Pontevedra decidió hacer algo que parece bastante sencillo hasta que lo intentas: quitar coches del centro y devolver la calle a la gente. Empezó en 1999 y funcionó hasta el punto de que su modelo de movilidad ha acabado estudiándose y aplicándose como referencia en medio mundo. Pero Pontevedra no es solo peatonalización y paseos junto a la ría. Es una ciudad de mareantes, mariscadoras, peregrinos, castros, albariño, hórreos frente al mar y luchas vecinales.  En este episodio del podcast Kelugares, Kelu Robles recorre Pontevedra y sus alrededores para entender cómo una localidad con una historia profundamente ligada al mar terminó convirtiendo sus calles en uno de los ejemplos más conocidos de recuperación del espacio público. Suscríbete en ⁠Spotify⁠⁠,⁠⁠ Ivoox⁠⁠,⁠⁠ Youtube⁠⁠ para que la presentadora de este podcast pueda tomarse un Albariño ¡de ti depende la supervivencia del proyecto! (Esto se nota que lo he escrito yo de puño y letra, Kelu Robles).

Una historia anterior a los coches

Para entender Pontevedra hay que remontarse mucho más atrás. En la provincia existen numerosos testimonios arqueológicos de época prehistórica y antigua, especialmente castros y petroglifos. En lugares como Poio o Campo Lameiro pueden encontrarse algunos de los ejemplos más conocidos.

Y aquí conviene desmontar una asociación bastante habitual: Galicia no puede explicarse simplemente diciendo que fue una tierra celta. La identificación entre Galicia y los celtas forma parte de una construcción histórica compleja y sigue siendo objeto de debate entre especialistas.

Los castros, en cambio, son una realidad arqueológica perfectamente documentada. Muchos se levantaron en lugares elevados, desde los que era posible controlar visualmente el territorio y mejorar sus condiciones defensivas. La Pontevedra medieval y moderna crecería después alrededor de otra ventaja: el mar.

Peregrinos, marineros y comerciantes

La iglesia de la Peregrina es probablemente el edificio más reconocible de la ciudad. Su peculiar planta ovalada y su relación con el Camino Portugués la han convertido en uno de los grandes símbolos de Pontevedra.

La ciudad lleva siglos formando parte de las rutas de peregrinación hacia Santiago. Y junto a esa actividad se desarrolló una importante tradición comercial y marítima.

La basílica de Santa María la Mayor, construida en el siglo XVI bajo el impulso del Gremio de Mareantes, es uno de los mejores testimonios de aquella época. Su fachada plateresca refleja el poder económico que llegaron a alcanzar los sectores vinculados al mar. Muy cerca, se encuentra A Moureira, el antiguo barrio de marineros y trabajadores portuarios. 

También pertenecen al patrimonio histórico de la ciudad las ruinas de Santo Domingo, restos de un antiguo convento gótico que estuvieron amenazados por las transformaciones urbanísticas del siglo XIX y que hoy forman parte de uno de los conjuntos monumentales más reconocibles de Pontevedra.

Una ciudad de plazas

El centro histórico se articula alrededor de pequeñas plazas que tuvieron funciones muy concretas. En la Plaza de la Leña se vendía menaje de madera y elementos para el ganado. Su mayor exponente gastronómico se encuentra en Eirado da Leña, un restaurante con Estrella Michelín. Para no rascarte tanto el bolsillo vete a O Trasmallo, un pequeño local que está muy cerca de esta plaza y que ofrece los clásicos gallegos. En la Plaza de la Verdura se vendía, evidentemente, teléfonos móviles. Es broma, se vendía verdura. Ahí te recomiendo comer en Los Maristas y tomarte algo en Griffon, una cervecería irlandesa de toda la vida. Mézclate con la juventud en la Plaza de Méndez Núñez y tómate un refrigerio en La Gramola.

El Museo de Pontevedra y la Illa das Esculturas

El patrimonio no termina en las calles. El Museo de Pontevedra ocupa seis edificios históricos y reúne fondos arqueológicos, artísticos e históricos que permiten recorrer distintas etapas de Galicia. Entre sus colecciones aparecen piezas de época castreña, pintura, escultura y objetos relacionados con la vida cotidiana y marítima.

En el otro extremo encontramos un proyecto completamente diferente: la Illa das Esculturas. Creado en 1999 junto al Lérez, este museo de arte contemporáneo al aire libre reúne doce obras de doce artistas en un espacio donde el granito y el paisaje forman parte de la propia exposición.

Y, si lo que buscamos es naturaleza, la Xunqueira de Alba está prácticamente pegada a la ciudad. Sus unas 67 hectáreas de humedal forman un espacio de marismas, caminos y pasarelas utilizado también para la observación de aves. Fue el primer Espacio Natural de Interés Local declarado en Galicia.

La ría como agente gastronómico

Pontevedra está en el corazón de las Rías Baixas y eso también se nota en la mesa.

Aquí conviene diferenciar tres conceptos que a menudo se mezclan: Albariño y Godello son variedades de uva; Ribeiro y Valdeorras son denominaciones de origen; y Rías Baixas es otra denominación de origen, especialmente asociada al albariño.

En la gastronomía aparecen productos estrechamente ligados a la ría: mejillones, navajas, pulpo y también volandeiras. Estas últimas no son simplemente vieiras pequeñas, sino una especie diferente. Puedes comerte unas volandeiras fantásticas en 

Para terminar el recorrido gastronómico, el Café Moderno, en la Plaza de San José, conserva el ambiente de un establecimiento instalado en un edificio de comienzos del siglo XX, de carácter modernista y ecléctico.

Combarro y la presión turística

Fuera de Pontevedra, la ría ofrece algunos de los paisajes más conocidos de las Rías Baixas.

Combarro es probablemente el ejemplo más popular. Sus hórreos junto al mar, casas de piedra y cruceiros lo han convertido en uno de los pueblos más visitados de la zona.

Pero el éxito turístico también tiene consecuencias. La presión sobre el alojamiento y la transformación de viviendas en usos turísticos forman parte de los debates que afectan a numerosos municipios de las Rías Baixas.

Frente a Combarro aparece la isla de Tambo, situada en la ría de Pontevedra. Durante décadas estuvo vinculada al ámbito militar y tuvo un acceso muy restringido. Actualmente existen visitas organizadas que permiten conocerla.

Una ciudad que celebra la calle

Pontevedra también ha construido parte de su identidad contemporánea alrededor del espacio público. La Feira Franca, celebrada desde el año 2000, recrea el mercado libre de impuestos concedido por Enrique IV en 1467. La fiesta transforma durante unos días el centro histórico y recupera simbólicamente aquella actividad comercial medieval.

En agosto llegan las Fiestas de la Peregrina, con actos religiosos, gigantes y cabezudos, peñas y actividades en las calles. Y fuera del centro, la senda fluvial del Lérez permite continuar ese recorrido peatonal hasta Monte Porreiro, junto al río.

La memoria de las mariscadoras

Hay otra historia de Pontevedra que no aparece en las guías monumentales. En Lourizán, las mariscadoras se enfrentaron en los años cincuenta a la instalación de la fábrica de celulosa de ENCE. Aquellas mujeres dependían de los bancos marisqueros de la zona para mantener a sus familias y protagonizaron protestas contra unas obras que consideraban una amenaza para su actividad.

En 1958 y 1959 se produjeron distintas acciones contra la construcción. Algunas mariscadoras llegaron a deshacer durante la noche trabajos realizados durante el día. El 10 de febrero de 1959, una de aquellas protestas fue reprimida por la Guardia Civil y efectivos del buque militar Hernán Cortés. Es una parte de la historia reciente de Pontevedra que ayuda a entender la relación entre territorio, actividad económica y movilización social que todavía caracteriza a la ciudad.

La ciudad que quitó los coches

La transformación urbana iniciada a finales de los noventa no puede separarse de todo lo anterior. Pontevedra decidió reducir el espacio destinado al automóvil y devolver protagonismo a las calles, las plazas y los recorridos peatonales. El resultado fue una ciudad en la que caminar dejó de ser simplemente una forma de desplazarse para convertirse en una de las características principales del espacio urbano.

La decisión generó debate, como cualquier transformación de este calibre. Pero convirtió a Pontevedra en uno de los casos españoles más conocidos de recuperación del espacio público. Y quizá esa sea la mejor manera de entender A Boa Vila.

No como una ciudad que haya dejado de tener problemas, ni como un modelo perfecto, sino como una ciudad que lleva décadas discutiendo qué quiere hacer con sus calles, con su patrimonio y con su relación con el territorio.

Entre castros y peregrinos, entre mariscadoras y mareantes, entre el Lérez y la ría, entre el granito y las plazas, Pontevedra ha terminado convirtiendo una decisión urbanística en parte de su propia identidad.

Una ciudad que, para parecer más ciudad, decidió quitarle espacio a los coches. 

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El juez que investiga al excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, por la supuesta falsificación de su título universitario ha pedido a la Diputación de Valencia los expedientes de sus solicitudes de prórroga para el servicio activo como funcionario y que informe sobre si “se requirió, aportó o valoró titulación académica alguna del interesado”. Así figura en una providencia del pasado 8 de octubre a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Las prórrogas en el puesto de funcionario del expolítico se erigen en un elemento clave del procedimiento. Ya que la sección tercera de la Audiencia de Valencia reabrió la causa —previamente archivada por el titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València al considerar que la supuesta falsificación del título universitario en todo caso estaría prescrita— escudándose en que “cada vez que el funcionario pide la prórroga, no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación, sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto en que desea continuar”. Es decir, las prórrogas impiden la prescripción de los hechos, según la tesis de la Audiencia de Valencia.

José María Ángel pidió cuatro prórrogas para el servicio activo, entre 2021 y 2024. El juez instructor ha solicitado a la institución provincial precisamente los expedientes administrativos íntegros relativos a esas prórrogas y los informes vinculados, “en particular los de aptitud y capacidad funcional”.

Por otro lado, la providencia también ordena a la Diputación de Valencia que “adopte inmediatamente las medidas necesarias de preservación para evitar la alteración” o “pérdida” de los datos contenidos en la página web del Ayuntamiento de l'Eliana, localidad de la que Ángel fue alcalde.

La resolución también pide —“en caso de existir”— la copia certificada del “saluda” del alcalde durante la etapa de Ángel como primer edil. “En caso de no existir o de no poder recuperarse la información solicitada”, el instructor pide a la Diputación que certifique las “comprobaciones efectuadas”.

La automoción española afronta uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. La transformación hacia la movilidad sostenible, la irrupción de nuevos fabricantes internacionales, la electrificación del parque móvil y la necesidad de reforzar la autonomía industrial europea están configurando un escenario lleno de desafíos, pero también de oportunidades. En este contexto, España cuenta con una ventaja competitiva evidente: una industria consolidada, una potente red de proveedores, capacidad tecnológica y una posición de liderazgo como segundo fabricante de automóviles de Europa.

Los datos invitan al optimismo. El Barómetro Movilidad+Auto 2026 refleja que el 44,9% de las empresas del sector espera una mejora de la actividad durante este año, mientras que siete de cada diez prevén aumentar su facturación y cerca de dos tercios confían en mejorar sus beneficios. Además, la inversión continúa creciendo y la contratación de nuevos perfiles profesionales sigue siendo una prioridad para la mayoría de las compañías.

Ese optimismo se apoya en una realidad tangible. La industria española de automoción alcanzó en 2025 una inversión récord de 3.197 millones de euros, un 24,7% más que el año anterior. Buena parte de esos recursos se han destinado a adaptar las fábricas españolas a la producción de vehículos electrificados y a atraer nuevos proyectos industriales. Al mismo tiempo, el sector mantuvo casi 54.000 empleos directos en las plantas de fabricación y generó una facturación superior a los 80.000 millones de euros.

El peso de la automoción en la economía nacional es difícilmente discutible. Su contribución al PIB se acerca al 11%, representa el 18% de las exportaciones españolas y constituye uno de los principales motores industriales del país. Además, genera cientos de miles de empleos directos e indirectos y sigue siendo una actividad estratégica para numerosas regiones españolas.

En esta transformación juega un papel fundamental el recién estrenado Plan Auto+, aprobado por el Ministerio de Industria y Turismo y dotado con 400 millones de euros para incentivar la compra de vehículos eléctricos y electrificados. El programa introduce ayudas directas, simplifica la tramitación y, además, tiene carácter retroactivo para las adquisiciones realizadas desde el 1 de enero de 2026. Esta medida responde a una demanda histórica del sector y busca impulsar la demanda al mismo tiempo que favorece la producción industrial vinculada a la movilidad sostenible.

El Plan Auto+ forma parte de la estrategia España Auto 2030, una hoja de ruta diseñada para fortalecer la competitividad de la industria española, acelerar la electrificación y consolidar a nuestro país como uno de los grandes centros europeos de fabricación de vehículos eléctricos. El objetivo es claro: que la transición energética no suponga una pérdida de capacidad industrial, sino una oportunidad para generar más actividad económica, innovación y empleo.

Otro de los fenómenos que están redefiniendo el panorama industrial es la llegada de fabricantes chinos. Aunque parte del sector observa este proceso con cautela, el Barómetro Movilidad+Auto 2026 revela que prácticamente la mitad de las empresas considera esta presencia una oportunidad.

Y existen razones para ello. La implantación de grupos asiáticos en España puede suponer nuevas inversiones productivas, desarrollo tecnológico, centros de investigación y una creciente integración de proveedores nacionales en las cadenas de valor globales. El Gobierno ha insistido en que el objetivo no es atraer inversiones de corto recorrido, sino proyectos con arraigo industrial, capacidad de innovación y generación de empleo cualificado. El ejemplo de la colaboración entre Chery y Ebro en Barcelona ilustra precisamente esta estrategia de transferencia tecnológica y desarrollo industrial a largo plazo.

La electrificación también está impulsando la aparición de nuevos perfiles profesionales ligados a la digitalización, la ingeniería de baterías, el software, la conectividad y la fabricación avanzada. No es casualidad que más del 83% de las empresas mantenga o incremente la incorporación de nuevos profesionales y que las inversiones en vehículo eléctrico lideren claramente la innovación empresarial.

Junto a ello emerge una oportunidad complementaria: la participación de la industria de automoción en el creciente esfuerzo inversor europeo en defensa. Según el Barómetro Movilidad+Auto 2026, más de la mitad de las empresas considera positiva esta posibilidad. Las capacidades industriales, tecnológicas y de fabricación de muchos proveedores del automóvil pueden encontrar nuevas vías de crecimiento en este ámbito, diversificando actividades y fortaleciendo la base industrial española.

España dispone hoy de los ingredientes necesarios para liderar la nueva movilidad europea: capacidad productiva, experiencia industrial, talento, inversiones y una estrategia pública orientada a la electrificación. El reto ahora consiste en transformar esa ventaja en una posición duradera. Si se mantiene la colaboración entre administraciones y empresas, el país tiene una oportunidad histórica para consolidarse como un auténtico hub de fabricación de vehículos eléctricos, innovación tecnológica y movilidad sostenible para las próximas décadas.

Miércoles estable en la Comunidad de Madrid en una jornada con cielos poco nubosos y temperaturas mínimas en descenso. Según la previsión que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de su página web, no habrá fenómenos significativos, aunque no se descarta alguna precipitación débil y dispersa en las cumbres de la Sierra durante las primeras horas del día.

A primera hora se esperan intervalos de nubes bajas en la Sierra que podrían ir acompañados de alguna bruma en las cotas más altas. A medida que transcurra la mañana, aumentarán los intervalos de nubes altas y posteriormente durante la tarde, sin que se prevean cambios importantes en el tiempo.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán en el conjunto de la región, mientras que las máximas registrarán variaciones ligeras. Los valores más altos se esperan en Aranjuez, donde los termómetros podrían alcanzar los 20ºC.

Las temperaturas previstas en la capital y el resto de municipios

Madrid capital registrará una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 17. En Getafe, los termómetros oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 18 de máxima, mientras que Navalcarnero tendrá valores de entre 9 y 18 grados.

En el este de la comunidad, Alcalá de Henares comenzará el día con 8 grados y alcanzará los 19 durante las horas centrales. Aranjuez tendrá una mínima de 7 grados y llegará a los 20. Por su parte, Collado Villalba registrará las temperaturas más bajas, con una mínima de 6 grados y una máxima de 15. En cuanto al viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente oeste. Sin embargo, se esperan algunos intervalos de mayor intensidad en las zonas altas de la Sierra.

Moverse por la ciudad implica tomar cada vez más decisiones. El consumo de combustible, las restricciones de circulación, el coste de los desplazamientos o la facilidad para aparcar ocupan un lugar destacado a la hora de elegir un coche, pero a estos factores hay que sumar otros que siguen siendo fundamentales, como el diseño, el confort, la conectividad o la posibilidad de utilizar el vehículo también fuera del entorno urbano.

La electrificación está ampliando las alternativas disponibles para quienes quieren desplazarse de forma más eficiente sin complicar su vida cotidiana. No todas las personas tienen las mismas necesidades ni están preparadas para dar el mismo paso hacia la movilidad eléctrica. Mientras algunas buscan un vehículo asequible que combine las ventajas de un motor de combustión con la tecnología híbrida, otras prefieren apostar por un modelo 100% eléctrico.

Kia responde a estos dos perfiles con el Stonic y el EV3, dos SUV compactos que comparten la apuesta por el diseño y la tecnología, pero ofrecen soluciones diferentes para afrontar los trayectos diarios. El primero plantea una combinación de dimensiones contenidas, equipamiento tecnológico y facilidad de uso con la mirada puesta en un público joven y urbanita. Su reciente renovación ha actualizado tanto el diseño exterior como el habitáculo, e incorporado equipamiento que solemos encontrar en vehículos de segmentos superiores.

Una de sus principales bazas es la posibilidad de elegir una motorización con tecnología de hibridación ligera. Junto al motor de gasolina 1.0 T-GDI de 100 CV, la gama incorpora una versión mild hybrid de 115 CV que utiliza un sistema eléctrico de apoyo para mejorar la eficiencia del conjunto. 

Esta última alternativa permite acceder a la etiqueta Eco de la DGT. Además, la hibridación ligera no requiere enchufar el vehículo a una toma de corriente, de modo que mantiene la familiaridad de uso de un coche de gasolina. Esto convierte al Stonic en una buena opción para quienes quieren introducirse en la movilidad de algún modo electrificada sin modificar sus hábitos de repostaje ni depender de una infraestructura de recarga.

El modelo también ofrece posibilidades de cambio manual y, en la versión microhíbrida, transmisión automática de doble embrague y siete velocidades, una alternativa que puede resultar especialmente cómoda en recorridos urbanos con frecuentes detenciones. Su carrocería compacta facilita el uso cotidiano, mientras que su configuración de crossover permite combinar los trayectos por ciudad con desplazamientos por carretera o escapadas de fin de semana.

El rediseño exterior, inspirado en la filosofía Opposites United de Kia, incorpora una nueva firma luminosa, paragolpes renovados y opciones de llantas de hasta 17 pulgadas, lo que le confiere una imagen actual sin renunciar a la funcionalidad.

El Stonic busca conectar con un público acostumbrado a gestionar buena parte de su día a día desde el teléfono móvil. Su interior incorpora una disposición panorámica con dos pantallas de 12,3 pulgadas, que integran la información de conducción y las funciones multimedia. Mediante Kia Connect y Kia App es posible acceder a información del vehículo y a determinadas funciones remotas. La llave digital permite, además, desbloquear y arrancar el coche con un smartphone o un reloj inteligente compatible.

A ello se añade un conjunto de asistentes de conducción pensados para mejorar la seguridad en situaciones habituales, como la prevención de colisiones frontales, la vigilancia del ángulo muerto y el mantenimiento de carril.

Salto al eléctrico

Para dar el salto a la conducción eléctrica, el Kia EV3 propone un enfoque diferente. Este SUV compacto ha sido desarrollado sobre una plataforma específica para vehículos de baterías, lo que favorece un mejor aprovechamiento del espacio interior y proporciona prestaciones adaptadas tanto a los recorridos urbanos como a los viajes de mayor distancia.

Uno de los aspectos que más condicionan la compra de un eléctrico es la autonomía. El EV3 aborda esta preocupación con dos opciones de batería, de 58,3 y 81,4 kWh, que ofrecen autonomías homologadas de hasta 436 y 605 kilómetros, respectivamente, y en condiciones de circulación exclusivamente urbana la versión de mayor capacidad puede alcanzar hasta 773 km. Estas cifras convierten ya a un coche eléctrico en alternativa real no solo para ir al trabajo o realizar gestiones por la ciudad, sino también como vehículo principal del hogar. 

La eficiencia del EV3 se apoya en su aerodinámica y en tecnologías como el sistema de frenado regenerativo. Mediante la función i-Pedal, el conductor puede gestionar la aceleración y buena parte de la frenada con un solo pedal a fin de aprovechar las desaceleraciones para recuperar energía, algo especialmente útil en entornos urbanos.

La facilidad de recarga resulta decisiva para la experiencia de uso de un eléctrico. El Kia EV3 admite carga rápida en corriente continua, con tiempos anunciados de entre 29 y 31 minutos para pasar del 10 al 80% de batería, dependiendo de la versión y siempre que se den las condiciones adecuadas.

El EV3 incorpora también herramientas digitales para consultar el estado de la batería, programar la recarga y planificar los desplazamientos. Su habitáculo cuenta con una triple pantalla panorámica, soluciones de almacenamiento y sistemas de asistencia a la conducción. Además, incorpora materiales reciclados y de origen alternativo, entre ellos tejidos PET reciclados y bioplásticos.

Aunque el Stonic microhíbrido y el EV3 parten de tecnologías diferentes, ambos permiten afrontar los cambios que se están experimentando en la movilidad dentro de las ciudades. La elección dependerá del presupuesto, los kilómetros recorridos, la disponibilidad de recarga y el tipo de desplazamientos. El primero ofrece la etiqueta Eco y el segundo otorga acceso al aún más codiciado distintivo 0 emisiones, asociado frecuentemente a mayores facilidades de acceso y estacionamiento regulado.

En julio de 2016 Alexandra Rodica fue asesinada a las puertas de un punto de encuentro de Zaragoza. Su caso conmocionó a entidades y usuarias de estos centros, puesto que puso de relevancia fallos en los protocolos de seguridad de unos lugares en los que se supervisan y evalúan las reuniones de los progenitores con sus hijos en casos de conflicto o, en muchas ocasiones, tras ser víctimas de violencia de género. Era el caso de Alexandra, había denunciado a su expareja por maltrato y el hombre tenía vigente una orden que le prohibía acercarse a ella a menos de 200 metros y comunicarse con ella.

Según el procedimiento establecido, la entrega del menor se debía hacer en el punto de encuentro de Conde Aranda. Allí, él tenía que llegar 15 minutos antes, subir y esperar en la sala. Luego llegaría Alexandra con el menor, lo dejaría y se marcharía sin tener que ver a su expareja. Sin embargo, ese día esperó en el portal del propio punto de encuentro y, cuando ella entró, la asesinó delante de su hijo, tal y como recoge la sentencia en la que el jurado lo consideró culpable de asesinato. Este caso puso en entredicho la seguridad de las mujeres y sus hijos en estos puntos y la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón anunció medidas, pero, diez años después, “no ha habido ningún cambio”, según explica Natalia Morlás, presidenta de la asociación de supervivientes de violencia machista Somos Más. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de abril de 2019, confirmó la condena de 20 años y un día de prisión por asesinato con las agravantes de parentesco y de violencia de género. El tribunal se limitó a juzgar al agresor: no analiza la seguridad del servicio ni la actuación del personal. Sí recoge, como hechos probados, que el hombre esperó en el portal en lugar de subir al centro, como exigían sus normas, y que una empleada abrió la puerta a la madre y al niño a través del telefonillo.

Los puntos de encuentro familiar son recursos sociales a los que se accede por resolución judicial o administrativa para facilitar las entregas y recogidas de menores, así como las visitas entre hijos y progenitores cuando existen conflictos familiares que dificultan el contacto. En Aragón están regulados por un decreto que establece entre sus objetivos garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y prevenir situaciones de violencia en los regímenes de visitas conflictivos. La norma distingue entre las entregas y recogidas –en las que el personal supervisa el inicio y el final y registra las incidencias– y las visitas supervisadas, durante las cuales un profesional debe ejercer una supervisión continua. También contempla medidas específicas en los casos de violencia de género para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los menores, y atribuye a la Administración funciones de inspección y control.

Los centros de Zaragoza están gestionados por la Asociación de Puntos de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA), mediante un concierto con el Gobierno autonómico. Las condiciones del concierto para el periodo 2023-2026 incluyen requisitos de seguridad, formación especializada del personal, mecanismos de reclamación y seguimiento administrativo. También contemplan la elaboración, por parte del Gobierno de Aragón, de un protocolo específico para los casos de violencia de género que, por el momento, no se ha publicado. 

Aunque la legislación prohíbe expresamente la mediación familiar en los casos de violencia machista y limita la función de estos centros a la supervisión de las visitas, Morlás sostiene que la propia dinámica de los PEF aboca a las mujeres víctimas a exponerse ante los maltratadores. “Es una sensación general, las chicas tienen miedo, hay muchas que están en procesos aún judicializados, con hijos pequeños, nos aprietan mucho en los juzgados”, explica Morlás. Asegura que estos centros son “como cárceles para niños y madres” y critica que se utilicen para casos de violencia machista cuando “no se crearon para eso, sino para disensos en matrimonios que se deshacían sin violencia”. Su postura es clara: “No cabe mediación cuando ha habido violencia, no tiene que haber ningún sitio en el que se medie entre un maltratador y la madre, un maltratador no tiene que tener derecho a ver a las criaturas. Es un despropósito que condenados por violencia puedan ver a sus hijos, esto existe porque nosotras y nuestras criaturas seguimos sin importar. Los daños colaterales de tener que acudir a estos sitios los arrastramos toda la vida, vives en un estado de alerta constante”. 

La abogada Gemma Ruiz también cuestiona que, en casos de violencia machista, se priorice mantener la relación entre los menores y el progenitor denunciado o agresor “sin valorar suficientemente los riesgos”: “Demasiados magistrados y magistradas ponen por delante intentar mantener la relación entre el menor y el agresor”, sostiene. A su juicio, esa decisión puede dejar en segundo plano otras formas de violencia y las consecuencias que el contacto puede tener para los niños.

Ruiz achaca a la falta de perspectiva de género estas decisiones, así como el funcionamiento de los propios puntos de encuentro. Confirma las quejas de las madres: “Emiten informes que vienen a dar más credibilidad a la postura del padre y supuesto agresor que a la madre”. La abogada vincula estas deficiencias con la precariedad y la falta de personal, y advierte de que no siempre se valora adecuadamente el riesgo de que la violencia continúe durante las visitas.

Informes del Justicia y quejas de las víctimas

El informe especial del Justicia de Aragón de 2019 recogió las advertencias de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer de Zaragoza sobre la supervisión de las visitas, la seguridad y las dificultades para reflejar determinadas situaciones. El Servicio de Igualdad municipal del Ayuntamiento de Zaragoza consideraba que la coordinación con los puntos de encuentro era “manifiestamente mejorable”. También trasladó que muchas mujeres se sentían “juzgadas” y “cuestionadas”. 

El informe de 2024 volvió a mencionar “varias quejas” sobre el funcionamiento de estos servicios. El Justicia distingue entre las reclamaciones que cuestionan resoluciones judiciales, sobre las que no puede intervenir, y las que denuncian posibles irregularidades administrativas. Entre estas últimas admitió una sobre una presunta vulneración de la protección de datos de menores en un punto de encuentro. La Agencia Española de Protección de Datos investigó el caso, pero concluyó que no había quedado acreditado el motivo para abrir un expediente sancionador.

En ese mismo informe, la asociación Somos Más, que trabaja con mujeres supervivientes de la violencia machista, denunció la “falta de formación específica” para atender estos casos, la “subjetividad” que atribuía a los informes y las “dificultades para presentar quejas”. La entidad reclamaba una “mayor especialización”, mejoras en la seguridad de las instalaciones y mecanismos que permitieran a las usuarias acceder a los informes y cuestionar su contenido. El Justicia planteó mejoras en la seguridad de las instalaciones, la coordinación institucional y los mecanismos de reclamación, además de una mayor especialización para atender los casos de violencia de género.

Su presidenta, Natalia Morlas, asegura que los problemas que entonces denunciaban las usuarias no han desaparecido. Morlas habla tanto de su propia experiencia como de los testimonios que ha conocido a través de la asociación, y cuestiona especialmente la forma en que los profesionales describen las visitas y las reacciones de los menores. La presidenta de Somos Más sostiene que los informes pueden ofrecer una imagen muy distinta de la que las madres dicen observar. En su caso, asegura que los documentos describían a su hija feliz durante las visitas con el padre, mientras que la niña le manifestaba que apenas hablaba con él. También relata que tuvo que reclamar cuando, según su versión, la menor fue “arrancada de mis brazos para llevarla a la sala”: “Me hacían unos informes desastrosos”, afirma.

Morlas vuelve a cuestionar la supervisión de las visitas y reclama que se instalen cámaras en los centros. Según explica, las madres que participan en la asociación han pedido esta medida para poder aclarar posibles discrepancias sobre lo sucedido durante los encuentros. La normativa autonómica exige supervisión profesional en las visitas tuteladas, pero las condiciones del concierto vigente no establecen de forma general la instalación de cámaras de videovigilancia en las salas.

Otra madre que lleva tres años acudiendo al centro, describe su experiencia como “una nueva condena”. “Cuando llegas piensas que te van a defender, que te van a cuidar”, explica. Sin embargo, asegura que ha tenido que llevar a sus hijos a las visitas pese a que la niña decía tener miedo de su padre y el niño presentaba moratones que, según afirma, le había causado él. “Mi hija ha ido llorando y mi hijo con moratones, con denuncia y hasta pasó una noche en el calabozo”, relata. Sostiene que los técnicos obligaron a los menores a entrar y que estas situaciones nunca quedaron reflejadas en los informes: “Jamás han puesto que a mis hijos les da miedo su padre aunque ellos lo han dicho delante de los técnicos”.

“Los informes son de risa, mintiendo, ocultando información”, afirma. Ahora sus hijos se niegan a acudir al punto de encuentro, pero ella sigue llevándolos por miedo a que la denuncien por incumplir el régimen de visitas. “Yo los llevo porque sé que, si no, me denuncian”, explica. “Se supone que estás protegido, pero es mentira. No hay protección, ni prevención ni hay nada”.

Lo mismo pide Maribel –nombre ficticio–, una mujer cuya hija y nieta acuden al punto de encuentro familiar de Calatayud. Asegura que la familia de la expareja de su hija les ha increpado en numerosas ocasiones en el PEF y que en los informes “ponían lo contrario, que éramos nosotros”. La mujer asegura que ha podido observar cómo las visitas no están supervisadas, reclama más mecanismos de control y cuestiona la oposición a instalar cámaras: “Claro que no quieren cámaras, no quieren testigos”, afirma.

Este diario ha trasladado sus preguntas a APEFA, la entidad que gestiona ambos centros, que remitió la solicitud al Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia no ha respondido a las preguntas específicas sobre los protocolos de supervisión, la elaboración de los informes y los mecanismos de control.

Patricia Alvero vive desde hace 19 años en una vivienda de Fitero que hace tres —tras pasar otros muchos por diferentes gestoras e inversores— fue comprada por un fondo buitre y, por tanto, bajo el riesgo constante de desahucio. En este caso, la propiedad “nunca fue pública, ni siquiera el suelo”, explican desde el Sindicato de Vivienda Haritu. Aunque la constructora, un gran banco español referente en el panorama internacional, “tuvo bastantes ayudas directas en impuestos” una vez finalizada la obra. Sin embargo, a pesar de vivir década y media bajo el régimen de protección, la inquilina asegura que los problemas existían incluso con la tutela del Gobierno de Navarra de las viviendas.

“Estoy al límite. Me considero una persona fuerte, pero estoy reventada de tanta lucha”, describe la vecina. “Soy una familia monoparental. Así no es fácil buscar vivienda, ni trabajo, ni nada”. Su hijo, a pesar de que “ya es mayor”, todavía depende de ella porque “sigue estudiando”, al igual que hace ella para mejorar su situación. La mujer describe que, después de 15 años en la vivienda dentro del sistema de protección oficial, “sin previo aviso” le “triplicaron” la renta de “la noche a la mañana”.

“Las viviendas son de protección oficial durante 20 años y, cuando pasa ese tiempo, pierde la categoría”, trasladan desde Haritu sobre el caso de las viviendas de Fitero. Puesto que el Gobierno nunca fue propietario ni de las viviendas ni del suelo, los inmuebles fueron pasando de fondo a fondo incluso considerándose VPO, junto con las trabas que ello conlleva. “Yo también avisaba de los problemas de la vivienda al Gobierno de Navarra y la respuesta era 'es que a nosotros [el fondo propietario] tampoco nos contesta'”, se queja la inquilina.

Alvero no sabe especificar la cantidad de propietarios por la que ha pasado su casa los últimos tres años. “Muchas veces ni nos avisaban de los cambios [de propiedad entre] los fondos buitre. [A veces] nos mandaban un burofax”, narra. En la notificación, según la inquilina, se les indicaba “la propuesta de desahucio” y que los vecinos “debían dinero”, aunque “no especificaban realmente el porqué de la deuda” y ella asegura que nunca dejó de cumplir con la renta, al igual que “la mayoría de los vecinos”. A ello se le suma la dificultad —o imposibilidad— para contactar con la propiedad. “Llamabas a un número de teléfono que a veces venía en las cartas y eran como intermediarios y gestoras que no te dejaban hablar ni llegar a lo que es el dueño”, se queja. “Nos hemos sentido desamparados”.

Según Haritu, “desde hace 10 años, por lo menos”, las viviendas han ido “cambiando de propietario” de forma constante. Actualmente, describen que la gestión de los inmuebles la mantiene Solvia, empresa vinculada al fondo de inversión Intrum. Sin embargo, los inmuebles son propiedad del fondo de inversión Cerberus y del Banco Santander, a través de Global Pantelaria. Estos se niegan a renovar los contratos de alquiler y están iniciando varios procedimientos de desahucio. La vecina corrobora que se han materializado estos desahucios, ubicando uno de ellos “en marzo o mayo” de una “familia con niños pequeños”. Este medio ha intentado contactar con Global Pantelaria, pero no ha sido posible recabar su versión.

Con el fin de “presionar” para que los inquilinos se vayan de sus hogares, la empresa propietaria no arregla los desperfectos de las viviendas. La inquilina describe que tiene “una gotera en la casa”, que cuando llueve “se inunda toda la parte de arriba”, pero nadie ha acudido a repararla. “Las condiciones de vida son difíciles”, confiesa. Esta práctica es cada vez más recurrente por parte de propietarios como forma de incomodar a sus inquilinos y forzar su salida, tal y como recogió este medio en un edifico del Casco Viejo de Pamplona, cuyos vecinos vivieron obras interminables por parte del propietario para que abandonasen el inmueble al haber conseguido licencias turísticas para todas las casas.

A Alvero le gustaría poder tener una alternativa y salir de la situación, pero, cuando consulta las viviendas del mercado libre, admite no poder afrontar los precios. “Es inviable. Sí que ganaría tranquilidad, pero luego tendría otros problemas”, admite.

“Hay gente que se ha marchado, porque ya no aguantaba más la situación. Son muchos años de amenazas, de miedo, de que nadie te ayude, de que no te den respuestas...”, describe sobre el ambiente. Preguntada por si vive con la nube del desahucio constante sobre ella, no tiene ninguna duda: “Por supuesto”, responde rápidamente. “Y que no nos escuchen, eso es lo que más me duele. Nunca hay solución a las cosas que han ido pasando y que siguen pasando”.

Además de Fitero, se ha dado una situación idéntica en la localidad de Cintruénigo, donde se encontraban 47 viviendas propiedad de un fondo buitre. Sin embargo, en este caso se lograron “nuevos contratos”, puesto que otra empresa compró las viviendas y pactó con el Gobierno de Navarra una renta asequible con los inquilinos a cambio de un respaldo público. En Fitero, esta misma empresa y el gobierno navarro pretenden repetir la fórmula.

Pero, si esta negociación no deja de ser un intercambio comercial entre empresas privadas, ¿cómo interviene y qué papel tiene exactamente el Gobierno de Navarra? Según han explicado desde el Departamento de Vivienda, a la empresa “se le garantiza el cobro de las rentas” al estar subvencionadas (en función de la renta del inquilino) desde los fondos públicos. “Desde una empresa privada garantizarte de que vas a cobrar todos los meses las rentas porque está el Gobierno de Navarra detrás, es muy importante y más entre población vulnerable”, explican.

Además, esta nueva empresa propietaria, declarada como fundación a través de 'Fundación Acogida Vital'—con las exenciones fiscales que conlleva—, es una de las que prefiere “tener una estabilidad a más largo plazo ganando menos dinero” y “los números les salen”. “No son fondos agresivos como el de Maricarmen, que hoy quieren 500 euros y mañana 1.800”, aclaran desde Vivienda de Navarra sobre la empresa que les pidió “volver a hacer protegidas estas viviendas” —a cambio de asegurarse “que van a cobrar”—. La intervención a los arrendatarios pueden ser del 25, del 50 o del 75%.

El pasado día 30 de septiembre, el Gobierno de Navarra anunció la incorporación de estas viviendas de Cintruénigo al “sistema público de alquiler”, al igual que casi una veintena ubicadas en la localidad de Cortes, al haber sido adquiridas por esta misma empresa que negocia en Fitero con Ceberus, el Grupo Añón. “Se trata de viviendas en régimen de alquiler, cuyos inquilinos iban a ser expulsados, bien por la no renovación de los contratos que tenían hasta ahora, bien por la subida exponencial de la renta, y lo hemos impedido, gracias a la colaboración público-privada”, anunciaba la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, sobre la operación que se intenta repetir.

En la línea de estas políticas de Vivienda, ese mismo día, Alfaro, anunciaba que el departamento se encontraba inmerso en una negociación con fondos buitre para recuperar unas 600 viviendas que han perdido recientemente la calificación de VPO de alquiler y pasaron a manos de inversores. La inversión anunciada, de 22 millones de euros, no era de gusto de la consejera. “Nos repatea porque es pagar dos veces por un mismo bien”, afirmaba, pero seguirían adelante para defender “las arcas públicas y a los cientos de familias” residentes.

“Lo de Cintruénigo está completamente encarrilado”, han trasmitido desde la consejería. “Estamos en proceso de declarar todas esas viviendas como alquiler protegido y ahí no se va a producir ningún desahucio ni nada, de hecho se han parado. Haritu dice que los han parado ellos, pero yo te puedo asegurar que los hemos parado nosotros”, han asegurado desde el Gobierno de Navarra. En este sentido, desde Vivienda tienen esperanza de poder repetir esta operación en Fitero y “no se produzca ningún desahucio” de los inquilinos que viven todavía bajo la niebla del fondo buitre, que hasta ahora organizarse no les había “dado resultado”.

Sin embargo, la experiencia de Alberto es muy diferente. A su parecer el Gobierno de Navarra “lo único que hace es tirar balones fuera, antes y ahora”, asevera. “Es una indefensión por todos los lados. Una falta de ayuda horrible”, se lamenta, cuyo único apoyo declara haberlo encontrado en el sindicato Haritu. “Ya no sabemos qué hacer. Yo he movido Roma con Santiago todos estos años, pero no ha habido respuesta por ningún lado. ¿Qué pasa con las personas navarras que estamos aquí desde hace tantos años? La verdad es que les da igual, eso es lo que siento”.

En la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava, este martes, había un elefante. Sí, junto con los dos acusados, sus abogados defensores y procuradores, la fiscal, los letrados de las acusaciones, la terna de magistrados, la funcionaria de apoyo, los familiares y los periodistas, había un elefante en la habitación.

Ha arrancado ocho años y cinco meses después el juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de la primavera de 2018. Sin embargo, solamente se revisa ya lo sucedido en la especialidad de Cirugía Plástica, en el que se busca determinar si la opositora Thais Salas recibió ayuda de su suegro y autor de la mitad de las preguntas de la parte teórica Alfredo Martínez Flórez, lo que le catapultó a tener la mejor nota.

La presidenta de la sala, Beatriz Eva Román Gobernado, se ha esforzado en que nadie cruzara la línea de preguntar por algo que no fuera eso, de modo que se ha hurtado a los presentes la constatación de que, al mismo tiempo que sucedió lo que sucedió en ese examen, hubo denuncias en Cardiología, en Anestesia, en Microbiología, en Angiología, en Traumatología y otras muchas categorías de aquella OPE, como publicó en su momento este periódico. Y todas, sin excepción, tenían el mismo patrón: las mejores notas eran las de personas próximas a los autores de las preguntas.

Así, ha sido imposible que compareza en el juicio, siquiera como testigo, quien fuera directora general de Osakidetza en aquel momento, María Jesús Múgica. Y eso que incluso mientras se celebraba el examen bajo sospecha, el de Cirugía Plástica, se mostró “alterada”, según se ha contado en la vista, porque vio que la opositora Salas tenía una nota descollante. Por eso, ordenó a sus colaboradores que se reunieran con ella, entre la prueba teórica y práctica, para sugerirle que lo mejor era que se retirara.

El juicio ha empezado con unos pocos minutos de retraso respecto de la hora convenida, las 10.00 horas. Al frente del tribunal, la magistrada Román Gobernado, cabeza de una terna suplente porque la anterior se abstuvo. Acusan la Fiscalía, representada por Cristina Vicente Briansó, que venía con una batería de preguntas muy estudiadas y documentos que ha querido mostrar a los comparecientes, y los sindicatos LAB y ESK. Eso sí, ha tenido que disculparse en un par de ocasiones por confundir a la acusada con la periodista “Thais Villas”.

El abogado de LAB, Iñigo Santxo, ha sido el que más ha puesto a prueba la paciencia de la juez al intentar mencionar el elefante. “¡Impertinente!”, le ha llegado a espetar su señoría, refiriéndose a una pregunta, no a la persona. Ironías de la tecnología, quien ha querido denunciar el enchufismo en Osakidetza sin nada de éxito ha terminado por implorar un enchufe porque su ordenador se quedaba sin batería y le quedaban aún decenas de preguntas para los testigos. Por el contrario, Julio Sánchez, el letrado de ESK, ha optado por hacer muy pocas preguntas o directamente ninguna en la mayoría de interrogatorios. Entre los que no ha considerado relevantes para intervenir estaba el del exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto.

Los acusados, Salas y Martínez Flórez, se han sentado juntos en un banquillo que ahora ya son sillas más cómodas. Ella bebía agua de un pequeño botellín de plástico y jugaba con un bolígrafo; él ha permanecido casi en la misma postura durante las prácticamente cinco horas que ha durado la sesión matinal de la primera de las vistas de un juicio que, en pura teoría, quedará ya visto para sentencia este miércoles. A veces, comentaban alguna cosa entre ellos. Un allegado, justo detrás, entre el público, tomaba notas a mano en un cuaderno.

Ellos comparecerán los últimos. Primero han depuesto una docena de testigos. Una de ellas lo ha hecho “desde el extranjero” por videoconferencia muy de andar por casa, con un móvil en posición vertical y claros problemas para entender cuando uno de los dos defensores de los procesados, el conocido penalista donostiarra Rubén Múgica, le preguntaba por las notas de un examen del MIR de Salas.

La sesión ha arrancado con la exdirectora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Maite Iruretagoyena, otro organismo público no vinculado con Osakidetza pero que tuvo un papel muy relevante en las oposiciones. La propia aludida lo ha explicado. Múgica, la directora general de Jon Darpón en aquel momento, la llamó “nerviosa” porque, en una reunión con sindicatos, le pidieron garantías de una convocatoria limpia —lo de la sospecha de filtraciones viene de largo, según recalcan voces internas de la Sanidad vasca— y ella planteó externalizar lo que su pudiera al IVAP, que se encarga de organizar procesos y tiene una imprenta con seguridad “24 horas” y hasta un “búnker” para custodiar cuestionarios.

Según Iruretagoyena, consultó con su jefe, el entonces consejero Josu Erkoreka, y decidieron meterse de lleno en ello. La cuestión es que el IVAP no tenía especialistas para hacer preguntas de exámenes médicos muy técnicos que evalúan no a estudiantes sin a facultativos especialistas en ejercicio. De modo que la pelota volvió a Osakidetza, que le dio al IVAP un listado de nombres para que hicieran los cuestionarios. Una de las testigos, la de la videollamada, ha admitido que cuando se planteó la solución del IVAP todos pensaban que era para contratar expertos “del resto de España, de Madrid o Barcelona”. Pero no.

Y ahí, en esos nombres que sugirió Osakidetza, apareció Martínez Flórez para hacer las de Cirugía Plástica. El doctor se abstuvo de participar en el tribunal evaluador por el “parentesco” que le unía con la examinanda Salas, la pareja de su hijo, pero no de hacer las preguntas. Él hizo la mitad de la prueba teórica, y un “doctor Beltrán”, aunque no el famoso médico de la televisión, la otra parte. Salas sacó 48 de 50 en las de su suegro y 24 de 50 en el resto.

Esto se conoció muy rápido. Un sistema de “lectura óptica” al poco de terminado el examen teórico —que se celebró en el aulario de Las Nieves de Vitoria en mayo de 2018— ya mostró que una opositora destacaba por encima del resto, la misma por la que un vocal del tribunal había renunciado. Sin que haya quedado claro cómo, la mismísima directora general Osakidetza se volvió a sentir “bastante alterada” al conocer la nota y el “revuelo” que ya se había montado entre el resto de aspirantes. Y llamó al 'número dos' del IVAP, Fulgencio Aledo, para cerciorarse de quién era el autor de las preguntas.

Iruretagoyena y Aledo, bajo promesa o juramento de contar la verdad, han relatado que mandaron identificar en la sala de examen a Salas y llevarla a una estancia separada del aulario. Se encargó de ello la letrada que hacía las veces de secretaria del tribunal, que ha confirmado los hechos. Allí, Salas se reunió con Aledo y con Soto, el jefe de Recursos Humanos. Y comentaron su nota. Al parecer, hubo un intento de que no hiciera ya la prueba práctica, pero no lo lograron.

La secretaria ha dicho que la escena pudo ser “violenta” para la joven, con dos altos cargos de un Gobierno comentando su proceder. En ningún momento se recogió en acta lo sucedido, aunque la testigo del encuentro ha señalado que, en 34 años de carrera en Osakidetza, no ha visto nada semejante.

Como no se podía hablar de ello, Soto y Aledo no han explicado que también estaban haciendo movimientos ante sospechas en otras especialidades en esas mismas fechas. Desde abril de ese año, por ejemplo, el vocal del tribunal de Cardiología, Ángel Loma-Osorio, había avisado de lo siguiente: “Lamento decir que tengo razones fundadas para creer que parte del tribunal de la OPE del que formamos parte tiene intención de compartir el material generado para la segunda prueba con vistas a una filtración selectiva”. Aquí se ofertaban 22 plazas y hubo 22 exámenes perfectos, de 100 puntos. Finalmente, todo estalló en junio y, de hecho, Soto fue uno de los dimitidos por esta crisis, como Múgica y como el propio consejero Darpón.

En el primer día laborable después del examen, que fue en fin de semana, Aledo pidió al jefe de Informática del IVAP una comprobación sobre Sala. Quiso saber el desglose de la nota en función del autor de las preguntas. Y ahí se vio la gran diferencia: 96% en las primeras 50. Y se organizó una nueva reunión. Esta vez fue citado por Soto y Aledo el doctor Martínez Flórez. Los excargos han asumido que era una “irregularidad” el asunto de la relación familiar y le señalaron que si la opositora desistía y renunciaba a seguir en la oposición todo quedaría arreglado. Le dieron al facultativo el correo electrónico no de Osakidetza sino del IVAP para que resolviera el asunto y evitara un expediente.

Así, a través de una cuenta de Hotmail y no de un mensaje corporativo, la opositora explicitó su renuncia. Aledo la reenvió a Osakidetza y Salas fue borrada de los listados. Después, cuando se encargó un análisis externo de las notas a la Universidad de Oviedo, no se contó la mejor y los parámetros dieron dentro de la normalidad. La “irregularidad” en Cirugía Plástica no formó parte de la información que entregó Osakidetza a la Fiscalía cuando se inició la investigación y solamente se incorporó al sumario por la denuncia de otra opositora, Penélope Calzacorta, que ha comparecido también como testigo en la vista.

A las acusaciones —al menos a la Fiscalía y a LAB— les ha llamado la atención la forma de resolver el problema arbitrada por el IVAP y Osakidetza. “Estamos a tiempo de solucionarlo. Si abandona el proceso selectivo, aquí se acaba todo”, ha admitido Aledo que le dijo a Martínez Flórez. No ha negado el ex 'número dos' del IVAP que tenían muchos problemas encima y que les convenía dejar resuelta una carpeta. Como era entrar a hablar del elefante, nada más se ha comentado a este respecto.

Soto, de su lado, ha contado que le preguntaron a Martínez Flórez directamente si había filtrado las preguntas y ha destacado cómo el doctor “empeñó su palabra de honor” a que no lo había hecho. Todo lo más, admitió que había expuesto a su nuera qué bibliografía iba a usar para hacer las preguntas y que era importante repasarla “incluso los pies de página”. En suma, han negado cualquier indicio de filtración, pero sí han admitido sin pretenderlo que el autor desveló su identidad al menos para sugerir los libros en los que poner más interés a la hora del estudio El IVAP, que pagó 1.250 euros por el examen al ahora acusado, les obliga a firmar varias cláusulas, incluida la confidencialidad.

La defensa de los acusados, en todo caso, ha querido presentar a Salas como una estudiante excelente, con las mejores notas del MIR en Euskadi y también con experiencia en el hospital Miguel Servet de Zaragoza antes de trabajar en el Donostia, donde su suegro era el jefe del servicio y otra familiar compañera. Cuando en esta investigación se analizaban otros exámenes, eso era lo que siempre se remarcaba, que se trataba de opositores brillantes.

Múgica, la jefa de Soto, no participará en el juicio. Sí estuvo citada como testigo en la fase de instrucción y dejó uno de los momentos más curiosos de este procedimiento, lleno de avatares. Contó con el apoyo de agentes de la Ertzaintza para poder huir de la prensa y no ser fotografiada en los juzgados. Aquí se puede leer lo que sucedió en aquellos días de 2019.

A falta de posibles modificaciones de última hora a la luz de lo acontecido en el juicio, la Fiscalía solicita dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez y un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para Salas. LAB demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados y ESK dos para cada uno. Las defensas, que hasta ahora han renunciado a acuerdos para modular la pena a cambio de una admisión de los hechos, siempre han defendido que no hay base alguna para una condena. Este miércoles, segunda y última vista.

La jueza Ana López-Suevos ha decretado la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula del periódico El Correo Gallego. La magistrada imputa un delito continuado de alzamiento de bienes al exdirector, José Manuel Rey Novoa, el antiguo gerente, Ángel María Remesar Zabaleta, las parejas de ambos y el entramado de entidades nucleadas en torno a la editora del rotativo, Editoral Compostela. El escrito señala además a Rey Novoa y Remesar como autores de otro delito de apropiación indebida, lo que suma dos solicitudes de condena que alcanzan los siete años de cárcel. La indemnización total que se le reclama a la trama alcanza los 2,7 millones en una causa en la que se han presentado 17 denunciantes: la propia Fiscalía; el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), a traves de la Abogacía del Estado; una empresa de reprografía y catorce antiguos trabajadores.

Con Editorial Compostela en una “situación financiera de insolvencia”, al menos desde el año 2018, el entramado organizado por Rey, Remesar y sus esposas –María Fátima Otero Bouzón y María Carmen Ruiz de Arcaute Auzmendi– buscaba esquivar a sus acreedores. Lo hacía repartiendo entre cinco sociedades y una multitud de cuentas bancarias los ingresos que continuaba recibiendo mientras adeudaba hasta 24 nóminas a sus trabajadores.

Ese operativo obligó durante meses al gerente de El Correo, Ángel Remesar, a realizar guardias nocturnas para vigilar las aplicaciones bancarias y desviar el dinero que entraba lo más rápido posible para evitar perderlo a manos de alguno de los muchos acreedores. Rey Novoa nunca se lo ocultó a esa plantilla a la que le adeudaba tantas mensualidades; al contrario. Según la UDEF –la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional–, llegó decirles en una reunión que Remesar “realizaba todas las noches una vigilia para controlar los ingresos en las distintas cuentas para bloquearlas y evitar los embargos judiciales”. 

Las cinco empresas entre las que se movía el dinero –Código Televisión S.L., Anova Multiconsulting S.A., Think First S.L. y la Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego, además de la propia Editorial Compostela– funcionaban así según “una auténtica unidad de caja (...) pese a la apariencia formal de separación jurídica”.

Esta es una de las conclusiones a las que llega el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso elDiario.es. En él se relata cómo –entre la “precariedad” recogida en las cuentas anuales de 2018 y la declaración de concurso de acreedores en junio de 2022– El Correo acumuló una “importante” deuda frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, “numerosos proveedores” y, “de forma particularmente relevante”, sus trabajadores, “cuyos créditos salariales quedaron en gran medida impagados”.

El abogado del Estado recoge cómo consta en las actas del Consejo de Administración del citado año 2018 la búsqueda de “fórmulas de corto plazo” para poder seguir recibiendo ingresos, “especialmente de organismos públicos”, como campañas publicitarias de la Xunta o convenios, algo prohibido si existen deudas con Hacienda o la Seguridad Social.

Los 2,5 millones de la Xunta

La primera de esas fórmulas, y una de las que más han llamado la atención de los investigadores, fue obtener, aquel mismo septiembre, un préstamo de 2,5 millones de euros de la propia Xunta. El dinero llegó a través de XesGalicia, sociedad dependiente del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), creada para “apoyar el crecimiento del tejido empresarial gallego”. El crédito estaba destinado, sobre el papel, a la “reestructuración financiera”. A la empresa le permitió ponerse al día tanto con la Agencia Tributaria como con el INSS y poder seguir accediendo a ingresos derivados de convenios “como los suscritos con la CRTVG”. Mientras, la deuda con la plantilla no dejaba de crecer. En octubre de 2020 –cuando tenía que haber empezado a devolver el préstamo– se cifraba ya en 4,7 millones de euros.

Según los informes de la UDEF, Rey Novoa se jactaba de “haber movilizado toda su capacidad de influencia” para rebajar la “mochila financiera” del periódico con aquel crédito. Lo hizo, primero, con una carta al director de XesGalicia, Fernando Guldrís, al que trataba como “Querido Fernando”. Sin embargo, según uno de los denunciantes –Caetano Díaz, que llegó a ser director adjunto del rotativo–, la cúpula de la sociedad desaconsejaba una operación que sólo “fructificó tras insistentes y reiteradas llamadas al conselleiro de Economía, Francisco Conde”.

Conde era el hombre de Feijóo en asuntos de dinero. Llegó a ser vicepresidente de la Xunta y, cuando el actual líder del PP se fue a Madrid, se lo llevó con él, como parte de su núcleo duro, de diputado al Congreso, a donde volverá como cabeza de lista por Lugo pero, también, como ministrable. En la reunión en la que XesGalicia aprobó el préstamo por unanimidad, él fue uno de los que votaron a favor. Otro, el actual candidato a la alcaldía de Santiago por el PP, Borja Verea, entonces secretario general técnico de la Consellería.

En su carta a Guldrís, Rey Novoa explicaba cómo tenía previsto devolver un préstamo tan ventajoso que le eximía de pagar nada durante los dos primeros años: 1,6 millones saldrían de alquilar oficinas durante esos 24 meses y 400.000 más de un máster de periodismo online “dirigido por catedráticos de Santiago con la colaboración de todos los países latinoamericanos”. Los contratos de alquiler nunca se firmaron y el máster de periodismo jamás existió lo que, para la UDEF, “confirmaría que esos convenios o contratos no tenían contenido real alguno”.

El empresario no devolvió el dinero y dos años después, en 2022, el periódico entraba en concurso de acreedores. Sin embargo, unos meses antes, todavía se permitía protagonizar un último canto del cisne para la galería: la gala de los Gallegos del Año, que había sido suspendida en 2020 por la pandemia, regresaba a su cita a finales del 2021 con Feijóo presidiendo el acto como invitado de honor. “Un periódico que sobrevivió guerras y pandemias, merece seguir viviendo en las próximas décadas”, dijo entonces. Entre los homenajeados, en un acto de evidente sarcasmo, estaba la propia plantilla del periódico.

La trama

“A pesar de este estado de insolvencia, los acusados José Manuel Rey Novoa y Ángel María Remesar Zabaleta, actuando como administradores de hecho y de derecho de las entidades mencionadas, desarrollaron de manera consciente, persistente y coordinada una estrategia dirigida a evitar el cumplimiento de las obligaciones de pago de Editorial Compostela S.A. respecto de sus acreedores”, concluye la Abogacía del Estado.

Durante esos años, Editorial Compostela S.A., Código Televisión S.L., Anova Multiconsulting S.A., Think First S.L. y la Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego “constituían en la práctica una única realidad económica y empresarial, plenamente integrada y caracterizada por una gestión unitaria de sus recursos financieros, pese a la apariencia formal de separación jurídica”. Esa estructura, dice, “funcionaba mediante una auténtica unidad de caja, en la que los ingresos y gastos derivados de la actividad del periódico El Correo Gallego eran canalizados indistintamente a través de las distintas sociedades mencionadas y, asimismo, mediante cuentas personales titularidad de los acusados”.

Es decir, los ingresos y gastos que producía el rotativo se repartían entre las cuentas de las cinco empresas pero, también, en. cuentas personales en las que participaban los cuatro acusados. “Todas las sociedades (...) respondían a una única realidad, siendo la separación formal una distinción artificiosa, con fines de elusión de responsabilidades, tanto ante los organismos públicos como ante los propios trabajadores”.

Abogacía del Estado concluye que, mientras las sociedades con deudas a la Seguridad Social pagaban los salarios y las cuotas correspondientes, el desvío del resto de fondos a otras cuentas evitaba la presencia de efectivo “que pudiera ser embargado por los organismos públicos acreedores”. No fue la única práctica fraudulenta detectada: algunas de las sociedades, que no tenían empleados, facturaban a clientes externos por los servicios que prestaban los trabajadores de la empresa deudora. Para eso se crearon nuevas sociedades sin cargas que pasaron a integrarse en el entramado empresarial.

“El funcionamiento descrito se apoyaba en la utilización de múltiples cuentas bancarias, tanto de las sociedades como de las personas físicas investigadas, a través de las cuales el dinero procedente de la actividad se hacía circular de forma constante, fragmentando los saldos y dificultando su localización y embargo”, recoge el informe. “Esta mecánica permitía mantener artificialmente reducidos los saldos de las cuentas titularidad de Editorial Compostela S.A., pese a la existencia de ingresos relevantes derivados de su actividad, eludiendo así las acciones ejecutivas dirigidas a la satisfacción de las deudas contraídas”.

Kawanda

Pero toda esta historia tiene varios epílogos. El último, del pasado año 2025 y con conexiones televisivas cuando no cinematográficas. La última sede de El Correo Gallego antes de que el grupo Prensa Ibérica se hiciese con la cabecera en el concurso de acreedores, fue una nave en el polígono de Costa Vella, en la salida norte de Santiago de Compostela. Ese edificio dio la vuelta al mundo convertido en Kawanda, la gran tienda de mascotas sobre la que orbita la serie Animal, protagonizada por Luis Zahera y que llegó a ser lo más visto en Netflix en 28 países. Según la UDEF, el coste por su alquiler acabó, una vez más, en el bolsillo de Rey Novoa, pero dando unos cuantos rodeos.

En su informe, los agentes detectaron el uso de una empresa interpuesta, Asemali Inversiones, para el arriendo del inmueble con la productora de la serie, Alea Lágrimas, y concluyen que los 27.189 euros que Alea pagó por el uso de la antigua sede acabaron en manos del exdirector del periódico. “El 85% de ese dinero fue a parar a la cuenta de Think First y de ese, más de 14.850 euros terminaron a disposición del investigado”, aseguran.

La fórmula para hacerse con el dinero era conocida. Sin embargo, esta vez, en lugar de tener al gerente del rotativo de guardia frente a la banca electrónica, era el propio Rey Novoa quien, según la UDEF, tan pronto como recibía el ingreso, iniciaba una ronda por los cajeros automáticos, de los que retiraba elevadas sumas de efectivo, mientras ordenaba distintas transferencias para tratar de poner el dinero a buen recaudo y lejos tanto de los acreedores como de la justicia.

El administrador único de Asemali, Ricardo Asensi Fajardo, es el quinto acusado en el escrito de apertura de juicio oral por parte de la jueza López-Suevos, que lo llamó a declarar a finales de 2025. La magistrada, como varias de las acusaciones, lo consideran cooperador necesario o cómplice del delito continuado de alzamiento de bienes, que iba más allá del caso de Animal. Por ello, y usando como base la cifra aportada por los demandantes, le reclama una fianza de 112.528,87 euros con la que debe “asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele”.

Al otro lado del teléfono, el documentalista José Luis Mir narra una de las historias que ha incluido en Ibiza 1936. La reconquista republicana y la masacre del castillo (Uno Editorial); más que un libro, un dietario que pretende explicar todo lo que ocurrió en las Pitiüses entre el golpe de Estado que hizo estallar la Guerra Civil y los últimos días de aquel verano terrible. En el relato de Mir aparecen dos cadáveres en el Mediterráneo. Flotan frente al puerto de la Savina. Están atados, un cuerpo contra el otro, como si fueran un fardo. Uno de los muertos es un sacerdote; muy joven, veinticuatro años: hace apenas dos meses y dos días que lo ordenaron. El otro muerto es un sargento de infantería, ya retirado; padre de cuatro niños: el pequeño todavía no tiene edad para ir a la escuela. Nadie se atreve a sacarlos del mar al que les arrojaron para hacerlos desaparecer. Pero un vecino, que se llama Joan Castelló, monta en su barca, los lleva aguas adentro, los hunde. Una forma –clandestina– de darles sepultura en medio del horror.

Es 8 de agosto de 1936. Un día antes, las columnas de Manuel Uribarri (desde València) y Alberto Bayo (desde Barcelona) han reconquistado Formentera para el Gobierno de la República. Aunque varios isleños llegados de la península median para evitar una masacre, hay algunas víctimas. Personas a las que, en una sociedad tan minúscula, todo el mundo conoce. Son Bartomeu Torres, un cartero de ideología falangista; su cuñado, Lucas Ramon Cardona, el militar en la reserva; Joan Torres Torres, el cura al que sus padres no pudieron convencer de que volviera a Eivissa para refugiarse en casa de unas primas. Tras él, otros diecinueve religiosos morirán en la isla. La mayoría, ametrallados –junto a otros 74 laicos– en el castillo de Dalt Vila. Después de semanas de cautiverio, los milicianos de una columna anarquista los mataron a sangre fría la noche del 13 de septiembre.

Este fin de semana la Iglesia Católica ha beatificado a estos mártires con una misa presidida por el cardenal Marcello Smeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos y enviado desde El Vaticano en representación del Papa. El obispo Vicent Ribas Prats definió a las víctimas “como testigos de la fe, de la esperanza y del amor hasta el derramamiento de su sangre”. “Murieron perdonando a quienes los asesinaban, imitando a Cristo en la cruz, y ese perdón no fue debilidad, sino la victoria suprema del amor sobre el mal”, añadió. Esas palabras cerraban un proceso que arrancó en noviembre de 2008 “por petición de algunos familiares”. Un trabajo “documental y testifical” que ocupa “siete volúmenes”, “unas 3.000 páginas” y los recuerdos “de una cuarentena de personas” que dieron testimonio directo e indirecto de los hechos. 

Los detalles los aporta José Martínez Franco, el vicario general de la Diócesis pitiusa. Este sacerdote integró una comisión de investigadores que fueron inspeccionando “partidas de nacimiento, bautismo y defunción, recortes de prensa donde algunos supervivientes laicos de la masacre contaron su experiencia”. La información remitida a Roma describía cómo dentro del castillo “se reservaban las tareas más ingratas, como la limpieza de la comida, o la peor comida, que se dejaba pudrir al sol” a los curas cautivos. O cómo se organizaron para que no se dejara de rezar el rosario y siempre hubiera alguien dispuesto a escuchar una confesión. O cómo mataron a uno de ellos –Antoni Roig Guasch– sin ni siquiera llegar a la celda, después de que se negara a decir que Dios no existía –su respuesta fue: “¡Viva Cristo Rey!”– o cómo los asesinos “se inventaron” que algunos de los ejecutados se habían enfrentado a los milicianos abriendo fuego. Como en el caso de Joan Torres Torres, el cura a cargo de la parroquia del Pilar de la Mola, en Formentera.

Mataron a uno de ellos –Antoni Roig Guasch– sin ni siquiera llegar a la celda, después de que se negara a decir que Dios no existía

“Su hermana nos aseguró que nunca hubo un arma en casa: ‘Mi hermano Joan casi no entra en el seminario por falta de vista: aunque la hubiera habido, habría sido incapaz de disparar’. Otras fuentes coincidían en que lo primero que dicen los milicianos al llegar a Formentera es: ‘Vamos a por el cura’”, argumenta Martínez Franco, para quien ha sido clave acreditar que los mataron “por odio a la fe”, que “no se perseguía a la persona, sino a la sotana, como decía el historiador Mariano Llobet, que fue secretario del Ayuntamiento de Ibiza [durante la dictadura] y estudió los hechos”.

Desde que El Vaticano la consideró “formalmente correcta”, la petición del Bisbat d’Eivissa i Formentera ha tenido que superar comisiones de historiadores, teólogos, obispos y cardenales durante el papado de Francisco. “Roma no bromea”, dice el vicario general para resumir un largo examen con un último filtro: la aprobación de León XIV, obtenida el pasado 18 de junio. Dos días después, moría el deán de la Catedral pitiusa: se llamaba Lucas Ramon Torres, había nacido en Formentera el 6 de diciembre de 1932 y era el hijo menor del sargento de infantería al que arrojaron al mar junto al párroco de la isla. Cuando, en 2024, le preguntaron en una entrevista en la Televisió d’Eivissa i Formentera por aquellas ejecuciones que marcarían su vida, el nonagenario sacerdote respondió:

–Los he perdonado. Tenemos que perdonar. Todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón. Perdonad y seréis perdonados. Cuando el mal está hecho, ya está hecho. Lo importante es aceptar las cosas como vienen y saber ofrecérselo todo a Dios.

La violencia anticlerical del verano del 36

Las últimas semanas del verano y las primeras del otoño de 1936 resultan decisivas para entender el papel que juega la Iglesia Católica durante la Guerra Civil. En zona republicana, incendian iglesias y conventos, destruyen y roban patrimonio eclesiástico. Las milicias anarquistas que dirigen el Comité Revolucionario de Barbastro, Huesca, liquidan a dos centenares de religiosos entre el 2 y el 18 de agosto. Con esos asesinatos bien recientes, el obispo Enric Pla i Deniel utiliza por primera vez el término “cruzada nacional” para justificar la insurrección de buena parte del Ejército contra el gobierno democrático. Aparece escrito en una carta pastoral fechada el 30 de septiembre en Salamanca. A orillas del Tormes, el prelado catalán, además de ceder el palacio episcopal para que Franco instale sus cuarteles, escolta a Unamuno, el 12 de octubre, para evitar que una turba fascista lo linche en el paraninfo de la universidad al pronunciar sus frases más famosas, sintetizadas en el “venceréis, pero no convenceréis”. 

La penúltima paradoja del escritor vasco fue, precisamente, colocarse en el bando de los sublevados por la indignación que le provocaba una violencia anticlerical que las autoridades republicanas no eran capaces de contener. Cuando, poco antes de morir, Unamuno reconsidere su posición, la posición de los obispos que siguen en España será ya casi unánime: apoyo a los golpistas (la victoria de 1939 será generosa con muchos de ellos: Pla y Deniel, por ejemplo, llegará a ser arzobispo de Toledo y, en 1946, Pío XII lo nombrará cardenal).

Fue en ese contexto previo cuando “el terror rojo” –como definió la propaganda sublevada a los crímenes de guerra en el lado republicano– mató a más de la tercera parte de los sacerdotes de la Diócesis de Eivissa y Formentera, entonces formada por medio centenar de curas.

'El terror rojo' –como definió la propaganda sublevada a los crímenes de guerra en el lado republicano– mató a más de la tercera parte de los sacerdotes de la Diócesis de Eivissa y Formentera

–Muchos de los religiosos se salvaron porque se escondieron. De los que encerraron en es Castell sólo sobrevivieron cuatro. Uno de ellos era tío de mi madre, Vicent Ferrer, más conocido como mossènyer Cama. Le pegaron un tiro de gracia [que le traspasó la mandíbula inferior], pero no lo mataron. Un hermano suyo, también sacerdote, murió; igual que un tío-abuelo de mi padre. Yo tuve a tres familiares allí.

Explica Fanny Tur Riera. Antes de dirigir el archivo municipal de Eivissa y de ser una de las voces más reconocidas de la izquierda balear –en la plataforma antiautopista ibicenca o en coaliciones políticas que la llevaron a ser consellera de Cultura en los gobiernos insular y autonómico–, esta historiadora fue una niña y una adolescente que creció en una familia “católica y de derechas” durante el tardofranquismo:

–Me crie en un ambiente muy tradicional. Dicen que cuando los republicanos entraron en casa de mi bisabuela –Can Coles, en el pueblo de Sant Miquel– en busca de armas, aquella mujer, que era molt verra [muy brava] les despachó señalando un Cristo que tenía colgado en la pared y diciendo: “Estas son nuestras armas”.

Muchos de los religiosos se salvaron porque se escondieron. De los que encerraron en es Castell sólo sobrevivieron cuatro. Uno de ellos era tío de mi madre, Vicent Ferrer, más conocido como mossènyer Cama. Le pegaron un tiro de gracia [que le traspasó la mandíbula inferior], pero no lo mataron. Un hermano suyo, también sacerdote, murió; igual que un tío-abuelo de mi padre. Yo tuve a tres familiares allí

Fanny Tur Riera — Política de izquierdas y familiar de víctimas de crímenes republicanos

–¿Cómo marcó el asesinato de los dos tíos sacerdotes en es Castell al resto de la familia? ¿Se hablaba de ellos en casa?

–Sí y no. Durante la dictadura, como eran víctimas del bando vencedor y los consideraban “caídos por Dios y por España” se les rendían homenajes. Ahí está la lápida con sus nombres que puede leerse en la Catedral. En casa, yo crecí con el relato de es fets des Castell, pero un relato muy poco desarrollado. Mi abuela siempre repetía la misma frase: “Lo único que sé es que me mataron a un hermano porque era cura”. Si ella y sus hijas hablaban de lo que le había pasado a los tíos, nunca era delante de mossènyer Cama. Yo lo recuerdo bien porque siempre nos juntábamos para celebrar la Navidad y en otras fechas señaladas. Una de sus sobrinas, hermana de mi madre, decía que, aunque escapó con vida, nunca más volvió a sonreír. Y no murió hasta 1989. Fue durante muchos años párroco de Sant Joan de Labritja.

Durante la dictadura, como eran víctimas del bando vencedor y los consideraban "caídos por Dios y por España" se les rendían homenajes. Ahí está la lápida con sus nombres que puede leerse en la Catedral.

Fanny Tur Riera — Política de izquierdas y familiar de víctimas de crímenes republicanos

–¿Mossènyer Cama no contó jamás su historia?

–Delante de mí, nunca… [piensa unos segundos] Como militante de izquierdas, no se pueden poner paños calientes ante lo que ocurrió en es Castell. Sí, es verdad que la Iglesia Católica se colocó del lado de los poderosos, pero no se puede decir que aquello fue una matanza con la boca pequeña: fue una salvajada. El problema es que, a la parte contraria, cuando preguntas por el ataque a la población civil te responden diciendo que los bombardeos fascistas que se produjeron aquella misma mañana sobre el puerto de Vila “buscaban objetivos militares”. Eso es lo que nos han contestado algunos agitadores de Vox cuando hemos tocado el tema en alguna jornada de memoria democrática. ¿Objetivos militares? El día anterior ya hicieron un vuelo de reconocimiento, sabían muy bien dónde bombardeaban. Con mentiras; así se han cargado [PP y Vox] la Llei de Memòria Democràtica. Si dijeran la verdad, no tendría justificación lo que han hecho. Para mí es un fracaso que no se haya podido celebrar todavía un homenaje que reconozca a todas las víctimas que dejó la Guerra Civil [en Eivissa y Formentera]. De un bando y de otro.

Como militante de izquierdas, no se pueden poner paños calientes ante lo que ocurrió en es Castell. Sí, es verdad que la Iglesia Católica se colocó del lado de los poderosos, pero no se puede decir que aquello fue una matanza con la boca pequeña: fue una salvajada

Fanny Tur Riera — Política de izquierdas y familiar de víctimas de crímenes republicanos

El bombardeo fascista que terminó de condenar a los presos

Múltiples historiadores –entre ellos la propia Fanny Tur– coinciden en señalar que las 42 bombas que cayeron –sobre baterías antiaéreas y muelles portuarios, pero también sobre calles, plazas, casas, comercios e, incluso, sobre el edificio de una fonda, que se desplomó matando a sus dueños, una familia de ideología conservadora– en la ciudad durante el mediodía del 13 de septiembre de 1936 influyeron en lo que ocurriría horas más tarde, arriba en el castillo.

La aviación fascista italiana había matado –al menos– a una cuarentena de personas. Fueron víctimas-fantasma –y, en cierta manera, lo siguen siendo: hasta que el empeño del Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera propició, en 2016, que se colocara una placa en su recuerdo en el Cementeri de ses Figueretes, nadie las había homenajeado de forma pública. Fueron, también, una excusa perfecta para los milicianos más exaltados de Cultura y Acción. Así se llamaba la columna que, unos días antes, había sustituido a las fuerzas de Uribarri. Molesto con el liderazgo de Bayo, el oficial republicano se había marchado a Valencia. Lo había sustituido un contingente reclutado por la CNT-FAI “en las celdas de la Modelo de Barcelona”: “Allí habría de todo, pero seguro, condenados por delitos de sangre”, explica José Luis Mir.

Los milicianos de una columna anarquista aprovecharon la excusa de la matanza de una cuarentena de personas por la aviación fascista italiana ese mismo día por la mañana para cometer los asesinatos

La tarde del 13 de septiembre fue turbulenta. Tras la lluvia de proyectiles, las explosiones y los derrumbes, los muertos se acumulaban en la morgue, envueltos en sábanas blancas. El descontrol reina dentro de las murallas renacentistas de Dalt Vila. Varios miembros del comité antifascista –encabezados por Carlos Bertazioli Riquer, comerciante y socialista moderado– se oponen a un fusilamiento masivo. La columna miliciana –que funciona de forma asamblearia– quiere venganza. Triunfan las armas.

El documentalista Mir explica en su libro los pormenores de la tragedia. A bordo de camiones ordenan traer a la ciudad a los sospechosos de simpatizar con los golpistas que estaban custodiados en los pueblos. Reunida la masa, unas doscientas personas, los milicianos hacen salir al patio del castillo a los primeros presos que van a morir. Son cinco los fusilados, militares. “Como los que estaban dentro escucharon los disparos, ya no quisieron salir en grupos”, dice Mir. Entonces, los milicianos metieron las ametralladoras en la estancia que usaban como celda y dispararon a discreción. Horas más tarde, los cadáveres yacían en montones.

Varios miembros del comité antifascista se opusieron a un fusilamiento masivo, pero triunfó la columna miliciana, que quería venganza a través de las armas

Un informe “demoledor”

“He podido leer el informe que elabora Pedro Revuelta, el juez destinado en Eivissa en aquel momento y que se convirtió al día siguiente en prácticamente la única autoridad que había quedado en la isla (porque los republicanos, pensando que tras el fracaso de la Batalla de Mallorca, el desembarco fascista en Eivissa era inminente, cosa que no fue así y tardó una semana en ocurrir, huyeron en barco)”, relata Mir. Para el documentalista, fue Revuelta quien de alguna manera coordinó que enviaran carros para transportar los cadáveres al cementerio, quien intentó que las familias los reconocieran, y quien los hizo enterrar, antes de que los cuerpos se pudrieran, en una fosa que se exhumó en 1940. Por orden de Franco.

–El informe que elaboró Revuelta es tan demoledor como necesario –continúa Mir– porque nos permite entender que aquello fue una carnicería. En toda regla. ¿Que hubieran tenido menos saña si no se hubiera producido el bombardeo? Puede ser. Todo lo que ocurrió está conectado. Las bombas, es Castell, la huida de los republicanos, la represión franquista posterior.

El informe que elaboró Revuelta es tan demoledor como necesario –continúa Mir– porque nos permite entender que aquello fue una carnicería. En toda regla. ¿Que hubieran tenido menos saña si no se hubiera producido el bombardeo? Puede ser. Todo lo que ocurrió está conectado

José Luis Mir — Documentalista

–Ibiza 1936 nace de los retales de las películas sobre la Guerra Civil que habías dirigido previamente, historias que por falta de minutaje o de imágenes habían quedado fuera de la mesa de edición. ¿Qué se aprende escribiendo un libro así?

–Que muchas cosas que se están intentando olvidar no deberían olvidarse nunca. A mí me emocionó escuchar a Mariano Costa, el hijo de uno de los presos, escuchar cómo acompañaba a su madre con un atillo en el que metían fruta, pan, un trozo de sobrasada para llevárselo a su padre… al que no le llegaba nada porque todo se lo quedaban los milicianos que estaban vigilando y debían pasar más hambre que Cascorro. O a Pep Rampuixet, un payés al que fueron a buscar a su casa para que, un par de días después de la matanza, ayudará a escapar, llevándolo en su carro hasta el puerto de Sant Antoni, a un republicano ibicenco que, según él, le contó que había participado directamente en los hechos. El nombre de esa persona, “a la que podría haber hecho matar sólo con pronunciarlo”, me aseguraba este hombre que siempre se lo calló. El silencio sobre la guerra en estas islas ha sido demoledor y la gente se olvida rápido de lo que pasó. Es muy delicado, pero si pasó, se tiene que contar y lo tenemos que conocer. Sin exaltar nada.

Agentes de la Guardia Civil fueron el pasado 22 de septiembre a la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba, a retirar el precinto judicial que impedía el uso de los pozos sin licencia inmersos en una causa judicial por un delito contra el medio ambiente que el juez ha archivado. Y se llevaron una buena sorpresa: las captaciones estaban otra vez a pleno funcionamiento desde hacía al menos dos meses tras romper la propiedad los sellos pese a que el juez no lo había autorizado, por lo que el instituto armado considera que se ha cometido un delito de quebrantamiento de una medida cautelar.

A la espera de qué ocurre con los recursos presentados, el magistrado dio carpetazo al caso el 10 de septiembre con un auto en el que también ordenó levantar la prohibición de uso de estos bombeos. Pero como la Casa de Alba ha conseguido que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –el organismo estatal que da los permisos de riego– legalice los pozos tras un procedimiento administrativo que se inició con la causa judicial ya en marcha, consideró que ya estaba legitimada para usarlos y así procedió por su cuenta.

Los nueve pozos ilegales detectados en esta hacienda, en término del municipio sevillano de Aznalcázar y justo al lado de Doñana, han sido así sorprendidos por tercera vez funcionando sin autorización. La primera fue en 2023 y aquello dio lugar a una investigación judicial que se ha prolongado tres años, lo que conllevó también la prohibición de uso de estas extracciones. El juez levantó después el precinto pero con la advertencia expresa de que no podían activarse, algo de lo que la Casa de Alba hizo caso omiso porque a los pocos meses (a finales de 2024) fueron otra vez descubiertos a pleno rendimiento y “despilfarrando” agua.

“En pleno funcionamiento”

En el atestado –al que ha tenido acceso este periódico– con el que la Guardia Civil ha informado al magistrado de lo ocurrido se apunta, no sin ironía, que el 22 de septiembre “se procedió al teórico desprecinto de todos y cada uno de los pozos”. “Y digo teórico porque todos los pozos que supuestamente tendríamos que haber desprecintado ya se encontraban en pleno funcionamiento desde hacía aproximadamente dos meses”, tal y como reconoció el encargado de la finca.

A los agentes los recibió también el apoderado de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba (su consejo de administración está integrado por los hermanos Martínez de Irujo, excepto el actual duque de Alba) que gestiona Aljóbar y otras fincas. Este apoderado es también el abogado que ha defendido a los dos acusados en este proceso finalmente archivado, la propia compañía y su administrador, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba.

La excusa que dio para justificar que los pozos estuviesen de nuevo en marcha es que el pasado mes de mayo recibió de la Confederación del Guadalquivir el visto bueno para cambiar el sistema de regadío de la finca con la consiguiente legalización de las captaciones, una opción (lo que se conoce como transformación de derechos de aguas privadas a públicas) recogida en la normativa de aguas. Esta resolución le daba tres meses para la instalación de contadores y puesta en marcha de las extracciones, a lo que se acoge la propiedad para actuar por su cuenta.

“Ya disponían de la autorización”

Eso sí, no notificó nada al respecto ni al juez ni a la Guardia Civil, todo ello meses antes de que se archivase la causa y se autorizase (desde ese momento sí) el desprecinto de los pozos. Según el atestado, el apoderado de Eurotécnica Agraria arguyó que “ya disponían de la autorización concedida”, “desoyendo las indicaciones vertidas” en el auto de enero de 2025 que ordenó la inutilización de estos bombeos.

La Guardia Civil recuerda que el apoderado “tiene conocimientos suficientes para conocer las consecuencias judiciales” de la decisión tomada, que a su juicio podría suponer “un ilícito penal de quebrantamiento de una medida cautelar” tal y como recoge el artículo 468 del Código Penal, que prevé por ello una pena de multa de 12 a 24 meses. Entiende que se han “desprecintado y colocado los elementos de extracción de agua en los pozos antes de que la autoridad judicial lo ordenase, hecho que ocurrió después”, con el auto del 10 de septiembre.

El atestado incide en que las instalaciones “se encontraban en pleno funcionamiento” y que “no se sabe la fecha veraz de la colocación de los contadores volumétricos”. Por ello, apunta que “se podrían haber estado produciendo captaciones de agua sin control alguno por parte del organismo de cuenca”, que es la propia Confederación del Guadalquivir.

Desde el 7 de agosto

Es más, el instituto armado solicita un informe a la Comisaría de Aguas de este organismo, para intentar delimitar con precisión las fechas. En su respuesta, se apunta que Eurotécnica Agraria recibió luz verde a su cambio de régimen de aguas el 12 de mayo, pero que no fue hasta el 7 de agosto que confirmó formalmente que había instalado los obligatorios contadores.

La Casa de Alba considera que la existencia de sus pozos ilegales supone una “mera infracción administrativa”, argumento que –en contra del criterio de la Fiscalía– ha admitido el juez, que ha descartado la existencia de un delito ambiental. La Confederación del Guadalquivir tiene abierto en paralelo un proceso de sanción administrativa por estos hechos, aunque ahora el magistrado debe considerar si al final sí imputa un delito a la propiedad, en este caso por quebrantamiento de medidas cautelares.

La Fiscalía considera que en Aljóbar se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural”. La investigación de la Guardia Civil, por su parte, calculó que Eurotécnica Agraria extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante una década larga, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.

Estoy un poco harto, lo confieso, de la “empatía”. No quiero decir que esté harto de los otros sino de la insistencia peligrosa en que nuestras relaciones con los demás se aborden siempre por el costado emocional. Y si no siento nada, ¿qué? Y si ese niño, ese anciano, ese perro apaleado no me conmueven, ¿qué pasa? ¿Tengo que sentirme culpable? ¿Es que no puedo oponerme a la guerra, a un linchamiento, a una agresión “por principios”? ¿Es que no puedo cuidar o curar o apoyar al otro sin compadecerlo, en virtud solamente de un imperativo ético y racional?

Bernardino de Siena, en el siglo XV, cifraba el poder movilizador del crucifijo en la común empatía humana frente al dolor. Cuando uno se acerca a la cruz en la que está clavado Cristo, venía a decir, uno siente su sufrimiento como propio, de manera espontánea y con independencia de cualquier sesgo cultural; antes de hacernos ninguna pregunta (¿qué habrá hecho?) sus clavos se han clavado ya en nuestra carne y nos dejamos vencer por la compasión. Es un argumento muy bello, pero no del todo cierto. En Roma la imagen del crucificado evocaba enseguida la idea de la justicia ejemplar; y el crucificado, por tanto, sugería al primer vistazo la irregularidad de un delito o de un comportamiento criminal. Por lo demás, los que torturaron a Cristo camino del Calvario y los que, una vez allí, lo clavaron en el madero sintieron más bien el placer de romperle los huesos a un judío o el aburrimiento de tener que acometer un trabajo mecánico y desagradable. Es probable que el mundo fuera mejor si cada uno de nosotros sintiera de manera inmediata el dolor de los otros como propio; o quizás no, porque entonces todos sucumbiríamos al primer pinchazo de una aguja; el planeta entero cedería, desde luego, a la muerte del propio hijo. En todo caso, es con esa clase de seres humanos (los que no sienten nada ante la cruz) con los que hay que tratar de construir un mundo llevadero.

En un libro interesante, La paradoja de la bondad (Capitán Swing), el antropólogo evolutivo Richard Wrangham distingue entre “violencia reactiva” y “violencia proactiva”. La “reactiva”, digamos, es la que todavía nos une a nuestros primos primates, la que tiene que ver con los impulsos no mediados: el reflejo instintivo, por ejemplo, frente a una agresión y, en general, el que responde desde el cuerpo a pulsiones antagonistas (los llamados “crímenes pasionales”). La violencia “proactiva”, en cambio, implica premeditación, planificación, proyecto. La “reactiva” es caliente y temperamental; la “proactiva” fría y prospectiva. La tesis de Wrangham es la de que la especie humana es una especie “doméstica”, una especie “autodomesticada” que en los últimos doscientos mil años habría ido reduciendo sin parar los márgenes de su “violencia reactiva” -mientras no dejaba de aumentar, al otro lado, los de la “violencia proactiva”. Podríamos decir que “la paradoja de la bondad” es ésta según la cual el holocausto nazi y el genocidio israelí, por citar dos ejemplos extremos, constituirían en realidad las manifestaciones propias de una especie pacífica, pacificada, domesticada, lingüística.

¿Habrá también una moralidad reactiva y otra proactiva? Tirando de ese hilo, sería coherente añadir que la reactiva sería, en efecto, la que nos vincula al prójimo a través de la empatía; la proactiva, en cambio, la que lo reivindica (al prójimo) como depositario autónomo de valor, o como sujeto de derecho, al margen de toda emoción positiva, en virtud tan solo de un razonamiento. En un mundo mejor los humanos nos repartiríamos el trabajo: los que no “sintieran” bien, razonarían bien. En el mundo realmente existente, sin embargo, veo un cierto peligro en renunciar a la razón para dejar que decidan sobre nuestro bienestar y nuestra convivencia los buenos sentimientos. Porque, en ese caso, los buenos razonadores que, por mucho que se esfuercen, no consiguen sentir nada, se sentirán sólo culpables. Por su parte, los malos razonadores insensibles o, peor, los que sientan placer en el sufrimiento ajeno, verán legitimados sus nulos o malos sentimientos. Si se trata sólo de “sentir”, el malismo es tan legítimo, en efecto, como el buenismo. Sin un criterio, nuestros buenos sentimientos no se diferencian de los malos. Y si poseemos ya ese criterio, ¿a qué exigirnos buenos sentimientos?

El problema de jugárnoslo todo en el terreno de las emociones es que dejamos de ser dueños de nosotros mismos. El espíritu de la época confirma la vuelta de lo violento “reactivo” y de “lo reactivo” en general; se trata precisamente de una “reacción” comprensible frente a un capitalismo abstracto y proactivo que desencarna los cuerpos o los trata con desprecio e indiferencia. Pero cuidado: esta victoria de lo reactivo sobre lo proactivo, para bien y para mal, determina la facilidad y volatilidad de todas las transiciones: es muy sencillo, quiero decir, pasar del bien al mal. En términos antropológicos, el fascismo es justamente eso: el triunfo de la violencia reactiva frente a la moralidad proactiva o, más claramente, el triunfo negativo de los cuerpos sobre los DDHH. Cada vez más humanos normales sienten creciente necesidad, sí, de pasar a la acción desde cerca. Anhelamos contactos cuerpo a cuerpo y los buscamos emocionalmente, en el mal y en el bien. Pero en ese terreno la violencia reactiva es siempre más atractiva y satisfactoria que la moralidad reactiva.

¿Qué es lo contrario de la empatía? La “antipatía”. Ambas emociones se activan en los cuerpos y entre los cuerpos. Mediante la empatía -suele decirse- me pongo en el pellejo del otro. En contraste con ese proceso milagroso de ocupación consonante, la antipatía, por su parte, puede describirse, al revés, como nuestra resistencia al ingreso del otro en mi propio pellejo. Uno de los nombres de la “empatía” es “compasión”. La expresión extrema de la “antipatía”, en cambio, se llama “asco”. Todas esas formas de odio que tildamos de “fobias” (islamofobia, homofobia, xenofobia) encubren un asco irresistible frente a un otro al que atribuimos la voluntad de penetrar en nuestros cuerpos (físicos o sociales) y de los que, por tanto, nos defendemos con violencia reactiva, como cuando nos sacudimos de encima, de manera instintiva, furiosa, ciega, una avispa pegajosa o una alimaña agresiva. Mucho más que el odio, el asco lleva siempre implícita la violencia; de hecho, el odio sólo se vuelve realmente violento cuando se materializa en asco. Pensemos en el nazismo y su relación con el judío deshumanizado; o pensemos en el sionista y en su relación con el palestino animalizado. En el ámbito de las emociones, la nueva lucha de clases (muy antigua) se libra entre la compasión y el asco. El fascismo es la victoria del asco sobre la compasión (y sobre los principios que el uno desdeña y la otra ignora). Esa victoria combina hoy, como hace ochenta años, la violencia proactiva de las clases dirigentes y la violencia reactiva de la gente común.

El asco, por supuesto, tiene un origen cultural; quiero decir que se fabrica, como se fabrican los paisajes y los cachopos. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia entre una cucaracha y un escarabajo. Los dos son artrópodos, insectos y neópteros; por su tamaño y morfología no discrepan tanto. Pero la cucaracha nos da asco y el escarabajo no. ¿Por qué? Porque el escarabajo vive en la naturaleza, en paralelo a nuestros cuerpos, mientras que la cucaracha penetra en nuestras cocinas y parasita nuestros alimentos. Lo mismo pasa con los conejos y las ratas. Eso explica que nuestro asco escoja siempre las mismas metáforas animales antes de desatar la violencia sobre los débiles amenazadores. Los judíos ayer y los palestinos hoy no son “escarabajos” ni “liebres”; son “cucarachas”, “piojos” o “ratas”. La cultura fabrica “cucarachas” y luego fabrica, a partir de ellas, humanos débiles y amenazadores que nuestro asco sorprende en el trance de ocupar nuestras casas, nuestras cocinas, nuestros pellejos.

Hay mucho “asco”, sí, en las agresiones homófobas, cuya violencia espantosa es proporcional al miedo del agresor a alojar en su cuerpo un cuerpo extraño.

Hay mucho “asco”, sí, en las agresiones xenófobas, que serán más numerosas y violentas a medida que nuestros políticos identifiquen más y más a los vulnerables con parásitos invasivos potencialmente letales para el “cuerpo nacional”.

Y he visto también, sí, mucho “asco” en los golpes de la policía en la reciente manifestación estudiantil del 14 de octubre, donde la saña autoalimentada de la porra era inseparable del placer de encontrar una resistencia pasiva y de la fuerza impune descargada una y otra vez sobre cuerpos ajenos a la nación y a la humanidad. 

Cuidado: la cercanía no siempre produce empatía. En una guerra civil, el vecino al que odiamos, ahora en nuestro poder, sucumbe a nuestro furor revanchista. Odiarlo (o no) no depende de nosotros; quizás, además, era realmente odioso. De pronto, frente a él, queremos sentir piedad, pero su presencia no nos emociona: no sentimos nada que pueda protegerlo; lo que sentimos, al contrario, lo condena. Nos da asco. En esta situación, lo único que puede proteger al vecino de nuestra violencia reactiva, allí donde podríamos vengar todos sus desdenes y egoísmos de la última década, es un principio: el principio interiorizado, racional, del valor de la vida humana. 

No es tarea sencilla, cierto, pero es más fácil enseñar a pensar bien que a sentir bien. A eso deberían dedicarse nuestras escuelas, nuestros partidos políticos y nuestras academias de policía.

“Mira que nos acechan todavía” (Federico García Lorca, 1936).

Dice Feijóo que “mantener al sanchismo fuera del Senado es un reto para el PP”. En unas elecciones democráticas, el candidato situado primero en las encuestas quiere mantener a un partido que ahora gobierna fuera del Senado. Coincide con Vox, con quien explora acuerdos, dice. La democracia es una antigualla para ambos. Lo ha dicho Feijóo en una radio amiga, la COPE, a un informador amigo, Carlos Herrera. Jiménez Losantos se ha desmelenado en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco. A toda pantalla propone impunemente, una vez más, “aplastar” y “perseguir” a la izquierda tras el 29-N. ¿Hace falta tener más claro qué se dilucida en las urnas ese día?

Habrá que insistir tantas veces como podamos en que estas son las elecciones más trascendentales en este periodo de nuestras vidas. Aspiremos a que la mayor parte de la ciudadanía sepa -y de momento no es así- que se decide entre dos modelos de sociedad. Imperfecto incluso el que más la favorece, cargado de todo tipo de trampas el que aspira a mutaciones rotundas, nefastas para la mayoría, y ni siquiera lo oculta. No por completo: cuando ve riesgos con sus patinazos -por ejemplo, con las pensiones- miente y ataca. Atentos también a las injerencias exteriores y a cómo se utilizan las convulsiones en otros países, por descontento como denominador común. Es un hecho que este mundo ha sufrido una enorme degeneración y la mayoría no se dio cuenta ni de cómo se gestaba. Lo insensato es cambiar a peor, en lugar de afrontar errores lo primero.

Toda la carne en el asador, ahora e in crescendo en el poco más de un mes que queda para las elecciones. Agotados ya de tanto ruido y tanta basura para distraer de lo esencial: lo mucho que nos jugamos el 29N en España. Las redes son un enjambre de avispas hambrientas, en donde -más o menos gratis- se vierten las consignas sin filtro, que luego amplifican los medios convencionales a su gusto. Antes era al revés, por lo menos.

A pesar de las encuestas tan favorables, a la derecha-ultraderecha se les sigue notando miedo a perder. No es para menos. Pocos ciudadanos adultos y responsables elegirían por propia voluntad que mermen y comercialicen las pensiones, que precaricen la sanidad y la educación tan esenciales para la vida, o que, con una Dana tras otra, cargadas de víctimas y destrozos materiales, siga diciendo el socio del presunto gobierno, Vox, que esto es culpa del “terrorismo climático”. Terrorismo es lanzar un mensaje tan falso y convencer a imbéciles de solemnidad de que es cierto. No tengan la menor duda de que lo van a intentar. El portavoz del PP, Borja Sémper, acaba de justificar un pacto del PP con Vox que los haga más fuertes en que “tendrán que tomar decisiones históricas”, dice. ¿En la economía más adelantada hoy de la UE? Aterra pensar en qué están pensando.

La postura del PP con las pensiones, solo en estos días, es un ejemplo concluyente de lo que es este partido y lo que piensa hacer si llega a La Moncloa. Vamos ya por la tercera versión en menos de una semana.

1) Ester Muñoz dice que el sistema va a petar y que así no puede seguir.

2) Ante el revuelo causado, sale Feijóo y promete solemnemente que no lo cambiará y actualizará las pensiones con el IPC.

3) Aparece de nuevo Feijóo y suelta que tienen dudas sobre si hay un profundo agujero en el sistema de pensiones. Es, con toda claridad, una hipótesis, sin pruebas, para justificar su plan de recortar y privatizar las pensiones. En el que, sin duda, le acompaña Vox. Figaredo sigue insistiendo en el plan que tienen sobre las pensiones: “Un cambio traumático que exige sinceridad a los ciudadanos”. “En el que haya una parte de reparto y una parte de capitalización”. Ese que han tenido que ir abandonando numerosos países que lo implantaron.

Una cacicada que afecta a millones de personas, y familias también, que se apoyan en ese ingreso absolutamente legítimo que no padece otro riesgo que un gobierno de PP y Vox como debemos insistir. Hay que escuchar argumentos y razones y no distraerse tanto con los excitantes improperios de ese ser trastabillado que preside Madrid y que ya demostró cómo afrontar el “gasto” con ancianos que, en principio, gastan más que producen. Entretiene mucho, llena páginas y pantallas, pero eso no es ni política siquiera.

Cada cual juega sus cartas en esta partida en la que están sobre la mesa derechos que no pueden ser objeto de pujas y envites. Veremos si el as Ayuso les sigue funcionando con tanta basura como le rodea y las muestras que da de nerviosismo. Igual que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Alto cargo político con sueldo público que amenaza una vez más al presidente del Gobierno de España haciéndole responsable hasta de las manifestaciones por la educación pública: “Te voy a decir una cosa, PerroSinAmo: lo tienes muy difícil para asustar y callar la boca a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y me gusta la fruta”, escribe. Recordemos que el Supremo le tiene un gran aprecio a este sujeto. El pasmo llega cuando el sindicato policial Jupol pide la dimisión del delegado del Gobierno por no prever que Ayuso fuera increpada, dice que afectó a su seguridad. Varios manifestantes han visto muy afectada la suya a palos de los policías.

De los gobiernos autonómicos PP/Vox cada vez llegan referencias más preocupantes: el andaluz suspende las subvenciones a Cruz Roja, SAMU e Inserta destinadas a ofrecer pisos de acogida y un plan de inserción laboral a personas sin techo, el 80% extranjeros, que se ven abocados a volver a la calle el 20 de diciembre.

Medios subvencionados -con nuestro dinero- ayudan a esa derecha que ha perdido el norte. Veremos si el otro gran aliado -esa facción peculiar de la justicia- actúa también. En conjunto son poderosos enemigos de unos votantes que no se enteren de qué está yendo todo esto y no se preocupen seriamente por su propio futuro incluso.

Esa derecha que ya es una y extrema, se mueve sin complejos. Lo vemos en cómo confirma Feijóo negociaciones con Vox. Y en la llave que buscan para controlar el Tribunal Constitucional desde el Senado. E incuso poder cambiar la Constitución. Al gusto de la derecha extrema seria. En la COPE ha dicho que busca una mayoría de 3/5. Eso le facultaría para hacerlo. El destrozo democrático podría ser irreversible. En mucho tiempo, al menos.

El Gobierno actúa también, aunque está en minoría frente a ese bulldozer con doble motosierra que armó Aznar y que, a su llamada, hace lo que puede y más. Actúa aprobando medidas que debió acometer antes de ahora -aunque más vale tarde que nunca-. Amplía las sociales en las que sí se ha venido empleando. Pero faltaría mucho más. Y que nos explicara esa permanencia en las listas electorales de los responsables de un ejército en el que algunos de sus miembros apalean a migrantes indefensos en Ceuta, igual que policías desbocados a manifestantes por los derechos de todos. No hay comparación, sin embargo, con la amenaza de dar el poder a las derechas más sucias de Europa; no tiene color, claro. Pero debemos aspirar a soluciones reales y duraderas.

Veremos qué ocurre con esa izquierda un tanto decepcionante en líneas generales a la que el PSOE necesita para gobernar, aquí ya no hay mayorías absolutas. La larga historia de traiciones en tan corto espacio de tiempo explica lo que ahora sucede, pero no lo remedia. No quiero entrar en ese jardín lleno de espinas. Solo pediría reflexión sobre el tratamiento, despiadado y machista, que está recibiendo Irene Montero de la propia izquierda. A ver si este lado se remansa, aunque el fuego cruzado que agita medios y redes es bien potente, porque todo será poco para la batalla que nos espera.

Tiempos de huir de los gritos -si se puede, porque interpelan con tal virulencia que caemos en ellos sin darnos cuenta- y buscar argumentos profundos. Se están luciendo estos días en varios medios, al mismo tiempo y no por casualidad, sino por el convencimiento absoluto de lo mucho que nos jugamos.

Todo esto ya pasó antes, aunque cada vez la factura es más cara, como escribía aquí Enric González. Citando a Arnold J. Toynbee, filósofo de la historia, recordaba que, “al principio, la Minoría Dominante intenta mantener por la fuerza (contra la razón y el derecho) una posición de privilegio heredado que ha dejado de merecer; y entonces el Proletariado repaga la injusticia con resentimiento, el miedo con odio y la violencia con violencia”. Concluía Toynbee que “Sin embargo, todo eso acaba en actos de creación positiva”. Alude el autor a reacciones transformadoras que alumbran un tiempo nuevo, por así decirlo. Veremos. De momento ese horizonte se ve lejos, pero el 29N puede acercarlo… o alejarlo por completo para caer en una auténtica sima.

Tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero hubo un tiempo en que el Partido Popular intentaba distanciarse de Vox, temía un castigo electoral si los electores sospechaban un entendimiento, y decía defender principios incompatibles con la ultraderecha.

Intenta leer lo siguiente sin reírte, o sin llorar en caso de que seas votante centrista del PP (alguno quedará): “No a la polarización, no a esa España a garrotazos, en blanco y negro, de trincheras, ira y miedo, no a esa antipolítica cainita de izquierda o de derecha destinada a hacer que los españoles se odien y se teman (…). El PP no somos ni furia ni ruido, no alimentamos fracturas, queremos cerrarlas, creemos en una sociedad abierta y libre”.

Lo dijo Pablo Casado, uno que fue breve presidente del PP hace lo menos ochenta o noventa años, y que no era precisamente del ala izquierda. Lo dijo en el Congreso de los Diputados, en 2021, en la moción de censura presentada por Vox. A Santiago Abascal le dijo en toda la cara: “No somos como usted porque no queremos ser como usted”, y remató con un rotundo y orgulloso “¡hasta aquí hemos llegado!”.

Luego llegó Alberto Núñez Feijóo, que venía de Galicia con vitola de centrista, derecha moderada, hombre de Estado y política para adultos. Pues hasta él mantuvo durante un tiempo el discurso de “no somos como Vox”. En las elecciones de 2023 sudó la gota gorda por los pactos que sus barones regionales y alcaldes ya negociaban con la ultraderecha, pero el líder del PP repitió una y otra vez que no pensaba gobernar con Abascal de vicepresidente.

Su portavoz, el moderadísimo Borja Sémper, presentó aquella precampaña en una playa de mentirijilla (“Verano azul” la llamaron), habló de “alegría, ilusión y fiesta”, y prometió que el PP “no va a acceder al poder a cualquier precio que perjudique los avances sociales ni los espacios de libertad”, “no renunciaremos a nuestros principios”, “no nos vamos a dejar contaminar”. (Nota para el editor: añadan aquí unas risas en lata).

El mismo portavoz moderadérrimo que hoy defiende las posibles listas al Senado pactadas con Vox porque “hay que hacer cosas para garantizar el cambio en España”, tomar “decisiones históricas”. El mismo portavoz moderado-plus-ultra que, desde que regresó a la política, se ha tragado un sapo tras otro sin perder la sonrisa, y ha justificado todos los acuerdos autonómicos y cada mercancía comprada a la ultraderecha, incluida la “prioridad nacional”.

El PP de 2026 no es el de 2023, y menos el de 2021. El PP hoy no disimula su “frente amplio” con Vox, porque sabe que su electorado no le va a penalizar, y que el mayor riesgo no es que sus votantes se abstengan o busquen un partido de centro (si queda algo ahí), sino que se fuguen a Vox por encontrar a Feijóo blandengue. También cree el PP que la entente de la derecha y la ultraderecha no asusta tanto ni moviliza al votante de izquierda como podía hacerlo hace tres años, a la vista de las victorias autonómicas que ha seguido cosechando, y la mayoría que le auguran las encuestas.

En otros países europeos también hay partidos de centroderecha y tradición democristiana que se entienden con la pujante ultraderecha, pero han tardado décadas en sentarse siquiera a hablar. Aquí Vox llegó a las instituciones hace ocho años, y está a punto de sentarse ya en el Consejo de Ministros. Aquella broma que se hacía sobre “el largo viaje al centro” del PP, que parecía no llegar nunca, pues mira lo rápido que ha corrido para regresar a la derecha, y seguir corriendo más allá.

Son los trabajadores del comedor de tus hijos en el colegio, las empleadas de la cocina de la residencia de tus padres, aquellos que alimentan a los pacientes en un hospital. CCOO y UGT han dado por rotas las negociaciones del convenio estatal de Restauración Colectiva, caducado desde 2025, ante la inmovilidad de la patronal, según denuncian. Sus principales reclamaciones se basan en el reconocimiento de categorías profesionales que existen en la labor que desempeñan, pero oficialmente no recogidas, subida “digna” de los salarios, pues hay regiones que todas las categorías cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) y reducciones de jornada.

La parte empresarial, representada por Food Service España, responde que “mantiene su predisposición al diálogo”. Las centrales sindicales plantean un futuro de movilizaciones para intentar forzar que la patronal tome en consideración sus demandas.

Carmen Ortiz, responsable del sector de la Restauración Colectiva de la Federación de Servicios de CCOO, cifra en 125.000 las personas que están bajo este convenio en España. “Cuando se creó hace diez años, la idea era unir las tablas y condiciones salariales de las 52 provincias. Durante esta década no se ha hecho nada y seguimos con las tablas salariales de origen”, explica la sindicalista. El incremento paulatino del SMI a lo largo de los últimos años –actualmente se encuentra en los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas– ha hecho que muchos convenios provinciales se queden desactualizados, por lo que la mayor parte de sus categorías están sujetas al mismo.

Mónica de la Cámara, de UGT, recalca que todas las categorías de 17 convenios provinciales cobran el SMI, y 15 tienen más de la mitad de las categorías en la misma situación. Ella integra el equipo estatal de la actividad de Restauración Social: “Es un sector en el que tampoco hay complementos. No creo que estemos pidiendo nada que las plantillas, muy feminizadas, no se merezcan”.

Olga Aguilar es cocinera titulada en el Hospital Fremap de Sevilla. Lo primero que dice al hablar con elDiario.es es que en su centro “no estamos excesivamente mal”, ya que se cumplen los horarios definidos. “Nosotras trabajamos con presión, eso es indiscutible, y no podemos sobrevivir con ni siquiera 1.000 euros netos mensuales”, denuncia.

Vivir así es “muy complicado”, subraya la trabajadora, que respira algo más tranquila desde que tiene su casa pagada. “Pero tengo compañeras de alquiler y lo pasan fatal. El tema de la vivienda está muy mal y si encima tienes una familia, todo es mucho más complicado. Por eso necesitamos que las tablas salariales aumenten”, se explaya.

Responsabilidad en la alimentación

Las representantes de los trabajadores coinciden al decir que se han encontrado con una patronal que se niega a negociar las demandas planteadas. En el día a día, en estos centros trabajan figuras como dietistas y coordinadora de monitores que no vienen recogidas como tal en el convenio. “Queremos que se actualice el texto, que plasme la realidad del sector”, reivindica la responsable de CCOO.

De la Cámara ejemplifica que la categoría de coordinador de monitores funciona desde hace años. Todas las Administraciones públicas la reconocen y lo mismo sucede incluso en algunos convenios de hostelería de algunas provincias. “Lo que no se puede entender es que el coordinador cobre lo mismo que un monitor. Su responsabilidad es mayor, su carga de trabajo es mayor, y eso se debe recompensar”, señala la ugetista.

“Llevamos a cabo una labor con mucha responsabilidad como para cobrar el salario mínimo. Nosotras trabajamos con niños, enfermos, ancianos, usuarios de centros de acogida, presos… Nuestro público es delicado y eso nunca está reconocido”, recalca Ortiz. Aguilar confirma este extremo. “Debemos tener mucho cuidado porque uno no puede tomar sal, el otro el diabético, el de allí tiene colesterol… Hay que tener mucho cuidado, y con las alergias también”, ilustra.

La sindicalista de CCOO admite que este no es un trabajo del que se pueda vivir. “Es más para aportar algo en casa, porque muchos contratos son de media jornada o menos, sobre todo en comedores escolares. En lo público se nota mucho porque en los colegios son jornadas pequeñas con responsabilidades muy grandes”, desarrolla la misma Ortiz. Además, justo estos trabajadores tienen la tarea extra de cuidar de los chavales y enseñarles a comportarse en la mesa.

Adjudicar al precio más bajo

La ley de desindexación hace que el sector de la restauración colectiva se enfrente a otro gran escollo. Esta norma prohíbe actualizar de forma automática los precios, tarifas y contratos del sector público utilizando el IPC u otros índices generales de precios. La gran mayoría de las empresas que operan en la restauración colectiva lo hacen de la mano de la Administración pública, mediante concursos. Desde UGT explican que este tipo de contratos con la Administración hacen que el precio de lo ofertado esté cerrado a lo largo del tiempo que dura el contrato, lo que lastra la negociación colectiva debido al incremento de los productos y del coste de la vida durante el tiempo del contrato.

Por otra parte, reclaman a las administraciones públicas que el criterio de adjudicación no dé tanto valor al precio. “Es un bucle en el que siempre salen perjudicados los trabajadores y llega un momento que ni monitores, ni ayudantes de cocina, ni jefes están dispuestos a trabajar en estas condiciones”, alerta De la Cámara.

Las negociaciones encallan

La representación de los trabajadores en el sector de la restauración colectiva resume en una palabra la respuesta que reciben por parte de Food Service España: inasumibles. Eso es lo que aseguran UGT y CCOO que les dicen cuando plantean sus demandas. “No quieren ni entrar a valorarlas, y no lo entendemos. Quieren una subida lineal del 2,5% en los salarios y reconocer alguna bajada de jornada, pero poco más”, abunda Ortiz.

Las 130 empresas asociadas a Food Service España preparan 4,1 millones de menús al día para 8,7 millones de consumidores diarios, según sus propias cifras, y crean más de 95.000 empleos directos. Tal y como han señalado a elDiario.es, la organización mantiene su disposición al diálogo. “Entendemos que las diferencias forman parte de cualquier proceso de negociación colectiva y confiamos en que los contactos se reanuden próximamente para seguir avanzando en beneficio del conjunto del sector”, han añadido.

La responsable de Restauración Colectiva en CCOO defiende que la patronal “debería pensárselo bien”, pues entre el último trimestre de 2026 y los primeros tres meses de 2027 se suscribirán el 60% de los contratos con la Administración pública, según sus cálculos. “Es el momento de negociar y así ir a los concursos con las reglas del juego escritas, sabiendo a qué se enfrentan y en qué condiciones tendrán que hacerlo”, precisa.

Aguilar habla de posibles movilizaciones futuras y la importancia de dar a conocer su situación. “Hasta que no hay alguna protesta y la gente ve tus condiciones, ni se paran a pensarlo”, comenta. Ante la postura inamovible de la patronal, la trabajadora no cree que se esté pidiendo algo inasumible. “A todo dicen que no cuando las propuestas son bastante razonables”, añade con la vista puesta en este diciembre, cuando se cumplirá un año de la caducidad del convenio.

Ante la ruptura de las negociaciones, las dos centrales sindicales han planteado diversas acciones para intentar forzar que la patronal atienda a sus reclamaciones. Empezarán informando a las plantillas de los centros de trabajo sobre la situación encallada en la que se encuentra la comunicación para actualizar el convenio, y no descartan escalar las protestas hasta concentraciones. Todavía no tienen marcado un calendario concreto de protestas, pero sí saben sus exigencias. “Solo pedimos algo de diálogo por parte de la patronal”, dice De la Cámara. “La huelga debe ser la última medida, pero si hay que ir, se irá. No sería la primera vez que paramos por algo así”, concluye Aguilar.

La localidad sevillana de Guillena vivió en septiembre de 1937 escenas de pesadilla cuando 17 vecinas de entre 24 y 70 años fueron detenidas, humilladas de múltiples formas y finalmente fusiladas en el cercano municipio de Gerena. Allí permanecieron sus cuerpos hasta que el movimiento de recuperación de la memoria histórica logró devolverlos a Guillena y darles digna sepultura en el cementerio local. Noventa años después, Alana S. Portero (Madrid, 1978), que se dio a conocer con la novela La mala costumbre, recrea a estas mujeres a través de la ficción en la novela Cosamala, que acaba de ver la luz en Seix Barral.

“La madre de mi mejor amiga es de Guillena, y fue ella quien me contó la historia de las '17 rosas'”, explica la escritora mientras camina por las soleadas calles del pueblo, en lo que en pleno mes de octubre parece ser ya un verano eterno. “Me decidí a escribir sobre ellas por esa relación personal, pero también por el silencio que envolvió todo durante décadas. No quería hacer un ejercicio de novela histórica, sino explorar las posibilidades de la Historia. Seguir diciendo sus nombres y lanzando su eco al viento, mientras imagino una historia de venganza y restitución a través de la maravillosa tradición de las brujas”.  

La primera parada es en la plaza del Ayuntamiento, donde junto a descendientes de aquellas mujeres y representantes de la asociación local que logró la exhumación y el traslado de sus restos. Allí recuerdan cómo aquellas campesinas y amas de casa, madres, esposas, hijas o hermanas de milicianos y republicanos, fueron arrancadas de sus hogares, fueron detenidas en septiembre de 1937, rapadas, obligadas a tomar aceite de ricino y sometidas a humillaciones públicas por no revelar el paradero de sus parientes huidos. E inciden en que el consistorio, por el que ahora deambulan pacíficos funcionarios, “fue entonces centro de detención, lo cual resulta elocuente: la Casa del Pueblo convertida en cárcel”.

Crueldad contra las mujeres

A unas calles de allí se levanta El Palomar, un centro de día que en la novela de Portero se transforma en La Paloma, local de ocio que le sirve para “rendir homenaje a la cultura de cabaret en España, que tras la guerra hubo de transformarse en otra cosa”, y donde aparecerá un personaje inolvidable de la novela, La Tórtola, “el mariquita del pueblo para el que la República, como para todas aquellas mujeres, era mucho más acogedora que lo que vendría después”: “Su historia es también la historia de España”.  

Junto a la escritora, Blanca, la bisnieta de Manuela Méndez, una de las '17 rosas', recuerda que el movimiento de memoria histórica cristalizó en un colectivo cuando ella tenía 8 años. “Aquel crimen era algo que estaba ahí, acompañándonos hasta el punto de que lo habíamos normalizado, sin darnos cuenta de que este y otros episodios son pruebas de la crueldad del franquismo contra las mujeres. Lo que hicieron no se le hace ni a los perros”.

Algo debió de influir la memoria familiar, y el posterior proceso de restitución de las víctimas de aquellos turbios días, para que la joven acabara decantándose por estudiar Historia. “Ahora nos hace ilusión que se ponga en valor la figura de estas mujeres gracias a una novela”, añade. “El arte siempre deja algo abierto, siempre lanza la pregunta de qué habría pasado si las cosas hubieran podido ser diferentes”.

Lugares de recuerdo

Lucía Socam, cantautora guillenera, activista por la memoria y autora del libro Memoria de Guillena. Tierra de rosas silenciadas, recuerda camino del cementerio cómo fueron las tareas de exhumación, iniciadas en enero de 2012, y el traslado desde Gerena a Guillena, en diciembre del mismo año. “Fue muy emocionante el contraste entre el modo en que se las llevaron clandestinamente, subidas a un camión, y cómo regresaron, y cómo volvieron con una caravana interminable de coches de familiares, de amigos, de gente de asociaciones de otros pueblos enarbolando banderas republicanas, una por cada una de ellas”.

Para Alana S. Portero, “conviene reflexionar sobre qué nos pasa como pueblo cuando se nos amputa la posibilidad de despedirnos de nuestros muertos, y qué le hace a la tierra todo eso. Es algo que me obsesiona”, reconoce cuando se adentra en el pequeño camposanto de Guillena, que también sirve de escenario a uno de los episodios de la novela. Al fondo de la calle central, una pequeña capilla reconoce a las 17 rosas con sencillos azulejos que evocan sus nombres. “Aquí también se ejecutó a gente: los cementerios se convirtieron en lugares de muerte, cuando deberían ser de recuerdo. En Cosamala es el lugar en el que las almas no descansan y siguen señalando las injusticias”.

Visiblemente emocionada, Portero contempla los nombres pintados como “un símbolo de que no se pide tanto cuando se clama por enterrar a tantas víctimas del franquismo. Un azulejo y ya está. No creo que algo tan sencillo vaya a romper ningún país”, asevera. “Si no logramos que en el resto de España se resuelvan estas situaciones, va a seguir pesando esta fractura heredada de la Guerra Civil. Y hasta ahora, nuestro país no lo ha hecho bien. Hemos fracasado asquerosamente en esto”.        

Sin odio ni revanchismo

Los vecinos muestran de lejos curiosidad por las cámaras y los periodistas que acompañan a la escritora. No resulta difícil imaginar entre ellos a los parientes de quienes sufrieron la represión del bando vencedor, pero también debe de haber descendientes de quienes ejercieron aquella violencia. ¿Cómo han convivido todo este tiempo unos y otros? “Es importante subrayar que no hemos guardado rencor”, dice Socam, “lo que hemos querido siempre es que se nos cuente la verdad. Los más jóvenes sabíamos que habían pasado cosas terribles en la guerra, que había recuerdos del ‘abuelo que se fue y no volvió’. Pero la convivencia se ha hecho con toda la normalidad posible. Hemos alentado el conocimiento y la investigación sin odio ni revanchismo”.

Por último, ya de vuelta a Sevilla, la autora de Cosamala explica que ha debido controlar ciertos impulsos porque “la ideología no escribe buenas novelas, aunque tiene que estar presente en lo que escribes”, y recalca que se ha quedado corta en algunos pasajes: “La historia real es más terrorífica de lo que una puede imaginar. Todo lo que cuento está rebajado. Si hubiera usado el cien por cien de lo que he aprendido sobre esta historia, no me habrían creído, me hubieran dicho que hacía propaganda y caricatura de los personajes. Y eso nunca me lo hubiera perdonado. Yo he intentado tener compasión de todo el mundo. Y ser compasiva con alguien como Queipo de Llano, por ejemplo, me ha quitado el sueño”.        

“He empezado a imprimir fotos”, fui avisando a mis amistades, como quien hace una confesión. Quienes no mostraron sorpresa ante mi revelación habían pasado por un proceso similar: querer disputar a las grandes plataformas una parte de nuestra cotidianidad. En el camino empecé a preguntarte cuánto llevaba delegando la tarea de construir mi memoria y qué había perdido por el camino. 

Gracias, Google, pero yo no lo recuerdo así

En enero fui madre. Desde entonces, en mi teléfono conviven imágenes para consultar una duda a mi matrona de referencia con fotografías que aspiran a congelar un momento. Algunas tienen la caducidad de una conversación; otras son cápsulas del tiempo, pensadas incluso para sobrevivirme. Todas acaban juntas.

Otras estaban dirigidas, sobre todo, a mí misma. Celebraban los momentos en que me reconocía en la maternidad, como leyendo un libro mientras amamantaba o volviendo a llevar las uñas de gel. También había capturas de pantalla para cuando tuviera tiempo: ensayos que quería consultar, ideas sobre las que escribir... En esas imágenes buscaba un punto de apoyo para no perderme en los primeros meses de la maternidad y, sobre todo, en el mandato social sobre cómo debía ser madre.

La académica José van Dijck, especializada en medios y cultura digital, viene estudiando cómo con su desarrollo digital la fotografía ha ido reforzado sus funciones de comunicación y construcción de la identidad frente a su tradicional papel como archivo de la memoria familiar. La transformación del móvil, esa prótesis digital que llevamos integrada, facilita y potencia esos usos.

En enero fui madre. Desde entonces, en mi teléfono conviven imágenes para consultar una duda a mi matrona de referencia con fotografías que aspiran a congelar un momento. Algunas tienen la caducidad de una conversación; otras son cápsulas del tiempo. Pero todas acaban juntas

Mientras la fotografía había ido ganando significado para mí, Google Fotos empezó a devolverme una selección a la que llamaba “recuerdos”. Reconocía las imágenes y las fechas eran correctas, pero había un fallo en la Matrix: no funcionaban como archivo, no representaban el relato de esos meses, no eran, por tanto, recuerdos.  

Los álbumes fotográficos como archivo de recuerdos siempre son una selección y organización de imágenes para recrear un pasado. Lo que ocurre con los servicios como Google Fotos es que, como muestran diferentes investigaciones, el archivo ha tomado la iniciativa: como una rebelión de una máquina que adquiere autoconciencia. ¿Quería delegar esa función? Y aún más, ¿quería entregar a las empresas que poseen y dirigen esas máquinas la selección y almacenaje de mis recuerdos?

Mis recuerdos, su negocio

En Las redes son nuestras, Marta G. Franco reconstruye cómo una red levantada también mediante recursos públicos y trabajo colectivo terminó concentrada en negocios privados donde se busca la fórmula de monetizar al máximo nuestra experiencia. 

Primero se creó la necesidad. Google Fotos permitió durante años guardar fotografías comprimidas sin límite y de forma gratuita. En 2021, las nuevas fotos y vídeos que subíamos empezaron a contar para el límite de almacenamiento gratuito. Al alcanzarlo, tocaba elegir entre borrar, trasladar archivos o pagar por más espacio. La gratuidad había sido la invitación; ahora la mudanza exigía tiempo y esfuerzo por lo que en muchos casos se optó por permanecer y pagar.

Google Fotos empezó a devolverme una selección a la que llamaba "recuerdos". Reconocía las imágenes y las fechas eran correctas, pero había un fallo en la Matrix: no funcionaban como archivo, no representaban el relato de esos meses, no eran, por tanto, recuerdos

En paralelo a estos cambios, el servicio, como afirma el investigador JeongHyun Lee, iba convirtiendo el archivo en un lugar al que volver a través de la selección de imágenes, la composición de recuerdos y la invitación a interactuar con ellos. Sus herramientas atendían tanto al uso tradicional de la fotografía —ofertando fotolibros— como a su función en la era de las plataformas: convertirlos en contenido listo para compartir y ser visto. El vínculo afectivo con nuestras imágenes y el deseo de mostrarlas encontraban acomodo en un mismo servicio.

La glotonería de la memoria digital

Remedios Zafra escribe en El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital sobre “la imposible saciedad ante la glotonería de querer tenerlo todo”. Pienso en mi galería, ¿tengo tiempo para recorrer todas las fotografías de todos esos momentos? ¿Son todos esos momentos un instante para el recuerdo? ¿Tendré las horas para leer todo lo que he almacenado en capturas de pantalla?

Esa acumulación encuentra una respuesta muy conveniente en los servicios que la alojan. Si tengo demasiadas fotografías, una herramienta las ordena; si no encuentro nada, reconoce caras y lugares; si no vuelvo a mirarlas, me prepara recuerdos. Diferentes artículos han alertado sobre esa circularidad: Google Fotos y Apple Fotos ofrecen gestionar una abundancia que sus propias herramientas permiten seguir aumentando. Cuanto más crece el archivo, más necesito ayuda para recorrerlo: nos aportan tanto la necesidad como la solución. 

Pero esa disponibilidad tiene cuerpo. Anna Reading propone estudiar la memoria digital desde las infraestructuras y las relaciones económicas que permiten capturarla, hacerla circular y almacenarla. Por su parte Tung-Hui Hu examina la distancia entre la nube que imaginamos —ligera, ubicua— y sus instalaciones físicas. Mientras nos ofrecen el espacio infinitamente ampliable se oculta que los recursos que sostienen esa posibilidad sí tienen límites y una huella ecológica, social y colonial. 

La promesa de guardarlo todo desplaza así la pregunta de “¿esto merece conservase?” a “¿cuánto espacio más contrato?”. Quizás deberíamos empezar a preguntarnos por qué hemos terminado confundiendo cuidar nuestros recuerdos con seguir ampliando el lugar donde los acumulamos.

Pienso en mi galería, ¿tengo tiempo para recorrer todas las fotografías de todos esos momentos? ¿Son todos esos momentos un instante para el recuerdo? ¿Tendré las horas para leer todo lo que he almacenado en capturas de pantalla?

Qué fue antes: ¿el recuerdo o la red social?

“Si no está en Instagram, no ha pasado”, bromeábamos en mi grupo de amigas. El chiste mezclaba dos deseos: conservar una experiencia y mostrar que la habíamos vivido. Lo segundo exigía encontrar el encuadre. ¿Quién no ha esperado para dar un bocado a que alguien hiciera la foto? 

La investigadora Elisa Serafinelli describe cómo compartir fotografías produce archivos de memoria personales y colectivos en red. A una imagen se suman los comentarios que recibió, la amiga que la compartió, la conversación que abrió. Recuerdo la transformación de Tuenti en operador de telefonía hace diez años y la avalancha de descargas de imágenes entre la gente de mi entorno. “Me están robando mi pasado”, llegó a decir una amiga expresando que no podría recuperar todo lo que se había volcado y generado en esa red social. Como afirman Proyecto Una en su libro La viralidad del mal, que nuestras experiencias comunes en las redes sociales se conviertan en una parte inseparable de nuestra existencia no es un drama, la dependencia de las grandes plataformas, sí. En entrevistas y publicaciones, las activistas aportan la imagen del piso de alquiler para entender las redes sociales: podemos hacer hogar en ellas, pero al final la decisión sobre nuestra vivienda está fuera de nuestro alcance y en el marco de las lógicas de mercado.

Pero las plataformas también intervienen antes de que esas imágenes lleguen al archivo, como muestran los estudios críticos sobre medios digitales, las promesas de creatividad y control conviven con opciones de narración prediseñadas musicales, de formato, de estilo… A su vez los algoritmos y filtros participan en ese aprendizaje, premian unas vidas y unos cuerpos contribuyendo a unos estándares imposibles. Igual que un bar prepara un rincón para que lo fotografiemos, podemos acabar preparando nuestros recuerdos, al igual que nuestras experiencias y nuestros cuerpos, para que sean instagrameables.

Quizás deberíamos empezar a preguntarnos por qué hemos terminado confundiendo cuidar nuestros recuerdos con seguir ampliando el lugar donde los acumulamos

Volver al álbum

En sus textos, Marta G. Franco y Proyecto UNA nos animan a recuperar internet y recuerdan que nuestra salida de las grandes tecnológicas tendrá que ser colectiva. Mientras tanto, he encontrado mi pequeña resistencia en una impresora de fotos y un álbum.

Unas semanas después de empezarlo me encontré con una publicación de Óscar Romero, librero de Mary Read, que a partir de una reseña de la obra Un deseo desmesurado de amistad nos proponía crear recuerdos a los que volver advirtiéndonos que “las redes, en contra de lo que parece nos están quitando nuestra historia”

Cuando le pregunté sobre esa publicación, añadió algo: las plataformas no solo almacenan nuestros recuerdos, también los moldean. Al seleccionar qué imprimir descubrió que muchas de las imágenes elegidas eran precisamente las que “ni muerta habría publicado”: imperfectas, pero felices. A esa distancia entre lo publicable y lo memorable suma la fragilidad de dejar nuestro archivo en manos de una plataforma y, desde una memoria queer, recuerda que a veces todo lo que quedaba de “tu tía la bollera” era una caja de fotos. Los soportes que elegimos para guardar nuestra memoria condicionan qué podrá sobrevivir de ella y quién podrá encontrarlo después.

Al empezar mi álbum recordaba la propuesta de Alba Lafarga en Jardines digitales: el fin del scroll infinito donde nos animaba a cultivar espacios personales en los que guardar y relacionar intereses sin la urgencia de publicar. En mi caso la materialidad analógica me ha permitido distanciarme de los tiempos y los cánones de lo instagrameable. Más que buscar la reacción y la interacción se impone mi narración, acompaño las imágenes de texto donde transcribo la emoción del momento que representa la imagen o la reflexión que me provoca, mi voz se convierte en el algoritmo que guiará las futuras revisiones. Sabiendo que será observado más adelante, he incluido anotaciones sobre su elaboración. Es un archivo de lo vivido, pero también del proceso de decidir cómo quiero recordarlo.

Lo digital no ha desaparecido del álbum: hay capturas de conversaciones en aplicaciones de mensajería, publicaciones de redes sociales y referencias a momentos vividos en esos espacios. En parte, he trasladado al papel mi archivo digital y los afectos que fui construyendo allí. También hay algún filtro y textos que recuerdan al Instagram de hace diez años. Cada tiempo tiene su lenguaje y este lleva más de una década siendo el mío.

No he resuelto la concentración de poder de las tecnológicas, pero ahora puedo conservar mis recuerdos sin que navegarlos o compartirlos dependa de aceptar las condiciones de una gran empresa. 

El abogado Javier Fernández Torres se defiende a sí mismo en el juicio por el bulo del 'caso Bar España' y comparece en el banquillo de los acusados en la modalidad telemática, al residir en Irlanda. El acusado declaró este martes, en la segunda sesión de la vista oral, para echarle el muerto a Reinaldo Colás, el peluquero fallecido en 2017 que, por venganza hacia su exmujer, creó inicialmente el bulo de una supuesta trama de pederastia y asesinatos en Castelló que implicaba falsamente a la pareja de ésta última, a la magistrada que archivó su denuncia y a relevantes cargos públicos, con un infundio amplificado en redes sociales por el submundo conspiranoico, por el que el fiscal Javier Carceller solicita penas de siete años de prisión por los presuntos delitos contra la integridad moral y continuado de calumnias con publicidad contra autoridad y funcionario y contra particular.

Fernández Torres relató ante el juez de la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló que Colás le hizo un “encargo profesional” y le remitió un “documento de 204 páginas”, además de un “informe pericial” sobre sus hijas, que supuestamente habrían sido las primeras víctimas de la falsa trama del 'caso Bar España'. Todo ello, según declaró el acusado, “para que se investigasen los hechos y se determinase si, efectivamente, esas denuncias que figuraban en el documento eran verídicas o eran falsas”, según manifestó el letrado a peguntas del representante del Ministerio Público.

“Yo no hice denuncias, hice un dictamen jurídico”, alegó el abogado, quien se amparó en el “trabajo de investigación de Reinaldo”.

El acusado dijo que “no tenía conocimiento” de que uno de los principales señalados por las denuncias de Reinaldo Colás era precisamente Giuseppe Farina, la pareja de su exmujer, con quien el peluquero mantenía un contencioso por el régimen de visitas de sus hijas.

Fernández también aseguró, en un primer momento, que “no tuvo conocimiento” de que Colás había sido condenado por denuncia falsa (en 2013 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vinaròs).

Luego dijo que había oído “comentarios” sobre el hecho de que el peluquero había sido condenado por el bulo y reconoció que sabía que Reinaldo Colás “tenía procedimientos” por sus denuncias falsas. Y, finalmente, precisó que su cliente “mencionó tangencialmente” que había sido condenado por denuncia falsa.

Dislates con “apariencia de veracidad muy grande”

Sin embargo, el acusado no pudo comprobar el contenido de los dosieres que elaboraban Colás y sus colaboradores, “por falta de medios económicos”, según defendió. “Reinaldo no contaba con medios suficientes, traté de apoyarle en todo lo que pude”, remachó.

La documentación que le aportó Colás, que sostenía que se habían producido abusos a menores e incluso asesinatos en el Bar España, presentaba una “apariencia de veracidad muy grande” y era “muy profunda”, dijo Javier Fernández.

El acusado también se parapetó en un segundo personaje cercano a Colás, el también fallecido Joaquín Crespo Marqués. “A día de hoy ese informe pierde valor por el fallecimiento de los dos”, se escudó Javier Fernández, a modo de estrategia de defensa. El abogado apostilló que “en absoluto” sabía que Crespo también fue condenado por denuncia falsa.

Por lo demás, el letrado negó que se concertara o se coordinara para amplificar el bulo con el resto de acusados, todos pertenecientes al submundo conspiranoico, incluyendo a Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, o a Pilar Baselga, absuelta en primera instancia por llamar “Begoño” a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y vincularla con el narcotráfico.

Javier Fernández reconoció que remitió en 2016 un informe a una larga lista de instituciones: la Fiscalía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat o la Agencia Valenciana Antifraude.

También a cargos autonómicos como el entonces president Ximo Puig y su vicepresidenta, Mónica Oltra, o a representantes políticos de la época tales como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Joan Baldoví, Rafael Hernando o Gabriel Rufián, entre otros. “Tenían que saber que no se estaban investigando un montón de asesinatos por parte de ninguna administración pública competente”, dijo Fernández.

El fiscal recordó que el acusado, mientras enviaba a media España el bulo, tenía una requisitoria de busca y captura al no haberse presentado ante el juzgado que le investigaba por la difusión de la desinformación.

Acusaba “de manera expresa” a Oltra o Camps

En los escritos, acusaba “de manera expresa” a cargos públicos como Oltra o la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, entre muchos otros, “de la omisión del deber de impedir delitos”, según recordó el fiscal Carceller. También implicó al expresident Francisco Camps.

Por otro lado, el acusado reconoció haber aportado el documento elaborado por Reinaldo Colás a Virginia Mota San Máximo, a quien elogió como una “profesional seria y rigurosa” y quien también se sienta en el banquillo de los acusados por difundir el bulo del 'caso Bar España' en el “periódico digital” Aquí Actualidad, ya desaparecido de la red y cuyo editor, Santiago Cordido García, figura como responsable civil.

Javier Fernández revestía sus escritos con el sello de 'Abogados contra la Corrupción', una entidad que nunca se llegó a constituir oficialmente y que el letrado definió como una “firma privada” de la cual poseía el “100% de titularidad”. “La fundación se quedó en el aire por falta de fondos”, indicó el acusado.

El fiscal, por el contrario, considera que el abogado usó “como pantalla” a la entidad “con la única finalidad de dar apariencia de seriedad a sus actuaciones” relativas al bulo del 'caso Bar España'.

Las declaraciones de las víctimas

Las siguientes sesiones del juicio incluyen la declaración testifical de varias víctimas del bulo, tales como Francisco Camps, Mónica Oltra o Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón.

También declararán como perjudicados la magistrada que archivó por falta de pruebas la primera denuncia de la fábula, que ha sufrido durante casi dos décadas una persecución sistemática, o enemistades personales de Reinaldo Colás incluidas en el infundio, además de las hijas del peluquero fallecido.

Que el PIB español ha crecido en los últimos 5 años (cerca de un 20% real acumulado) más que en los 20 anteriores es un hecho innegable, según los datos de la Contabilidad Nacional del INE. Que la tasa de paro está en niveles mínimos desde hace 18 años también lo es. Que la economía española es, por tercer año consecutivo, la que más crece dentro de los países desarrollados es otra evidencia que ha constatado recientemente el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, estos datos son minimizados, dentro de España, de forma recurrente afirmando que “una cosa es la macro y otra es la micro”. Los economistas sabemos que ambas cosas están relacionadas, y que el nivel de bienestar individual (“la micro”) no puede ir bien si no van bien los indicadores agregados, como el PIB o el empleo (“la macro”) y viceversa. ¿Cuál puede ser la causa de este presunto empeoramiento del bienestar social en esta fase de expansión macroeconómica?

Además de la vivienda, que sin duda es un grave problema que afecta a centenares de miles de personas y que crea inquietud entre un porcentaje amplio de la población, el otro argumento generalmente utilizado es el del presunto empeoramiento de la desigualdad en nuestro país. Es decir, que “crece la economía, pero la desigualdad empeora”. Medir la desigualdad es una tarea compleja. Pero, sin pretender un análisis exhaustivo, en este artículo voy a repasar algunos de los indicadores de desigualdad más utilizados, para contrastar si ha empeorado en los últimos años.

Estos indicadores son tres: el Índice de Gini, la Renta relativa 80/20 y el Riesgo de pobreza. El Índice de Gini mide cuánto se separa la distribución de la renta de un modelo de igualdad perfecta, representada por una línea de 45º, en la que el 10% de la población percibe el 10% de la renta, el 20% percibe el 20%, y así sucesivamente. Cuanto más se separe la distribución real de esta distribución idílica mayor será el Índice de Gini y peor la desigualdad. El indicador 80/20 es el cociente entre la renta media del 20% de la población con mayores ingresos (el quintil superior o s80) y la renta media del 20% de la población con menores ingresos (el quintil inferior o s20). El número indica cuántas veces es mayor la renta de los más ricos que la de los más pobres. Por ejemplo, si un país tiene un valor de 5, significa que el 20% más rico gana, de media, 5 veces más que el 20% con menos renta. Por el contrario, un valor 1 representaría la igualdad perfecta (todos los quintiles ganan exactamente lo mismo).

En el Gráfico 1 presento la evolución de los dos primeros índices desde 2008, que es el horizonte disponible en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ambos indicadores se comportan de una forma similar. Suben y, por tanto, empeora la desigualdad, desde 2008 hasta 2014-16 y desde entonces empiezan a caer, salvo el episodio de la pandemia, en el que tiene lugar un empeoramiento de la desigualdad. Está claro que ambos indicadores tienen un perfil cíclico. Por ejemplo, su evolución guarda una gran correlación con la tasa de paro. Es lo lógico. En los periodos de crisis empeora la desigualdad y en los de bonanza mejora. Pero eso precisamente contradice a los que afirman que “la macro va por un lado y la micro por otra”. No. La macro y la micro van de la mano, al menos en lo que se refiere a estos indicadores de desigualdad de la renta. 

Así evolucionan el índice de GINI y la renta relativa 80/20

Evolución desde 2008 del índice Gini y del indicador S80/S20 (relación entre la renta disponible total del 20% de la población con ingresos más elevados y la del 20% con ingresos más bajos)

Fuente: INE

Además, el Gráfico 1 recoge que la caída de ambos indicadores es más intensa en los últimos años, en especial la del índice de Gini, que ha alcanzado en 2025 un nivel por debajo de logrado en 2008, cuando la tasa de paro estaba, como ahora, en valores mínimos (un dígito) dentro de nuestra historia democrática. Es decir, que la desigualdad ha retrocedido en estos años más que en los de la anterior bonanza (en la que no se hablaba tanto de “la macro” versus “la micro”).

En el Gráfico 2 presento la evolución temporal del índice de Gini y la del riesgo de pobreza, también del INE.

El riesgo de pobreza empezó a bajar a partir de 2016

Evolución temporal del índice de GINI y del riesgo de pobreza

Fuente: INE

Este indicador, que es una medida de desigualdad relativa, calcula qué porcentaje de la población tiene unos ingresos por debajo del “umbral de pobreza”, que se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas (calculados a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida). Al igual que lo que ocurre con el Índice de Gini o el indicador 80/20, el riesgo de pobreza aumentó desde 2008 hasta 2016 y ha disminuido desde entonces, salvo en los años de la pandemia. Y desde entonces ha caído de forma más acusada y en 2024 y 2025 se ha situado incluso por debajo del mínimo alcanzado en 2008 (un 19,8%)

¿Qué ocurre si el análisis lo hacemos por CCAA?

En el Gráfico 3 presento el Índice de GINI y el PIB per cápita de las diferentes comunidades autónomas (CCAA) y ciudades autónomas en 2023, que es el último año disponible para el índice de GINI regional en la información del INE. El dato de PIB per cápita lo obtengo de la Contabilidad Regional. Un resultado deseable sería que la distribución mejore cuando la renta per cápita aumente. Es decir, que las regiones más ricas presenten menos desigualdad. Este resultado, en general, se cumple y hay una relación decreciente entre GINI (mejora de la desigualdad) y renta per cápita. Una excepción llamativa es la Comunidad de Madrid, que es la comunidad autónoma más rica (un 137% de la renta per cápita media nacional, pero con la peor distribución de la renta (un Índice de GINI de 35,1, frente al 32,1 de la media nacional y casi 7 puntos más alto que el valor de País Vasco y Aragón, que son las regiones con mejores índices de desigualdad (GINI de 28,8). Madrid tiene, según el Índice de GINI, un nivel de desigualdad más cercano al de Ceuta y Melilla (la peor desigualdad) que a la del País Vasco o Aragón (la mejor).

Para concluir, que la “macro” va bien es difícilmente discutible. El debate debe centrarse en qué puede explicar la percepción de que la “micro” no acompaña a la “macro”, cuando los indicadores de desigualdad, al menos los más utilizados habitualmente, recogen también una notable mejoría y, por tanto, un acompañamiento.