La Cámara Federal porteña confirmó el cierre por inexistencia de delito de una denuncia contra la diputada nacional Lilia Lemoine por su participación en un programa de streaming donde se aludió entre burlas a los “Vuelos de la Muerte” durante la última dictadura militar, comentarios a los que ella respondió en tono jocoso.

Sin embargo, el Tribunal advirtió por la “censurable liviandad” con que se refirieron a episodios “terribles” de la historia argentina.

Los camaristas Eduardo Farah y Mariano Llorens, con la disidencia de Roberto Boico, ratificaron la desestimación de la denuncia a la diputada de La Libertad Avanza y los conductores del ciclo y la negativa a aceptar como querellantes a quienes la presentaron, familiares de víctimas de la represión ilegal.

Se trata de lo ocurrido el 20 de diciembre de 2025 en el canal de streaming Ánima Digital, durante la emisión del programa FDC bajo la conducción del abogado Alejandro Sarubbi Benítez, también denunciado. Los jueces señalaron que no hubo “apología del delito”.

En la resolución, el juez Farah advirtió que comprende “las graves afectaciones que, como consecuencia de la emisión y de las palabras empleadas”, pudieron haber sufrido los denunciantes, “familiares de víctimas de sucesos nefastos” ocurridos en Argentina y que le ha tocado juzgar.

En ese marco, explicó que la resolución que se tomó “no equivale a decir que los hechos no puedan ser constitutivos de algún otro delito de acción privada, o que, por su grado de desatino, acaso no merezcan reparación en otro tipo de sede y proceso”.

Comentarios y festejos

En esa entrevista, Lemoine explicó que “los proyectos que se tienen que presentar son de desregulación, de modernización, de derogación”, a lo cual el conductor del programa agregó “y de tirar gente de aviones”. Ante ello, la diputada aclaró “nunca dijimos eso... era un deseo”, porque “si hubiéramos querido hacer eso hubiéramos adquirido más Hércules y no F-16”.

Otro participante acotó “igual hay tres Hércules en funcionamiento en este momento”, a lo cual Lemoine respondió “y con eso nos alcanza” y “son enormes, entra bocha, como 90”.

En otro tramo del programa una columnista manifestó “los kukas no son waterproof (a prueba de agua)” y otro comentó “Con lo único que les va mal es con el agua. Cuando van a las marchas los bañan, si los tiran de los aviones no saben nadar y, si se tiran por algún lado por el sur, también se ahogan”, “todo ello ante los festejos de la diputada nacional”, según se recordó en la resolución sobre la denuncia.

Liviandad e impertinencia

La denuncia se presentó por lo ocurrido en el programa de streaming y la decisión de confirmar la desestimación que se tomó en primera instancia “no implica que ampare la manifiesta impertinencia de las frases utilizadas en ese programa bajo un supuesto legítimo de ejercicio de la libertad de expresión”, agregó la resolución judicial.

Tampoco significa pasar por alto “la censurable liviandad y el a todas luces inconveniente tono sarcástico que allí se empleó para referir, entre risas, lo que constituyen terribles episodios de la historia nacional”, agregó la resolución.

Los dichos vertidos, el contexto, “el particular tenor con que se dijeron” y, además, la observación de que lo que habría sido lesivo fue dicho a “modo de mero comentario lateral o incidental en el marco de una entrevista cuyo objeto era otro”, demuestra, en conjunto, que “la emisión no tuvo la envergadura suficiente para configurar el delito denunciado”.

En disidencia el juez Boico votó en minoría a favor de revocar la desestimación de la denuncia por prematura y seguir adelante con la investigación ante el “tenor de las manifestaciones”. El magistrado entendió que no puede afirmarse sin más y sin un examen más detenido que estén amparadas por la libertad de expresión.

“Se trata de expresiones vertidas en un medio público, referidas a graves situaciones vivenciadas en nuestro país por las cuales cabe recordar que los impugnantes –en su condición de hijos y hermano de víctimas de los denominados ‘vuelos de la muerte’ e integrantes de la asociación civil ‘Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz’ denunciaron la presunta comisión del delito de apología del crimen cometido en un contexto discriminatorio”, consideró.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó planteos del ex diputado José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos, a raíz de u$s200.000 que le habría pagado una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, un empresario extraditado a Estados Unidos acusado por delitos vinculados al narcotráfico en ese país. Con esta decisión, la causa seguirá su curso y deberá definirse su situación procesal.

En agosto pasado, el ex legislador nacional de La Libertad Avanza amplió su declaración indagatoria ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli en la investigación presunto lavado de activos, que le costó su candidatura en 2025. Presentó un descargo de 65 páginas con documentación que, según sostuvo, permitiría demostrar que no recibió dinero ilícito. Además, reclamó ser sobreseído.

Ahora, en dos resoluciones, el tribunal de apelaciones confirmó el rechazo de un incidente de nulidad y desestimó una queja vinculada con un pedido para apartar al fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez. La Sala II concluyó que no se acreditaron irregularidades capaces de afectar las garantías constitucionales en relación a Espert.

Prueba cuestionada

La defensa objetó la prueba ordenada por el fiscal, entre ellas la producción de medidas de descargo después de la declaración indagatoria, testigos escuchados sin notificación previa, pedidos de información patrimonial, la incorporación de informes de inteligencia reservados y el análisis de extracciones forenses de dispositivos electrónicos secuestrados.

Los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones sostuvieron que el fiscal conservaba la dirección de la pesquisa cuando ordenó las medidas cuestionadas, dado que el pedido defensivo para que el juzgado reasumiera la investigación no suspendió sus facultades. Además, señalaron que esa delegación fue ratificada luego por el juez de primera instancia.

Respecto de los testimonios, la Cámara indicó que la defensa no identificó con precisión cuáles declaraciones pretendía anular ni explicó un daño irreparable. Consideró que se trata, en principio, de actos reproducibles y que la defensa puede solicitar que vuelvan a realizarse.

El tribunal también afirmó que los pedidos de información bancaria, fiscal, bursátil y financiera habían contado con autorizaciones judiciales previas y estaban vinculados con el objeto de la investigación. Sobre los informes de inteligencia clasificados, entendió que no se probó que hubieran sido utilizados como prueba de cargo.

En cuanto a los dispositivos electrónicos, la Sala II remarcó que las copias forenses fueron notificadas a la defensa y que se establecieron límites para resguardar información privada, familiar o ajena al caso.

El juez Lugones rechazó, por su parte, un planteo para apartar al fiscal por supuesta pérdida de objetividad y la “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.

La pesquisa está vinculada a una transferencia de USD 200.000 que, según el expediente, Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos, desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, ligada a “Fred” Machado.

En la causa, el ex diputado ya pidió el sobreseimiento o la falta de mérito, algo que debe resolver el juez Mirabelli.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló la multa diaria de $100.000 que se le impuso por el presunto incumplimiento de la medida cautelar que ordenó actualizar salarios docentes y no docentes y el monto de becas, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió al juez en lo penal económico Martín Cormick elevar ese monto al considerarlo exiguo frente a las cifras involucradas.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ya tiene a estudio la apelación del Gobierno contra la resolución que consideró incumplida la medida cautelar.

Consecuencias patrimoniales

Con el patrocinio de los abogados Adrián Maloney y Julio Virgolini, Santilli solicitó la suspensión de la ejecución de las astreintes —las multas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial— hasta que la Cámara resuelva el recurso de apelación. Y también planteó de manera subsidiaria que se revoque esa decisión judicial.

En el escrito, la defensa sostuvo que la medida busca evitar “consecuencias patrimoniales de difícil reparación ulterior”.

La defensa cuestionó además la “falta de fundamento normativo concreto para la atribución personal de la responsabilidad” al jefe de Gabinete.

Santilli sostuvo que la sanción puede afectar “el principio republicano de separación de poderes”.

La multa había sido fijada en $ 100.000 por cada día de incumplimiento, en forma personal contra el jefe de Gabinete, hasta que el Estado adecue las partidas presupuestarias necesarias para cumplir la cautelar.

La presentación de Santilli argumentó que la sanción se dirigió al titular de la Jefatura de Gabinete sin que, según su postura, “se hubiera realizado antes una intimación individualizada” que precisara la conducta que debía adoptar.

La defensa también objetó la falta de una base normativa concreta para atribuirle responsabilidad personal y alegó una posible afectación al principio de división de poderes. Por eso pidió que se suspenda el trámite de ejecución de la cautelar y toda sanción derivada del supuesto incumplimiento hasta que el tribunal de alzada trate la apelación.

Requirió que se tenga presente una decisión del tribunal de apelaciones que se concedió la apelación con efecto suspensivo.

El CIN reclamó una suba

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional apeló el importe de la multa y pidió que se eleve el monto diario. En su presentación, sostuvo que las astreintes deben guardar proporción con la obligación cuyo cumplimiento buscan asegurar.

El monto fijado ”es más que exiguo en comparación con los importes en juego”, planteó el CIN. La entidad reconoció que una parte de la cautelar fue cumplida, pero afirmó que la multa diaria de $ 100.000 actual no alcanza para compeler al Estado a completar las obligaciones pendientes.

El organismo citó las estimaciones incorporadas en el Decreto 759/2025. Para la actualización salarial prevista en el artículo 5 de la ley, el decreto calculó un costo de $ 617.847.532.000 durante el ejercicio en curso y de $ 2.008.377.852.000 para 2026.

En cuanto a las becas contempladas en el artículo 6, la norma estimó $ 72.840.933.495 para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y $ 76.614.000.000 para el Programa de Becas Progresar.

Los jueces de los tribunales orales federales de la Ciudad de Buenos Aires cuestionaron una eventual unificación de sus funciones con las de los magistrados de garantías durante la implementación del Código Procesal Penal Federal prevista para febrero próximo. Advirtieron que esa medida podría afectar la continuidad de juicios complejos, recargar agendas ya comprometidas y desnaturalizar el rol de los magistrados de debate.

En una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, el Colegio de Jueces de Tribunales Orales Federales de la CABA reclamó ser convocado a las mesas de trabajo previas a cualquier modificación de competencias. El documento también cuestiona las proyecciones sobre una posible baja de trabajo en esos tribunales y destaca que las agendas de debates para 2027 ya están completas.

“Podría correrse el riesgo de una toma de decisiones apresuradas, basadas en necesidades concretas o consideraciones teóricas pensadas para otro tipo de delitos, objetivos o jurisdicciones”, señalaron los magistrados en la nota que remitieron.

Diferencias entre jurisdicciones

El planteo se produce ante la inminente aplicación del sistema acusatorio en la justicia federal de la CABA. Los jueces sostuvieron que la adecuación del nuevo procedimiento a causas de criminalidad organizada requiere la intervención de quienes conducen los debates orales y resuelven los expedientes más complejos.

Según indicaron, la experiencia del fuero puede aportar a cuestiones prácticas que inciden en la etapa de juicio, como la incorporación de expedientes administrativos extensos, documentación voluminosa y peritajes cuya reproducción íntegra en audiencia oral resulta difícil.

También alertaron que una solución idéntica para todas las jurisdicciones no contemplaría las diferencias en volumen y tipo de casos. Mencionaron, entre otros factores, la existencia de procesos por corrupción y criminalidad organizada, la competencia multifuero de algunos magistrados y el impacto de delitos como el narcomenudeo.

“La búsqueda de una solución uniforme para situaciones tan disímiles sería infructuosa”, afirmaron en la presentación.

Estadísticas cuestionadas

Los jueces objetaron las estadísticas que calculan la carga laboral de los tribunales orales únicamente a partir de las horas de audiencia. Indicaron que esa evaluación deja afuera tareas habituales como el estudio de informes periciales, el análisis de prueba documental, la redacción de sentencias y las decisiones vinculadas con la ejecución de las condenas.

El documento afirma que las agendas para 2027, tanto de juicios colegiados como unipersonales, ya están cubiertas. “Se han fijado audiencias de juicios de relevancia incluso en días sábados”, señalaron los magistrados. Esto acaba de ocurrir por ejemplo para el juicio en la causa Los Sauces que tiene como acusada a la expresidenta Cristina Kirchner.

La nota describe que, ante vacantes, recusaciones y excusaciones, los integrantes de distintos tribunales orales federales debieron coordinar agendas e integraciones para sostener los debates. Para los firmantes, esa dinámica consolidó en los hechos un funcionamiento similar al de un colegio único de jueces.

Tiempo destinado a los debates y las sentencias

Los jueces advirtieron que la asignación de nuevas competencias sobre cronogramas ya comprometidos puede afectar la capacidad de celebrar debates, dictar sentencias y preparar los próximos juicios.

“La viabilidad de la reforma requiere que los jueces de juicio dispongan del tiempo y de los medios necesarios para cumplir su función”, expresaron.

Además, remarcaron que la puesta en marcha del CPP Federal no eliminará de inmediato los expedientes iniciados bajo el esquema procesal anterior. Esa carga residual, señalaron, se combinará con las nuevas causas y con el control de la ejecución de las penas.

En ese punto, plantearon que las audiencias vinculadas con condenas y acuerdos se acumularán con el paso de los años, debido a la duración de las penas. También rechazaron que las salidas alternativas vayan a reducir de manera sensible los juicios orales en todos los distritos, especialmente en causas por delitos complejos.

“Los jueces de juicio del fuero federal de la CABA, al momento del inicio de la implementación del sistema acusatorio, vamos a contar con una relevante carga de trabajo residual”, señalaron.

La presentación menciona las acordadas 2 y 4 de 2025 de la Cámara Federal de Casación Penal, que encomendaron la puesta en funcionamiento de una Oficina Judicial para el Colegio de Jueces y la elaboración de un reglamento propio.

Los magistrados solicitaron que se retomen las gestiones relativas a ese reglamento y a la designación de un director general. Además, pidieron que antes de resolver cambios que afecten su rol se habiliten canales de consulta.

“Pedimos que de manera previa a la adopción de decisiones que podrían reformar nuestras funciones o regulen la etapa del proceso en la que nos venimos desempeñando, se nos convoque a mesas de trabajo o se generen vías o canales de escucha”, concluyó la carta firmada por la jueza Sabrina Namer, presidenta del Colegio de Jueces de Tribunales Orales de CABA y su vicepresidente, el juez Néstor Costabel.

Un testigo ratificó este martes haber ido a la casaquinta del exministro de Planificación Federal Julio De Vido en una fecha coincidente a la que anotó el remisero Oscar Centeno, al declarar en una nueva audiencia del juicio por los “Cuadernos de la corrupción”.

El testigo Horacio Mizrahi, exfuncionario del organismo, respondió preguntas de la fiscal Fabiana León, quien quiso saber si el 6 de agosto de 2010 fue a la casa del entonces ministro De Vido en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate.

La fiscal le preguntó primero si conocía la casa de De Vido. “Conozco la casa desde cuando debo haber ido alguna vez, no recuerdo, en la época del Ministerio”. Ante ello León le preguntó si fue el 6 de agosto de 2010.

“Si, eso está en los cuadernos, no recuerdo si fui en esa fecha pero sí que fui en esa época”, contestó el testigo.

Esa visita figura entre las anotaciones del remisero Centeno, exchofer del acusado exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta. Sobre ese día, a las 13 horas, Centeno escribió que esperó a su jefe Baratta en su domicilio porque “de ahí salimos para la quinta del ministro De Vido en Lima: fue a almorzar”. Enumeró a los asistentes, entre quienes incluyó al testigo.

El debate se sigue contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados ante el Tribunal Oral Federal 7 y la audiencia concluyó con un reclamo de careo entre otros dos testigos, el periodista de La Nación Diego Cabot y un fotógrafo de ese medio, en relación a supuestas versiones contradictorias que dieron en audiencias pasadas sobre dónde y cómo se fotografiaron los originales de los escritos del remisero arrepentido hasta que se entregaron a la Justicia. El pedido fue realizado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Baratta.

El juicio seguirá el jueves próximo.

La audiencia pasada volvieron a exhibirse los originales de los cuadernos escritos por el remisero arrepentido, Oscar Centeno. y un reportero gráfico ratificó que fueron los que fotografió para el diario La Nación en 2019.

El debate se lleva adelante ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y el cuarto juez suplente Néstor Costabel y comenzó el 6 de noviembre del año pasado. Se juzga a CFK, ex funcionarios de su gobierno, empresarios y otros acusados por supuestos sobornos pagados durante el kirchnerismo para acceder a obra pública nacional y a concesiones viales.

La defensa del acusado exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta reclamó un nuevo careo

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Baratta - ex jefe del remisero arrepentido autor de los cuadernos Oscar Centeno- reclamó un careo entre dos testigos, el periodista del diario La Nación Diego Cabot y el fotógrafo de ese medio Fernando Gutiérrez, por diferencias en torno a dónde y cómo fueron fotografiados los originales de los cuadernos que llegaron a manos del primero antes de ser entregados a la Justicia.

La defensa de Baratta tiene además pendiente de resolución un anterior reclamo para carear a su cliente con los ejecutivos de Techint que declararon haberle pagado un millón de dólares en sobornos, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta.

Testigo admitió haber ido a la casa de De Vido en la época en que lo nombró Centeno

El testigo Mizrahi respondió preguntas de la fiscal Fabiana León, quien quiso saber si el 6 de agosto de 2010 fue a la casa del entonces ministro De Vido.

La fiscal le preguntó si conocía la casa de De Vido. “Conozco la casa desde cuando debo haber ido alguna vez, no recuerdo, en la época del Ministerio”. Ante ello León le preguntó si fue el 6 de agosto de 2020.

“Si eso está en los cuadernos, no recuerdo si fui en esa fecha pero si que fui en esa época”, contestó.

El testigo trabajó luego con De Vido en la Cámara de Diputados hasta fines de 2017 y luego de manera independiente hasta que en el gobierno de Alberto Fernández se lo nombró director de la Secretaría de Medios y luego pasó a ENARSA, hasta hace dos años.

Durante su paso por Planificación Federal recordó que viajó con Olazagasti a Venezuela, Estados Unidos y otros países.

“Usted en el 2016 intervino en una campaña en mi contra?”, quiso saber la fiscal. “No”, fue la respuesta.

Declara un exfuncionario del Ministerio de Planificación en la gestión del acusado Julio De Vido

Se trata del periodista Horacio Mizrahi, quien trabajó en el Ministerio de Planificación Federal en el área de prensa. “Seguí en contacto estos años con De Vido y Olazagasti”, explicó en relación a los acusados exministro Julio De Vido y José María Olazagasti. La defensa de este último lo pidió como testigo.

“Reportaba a De Vido”, dijo sobre sus tareas de prensa y Olazagasti era secretario privado del Ministro, manejaba su agenda, actos, reuniones, firma de convenios, viajes, detalló.

De Vido “era un ministro que marcaba una agenda de trabajo muy intensa”. Olazagasti se fue del Ministerio para ir a la SIDE recordó el testigo.

La defensa de Olazagasti le preguntó si lo vio alguna vez “transportando bolsos”, si supo de visitas del funcionario al domicilio particular de los Kirchner en Recoleta o si se encargaba de la “recaudación o financiamiento de campañas”. Todas las respuestas fueron negativas.

Declaró el excoordinador de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el gobierno de Cristina Kirchner

El primer testigo del día, el abogado Marcelo Bufacchi, trabajó con el acusado exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina. Fue convocado a declarar en el juicio a pedido de la defensa.

El testigo fue coordinador de gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros y trabajó con Abal Medina en Casa de Gobierno.

Definió como una “buena gestión” el pase de Abal Medina por esa función. La defensa le leyó el listado de empresarios acusados y le preguntó si Abal Medina se reunió con alguno de ellos. “No en absoluto no recuerdo, ni tampoco haberlas visto, no me suenan, más allá del conocimiento público”, dijo el testigo.

Tampoco recibió llamados de estas personas para reunirse con el entonces funcionario ni pedidos de Abal Medina al respecto, declaró sobre el período agosto-octubre de 2013. “Había elecciones de medio término, era un momento de elecciones”.

La audiencia se reanudó con un debate sobre testigos vinculados al empresario sobreseído por incapacidad Enrique Pescarmona

Los testigos familiares del empresario que no es juzgado por incapacidad y fue sobreseído fueron desistidos por la defensa que los había propuesto, pero la fiscalía y la querella de la UIF sostuvieron que buscan escucharlos. El tribunal deliberará y tomará una decisión.

La fiscal Fabiana León explicó que los testigos estuvieron presentes en situaciones “que Pescarmona relató en su indagatoria y como arrepentido. Estas personas se encontraban en el lugar donde ocurrieron los hechos que se están juzgando, consideramos necesario poder interrogarlos”. La UIF se manifestó en el mismo sentido y quien era el abogado defensor de Pescarmona, Marcelo Nardi, explicó que se pidieron esos testigos cuando el empresario estaba acusado y “estaban determinados a editar aspectos personalísimos de la situación del ingeniero”, un “interés que desaparece por el sobreseimiento”.