El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación inicia este miércoles en Buenos Aires una pericia que será determinante en la causa por la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años que falleció el 5 de abril en Comodoro Rivadavia. El estudio buscará determinar las causales de muerte del chico y establecer el origen de las lesiones halladas en su cabeza, un punto central que la investigación todavía no logró esclarecer con certeza suficiente.

La medida fue solicitada por las defensas de Mariela Altamirano, madre del niño, y de Michel González, su padrastro, quienes están detenidos con prisión preventiva desde abril e imputados por homicidio. Los abogados defensores pidieron en junio la intervención del organismo de la Corte Suprema, disconformes con los análisis realizados por el Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut.

El informe de ese organismo provincial determinó que Ángel sufrió traumatismos craneoencefálicos múltiples, junto con una infección pulmonar. Según la autopsia, la causa de muerte fue daño cerebral por hipoxia. La fiscalía sostiene que el cuadro se dio en un marco de presunto maltrato y abandono.

Las muestras biológicas que se encontraban en Comodoro Rivadavia fueron trasladadas a Buenos Aires para que puedan ser examinadas durante el nuevo estudio. No hay un plazo definido para la entrega del informe final.

La defensa busca precisar si las lesiones tuvieron relación con el fallecimiento

El defensor Alejandro Varas explicó que uno de los objetivos centrales del análisis es determinar la antigüedad de las infiltraciones de sangre halladas en el cuero cabelludo y establecer “si es causa concomitante con esta enfermedad que venía cursando el niño”, según declaró a Crónica. La defensora Vanesa Vera calificó la pericia como “determinante para la posición de la defensa” y señaló que desde el comienzo cuestionan que las lesiones internas del cuero cabelludo puedan ser consideradas la causa del deceso.

“Consideramos que es una prueba que nos va a poder circunscribir concretamente cuál fue la causa de muerte de Ángel”, sostuvo Vera en declaraciones al mismo medio. Adelantó que si los resultados se alinean con los planteos de la defensa, evaluarán introducir modificaciones en su teoría del caso e incluso objetar la hipótesis que sostiene el Ministerio Público Fiscal.

La Justicia prorrogó la prisión preventiva y el plazo de investigación

La pericia se realiza una semana después de que el juez Martín Cosmandro resolviera, el martes 13 de octubre, extender por otros seis meses tanto el plazo de investigación como la prisión preventiva de los dos imputados. La medida de detención vencerá el 13 de abril de 2027, salvo que una nueva audiencia modifique la situación procesal.

El fiscal general Facundo Oribones fundamentó el pedido de prórroga en la necesidad de aguardar los resultados de la nueva evaluación forense. Sostuvo que las conclusiones del estudio podrían confirmar, modificar o requerir un nuevo análisis de la hipótesis acusatoria. Por ese motivo, requirió seis meses adicionales para recibir el dictamen, evaluarlo y definir la presentación de una eventual acusación.

Altamirano está imputada por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, mientras que González enfrenta cargos por homicidio simple agravado por alevosía. Para justificar la continuidad de la detención, la fiscalía argumentó que los acusados carecen de arraigo en la ciudad, que su hija de un año vive con familiares en otra provincia y que la gravedad de los cargos incrementa el riesgo de fuga.

El querellante destacó la complejidad de la investigación y señaló conductas sospechosas

El abogado Roberto Castillo, que representa al padre de Ángel como querellante, acompañó el pedido de prórroga y sostuvo que la investigación tiene características complejas porque debe reconstruir un hecho ocurrido en un ámbito privado y con una víctima que no puede declarar. Afirmó que se tomaron más de 45 declaraciones testimoniales y que existe una prueba científica pendiente que puede incidir en la reconstrucción de los hechos.

El representante de la acusación particular también hizo referencia a supuestas conductas de los imputados orientadas a eliminar información de teléfonos y a prender fuego elementos —posiblemente de valor probatorio— mientras Ángel permanecía internado. Además, aludió a antecedentes de violencia que involucrarían a Altamirano en Misiones, aunque la defensa objetó que esos datos no forman parte del expediente.

Las defensas no se opusieron a la extensión de la prisión preventiva. La abogada de González informó que por el momento no cuenta con un domicilio que permita proponer una alternativa a la detención. La representante de Altamirano señaló que la situación podrá revisarse una vez que se conozcan los resultados de la pericia que comienza hoy.

Agentes de la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 51 años acusado de cometer abusos sexuales contra su sobrina durante ocho años, tras un operativo encubierto en la localidad de Los Pozuelos, en la provincia de Santiago del Estero, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El procedimiento concluyó con el arresto del sospechoso en una vivienda particular, luego de permanecer prófugo de la Justicia nacional desde que la víctima radicó la denuncia en la Ciudad de Buenos Aires.

El caso comenzó a investigarse formalmente el 16 de junio de 2026, cuando la damnificada, de 30 años, acudió a la sede de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La mujer relató que los hechos de abuso sexual comenzaron cuando ella tenía 13 años y continuaron hasta que cumplió 21.

A la vez, la presentación judicial dejó constancia de que la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad social, posee Certificado Único de Discapacidad (CUD) y requiere tratamiento médico permanente por diabetes insulinodependiente.

El testimonio incorporado a la causa describió que los ataques ocurrieron de forma reiterada en domicilios radicados tanto en territorio porteño como en territorio santiagueño. Además, la denunciante señaló la presunta participación de otros parientes en el entorno familiar, donde sus padres son hermanos entre sí y componen un grupo con trece tíos.

Ante la denuncia, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, Mariano Amaduri, junto con la secretaria Ivana Neme, ordenó medidas urgentes para localizar y arrestar al sospechoso.

Entrecruzamiento de datos telefónicos y registros de viaje

Para determinar el paradero del acusado, los investigadores recurrieron a bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). A partir de estos registros, las autoridades comprobaron que el implicado viajó el 30 de agosto de 2026 a Termas de Río Hondo para eludir a la Justicia.

Posteriormente, la triangulación de las celdas de telefonía móvil confirmó que el hombre residía en una propiedad conocida en la zona como la “casa celeste”, ubicada en el barrio Los Pozuelos. Frente a este dato, la sede judicial porteña remitió un exhorto formal al Juzgado de Control y Garantías de Santiago del Estero, a cargo del juez Diego Martín Vittar, quien autorizó el ingreso y la realización de tareas investigativas a una comitiva de la fuerza de seguridad porteña.

Los agentes de la Policía de la Ciudad realizaron tareas de vigilancia encubierta en colaboración con personal de la División Robos y Hurtos de la policía local. Tras comprobar la presencia del imputado dentro del inmueble, los uniformados procedieron al allanamiento y concretaron su captura.

Luego de la detención, los jueces coordinaron el traslado del acusado a Buenos Aires, donde prestará declaración indagatoria por abuso sexual.

Un hombre de 23 años fue detenido en el partido bonaerense de Moreno, acusado de abusar sexualmente de su hermana, de 13. El arresto se concretó durante un allanamiento realizado en una vivienda de la localidad de Cuartel V, por orden de la Justicia, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín. Según la información policial, los efectivos se presentaron a las 6 en un domicilio de la calle Murillo al 5000 y encontraron allí al sospechoso, sobre quien pesaba una orden de detención. No se secuestraron elementos durante el operativo, aclararon los investigadores.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada el 28 de diciembre de 2025 por la madre de la adolescente. De acuerdo con su declaración, dos días antes, el viernes 26, regresó a su casa entre las 22.30 y las 23 para buscar una pertenencia que había olvidado. Al llegar, advirtió que sus hijos no estaban en los espacios comunes y fue hasta la habitación de uno de ellos, que encontró cerrada con llave.

La mujer pidió que abrieran la puerta, pero no obtuvo respuesta. Al mirar por una abertura, vio a su hija, de 13 años, mientras se vestía, y a su hijo, de 23, cubierto con una manta. Según consta en la denuncia, la madre ingresó, sacó al joven de la vivienda y, más tarde, la adolescente le contó que había sufrido un abuso sexual por parte de su hermano.

De acuerdo a la denuncia, tras escucharla, la mujer revisó a la menor y la llevó a un hospital de la zona, donde recibió atención médica según el protocolo, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 14 y del Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial de San Martín. La causa está caratulada como “abuso sexual”. La información disponible no precisa la calificación legal específica que se le atribuye al detenido ni los detalles de una eventual imputación formal.

Luego de la detención, el personal policial se comunicó con el fiscal interviniente, quien avaló lo actuado y dispuso el traslado del sospechoso y de las actuaciones a la sede judicial, con una parada previa en la Oficina de Traslado de Personas detenidas (OTIP). El hombre quedó alojado en dependencias de la DDI de San Martín, a disposición de la Justicia.