La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó y llevó a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno --que fue finalmente condenado a 9 años de inhabilitación para cargo público- considera que es una de las perjudicadas por la trama presuntamente liderada por el que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, para tratar de frustrar causas judiciales que afectan a Pedro Sánchez y al partido.

La defensa de Cristina Álvarez, la asistente en Moncloa de la esposa de Pedro Sánchez acusada de malversación de caudales públicos, considera que la audiencia preliminar a la que fue llamaba la semana pasada por el juez Juan Carlos Peinado con tan solo 24 horas de antelación debe anularse. El abogado José María de Pablo ya advirtió del interés de su cliente por asistir a esta diligencia, si bien la premura de la citación lo impidió puesto que la asesora se encuentra de viaje fuera de España y hasta el próximo 28 de septiembre.

La fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá se ha abierto a que el caso Montoro pueda abandonar Tarragona y trasladarse a Madrid. Pero no ahora. Solo lo ve factible "cuando se practiquen las diligencias pendientes", que será "cuando podrá alcanzarse un criterio concluyente de dicha competencia", afirma en uno de los informes aportados a la causa y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El pasado 29 de mayo, tras varias jornadas en las que el juez del caso Montoro no escuchó más que renuncias a declarar por parte de los primeros citados en calidad de imputados, la representante legal de Messer Ibérica -- la empresa gasista cuyo registro dio origen a la causa por presunto tráfico de influencias desde el despacho fundado por el exministro del PP-- decidió hablar.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, no se conforma con el archivo de las quejas que presentó en el Consejo General del Poder Judicial contra el instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, por, entre otros motivos, las circunstancias que rodearon su declaración como testigo en este procedimiento en abril de 2025. Por ello ha formulado un recurso de alzada, un trámite en vía administrativa que suele ser previo a la presentación de un contencioso ante el Tribunal Supremo en el que caso, bastante probable, de que el órgano de gobierno de los jueces confirme su decisión y lo desestime