Entre 700 y 1.000 menores migrantes siguen en las calles de Ceuta, según las estimaciones del Gobierno. Una cifra que se suma a los 2.048 que han sido ya filiados en centros de acogida. Desde el Gobierno descargan la responsabilidad de esta situación en el Gobierno de Ceuta por tener las competencias sobre menores y ostentar así legalmente su tutela. “Eso a Vivas, pregúntale”, respondía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los pasillos del Congreso este miércoles a la pregunta de por qué hay 1.000 menores en las calles de Ceuta. En Moncloa acusan al presidente de Ceuta de estar actuando a las órdenes de Génova para no solicitar el traslado de menores a centros de acogida en la Península.

La cifra de migrantes en Ceuta sigue revisándose al alza por parte del Gobierno hasta reconocer que al menos hay alrededor de 10.000. Estos son los cálculos de fuentes del mando único que dirige el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, teniendo en cuenta tanto los reubicados en centros de acogida como los que permanecen en las calles y acuden a recibir recursos alimentarios. Sin embargo, se trata de una estimación y no se descarta que la cifra pueda seguir aumentando. Las mismas fuentes asumen que de estos migrantes, uno de cada diez podrán tener derecho a asilo. Se trataría principalmente de los migrantes no marroquíes de origen subsahariano, apuntan desde el Ejecutivo. No llegarían, por tanto, al millar. Dentro de este cómputo, sin embargo, se incluyen a los menores migrantes, con un marco legal más garantista.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha abierto la puerta desde el Senado a que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, comparezca ante la comisión de secretos oficiales del Congreso para explicar las alertas del CNI sobre la avalancha de migrantes en Ceuta y el papel de los servicios de inteligencia en la crisis migratoria.

El choque entre el Gobierno y el Tribunal Supremo se sigue recrudeciendo tras el fallo contra la denominada ley de nietos. Las fricciones que arrastran el poder ejecutivo y el judicial desde la aprobación de la ley de amnistía, en incluso antes con la concesión de los indultos, se han trasladado a la conversación pública deslizando acusaciones cada vez más gruesas. Al cuestionamiento a los jueces entonado por ministros como Óscar Puente u Óscar López, se sumó este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, desde la sala de prensa de Moncloa tras el Consejo de Ministros. Hizo suyas las críticas del titular de Transportes, quien manifestó recientemente que “hay jueces haciendo política”, por constatar “lo que todos opinamos”, aseguró llamando la atención sobre la “necesaria independencia judicial”.

Pedro Sánchez ha vuelto a eximir a Rabat de cualquier responsabilidad en la "avalancha" de migrantes que cruzaron irregularmente la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. Incluso negando que haya habido una actitud pasiva de sus fuerzas de seguridad. "No es tanto una actitud pasiva, ellos nos alertan y vemos también una decisión de tratar de gestionar toda esa avalancha de manera inteligente, de producir el menor daño posible" a los migrantes durante las primeras horas, defendió durante una entrevista en el programa 'El Intermedio' de La Sexta.

El choque entre el Gobierno y el Tribunal Supremo sigue escalando. Las críticas por el fallo que paraliza la denominada ley de nietos no han cesado y este lunes fue el ministro para la Transformación Digital y Función Pública quien tildó el fallo de “salvajada” al afectar a los derechos fundamentales y “alimentar a la ultraderecha” en sus tesis sobre un ‘pucherazo’ electoral. En el Ejecutivo ven en la ley de amnistía el origen de las fricciones con el alto tribunal. Algo que, según López, “algunos no han perdonado”.