “el impacto es sistémico y multidimensional”.

Pimentel agregó ante el medio que las lluvias intensas y las inundaciones incrementan el riesgo de enfermedades hídricas, como el cólera y la leptospirosis, sobre todo en los sectores de menor poder adquisitivo.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enhogar) 2024, 20.5% de los hogares dominicanos reportó haber sido afectado por calor excesivo en el último año, y 52.1% dijo sentirse más preocupado por los fenómenos naturales que 12 meses atrás.

La coordinadora también señaló que los eventos extremos “provocan desplazamientos forzados” que generan “estrés crónico y trauma” en la población infantil. Ese malestar se vincula con lo que la literatura científica llama ecoansiedad: el miedo persistente al futuro derivado de la crisis climática.

El fenómeno El Niño agrava el panorama regional

El contexto climático regional se tensó este año. Según datos de Unicef difundidos en octubre, se prevé que más de 347 millones de niños en casi 100 países sufran condiciones de lluvia o sequía inusuales entre octubre y diciembre de 2026 por efecto de El Niño, uno de los más intensos jamás registrados. América Latina y el Caribe concentran 41 millones de esos menores en riesgo.

Un informe de Plan International, organización no gubernamental de desarrollo infantil, divulgado en octubre, advirtió que las sequías e inundaciones asociadas a El Niño apartan a las niñas de la escuela para asumir labores domésticas y de cuidado familiar.

Eso duplica el riesgo de matrimonio infantil, violencia y embarazo adolescente entre quienes ven interrumpida su escolaridad, según la ONG, que mencionó a República Dominicana entre los países donde ya implementa proyectos de agua, saneamiento y protección frente a la crisis climática.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) confirmó en octubre que, pese a la presencia de El Niño, las lluvias no desaparecieron del territorio dominicano. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantuvo ese mes alerta amarilla en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal por riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de arroyos y cañadas.

Los desplazamientos infantiles por desastres, difíciles de medir con precisión

Datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC) y Unicef muestran que los menores representan entre 40% y 50% de las personas desplazadas por desastres en el Caribe.

En República Dominicana, decenas de miles de personas debieron abandonar temporalmente sus hogares durante eventos climáticos recientes, una parte importante de ellas menores de edad.

Severino explicó ante Acento que el problema suele pasar desapercibido porque la mayoría de esos desplazamientos son temporales. Su repetición constante, afirmó, afecta la estabilidad emocional, educativa y social de la infancia.

La pobreza infantil podría crecer hacia 2030 por el impacto climático

Un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Unicef proyecta que 5.9 millones de niños, niñas y adolescentes de la región podrían caer en situación de pobreza hacia 2030 como consecuencia del cambio climático. En República Dominicana, uno de cada tres niños ya vive en condiciones de vulnerabilidad económica.

Carlos Carrera, representante de Unicef en República Dominicana, sostuvo ante el medio Acento que cada inundación, sequía, ola de calor o tormenta tiene consecuencias que trascienden la emergencia inmediata y terminan ampliando brechas sociales ya existentes. Por eso, insistió, la respuesta estatal no puede limitarse a atender los desastres una vez ocurridos.

Menos del 3% del financiamiento climático global llega a la niñez

Pese a la magnitud del problema, menos del 3% del financiamiento climático mundial está dirigido a las necesidades de la infancia, según Unicef. Un estudio adicional sobre pobreza infantil en América Latina ubicó esa proporción en 3,4% del financiamiento climático multilateral.

Severino reconoció ante Acento que República Dominicana incrementó las inversiones vinculadas con la adaptación climática, pero remarcó que todavía existe una brecha importante en materia de financiamiento para la niñez.

Hoy no hay una medición robusta de qué proporción del presupuesto de adaptación la beneficia directamente.

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono incorporó, al actualizar su Contribución Nacionalmente Determinada a una tercera versión, una visión de género e infancia.

Unicef plantea como prioridades fortalecer los sistemas de protección social adaptativos, ampliar las transferencias monetarias de emergencia, invertir en infraestructura resiliente y consolidar sistemas de alerta temprana con enfoque en la niñez.

El 60% de las niñas que viven en comunidades centroamericanas golpeadas por la sequía prolongada notó un aumento de los matrimonios infantiles en su entorno, casi el doble que el promedio registrado entre todas las encuestadas.

El dato pertenece al informe anual de Plan International, organización humanitaria internacional, titulado Cambia su pronóstico: el Estado Mundial de las Niñas 2026, presentado en los días previos al Día Internacional de la Niña.

La organización cruzó datos climáticos y de salud de 52 países durante tres décadas y los combinó con una encuesta a 5.000 niñas y jóvenes de entre 15 y 24 años en Bangladés, Kenia, Senegal, Zimbabue y Perú.

A esa base se sumaron 139 entrevistas en profundidad realizadas en comunidades afectadas por fenómenos climáticos.

El matrimonio infantil se duplica en las comunidades con sequía

El hallazgo central del estudio señala a la sequía como el fenómeno climático más asociado, entre los 52 países analizados, de varios continentes, con el aumento sostenido del matrimonio infantil.

La razón es su ritmo lento: destruye durante meses o años las cosechas, el ganado y los ingresos familiares hasta que casar a una hija pasa a verse como estrategia de supervivencia.

“La sequía provoca esto de forma más fiable que cualquier otro fenómeno climático, ya que actúa lentamente”, explicó Reena Ghelani, directora ejecutiva de Plan International, a El Español, diario digital español.

Para la directiva, el deterioro de los ingresos familiares opera como un mecanismo gradual que termina por empujar a las familias hacia esa decisión.

El vínculo con la escolaridad resultó determinante en el análisis. Las niñas cuya educación se interrumpe por un desastre climático tienen el doble de probabilidades de casarse antes de los 18 años o de atravesar un embarazo no deseado, según el cruce de datos de tres décadas que acompaña la encuesta.

La ausencia escolar dispara la violencia y reduce el acceso a la salud

Cuando una sequía o una inundación deja a una familia sin cosecha, agua o ingresos, son las niñas quienes suelen asumir las tareas de cuidado: buscar agua, cuidar a hermanos menores o quedarse en casa mientras los adultos salen a trabajar. Esa carga les resta horas de estudio y las expone a la violencia, según advirtió Plan International.

Más de una cuarta parte de las jóvenes encuestadas, el 28%, dijo haber observado un aumento de la violencia contra mujeres y niñas después de un evento climático en su comunidad.

El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva también se deterioró: el 76% señaló dificultades para que al menos una niña de su entorno accediera a esos servicios, cifra que sube a 84% en zonas golpeadas por sequía.

“Mantener las escuelas abiertas es el factor de protección más estable”, sostuvo Ghelani ante el diario, en referencia a la cadena que conecta el abandono escolar con el matrimonio y la violencia.

La directiva atribuyó el deterioro de los servicios de salud al cierre de clínicas, la falta de transporte y la interrupción de las redes comunitarias de apoyo durante las emergencias.

El Niño golpea a Centroamérica con sequía e inundaciones simultáneas

Honduras, Guatemala y El Salvador acumulan meses sin lluvias suficientes por efecto de El Niño, mientras República Dominicana y Perú enfrentan un escenario similar.

En paralelo, Ecuador y México sufren lluvias excesivas e inundaciones en otras zonas, según confirmó Plan International.

Ante ese doble escenario, la organización activó una respuesta subregional en Centroamérica con proyectos de agua, saneamiento y protección, además de su trabajo habitual en Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Honduras, El Salvador y Perú.

En octubre, la organización también lleva adelante la campaña “Niñas en Emergencia” en Guatemala, Ecuador, Perú y Paraguay para coordinar esfuerzos con otros actores frente a las crisis climáticas.

Costa Rica sumó 90,000 estudiantes con clases interrumpidas

La interrupción escolar por desastres no es exclusiva de Centroamérica. Un informe de Unicef, agencia de Naciones Unidas para la infancia, difundido en los últimos meses, registró que 90,000 estudiantes costarricenses vieron alterada su escolaridad por tormentas e inundaciones durante 2025.

A nivel global, Unicef contabilizó 171 millones de estudiantes afectados en 106 países y territorios durante el mismo período, con pérdidas futuras de ingresos estimadas en USD 200.000 millones.

El 66% de esos alumnos enfrentó la suspensión directa de clases, mientras que otro 21% no pudo regresar a las aulas porque los edificios habían sufrido daños o se habían convertido en refugios.

El organismo apoyó a Costa Rica con 4,038 diagnósticos en escuelas y la elaboración de 3,391 planes de seguridad, un trabajo orientado a mejorar las condiciones de aprendizaje de más de un millón de estudiantes.

Plan International y Unicef: la escuela como barrera de protección frente al clima

Las dos organizaciones coinciden en que mantener a las niñas en la escuela es el factor que más reduce su exposición al matrimonio infantil y a la violencia tras un desastre. Plan International pide a los gobiernos y donantes mantener las escuelas abiertas y gratuitas durante las emergencias climáticas.

De cara a la COP31, que se celebrará en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre, Plan International solicita destinar una porción definida del financiamiento de adaptación climática a la salud de las adolescentes.

La organización también reclama reforzar la atención a las comunidades más marginadas, incluidas las niñas con discapacidad, las desplazadas y las de minorías étnicas, que según el informe enfrentan el doble de dificultades para acceder a servicios básicos.