Cargas policiales, carreras, pelotas de goma, bombas de humo y pedradas. El paso de Santiago Abascal por el corazón de A Coruña, la Plaza de María Pita, se saldó con una auténtica batalla campal entre los antidisturbios y los colectivos antifascistas confinados en una de las alas de la plaza, justo a los pies del Ayuntamiento. Hay al menos dos detenidos, doce personas han resultado heridas –una de ellas, con abundante sangre por la cara– y una reportera gráfica fue trasladada al hospital con un corte en una pierna.

Una docena de furgonetas de policía dividían desde media mañana la plaza. A un lado, los millares de antifascistas, convocados por colectivos como Galiza Nova –las juventudes del BNG–, la Coordinadora Juvenil Socialista y hasta la peña deportivista Riazor Blues. En la esquina opuesta, a la que se accede por La Marina, decenas de simpatizantes de Vox esperaban a su líder, Santiago Abascal. Lo que se había convocado como una “declaración a los medios” acabó convertido en una especie de mitin en el que los tradicionales gritos de los ultras –“Pedro Sánchez, hijo de puta”, “España, cristiana y no musulmana...”– interrumpían las declaraciones de Abascal y hacían sus respuestas casi inaudibles.

Cuando los simpatizantes de Vox callaban, desde el otro extremo de la plaza llegaban los gritos de los antifascistas, contenidos por un cordón policial que tampoco permitía que unos u otros cruzasen las decenas de metros que los separaban. Fueron más los simpatizantes de la ultraderecha los que lo consiguieron. Dos chicas, portando una bandera española y al grito de “Cerdos, guarros” llegaron prácticamente a la altura de los furgones antes de que los agentes las hicieran dar vuelta. Antes, Xaime Dapena, el abogado de Desokupa, se había acercado al operativo para grabar un vídeo para redes con descalificaciones a los manifestantes.

Fue tras el acto de Vox, cuando Abascal ya había abandonado la plaza, cuando se inició la refriega. A los petardos y las bengalas sucedieron los empujones y los insultos. Huevos y mecheros cayeron del otro lado del cordón policial y llegaron las primeras cargas. Los antifascistas respondieron a los antidisturbios lanzando sillas y mesas de las terrazas de los negocios de hostelería que rodean la plaza.

A partir de ahí, se desató la confrontación. La policía disparaba bolas de goma –alguna de las cuales impactó directamente en los manifestantes– y botes con gas pimienta. La carga empujó a los manifestantes por la izquierda del Ayuntamiento, escaleras arriba hacia la iglesia de San Jorge y la plaza del Marqués de San Martín, mientras otros huían por la calle de la Florida. Desde allí se mantuvo el intercambio hasta que los agentes decidieron cargar. En San Martín se produjeron fuertes enfrentemientos y los antidisturbios se llevaron a varios jóvenes.

Finalmente, los antifascistas se concentraron en la cuesta a la espera de una carga que no llegó. Los agentes mantuvieron la formación hasta las dos en punto, momento en el que volvieron a María Pita, aparentemente para retirarse. Su marcha –coreada con cánticos de “el pueblo unido jamás será vencido” fue acompañada de pedradas y lanzamiento de objetos, a los que se respondió con más lanzamiento de pelotas de goma. Las últimas carreras llegaron hasta el entorno de la Praza do Humor y el Mercado de San Agustín.

Abierto a cambios en la Constitución

Antes, el líder de Vox, Santiago Abascal, abría la puerta a un cambio en la Consitución si logra sumar junto al PP una mayoría suficiente en el Senado. “Si hay alguna propuesta de ese tipo durante la campaña, la conocerá”, respondió Abascal tras decir que “en este momento” el único objetivo de un posible acuerdo es repetir en la Cámara alta “lo que los españoles pueden hacer que ocurra en el Congreso” –la mayoría de la derecha y la ultraderecha– y permitiría “entre otras cosas” que el Tribunal Constitucional deje de estar “secuestrado”.

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno no quiso dar pistas sobre las negociaciones con el PP para el Senado para marcar distancia con el proceso de PSOE y Frente Amplio. “Hay que ser muy serio. No vamos a hacerlas en público, Vox va a estar a la altura de las circunstancias y cuando haya noticias, se las daremos. Únicamente comunicaremos el resultado”.

Abascal habló también de su “amigo y aliado politico” Javier Milei, con quien no se reunirá esta vez durante la visita a España del presidente argentino. “Veo que hay una gran preocupación” aseguró, antes de decir que su “prioridad” era estar con los simpatizantes en la precampaña. Sin embargo, sí aseguró que en la tarde de este miércoles mantendrá “una comunicación” con él para darle la bienvenida.

Lo que ha evitado confirmar es si aplicará “la motosierra” en un hipotético gobierno de España, ya que los recortes pueden “quedarse cortos” en algunos ámbitos y ser “excesivos” en otros. Tampoco ha respaldado la promesa de “sacrificio” a los españoles del líder del PP, Núñez Feijóo. Para el líder de Vox, los españoles “ya han sido suficientemente sacrificados en el altar de la ambición de Pedro Sánchez durante esta legislatura. Hay que darles soluciones, no pedirles más sacrificios”.

La jueza Ana López-Suevos ha decretado la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula del periódico El Correo Gallego. La magistrada imputa un delito continuado de alzamiento de bienes al exdirector, José Manuel Rey Novoa, el antiguo gerente, Ángel María Remesar Zabaleta, las parejas de ambos y el entramado de entidades nucleadas en torno a la editora del rotativo, Editoral Compostela. El escrito señala además a Rey Novoa y Remesar como autores de otro delito de apropiación indebida, lo que suma dos solicitudes de condena que alcanzan los siete años de cárcel. La indemnización total que se le reclama a la trama alcanza los 2,7 millones en una causa en la que se han presentado 17 denunciantes: la propia Fiscalía; el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), a traves de la Abogacía del Estado; una empresa de reprografía y catorce antiguos trabajadores.

Con Editorial Compostela en una “situación financiera de insolvencia”, al menos desde el año 2018, el entramado organizado por Rey, Remesar y sus esposas –María Fátima Otero Bouzón y María Carmen Ruiz de Arcaute Auzmendi– buscaba esquivar a sus acreedores. Lo hacía repartiendo entre cinco sociedades y una multitud de cuentas bancarias los ingresos que continuaba recibiendo mientras adeudaba hasta 24 nóminas a sus trabajadores.

Ese operativo obligó durante meses al gerente de El Correo, Ángel Remesar, a realizar guardias nocturnas para vigilar las aplicaciones bancarias y desviar el dinero que entraba lo más rápido posible para evitar perderlo a manos de alguno de los muchos acreedores. Rey Novoa nunca se lo ocultó a esa plantilla a la que le adeudaba tantas mensualidades; al contrario. Según la UDEF –la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional–, llegó decirles en una reunión que Remesar “realizaba todas las noches una vigilia para controlar los ingresos en las distintas cuentas para bloquearlas y evitar los embargos judiciales”. 

Las cinco empresas entre las que se movía el dinero –Código Televisión S.L., Anova Multiconsulting S.A., Think First S.L. y la Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego, además de la propia Editorial Compostela– funcionaban así según “una auténtica unidad de caja (...) pese a la apariencia formal de separación jurídica”.

Esta es una de las conclusiones a las que llega el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso elDiario.es. En él se relata cómo –entre la “precariedad” recogida en las cuentas anuales de 2018 y la declaración de concurso de acreedores en junio de 2022– El Correo acumuló una “importante” deuda frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, “numerosos proveedores” y, “de forma particularmente relevante”, sus trabajadores, “cuyos créditos salariales quedaron en gran medida impagados”.

El abogado del Estado recoge cómo consta en las actas del Consejo de Administración del citado año 2018 la búsqueda de “fórmulas de corto plazo” para poder seguir recibiendo ingresos, “especialmente de organismos públicos”, como campañas publicitarias de la Xunta o convenios, algo prohibido si existen deudas con Hacienda o la Seguridad Social.

Los 2,5 millones de la Xunta

La primera de esas fórmulas, y una de las que más han llamado la atención de los investigadores, fue obtener, aquel mismo septiembre, un préstamo de 2,5 millones de euros de la propia Xunta. El dinero llegó a través de XesGalicia, sociedad dependiente del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), creada para “apoyar el crecimiento del tejido empresarial gallego”. El crédito estaba destinado, sobre el papel, a la “reestructuración financiera”. A la empresa le permitió ponerse al día tanto con la Agencia Tributaria como con el INSS y poder seguir accediendo a ingresos derivados de convenios “como los suscritos con la CRTVG”. Mientras, la deuda con la plantilla no dejaba de crecer. En octubre de 2020 –cuando tenía que haber empezado a devolver el préstamo– se cifraba ya en 4,7 millones de euros.

Según los informes de la UDEF, Rey Novoa se jactaba de “haber movilizado toda su capacidad de influencia” para rebajar la “mochila financiera” del periódico con aquel crédito. Lo hizo, primero, con una carta al director de XesGalicia, Fernando Guldrís, al que trataba como “Querido Fernando”. Sin embargo, según uno de los denunciantes –Caetano Díaz, que llegó a ser director adjunto del rotativo–, la cúpula de la sociedad desaconsejaba una operación que sólo “fructificó tras insistentes y reiteradas llamadas al conselleiro de Economía, Francisco Conde”.

Conde era el hombre de Feijóo en asuntos de dinero. Llegó a ser vicepresidente de la Xunta y, cuando el actual líder del PP se fue a Madrid, se lo llevó con él, como parte de su núcleo duro, de diputado al Congreso, a donde volverá como cabeza de lista por Lugo pero, también, como ministrable. En la reunión en la que XesGalicia aprobó el préstamo por unanimidad, él fue uno de los que votaron a favor. Otro, el actual candidato a la alcaldía de Santiago por el PP, Borja Verea, entonces secretario general técnico de la Consellería.

En su carta a Guldrís, Rey Novoa explicaba cómo tenía previsto devolver un préstamo tan ventajoso que le eximía de pagar nada durante los dos primeros años: 1,6 millones saldrían de alquilar oficinas durante esos 24 meses y 400.000 más de un máster de periodismo online “dirigido por catedráticos de Santiago con la colaboración de todos los países latinoamericanos”. Los contratos de alquiler nunca se firmaron y el máster de periodismo jamás existió lo que, para la UDEF, “confirmaría que esos convenios o contratos no tenían contenido real alguno”.

El empresario no devolvió el dinero y dos años después, en 2022, el periódico entraba en concurso de acreedores. Sin embargo, unos meses antes, todavía se permitía protagonizar un último canto del cisne para la galería: la gala de los Gallegos del Año, que había sido suspendida en 2020 por la pandemia, regresaba a su cita a finales del 2021 con Feijóo presidiendo el acto como invitado de honor. “Un periódico que sobrevivió guerras y pandemias, merece seguir viviendo en las próximas décadas”, dijo entonces. Entre los homenajeados, en un acto de evidente sarcasmo, estaba la propia plantilla del periódico.

La trama

“A pesar de este estado de insolvencia, los acusados José Manuel Rey Novoa y Ángel María Remesar Zabaleta, actuando como administradores de hecho y de derecho de las entidades mencionadas, desarrollaron de manera consciente, persistente y coordinada una estrategia dirigida a evitar el cumplimiento de las obligaciones de pago de Editorial Compostela S.A. respecto de sus acreedores”, concluye la Abogacía del Estado.

Durante esos años, Editorial Compostela S.A., Código Televisión S.L., Anova Multiconsulting S.A., Think First S.L. y la Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego “constituían en la práctica una única realidad económica y empresarial, plenamente integrada y caracterizada por una gestión unitaria de sus recursos financieros, pese a la apariencia formal de separación jurídica”. Esa estructura, dice, “funcionaba mediante una auténtica unidad de caja, en la que los ingresos y gastos derivados de la actividad del periódico El Correo Gallego eran canalizados indistintamente a través de las distintas sociedades mencionadas y, asimismo, mediante cuentas personales titularidad de los acusados”.

Es decir, los ingresos y gastos que producía el rotativo se repartían entre las cuentas de las cinco empresas pero, también, en. cuentas personales en las que participaban los cuatro acusados. “Todas las sociedades (...) respondían a una única realidad, siendo la separación formal una distinción artificiosa, con fines de elusión de responsabilidades, tanto ante los organismos públicos como ante los propios trabajadores”.

Abogacía del Estado concluye que, mientras las sociedades con deudas a la Seguridad Social pagaban los salarios y las cuotas correspondientes, el desvío del resto de fondos a otras cuentas evitaba la presencia de efectivo “que pudiera ser embargado por los organismos públicos acreedores”. No fue la única práctica fraudulenta detectada: algunas de las sociedades, que no tenían empleados, facturaban a clientes externos por los servicios que prestaban los trabajadores de la empresa deudora. Para eso se crearon nuevas sociedades sin cargas que pasaron a integrarse en el entramado empresarial.

“El funcionamiento descrito se apoyaba en la utilización de múltiples cuentas bancarias, tanto de las sociedades como de las personas físicas investigadas, a través de las cuales el dinero procedente de la actividad se hacía circular de forma constante, fragmentando los saldos y dificultando su localización y embargo”, recoge el informe. “Esta mecánica permitía mantener artificialmente reducidos los saldos de las cuentas titularidad de Editorial Compostela S.A., pese a la existencia de ingresos relevantes derivados de su actividad, eludiendo así las acciones ejecutivas dirigidas a la satisfacción de las deudas contraídas”.

Kawanda

Pero toda esta historia tiene varios epílogos. El último, del pasado año 2025 y con conexiones televisivas cuando no cinematográficas. La última sede de El Correo Gallego antes de que el grupo Prensa Ibérica se hiciese con la cabecera en el concurso de acreedores, fue una nave en el polígono de Costa Vella, en la salida norte de Santiago de Compostela. Ese edificio dio la vuelta al mundo convertido en Kawanda, la gran tienda de mascotas sobre la que orbita la serie Animal, protagonizada por Luis Zahera y que llegó a ser lo más visto en Netflix en 28 países. Según la UDEF, el coste por su alquiler acabó, una vez más, en el bolsillo de Rey Novoa, pero dando unos cuantos rodeos.

En su informe, los agentes detectaron el uso de una empresa interpuesta, Asemali Inversiones, para el arriendo del inmueble con la productora de la serie, Alea Lágrimas, y concluyen que los 27.189 euros que Alea pagó por el uso de la antigua sede acabaron en manos del exdirector del periódico. “El 85% de ese dinero fue a parar a la cuenta de Think First y de ese, más de 14.850 euros terminaron a disposición del investigado”, aseguran.

La fórmula para hacerse con el dinero era conocida. Sin embargo, esta vez, en lugar de tener al gerente del rotativo de guardia frente a la banca electrónica, era el propio Rey Novoa quien, según la UDEF, tan pronto como recibía el ingreso, iniciaba una ronda por los cajeros automáticos, de los que retiraba elevadas sumas de efectivo, mientras ordenaba distintas transferencias para tratar de poner el dinero a buen recaudo y lejos tanto de los acreedores como de la justicia.

El administrador único de Asemali, Ricardo Asensi Fajardo, es el quinto acusado en el escrito de apertura de juicio oral por parte de la jueza López-Suevos, que lo llamó a declarar a finales de 2025. La magistrada, como varias de las acusaciones, lo consideran cooperador necesario o cómplice del delito continuado de alzamiento de bienes, que iba más allá del caso de Animal. Por ello, y usando como base la cifra aportada por los demandantes, le reclama una fianza de 112.528,87 euros con la que debe “asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele”.

En 2016, quince mujeres mayas del pueblo q'eqchi', conocidas como las abuelas de Sepur Zarco, obtuvieron una condena pionera contra el ejército de Guatemala por haber sido utilizadas como esclavas sexuales durante ocho meses, tras el asesinato de sus maridos, en 1982. Once años después de la sentencia, Sepur Zarco, convertida en un símbolo, sigue esperando las medidas de reparación prometidas: un centro médico, una escuela, suministro eléctrico o agua potable. Las abuelas hace mucho que dejaron de luchar por ellas: batallan por el futuro de sus hijos, sus nietos y el de toda una comunidad. Pero el obstáculo que se interpone entre las víctimas y la justicia sigue siendo el mismo que provocó la muerte de sus esposos hace más de cuatro décadas: la propiedad de la tierra. Quitársela a sus amos “legales” –incluso con su consentimiento, tras el pago de un precio justo– para devolvérsela a quienes se consideran dueños legítimos, los pueblos indígenas, puede provocar un efecto dominó en un país en el que el latifundio y las grandes empresas siguen acaparando el territorio.

La encrucijada, a la que se espera que dé respuesta el actual presidente –el socialdemócrata Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla–, es el eje del documental La tierra os hará libres. Sepur Zarco, realizado por Agareso (Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social) y su contraparte guatemalteca, Mujeres Transformando el Mundo (MTM), dentro de un proyecto de cooperación financiado por la Xunta. Paula Barrios, abogada de MTM, ha estado en Galicia presentando una producción audiovisual –rodada en castellano y q'eqchi'– que en noviembre llegará a los cines del país centroamericano. Barrios habló con elDiario.es este jueves en Santiago, el día después de la proyección de la cinta en la Sala Numax.

Retrocedamos hasta el principio: ¿qué tuvo de pionera la sentencia de Sepur Zarco?

Es paradigmática porque se trata de un caso específicamente de violencia sexual cometido en el marco del conflicto armado. Esos referentes se habían dado únicamente en tribunales ad hoc, y este estaba siendo juzgado en la justicia ordinaria guatemalteca. Conceptualiza la esclavitud sexual y doméstica y establece la responsabilidad del ejército de Guatemala que, en lugar de proteger a la población indígena, civil, no combatiente, consideró que podían estar apoyando a los grupos guerrilleros y, por tanto, había que exterminarlos. La incursión militar se enfoca en la persecución de esas comunidades en esta región, un territorio formado por fincas que, en ese momento se dedicaban a la cosecha de maíz, de crianza de ganado para la exportación; comunidades que trabajaban para los –entre comillas–, propietarios de las fincas, prácticamente en una condición de esclavitud.

¿Por qué “propietarios”, entre comillas?

Durante el conflicto armado desaparecen los registros de las fincas y son otorgadas en concesión o en propiedad específicamente a algunas familias de la región. De hecho, hay algunas solicitudes escritas que estos propietarios envían al ejército para pedir que incursionen en el territorio con el objetivo de resguardar la propiedad o la tenencia de esas tierras, ya que los esposos de las abuelas, como muchos otros pobladores, estaban solicitando la titularidad de ese territorio. Es precisamente eso lo que provoca que los desaparezcan, que los eliminen.

La lucha por la tierra.

Exactamente, por esa tierra que estaba en manos de esos propietarios o de esas personas que explotaban la tierra y que también tenían a estas poblaciones como parte de su posesión. En realidad, nuestro trabajo en un inicio pretendía ejemplificar esa estrategia contra la insurgencia en toda la región. Se implantaron siete destacamentos militares, cada uno con un fin: el lugar de exterminio, el de tortura y recolección de información, otro en el que guardaban las armas, donde tenían el control o la vigilancia y el lugar de descanso, el de Sepur Zarco, que era la comunidad más grande en la región. Es ahí donde se establece este destacamento, donde las tropas –luego de la incursión en la Sierra de las Minas–, bajaban y descansaban mientras rotaban los turnos. Ahí era donde las mujeres eran obligadas a ir a cocinar, a lavar la ropa al río y ahí se dieron las violaciones sexuales.

Las víctimas fueron las quince denunciantes, las que hoy conocemos como abuelas, pero que en aquel momento eran mujeres de desaparecidos.

Son quince mujeres de cuatro comunidades distintas, solo dos son de Sepur Zarco, pero nos enfocamos ahí porque fue donde estuvo establecido el destacamento militar. De las quince, hubo cuatro que estuvieron en la montaña huyendo durante seis, ocho años... y que perdieron a sus hijos. Únicamente once son reconocidas por el tribunal como víctimas directas. Sin embargo, para ellas, esta participación es parte de esa justicia que querían promover.

No tuvo que ser fácil dar el paso de denunciar...

La intención inicial era romper el silencio, que se conocieran los testimonios a partir de su voz y que la comunidad, además, entendiera que no fue responsabilidad de ellas. Estuvieron mucho tiempo siendo señaladas: que ellas lo provocaron, ellas lo consintieron, ellas quisieron que sucedieran esos hechos... Eran las mujeres de los soldados, en un marco y un contexto patriarcal que, en las poblaciones indígenas, es muy conservador, porque el sentido del rol de las mujeres dentro de esa cosmovisión tiene una relevancia a nivel comunitario y eso se rompió. Las mujeres hablan de que sus cuerpos fueron profanados por personas de fuera, ajenas a su cosmovisión y a su identidad. Actualmente, las mujeres son expulsadas de su comunidad si sufren violencia sexual. En aquellos años era aún peor, pero ellas se enfrentaron a esas condiciones.

Se enfrentaron a todo eso, rompieron el silencio, ganaron, pero once años después siguen a la espera de la reparación.

Sí, dentro de la sentencia se establecen dieciséis medidas de reparación dirigidas a que el Estado genere condiciones que minimicen las condiciones de vulnerabilidad estructurales de la región. Que sean reconocidas como ciudadanas que tienen derecho a educación, a servicios básicos, salud, una vivienda digna, agua potable... una situación que, hasta la fecha, no hay en estas comunidades. Eso tiene un efecto transformador a nivel comunitario. No es una reparación específicamente para ellas y sus familias, sino para la comunidad que, hace diez años, cuando salió la sentencia, era de unas quince mil personas. Son 87 comunidades en una región que tiene unos 80 km². Hay jóvenes que pueden, en vez de emigrar, estudiar y luego optar a la universidad, por ejemplo, y mejorar sus condiciones de vida. También esto implicaría que las empresas mejorasen los términos laborales, que hoy no tienen garantía, y son el único ingreso en la región.

Para plasmarlo en concreto, ¿qué medidas serían? ¿Crear infraestructuras sanitarias, educativas? ¿Centros médicos, centros de salud, colegios...?

Construir un centro educativo, construir el centro de salud, tener servicios básicos como energía eléctrica, porque algunas de estas comunidades no la tienen; agua potable, acceso a servicios, caminos... Es muy básico. Ellas quieren recuperar su cosmovisión y su forma de vida en el territorio por el que estaban luchando y por lo que fueron desaparecidos sus esposos y la población en general. En ese sentido, en Guatemala, es pionera este caso en colocar ese estándar de reparación transformadora en una sentencia ordinaria. Por lo tanto, no hay preestablecido un mecanismo para implementarlo.

Y la falta de ese mecanismo es un problema también, claro.

Es un problema también porque el sistema de justicia debe ejecutar esa sentencia, pero ahí hay resistencia de los jueces de ejecución. Desde mi particular interpretación de la ley, ellos tienen competencia y deben ejecutar la sentencia para todo lo que establece, no solo para garantizar las condiciones de los condenados, que en este caso fueron dos, el teniente coronel que estuvo en el destacamento [condenado a 120 años de prisión] y uno de los comisionados militares, su auxiliar [a 240]. Ahí hay una debilidad del sistema de justicia que únicamente los jueces quieren observar dentro de la sentencia las garantías y derechos humanos de los condenados, y no el enfoque victimológico que establece la sentencia de la implementación de estas medidas para las víctimas. Es un tema de interpretación pero también de voluntad.

Si el judicial no avanza, ¿qué hace el poder ejecutivo, el gobierno?

El ejecutivo, que son todos los ministerios, programas, secretarías que deben dar cumplimiento, también deben tener un mecanismo, o por lo menos en eso estamos trabajando, para que la excusa no sea que no sabemos cómo colocar fondos para hacer estas acciones. No es algo que les resulte ajeno: hubo sentencias por otros motivos de la Corte Interamericana que el Estado debía implementar.

Entonces, ¿es un problema de falta de mecanismo, de dinero o de lo que puede suponer Zepur Sarco como precedente?

La principal barrera es siempre la disputa de quién tiene la verdad en el marco de los hechos ocurridos en el conflicto armado. Guatemala se resiste a aceptar que el ejército es responsable de esos hechos y, por tanto, esa institución debe ser transformada y el Estado debe de aceptar esa responsabilidad. A pesar de todos estos esfuerzos de construcción de la paz, de los acuerdos, hay una resistencia muy fuerte y depende del gobierno de turno. No podemos decir que las secuelas del conflicto armado están superadas y toda la población puede tener acceso a la tierra. Aún vemos que esto persiste. Esas condiciones de vulnerabilidad siguen manteniéndose. Los pueblos mayas no son posesionarios de la tierra y menos las mujeres. Eso los pone en una condición de falta de oportunidades y de tener una mejor calidad de vida.

¿Cree que hay temor a que esto muestre lo que puede ser un auténtico caso de reparación, que la tierra pase a los que se consideran sus legítimos propietarios y por eso todo se frena, por lo que pueda traer después?

Así es, porque se quiere seguir conservando el poder económico en pocas familias y la población indígena sigue siendo esclavizada y no reconocida como ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos. Esa es la disputa de fondo, no si se tiene el mecanismo para implementar o no: es no variar las condiciones de sometimiento de la población indígena. Estamos en un momento de diálogo político. A nivel técnico, entre los equipos medios de los ministerios, hay mucho compromiso, sensibilización y ganas de aportar una mejor calidad de vida, pero hay una estructura y un poder económico que pretende que el orden de las cosas no varíe.

Pero, en este caso, hasta hay acuerdo con los propietarios para la venta.

Sí, precisamente porque, como se ve en el documental, nunca han sido posesionarios de una tierra que les ha llegado por herencia. A esto se suma cierto temor de que se genere algún conflicto con la población indígena. Es una región que permanentemente está en disputa. En el audiovisual vemos cómo se acercan las compañeras a hablar con veinticinco familias que estaban diciendo “este es nuestro territorio”. De hecho, la empresa de caña de azúcar se ha retirado y ha dejado temporalmente abandonadas las fincas de la siembra. El pueblo q'eqchi' es muy beligerante, no es un pueblo que se someta a unas condiciones únicamente por dinero.

Si existe, por un lado, una voluntad política explícita del gobierno –que habrá que ver luego si es tan explícita como se dice– y, por otro, la disposición de los propietarios, la solución parece muy sencilla: se compra la tierra y se devuelve al pueblo.

Así es. Y, de hecho, para eso se han creado instituciones como COPRECON [la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad], o COPADEH [Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos], para restituir los derechos de la población. Este gobierno, el tercero desde la sentencia, incluso ha impulsado actos de perdón. Nosotras vemos en él un compromiso y una oportunidad. Han habido avances, a partir del compromiso de los equipos técnicos, pero es la voluntad política la que queremos y necesitamos para que la sentencia de Sepur Zarco pueda ser implementada y que las mujeres, sus nietos, sus hijos y la comunidad en general, puedan tener una mejor calidad de vida.

Porque, al final, las abuelas ya no luchan por ellas mismas.

Ya no.

De hecho, no sé si en algún momento lo hicieron...

Siempre lo hicieron por la comunidad. En el documental se ve que doña Demesia [Yat, una de las abuelas] dice: “Cuando hablamos de Sepur Zarco estamos hablando de La Esperanza, estamos hablando de Pombaac, estamos hablando de San Marcos”; son cuatro comunidades. Ellas han logrado desarrollar un liderazgo importante en la región, donde ahora las mujeres tienen también un espacio en cada decisión de la comunidad. Las abuelas son reconocidas como un grupo más a quien consultar todo lo que sucede. Eso es importante, pero también genera una responsabilidad y ellas sienten mucha frustración al no poder entregar a la comunidad eso por lo que ellas han luchado tanto. Como bien dice la jueza Yassmín [Barrios, jueza que presidió el tribunal del caso Sepur Zarco], la sentencia es en nombre del pueblo de Guatemala. En esa misma responsabilidad, el pueblo de Guatemala debe cumplir con las medidas de reparación porque ese es el verdadero sentido de la justicia: equiparar esas condiciones de vida. Si no, todo este camino ha sido en vano.