Agentes de la Policía Nacional han detenido este miércoles 21 de octubre en Valencia a un hombre de 46 años tras presuntamente incendiar su domicilio y atrincherarse con un soplete, según ha adelantado Las Provincias, y han confirmado fuentes policiales.

Sobre las 15.00 horas se ha recibido un aviso alertando de un incendio en el interior de una vivienda. En concreto, el domicilio está ubicado en la sexta planta de un edificio de la avenida Burjassot.

Han acudido efectivos de Bomberos y agentes de la Policía Nacional. Rápidamente, el edificio ha sido desalojado. Tras ello, los bomberos han accedido al interior del edificio para rescatar al presunto autor de los hechos.

El arrestado se negaba a abrir la puerta de su vivienda y mostraba una actitud agresiva, por lo que ha tenido que ser reducido y detenido por la Policía Nacional, según las mismas fuentes. Además, al detenido se le ha localizado un soplete en un bolsillo.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que se ha movilizado una unidad del SAMU que ha trasladado al hombre al Hospital General de Valencia por inhalación de humo.

Un varón de unos 40 años ha perdido la vida tras caer sobre él parte de la carga de una cinta transportadora en una bodega cooperativa de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido a las 15.05 horas del miércoles 21 de octubre, en una bodega cooperativa de Aranda de Duero donde, según los alertantes, un varón de unos 40 años había quedado inconsciente tras caer sobre él parte de la carga de una cinta transportadora.

El 112 dio aviso a los Bomberos de Aranda de Duero, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una UVI móvil. Las mismas fuentes han confirmado que el trabajador ha fallecido.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias concretas del accidente.

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpables por unanimidad a un teniente general retirado de la Guardia Civil y a un empresario por un delito de cohecho en el denominado caso Cuarteles en relación a irregularidades en la adjudicación de obras de mejora en instalaciones del Instituto Armado, han informado fuentes jurídicas.

El veredicto considera acreditado que el alto mando favoreció al empresario en la contratación de trabajos en distintos acuartelamientos a cambio de dádivas y beneficios. Se trata de un fallo sin precedentes por el rango del principal acusado, que se ha convertido en el primer teniente general de la Guardia Civil juzgado y declarado culpable por corrupción.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ejerce la acusación popular en el procedimiento, ha valorado muy positivamente el veredicto unánime del jurado, que declara culpable de cohecho a Vázquez Jarava.

La asociación subraya que es la primera vez en la historia de la Guardia Civil que un mando de este rango es juzgado y declarado culpable por corrupción. Los hechos enjuiciados se remontan a 2016 y 2017, cuando el teniente coronel ocupaba la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil y tenía competencias sobre la gestión de recursos económicos del cuerpo.

Según las acusaciones, el teniente general recomendó a distintas comandancias contratar al empresario para realizar obras de impermeabilización y mejora de fachadas mediante corcho proyectado. Las empresas administradas por el condenado obtuvieron contratos por cerca de 1,4 millones de euros en 2016.

A cambio, el empresario habría agasajado al mando con viajes, estancias hoteleras y entregas de dinero en efectivo. Entre los beneficios investigados figuran desplazamientos para asistir a las finales de la Champions League de 2016 y 2017, además de cantidades en metálico que, según la información publicada sobre el veredicto, superaron los 39.000 euros.

La Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por la AUGC y la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) habían solicitado un año de prisión para cada acusado por cohecho, mientras que las defensas reclamaban su absolución

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife ha detenido al presunto autor del asesinato cometido en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, culminando una investigación que ha permanecido activa durante casi una década.

La investigación se inició en la madrugada del 19 de octubre de 2017, cuando una mujer fue abordada de forma sorpresiva mientras se disponía a subir a su vehículo, que se encontraba estacionado en un garaje comunitario del barrio de Añaza, para acudir a su puesto trabajo en El Rosario, según ha informado la Policía en una nota.

La víctima, que fue agredida sexualmente y posteriormente asesinada, apenas pudo defenderse ante la gran violencia ejercida por el detenido, que solamente tenía 22 años en aquel momento.

Durante los primeros meses, la falta de testigos directos y la ausencia de un perfil claro de agresor dificultaron el avance de las pesquisas, que se centraron en varones con antecedentes por delitos de naturaleza sexual residentes en la zona.

Sin embargo, el dato decisivo llegó seis meses después de la tragedia, momento en el que una mujer fue nuevamente asaltada en el interior de un edificio del limítrofe barrio de Santa María del Mar, con la salvedad de que en esta ocasión la víctima logró solicitar ayuda de los vecinos provocando la huida de su captor.

En el lugar de los hechos, los agentes recuperaron un pañuelo abandonado por el agresor, de cuyo análisis, realizado por Policía Científica, se obtuvo una muestra de ADN que resultó ser coincidente con la obtenida en la escena del crimen del garaje de Añaza.

Esta prueba permitió a los investigadores centrar todas sus hipótesis en establecer un vínculo directo entre ambos sucesos y determinar la posibilidad de que el autor residiera en la proximidad de ambos barrios.

Para la identificación del autor tuvieron que emplearse novedosas técnicas de análisis del origen biogeográfico de las muestras recabadas, aplicadas por la Universidad de Santiago de Compostela, que arrojaron una descripción física aproximada del autor, así como de técnicas de cribado genético dirigidas a la confección de un árbol genealógico que condujera a la averiguación de la identidad del presunto autor, lo que requirió de la consulta de archivos y libros de registro parroquiales desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, resultando imprescindible la participación del laboratorio de biología- ADN de la Comisaría General de Policía Científica para la resolución del caso.

Una vez detenido el autor se procedió a realizar una entrada y registro de su vivienda para recabar datos en pro del pleno esclarecimiento de los hechos, culminando de esta forma con casi una década de investigación. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión.

M.S., conocido como 'El Baba', ha admitido este miércoles haber efectuado el disparo que acabó con la vida de su cuñado durante un tiroteo ocurrido en septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva, aunque ha asegurado que actuó "por miedo" a que la víctima lo matara y ha negado haber iniciado el enfrentamiento.

Durante su declaración ante la Audiencia Provincial de Huelva, el acusado ha sostenido que fue otro de sus cuñados, L.M., quien comenzó a disparar desde un vehículo contra él y otro hombre, que resultó herido. Según su versión, consiguió refugiarse en su edificio y, desde una ventana, efectuó varios disparos contra las ruedas del coche para intentar que se marchara.

Posteriormente, ha relatado que su cuñado R.M., que acabaría falleciendo, apareció en el rellano de su vivienda armado con un cuchillo y gritando "te mato, te mato". El acusado ha asegurado que efectuó primero dos disparos disuasorios, pero que finalmente disparó contra él porque temía por su vida.

En su último turno de palabra, 'El Baba' ha pedido "de rodillas" al jurado popular que "metan en la cárcel" a L.M. para evitar que "mate a más familiares", en referencia a los tiroteos ocurridos en Isla Cristina en los que fallecieron su padrastro, su hermana embarazada de ocho meses, su madre y un joven de 16 años ajeno a los clanes enfrentados.

El otro acusado señala a 'El Baba' como responsable de iniciar el tiroteo

Sin embargo, L.M., también acusado en el procedimiento, ha ofrecido una versión completamente distinta y ha señalado a 'El Baba' como responsable de iniciar el tiroteo. Según su declaración, circulaba en su vehículo cuando M.S. comenzó a dispararle por detrás, alcanzándolo en la cabeza y provocando que perdiera el control del coche y chocara contra otros vehículos.

L.M. ha negado haber disparado y ha cuestionado las pruebas encontradas posteriormente en su vehículo, alegando que permaneció durante horas sin vigilancia policial y que otras personas pudieron introducir objetos en su interior. También ha asegurado que mantenía conflictos previos con 'El Baba', a quien ha descrito como una persona "muy conflictiva".

El enfrentamiento, ocurrido el 10 de septiembre de 2024, terminó con una persona fallecida y otras dos heridas. La Fiscalía solicita para 'El Baba' un total de 28 años y seis meses de prisión por presuntos delitos de asesinato con alevosía, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Por su parte, L.M. se enfrenta a una petición de 15 años y medio de cárcel por dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas.

Las defensas piden la absolución o una rebaja de las penas

En sus conclusiones finales, la Fiscalía ha mantenido su petición de 28 años y medio de prisión para 'El Baba' y de 15 años y medio para L.M., mientras que la acusación particular del fallecido solicita 27 años de cárcel para el primero por asesinato y tenencia ilícita de armas. Por su parte, la defensa de L.M. ha reclamado su absolución al considerar que no existen pruebas suficientes de que iniciara el tiroteo.

El abogado de 'El Baba' ha sostenido que existen "hasta 13 indicios" de que L.M. comenzó el enfrentamiento y ha solicitado que se aplique a su cliente la eximente o atenuante de legítima defensa por "miedo insuperable", o que los hechos se califiquen como homicidio en lugar de asesinato. Asimismo, ha reclamado que se modifique la calificación del delito atribuido a L.M. de tentativa de homicidio a tentativa de asesinato.

El jurado popular recibirá este jueves el objeto de veredicto y se retirará a deliberar en secreto antes de comunicar su decisión.

Una menor de dos años de edad se encuentra herida "muy grave" tras caer de un balcón de un primer piso (desde unos 5 metros de altura) en Lleida este martes sobre las 17 horas, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Catalunya Ràdio', la menor estaba consciente tras la caída y fue trasladada de gravedad al hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense.

La policía catalana investiga las causas de la caída y si la menor estaba acompañada.