El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha ampliado las alegaciones que presentó este miércoles ante el Tribunal de Cuentas para reclamar una vez más su amnistía y, por tanto, absolución de la responsabilidad contable en la que habría podido incurrir por el 1-O y la acción exterior de Govern. Lo ha hecho para aportar al procedimiento el último auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que declaraba que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "no puede seguir apreciándose la afectación de los intereses financieros de la Unión por la sola hipótesis de una disminución de la contribución española derivada de la secesión".

La fiscalía defiende investigar la conducta del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, dentro del "contexto operativo y decisorio" de la entrada masiva que se vivió en la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio, porque forma parte del "mismo engranaje".

La fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá se ha abierto a que el caso Montoro pueda abandonar Tarragona y trasladarse a Madrid. Pero no ahora. Solo lo ve factible "cuando se practiquen las diligencias pendientes", que será "cuando podrá alcanzarse un criterio concluyente de dicha competencia", afirma en uno de los informes aportados a la causa y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.