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Received — 20 October 2026 ⏭ Infobae - Argentina

Costa Rica da un paso hacia la creación de tejidos humanos con una nueva bioimpresora 3D de la UCR

20 October 2026 at 21:43
La Universidad de Costa Rica (UCR) incorporó una bioimpresora 3D que permitirá ampliar las investigaciones científicas relacionadas con la creación y regeneración de tejidos humanos. Crédito: UCR

La Universidad de Costa Rica (UCR) dio un nuevo paso en el campo de la investigación biomédica con la incorporación de su primera bioimpresora 3D, una herramienta tecnológica que permitirá desarrollar modelos de tejidos humanos y fortalecer los estudios científicos relacionados con la regeneración de huesos, ingeniería de tejidos y medicina personalizada.

El equipo, de la marca Tissuelabs, fue adquirido en noviembre de 2025 por el Laboratorio de Nanobiosistemas (Lanambios), perteneciente al Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (Cicanum), de la Facultad de Ciencias de la institución.

La adquisición representa un avance en las capacidades científicas del país, al facilitar el estudio de estructuras biológicas que reproducen algunas características de los tejidos humanos y permiten explorar nuevas alternativas para su reparación y regeneración.

Aunque esta tecnología todavía requiere importantes etapas de investigación antes de traducirse en tratamientos clínicos, abre oportunidades para que Costa Rica participe en el desarrollo de soluciones biomédicas que podrían beneficiar a pacientes en el futuro.

¿Cómo funciona la bioimpresión 3D y qué podría significar para la medicina?

La bioimpresión 3D es una tecnología que permite construir estructuras tridimensionales mediante la colocación controlada de materiales biocompatibles y, dependiendo de la aplicación, células vivas.

A diferencia de una impresora tridimensional convencional, utilizada para fabricar objetos de plástico, resina u otros materiales, las bioimpresoras están diseñadas para trabajar con componentes que pueden utilizarse en investigaciones biológicas.

Mediante este procedimiento es posible desarrollar modelos de tejidos con características específicas, facilitando el análisis de su comportamiento y la interacción entre diferentes materiales y componentes celulares.

Una de sus aplicaciones más prometedoras es la posibilidad de personalizar estructuras de tejido de acuerdo con las necesidades de cada paciente, aunque alcanzar ese objetivo de forma clínica requiere superar desafíos científicos, regulatorios y tecnológicos.

Entre los desarrollos internacionales más avanzados se encuentran los sustitutos de piel, los implantes de cartílago y los injertos óseos, tecnologías que se investigan para contribuir a la reparación de tejidos dañados.

El Laboratorio de Nanobiosistemas (Lanambios) adquirió en noviembre de 2025 una bioimpresora de la marca Tissuelabs, destinada al desarrollo de modelos biológicos y nuevas aplicaciones biomédicas. Crédito: UCR

La regeneración de huesos, uno de los principales objetivos

El doctor Leonardo Lesser Rojas, investigador del Cicanum y responsable de impulsar las acciones relacionadas con la nueva bioimpresora, explicó que la iniciativa surgió de investigaciones desarrolladas conjuntamente con otros grupos de la UCR e instituciones nacionales.

El propósito inicial consistió en encontrar alternativas que permitieran aplicar los conocimientos de ingeniería y ciencia de materiales a la recuperación de tejidos humanos.

“¿Cómo se puede utilizar la ingeniería y la ciencia de materiales para desarrollar alternativas para la regeneración de tejidos, particularmente el tejido óseo?”, planteó el investigador al explicar el origen del proyecto.

La incorporación del equipo permitirá fortalecer estudios que ya se desarrollan en áreas como biofísica, biomateriales, microfluídica y bioingeniería.

Según Lesser, una de las principales ventajas será avanzar desde el análisis aislado de materiales hacia la construcción de estructuras que reproduzcan de manera más cercana las condiciones presentes en los tejidos humanos.

“La bioimpresora nos permitirá pasar de estudiar únicamente el material, a estudiar sistemas mucho más cercanos a lo que ocurre en un tejido real, así como abrir puertas a nuevas investigaciones en ingeniería de tejidos, regeneración ósea, modelos de tejidos, entre otras áreas factibles”, enfatizó.

La tecnología de bioimpresión 3D abre posibilidades para desarrollar sustitutos de piel, estructuras de cartílago e injertos óseos, aplicaciones que avanzan en distintas etapas de investigación y desarrollo clínico internacional. Crédito: UCR

Un proyecto que busca integrar órganos en chips y tejidos artificiales

La universidad también inscribió ante su Vicerrectoría de Investigación el primer proyecto piloto vinculado con la tecnología, denominado “Desarrollo de plataforma integrada de bioimpresión 3D y sistemas organ-on-chip”.

La iniciativa pretende consolidar una plataforma institucional que combine la fabricación de modelos biológicos tridimensionales con sistemas conocidos como órganos en chip, dispositivos capaces de reproducir determinadas funciones y condiciones de órganos humanos a pequeña escala.

Estas tecnologías pueden utilizarse para investigar enfermedades, evaluar el comportamiento de células y estudiar las respuestas de los tejidos ante distintos estímulos.

El proyecto integrará investigación aplicada, formación académica y prestación de servicios tecnológicos, con posibilidades de colaboración tanto dentro como fuera de la universidad.

Además, se contempla que, en el futuro, la plataforma pueda ofrecer servicios especializados a empresas e instituciones interesadas en desarrollar investigaciones mediante estas herramientas.

Estudiantes reciben capacitación especializada en bioimpresión 3D, como parte de la formación de nuevas generaciones de investigadores costarricenses. Crédito: UCR

Estudiantes costarricenses ya reciben capacitación

La iniciativa también contempla la formación de nuevos profesionales especializados en tecnologías biomédicas.

Actualmente, las estudiantes de último año de la carrera de Física, Estefany García y María José Víquez participan en procesos de capacitación relacionados con el funcionamiento y las aplicaciones de la bioimpresora.

La intención es que el equipo funcione como una herramienta compartida por diferentes grupos de investigación, permitiendo impulsar proyectos interdisciplinarios y ampliar las oportunidades de cooperación científica.

“El objetivo es que esta inversión no beneficie solamente a un proyecto o a un grupo de personas investigadoras, sino que el equipo se convierta en una plataforma de investigación”, señaló Lesser.

El académico destacó que también se busca “desarrollar nuevos proyectos, formar estudiantes y jóvenes investigadores, atraer colaboraciones nacionales e internacionales y generar conocimiento y tecnologías desde nuestro país”.

Costa Rica busca fortalecer su investigación biomédica

La nueva infraestructura permitirá estrechar los vínculos entre diferentes escuelas, centros de investigación e instituciones nacionales e internacionales.

Asimismo, abre oportunidades para establecer colaboraciones con la industria costarricense, mediante proyectos de investigación y servicios científicos especializados.

No obstante, la universidad aclaró que el alcance de esta incorporación no se limita a disponer de un equipo tecnológico, sino a construir capacidades científicas sostenibles.

“Se trata de incorporar una herramienta que posibilita construir y estudiar sistemas biológicos cada vez más parecidos a los tejidos reales”, expresó Lesser.

El investigador subrayó que el desarrollo de proyectos en distintas disciplinas y la transferencia del conocimiento a la sociedad serán fundamentales para aprovechar esta inversión.

Con esta incorporación, la UCR busca ampliar la investigación nacional en bioingeniería, regeneración de tejidos y tecnologías biomédicas, campos que podrían contribuir al desarrollo de futuras soluciones médicas diseñadas de acuerdo con las necesidades de los pacientes.

Costa Rica vive jornada de protestas: universitarios toman las calles contra recorte de más de USD 17 millones a las universidades públicas

20 October 2026 at 19:15
Cientos de estudiantes universitarios salieron a las calles de San José este martes 20 de octubre para protestar contra los recortes presupuestarios a la educación pública. Crédito: UNA Comunica

Cientos de estudiantes, profesores, trabajadores universitarios y representantes de organizaciones sindicales protagonizan este martes una multitudinaria manifestación en Costa Rica, en rechazo a los recortes presupuestarios propuestos para las universidades públicas y otras instituciones educativas del país.

La movilización, denominada “Gran Marcha Nacional en Defensa de la Educación”, comenzó pasadas las 9:30 de la mañana en la Fuente de la Hispanidad, ubicada en San Pedro de Montes de Oca, y avanzó hacia la Asamblea Legislativa, en el centro de San José.

Los participantes exigieron a los diputados reconsiderar las reducciones contempladas en el Presupuesto Nacional de 2027, al advertir que podrían afectar directamente las becas estudiantiles, los cupos de ingreso, la investigación y el funcionamiento de las sedes universitarias regionales.

La protesta fue convocada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), que agrupa a la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED)y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

A la movilización también se sumaron organizaciones sociales, representantes de sectores productivos, sindicatos, dirigentes políticos y ciudadanos que expresaron su preocupación por el financiamiento de los servicios públicos.

Un recorte de más de ₡8,000 millones intensificó el conflicto

La manifestación ocurrió pocas horas después de que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobara una moción impulsada por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) para reducir ₡8,048 millones (USD 17 millones) del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) correspondiente a 2027.

La iniciativa obtuvo seis votos a favor y cinco en contra durante la noche del lunes 19 de octubre, luego de que el oficialismo solicitara revisar una votación anterior en la que la propuesta había sido rechazada.

Los recursos recortados serían trasladados al Ministerio de Educación Pública (MEP) para atender obligaciones relacionadas con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

El movimiento universitario también cuestiona que la propuesta presupuestaria del Gobierno de Laura Fernández Delgado no contemple un incremento del FEES respecto al año anterior, lo que, según los rectores, comprometería la capacidad de las instituciones para responder a la creciente demanda educativa.

Además, las autoridades universitarias han advertido sobre reducciones adicionales para programas específicos, entre ellos ₡462 millones destinados a las olimpiadas científicas.

Los manifestantes rechazan una reducción de ₡8.048 millones al financiamiento universitario, aprobada en una comisión legislativa. Crédito: UNA Comunica

Expresidente Luis Guillermo Solís se sumó a la protesta

Entre los participantes destacó el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), quien cuestionó las políticas presupuestarias de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional y presidente de Conare, Jorge Herrera Murillo, explicó que el movimiento busca proteger el acceso a la educación superior, especialmente para quienes residen fuera del Gran Área Metropolitana.

“Será una marcha para defender las oportunidades y posibilidades de quienes viven en las distintas regiones del país para que puedan tener acceso a la educación superior”, afirmó Herrera.

La concentración llegó hasta las afueras de la Asamblea Legislativa. Crédito: CRHOY

Universidades advierten sobre consecuencias en becas y sedes regionales

Uno de los principales puntos de preocupación es el impacto que los ajustes presupuestarios podrían provocar en las sedes regionales, donde miles de jóvenes dependen de la oferta universitaria pública para continuar sus estudios.

Las autoridades del Tecnológico de Costa Rica han advertido sobre posibles afectaciones a su sede de Limón, mientras que el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, cuestionó esos señalamientos y acusó a la rectora de ejercer “extorsión política”, declaraciones que ella rechazó.

En medio de la jornada, la Universidad de Costa Rica autorizó a estudiantes, docentes y funcionarios administrativos a participar en la movilización y dispuso la suspensión de evaluaciones académicas entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., con su respectiva reprogramación.

La movilización comenzó en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, y avanzó hacia la Asamblea Legislativa. Crédito: UNA Comunica

Las manifestaciones también se extendieron a otras regiones del territorio nacional, mientras los sectores universitarios mantienen su llamado a los legisladores para que reconsideren los recortes.

La reducción de ₡8,048 millones (USD 17 millones), aprobada en comisión, todavía debe superar el trámite del presupuesto nacional en el Plenario Legislativo antes de quedar definitivamente incorporada al plan de gastos de 2027.

Laura Fernández participó en la destrucción de más de 9,300 armas de fuego en Costa Rica

20 October 2026 at 04:41
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, participó en la destrucción de más de 9.300 armas de fuego durante una actividad realizada en el Arsenal Nacional. Crédito: Captura video MSP

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, participó en la destrucción de más de 9,300 armas de fuego en las instalaciones del Arsenal Nacional, durante una actividad organizada por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública.

El procedimiento, que contempló oficialmente la destrucción de 9,372 armas, constituye la primera actividad de este tipo desarrollada durante la administración Fernández Delgado y forma parte de los esfuerzos gubernamentales para renovar el armamento de los cuerpos policiales, liberar espacios de almacenamiento y actualizar los inventarios estatales.

La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, los viceministros Nelson Barquero, Gerardo Castaing y Carolina Castro, así como directores de diferentes cuerpos policiales.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, la destrucción corresponde principalmente a armamento propiedad del Estado que se encontraba en desuso, en malas condiciones o que había quedado obsoleto para las necesidades operativas actuales.

La institución también confirmó que una parte de las armas eliminadas había sido decomisada y contaba con las resoluciones correspondientes para proceder con su destrucción definitiva.

Esta primera jornada busca contribuir a la reorganización del arsenal estatal, especialmente ante los planes gubernamentales para sustituir equipos antiguos por herramientas que respondan a las condiciones y necesidades de los oficiales.

La eliminación del armamento constituye una medida de control institucional destinada a garantizar que las armas descartadas no vuelvan a utilizarse y que los registros del Estado reflejen adecuadamente las existencias disponibles.

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que se prevén nuevas jornadas de destrucción durante la administración Fernández Delgado.

La Dirección General de Armamento realizó la primera destrucción de armas de fuego de la administración Fernández Delgado, como parte de un proceso de renovación del arsenal policial. Crédito: Captura video MSP

Gobierno prepara compra de nuevas armas para los oficiales

Uno de los objetivos de la actividad es facilitar el proceso de modernización del equipamiento policial que actualmente impulsa el Ministerio de Seguridad Pública.

La institución confirmó que trabaja en una nueva compra de armas de fuego destinadas a los oficiales de los diferentes cuerpos policiales.

La adquisición busca renovar parte del armamento utilizado en las labores de seguridad y sustituir equipos que, por su antigüedad o deterioro, ya no cumplen adecuadamente con los requerimientos operativos.

En este contexto, la destrucción de miles de armas permitirá liberar espacio en el Arsenal Nacional, donde se almacena parte del armamento bajo responsabilidad de las autoridades.

Destrucción también modifica los inventarios de seguridad privada

La eliminación del armamento estatal tiene implicaciones que van más allá de la reorganización de las bodegas policiales.

Según explicó la Dirección General de Armamento, el proceso contribuye al control de los inventarios de las empresas de seguridad privada, debido a la relación que establece la legislación entre la cantidad de armas propiedad del Estado y los límites autorizados para esas compañías.

De acuerdo con la institución, el inventario permitido para las empresas de seguridad privada corresponde al 1 % del arsenal estatal, por lo que mantener registros actualizados resulta fundamental para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.

En consecuencia, retirar oficialmente las armas que han quedado fuera de servicio permite contar con un inventario más preciso y fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre la tenencia de armamento.

Laura Fernández acompañó a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública durante el procedimiento de destrucción de armamento estatal que había quedado fuera de servicio. Crédito: Captura video MSP

Otras 12,694 armas permanecen pendientes de destrucción

A pesar de las miles de armas eliminadas durante la actividad en la que participó la presidenta, las autoridades reconocieron que existe una cantidad todavía mayor de armamento pendiente de completar los procedimientos legales necesarios para su destrucción.

Actualmente, la bodega de evidencias judiciales mantiene 12,694 armas de fuego a la espera de las respectivas actas de destrucción.

De esa cantidad, 11.084 corresponden a armas cortas, mientras que 1.610 son armas largas.

El Ministerio de Seguridad Pública señaló que es fundamental agilizar la coordinación con las fiscalías y los juzgados, instituciones encargadas de intervenir en los trámites necesarios para autorizar la disposición final de estas piezas.

La destrucción de armas vinculadas con procesos judiciales requiere cumplir previamente los procedimientos correspondientes, especialmente cuando los objetos han sido incorporados como evidencia en investigaciones penales.

Por esta razón, aunque las armas se encuentren almacenadas y fuera de circulación, no todas pueden eliminarse inmediatamente.

Las autoridades consideran necesario avanzar con estos trámites para liberar capacidad de almacenamiento y mantener un control adecuado del armamento bajo custodia estatal.

Costa Rica rechaza histórica reforma eléctrica en segundo debate: proyecto del Gobierno fue archivado al no alcanzar votos

20 October 2026 at 04:37
Varias torres de telecomunicaciones y un poste de tendido eléctrico operan sobre una cima montañosa rodeada de vegetación y nubes en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó este lunes 19 de octubre de 2026, en segundo y último debate, el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una de las principales iniciativas de reforma energética promovidas por el Gobierno, después de que no consiguiera los 38 votos necesarios para su aprobación definitiva.

El expediente 23.414 recibió 31 votos a favor y 23 en contra, resultado que provocó su archivo y puso fin a un proceso legislativo de casi cuatro años, marcado por diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el futuro del mercado eléctrico costarricense.

La propuesta, presentada durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles y respaldada por el actual Gobierno de Laura Fernández Delgado, buscaba transformar las reglas de generación y comercialización de electricidad, ampliar la participación de empresas privadas y modificar el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dentro del sistema nacional.

Aunque la iniciativa había sido aprobada en primer debate el 26 de mayo de 2026, con 27 votos favorables y 24 negativos, la segunda votación requería una mayoría calificada que el oficialismo no consiguió reunir.

¿Quiénes votaron a favor y quiénes rechazaron el proyecto?

La votación evidenció las diferencias entre las principales fuerzas políticas del Congreso.

Los 30 diputados presentes del Partido Pueblo Soberano (PPSO) respaldaron la iniciativa, junto con Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien fue la única legisladora ajena al oficialismo que votó favorablemente.

Por el contrario, los 15 diputados presentes del Partido Liberación Nacional (PLN), los siete representantes del Frente Amplio y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), se pronunciaron en contra.

Tres legisladores estuvieron ausentes.

La propuesta necesitaba al menos 38 votos porque contemplaba la creación de una nueva institución autónoma, lo que exige el respaldo de dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Legislativa.

Por esa razón, pese a recibir más votos favorables que negativos, la iniciativa no pudo convertirse en ley.

Un total de 31 diputados votaron a favor y 23 en contra del expediente 23.414, cuyo rechazo en segundo debate provocó su archivo definitivo.

¿Qué pretendía cambiar la armonización eléctrica?

El proyecto buscaba introducir modificaciones profundas en la organización del sector energético mediante la creación de un Mercado Eléctrico Nacional (MEN).

Esta estructura habría permitido que empresas públicas, generadores privados, cooperativas, comercializadoras, distribuidoras y grandes consumidores participaran en operaciones de compra y venta de electricidad, bajo condiciones legales y regulatorias.

Uno de los principales cambios consistía en que determinados consumidores de gran tamaño pudieran negociar directamente el suministro eléctrico con generadores autorizados.

Asimismo, contemplaba la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), una institución autónoma que asumiría funciones de coordinación, operación y administración del sistema eléctrico actualmente concentradas en el ICE.

Sus promotores defendían la propuesta como una oportunidad para incrementar la competitividad, atraer inversión privada, diversificar las fuentes de generación y responder al crecimiento de la demanda energética.

Sin embargo, sectores opositores cuestionaban la posible pérdida de atribuciones del ICE y advertían sobre riesgos para las tarifas y el modelo de acceso universal a la electricidad.

Negociaciones políticas fracasaron antes de la votación

En los días previos al segundo debate, el oficialismo intentó conseguir el respaldo de diputados liberacionistas para alcanzar los votos necesarios.

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, y el subjefe Juan Manuel Quesada afirmaron que habían mantenido conversaciones con siete diputados del PLN y que existían entendimientos sobre modificaciones futuras al sistema eléctrico.

Entre los planteamientos discutidos figuraban reformas relacionadas con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) y mecanismos de solidaridad tarifaria.

Sin embargo, las negociaciones se complicaron cuando Liberación Nacional condicionó su continuidad a que el Gobierno atendiera los reclamos por los recortes presupuestarios propuestos para las universidades públicas.

El jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, negó que existiera un acuerdo firmado que comprometiera los votos de sus diputados.

Finalmente, ninguno de los congresistas verdiblancos presentes respaldó el expediente.

Oficialismo responsabiliza a la oposición por el fracaso

Tras conocerse el resultado, Nogui Acosta cuestionó duramente a los partidos que rechazaron la reforma.

“Hoy queda claramente establecido quiénes están a favor del progreso del país y quiénes defienden el status quo”, manifestó el jefe de fracción oficialista.

El legislador sostuvo que la reforma era necesaria para mejorar la capacidad energética del país y atraer empresas internacionales.

Desde la perspectiva del oficialismo, el rechazo representa una oportunidad perdida para fortalecer la competitividad, generar empleos y ampliar las opciones de abastecimiento eléctrico.

Acosta también rechazó que la propuesta buscara debilitar al ICE, argumentando que la institución continuaría desempeñando un papel relevante como generadora de electricidad.

Diputada que votó a favor también criticó al Gobierno

Una de las reacciones más llamativas fue la de Abril Gordienko, quien, pese a respaldar la iniciativa, responsabilizó al Ejecutivo por no conseguir los acuerdos necesarios.

“Si hoy no hay armonización, los únicos responsables son el gobierno de doña Laura Fernández y la fracción de Pueblo Soberano”, declaró la legisladora.

Gordienko cuestionó que el oficialismo no mostrara suficiente disposición para incorporar observaciones de otras bancadas, pese a que sí había negociado modificaciones en otros proyectos.

La congresista también manifestó preocupación por las condiciones del sistema eléctrico y la necesidad de fortalecer la planificación energética del país.

El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y la diputada Abril Gordienko, del PUSC, fueron los únicos que respaldaron la reforma eléctrica durante la votación final.

Liberación Nacional plantea una reforma alternativa

Por su parte, Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, defendió la decisión de su bancada y sostuvo que rechazar el expediente no significa oponerse a la modernización del sistema energético.

El partido presentó cuatro proyectos alternativos para reformar el sector eléctrico, con el propósito de mantener al ICE como eje del modelo nacional y permitir cambios que, según la agrupación, protejan la solidaridad y la sostenibilidad.

Entre estas propuestas figura el expediente 25.781, Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional.

Los liberacionistas plantean continuar las conversaciones para construir una reforma que consiga mayor respaldo legislativo.

¿Qué ocurrirá ahora con el sistema eléctrico costarricense?

El rechazo significa que no entrarán en vigor las modificaciones contempladas en el expediente 23.414.

Por lo tanto, no se creará el Mercado Eléctrico Nacional bajo el modelo propuesto ni el Ecosen, y el ICE conservará las funciones que la iniciativa pretendía trasladar.

Esto no implica que Costa Rica se quede sin suministro eléctrico ni que las tarifas aumenten automáticamente por el resultado de la votación. Los precios y la seguridad del abastecimiento dependen de múltiples factores, entre ellos la generación disponible, los costos operativos y las condiciones climáticas.

La discusión sobre la modernización del sistema energético podrá continuar mediante nuevas iniciativas legislativas.

Con esta decisión, el Congreso cerró uno de los debates económicos y políticos más relevantes del año, mientras permanece abierta la discusión sobre cómo garantizar electricidad suficiente, confiable y a precios competitivos para los hogares y las empresas costarricenses.

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