Uno de los detenidos por la Ertzaintza acusado de “terrorismo” y ahora en prisión preventiva por orden del magistrado del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña estaba siendo monitorizado por la Oficina Central de Inteligencia (OCI, la unidad antiterrorista de elite) desde al menos 2015, según fuentes policiales. En aquel momento ni siquiera existía la organización Jarki, de la que es considerado el “motor principal”, que data de 2017.

Según estas mismas fuentes, las actuaciones de la Ertzaintza llegaron a estar bastante elaboradas y se enviaron igualmente a la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz llegó a abrir diligencias de investigación, pero no cristalizaron. En la primera información de este caso, un comunicado de la Ertzaintza, se aludió a “antecedentes relevantes” de los implicados, pero sin más precisiones. También pesa sobre él una petición de “seguimiento discreto” por parte de Francia por razones de “seguridad nacional”.

La OCI es una unidad con base en Erandio. Es una brigada reorganizada precisamente después del final del terrorismo de ETA, del que ahora se cumplen quince años. Lo que antes fue AVCS, UIA o DAI se reestructuró ante la nueva realidad, con más dedicación al yihadismo y nuevas amenazas pero con una parte que siguió analizando casos pendientes o posibles disidencias.

Jarki, la actual organización de este investigado, es una de las patas de la coordinadora Jardun, considerada disidencia de la izquierda abertzale y sin relación orgánica alguna bien con Sortu/EH Bildu o bien con el pujante movimiento GKS. Según el juez Piña, que yerra y llama al colectivo “Jordun Koordinadoro” en el auto de prisión provisional, Jarki es “izquierda radical violenta” y el detenido “participó muy activamente” en su creación. De hecho, antes de 2017 colaboraba con otras personas de Gipuzkoa y Navarra que siguieron otros caminos desde entonces, siempre según las fuentes consultadas.

Se cree que este varón ha ejercido labores de “captación” de militancia, de “elaboración de manuales de seguridad” y “directrices organizativas”, de redacción de “ponencias políticas”, de “gestión de finanzas”, de “organización de actos” o de “interlocución con otras organizaciones”, a la luz de los indicios que maneja el Tribunal Central de Instancia para decretar la privación de libertad. Esto es una medida excepcional y que tiene que estar justificada por la gravedad de los hechos presuntamente cometidos y otros parámetros como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

Este hombre, que tiene 34 años, fue identificado a finales de septiembre en un vehículo en el que era el copiloto. La conductora, de 22 años, la otra encarcelada, tenía igualmente una orden de “seguimiento discreto” de Italia, sin que se detalle los hechos concretos que se le imputan. Había un tercer ocupante del coche, un irlandés al que se asocia con la disidencia de la extinta organización terrorista IRA. Su paradero es desconocido.

El abogado de los investigados, Aratz Estomba, ha denunciado la “infiltración” policial en los movimientos en los que militaban estas personas. Aske, otra de las patas de Jardun, ha ofrecido este miércoles en Vitoria una rueda de prensa en la que igualmente ha considerado toda esta investigación un “montaje policial”. Han insistido en llamar “cipayos” a la Ertzaintza.

Aske ha demandado la “inmediata puesta en libertad” de ambos presos porque han sido encarcelados “sin ninguna base”, con “pruebas sin ningún valor”. Han asegurado que las referencias a “armas y explosivos” –que según los responsables de la investigación tienen que ver con el conocimiento de zulos de ETA, en plural– se fundamentan en llenar de pintura extintores. Sostienen que si el listón de “terrorismo” se pone ahí “cualquier persona organizada” estaría en riesgo de ser procesada.

A las 14.49 horas, el juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018 ha quedado visto para sentencia. Una terna de magistrados de la Audiencia Provincial de Álava, encabezados por Beatriz Eva Román Gobernado, se ha retirado ahora a deliberar y emitirá en breve una sentencia. Finalmente, solamente se ha revisado lo ocurrido en el examen de Cirugía Plástica y no se ha permitido hablar de la otra docena de especialidades donde, en su momento, se vieron igualmente indicios de irregularidades.

En la segunda y última sesión, los dos acusados, el doctor Alfredo Martínez Flórez y la opositora Thais Salas, han tomado la palabra. Las acusaciones —la Fiscalía y los sindicatos ESK y LAB— sostienen que el primero, autor de la mitad de las preguntas del examen teórico, le dio las cuestiones a la segunda, que obtuvo la mejor nota. Eran suegro y nuera, y trabajaban juntos en el hospital Donostia. La prueba fundamental que se esgrime contra ellos es que ella acertó casi todas las que redactó su familiar, mientras que tuvo un resultado mucho peor en el resto.

Un elemento muy llamativo es que Salas fue 'interceptada' al poco de terminar el examen teórico —en el descanso hasta el práctico— por dos altos cargos del Gobierno vasco que, al ver la nota alta, le invitaron a que no continuara. Ella siguió, pero a los pocos días esos mismos altos cargos se reunieron con Martínez Flórez para recalcar que dejarían el asunto en nada si ella se retiraba. Y, finalmente, accedió y presentó por escrito su renuncia, mostrando que ambos operaban de modo coordinado. En paralelo, en aquellos días de la primavera de 2018 florecían denuncias de filtraciones en los otros exámenes que ahora se han dado por buenos. Se inició una investigación penal, primero en la Fiscalía y luego ya en el Tribunal de Instancia de Vitoria. Pero Osakidetza nunca informó del problema en Cirugía Plástica. Si se incorporó al sumario es por la denuncia de otra opositora, Penélope Calzacorta, y mucho más adelante.

¿Quiénes eran esos altos cargos? Uno, el director de Recursos Humanos de Osakidetza en aquella época, Juan Carlos Soto. Y, dos, el secretario general del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Fulgencio Aledo. El IVAP es otro organismo autonómico que entró a colaborar precisamente porque los sindicatos exigieron más garantías contra las filtraciones estructurales que habían denunciado en ocasiones anteriores. Osakidetza externalizó la confección de las pruebas teóricas, pero al no tener el IVAP expertos en especialidades médicas de elite acabó pidiéndole al Servicio Vasco de Salud un listado de profesionales. Así terminó el doctor Martínez Flórez haciendo las preguntas aunque, formalmente, se había abstenido como miembro del tribunal de la OPE por tener una familiar entre los examinandos.

“Joder, esto me extraña mucho”

El primero en declarar ha sido Martínez Flórez. Su señoría le ha recordado que podía no contestar y hasta mentir. Él se ha avenido a responder a todas las preguntas. Ha explicado que siendo Salas la novia de su hijo pidió retirarse del tribunal, pero que le llamaron más tarde de Osakidetza para pedirle el “favor” de hacer en un corto espacio de tiempo las preguntas. “Acostumbrados a decirles siempre que sí, no les dije que no”, ha razonado.

El abogado del sindicato LAB, Iñigo Santxo, ha dudado de que ese fuera el orden real de los hechos, asegurando que hay documentos que acreditan que fue justo al revés:

—Confucio decía que más vale el papel más pequeño que la cabeza más grande...

—Me da igual. Ya le digo que primero renuncié al tribunal. Se lo puedo garantizar.

—El folio 97 del PDF...

—Absolutamente convencido de que fue al revés.

—El orden de los factores...

—...no altera ningún producto. Les doy mi palabra de honor. Joder, esto me extraña mucho.

El “joder” lo ha repetido el doctor varias veces. También ha querido despejar la idea de era un examen difícil pensado para premiar a su nuera y tumbar al resto. Ella es excelente, “la mejor residente” que ha tenido nunca y una cirujana “muy competente”. “Estudió la carrera sin libros porque no tenía dinero para comprarlos”, ha señalado, asimismo. Iba en “transporte público” a Leioa desde Vitoria. Y ha ironizado: “Y, sí, además era la novia de mi hijo, pero de eso no tengo yo la culpa”. Aprobó por su talento, no por ninguna filtración, ha repetido. ¿Y los suspensos generalizados del resto? Por no haber estudiado. “Mire, los del tribunal no aprobarían una oposición ni hartos de grifa. Se lo garantizo”, ha rematado sobre sus colegas, médicos en ejercicio en la Sanidad pública.

“Hicieron la manera de deshacerse de mí”

Después ha tomado la palabra Salas. Ella tampoco ha renunciado a contestar a ninguna pregunta, aunque ha habido un momento en que se ha echado a llorar por el daño que, según ha manifestado, este asunto ha causado en su carrera. La juez le ha ofrecido un receso, pero ha ella ha optado por proseguir. “No estoy por novia, estoy por cirujana”, ha dejado claro sobre su posición en el mundo relativamente reducido de la Cirugía Plástica en Euskadi, donde casi todos se conocen.

Salas ha titubeado algo con datos básicos que le han pedido, como su edad en 2018. También se ha vendido como una profesional con gran currículum, incluido el “más alto” nivel de euskera. Pero LAB ha querido interrogarla en ese idioma y ha dicho que la “mintza” la tenía olvidada.

Ya en castellano, ha repetido con firmeza que no sabía que su suegro ponía las preguntas. Ambos han negado, asimismo, que hablar de la bibliografía fuese una forma sutil de dirigirla o beneficiarla. Salas es la única opositora imputada por lo sucedido en 2018 siendo, a la vez, la única de todas las personas que han sido investigadas por ser presuntas beneficiarias de filtraciones que renunció antes de lograr la plaza. En otros casos hasta han tenido promoción a altos cargos de Osakidetza. Y ella ha usado un discurso de mano negra muy similar al que han empleado denunciantes de irregularidades.

Ha sido muy gráfica. Ha contado que salió “contenta” del teórico y que la recogieron para llevarla a una salita donde le esperaban Soto y Aledo, “dos señores a los que no conocía”. Su suegro ha llegado a calificar el espacio de “cuarto oscuro”. Dice que le dijeron que había una “denuncia previa” de posible favoritismo y que su nota descollante alimentaba las sospechas. Ha añadido que la situación “les podía dar problemas” y le “invitaron” a “no continuar”. “Salí no temblando, lo siguiente. Agobiadísima. Acojonada. Yo tenía que terminar el examen. Me jugaba mucho”, ha contado. Ha repetido varias veces lo de “acojonada”.

El asunto no quedó ahí, porque luego Soto y Aledo se reunieron con su suegro por el mismo motivo. Ahí es cuando se cocinó su retirada. “Entendían que les hacía un favor y [nos dijeron] que lo iban a tener en cuenta”, ha señalado, en una grave acusación. Preguntada si ha querido decir que Osakidetza le garantizó estabilidad laboral a pesar de no tener la plaza a cambio de sepultar el episodio, ha dicho claramente que sí. “Pensé que renunciando se acababa todo. Es lo que me habían dicho. Ellos son los que mandan. Es el director de Recursos Humanos y yo quería trabajar en Osakidetza”, ha añadido.

Pero Osakidetza, al parecer, no cumplió su parte. “Si quieren hacerte la vida imposible, te la hacen. Esto me ha jodido mucho. A toro pasado no hubiese renunciado, pero me dio miedo. Me dio pánico. La que se estaba liando con el santo examen. Joder, la directora de Osakidetza y todo...”, ha señalado sobre María Jesús Múgica, que también estaba al tanto del episodio de las notas anómalas. Y ha seguido: “He intentado olvidarme de todo este tema estos años. Lo tengo aplastado en el cerebro. Me han hecho la vida imposible en Osakideza. Ahora no trabajo en Osakidetza. Recursos Humanos, Contratación, Dirección, todos. No querían que siguiese en el hospital [Donostia]. Hicieron la manera de deshacerse de mí. Osakidetza tiene sus métodos para que se quede quien quieran y salga quien no quieran”. Su abogado, Eduardo Peche, ha lamentado que Múgica, por ejemplo, no haya comparecido en el juicio. Ella y Soto, al igual que el consejero Jon Darpón, del PNV, dimitieron en su día por este caso.

No es sólo un examen, dice la Fiscalía

Después, tras un descanso, ha llegado la parte de las conclusiones. La Fiscalía pide dos años de cárcel para el doctor y uno para la opositora, además de otras penas accesorias. La fiscal Cristina Vicente Briansó ha dicho que es cierto que no hay una “grabación” o pistola humeante con el momento de la filtración, pero la da por hecha. Los indicios son muy consistentes, ha manifestado.

Y ha avisado de la trampa de Osakidetza en la OPE de 2018 al externalizar al IVAP la confección de exámenes ante los rumores de filtraciones permanentes en estas convocatorias cuando en realidad seguían siendo sus jefes de servicio los autores de las preguntas. El “cortafuegos” no era tal, ha asegurado la fiscal. Ha agregado que este caso no trata únicamente de “un examen” aislado de una pequeña especialidad médica sino de la “confianza” que la ciudadanía puede tener en un sistema de empleo público limpio.

ESK pide dos años para ambos procesados. Es la acusación que menos protagonismo ha tenido en el juicio. Su letrado, Julio Sánchez, ha sido claro en la última intervención: “El delito está consumado por mucho que la opositora haya renunciado”. Y ha añadido: “Aquí no estamos analizando si Osakidetza actuó de una manera o de otra. Pero son llamativas esas conductas”.

LAB pide tres años de cárcel para cada uno de los imputados. Su abogado, en el alegato final, ha citado a Juan Alberto Belloch y Manuel Marchena, la corrupción del 'caso De Miguel' y hasta que coincidió en tertulias de televisión con el doctor Martínez Flórez. Pero también ha recordado todo el recorrido del caso poniendo en valor a tres anestesistas que denunciaron filtraciones en su examen y que eran de ESK, Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, a la vocal de Cardiología Izaskun Obieta que vio lo propio en la suya y que contó que la exconsejera Nekane Murga una vez le dijo “qué bien has hecho el examen y eso que no lo tenías” y hasta las sospechas esgrimidas por el Sindicato Médico, al que ahora mismo LAB está enfrentado laboralmente.

En la otra parte, el letrado Rubén Múgica, defensor del facultativo, ha pedido escapar de “runrunes” y “chismes” y ha buscado sembrar la duda razonable en el convencimiento de que puede suponer la absolución de sus clientes. ¿Alguien ha podido acreditar qué preguntas del examen puso realmente Martínez Flórez para concluir que en esas su nuera fue la mejor? Él cree que no y así lo ha repetido machaconamente en un vehemente alegato final.

Peche, el último en tomar la palabra, ha empezado diciendo que el asunto se planteó en 2018 como una “investigación prospectiva” y terminado lamentando que no hayan declarado gentes como Múgica. Y ha seguido glosando el excelso currículum de su patrocinada para, después, decir que su nota real en el examen bajo sospecha no fue para tanto, 72 de 100. “Un siete es un aprobado bajo”, es lo último que han escuchado sus señorías antes de retirarse a deliberar y redactar la sentencia.

El Gobierno vasco ha decidido intervenir en el mercado de la vivienda en Donostia con una inversión próxima a los 100 millones de euros para retener en el parque público 510 viviendas de alquiler social construidas con la normativa previa a 2003 y que en 2028 iban a perder la calificación, es decir, iban a pasar a ser libres. Por diferentes movimientos, habían acabado en manos de una filial del fondo Blackstone y es la operación de este tipo de mayor calado en España.

La compra equivale a un 15% del presupuesto total de Vivienda para 2026, unos 600 millones, y sigue a otra operación anunciada en verano para comprar por 5,7 millones 100 viviendas del banco vasco Kutxabank.

La promoción de Benta Berri, donde residen del entorno de 1.700 personas en total, es de mediados de la década de 1990. Se adjudicó a Metrovacesa y Vallehermoso. Luego pasó a manos de Merlin y finalmente recayó en Testa Homes, una filial de Blackstone. Dice el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, del PSE-EE, que levantar un bloque para alojar a tantas familias tendría un coste similar, por lo que merece la pena el gasto. “Se quedan. Es un acuerdo histórico. Es un éxito colectivo”, ha promocionado en sus redes sociales Itxaso, que comparecerá de urgencia este miércoles para dar los detalles del plan.

En paralelo, el Gobierno vasco prepara una modificación legislativa a través de los presupuestos de 2027 para hacer que todas las casas previas a 2003 no pierdan a los treinta años la calificación si están en zonas tensionadas. Por esta vía se han perdido del orden de 55.000 pisos protegidos y todavía quedan algunos en riesgo hasta 2033.

El caso de Benta Berri había motivado ya movilizaciones. Algunas familias estaban recibiendo ya cartas de no renovación. Un alquiler libre en la misma zona de Donostia podría dispararse a 1.600 euros, cuando ahora está entre 600 y 900, lo que podrá perpetuarse ahora. Habían recibido cartas de no renovación de los contratos por parte de la propiedad. Significativamente, Blackstone era titular solamente del vuelo y no del suelo, ya que era una operación en derecho de superficie. Las parcelas siempre han sido públicas.

En la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava, este martes, había un elefante. Sí, junto con los dos acusados, sus abogados defensores y procuradores, la fiscal, los letrados de las acusaciones, la terna de magistrados, la funcionaria de apoyo, los familiares y los periodistas, había un elefante en la habitación.

Ha arrancado ocho años y cinco meses después el juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de la primavera de 2018. Sin embargo, solamente se revisa ya lo sucedido en la especialidad de Cirugía Plástica, en el que se busca determinar si la opositora Thais Salas recibió ayuda de su suegro y autor de la mitad de las preguntas de la parte teórica Alfredo Martínez Flórez, lo que le catapultó a tener la mejor nota.

La presidenta de la sala, Beatriz Eva Román Gobernado, se ha esforzado en que nadie cruzara la línea de preguntar por algo que no fuera eso, de modo que se ha hurtado a los presentes la constatación de que, al mismo tiempo que sucedió lo que sucedió en ese examen, hubo denuncias en Cardiología, en Anestesia, en Microbiología, en Angiología, en Traumatología y otras muchas categorías de aquella OPE, como publicó en su momento este periódico. Y todas, sin excepción, tenían el mismo patrón: las mejores notas eran las de personas próximas a los autores de las preguntas.

Así, ha sido imposible que compareza en el juicio, siquiera como testigo, quien fuera directora general de Osakidetza en aquel momento, María Jesús Múgica. Y eso que incluso mientras se celebraba el examen bajo sospecha, el de Cirugía Plástica, se mostró “alterada”, según se ha contado en la vista, porque vio que la opositora Salas tenía una nota descollante. Por eso, ordenó a sus colaboradores que se reunieran con ella, entre la prueba teórica y práctica, para sugerirle que lo mejor era que se retirara.

El juicio ha empezado con unos pocos minutos de retraso respecto de la hora convenida, las 10.00 horas. Al frente del tribunal, la magistrada Román Gobernado, cabeza de una terna suplente porque la anterior se abstuvo. Acusan la Fiscalía, representada por Cristina Vicente Briansó, que venía con una batería de preguntas muy estudiadas y documentos que ha querido mostrar a los comparecientes, y los sindicatos LAB y ESK. Eso sí, ha tenido que disculparse en un par de ocasiones por confundir a la acusada con la periodista “Thais Villas”.

El abogado de LAB, Iñigo Santxo, ha sido el que más ha puesto a prueba la paciencia de la juez al intentar mencionar el elefante. “¡Impertinente!”, le ha llegado a espetar su señoría, refiriéndose a una pregunta, no a la persona. Ironías de la tecnología, quien ha querido denunciar el enchufismo en Osakidetza sin nada de éxito ha terminado por implorar un enchufe porque su ordenador se quedaba sin batería y le quedaban aún decenas de preguntas para los testigos. Por el contrario, Julio Sánchez, el letrado de ESK, ha optado por hacer muy pocas preguntas o directamente ninguna en la mayoría de interrogatorios. Entre los que no ha considerado relevantes para intervenir estaba el del exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto.

Los acusados, Salas y Martínez Flórez, se han sentado juntos en un banquillo que ahora ya son sillas más cómodas. Ella bebía agua de un pequeño botellín de plástico y jugaba con un bolígrafo; él ha permanecido casi en la misma postura durante las prácticamente cinco horas que ha durado la sesión matinal de la primera de las vistas de un juicio que, en pura teoría, quedará ya visto para sentencia este miércoles. A veces, comentaban alguna cosa entre ellos. Un allegado, justo detrás, entre el público, tomaba notas a mano en un cuaderno.

Ellos comparecerán los últimos. Primero han depuesto una docena de testigos. Una de ellas lo ha hecho “desde el extranjero” por videoconferencia muy de andar por casa, con un móvil en posición vertical y claros problemas para entender cuando uno de los dos defensores de los procesados, el conocido penalista donostiarra Rubén Múgica, le preguntaba por las notas de un examen del MIR de Salas.

La sesión ha arrancado con la exdirectora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Maite Iruretagoyena, otro organismo público no vinculado con Osakidetza pero que tuvo un papel muy relevante en las oposiciones. La propia aludida lo ha explicado. Múgica, la directora general de Jon Darpón en aquel momento, la llamó “nerviosa” porque, en una reunión con sindicatos, le pidieron garantías de una convocatoria limpia —lo de la sospecha de filtraciones viene de largo, según recalcan voces internas de la Sanidad vasca— y ella planteó externalizar lo que su pudiera al IVAP, que se encarga de organizar procesos y tiene una imprenta con seguridad “24 horas” y hasta un “búnker” para custodiar cuestionarios.

Según Iruretagoyena, consultó con su jefe, el entonces consejero Josu Erkoreka, y decidieron meterse de lleno en ello. La cuestión es que el IVAP no tenía especialistas para hacer preguntas de exámenes médicos muy técnicos que evalúan no a estudiantes sin a facultativos especialistas en ejercicio. De modo que la pelota volvió a Osakidetza, que le dio al IVAP un listado de nombres para que hicieran los cuestionarios. Una de las testigos, la de la videollamada, ha admitido que cuando se planteó la solución del IVAP todos pensaban que era para contratar expertos “del resto de España, de Madrid o Barcelona”. Pero no.

Y ahí, en esos nombres que sugirió Osakidetza, apareció Martínez Flórez para hacer las de Cirugía Plástica. El doctor se abstuvo de participar en el tribunal evaluador por el “parentesco” que le unía con la examinanda Salas, la pareja de su hijo, pero no de hacer las preguntas. Él hizo la mitad de la prueba teórica, y un “doctor Beltrán”, aunque no el famoso médico de la televisión, la otra parte. Salas sacó 48 de 50 en las de su suegro y 24 de 50 en el resto.

Esto se conoció muy rápido. Un sistema de “lectura óptica” al poco de terminado el examen teórico —que se celebró en el aulario de Las Nieves de Vitoria en mayo de 2018— ya mostró que una opositora destacaba por encima del resto, la misma por la que un vocal del tribunal había renunciado. Sin que haya quedado claro cómo, la mismísima directora general Osakidetza se volvió a sentir “bastante alterada” al conocer la nota y el “revuelo” que ya se había montado entre el resto de aspirantes. Y llamó al 'número dos' del IVAP, Fulgencio Aledo, para cerciorarse de quién era el autor de las preguntas.

Iruretagoyena y Aledo, bajo promesa o juramento de contar la verdad, han relatado que mandaron identificar en la sala de examen a Salas y llevarla a una estancia separada del aulario. Se encargó de ello la letrada que hacía las veces de secretaria del tribunal, que ha confirmado los hechos. Allí, Salas se reunió con Aledo y con Soto, el jefe de Recursos Humanos. Y comentaron su nota. Al parecer, hubo un intento de que no hiciera ya la prueba práctica, pero no lo lograron.

La secretaria ha dicho que la escena pudo ser “violenta” para la joven, con dos altos cargos de un Gobierno comentando su proceder. En ningún momento se recogió en acta lo sucedido, aunque la testigo del encuentro ha señalado que, en 34 años de carrera en Osakidetza, no ha visto nada semejante.

Como no se podía hablar de ello, Soto y Aledo no han explicado que también estaban haciendo movimientos ante sospechas en otras especialidades en esas mismas fechas. Desde abril de ese año, por ejemplo, el vocal del tribunal de Cardiología, Ángel Loma-Osorio, había avisado de lo siguiente: “Lamento decir que tengo razones fundadas para creer que parte del tribunal de la OPE del que formamos parte tiene intención de compartir el material generado para la segunda prueba con vistas a una filtración selectiva”. Aquí se ofertaban 22 plazas y hubo 22 exámenes perfectos, de 100 puntos. Finalmente, todo estalló en junio y, de hecho, Soto fue uno de los dimitidos por esta crisis, como Múgica y como el propio consejero Darpón.

En el primer día laborable después del examen, que fue en fin de semana, Aledo pidió al jefe de Informática del IVAP una comprobación sobre Sala. Quiso saber el desglose de la nota en función del autor de las preguntas. Y ahí se vio la gran diferencia: 96% en las primeras 50. Y se organizó una nueva reunión. Esta vez fue citado por Soto y Aledo el doctor Martínez Flórez. Los excargos han asumido que era una “irregularidad” el asunto de la relación familiar y le señalaron que si la opositora desistía y renunciaba a seguir en la oposición todo quedaría arreglado. Le dieron al facultativo el correo electrónico no de Osakidetza sino del IVAP para que resolviera el asunto y evitara un expediente.

Así, a través de una cuenta de Hotmail y no de un mensaje corporativo, la opositora explicitó su renuncia. Aledo la reenvió a Osakidetza y Salas fue borrada de los listados. Después, cuando se encargó un análisis externo de las notas a la Universidad de Oviedo, no se contó la mejor y los parámetros dieron dentro de la normalidad. La “irregularidad” en Cirugía Plástica no formó parte de la información que entregó Osakidetza a la Fiscalía cuando se inició la investigación y solamente se incorporó al sumario por la denuncia de otra opositora, Penélope Calzacorta, que ha comparecido también como testigo en la vista.

A las acusaciones —al menos a la Fiscalía y a LAB— les ha llamado la atención la forma de resolver el problema arbitrada por el IVAP y Osakidetza. “Estamos a tiempo de solucionarlo. Si abandona el proceso selectivo, aquí se acaba todo”, ha admitido Aledo que le dijo a Martínez Flórez. No ha negado el ex 'número dos' del IVAP que tenían muchos problemas encima y que les convenía dejar resuelta una carpeta. Como era entrar a hablar del elefante, nada más se ha comentado a este respecto.

Soto, de su lado, ha contado que le preguntaron a Martínez Flórez directamente si había filtrado las preguntas y ha destacado cómo el doctor “empeñó su palabra de honor” a que no lo había hecho. Todo lo más, admitió que había expuesto a su nuera qué bibliografía iba a usar para hacer las preguntas y que era importante repasarla “incluso los pies de página”. En suma, han negado cualquier indicio de filtración, pero sí han admitido sin pretenderlo que el autor desveló su identidad al menos para sugerir los libros en los que poner más interés a la hora del estudio El IVAP, que pagó 1.250 euros por el examen al ahora acusado, les obliga a firmar varias cláusulas, incluida la confidencialidad.

La defensa de los acusados, en todo caso, ha querido presentar a Salas como una estudiante excelente, con las mejores notas del MIR en Euskadi y también con experiencia en el hospital Miguel Servet de Zaragoza antes de trabajar en el Donostia, donde su suegro era el jefe del servicio y otra familiar compañera. Cuando en esta investigación se analizaban otros exámenes, eso era lo que siempre se remarcaba, que se trataba de opositores brillantes.

Múgica, la jefa de Soto, no participará en el juicio. Sí estuvo citada como testigo en la fase de instrucción y dejó uno de los momentos más curiosos de este procedimiento, lleno de avatares. Contó con el apoyo de agentes de la Ertzaintza para poder huir de la prensa y no ser fotografiada en los juzgados. Aquí se puede leer lo que sucedió en aquellos días de 2019.

A falta de posibles modificaciones de última hora a la luz de lo acontecido en el juicio, la Fiscalía solicita dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez y un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para Salas. LAB demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados y ESK dos para cada uno. Las defensas, que hasta ahora han renunciado a acuerdos para modular la pena a cambio de una admisión de los hechos, siempre han defendido que no hay base alguna para una condena. Este miércoles, segunda y última vista.

El juez del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña ha enviado este martes a prisión provisional por presuntos delitos de terrorismo a los dos detenidos el pasado sábado por la Ertzaintza. Según la información policial inicial, en septiembre se les intervino información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos. El juez Piña, en el auto de encarcelamiento, da por buena esa tesis y concreta que tenían “planos” de “zulos” (en plural) de ETA, “listados” de guardiaciviles, el “contenido íntegro” del móvil clonado de un agente de la Policía Nacional, “fotografías” de vehículos policiales, símbolos de ETA e imágenes de “entrenamientos para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública”.

El fiscal Vicente González Mota había solicitado la prisión provisional para ambos detenidos. Es una medida extrema que se adopta si hay riesgo de fuga o un peligro real, y el magistrado ha entendido que las acusaciones son sólidas. Los dos detenidos son un hombre de 34 años y una mujer de 22, a los que se les relaciona con un grupo disidente abertzale que ya estaba siendo investigado, Jarki. Cuando se inició la operación, en septiembre, iban acompañados de un irlandés presuntamente relacionado con la disidencia del IRA.

El grupo fue detectado en un control de carretera en la GI-627, en Eskoriatza. Eran las 4.03 horas del 26 de septiembre, la víspera del Gudari Eguna. Iban en un Toyota Yaris amarillo conducido por ella, con él de copiloto y el irlandés en la parte trasera. Pesaban sobre ellos avisos de Italia y Francia por “razones de seguridad nacional”.

En el asiento del copiloto, el hombre de 34 años, al que se describe como “motor principal” de Jarki, tanto para la “captación” de militantes como para otras tareas, llevaba una mochila con “evidencias sospechosas” de un zulo y otro material, como un listado manuscrito de matrículas de vehículos. Había pendrives de Jardun, la coordinadora de la que forma parte Jarki. Se indicó a los ertzainas que venían de Navarra, de la sierra de Urbasa, la zona de los planos del zulo. La joven llevaba en el bolso dos teléfonos satelitales “que permitían enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura de móvil ni internet”. No llevaban móviles normales, para evitar ser localizados, siempre según la versión oficial.

Entre el material recopilado y analizado 'a posteriori' han aparecido símbolos de ETA, fotografías de “entrenamientos” para la “perpetración de actos violentos” y hasta el clonado de un dispositivo de un agente de la Policía Nacional. No se explica por qué quedaron en libertad tras este control y no fueron arrestados hasta este sábado, cuando dos de ellos, los de nacionalidad española, se presentaron con un abogado en la comisaría de Irún de la Ertzaintza.

A una hora inusual de un día inusual, el sábado por la noche, la Ertzaintza ofreció una información inusual. Dos personas, un varón de 34 años y una mujer de 22, estaban siendo investigados por delitos de “terrorismo” luego de que se les hubiera encontrado en un control de carretera de hace unas semanas “información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos”. Se dejó claro que no era yihadismo, de modo que podría ser la primera vez tras el final de ETA en que se identificaba a un grupo autóctono con esos fines. Y todo en puertas de que, este martes, se cumplan quince años desde que la organización armada decretara el cese del terrorismo.

La causa está ahora en manos del instructor Antonio Piña del Tribunal Central de Instancia, la nueva denominación de la Audiencia Nacional. Esto es lo que se sabe (y lo que no) de un caso al que la Policía vasca le da máxima gravedad y que también se ha colado en la agenda política en puertas de unas elecciones generales. “Esto no es una chiquillada”, insisten las fuentes consultadas, que piden no relativizar sobre el caso ni alentar teorías de la conspiración.

Quiénes son los detenidos

Los hechos se remontan al 26 de septiembre, víspera del denominado Gudari Eguna por ser el aniversario de los fusilamientos de Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi justo al final de la dictadura franquista. En un control de carretera nocturno en Eskoriatza, una localidad de Gipuzkoa pero más próxima a Vitoria que a Donostia, la Ertzaintza detuvo un vehículo de color amarillo e “identificó” a tres personas “que portaban diverso material muy sensible”. Todas ellas, al parecer, tenían “antecedentes relevantes” que no se han detallado.

Esas personas eran los dos acusados ahora de terrorismo, de nacionalidad española. Pero había un tercero de nacionalidad irlandesa. Algunos medios han referido que podría estar vinculado con la disidencia del IRA, grupo terrorista de ese país, pero es un dato no ratificado oficialmente. Esa noche, la Ertzaintza les tomó fotografías de pie fuera del coche y con el portón del maletero abierto.

A qué grupo pertenecen

Desde un inicio, las fuentes consultadas ubican a los dos detenidos como “disidentes” abertzales. Esto encierra muchos matices. En principio, estarían vinculados al grupo Jarki, una organización autodefinida como “revolucionaria”, “independentista” y “socialista” y que forma parte de la coordinadora Jardun. No tiene ningún tipo de vinculación orgánica con Sortu, la principal fuerza política de la coalición EH Bildu, como tampoco con el entorno de GKS, el movimiento juvenil de corte comunista que está ganando peso en movilizaciones sociales en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, capitalizando por ejemplo las protestas universitarias o por la vivienda.

Jarki nació en marzo de 2017. En 2019, portavoces de la organización dieron una entrevista a 'Berria'. “Es pregunta de algunos si Jarki va a hacer ataques callejeros, y la respuesta es negativa. Nuestra estrategia estará encaminada a la construcción nacional”, manifestaron. En 2020, en La Haine, se incidía en la cuestión:

—A la par del proceso que terminó con la disolución de ETA, la izquierda abertzale realizó un cambio de estrategia que se plasmó en el documento “Zutik Euskal Herria” del cual ahora se cumplen diez años. ¿Qué opinión os merece ese cambio de estrategia y la actividad política del partido Sortu y la coalición EH Bildu?

—[...] La creación de Jarki se enmarca en las carencias que han surgido en el contexto político de Euskal Herria, derivadas de aquel cambio de estrategia. De hecho, creemos que ha de responderse a dichas carencias en parámetros revolucionarios. Ya que opinamos que el actor principal del ciclo de confrontación anterior, la izquierda abertzale, hoy en día está agotada en parámetros revolucionarios, habiéndose sumido completamente en la vía institucional. Aun así, más allá de las críticas, tenemos claro que los enemigos principales del pueblo trabajador vasco son la burguesía vasca y los Estados burgueses español y francés. Por lo tanto, no nos empecinaremos en el choque o la confrontación con la izquierda abertzale, o con los demás grupos que comparten nuestro espectro político. Ya que nuestro objetivo es conformar de una manera constructiva la nueva alternativa política que debe responder a los intereses del pueblo trabajador.

En los últimos años, Jarki ha reivindicado sabotajes como pintadas en la sede de la patronal de Gipuzkoa, Adegi, o en medios de comunicación de Vocento y Prisa. En 2023, el entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, les señaló como presuntos responsables de un intento de sabotaje al Tour de Francia, que ese verano pasó por las carreteras vascas. La firma de Jarki ha aparecido también en otras movilizaciones, como las relacionadas con el quincuagésimo aniversario de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Aske es otra de las patas de Jardun, y es una organización que defiende la amnistía para los presos, “refugiados” y fugados de ETA. El sábado, informó de que los “cipayos” —con una fotografía de una patrulla de la Ertzaintza— habían arrestado a dos personas en Irún. En un comunicado, manifestaron al mismo tiempo que las detenciones “nada tenían que ver con la coordinadora” y denunciaban la “criminalización” de su organización pero, a la vez, mostraban su total “respaldo y solidaridad” a los detenidos y a sus allegados. Aske fue también la organización que protestó por otra operación en la que la Policía Nacional vio “terrorismo” en dos vizcaínos a los que se relacionaba con Hizbulá y con el manejo de “armas largas”.

El desarrollo de la investigación

Ante la aparente gravedad que revisten los hechos investigados, la Ertzaintza ha trasladado el caso al Tribunal Central de Instancia, competente en materia de posibles delitos de terrorismo. A nivel interno, las pesquisas las dirige la Oficina Central de Inteligencia (OCI), que es como se llama la unidad antiterrorista de elite de la Policía vasca. Su base está en Erandio, en Bizkaia, y su máximo responsable es el veterano agente Juan Vicente Bilbao. Fuentes internas dicen que el atestado está custodiado “bajo siete llaves” para que no haya filtraciones.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención del proceder de la Ertzaintza es que esas personas quedaran libres en su momento y ahora dos de ellas estén detenidas con graves acusaciones, sin que del tercero se haya dicho nada. La única explicación oficial es que “en los últimos días, tanto la investigación como los contactos con la Audiencia Nacional han avanzado de manera muy relevante”. Así se llega al sábado, cuando “dos de las personas investigadas”, dando a entender que hay más, se personaron en la comisaría de la Ertzaintza en Irún con un abogado. Hay un plazo de 72 horas para su puesta a disposición judicial, por lo que previsiblemente este martes serán trasladados a Madrid y el juez Piña procederá a tomarles declaración.

¿Y los explosivos?

Desde el primer momento se ha indicado que los investigados tenían información sobre la ubicación de un 'zulo' con “armas y explosivos”. Sobre esto, no se ha indicado dónde estaba y si ha sido o no localizado y con qué material en su interior. Asimismo, no se ha precisado de quién era en origen ese presunto arsenal. Fuentes policiales sí reconocen que el final de ETA, que se escenificó años después con un desarme, no supuso la recuperación de todo su inventario, pero no hay ningún dato para dar contexto al supuesto depósito de este grupo.

Nada se conoce tampoco de la documentación sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado que portaban, ni si era material elaborado o simplemente copias de documentos abiertos. La Ertzaintza insiste en que mantiene “abierta” la investigación. Se valoró que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, compareciera públicamente para informar sobre el tema, pero se ha optado por la “prudencia”. No consta tampoco que la oposición quiera preguntar sobre ello en la sesión de control al Gobierno que se celebrará este viernes en el Parlamento Vasco, la penúltima antes del parón por las elecciones generales.

La derivada política

La noticia, en todo caso, sí ha generado reacciones políticas. La dirección nacional del PNV, que es el partido que controla la Ertzaintza, emitió una nota también el sábado por la noche con “absoluta preocupación”. “De confirmarse estos hechos, que están siendo investigados por la Audiencia Nacional, estaríamos ante conductas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados [...]. La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas”, diagnosticó la formación nacionalista. Como ha coincidido con el aniversario del final de ETA, el lehendakari Imanol Pradales tenía programada una carta para el diario 'El Correo' y, en ella, señalaba: “No podemos cambiar el pasado, pero está en nuestras manos extraer enseñanzas de nuestra historia. Nos corresponde fortalecer la convivencia y los valores democráticos todos los días”.

“Años de desidia e inacción institucional ante la evidente radicalización violenta de una parte de la sociedad en Euskadi, especialmente entre los más jóvenes, han traído este resultado”, sostiene Consuelo Ordóñez, de la asociación de víctimas Covite. “No vamos a permitir ningún paso atrás en la convivencia, en la paz y en la libertad porque son el resultado del esfuerzo sostenido de muchas personas e instituciones que desde ámbitos muy distintos han trabajado y siguen trabajando para preservar los valores que hacen posible una sociedad abierta y democrática”, ha manifestado en Basauri el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que ha participado en la festividad del cuerpo. Allí mismo, la delegada del Gobierno de España, la socialista Marisol Garmendia ha pedido que nadie juegue “con fuego”.

“Ni un paso atrás. Nunca más”, se podía leer también en el comunicado de las juventudes del PSE-EE, donde se “agradecía” el trabajo de la Ertzaintza. El PP también ha encajado con “inquietud” los acontecimientos. EH Bildu no se ha pronunciado —indican que faltan datos para hacer un análisis completo— pero en el pasado sí ha mostrado su “rechazo” a acciones de Jarki. En este contexto, el Gobierno de PNV y PSE-EE leerá este martes una declaración institucional quince años después del final de ETA. En ella, se reseñará la relevancia de no repetir errores del paso como sociedad. Euskadi, en todo caso, lleva once años y cuatro meses en nivel 4 de 5 de alerta antiterrorista, como el resto de España, por el “alto” riesgo de atentados yihadistas.

El PP ha optado por Jon Echeverría (Donostia, 2004) como candidato al Congreso por Gipuzkoa de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. En los últimos años, Echevarría se ha convertido en un rostro conocido por su presencia en redes sociales y en tertulias televisivas que abarcan desde La Sexta hasta los espacios de Javier García Negre.

Los 'populares' no obtienen un escaño por Gipuzkoa desde 2011, cuando José Eugenio Azpiroz, que venía sacando representación desde 1993, revalidó por última vez su acta con alrededor del 13% de los votos y más de 50.000 papeletas. Pero ni en 2015, ni en 2016, ni en las dos tandas de 2019 ni en 2023 el PP ha logrado los votos suficientes para lograrlo. En 2023 la candidata fue Joana Arce, asesora de la presidenta provincial, Muriel Larrea. El PP quedó quinto, con 32.000 votos y un 8%. Fue superado por EH Bildu, PSE-EE, PNV y Sumar, por este orden.

Precisamente en 2023 Echeverría ya fue candidato, pero en las elecciones municipales. Con apenas 19 años, fue cabeza de lista del PP en Zumarraga, una localidad guipuzcoana feudo socialista, y contó con el apoyo expreso de dirigentes nacionales como Elías Bendodo, con el que grabó un vídeo. La operación fue un rotundo fracaso, ya que el PP apenas logró el 1,58% de los sufragios, 73 en todo el municipio. Echeverría quedó muy lejos de ser concejal y empeoró los resultados de 2019 y 2015. Nuevamente hay que volver a 2011 para encontrar al PP logrando un edil en esa localidad.

En julio, el PP lo invitó a una ponencia en el Parlamento Vasco sobre calidad democrática. Allí, intervino tanto en castellano como en euskera. Dijo que la democracia vasca es una “grave anomalía” en Europa, entre otras cosas porque no hay “alternancia” —su partido propició que un socialista, Patxi López, fuera lehendakari en 2009— y por las consecuencias del terrorismo de ETA.

La cuenta central de X del PP ha celebrado la designación de Echeverría como su candidato en “Guipúzcoa”. “Si ya les tiene bailando en las televisiones imaginad lo que podría hacer con ellos si consigue un acta en el Congreso”, reseñaba el partido en sus redes sociales. Quien también es responsable de “ideario” de Nuevas Generaciones, ha reaccionado señalando que Gipuzkoa “es la única provincia que apoya a [Pedro] Sánchez por unanimidad”, aunque en Lleida y Girona el PP no logró tampoco escaños en 2023. “Los seis diputados votan permanentemente ultraizquierda, corrupción y ruina. El 29N podemos cambiarlo arrebatando el último escaño a [EH] Bildu. Mil gracias por la confianza. VAMOS”, ha señalado también. Horas antes, hizo una apelación al voto útil de la derecha porque “en Guipúzcoa, el voto a Vox es un escaño para [EH] Bildu”.

La Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, la unidad antiterrorista de elite del cuerpo, ha informado este sábado por la noche de una operación policial de gravedad en la que se investigan, en coordinación con el Tribunal Central de Instancia (actual denominación de la Audiencia Nacional), posibles delitos de “terrorismo” y en la que hay implicadas dos personas de “nacionalidad española”, un hombre y una mujer de 34 y 22 años, respectivamente. “No es yihadismo”, aclaran las fuentes consultadas.

“La información oficial de la Ertzaintza indica que el sábado 26 de septiembre, ”durante un control en Eskoriatza“, una localidad de Gipuzkoa, se ”identificó a tres personas que portaban diverso material muy sensible y, respecto a las cuales, ya se contaba con antecedentes relevantes“. ”Entre el material ocupado se ha encontrado información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos“, siempre según la información oficial.

“La Ertzaintza inició una investigación y, como consecuencia de ella, procedió a abrir los correspondientes cauces de comunicación con la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de terrorismo. A lo largo de las siguientes fechas, la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza ha avanzado con la investigación y se han llegado a entablar diversos encuentros con las autoridades judiciales de la Audiencia Nacional dirigidos a posibilitar las actuaciones, si así se estimaran pertinentes, por la autoridad judicial”, prosigue la Policía vasca.

Y agrega: “En los últimos días, tanto la investigación como los contactos con la Audiencia Nacional han avanzado de manera muy relevante. Hoy, dos de las personas investigadas se han personado en la ertzain-etxea [comisaría] de Irún, acompañadas por su abogado, y han resultado detenidas a la vista del desarrollo de las investigaciones y de las propias gestiones con la Audiencia Nacional. Se trata de un hombre de 34 años y una mujer de 22, ambos de nacionalidad española, investigados por un presunto delito de terrorismo”.

La información indica que “tras la toma de declaración de ambos, y la realización de las diligencias de investigación pertinentes, las dos personas detenidas serán puestas a disposición de la Audiencia Nacional a la mayor brevedad posible”. La OCI de la Ertzaintza mantiene abierta la investigación. Hasta ahora no se habían realizado operaciones policiales-judiciales de estas características.

Da la medida de la gravedad, la nota de última hora que también ha emitido la dirección nacional del PNV. “EAJ-PNV quiere mostrar su 'absoluta preocupación' por la detención por parte de la Ertzaintza de dos personas por presunto delito de terrorismo. De confirmarse estos hechos, que están siendo investigados por la Audiencia Nacional, estaríamos ante conductas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados. En este sentido, EAJ-PNV hace un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca para no dar un paso atrás en la preservación de la paz. La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas”, sostiene el partido de Aitor Esteban, que es el que dirige la Ertzaintza en la coalición con el PSE-EE en Euskadi. El PNV ha demandado también “respeto” por la investigación y ha puesto en valor el trabajo de la Ertzaintza.