Un hombre de 70 años identificado como Ramón Alarcón Deliz denunció que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo han detenido y hostigado en varias ocasiones cuando acude a la iglesia Siervas de María, en El Vedado, para recibir alimentos. El testimonio fue difundido por el medio comunitario Amanecer Habanero, vinculado al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Ramón afirmó que estas actuaciones se repiten contra personas que duermen en la calle o que frecuentan espacios donde reciben ayuda. Según relató, los policías le solicitan su documento de identidad y lo trasladan sin que, a su entender, exista una causa relacionada con un delito.

“Es una falta de respeto que llamen a un hombre ya de sesenta años a estarle pidiendo carnet sin tener delito, sin tener nada, mortificarlo por gusto”, expresó en declaraciones recogidas por Amanecer Habanero.

A su vez, el adulto mayor cuestionó que los controles recaigan sobre adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, mientras, según su percepción, otros hechos delictivos reciben una atención diferente. “Donde esté durmiendo un hombre, tú tienes que dejarlo porque ese hombre no te ha hecho nada”, sostuvo.

De acuerdo con el relato divulgado por el citado medio comunitario, los hechos ocurrirían en el municipio Plaza de la Revolución, donde se realizarían operativos policiales con frecuencia contra personas identificadas como habitantes de calle.

De igual forma, Ramón señaló que en esas intervenciones algunos hombres son trasladados durante la noche y liberados por la mañana. También denunció presuntos malos tratos.

“El caso expone el reclamo de personas que dependen de redes de asistencia para acceder a alimentos y de organizaciones religiosas que ofrecen apoyo a sectores con necesidades básicas insatisfechas”, según el ICLEP.

“Venimos a buscar un desayuno”, dijo el denunciante

El hombre explicó que su presencia frente a la iglesia Siervas de María está relacionada con la entrega de comida. “Nosotros venimos aquí a coger un desayuno que nos van a dar. Nosotros no venimos aquí a robar ni a nada”, afirmó. Y agregó: “En este país. Esto ya eso se ha convertido en un ejercicio social”, reclamó.

Durante el registro audiovisual, otra voz insiste en que la iglesia tampoco recibe respeto durante estas actuaciones. Ramón respondió que quienes acuden al lugar pertenecen a la comunidad religiosa y que su objetivo es recibir el desayuno.

“La iglesia no la respetan. Nosotros pertenecemos a la iglesia”, declaró. El testimonio vincula la denuncia con la situación de quienes buscan alimentos en instituciones religiosas ante dificultades económicas y falta de recursos para cubrir sus necesidades diarias.

El hombre también cuestionó el trato dispensado a personas de edad avanzada. En su intervención, reclamó que no se someta a controles y traslados a quienes, según dijo, no han cometido infracciones. “¿Qué somos nosotros, muchachos?”, preguntó al referirse a los procedimientos que describió.

La acusación se suma a los señalamientos sobre la situación de personas sin vivienda estable, adultos mayores y ciudadanos que dependen de la ayuda comunitaria para alimentarse en La Habana.

Una mujer fue rescatada este miércoles tras quedar atrapada por la repentina crecida de un río mientras lavaba ropa en el caserío Chanzunte, distrito de Nueva Concepción, municipio de Chalatenango Centro, informó Cruz Verde Salvadoreña.

La emergencia ocurrió cerca de las 17:00 (hora local) en las cercanías del desvío de Jute. De acuerdo con el reporte de la institución de socorro, la mujer se encontraba en la zona del río cuando el aumento del caudal la sorprendió y le impidió volver a la orilla.

Lugareños alertaron a las autoridades sobre la situación. La afectada logró sujetarse de árboles y vegetación en medio de la corriente para evitar que el agua la arrastrara. Permaneció refugiada en ese punto durante más de tres horas, mientras las unidades de emergencia organizaban las maniobras para llegar hasta ella.

Cruz Verde Salvadoreña activó unidades de la zona norte tras recibir el aviso. En el operativo participaron socorristas de las seccionales de Tejutla, Chalatenango, Aguilares y Guazapa, según informó Brian López, de la institución humanitaria.

Bomberos indicó que la mujer quedó aislada por la creciente mientras realizaba labores de lavado. El personal operativo accedió al sector donde se encontraba y efectuó las maniobras necesarias para ponerla a salvo.

“Para evitar ser arrastrada por la corriente, logró sujetarse de árboles y matarrales”, informó Bomberos de El Salvador en su reporte sobre la emergencia.

El rescate reunió a socorristas, bomberos y personal del Sistema Nacional de Protección Civil

Las labores se realizaron de forma articulada entre Cruz Verde Salvadoreña, Bomberos de El Salvador y otras instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Los equipos tuvieron que evaluar las condiciones del afluente y el acceso al punto donde permanecía la mujer, debido al caudal generado por la lluvia.

La coordinación permitió trasladarla desde la zona de riesgo hasta un lugar seguro. Bomberos confirmó que el rescate finalizó sin que la corriente arrastrara a la víctima.

Tras la extracción, la mujer fue entregada al personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), identificado como SEM 132, para una evaluación inicial. La unidad intervino para estabilizarla y coordinar su traslado a un centro asistencial.

Cruz Verde Salvadoreña informó que una ambulancia la llevó hacia el hospital de Nueva Concepción. La Secretaría de Prensa de la Presidencia señaló, a su vez, que recibió atención médica tras la respuesta de las instituciones de Protección Civil.

La víctima fue trasladada al hospital de Nueva Concepción

Las autoridades no informaron la identidad de la mujer ni precisaron su estado de salud después de su ingreso al centro médico. Tampoco difundieron datos sobre lesiones derivadas de la permanencia en el río o de las condiciones en las que ocurrió el rescate.

La intervención se produjo en el contexto del Plan Invierno 2026, con el que las instituciones de primera respuesta mantienen operativos ante incidentes vinculados con lluvias, inundaciones y crecidas repentinas de ríos.

Bomberos recordó que el número de emergencias es el 913. Las autoridades recomiendan evitar el ingreso a ríos y quebradas durante lluvias o cuando existan señales de incremento en el caudal, ya que las corrientes pueden variar en pocos minutos.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), adscrito al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), documentó 134 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante septiembre de 2026, un incremento del 8.9% frente a agosto y del 57.6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El reporte, publicado el 20 de octubre, registró 106 hechos en el país, de los cuales 74 estuvieron vinculados con libertad de expresión y 32 con libertad de prensa. La primera categoría acumuló 95 vulneraciones, mientras que la segunda sumó 39, una suba mensual del 129.4%.

Según el Observatorio, el dato marca el regreso del periodismo independiente como principal blanco del hostigamiento. Los periodistas concentraron 30 hechos, el 30% de los casos con víctimas individualizadas. Los presos políticos quedaron en segundo lugar, con 29 registros.

El indicador más frecuente fue el uso abusivo del poder del régimen con 49 casos, equivalente al 36,6% del total. La categoría incluye la utilización de mecanismos administrativos, migratorios, judiciales, penales y penitenciarios con fines de censura o restricción de movimientos.

Los ataques, amenazas y agresiones psicológicas ocuparon el segundo lugar, con 48 menciones. Ambos indicadores reunieron 97 de las 134 violaciones contabilizadas, el 72.4% del registro mensual.

El informe también documentó 26 detenciones arbitrarias, siete agresiones físicas, tres casos de reclusión y una restricción en el espacio digital. Las agresiones físicas crecieron de tres a siete respecto de agosto y cuadruplicaron el registro de septiembre de 2025, cuando se reportó un solo caso.

De acuerdo con el OCLE, cuatro de esas siete agresiones ocurrieron en prisiones, donde se registraron denuncias de falta de atención médica, traslados punitivos, aislamiento e incomunicación de reclusos.

La Habana concentró casi seis de cada 10 hechos documentados

La Habana fue el principal foco territorial de las violaciones, con 63 de los 106 hechos registrados, el 59.4% del total. Le siguieron Camagüey, con 16 episodios, y Las Tunas, con 10.

El Ministerio del Interior estuvo involucrado en 91 hechos, según el informe. Dentro de esa estructura, la Seguridad del Estado figuró en 51 casos, la Policía Nacional Revolucionaria en 30 y el Sistema Penitenciario en 24.

El Sistema Judicial apareció relacionado con 21 hechos. El Observatorio vinculó parte de estos registros con actuaciones de tribunales y fiscalías provinciales, medidas cautelares y procesos penales contra opositores, activistas y periodistas.

Entre los principales detonantes de la represión, el reporte señaló 35 hechos relacionados con vigilancia y hostigamiento sistemático sobre personas ya identificadas por las autoridades. El contacto con la comunidad internacional ocupó el segundo lugar, con 27 casos.

Prisión preventiva y exilio forzado entre los casos destacados

El OCLE incluyó entre los casos emblemáticos la prisión preventiva del periodista Henry Constantín Ferreiro, director del medio independiente La Hora de Cuba. Según el informe, fue detenido el 16 de septiembre en Camagüey tras acudir a una citación verbal y trasladado el 24 de septiembre a la cárcel de Kilo 7.

El reporte señaló que las autoridades le impusieron una medida cautelar por un presunto delito de desobediencia. El periodista acumuló 10 hechos en el registro mensual, la mayor cifra entre las víctimas individualizadas.

También documentó el exilio de Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero, y de su esposa, Soreidis Anisley Álvarez Peña, redactora de esa publicación y embarazada.

Ambos salieron de Cuba hacia Brasil el 29 de septiembre, según el ICLEP, después de que la Seguridad del Estado le planteara al periodista la alternativa entre enfrentar un proceso penal o abandonar el país.

El Observatorio aclaró que sus datos corresponden a hechos documentados y verificados hasta el 30 de septiembre. También advirtió que las dificultades de acceso a la información, el temor a represalias y la falta de respuesta oficial pueden provocar subregistros.

El Ejército de Nicaragua informó este miércoles la incautación de 499 paquetes rectangulares de cocaína dentro de una embarcación interceptada en el océano Pacífico, frente al departamento de Managua. El operativo, según la institución militar, concluyó con la retención de un hombre de 59 años, mientras otros dos ocupantes escaparon tras arrojarse al agua.

La citada acción ocurrió el 20 de octubre en un operativo entre tropas del Distrito Naval Pacífico y del Segundo Batallón de Tropas Navales de la Fuerza Naval junto con efectivos de la Policía Nacional. La operación tuvo como objetivo una embarcación llamada “Nazareth”, que navegaba de sur a norte frente a las costas nicaragüenses.

Según la versión oficial, las unidades de superficie detectaron a la embarcación a 1.5 millas náuticas al oeste de Pochomil, en el municipio de San Rafael del Sur. A su vez, el Ejército señaló que la lancha intentó evitar la intercepción tras advertir la presencia de los patrullajes navales.

La institución castrense afirmó que sus tropas efectuaron disparos de advertencia a la altura de playa Salamina. Después de esa maniobra, los militares lograron detener a Segundo U. de 59 años, quien se encontraba a bordo de la embarcación.

Por su parte, los otros dos ocupantes de la lancha se lanzaron al mar y abandonaron la embarcación, según la citada nota de prensa. Las autoridades no divulgaron sus identidades ni informaron si desplegaron una búsqueda posterior para localizarlos.

Las autoridades encontraron droga y tres barriles de combustible a 15 millas de Masachapa

Durante la inspección de la lancha, las fuerzas de seguridad encontraron un total de 499 paquetes rectangulares de cocaína y tres barriles de combustible, informó el Ejército. El texto oficial no indicó el peso total de la sustancia ni precisó si los paquetes fueron sometidos a pruebas de laboratorio.

A su vez, la embarcación fue localizada en coordenadas situadas a 15 millas náuticas al noroeste de Masachapa, localidad costera del municipio de San Rafael del Sur, en el departamento de Managua. Esa zona se encuentra en el litoral del Pacífico nicaragüense.

La presencia de los barriles de combustible sugiere que la lancha tenía capacidad para recorrer trayectos prolongados, aunque el comunicado no estableció el punto de partida de la embarcación ni su posible destino. Tampoco informó si la nave tenía matrícula visible o documentación de navegación.

El Ejército señaló que el detenido, la droga, la lancha y los demás elementos ocupados quedaron a disposición de las autoridades competentes. El documento no menciona qué institución asumió la investigación ni si la Policía Nacional abrió un expediente por el caso.

Por el momento, no hay información oficial sobre la procedencia del cargamento, la ruta que habría seguido la embarcación o eventuales vínculos con una estructura de narcotráfico. Tampoco se conoce el valor estimado de la cocaína decomisada.

Las autoridades responsables deberán determinar el peso, la pureza y el origen de la sustancia encontrada en la “Nazareth”, así como la identidad de los dos hombres que, según el Ejército, abandonaron la lancha durante la persecución.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, a cargo de la jueza uno, impuso condenas de hasta 565 años de prisión a 116 integrantes de la clica Fulton Locos Salvatruchos por delitos relacionados con homicidios, extorsiones, narcotráfico, lavado de dinero y tenencia ilegal de armas, según informó este miércoles Centros Judiciales.

La resolución abarcó hechos de homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito, lavado de dinero y de activos, además de proposición y conspiración para cometer extorsión agravada y homicidio agravado. Los procesados también recibieron condenas por agrupaciones ilícitas y por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz pública.

La pena más alta recayó sobre Joel Amílcar Miranda García, quien deberá cumplir 565 años de cárcel. El tribunal lo declaró culpable por 12 casos de tráfico ilícito, 13 de extorsión agravada, cuatro de proposición y conspiración para cometer extorsión agravada, además del delito de agrupaciones ilícitas.

Según el reporte judicial, las condenas reflejan el número y la diversidad de delitos atribuidos a los miembros de la estructura. En el caso de Miranda García, la sentencia incluyó una serie de operaciones vinculadas al tráfico de drogas y a exigencias económicas dirigidas contra víctimas de extorsión.

El segundo castigo más elevado fue impuesto a Ángel Bryan Ramírez, condenado a 430 años de prisión. La sentencia en su contra comprende seis casos de tráfico ilícito, 12 de extorsión agravada y cinco de proposición y conspiración para cometer extorsión agravada. También fue hallado culpable de agrupaciones ilícitas.

Por su parte, Brandon Alexander Calderón Escobar recibió una pena de 305 años de cárcel. El fallo lo responsabilizó por siete casos de tráfico ilícito, cuatro de extorsión agravada, dos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, además de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Los restantes 113 imputados fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 20 y los 265 años de prisión, de acuerdo con la información divulgada por Centros Judiciales.

La investigación identificó movimientos de droga en el occidente salvadoreño

La jueza señaló que las herramientas especiales de investigación permitieron establecer que los integrantes de los Fulton Locos Salvatruchos coordinaban movimientos de droga en el occidente de El Salvador.

La investigación también derivó en detenciones en flagrancia. Algunos de los condenados fueron capturados con más de USD 3,000 en efectivo, circunstancia por la cual el tribunal sumó condenas por lavado de dinero y de activos.

El expediente judicial incluyó delitos vinculados con la operación financiera de la estructura, el control territorial y las amenazas contra comerciantes y otros ciudadanos. Las penas impuestas se acumularon según los ilícitos probados en cada caso.

Las víctimas pagaban entre USD 40 y USD 10,000 mensuales

Las víctimas de extorsión declararon que los miembros de la pandilla les exigían pagos mensuales de entre USD 40 y USD 10,000. De acuerdo con sus testimonios, las exigencias estaban acompañadas por amenazas de ataques contra ellas o sus familiares si se negaban a entregar el dinero.

Centros Judiciales indicó que la sentencia estableció la responsabilidad penal de los 116 acusados dentro de una estructura a la que se atribuyeron actividades de extorsión, narcotráfico y hechos violentos. La resolución fue emitida por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 22 las provincias en alerta verde ante el pronóstico de lluvias que comenzarán este jueves 22 de octubre y se extenderán durante el viernes y el sábado por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó durante una rueda de prensa que una corriente de humedad procedente del Caribe y del Pacífico favorecerá precipitaciones de importancia sobre el territorio nacional.

Según explicó Ceballos, el sistema comenzará a incidir con mayor fuerza a partir del jueves, aunque los acumulados más relevantes también se prevén para el viernes y el sábado. El pronóstico contempla tormentas eléctricas, aguaceros entre moderados y fuertes en forma local, además de ráfagas de viento que podrían ser ocasionalmente fuertes.

De igual manera, Ceballos indicó que las lluvias tendrán mayor incidencia en el litoral caribeño, desde el suroeste hasta el este del país. “Los mayores acumulados se van a estar presentando en la península de Haití, la península de Barahona y todo el litoral caribeño”, señaló.

La directora del Indomet mencionó de forma específica a Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís entre las áreas donde se esperan precipitaciones relevantes.

El COE activó sus planes de contingencia

El subdirector del COE, Erdwin R. Olivares, afirmó que la institución activó sus protocolos para este tipo de eventos meteorológicos. También indicó que los organismos que integran el sistema de respuesta estatal disponen de sus respectivos planes operativos.

“El Centro de Operaciones de Emergencia activa su plan de contingencia para eventos de esta naturaleza”, dijo Olivares. Entre las instituciones involucradas mencionó al Ministerio de Defensa, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los cuerpos de bomberos, el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía.

El funcionario agregó que este miércoles se realizó una reunión con representantes de los alcaldes del Gran Santo Domingo para coordinar medidas preventivas y alistamientos en comunidades vulnerables. La convocatoria respondió a instrucciones del presidente de la República, según explicó.

Olivares señaló además que el COE se comunicó con las gobernaciones de las provincias bajo alerta, con especial atención en el suroeste, donde las autoridades prevén una parte importante de las lluvias anunciadas.

Las 22 provincias bajo alerta verde

La alerta verde rige para San Cristóbal, Gran Santo Domingo, La Vega, Distrito Nacional, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Monte Cristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

El COE recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y adoptar medidas de prevención ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. También pidió evitar el uso de balnearios en las provincias incluidas en la alerta mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La vigilancia se mantendrá durante los próximos días, mientras Indomet actualiza los pronósticos sobre la evolución de la vaguada y la distribución de las lluvias en el país.