Las quemaduras continúan siendo una causa importante de atención médica en Costa Rica, donde el Instituto Nacional de Seguros (INS) contabilizó 3,479 pacientes atendidos durante 2026, según los registros de su Red de Servicios de Salud.

La institución dio a conocer las cifras en el marco del Día Mundial para la Prevención de las Quemaduras, que se conmemora el 26 de octubre, con el propósito de alertar sobre las consecuencias de estas lesiones y la importancia de prevenir accidentes.

De acuerdo con el INS, 2,656 pacientes fueron atendidos mediante el seguro de Riesgos del Trabajo (RT), mientras que otros 775 recibieron atención bajo la cobertura del Seguro Obligatorio Automotor (SOA).

Adicionalmente, 64 personas fueron atendidas mediante otros seguros, según el informe institucional.

Los datos reflejan la importancia de los accidentes relacionados con las actividades laborales y el tránsito dentro de las atenciones realizadas por la institución.

Casos de quemaduras aumentaron un 17% entre 2024 y 2025

El INS también informó sobre el crecimiento registrado durante los dos años anteriores.

En 2024, la Red de Servicios de Salud atendió 3,715 pacientes con quemaduras, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 4,350 casos.

Esto representa un incremento del 17% en un año, una variación que motivó a las autoridades a insistir en la prevención de accidentes que puedan provocar este tipo de lesiones.

Aunque muchas personas relacionan las quemaduras con incidentes domésticos, estas también pueden producirse durante actividades profesionales o accidentes de carretera.

Entre los factores de riesgo mencionados por la institución se encuentran el contacto con combustibles, sustancias químicas, electricidad, explosiones e incendios.

Dependiendo de su gravedad, las quemaduras pueden requerir atención médica inmediata, tratamientos especializados y períodos prolongados de recuperación.

INS advierte sobre las consecuencias de las lesiones graves

El director de la Red de Servicios de Salud del INS, Kenneth Rojas, explicó que las quemaduras representan un desafío importante para los profesionales encargados de atender a los pacientes.

“Las quemaduras representan una de las lesiones traumáticas más complejas que atendemos en la Red de Servicios de Salud del INS”, manifestó.

El especialista destacó que recibir atención médica oportunamente puede reducir las complicaciones y mejorar las posibilidades de recuperación.

También insistió en que la prevención debe mantenerse como una prioridad tanto en los hogares como en los lugares de trabajo.

“Nuestro llamado es siempre a fortalecer la cultura de prevención, tanto en los hogares como en los espacios laborales y en carretera, donde una conducta responsable puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una lesión grave”, agregó.

¿Cómo prevenir quemaduras en los centros de trabajo?

El INS recordó que los trabajadores expuestos a materiales peligrosos deben cumplir los protocolos de seguridad correspondientes.

Entre las principales recomendaciones destacan utilizar correctamente los equipos de protección personal, seguir los procedimientos establecidos para el manejo de sustancias inflamables y extremar las precauciones al trabajar con instalaciones eléctricas.

La institución también considera importante reforzar la capacitación y las medidas preventivas en actividades donde exista riesgo de contacto con productos químicos o fuentes de calor.

Accidentes de tránsito también pueden provocar quemaduras

En el caso de los conductores, el INS recomienda realizar revisiones periódicas de los vehículos para identificar desperfectos que puedan aumentar el riesgo de incendios.

También aconseja atender inmediatamente cualquier fuga de combustible, evitar modificaciones inseguras en los sistemas eléctricos y respetar las normas de seguridad vial.

Las autoridades recordaron que los incendios posteriores a una colisión pueden provocar lesiones de consideración, especialmente cuando existen materiales inflamables involucrados.

El manejo de los residuos electrónicos representa un desafío ambiental para Costa Rica, donde solamente el 9% de los aparatos eléctricos y electrónicos desechados llega a unidades de cumplimiento y gestores autorizados, según datos divulgados por el Ministerio de Salud y el Comité Ejecutivo de Gestión Integral de Residuos Electrónicos (CECIRE).

La información revela que una proporción considerable de estos materiales sigue canales distintos a los sistemas autorizados, mientras que una parte permanece almacenada o tiene un destino desconocido.

Los llamados Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) incluyen productos como computadoras, televisores, teléfonos celulares, electrodomésticos y otros equipos que dejan de utilizarse debido a desperfectos, obsolescencia o sustitución por nuevas tecnologías.

Su manejo requiere atención debido a que algunos dispositivos contienen materiales recuperables, pero también componentes que pueden representar riesgos ambientales si se manipulan o eliminan inadecuadamente.

El sector informal concentra la mayor recolección

De acuerdo con las cifras presentadas por las autoridades, el 37% de los residuos electrónicos es recolectado por el sector informal, lo que constituye el principal destino identificado.

Esta categoría puede incluir a personas o actividades que recuperan, compran o recolectan aparatos fuera de los sistemas formales de gestión.

Otro de los resultados revela que el 29% permanece almacenado en casas o entidades.

Esta situación puede comprender aparatos que han dejado de utilizarse, pero que sus propietarios conservan en bodegas, oficinas, habitaciones u otros espacios.

Entre ellos pueden encontrarse equipos dañados, teléfonos antiguos, computadoras en desuso y electrodomésticos que todavía no han sido entregados para su tratamiento.

Se desconoce el destino de casi una quinta parte

Uno de los datos relevantes del informe es que el 18% de los residuos electrónicos tiene un destino desconocido.

Esto significa que, dentro de la distribución presentada, no se identifica qué ocurre finalmente con esa proporción de aparatos.

La ausencia de información sobre su destino dificulta establecer si estos residuos son recuperados, reutilizados, almacenados o eliminados por otros mecanismos.

Por otra parte, el 7% es enviado a rellenos sanitarios, instalaciones destinadas a la disposición de residuos.

Aunque no todos los aparatos electrónicos presentan los mismos riesgos, algunos contienen sustancias y componentes que requieren procesos específicos para evitar una liberación inadecuada al ambiente.

¿Qué sucede con los residuos entregados a gestores autorizados?

Según los datos oficiales, apenas 9 de cada 100 residuos electrónicos se gestionan mediante unidades de cumplimiento y gestores autorizados.

Estos mecanismos forman parte de los sistemas establecidos para organizar la recolección, tratamiento y aprovechamiento de materiales eléctricos y electrónicos fuera de uso.

La entrega de aparatos a gestores autorizados permite canalizarlos hacia procedimientos destinados a recuperar componentes aprovechables y manejar aquellos que requieren tratamiento especial.

Los resultados divulgados por el Ministerio de Salud y CECIRE muestran que el reto no consiste únicamente en recolectar aparatos desechados, sino también en mejorar su trazabilidad y conocer qué ocurre después de que salen de los hogares o establecimientos.

Los datos evidencian la importancia de fortalecer los sistemas de recolección autorizada, ampliar la información disponible para los consumidores y promover alternativas para la disposición responsable de aparatos electrónicos en Costa Rica.

Un grupo de diputadas de Costa Rica aprobó eliminar la anticoncepción de emergencia de un proyecto de ley que busca garantizar atención médica y apoyo a las personas que han sufrido una violación sexual.

La decisión fue tomada durante una sesión de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, donde seis legisladoras votaron a favor del cambio y una se manifestó en contra.

El medicamento, conocido popularmente como pastilla del día después, se utiliza para prevenir un embarazo luego de una relación sexual sin protección, incluida una agresión sexual.

La modificación fue respaldada por las diputadas oficialistas Kattia Calvo, Kattia Mora, Ana Ruth Esquivel y Mayuli Ortega, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), así como por Karen Alfaro y Andrea Valverde, del Partido Liberación Nacional (PLN).

La única legisladora que votó en contra fue Vianey Mora, del Frente Amplio, quien cuestionó que se retirara el medicamento de una iniciativa destinada a proteger a las víctimas.

¿Qué estaban cambiando las diputadas?

El proyecto, identificado con el expediente 23.633, pretende convertir en ley el llamado Protocolo de las 72 Horas.

Este protocolo establece cómo deben actuar las autoridades para atender a una persona durante las primeras horas después de sufrir una violación sexual.

Incluye atención médica, apoyo psicológico, medicamentos para prevenir infecciones, protección y recolección de pruebas que puedan utilizarse en una investigación judicial.

La propuesta original también contemplaba entregar anticonceptivos de emergencia cuando la víctima los solicitara, después de recibir información sobre su uso.

Sin embargo, esa parte fue eliminada del nuevo texto aprobado en comisión.

Diputadas quieren exigir una prueba de embarazo

Tras las críticas, Kattia Calvo, presidenta de la Comisión de la Mujer, explicó que las diputadas oficialistas están dispuestas a volver a incluir el medicamento.

No obstante, plantearon una condición: que la víctima se realice una prueba de embarazo antes de recibirlo.

Calvo señaló que la preocupación de su fracción es que una mujer pudiera estar embarazada antes de sufrir la agresión.

“Estamos dispuestas a volver a incluir la pastilla contraceptiva en las mociones que correspondan cuando se retrotraiga a comisión”, afirmó.

La propuesta de exigir una prueba todavía no está aprobada y deberá discutirse durante las siguientes etapas del trámite legislativo.

¿La pastilla del día después provoca un aborto?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que las pastillas anticonceptivas de emergencia no provocan abortos ni interrumpen un embarazo existente.

Su función principal consiste en evitar o retrasar la liberación de un óvulo, con lo que se reduce la posibilidad de un embarazo.

Además, la organización señala que no es necesario realizar una prueba de embarazo antes de administrar estos medicamentos.

La anticoncepción de emergencia puede utilizarse hasta cinco días después de una relación sexual, dependiendo del método, aunque su eficacia suele ser mayor cuanto antes se utilice.

Por esa razón, especialistas han advertido que agregar requisitos innecesarios puede retrasar la atención.

Organizaciones médicas rechazan la decisión

La Fundación Paniamor, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Pediatría cuestionaron la modificación.

Las organizaciones consideran que las personas que sufren violencia sexual necesitan recibir atención rápida y que no deberían enfrentar trámites adicionales sin justificación médica.

También solicitaron que el proyecto vuelva a incluir expresamente la anticoncepción de emergencia, especialmente para proteger a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación.

¿Las víctimas ya no podrán recibir el medicamento?

No. La decisión no elimina el acceso actual a la pastilla del día después.

El medicamento continúa contemplado dentro de los procedimientos médicos vigentes para atender a víctimas de violación sexual.

Lo que hicieron las diputadas fue quitar del proyecto de ley la obligación expresa de garantizarlo.

Esto significa que todavía no existe una prohibición ni una modificación definitiva de la atención que ofrecen los centros de salud.

El proyecto deberá seguir su discusión en la Asamblea Legislativa, donde podría modificarse nuevamente antes de convertirse en ley.

Por ahora, las diputadas oficialistas mantienen su intención de reincorporar el medicamento con una prueba de embarazo previa, mientras organizaciones de salud insisten en que las víctimas deben recibir atención oportuna y sin requisitos que puedan retrasarla.

Los consumidores de América Latina están cambiando la manera en que administran su dinero, eligen productos y realizan compras. Ante el aumento del costo de vida y la incorporación de nuevas tecnologías, cada vez más personas buscan ingresos adicionales, comparan opciones y prestan mayor atención a los beneficios que reciben por su dinero.

Así lo revela el estudio Consumer Outlook 2027, elaborado por NielsenIQ (NIQ), que identifica las principales tendencias económicas y comerciales que marcarán el comportamiento de los consumidores durante los próximos meses.

Uno de los resultados más destacados es que el 76% de los latinoamericanos busca activamente nuevas fuentes de ingresos, mientras que el 40% consideraría cambiar de empleo para mejorar su situación económica.

El informe también revela diferencias en la percepción financiera de los hogares: un 37.3% considera que su situación económica mejoró durante el último año, frente a un 28.7% que asegura haber empeorado.

El precio de los alimentos encabeza las preocupaciones

El aumento del costo de vida continúa siendo uno de los principales factores que influyen en las decisiones de compra.

Según NielsenIQ, el 29% de los consumidores identifica el incremento de los precios de los alimentos como su mayor preocupación, seguido por el aumento de los servicios básicos (19%) y una posible desaceleración económica (17%).

También aparecen la delincuencia (15%) y la inestabilidad política (14%).

Ante estas condiciones, el 64.1% de los consumidores prefiere ahorrar cuando considera que un producto no ofrece beneficios claramente superiores a otras alternativas.

Sin embargo, un 58.7% asegura que, cuando decide gastar más, busca artículos de mayor calidad o pertenecientes a categorías prémium.

En Centroamérica, los precios de la canasta de productos estudiada por NIQ aumentaron un 3.8% durante los doce meses hasta agosto de 2026, frente al 2.5% registrado en el período anterior.

El informe destaca incrementos en categorías como abarrotes y bebidas no alcohólicas, que representan conjuntamente el 36% de las ventas de autoservicios.

Inteligencia artificial influye cada vez más en las compras

La tecnología también está modificando la manera en que las personas seleccionan productos y servicios.

El estudio revela que el 58% de los latinoamericanos afirma que las recomendaciones generadas mediante inteligencia artificial (IA) han influido en sus decisiones de compra.

Además, un 29% utiliza estas herramientas para investigar productos, comparar alternativas o decidir qué adquirir.

Esto refleja una mayor incorporación de soluciones digitales en las actividades cotidianas de los consumidores.

Alimentación saludable gana importancia

Otra tendencia identificada está relacionada con el creciente interés por el bienestar y la calidad de los alimentos.

El 70.1% de los consumidores latinoamericanos estaría dispuesto a pagar más por productos frescos sin conservadores, mientras que el 54,7% aceptaría precios superiores por productos que ofrezcan información clara sobre sus ingredientes y origen.

Además, el 60,3% considera que los tratamientos GLP-1, utilizados en determinadas condiciones metabólicas y para el control del peso, influirán en los hábitos de compra de alimentos, bebidas y productos relacionados con la salud.

Esta cifra refleja una expectativa de los consumidores, no un cambio de comportamiento ya comprobado.

¿Cómo cambiará el consumo en 2027?

Los resultados apuntan a consumidores más informados, digitales y cuidadosos con sus gastos, que buscarán equilibrar el ahorro con la calidad.

Para las empresas, NielsenIQ considera que el principal desafío será ofrecer beneficios concretos y responder a nuevas necesidades.

El estudio Consumer Outlook 2027 se elaboró a partir de las opiniones de más de 21,000 consumidores en 31 mercados, complementadas con información sobre ventas y comportamiento de compra.

La investigación muestra que las decisiones de consumo en América Latina estarán cada vez más relacionadas con la estabilidad económica, la tecnología y el bienestar personal.

La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica recomendó no reelegir a Patricia Solano Castro, actual presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para un nuevo período de ocho años, luego de que los diputados oficialistas cuestionaran su desempeño frente a los problemas de criminalidad que enfrenta el país.

La decisión fue tomada mediante una votación de cuatro legisladores en contra de la reelección y tres a favor.

Los votos contrarios a su continuidad provinieron de Marta Esquivel Rodríguez, Yara Jiménez Fallas, Antonio Barzuna Thompson y Gerald Bogantes Rivera, todos integrantes del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Por su parte, Janice Sandí Morales y Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio, apoyaron que la magistrada permanezca en el cargo.

Oficialismo cuestiona resultados frente a la criminalidad

Durante la discusión, la diputada Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos, cuestionó el desempeño de la magistrada y su papel dentro del sistema de justicia penal.

“Doña Patricia, encargada del tema penal de la Corte, no ha podido generar una política criminal acorde con la realidad del país”, manifestó la legisladora para justificar su voto.

La diputada Yara Jiménez también cuestionó la respuesta del Poder Judicial frente al incremento de la inseguridad, mientras que Antonio Barzuna hizo referencia a casos de personas solicitadas en extradición por Estados Unidos que, según señaló, no tenían procesos judiciales abiertos en Costa Rica.

Los oficialistas consideran necesario impulsar cambios dentro del Poder Judicial para mejorar la respuesta institucional frente al crimen organizado.

Patricia Solano defiende su trabajo y pide evaluar resultados

Durante su comparecencia ante los diputados, Patricia Solano defendió su trayectoria y pidió que la decisión sobre su permanencia se fundamentara en información comprobable, y no en diferencias personales o políticas.

“Tengo claro que no todas las personas son afines y no todas las personas están conformes con mi reelección”, manifestó.

La magistrada, quien trabaja en el Poder Judicial desde 1988, recordó que ocupa su cargo en la Sala Tercera desde noviembre de 2018.

También presentó cifras sobre la cantidad de expedientes pendientes en esa sala.

Según explicó, cuando ingresó existían aproximadamente 477 casos pendientes, cifra que disminuyó a 306 durante 2021 y 2022. Sin embargo, para septiembre de 2026, la cantidad había aumentado a 558 expedientes.

Solano atribuyó parte del incremento a la complejidad de los asuntos que ingresan al tribunal.

Además, advirtió que los recortes presupuestarios propuestos para el Poder Judicial podrían provocar mayores atrasos en la atención de los casos.

Oposición respalda continuidad de la magistrada

Los diputados de oposición que votaron a favor de Solano defendieron su experiencia, trayectoria y conocimiento del sistema judicial.

La legisladora Janice Sandí, de Liberación Nacional, consideró necesario preservar la independencia del Poder Judicial.

“Debemos apoyar su reelección por su experiencia, conocimiento y compromiso con la justicia costarricense”, afirmó.

Por su parte, Antonio Trejos, del Frente Amplio, sostuvo que la decisión debe basarse en criterios técnicos y resultados concretos.

El legislador también pidió fortalecer los mecanismos para reducir la cantidad de expedientes pendientes y mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía.

¿Qué necesita el oficialismo para impedir la reelección?

Aunque la Comisión de Nombramientos recomendó que Solano no continúe en el cargo, la decisión todavía no es definitiva.

Según el artículo 158 de la Constitución Política, los magistrados son nombrados por períodos de ocho años y su reelección es automática, salvo que al menos 38 diputados voten en contra.

Actualmente, el Partido Pueblo Soberano cuenta con 31 legisladores, por lo que necesitaría conseguir el respaldo de al menos siete diputados de oposición para impedir la continuidad de Solano.

El período actual de la magistrada vence el 6 de noviembre de 2026, fecha antes de la cual deberá resolverse su situación.

De no alcanzarse los votos necesarios para bloquear su continuidad, Solano permanecerá en la Sala Tercera durante otros ocho años, hasta 2034.

Solano también busca presidir la Corte Suprema de Justicia

La discusión legislativa ocurre mientras Patricia Solano participa en otro proceso dentro del Poder Judicial: la elección de la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

La magistrada figura entre las cuatro personas postuladas para ocupar ese puesto, cuya elección está programada para el lunes 26 de octubre.

La persona seleccionada deberá obtener al menos 12 votos de Corte Plena y ejercerá la presidencia durante cuatro años.

De esta manera, Solano enfrenta dos procesos importantes para su futuro profesional: la decisión legislativa sobre su reelección como magistrada y la elección interna para definir quién dirigirá el Poder Judicial durante los próximos años.

Un hombre de apellidos Sánchez Sánchez aceptó haber cometido múltiples delitos sexuales contra su hijastra durante un período de aproximadamente 12 años, cuando la víctima tenía entre 8 y 20 años, y se sometió a un procedimiento judicial que contempla una pena de 36 años de prisión en Costa Rica.

La información fue confirmada por el Ministerio Público, luego de que la Fiscalía Adjunta de Desamparados, mediante su Unidad de Género, presentara las pruebas que llevaron al acusado a reconocer su responsabilidad en los hechos.

Según detallaron las autoridades judiciales, el imputado admitió haber cometido los delitos de abuso sexual, acto sexual remunerado con persona menor de edad y violación, todos en perjuicio de su hijastra.

Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2025, principalmente en una vivienda ubicada en San Cristóbal Sur, Desamparados, localidad perteneciente a la provincia de San José.

La Fiscalía estableció que el hombre aprovechó la relación familiar y la convivencia con la víctima para cometer las agresiones durante varios años.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Sánchez Sánchez comenzó a agredir sexualmente a su hijastra cuando ella tenía apenas ocho años de edad.

Las conductas delictivas continuaron durante su adolescencia y se extendieron hasta que la víctima alcanzó los 20 años, según los hechos reconocidos por el imputado.

La investigación determinó que el acusado utilizó su posición dentro del núcleo familiar para ejercer control psicológico sobre la víctima, circunstancia que le permitió mantener las agresiones durante un período prolongado.

Además, el Ministerio Público señaló que, después de cometer los delitos, el hombre recurría a amenazas para impedir que la joven revelara lo ocurrido.

La relación de parentesco y la convivencia fueron elementos relevantes en la investigación, debido a que el acusado se aprovechó de la cercanía con la víctima para ejercer control sobre ella.

Uno de los hechos expuestos por la Fiscalía es que la víctima resultó embarazada como consecuencia de una de las agresiones sexuales.

Según la acusación, el hombre mantuvo las amenazas y el control psicológico para evitar que se conocieran los abusos.

Acusado evitó juicio mediante procedimiento abreviado

Ante las pruebas aportadas por el Ministerio Público, Sánchez Sánchez decidió aceptar los cargos y someterse a un procedimiento especial abreviado, mecanismo contemplado en la legislación penal costarricense.

Este procedimiento permite resolver una causa penal sin desarrollar un juicio ordinario, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes y exista aceptación de los hechos por parte del acusado.

En este caso, las partes acordaron una pena de 36 años de cárcel, aunque la resolución todavía requiere la confirmación del Tribunal Penal de Desamparados.

Hombre permanecerá en prisión preventiva

Mientras se completa el proceso judicial, el acusado continuará privado de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El Tribunal Penal de Desamparados deberá revisar y confirmar el acuerdo alcanzado mediante el procedimiento abreviado para que la sentencia produzca los efectos legales correspondientes.

De esta manera, el hombre enfrenta una pena acordada de 36 años de prisión por una serie de agresiones sexuales cometidas durante más de una década contra una integrante de su propio núcleo familiar.

El Ministerio Público no precisó cuándo se realizará la audiencia de confirmación de la sentencia ni divulgó otros detalles sobre la situación actual de la víctima.

El caso evidencia una situación de violencia sexual prolongada en el entorno familiar, en la que el acusado reconoció haber utilizado amenazas y control psicológico para mantener las agresiones en secreto durante años.

Agentes de la Oficina Central Nacional Interpol-San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este viernes 23 de octubre a Chonta Mullins Abegglen, una modelo y exparticipante de certámenes de belleza de 30 años, quien figura como imputada en el denominado caso Riverside, una investigación contra una presunta organización criminal vinculada con el narcotraficante Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”.

La detención ocurrió durante la tarde en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de que la mujer regresara a Costa Rica en un vuelo procedente de Zúrich, Suiza, país donde permanecía desde marzo.

Mullins arribó minutos antes de las 2:30 p. m. y fue abordada por agentes judiciales debido a una alerta internacional que pesaba en su contra.

Posteriormente, las autoridades la trasladaron hacia los Tribunales de Limón, donde deberá enfrentar las diligencias judiciales correspondientes.

Modelo había anunciado su regreso voluntario a Costa Rica

La detención se produjo después de que su abogado defensor, Gregorio Briglia, anunciara públicamente que la mujer regresaría al país para ponerse a disposición de las autoridades.

El representante legal aseguró días atrás que su clienta viajaría por sus propios medios y que había mantenido comunicación con el Ministerio Público durante el proceso.

Según explicó, Mullins necesitaba resolver asuntos relacionados con la educación de su hija antes de abandonar Suiza.

La modelo salió de Costa Rica el 23 de marzo de 2026, tres días después de la extradición de López Vega hacia Estados Unidos.

En junio, las autoridades emitieron una alerta de Interpol para ubicarla y detenerla, debido a que no se encontraba en territorio nacional cuando se ejecutaron los allanamientos del caso Riverside.

Fiscalía investiga propiedades valoradas en más de ₡152 millones

Una de las principales líneas de investigación contra Mullins está relacionada con su patrimonio y la posible administración de bienes provenientes de actividades ilegales.

De acuerdo con información del expediente judicial divulgada por CR Hoy, los investigadores identificaron dos propiedades registradas a su nombre, cuyo valor conjunto supera los ₡152 millones (USD 331 mil)

Una se encuentra en San Isidro de Coronado, valorada en más de ₡62 millones (USD 135 mil), y otra en Limón, con un avalúo aproximado de ₡90 millones (USD 196 mil)

También figuran entre sus bienes un vehículo Lexus GX460, modelo 2019, y una motocicleta Honda Navi, modelo 2024.

¿Cuál sería su relación con “Pecho de Rata”?

Según la tesis del Ministerio Público, Mullins habría colaborado con la administración, custodia y colocación de bienes relacionados con la presunta estructura criminal.

Los investigadores sospechan que pudo actuar como testaferra, es decir, una persona que mantiene propiedades a su nombre para ocultar a sus verdaderos propietarios.

La mujer también mantuvo una relación sentimental con Carlos Vaz Mc Leod, hijo de Edwin López Vega, con quien tiene una hija.

El caso Riverside investiga una presunta organización vinculada con tráfico de drogas, armas y legitimación de capitales, desarticulada parcialmente mediante una operación que incluyó 97 allanamientos en junio.

En septiembre, un juzgado ordenó prisión preventiva para 37 imputados y otras medidas cautelares para 17 personas.

Tras su detención, Mullins deberá comparecer ante las autoridades judiciales, que determinarán su situación procesal y las medidas cautelares correspondientes.

La modelo mantiene su presunción de inocencia, mientras continúa la investigación sobre su posible participación en la organización criminal.