La llegada de las celebraciones de fin de año suele estar acompañada de compras navideñas, reuniones familiares, viajes, intercambios de regalos y gastos extraordinarios que pueden representar un desafío para las finanzas personales. Aunque muchas personas reciben un aguinaldo, bono o ingreso adicional durante esta temporada, una administración inadecuada puede provocar dificultades económicas durante los primeros meses del año siguiente.

Ante este escenario, especialistas en educación financiera recomiendan planificar los gastos con anticipación, evitar compras impulsivas y establecer prioridades, con el propósito de disfrutar las festividades sin acumular obligaciones que comprometan el presupuesto familiar.

Desde la cooperativa financiera Coopecaja, la especialista Sujeyny Gamboa, jefa de Relaciones Corporativas, señaló que una de las claves para mantener el equilibrio económico consiste en decidir cómo se utilizará el dinero antes de recibirlo.

“Planificar no significa dejar de disfrutar; significa disfrutar sin que la factura nos persiga hasta marzo”, explicó Gamboa.

Estas son cinco recomendaciones que pueden aplicarse en distintos países para aprovechar mejor los ingresos de fin de año.

1. Elaborar un presupuesto antes de realizar las compras

El primer paso consiste en identificar cuánto dinero estará disponible y cuáles serán los principales gastos durante noviembre y diciembre.

Los especialistas recomiendan preparar una lista que incluya regalos, alimentación, ropa, viajes, celebraciones y compromisos familiares, asignando un monto máximo a cada categoría.

Una estrategia para evitar compras impulsivas consiste en esperar al menos 24 horas antes de adquirir un producto no contemplado en el presupuesto.

Este período permite evaluar si la compra es realmente necesaria o si responde únicamente al entusiasmo de las ofertas.

2. Dividir el aguinaldo o bono de fin de año en tres partes

Una alternativa para administrar los ingresos extraordinarios es utilizar la denominada regla de los tercios.

Este método propone destinar un tercio del dinero al pago de deudas, otro tercio al ahorro y las obligaciones futuras y el restante a compras, celebraciones y actividades recreativas.

La distribución puede adaptarse a las necesidades de cada hogar, especialmente cuando existen compromisos económicos importantes.

El objetivo es evitar que la totalidad del ingreso adicional desaparezca durante las festividades.

3. Reservar dinero para los gastos de enero

Uno de los errores frecuentes durante diciembre es concentrar toda la atención en las celebraciones y olvidar los compromisos del siguiente año.

El inicio de enero puede traer pagos escolares, impuestos, seguros, servicios, cuotas de préstamos y gastos cotidianos que deben contemplarse desde semanas antes.

Los especialistas aconsejan separar una cantidad específica para cubrir estas obligaciones y evitar recurrir a tarjetas de crédito o nuevos préstamos.

Esta previsión puede ayudar a reducir el denominado estrés financiero de enero, cuando muchas familias deben reorganizar sus presupuestos después de las festividades.

4. Evitar el uso excesivo de tarjetas de crédito

Las promociones, descuentos y facilidades de financiamiento pueden incentivar compras que superen la capacidad económica de los consumidores.

Antes de pagar con tarjeta o adquirir productos a plazos, resulta fundamental revisar las tasas de interés, comisiones, fechas de pago y costo total del financiamiento.

También es importante analizar si las cuotas podrán pagarse durante febrero o marzo sin afectar gastos esenciales.

Incluso las promociones anunciadas como “sin intereses” requieren revisar sus condiciones para evitar cargos inesperados o compromisos difíciles de cumplir.

5. Establecer una meta financiera para 2027

El cierre del año también representa una oportunidad para definir objetivos económicos.

Entre las alternativas figuran crear un fondo de emergencia, cancelar deudas, ahorrar para una vivienda, financiar estudios o planificar un viaje.

La recomendación es establecer un monto concreto, una fecha límite y un mecanismo de ahorro periódico.

Aunque las cantidades sean pequeñas, mantener aportes constantes puede contribuir al cumplimiento de los objetivos financieros.

Los pequeños gastos también pueden convertirse en un problema

Además de estas recomendaciones, los especialistas aconsejan clasificar las compras en tres categorías: necesarias, importantes y prescindibles.

Los gastos indispensables deben atenderse primero, mientras que aquellos que no sean prioritarios pueden reducirse o posponerse.

También conviene prestar atención a los desembolsos cotidianos, como comidas fuera de casa, entregas a domicilio y compras de último momento, que pueden acumularse sin que las personas lo adviertan.

“El mejor regalo que podemos darnos este fin de año es empezar 2027 sin deudas nuevas”, afirmó Sujeyny Gamboa.

La especialista destacó que organizar las finanzas desde octubre o noviembre permite disfrutar las celebraciones con mayor tranquilidad, sin comprometer los ingresos de los meses siguientes.

Una eventual reducción del curso lectivo en Costa Rica, de 200 a 176 días, encendió las alertas entre transportistas estudiantiles y especialistas en educación, quienes advierten sobre posibles consecuencias para la alimentación de miles de niños, la protección de menores y la economía de negocios que dependen de la actividad escolar.

La Asociación de Transportistas ATRAE SOS manifestó su preocupación ante la posibilidad de eliminar 24 días de clases, al considerar que una decisión de esta naturaleza tendría repercusiones que van más allá del sistema educativo.

Según estimaciones preliminares de la organización, algunas empresas dedicadas al transporte estudiantil podrían enfrentar pérdidas de hasta ₡10 millones (USD 22 mil), dependiendo de su tamaño y de la cantidad de unidades que operan.

El sector advierte que, aunque disminuyan los días de servicio, los empresarios deben continuar cubriendo obligaciones como salarios, cargas sociales, préstamos, seguros y mantenimiento de vehículos.

“Nuestra preocupación va más allá de un sector económico. Estamos hablando de una decisión que podría afectar a miles de familias y estudiantes”, señaló Alexander Rojas, presidente de ATRAE.

El dirigente insistió en la necesidad de evaluar las consecuencias sobre la educación, la alimentación y las fuentes de empleo relacionadas con el funcionamiento de escuelas y colegios.

Comedores escolares podrían enfrentar una reducción de cobertura

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la continuidad de la alimentación que reciben estudiantes de familias en condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación Pública (MEP) citadas por la asociación, durante el curso lectivo de 2025, el programa de alimentación escolar benefició a 789,160 estudiantes en 4,560 centros educativos.

Sin embargo, durante las vacaciones de medio año de ese mismo período, el Ministerio anunció la apertura de únicamente 226 comedores escolares para atender a 15,876 estudiantes.

Aunque ambas cifras corresponden a modalidades de atención diferentes, la organización considera que evidencian una importante diferencia en la cobertura anunciada durante el período lectivo y las vacaciones.

Ante este escenario, ATRAE solicita conocer cuáles serían las medidas para garantizar que los estudiantes continúen recibiendo alimentación si se concreta la reducción del calendario.

Especialistas advierten sobre riesgos educativos y sociales

Las preocupaciones también abarcan el rendimiento académico de los estudiantes costarricenses.

Los resultados de las pruebas PISA 2022 reflejaron que solamente el 28% de los estudiantes alcanzó el nivel básico en Matemáticas, mientras que en Lectura la proporción fue del 47%.

Para los especialistas citados por la asociación, estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer la calidad educativa y analizar cómo se aprovecharía el tiempo disponible en las aulas.

Otro aspecto señalado es la función de protección que cumplen las escuelas y colegios para niños y adolescentes.

Según datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) durante 2025 se recibieron 96,694 denuncias por presuntas vulneraciones de derechos de menores de edad.

Rocío Solís, especialista en niñez y adolescencia y exviceministra de Educación, advirtió que las condiciones familiares actuales deben considerarse antes de implementar cambios en el calendario.

“Hoy, muchas madres y padres trabajan fuera del hogar y deben buscar alternativas de cuidado”, explicó Solís.

La especialista destacó que los centros educativos también representan espacios de seguridad para menores expuestos a situaciones de violencia, negligencia o abandono.

Pequeños comercios también podrían resultar afectados

La eventual reducción de clases tendría repercusiones económicas sobre establecimientos que dependen del movimiento cotidiano de estudiantes, docentes y familias.

Entre ellos figuran sodas escolares, pulperías, panaderías, fotocopiadoras, proveedores de alimentos, librerías, zapaterías y tiendas de uniformes.

Según la asociación, disminuir los días lectivos podría modificar la demanda de productos y servicios, afectar la planificación comercial y reducir los ingresos de algunos negocios.

No obstante, el impacto dependería de las características de cada actividad económica.

“Lo importante no es únicamente cuántos días aparecen en el calendario, sino cuánto aprenden realmente nuestros estudiantes”, afirmó Alexander Rojas.

El presidente de ATRAE sostuvo que el país debe fortalecer la educación sin dejar de considerar las consecuencias sociales y económicas de una eventual modificación del calendario escolar.

¿Por qué se propone reducir el curso lectivo de 200 a 176 días?

La iniciativa es impulsada por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), que plantea reorganizar el calendario escolar para que las clases se desarrollen entre el 1.º de marzo y el 30 de noviembre, con un máximo de 176 días efectivos de lecciones.

El objetivo es que los docentes puedan dedicar las jornadas de enseñanza exclusivamente a los estudiantes, mientras que actividades como capacitaciones, planificación, evaluaciones y labores administrativas se realicen en períodos separados, sin interrumpir las clases. La propuesta contempla mantener 200 días laborales para los educadores, aunque con una distribución diferente de sus funciones. Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) analiza modificaciones al calendario de 2027, con el propósito de mejorar los aprendizajes y fortalecer la formación docente. Sin embargo, todavía no se ha confirmado la aplicación definitiva de una reducción a 176 días de clases.

La actividad ganadera continúa siendo uno de los componentes de la producción agropecuaria de Costa Rica, donde el hato vacuno nacional alcanza las 1,495,930 cabezas, de acuerdo con los principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA).

Los datos muestran que la producción de carne domina ampliamente la actividad ganadera, al concentrar el 65.3% del total de animales, equivalente a 974,806 cabezas.

En segundo lugar se encuentra el ganado destinado a la producción de leche, con 283,051 animales, que representan el 18.9% del hato nacional.

Por su parte, los sistemas de doble propósito, utilizados para la producción de carne y leche, reúnen 236,056 cabezas, equivalentes al 15.8%. Finalmente, los animales destinados al trabajo representan apenas el 0.1%, con 2,017 cabezas.

Las hembras representan más del 72% del ganado nacional

La composición del hato revela una marcada presencia de hembras, que constituyen el 72.5% del total, equivalente a 1,085,023 animales.

Los machos, en contraste, representan el 27.5%, con 410,907 cabezas.

Durante 2025, la encuesta estimó el nacimiento de 427,615 animales, de los cuales el 52.2% fueron hembras y el 47.8% machos.

La mayor cantidad de nacimientos ocurrió en fincas dedicadas a la producción de carne, que registraron 234,030 animales, equivalentes al 54.7% del total.

Las explotaciones lecheras contabilizaron 117,279 nacimientos, correspondientes al 27.5%, mientras que las fincas de doble propósito reportaron 76,306, para un 17.8%.

En relación con las hembras destinadas a la producción de leche, el 78.2% de las vacas, equivalente a 126,260 animales, se encontraba en producción, mientras que 35,173, correspondientes al 21.8%, permanecían secas.

En las explotaciones de doble propósito, 72,922 vacas (60.3%) estaban en producción y 47,976 (39.7%) se encontraban secas.

Plagas y enfermedades encabezan las causas de pérdidas ganaderas

Uno de los resultados relevantes de la encuesta corresponde a las pérdidas de animales, que durante el período analizado alcanzaron aproximadamente 52,423 cabezas de ganado vacuno.

Las explotaciones destinadas a carne concentraron el 55.5% de estas pérdidas, seguidas por las de producción de leche, con 29.9%, y las de doble propósito, con 14.6%.

Al analizar las causas según la edad de los animales, las plagas y enfermedades aparecen como el principal factor de pérdidas en todas las categorías.

La mayor incidencia se presentó entre los animales menores de un año, donde estas causas explicaron el 81.2% de las pérdidas registradas.

Entre los animales de uno a menos de dos años, la proporción fue del 53.6%, mientras que en los bovinos de dos años o más alcanzó el 52.6%.

Estos resultados evidencian la importancia de la sanidad animal, particularmente durante las primeras etapas de vida del ganado, cuando las enfermedades y plagas representan una proporción más elevada de las pérdidas.

El pastoreo continúa dominando la producción ganadera

La encuesta también identificó las principales prácticas utilizadas por los productores para el manejo y la alimentación de los animales.

El pastoreo se mantiene como el sistema de producción predominante en la ganadería costarricense.

Esta modalidad estuvo presente en el 93% de las fincas dedicadas a carne, el 77.3% de las explotaciones lecheras y el 92.7% de las unidades de doble propósito.

En cuanto a la alimentación, el pasto natural destaca como uno de los recursos más utilizados por los productores nacionales.

Su utilización alcanzó el 49.6% en la producción de carne, el 50.4% en la actividad lechera y el 58.2% en los sistemas de doble propósito.

Los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria permiten dimensionar las características de la ganadería costarricense, marcada por el predominio de la producción de carne, una elevada proporción de hembras y la dependencia de sistemas de alimentación basados en pasturas.

Asimismo, los datos ponen de relieve los desafíos relacionados con la prevención de enfermedades, el manejo sanitario y la reducción de pérdidas de animales, factores relevantes para la sostenibilidad de la actividad ganadera nacional.

Costa Rica comenzará este lunes 26 de octubre de 2026 el traslado de privados de libertad a su nuevo Centro de Alta Contención (CACO), una infraestructura penitenciaria de máxima seguridad impulsada por el Gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado y reforzar el control de las cárceles.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, donde confirmó que los primeros ingresos se efectuarán pocos días después de la inauguración del complejo.

Según explicó el jerarca, las primeras personas trasladadas serán aquellas implicadas en el homicidio del oficial Gerson Rosales, atendiendo una instrucción girada por la presidenta durante la semana anterior.

“Este mismo lunes, este próximo lunes, iniciaremos con el traslado de privados de libertad al CACO”, manifestó Campos.

El ministro detalló que, una vez completados los primeros ingresos, continuará el traslado de otras personas que actualmente permanecen bajo regímenes de alta contención en el sistema penitenciario nacional.

“Las personas que ingresarán de primero, los privados de libertad que estrenarán el CACO, van a ser los implicados en el cobarde homicidio de nuestro oficial Gerson Rosales”, afirmó.

Gobierno busca descongestionar cárceles y reforzar la seguridad

La presidenta Laura Fernández explicó que la puesta en funcionamiento del nuevo complejo también busca contribuir a la descongestión de las instalaciones penitenciarias existentes, particularmente las ubicadas en La Reforma.

Durante su intervención, consultó al ministro sobre el cronograma de ocupación del centro y el momento en que comenzarían a utilizarse los nuevos módulos.

“¿Cuándo empezamos a trasladar reos al CACO? ¿Cuándo empieza usted a llenar esa nueva infraestructura y a descongestionar la cárcel que tenemos actualmente ahí en Reforma?”, preguntó la mandataria.

En respuesta, Campos confirmó que el traslado será progresivo y que posteriormente se procederá a ocupar el primer módulo con personas provenientes de áreas de alta contención.

El anuncio representa el inicio de la fase operativa de una infraestructura que el Ejecutivo considera fundamental para fortalecer la administración penitenciaria y limitar la capacidad de acción de organizaciones criminales desde los centros de reclusión.

Laura Fernández pide protocolos claros sobre funcionamiento de la cárcel

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento interno del nuevo establecimiento, particularmente las condiciones de atención y los procedimientos que se aplicarán a la población penitenciaria.

La presidenta recordó su reciente visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, donde conoció algunos aspectos del funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño.

Fernández explicó que durante el recorrido observó procedimientos relacionados con la atención médica, la actividad física y el acceso a servicios de asesoría jurídica para las personas privadas de libertad.

A raíz de esa experiencia, solicitó al ministro de Justicia presentar públicamente los protocolos que regularán las operaciones del CACO.

“Me interesa mucho por transparencia”, manifestó la mandataria al pedir que la información sea expuesta durante alguna de las próximas conferencias de prensa.

La presidenta insistió en la importancia de explicar con claridad las condiciones bajo las cuales funcionará el nuevo centro penitenciario.

“Cuando no hay transparencia y hay mala fe, es donde la gente empieza a suponer o donde empieza a mentir abiertamente”, señaló.

El ministro Gerald Campos aceptó presentar esos detalles en una futura comparecencia.

Costa Rica toma como referencia la experiencia penitenciaria de El Salvador

Laura Fernández también se refirió a su reciente visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, donde conoció de primera mano el funcionamiento del sistema penitenciario impulsado por el presidente Nayib Bukele. La mandataria afirmó que la crisis de violencia que enfrentó ese país debe servir como advertencia para Costa Rica y aseguró que todavía existe una oportunidad para impedir que el crimen organizado alcance niveles similares de expansión.

Fernández señaló que, según la información que recibió durante su visita, el centro salvadoreño alberga aproximadamente 21,000 privados de libertad, y sostuvo que las personas recluidas allí están vinculadas con múltiples asesinatos. “Costa Rica está a tiempo de no llegar hasta allá”, expresó la presidenta, quien insistió en que las instituciones nacionales deben actuar con urgencia para evitar un deterioro de la seguridad.

“Hay que hacer las acciones con urgencia, con vehemencia y con total priorización dentro de la agenda nacional de los tres poderes de la República”, manifestó.

La Universidad CENFOTEC anunció la apertura de una nueva convocatoria de Becas de Excelencia del 100%, una iniciativa que permitirá a estudiantes con capacidades sobresalientes acceder a formación universitaria en áreas tecnológicas sin asumir los costos de matrícula y materias durante toda la carrera.

El programa está dirigido a personas interesadas en cursar carreras técnicas, bachilleratos universitarios o maestrías relacionadas con informática y tecnologías de información, con el objetivo de impulsar el talento nacional y ampliar las oportunidades de formación especializada.

Según informó la institución, las becas cubrirán el 100% de la matrícula y los cursos, lo que representa una oportunidad para quienes desean desarrollar una carrera profesional en sectores vinculados con la transformación digital.

La convocatoria se desarrolla bajo el enfoque STEAM, que integra conocimientos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, reconociendo tanto el rendimiento académico como otras habilidades y trayectorias destacadas.

Seis categorías para acceder a las becas

La universidad estableció seis modalidades de becas para identificar diferentes perfiles de talento.

La categoría Tecnología STEAM está dirigida a egresados de colegios técnicos o científicos, mientras que Mujeres STEAM busca promover la participación femenina y fortalecer la inclusión en el sector tecnológico.

Por su parte, Ciencia STEAM está orientada a estudiantes destacados en materias como física, química, biología y matemática.

El programa también contempla oportunidades para personas con habilidades fuera del ámbito estrictamente académico.

La modalidad Artistas STEAM reconoce trayectorias comprobadas en disciplinas como música, teatro y pintura, mientras que Deportistas STEAM está destinada a atletas destacados en disciplinas individuales o grupales.

Finalmente, la categoría Becas para Maestría está dirigida a profesionales graduados en áreas STEM que tengan interés en desarrollar proyectos de investigación e innovación.

Esta estructura busca ampliar las posibilidades de acceso a la educación tecnológica y reconocer distintas capacidades que puedan contribuir al desarrollo de profesionales especializados.

Beneficiarios participarán en proyectos de investigación

La directora de Bienestar Estudiantil de la Universidad CENFOTEC, Laura Gamboa, explicó que la iniciativa pretende formar profesionales capaces de responder a las necesidades de un mercado laboral cada vez más vinculado con la tecnología.

“Las Becas de Excelencia son una manifestación del compromiso de la Universidad CENFOTEC con la sociedad costarricense”, afirmó Gamboa.

La funcionaria destacó que el programa permitirá a los beneficiarios vincularse con actividades académicas y experiencias prácticas para fortalecer sus conocimientos.

“Este programa impulsa a personas con rendimiento sobresaliente en el área STEAM para que, a través de su vinculación en proyectos de investigación, innovación y 10 horas semanales de práctica, se formen como profesionales de alto perfil listos para liderar el desarrollo del país”, agregó.

La participación en estas actividades constituye uno de los componentes del programa, que busca complementar la formación académica con experiencias relacionadas con la investigación y la innovación.

Requisitos y cómo solicitar la beca

Uno de los principales requisitos establecidos por la universidad para quienes aspiren a las becas de pregrado, correspondientes a carreras técnicas y bachilleratos, es no encontrarse trabajando ni estudiando actualmente.

Esta condición busca facilitar que los beneficiarios puedan dedicar tiempo a su formación profesional y a las actividades contempladas dentro del programa.

Los requisitos específicos varían según la categoría de postulación, por lo que los interesados deberán revisar las condiciones correspondientes antes de completar su solicitud.

El proceso de inscripción se encuentra habilitado mediante la página oficial ucenfotec.ac.cr/becas-del-100/, donde se puede consultar la información sobre el programa y presentar la postulación.

Con esta convocatoria, la Universidad CENFOTEC pretende contribuir a la formación de nuevos profesionales en sectores como inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo tecnológico, áreas que forman parte de su estrategia de impulso a la transformación digital del país.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció este miércoles que su Gobierno prepara un nuevo proyecto de ley para reformar el sector eléctrico nacional, después de que la Asamblea Legislativa rechazara la iniciativa de armonización del mercado eléctrico, una propuesta que el Poder Ejecutivo consideraba fundamental para atender las necesidades energéticas del país.

La mandataria aseguró que no renunciará a impulsar cambios en el sistema eléctrico y adelantó que su equipo trabaja en una alternativa legislativa que pueda aprobarse mediante una mayoría de 29 votos.

“Estamos trabajando ya con el equipo de gobierno en un nuevo proyecto de ley que requiera veintinueve votos para su aprobación”, manifestó Fernández.

La presidenta explicó que la estrategia pretende aprovechar el respaldo de los 31 diputados que identificó como oficialistas, con el objetivo de evitar que la nueva iniciativa enfrente los mismos obstáculos políticos que provocaron el rechazo del proyecto anterior.

Según explicó, el Gobierno buscará realizar los ajustes necesarios para presentar una propuesta que permita avanzar en materia energética sin depender de negociaciones con los partidos que se opusieron a la legislación.

Presidenta responsabiliza a Liberación Nacional y Frente Amplio

Durante su intervención, Fernández lanzó fuertes cuestionamientos contra el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), a los que responsabilizó por impedir la aprobación de una reforma que, según su criterio, era necesaria para el desarrollo económico del país.

“Creo que esta es la evidencia más clara que tenemos de la irresponsabilidad del Partido Liberación Nacional. El Partido Liberación Nacional no solamente le falla al pueblo de Costa Rica, sino que demuestra que está verdaderamente hincado a los intereses del Frente Amplio”, afirmó.

La mandataria también cuestionó la posición de una legisladora vinculada al Partido Acción Ciudadana (PAC) y aseguró que la oposición antepuso intereses políticos a las necesidades del sector productivo nacional.

Fernández sostuvo que algunos legisladores habrían condicionado su respaldo a la reforma eléctrica a un incremento de los recursos destinados a las universidades públicas, situación que calificó como una forma de presión política.

“Yo no negocio con terroristas políticos”, expresó la presidenta al referirse a las supuestas condiciones que, según denunció, se plantearon para conseguir votos.

Gobierno advierte sobre necesidades energéticas del país

Uno de los principales argumentos expuestos por Fernández es la necesidad de garantizar suficiente electricidad para atender la demanda de industrias, empresas y nuevos proyectos productivos.

La presidenta mencionó particularmente regiones como Limón, Puntarenas, la zona sur y la zona norte, donde considera indispensable fortalecer la disponibilidad energética para impulsar inversiones y nuevas oportunidades laborales.

“Lo que estamos avanzando no se va a poder consolidar si el país no tiene la suficiente carga eléctrica en Limón, en Puntarenas, en la zona sur, en la zona norte”, advirtió.

Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, la reforma busca establecer condiciones que permitan sostener el crecimiento económico y evitar que las limitaciones del sistema eléctrico se conviertan en un obstáculo para la competitividad.

Nueva propuesta buscará respaldo del sector privado

La mandataria también dirigió un mensaje a los representantes del sector privado, a quienes aseguró que su administración mantendrá abiertas las puertas para revisar y ajustar la nueva propuesta.

“Tienen en mí a una presidente que siempre ha sido clarísima en apoyar los proyectos de desarrollo que benefician la competitividad nacional”, manifestó.

Fernández indicó que el equipo gubernamental encargado de energía trabajará en la preparación del nuevo texto legislativo, aunque no precisó una fecha para su presentación ni detalló las modificaciones que contendrá.

Finalmente, defendió su decisión de no vincular el trámite de la reforma eléctrica con concesiones presupuestarias a otras instituciones.

“Yo no voy a renunciar a hacer lo que es correcto por este país”, sostuvo.

El anuncio abre un nuevo escenario de discusión sobre el futuro del mercado eléctrico costarricense, después del rechazo de una iniciativa que, según la presidenta, acumulaba 30 años de discusión.

El proyecto de Ciudad Gobierno, una de las iniciativas destinadas a transformar la infraestructura del sector público costarricense, volvió al centro del debate legislativo tras la comparecencia de la ministra de Planificación, Karla Morales, ante la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

Durante la audiencia, la jerarca defendió la propuesta que busca concentrar inicialmente a 35 instituciones públicas en un complejo ubicado en el centro de San José, con el propósito de disminuir la dependencia de edificios privados y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.

Según las estimaciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la iniciativa permitiría generar un ahorro de aproximadamente 26 millones de dólares anuales en alquileres, uno de los principales argumentos utilizados para justificar su desarrollo.

El proyecto contempla una infraestructura de 153,000 metros cuadrados, con capacidad para albergar a unos 10,700 funcionarios públicos, quienes actualmente laboran en distintas instalaciones.

Sin embargo, el mecanismo de financiamiento provocó cuestionamientos entre los legisladores, especialmente por las obligaciones económicas que asumiría el Estado durante las próximas décadas.

La propuesta establece que el complejo se desarrollaría mediante un contrato de arrendamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un plazo inicial de hasta 30 años.

Durante la discusión, uno de los diputados cuestionó si los ahorros proyectados ya contemplaban los pagos que el Gobierno tendría que realizar al organismo financiero o si esas obligaciones deberían descontarse de los beneficios anunciados.

Ante las consultas, Morales reconoció que las proyecciones financieras todavía requieren ajustes y que será necesario avanzar en otras etapas para determinar con mayor precisión los costos y beneficios económicos.

“Esa es una estimación que se tiene que afinar, porque precisamente para eso necesitamos este proceso, para poder avanzar a las etapas subsiguientes”, explicó la ministra.

La funcionaria señaló que durante una primera etapa las instituciones deberán continuar realizando desembolsos equivalentes a los alquileres actuales, aunque posteriormente estos pagos estarían vinculados con la operación del nuevo complejo.

Además, distinguió entre una fase inicial de inversión y otra relacionada con el mantenimiento de los edificios a largo plazo.

Cuestionamientos por millonarios alquileres del Estado

Otro de los temas abordados durante la audiencia fue el elevado gasto histórico del Estado costarricense en el arrendamiento de inmuebles privados.

Durante su intervención, la legisladora oficialista, Zaira Murillo, hizo referencia a investigaciones de medios como La Nación y Semanario Universidad, que han documentado contratos en los cuales las instituciones terminaron pagando cantidades considerablemente superiores al valor de los edificios alquilados.

Como ejemplo, mencionó el caso de Torre Mercedes, donde, según lo expuesto en la comisión, los pagos acumulados habrían alcanzado los 13,500 millones de colones (USD 29 millones), equivalentes a aproximadamente 6,5 veces el valor del inmueble.

También recordó que, de acuerdo con cifras atribuidas a la Contraloría General de la República, el gasto estatal en alquileres superaba los 104,000 millones de colones (USD 227 millones) anuales en 2020.

Frente a estos señalamientos, Morales sostuvo que Ciudad Gobierno pretende cambiar el modelo tradicional de ocupación de inmuebles y reducir la dispersión institucional.

“El proyecto lo que propone es eso precisamente, es revertir no solo esta dispersión en la ubicación, sino en el uso de los recursos”, manifestó.

Terreno del Liceo de Costa Rica genera discusión

La audiencia también abordó la situación de un terreno vinculado al Liceo de Costa Rica, cuya propiedad se pretende reintegrar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para desarrollar parte de las obras.

Según explicó la ministra, actualmente el inmueble se encuentra en desuso para actividades educativas y funciona como estacionamiento.

No obstante, diputados expresaron preocupación por la ausencia de medidas de compensación claramente establecidas para la comunidad estudiantil, considerando que el terreno podría aprovecharse para futuras ampliaciones.

La jerarca aseguró que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha mantenido conversaciones con la junta administrativa y la dirección del colegio para atender necesidades de mantenimiento, mejoras y eventuales ampliaciones de las instalaciones existentes.

De concretarse, Ciudad Gobierno se levantaría en los terrenos que actualmente ocupa el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el centro de San José, con la expectativa de concentrar servicios públicos, reducir gastos de funcionamiento y modificar el modelo de infraestructura institucional del país.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, mantiene un elevado nivel de respaldo ciudadano al cumplirse los primeros cinco meses de su administración.

Una nueva encuesta nacional de OPol Consultores revela que el 72.8% de los entrevistados aprueba su gestión, mientras que un 22.8% la desaprueba y un 4.4% no sabe o no responde.

El estudio, realizado entre el 15 y el 18 de octubre de 2026, muestra una diferencia de 50 puntos porcentuales entre quienes respaldan el trabajo de la mandataria y aquellos que manifiestan una opinión desfavorable.

Los resultados sitúan la aprobación presidencial por encima del 70%, en un escenario en el que la valoración de la gestión de Fernández supera tanto la calificación promedio otorgada al Gobierno como la percepción positiva sobre las condiciones generales del país.

La investigación también evaluó el desempeño de la administración mediante una escala de 1 a 10, en la que los participantes debían asignar una calificación al trabajo realizado por el Poder Ejecutivo.

Gobierno obtiene una calificación promedio de 7.6

De acuerdo con los resultados, la administración de Laura Fernández obtuvo una calificación promedio de 7.6 puntos, con una importante concentración de evaluaciones en los niveles superiores de la escala.

El 26.5% de los entrevistados otorgó la nota máxima de 10, mientras que un 16.9% asignó un 8 y un 10.8% calificó la gestión con un 9.

En conjunto, el 54.2% de los encuestados concedió calificaciones de 8, 9 o 10, lo que representa más de la mitad de las personas consultadas.

Por otra parte, un 30.2% otorgó notas intermedias, comprendidas entre 5 y 7, mientras que un 14.4% evaluó el desempeño gubernamental con calificaciones bajas, de 1 a 4.

Estos porcentajes reflejan diferencias en la intensidad del respaldo ciudadano, debido a que el nivel de aprobación presidencial es superior al porcentaje de entrevistados que asignaron las mejores calificaciones al Gobierno.

Más de la mitad considera positiva la situación de Costa Rica

La encuesta también examinó cómo perciben los ciudadanos las condiciones actuales del país, un indicador que permite contrastar la valoración de la administración con la opinión sobre la realidad nacional.

Según OPol Consultores, un 32.5% considera que la situación de Costa Rica es buena, mientras que otro 25.3% la califica como muy buena.

Ambas categorías representan un 57.8% de valoraciones positivas, frente a un 25.3% de opiniones negativas.

Dentro de este último grupo, un 12% considera que la situación nacional es mala y un 13.3% la describe como muy mala.

Adicionalmente, un 15.7% califica las condiciones del país como regulares, mientras que un 1.2% no sabe o no responde.

La diferencia entre las opiniones positivas y negativas sobre la situación nacional alcanza los 32.5 puntos porcentuales.

Aprobación presidencial supera valoración de la situación nacional

Uno de los resultados destacados del estudio es la diferencia entre el respaldo a la presidenta y la percepción ciudadana sobre el estado del país.

Mientras un 72.8% aprueba el trabajo de Laura Fernández, únicamente un 57.8% considera que Costa Rica atraviesa una situación buena o muy buena.

Esta brecha de 15 puntos porcentuales sugiere que la valoración de la mandataria no depende exclusivamente de la percepción sobre las condiciones generales del país.

Asimismo, el porcentaje de personas que otorgaron notas altas al Gobierno, 54.2%, se encuentra 18.6 puntos porcentuales por debajo de la aprobación presidencial.

La encuesta fue elaborada por OPol Consultores mediante una muestra de 1,200 personas mayores de 18 años, con cobertura nacional y distribución proporcional por provincias.

El estudio reporta un margen de error de ±2,8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Los resultados muestran que Laura Fernández llega a sus primeros cinco meses de mandato con una amplia aprobación entre los consultados, aunque las evaluaciones del desempeño gubernamental y de la situación nacional presentan niveles de respaldo inferiores.

Un importante golpe contra el narcotráfico se registró en las últimas horas en Costa Rica, donde distintos cuerpos policiales lograron el decomiso de aproximadamente dos toneladas de cocaína durante dos operaciones desarrolladas en la zona sur del país, una de las cuales terminó con un enfrentamiento armado entre agentes policiales y presuntos narcotraficantes, así como dos personas detenidas.

Las acciones fueron ejecutadas por diferentes cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y otras instituciones del Poder Ejecutivo, como parte de las estrategias para combatir el tráfico internacional de drogas y las estructuras criminales que operan en el Pacífico Sur costarricense.

Narcotraficantes lanzaron 1,400 kilos de cocaína al mar

La primera intervención fue resultado de un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas (PCD), con el respaldo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur de ese país.

Durante el operativo, los oficiales detectaron una embarcación sospechosa que navegaba en aguas del Pacífico Sur, aproximadamente a 20 millas náuticas de Matapalo, frente a las costas de la provincia de Puntarenas.

Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes presuntamente comenzaron a lanzar al mar las pacas que transportaban, con la intención de desprenderse de la carga ilícita.

Los oficiales del Guardacostas lograron recuperar los paquetes, que contenían aproximadamente 1,400 kilogramos de cocaína, según el reporte preliminar de las autoridades.

Sin embargo, los ocupantes de la embarcación consiguieron evadir la intervención inicial y, hasta el momento, no han sido detenidos.

Las autoridades confirmaron que las operaciones marítimas continúan con el objetivo de localizar a los sospechosos y la embarcación utilizada para transportar el cargamento.

Balacera entre policías y narcotraficantes en Uvita de Osa

El segundo operativo se desarrolló en las cercanías de una vivienda ubicada en Uvita, cantón de Osa, donde las autoridades tenían información de inteligencia sobre el presunto almacenamiento de drogas y armas de fuego.

En esta intervención participaron agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Fuerza Pública.

Según el informe oficial, durante el despliegue se produjo un intercambio de disparos entre los agentes policiales y presuntos integrantes de una estructura narcotraficante.

La confrontación armada generó momentos de tensión, aunque las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó herida.

El operativo culminó con la detención de dos sospechosos, cuyas identidades y nacionalidades no fueron divulgadas en la información preliminar.

Armas de fuego y droga entre los objetos localizados

Durante la intervención en Uvita, los oficiales también localizaron armas de fuego y droga, que serán incorporadas como indicios dentro de la investigación desarrollada por la PCD.

El informe no precisa la cantidad ni el tipo de armas encontradas, tampoco el peso exacto de los estupefacientes localizados en esta segunda intervención.

Por esa razón, aunque las autoridades informaron sobre un decomiso conjunto de aproximadamente dos toneladas de cocaína, hasta ahora únicamente se ha detallado la recuperación de 1.400 kilogramos durante el operativo marítimo.

Las diligencias buscan determinar la procedencia de los cargamentos, la posible participación de organizaciones criminales y los vínculos entre los sospechosos detenidos y las redes de narcotráfico presentes en la región.

Operativos continúan en el Pacífico Sur

Las autoridades mantienen desplegadas unidades policiales en la zona sur para intentar ubicar a los ocupantes de la embarcación que abandonaron la droga en el mar.

Paralelamente, los investigadores deberán analizar las armas y sustancias localizadas en Uvita, así como establecer las eventuales responsabilidades penales de las dos personas detenidas.

Ambas intervenciones forman parte de las acciones coordinadas entre instituciones costarricenses y agencias internacionales para combatir el tráfico de cocaína por las rutas marítimas del Pacífico.

El caso permanece bajo investigación, mientras los cuerpos policiales continúan las labores para identificar y detener a otros posibles involucrados.

Una fiscalización realizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) reveló que siete de cada diez restaurantes inspeccionados en Costa Rica incumplen las disposiciones legales relacionadas con la información de precios, una situación que podría exponerlos a sanciones económicas millonarias.

El operativo, desarrollado entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026, abarcó 70 restaurantes con servicio a la mesa, distribuidos en 13 cantones y 22 distritos de las provincias de San José, Cartago, Heredia, Alajuela y Limón.

De acuerdo con los resultados divulgados solamente 19 establecimientos, equivalentes al 27%, cumplieron todas las disposiciones revisadas, mientras que 51 restaurantes, correspondientes al 73%, presentaron al menos una irregularidad.

La investigación buscó determinar si los negocios informaban de manera clara el precio final de sus productos, incluidos los impuestos y cargos obligatorios, y si los montos anunciados coincidían con los cobrados posteriormente a sus clientes.

El 10% de servicio a la mesa, entre las principales irregularidades

Uno de los hallazgos más relevantes fue que 36 restaurantes, equivalentes al 51% de los establecimientos inspeccionados, no informaban correctamente el precio final de sus productos en los menús.

Dentro de este grupo, 33 comercios omitían incorporar el 10% correspondiente al servicio a la mesa, mientras que otros tres establecimientos no incluían ni ese porcentaje ni el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La legislación costarricense establece que los precios anunciados deben reflejar el monto total que pagará el consumidor, sin que existan cargos obligatorios adicionales que no hayan sido incorporados previamente.

La Ley N.º 9116 regula el cobro del 10% por servicio a la mesa, mientras que la Ley N.º 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece obligaciones relacionadas con la transparencia de los precios.

Esto significa que un restaurante no debe anunciar un precio que posteriormente aumente por la incorporación de cargos obligatorios que debieron estar incluidos desde el inicio.

Restaurantes también ocultaban precios de alimentos y bebidas

La fiscalización determinó que 12 establecimientos, equivalentes al 17%, ofrecían alimentos o bebidas sin indicar sus respectivos precios.

Según el MEIC, esta situación impide que las personas conozcan anticipadamente cuánto deberán pagar por los productos seleccionados.

Además, otros 12 restaurantes (17%) presentaron incumplimientos relacionados con la información mínima que deben contener las facturas o comprobantes de compra.

Entre las deficiencias detectadas figuran la ausencia de la dirección exacta del establecimiento, el nombre del comerciante, el teléfono o el número de identificación correspondiente.

El Ministerio advirtió que estas omisiones pueden dificultar la presentación de reclamos y denuncias por parte de los consumidores.

Comercios se exponen a multas millonarias

Ante las irregularidades, el MEIC notificó a los 51 establecimientos incumplidores para que corrigieran las faltas identificadas.

Con corte al 15 de octubre, el seguimiento evidenció que 20 restaurantes habían subsanado completamente los incumplimientos, mientras que 13 permanecían bajo supervisión y otros 18 no habían remitido información sobre las correcciones solicitadas.

El Ministerio advirtió que los comercios que no atiendan las prevenciones podrán ser denunciados ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC).

Según el artículo 57 de la Ley N.º 7472, las multas pueden oscilar entre 10 y 40 salarios base, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Para 2026, el salario base aplicable es de ₡462,200 (USD 1,000), por lo que las sanciones podrían ir desde ₡4,622,000 (USD 10 mil) hasta ₡18,488,000 (USD 40 mil)

Estas multas no han sido impuestas a los establecimientos fiscalizados, sino que corresponden a las sanciones que podrían enfrentar conforme al procedimiento administrativo correspondiente.

¿Dónde denunciar cobros irregulares?

El MEIC recordó que los consumidores tienen derecho a conocer el precio total de los alimentos y bebidas antes de realizar una compra.

Las personas que detecten irregularidades pueden comunicarse a la línea gratuita 800-CONSUMO (800-266-7866) o utilizar el asistente digital “PACO te Asesora”, disponible mediante WhatsApp al 6140-9657.

También pueden presentar denuncias en la plataforma Consumidor CR, disponible en el sitio oficial del Ministerio: www.meic.go.cr.

La misión médica enviada por Costa Rica a Panamá, tras el terremoto registrado el pasado 9 de octubre de 2026, ha brindado un total de 46 atenciones médicas, entre ellas a 16 recién nacidos y 30 adultos, como parte del operativo humanitario desplegado para apoyar a los hospitales afectados por la emergencia.

Así lo informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución que mantiene personal especializado y dos módulos médicos completamente equipados en territorio panameño, con el objetivo de reforzar la capacidad de atención hospitalaria.

De acuerdo con el reporte del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), las atenciones se realizaron entre el 15 y el 18 de octubre, durante los primeros días de funcionamiento de las unidades médicas costarricenses.

La delegación brinda apoyo en los hospitales Cecilio Castillero y Joaquín Pablo Franco Sayas, establecimientos que enfrentaron afectaciones tras el movimiento sísmico y que requieren reforzar temporalmente sus servicios de salud.

Dos hospitales reciben apoyo de especialistas costarricenses

El contingente médico partió de Costa Rica durante la semana anterior y realizó un recorrido terrestre de aproximadamente 18 horas para trasladar al personal, los equipos y la infraestructura necesaria hasta las zonas afectadas.

Una vez en Panamá, los profesionales instalaron dos módulos médicos climatizados, diseñados para brindar atención en condiciones controladas y seguras, de acuerdo con las necesidades identificadas por las autoridades sanitarias de ese país.

El médico Hugo Madrigal Vargas, jefe de la misión humanitaria de la CCSS, destacó que estas instalaciones permiten fortalecer la atención mientras los hospitales afectados continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.

“Estamos brindando atención a nuestros hermanos panameños en dos módulos climatizados, que ofrecen condiciones controladas y seguras para la atención de los pacientes”, explicó Madrigal.

El especialista también resaltó el recibimiento brindado por las autoridades del Gobierno panameño y los responsables de los servicios de salud de Azuero, región donde se desarrolla parte importante del despliegue humanitario.

Según explicó, las unidades médicas permiten mantener servicios esenciales y proporcionar espacios adicionales para atender pacientes mientras se desarrolla la respuesta a la emergencia.

Atención a recién nacidos y pacientes adultos

Entre los principales resultados de la intervención destaca la atención de 16 recién nacidos, un grupo particularmente vulnerable ante las interrupciones de los servicios hospitalarios.

Asimismo, el equipo médico costarricense brindó atención a 30 pacientes adultos, para completar las 46 atenciones reportadas durante el periodo comprendido entre el 15 y el 18 de octubre.

Aunque la institución no detalló los diagnósticos ni las condiciones clínicas específicas de los pacientes atendidos, confirmó que las intervenciones se desarrollan conforme a las necesidades establecidas por las autoridades sanitarias panameñas.

La asistencia permite reforzar temporalmente la capacidad de los establecimientos médicos afectados y contribuir a la continuidad de la atención de la población.

Costa Rica trasladó plantas eléctricas y sistemas de agua

Uno de los aspectos más importantes de la operación es que la misión costarricense cuenta con los recursos necesarios para funcionar sin depender directamente de la infraestructura hospitalaria afectada.

Para ello, la CCSS trasladó dos módulos médicos, plantas eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y equipos de aire acondicionado, que permiten mantener condiciones adecuadas para la prestación de los servicios.

La delegación está integrada por médicos, profesionales de enfermería y especialistas en logística, quienes trabajan conjuntamente para garantizar el funcionamiento de las instalaciones y la atención de los pacientes.

Este modelo de operación busca evitar que el contingente humanitario represente una carga adicional para los servicios básicos de las comunidades afectadas.

Misión inicialmente prevista para siete días

El despliegue médico fue planificado inicialmente para una duración de siete días.

La intervención forma parte de la asistencia humanitaria ofrecida por Costa Rica a Panamá después del terremoto que afectó al país vecino el viernes 9 de octubre.

La CCSS destacó que el principal objetivo de la misión es mantener la atención de los pacientes, apoyar a las autoridades sanitarias locales y contribuir a la recuperación de los servicios hospitalarios afectados por el desastre.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, expresó públicamente su admiración y respaldo a la exvicepresidenta y diplomática Rebeca Grynspan, quien aspira a convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un cargo que nunca ha sido ocupado por una mujer en la historia del organismo internacional.

Durante un encuentro celebrado en Casa Presidencial, la mandataria dedicó palabras de reconocimiento a la trayectoria de Grynspan y manifestó su confianza en las transformaciones que la costarricense pretende impulsar dentro de Naciones Unidas.

“Yo me siento profundamente orgullosa del trabajo que estás haciendo. Una mujer costarricense brillante. Y creo que usted va a desempeñar ese cargo, si se le da, de una manera donde todas las mujeres de Costa Rica y todos los costarricenses en general vamos a estar orgullosísimos”, expresó Fernández.

La presidenta también destacó la visión de la candidata sobre el futuro de la organización internacional, particularmente su intención de revisar su funcionamiento interno para mejorar la eficiencia institucional y fortalecer su papel en la resolución de conflictos internacionales.

“El cambio que usted quiere hacer en Naciones Unidas, revisarlo por dentro, buscar que sea más eficiente, que se enfoque en contribuir mejor a la democracia, a la paz, pero sin imponerse a la soberanía de ningún país, a mí eso me parece brillante”, añadió la gobernante.

El respaldo presidencial se produce en un momento decisivo para la candidatura de Grynspan, quien continúa buscando los apoyos diplomáticos necesarios para convertirse en la sucesora del actual secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, cuyo mandato concluirá el 31 de diciembre de 2026.

Durante el encuentro, Fernández también manifestó su disposición de conversar con otros mandatarios de la región para promover nuevos respaldos a la candidatura costarricense.

Grynspan agradece el respaldo del Gobierno costarricense

Visiblemente agradecida por las palabras de la mandataria, Rebeca Grynspan reconoció que su trayectoria internacional y la posibilidad de aspirar al máximo cargo de Naciones Unidas han estado acompañadas por el apoyo institucional y ciudadano de Costa Rica.

“Yo soy lo que soy por mi país y estoy donde estoy por el apoyo que ustedes me han dado, por el apoyo que me ha dado usted durante todo el tiempo”, respondió la diplomática.

La exvicepresidenta también reconoció que su aspiración trasciende el ámbito personal y representa una oportunidad para posicionar a Costa Rica y América Latina en uno de los puestos de mayor relevancia dentro de la diplomacia mundial.

“Yo no hubiera podido recorrer este camino sin el apoyo del Gobierno y sin el apoyo y el cariño de mi país. Es un orgullo para mí que usted me apoye de esta manera y que se sienta tan involucrada y tan comprometida con esta candidatura, que es la de nuestro país, que es la de nuestra región”, agregó.

La candidatura costarricense enfrenta una etapa decisiva

La reunión se produjo apenas tres días después de la sexta consulta informal realizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 16 de octubre, en la que Grynspan consiguió nueve votos de respaldo, cinco de rechazo y una abstención.

Aunque la costarricense se mantiene entre las aspirantes con mayor apoyo, dos de los votos negativos provinieron de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, una situación que evidencia los obstáculos diplomáticos pendientes.

Para que una candidatura pueda avanzar hacia la elección formal, necesita obtener al menos nueve votos favorables de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, sin el voto negativo de ninguno de sus cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

Sin embargo, las consultas realizadas hasta ahora son de carácter informal y no constituyen una votación definitiva.

Grynspan, quien anteriormente ocupó la Vicepresidencia de Costa Rica y dirigió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), fue postulada oficialmente por el país en marzo de 2026.

Su propuesta contempla una reorganización institucional de Naciones Unidas, la reducción de duplicidades administrativas y el fortalecimiento de su capacidad para responder a los desafíos internacionales.

De concretarse su elección, Rebeca Grynspan se convertiría en la primera mujer y la primera costarricense en dirigir la ONU, un acontecimiento histórico para el país y para la representación femenina en la diplomacia internacional.

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia anunció una de las decisiones más dolorosas de su vida: renunciar, por el momento, a reencontrarse con su único nieto, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa, debido al temor de que un eventual acercamiento familiar sea utilizado para formular nuevas acusaciones contra ella o su esposo, Marco Chacón.

Durante una declaración pública acompañada por su equipo jurídico, la artista aseguró que estaba cerca de conseguir un régimen de convivencia con el menor, después de una prolongada disputa legal con Imelda Tuñón, viuda de su hijo.

Sin embargo, afirmó que recibió información sobre un supuesto plan para utilizar al niño en una acusación contra integrantes de su familia.

“Con el corazón destrozado les informo que, a escaso tiempo de que por fin se me conceda un régimen de convivencia con mi único nieto, la defensa legal de nuestra contraparte, con el propósito de evitar que esto ocurra, ha fabricado un dictamen privado”, manifestó Guardia.

La actriz sostuvo que dicho documento contendría señalamientos de presuntas agresiones contra el menor, los cuales rechazó categóricamente.

Maribel Guardia teme ser acusada durante un encuentro con su nieto

Uno de los momentos más delicados de su intervención ocurrió cuando explicó las razones que la llevaron a abandonar temporalmente sus esfuerzos por recuperar el contacto con el niño.

“Existe un plan perverso para que, al darse la primera convivencia, se pretenda utilizar nuevamente al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible”, aseguró la artista.

Guardia indicó que, según la información proporcionada por sus abogados, también existiría el riesgo de que una acusación recayera directamente sobre ella o sobre una sobrina.

“Me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr: convivir con el niño que crié desde los cero años y hasta los ocho”, expresó.

La actriz insistió en que su decisión no representa una renuncia afectiva, sino una medida de protección frente a las situaciones que asegura temer.

“No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal”, afirmó.

Su abogado denuncia presuntas irregularidades

Durante la comparecencia, el abogado Beceiro, integrante de la representación legal de Guardia, aseguró que su equipo cuenta con información que le hace sospechar de un supuesto intento de provocar nuevas denuncias penales durante el primer encuentro con el menor.

El profesional también cuestionó al representante legal de Imelda Tuñón e hizo referencias a antiguos escándalos judiciales mexicanos.

Además, anunció que continuarán las acciones relacionadas con las circunstancias de la muerte de Julián Figueroa, así como las investigaciones que consideran necesarias sobre documentos sucesorios y otros hechos que han denunciado.

“Ningún frente de los que se han iniciado va a desaparecer. Continuaremos con la integración de todos y cada uno de ellos”, advirtió.

Marco Chacón también expresa preocupación

Por su parte, Marco Chacón, esposo de la actriz, manifestó su preocupación por el sufrimiento emocional que, según explicó, ha enfrentado Guardia durante el conflicto.

“Para mí lo es en lo personal y todavía más cuando veo a mi esposa sufrir a diario, desvelarse a diario por la imposibilidad de tener un encuentro con un niño que crió desde los cero años hasta prácticamente los ocho”, expresó.

Chacón también denunció supuestas irregularidades en expedientes judiciales y manifestó temores por posibles represalias contra su familia, aunque estas sospechas no han sido corroboradas de manera independiente.

“El amor por mi nieto permanece intacto”

Al finalizar su intervención, Maribel Guardia reiteró que mantiene la esperanza de que algún día pueda recuperar la relación con su nieto.

“El amor por mi nieto permanece intacto y me lo quedaré tatuado en el alma”, manifestó.

La actriz concluyó recordando a su hijo fallecido y agradeciendo a quienes han acompañado a su familia durante el proceso.

“He pasado por momentos muy duros, la pérdida de mi hijo, pero este sin duda es uno de los momentos más dolorosos de mi vida”, expresó.

Un hombre sospechoso de integrar la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13), requerido por las autoridades de El Salvador por delitos de homicidio agravado, femicidio agravado, agrupaciones ilícitas y tentativa de robo, fue capturado este martes 20 de octubre en Costa Rica, como resultado de una operación ejecutada por la Oficina Central Nacional Interpol San José.

El detenido fue identificado como un hombre de apellido Mata, de 31 años, quien fue interceptado por agentes judiciales alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando se encontraba en plena vía pública en el cantón de Santa Bárbara de Heredia, provincia ubicada al norte de la capital costarricense.

Según la información suministrada por las autoridades, el sospechoso mantenía órdenes de captura activas en El Salvador, relacionadas con varios procesos judiciales por delitos graves.

La detención se produjo después de que la oficina de Interpol en Costa Rica recibiera las alertas internacionales emitidas por las autoridades salvadoreñas, lo que permitió ubicar al requerido y ejecutar su captura.

“Agentes de la Oficina Central Nacional Interpol San José de Costa Rica ejecutaron a eso de las diez de la mañana de este martes en Santa Bárbara de Heredia, en vía pública, la detención de un masculino de apellido Mata de treinta y un años, el cual supuestamente es miembro de la estructura terrorista Mara Salvatrucha”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Buscado por homicidio y femicidio agravados

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre es requerido por el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que mantiene órdenes de captura en su contra por tres delitos: homicidio agravado, femicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Adicionalmente, el Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador lo requiere por el delito de robo tentado, lo que evidencia la existencia de al menos dos autoridades judiciales salvadoreñas que mantienen requerimientos contra el sospechoso.

Presunta vinculación con la Mara Salvatrucha

La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, es una organización criminal transnacional surgida en Estados Unidos y extendida principalmente por países de Centroamérica, especialmente El Salvador, Honduras y Guatemala.

La estructura ha sido vinculada históricamente con delitos como homicidios, extorsiones, tráfico de drogas, amenazas y otras actividades del crimen organizado.

En el caso de Mata, las autoridades costarricenses señalaron que su presunta pertenencia a la organización forma parte de la información recibida mediante las alertas internacionales.

A disposición de las autoridades judiciales

Tras la detención, el sospechoso será presentado ante las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales derivados de los requerimientos internacionales.

“Estas alertas habían sido recibidas por parte de Interpol acá en Costa Rica y esta mañana se ejecutó su detención”, explicó la fuente judicial.

Por el momento, las autoridades no han informado si existe una solicitud formal de extradición ni han establecido una fecha para su eventual traslado a El Salvador.

El caso continúa bajo la coordinación de las autoridades judiciales costarricenses correspondientes, mientras se desarrollan los trámites en el país para atender las órdenes de captura internacionales pendientes contra el detenido y requerido por el país centroamericano.

Un impresionante arsenal de armas de fuego, ₡15 millones en efectivo (USD 32 mil), vehículos de alta gama, motocicletas valoradas en millones de colones y una lujosa propiedad figuran entre los principales hallazgos de los allanamientos realizados este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Cartago, en Costa Rica.

La operación, denominada “Caso Laden”, permitió la detención de al menos 10 personas vinculadas presuntamente con una organización dedicada a los préstamos informales “gota a gota”, cobros extorsivos y legitimación de capitales.

Los agentes judiciales ejecutaron nueve allanamientos en diferentes sectores de Cartago, principalmente en Paraíso, Birrisito, Cot y Juan Viñas, como resultado de una investigación desarrollada durante aproximadamente tres años.

Una gigantesca caja fuerte ocultaba armas y millones en efectivo

Uno de los descubrimientos más relevantes ocurrió dentro de la residencia atribuida al presunto cabecilla de la organización, donde los investigadores encontraron una caja fuerte de aproximadamente 1,80 metros de altura.

En su interior localizaron cuatro fusiles, una escopeta, una pistola y aproximadamente ₡15 millones en efectivo, según los reportes preliminares.

Entre el armamento decomisado también destacan fusiles tipo AR-15, cargadores y municiones de distintos calibres, que serán objeto de análisis para determinar su posible vinculación con hechos violentos.

Mansión de ₡100 millones, gimnasio, acuario y caballerizas

La propiedad atribuida al presunto líder, identificado como José Widier Prieto Medina, de 37 años, constituye otra de las principales líneas de investigación por el origen de los recursos utilizados para su adquisición.

Según el OIJ, el terreno habría sido comprado por aproximadamente ₡100 millones (USD 218 mil) pagados en efectivo, mientras que las inversiones posteriores en infraestructura y mejoras habrían representado una cantidad considerable de dinero.

Durante la inspección se identificaron un gimnasio privado completamente equipado, un acuario con peces exóticos, un lago artificial, una terraza tipo bar con pantallas y parrillas, caballerizas y áreas destinadas al mantenimiento de ganado.

Las autoridades investigan si estas inversiones guardan relación con las ganancias de las actividades ilícitas atribuidas al grupo.

Vehículos de lujo y motocicletas millonarias

Las diligencias también permitieron localizar vehículos de alto valor económico vinculados con el entorno patrimonial de los sospechosos.

Entre los automotores reportados figuran una Ford Raptor, un Range Rover y varias motocicletas de alta gama, incluida una Ducati con un valor registral aproximado de ₡18 millones (USD 39 mil)

La investigación busca establecer la procedencia de los fondos utilizados para adquirir estos bienes y determinar cuáles están relacionados directamente con las presuntas operaciones de legitimación de capitales.

Diez detenidos y una estructura que movilizaba millones

Entre las personas detenidas se encuentra Prieto Medina, señalado como supuesto líder de la organización “Familia Laden”, que habría movilizado entre ₡40 millones (USD 87 mil) y ₡50 millones (USD 110 mil) mensuales mediante préstamos informales.

De acuerdo con Michael Soto, director interino del OIJ, el principal sospechoso se dedicaba a reparar computadoras hace aproximadamente cuatro o cinco años, antes de experimentar un crecimiento patrimonial que ahora es investigado.

Las autoridades identificaron una estructura de aproximadamente 12 integrantes principales, con funciones relacionadas con la colocación de préstamos, cobros y administración de recursos.

Amenazas, disparos y tatuajes para identificar a sus integrantes

Según la investigación, la organización ofrecía créditos desde ₡300,000 (USD 655) hasta ₡5 millones (USD 10 mil), con intereses elevados y mecanismos de cobro que presuntamente incluían amenazas, intimidaciones y disparos contra viviendas.

Además, el supuesto cabecilla habría exigido a los integrantes tatuarse la palabra “Laden”, principalmente en el cuello, como símbolo de pertenencia a la agrupación.

Las autoridades también investigan la utilización de sociedades mercantiles, testaferros y cuentas bancarias de tercerospara adquirir propiedades y otros activos.

Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público, mientras continúan los análisis financieros, patrimoniales y balísticos.

La Universidad de Costa Rica (UCR) dio un nuevo paso en el campo de la investigación biomédica con la incorporación de su primera bioimpresora 3D, una herramienta tecnológica que permitirá desarrollar modelos de tejidos humanos y fortalecer los estudios científicos relacionados con la regeneración de huesos, ingeniería de tejidos y medicina personalizada.

El equipo, de la marca Tissuelabs, fue adquirido en noviembre de 2025 por el Laboratorio de Nanobiosistemas (Lanambios), perteneciente al Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (Cicanum), de la Facultad de Ciencias de la institución.

La adquisición representa un avance en las capacidades científicas del país, al facilitar el estudio de estructuras biológicas que reproducen algunas características de los tejidos humanos y permiten explorar nuevas alternativas para su reparación y regeneración.

Aunque esta tecnología todavía requiere importantes etapas de investigación antes de traducirse en tratamientos clínicos, abre oportunidades para que Costa Rica participe en el desarrollo de soluciones biomédicas que podrían beneficiar a pacientes en el futuro.

¿Cómo funciona la bioimpresión 3D y qué podría significar para la medicina?

La bioimpresión 3D es una tecnología que permite construir estructuras tridimensionales mediante la colocación controlada de materiales biocompatibles y, dependiendo de la aplicación, células vivas.

A diferencia de una impresora tridimensional convencional, utilizada para fabricar objetos de plástico, resina u otros materiales, las bioimpresoras están diseñadas para trabajar con componentes que pueden utilizarse en investigaciones biológicas.

Mediante este procedimiento es posible desarrollar modelos de tejidos con características específicas, facilitando el análisis de su comportamiento y la interacción entre diferentes materiales y componentes celulares.

Una de sus aplicaciones más prometedoras es la posibilidad de personalizar estructuras de tejido de acuerdo con las necesidades de cada paciente, aunque alcanzar ese objetivo de forma clínica requiere superar desafíos científicos, regulatorios y tecnológicos.

Entre los desarrollos internacionales más avanzados se encuentran los sustitutos de piel, los implantes de cartílago y los injertos óseos, tecnologías que se investigan para contribuir a la reparación de tejidos dañados.

La regeneración de huesos, uno de los principales objetivos

El doctor Leonardo Lesser Rojas, investigador del Cicanum y responsable de impulsar las acciones relacionadas con la nueva bioimpresora, explicó que la iniciativa surgió de investigaciones desarrolladas conjuntamente con otros grupos de la UCR e instituciones nacionales.

El propósito inicial consistió en encontrar alternativas que permitieran aplicar los conocimientos de ingeniería y ciencia de materiales a la recuperación de tejidos humanos.

“¿Cómo se puede utilizar la ingeniería y la ciencia de materiales para desarrollar alternativas para la regeneración de tejidos, particularmente el tejido óseo?”, planteó el investigador al explicar el origen del proyecto.

La incorporación del equipo permitirá fortalecer estudios que ya se desarrollan en áreas como biofísica, biomateriales, microfluídica y bioingeniería.

Según Lesser, una de las principales ventajas será avanzar desde el análisis aislado de materiales hacia la construcción de estructuras que reproduzcan de manera más cercana las condiciones presentes en los tejidos humanos.

“La bioimpresora nos permitirá pasar de estudiar únicamente el material, a estudiar sistemas mucho más cercanos a lo que ocurre en un tejido real, así como abrir puertas a nuevas investigaciones en ingeniería de tejidos, regeneración ósea, modelos de tejidos, entre otras áreas factibles”, enfatizó.

Un proyecto que busca integrar órganos en chips y tejidos artificiales

La universidad también inscribió ante su Vicerrectoría de Investigación el primer proyecto piloto vinculado con la tecnología, denominado “Desarrollo de plataforma integrada de bioimpresión 3D y sistemas organ-on-chip”.

La iniciativa pretende consolidar una plataforma institucional que combine la fabricación de modelos biológicos tridimensionales con sistemas conocidos como órganos en chip, dispositivos capaces de reproducir determinadas funciones y condiciones de órganos humanos a pequeña escala.

Estas tecnologías pueden utilizarse para investigar enfermedades, evaluar el comportamiento de células y estudiar las respuestas de los tejidos ante distintos estímulos.

El proyecto integrará investigación aplicada, formación académica y prestación de servicios tecnológicos, con posibilidades de colaboración tanto dentro como fuera de la universidad.

Además, se contempla que, en el futuro, la plataforma pueda ofrecer servicios especializados a empresas e instituciones interesadas en desarrollar investigaciones mediante estas herramientas.

Estudiantes costarricenses ya reciben capacitación

La iniciativa también contempla la formación de nuevos profesionales especializados en tecnologías biomédicas.

Actualmente, las estudiantes de último año de la carrera de Física, Estefany García y María José Víquez participan en procesos de capacitación relacionados con el funcionamiento y las aplicaciones de la bioimpresora.

La intención es que el equipo funcione como una herramienta compartida por diferentes grupos de investigación, permitiendo impulsar proyectos interdisciplinarios y ampliar las oportunidades de cooperación científica.

“El objetivo es que esta inversión no beneficie solamente a un proyecto o a un grupo de personas investigadoras, sino que el equipo se convierta en una plataforma de investigación”, señaló Lesser.

El académico destacó que también se busca “desarrollar nuevos proyectos, formar estudiantes y jóvenes investigadores, atraer colaboraciones nacionales e internacionales y generar conocimiento y tecnologías desde nuestro país”.

Costa Rica busca fortalecer su investigación biomédica

La nueva infraestructura permitirá estrechar los vínculos entre diferentes escuelas, centros de investigación e instituciones nacionales e internacionales.

Asimismo, abre oportunidades para establecer colaboraciones con la industria costarricense, mediante proyectos de investigación y servicios científicos especializados.

No obstante, la universidad aclaró que el alcance de esta incorporación no se limita a disponer de un equipo tecnológico, sino a construir capacidades científicas sostenibles.

“Se trata de incorporar una herramienta que posibilita construir y estudiar sistemas biológicos cada vez más parecidos a los tejidos reales”, expresó Lesser.

El investigador subrayó que el desarrollo de proyectos en distintas disciplinas y la transferencia del conocimiento a la sociedad serán fundamentales para aprovechar esta inversión.

Con esta incorporación, la UCR busca ampliar la investigación nacional en bioingeniería, regeneración de tejidos y tecnologías biomédicas, campos que podrían contribuir al desarrollo de futuras soluciones médicas diseñadas de acuerdo con las necesidades de los pacientes.

Cientos de estudiantes, profesores, trabajadores universitarios y representantes de organizaciones sindicales protagonizan este martes una multitudinaria manifestación en Costa Rica, en rechazo a los recortes presupuestarios propuestos para las universidades públicas y otras instituciones educativas del país.

La movilización, denominada “Gran Marcha Nacional en Defensa de la Educación”, comenzó pasadas las 9:30 de la mañana en la Fuente de la Hispanidad, ubicada en San Pedro de Montes de Oca, y avanzó hacia la Asamblea Legislativa, en el centro de San José.

Los participantes exigieron a los diputados reconsiderar las reducciones contempladas en el Presupuesto Nacional de 2027, al advertir que podrían afectar directamente las becas estudiantiles, los cupos de ingreso, la investigación y el funcionamiento de las sedes universitarias regionales.

La protesta fue convocada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), que agrupa a la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED)y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

A la movilización también se sumaron organizaciones sociales, representantes de sectores productivos, sindicatos, dirigentes políticos y ciudadanos que expresaron su preocupación por el financiamiento de los servicios públicos.

Un recorte de más de ₡8,000 millones intensificó el conflicto

La manifestación ocurrió pocas horas después de que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobara una moción impulsada por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) para reducir ₡8,048 millones (USD 17 millones) del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) correspondiente a 2027.

La iniciativa obtuvo seis votos a favor y cinco en contra durante la noche del lunes 19 de octubre, luego de que el oficialismo solicitara revisar una votación anterior en la que la propuesta había sido rechazada.

Los recursos recortados serían trasladados al Ministerio de Educación Pública (MEP) para atender obligaciones relacionadas con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

El movimiento universitario también cuestiona que la propuesta presupuestaria del Gobierno de Laura Fernández Delgado no contemple un incremento del FEES respecto al año anterior, lo que, según los rectores, comprometería la capacidad de las instituciones para responder a la creciente demanda educativa.

Además, las autoridades universitarias han advertido sobre reducciones adicionales para programas específicos, entre ellos ₡462 millones destinados a las olimpiadas científicas.

Expresidente Luis Guillermo Solís se sumó a la protesta

Entre los participantes destacó el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), quien cuestionó las políticas presupuestarias de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional y presidente de Conare, Jorge Herrera Murillo, explicó que el movimiento busca proteger el acceso a la educación superior, especialmente para quienes residen fuera del Gran Área Metropolitana.

“Será una marcha para defender las oportunidades y posibilidades de quienes viven en las distintas regiones del país para que puedan tener acceso a la educación superior”, afirmó Herrera.

Universidades advierten sobre consecuencias en becas y sedes regionales

Uno de los principales puntos de preocupación es el impacto que los ajustes presupuestarios podrían provocar en las sedes regionales, donde miles de jóvenes dependen de la oferta universitaria pública para continuar sus estudios.

Las autoridades del Tecnológico de Costa Rica han advertido sobre posibles afectaciones a su sede de Limón, mientras que el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, cuestionó esos señalamientos y acusó a la rectora de ejercer “extorsión política”, declaraciones que ella rechazó.

En medio de la jornada, la Universidad de Costa Rica autorizó a estudiantes, docentes y funcionarios administrativos a participar en la movilización y dispuso la suspensión de evaluaciones académicas entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., con su respectiva reprogramación.

Las manifestaciones también se extendieron a otras regiones del territorio nacional, mientras los sectores universitarios mantienen su llamado a los legisladores para que reconsideren los recortes.

La reducción de ₡8,048 millones (USD 17 millones), aprobada en comisión, todavía debe superar el trámite del presupuesto nacional en el Plenario Legislativo antes de quedar definitivamente incorporada al plan de gastos de 2027.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, participó en la destrucción de más de 9,300 armas de fuego en las instalaciones del Arsenal Nacional, durante una actividad organizada por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública.

El procedimiento, que contempló oficialmente la destrucción de 9,372 armas, constituye la primera actividad de este tipo desarrollada durante la administración Fernández Delgado y forma parte de los esfuerzos gubernamentales para renovar el armamento de los cuerpos policiales, liberar espacios de almacenamiento y actualizar los inventarios estatales.

La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, los viceministros Nelson Barquero, Gerardo Castaing y Carolina Castro, así como directores de diferentes cuerpos policiales.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, la destrucción corresponde principalmente a armamento propiedad del Estado que se encontraba en desuso, en malas condiciones o que había quedado obsoleto para las necesidades operativas actuales.

La institución también confirmó que una parte de las armas eliminadas había sido decomisada y contaba con las resoluciones correspondientes para proceder con su destrucción definitiva.

Esta primera jornada busca contribuir a la reorganización del arsenal estatal, especialmente ante los planes gubernamentales para sustituir equipos antiguos por herramientas que respondan a las condiciones y necesidades de los oficiales.

La eliminación del armamento constituye una medida de control institucional destinada a garantizar que las armas descartadas no vuelvan a utilizarse y que los registros del Estado reflejen adecuadamente las existencias disponibles.

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que se prevén nuevas jornadas de destrucción durante la administración Fernández Delgado.

Gobierno prepara compra de nuevas armas para los oficiales

Uno de los objetivos de la actividad es facilitar el proceso de modernización del equipamiento policial que actualmente impulsa el Ministerio de Seguridad Pública.

La institución confirmó que trabaja en una nueva compra de armas de fuego destinadas a los oficiales de los diferentes cuerpos policiales.

La adquisición busca renovar parte del armamento utilizado en las labores de seguridad y sustituir equipos que, por su antigüedad o deterioro, ya no cumplen adecuadamente con los requerimientos operativos.

En este contexto, la destrucción de miles de armas permitirá liberar espacio en el Arsenal Nacional, donde se almacena parte del armamento bajo responsabilidad de las autoridades.

Destrucción también modifica los inventarios de seguridad privada

La eliminación del armamento estatal tiene implicaciones que van más allá de la reorganización de las bodegas policiales.

Según explicó la Dirección General de Armamento, el proceso contribuye al control de los inventarios de las empresas de seguridad privada, debido a la relación que establece la legislación entre la cantidad de armas propiedad del Estado y los límites autorizados para esas compañías.

De acuerdo con la institución, el inventario permitido para las empresas de seguridad privada corresponde al 1 % del arsenal estatal, por lo que mantener registros actualizados resulta fundamental para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.

En consecuencia, retirar oficialmente las armas que han quedado fuera de servicio permite contar con un inventario más preciso y fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre la tenencia de armamento.

Otras 12,694 armas permanecen pendientes de destrucción

A pesar de las miles de armas eliminadas durante la actividad en la que participó la presidenta, las autoridades reconocieron que existe una cantidad todavía mayor de armamento pendiente de completar los procedimientos legales necesarios para su destrucción.

Actualmente, la bodega de evidencias judiciales mantiene 12,694 armas de fuego a la espera de las respectivas actas de destrucción.

De esa cantidad, 11.084 corresponden a armas cortas, mientras que 1.610 son armas largas.

El Ministerio de Seguridad Pública señaló que es fundamental agilizar la coordinación con las fiscalías y los juzgados, instituciones encargadas de intervenir en los trámites necesarios para autorizar la disposición final de estas piezas.

La destrucción de armas vinculadas con procesos judiciales requiere cumplir previamente los procedimientos correspondientes, especialmente cuando los objetos han sido incorporados como evidencia en investigaciones penales.

Por esta razón, aunque las armas se encuentren almacenadas y fuera de circulación, no todas pueden eliminarse inmediatamente.

Las autoridades consideran necesario avanzar con estos trámites para liberar capacidad de almacenamiento y mantener un control adecuado del armamento bajo custodia estatal.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó este lunes 19 de octubre de 2026, en segundo y último debate, el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una de las principales iniciativas de reforma energética promovidas por el Gobierno, después de que no consiguiera los 38 votos necesarios para su aprobación definitiva.

El expediente 23.414 recibió 31 votos a favor y 23 en contra, resultado que provocó su archivo y puso fin a un proceso legislativo de casi cuatro años, marcado por diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el futuro del mercado eléctrico costarricense.

La propuesta, presentada durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles y respaldada por el actual Gobierno de Laura Fernández Delgado, buscaba transformar las reglas de generación y comercialización de electricidad, ampliar la participación de empresas privadas y modificar el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dentro del sistema nacional.

Aunque la iniciativa había sido aprobada en primer debate el 26 de mayo de 2026, con 27 votos favorables y 24 negativos, la segunda votación requería una mayoría calificada que el oficialismo no consiguió reunir.

¿Quiénes votaron a favor y quiénes rechazaron el proyecto?

La votación evidenció las diferencias entre las principales fuerzas políticas del Congreso.

Los 30 diputados presentes del Partido Pueblo Soberano (PPSO) respaldaron la iniciativa, junto con Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien fue la única legisladora ajena al oficialismo que votó favorablemente.

Por el contrario, los 15 diputados presentes del Partido Liberación Nacional (PLN), los siete representantes del Frente Amplio y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), se pronunciaron en contra.

Tres legisladores estuvieron ausentes.

La propuesta necesitaba al menos 38 votos porque contemplaba la creación de una nueva institución autónoma, lo que exige el respaldo de dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Legislativa.

Por esa razón, pese a recibir más votos favorables que negativos, la iniciativa no pudo convertirse en ley.

¿Qué pretendía cambiar la armonización eléctrica?

El proyecto buscaba introducir modificaciones profundas en la organización del sector energético mediante la creación de un Mercado Eléctrico Nacional (MEN).

Esta estructura habría permitido que empresas públicas, generadores privados, cooperativas, comercializadoras, distribuidoras y grandes consumidores participaran en operaciones de compra y venta de electricidad, bajo condiciones legales y regulatorias.

Uno de los principales cambios consistía en que determinados consumidores de gran tamaño pudieran negociar directamente el suministro eléctrico con generadores autorizados.

Asimismo, contemplaba la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), una institución autónoma que asumiría funciones de coordinación, operación y administración del sistema eléctrico actualmente concentradas en el ICE.

Sus promotores defendían la propuesta como una oportunidad para incrementar la competitividad, atraer inversión privada, diversificar las fuentes de generación y responder al crecimiento de la demanda energética.

Sin embargo, sectores opositores cuestionaban la posible pérdida de atribuciones del ICE y advertían sobre riesgos para las tarifas y el modelo de acceso universal a la electricidad.

Negociaciones políticas fracasaron antes de la votación

En los días previos al segundo debate, el oficialismo intentó conseguir el respaldo de diputados liberacionistas para alcanzar los votos necesarios.

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, y el subjefe Juan Manuel Quesada afirmaron que habían mantenido conversaciones con siete diputados del PLN y que existían entendimientos sobre modificaciones futuras al sistema eléctrico.

Entre los planteamientos discutidos figuraban reformas relacionadas con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) y mecanismos de solidaridad tarifaria.

Sin embargo, las negociaciones se complicaron cuando Liberación Nacional condicionó su continuidad a que el Gobierno atendiera los reclamos por los recortes presupuestarios propuestos para las universidades públicas.

El jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, negó que existiera un acuerdo firmado que comprometiera los votos de sus diputados.

Finalmente, ninguno de los congresistas verdiblancos presentes respaldó el expediente.

Oficialismo responsabiliza a la oposición por el fracaso

Tras conocerse el resultado, Nogui Acosta cuestionó duramente a los partidos que rechazaron la reforma.

“Hoy queda claramente establecido quiénes están a favor del progreso del país y quiénes defienden el status quo”, manifestó el jefe de fracción oficialista.

El legislador sostuvo que la reforma era necesaria para mejorar la capacidad energética del país y atraer empresas internacionales.

Desde la perspectiva del oficialismo, el rechazo representa una oportunidad perdida para fortalecer la competitividad, generar empleos y ampliar las opciones de abastecimiento eléctrico.

Acosta también rechazó que la propuesta buscara debilitar al ICE, argumentando que la institución continuaría desempeñando un papel relevante como generadora de electricidad.

Diputada que votó a favor también criticó al Gobierno

Una de las reacciones más llamativas fue la de Abril Gordienko, quien, pese a respaldar la iniciativa, responsabilizó al Ejecutivo por no conseguir los acuerdos necesarios.

“Si hoy no hay armonización, los únicos responsables son el gobierno de doña Laura Fernández y la fracción de Pueblo Soberano”, declaró la legisladora.

Gordienko cuestionó que el oficialismo no mostrara suficiente disposición para incorporar observaciones de otras bancadas, pese a que sí había negociado modificaciones en otros proyectos.

La congresista también manifestó preocupación por las condiciones del sistema eléctrico y la necesidad de fortalecer la planificación energética del país.

Liberación Nacional plantea una reforma alternativa

Por su parte, Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, defendió la decisión de su bancada y sostuvo que rechazar el expediente no significa oponerse a la modernización del sistema energético.

El partido presentó cuatro proyectos alternativos para reformar el sector eléctrico, con el propósito de mantener al ICE como eje del modelo nacional y permitir cambios que, según la agrupación, protejan la solidaridad y la sostenibilidad.

Entre estas propuestas figura el expediente 25.781, Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional.

Los liberacionistas plantean continuar las conversaciones para construir una reforma que consiga mayor respaldo legislativo.

¿Qué ocurrirá ahora con el sistema eléctrico costarricense?

El rechazo significa que no entrarán en vigor las modificaciones contempladas en el expediente 23.414.

Por lo tanto, no se creará el Mercado Eléctrico Nacional bajo el modelo propuesto ni el Ecosen, y el ICE conservará las funciones que la iniciativa pretendía trasladar.

Esto no implica que Costa Rica se quede sin suministro eléctrico ni que las tarifas aumenten automáticamente por el resultado de la votación. Los precios y la seguridad del abastecimiento dependen de múltiples factores, entre ellos la generación disponible, los costos operativos y las condiciones climáticas.

La discusión sobre la modernización del sistema energético podrá continuar mediante nuevas iniciativas legislativas.

Con esta decisión, el Congreso cerró uno de los debates económicos y políticos más relevantes del año, mientras permanece abierta la discusión sobre cómo garantizar electricidad suficiente, confiable y a precios competitivos para los hogares y las empresas costarricenses.