La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles y la excusa de Pedro Sánchez para el adelanto electoral. Después de ocho años en el Gobierno, Sánchez pretende ahora presentarse como la solución a una crisis que él mismo ha agravado y convertirla en un arma electoral. La falta de viviendas, los precios disparados, la ocupación ilegal y la inseguridad jurídica ponen de manifiesto el fracaso de su política de vivienda. Y en lugar de asumir su responsabilidad, Sánchez culpa a la oposición y alimenta el enfrentamiento entre propietarios e inquilinos.

Los datos de estos ocho años son demoledores. Desde 2018, los precios de compra han aumentado un 74 % y los del alquiler, un 45 %. Solo en el último año, el precio de compra de la vivienda en España ha subido más del doble que en la Unión Europea. Nuestro país afronta un déficit que podría alcanzar el millón de hogares en 2028 y mientras la demanda aumenta, la construcción sigue sin responder a las necesidades de los ciudadanos.

Como respuesta, Sánchez no para de anunciar viviendas públicas que no se construyen y la oferta de alquiler se reduce en cientos de miles de viviendas por las políticas sectarias de su Gobierno. Los propietarios tienen cada vez más miedo a alquilar, temen la ocupación ilegal y la falta de seguridad jurídica para rescindir un alquiler o recuperar una vivienda ocupada. El pequeño propietario no puede verse perjudicado por la ineficacia de las políticas de vivienda de este Gobierno.

Sánchez no para de anunciar viviendas públicas que no se construyen y la oferta de alquiler se reduce en cientos de miles de viviendas por las políticas sectarias de su Gobierno.

Pese a la evidencia, Sánchez no desiste de su estrategia. Ahora ha decidido cargar contra el Congreso, que representa a los ciudadanos, por rechazar sus últimos decretos de vivienda y recuperarlos aprovechando la disolución de las Cortes, para saltárselas. En una huida hacia delante en la que todo vale, Sánchez insiste en medidas populistas que generan más incertidumbre y reducen la oferta de vivienda. Quienes sufren las consecuencias de estas políticas son los jóvenes que no pueden comprarse una primera vivienda y las familias, que pierden poder adquisitivo y deben dedicar una parte cada vez una mayor parte de su sueldo a pagar una vivienda.

Frente a este modelo, desde el PP, tanto en el Parlamento Europeo como en España, defendemos una respuesta que aborda las causas reales de la crisis. En el informe de la Eurocámara que he liderado partimos de una idea fundamental: necesitamos más viviendas y, para ello, hemos de reducir los obstáculos a la construcción y garantizar la seguridad jurídica. Pedimos medidas concretas: simplificar la normativa, reducir la burocracia, agilizar las licencias urbanísticas, movilizar suelo, disminuir la carga fiscal e incentivar la construcción y rehabilitación de viviendas; promover la colaboración público-privada; y facilitar a los jóvenes la compra de su primera vivienda, mediante avales públicos y mejores condiciones de financiación.

España necesita un cambio de rumbo en materia de vivienda, y esa es la alternativa que ofrece Alberto Núñez Feijóo: construir más viviendas, proteger la propiedad privada y ayudar a los jóvenes y a las familias a acceder a un hogar. Frente a las promesas incumplidas de Sánchez, el Partido Popular ofrece soluciones para que los españoles puedan acceder a la vivienda que necesitan