Chunta Aragonesista no piensa dar marcha atrás en Teruel. Su secretaria general, Verónica Villagrasa, ha respondido este jueves a las críticas de Izquierda Unida en Aragón con el acuerdo de coalición en la mano. Según Villagrasa, el pacto con el Frente Amplio reserva a CHA la decisión sobre las circunscripciones en las que se presenta. “Tenemos un acuerdo de coalición con Frente Amplio dentro del cual se encuentra Izquierda Unida, un acuerdo que ellos tienen y en el que esta cuestión está reflejada muy claramente, que Chunta decide a qué circunscripciones se presenta”, ha afirmado en los pasillos de las Cortes de Aragón, donde se celebraba sesión plenaria.

La coalición CHA-Frente Amplio Aragón, que integran también el Movimiento Sumar, el Partido Verde y Recortes Cero, anunció este miércoles que no presentará lista al Congreso por Teruel y que en esa provincia solo concurrirá al Senado. Horas después, IU expresó su desacuerdo y anunció que hará “todo lo posible” para que haya candidatura. Su coordinadora general, Marta Abengochea, calificó la renuncia de “despropósito” y acusó a Chunta de asumir “el marco del voto útil que promueve el PSOE”. El coordinador de IU Teruel, Dani Palomo, llegó a preguntar: “¿Acaso somos aragoneses de segunda?”.

Villagrasa ha dejado claro que, si IU quiere presentar candidatura por Teruel, tendrá que llevarlo a la mesa de trabajo que comparten las fuerzas del Frente Amplio: “Hablaremos de lo que sea conveniente”. Ha defendido además “la cultura de pactos, en la que una parte gana y pierde y la otra parte pierde y gana”. “Hay otras cuestiones en las que otras fuerzas del Frente Amplio deciden sobre esa coalición y a nosotros nos puedan gustar más o menos, pero las acataremos porque es un acuerdo que hemos suscrito”, ha señalado.

La dirigente de Chunta ha restado importancia a las discrepancias internas. “Cada militante que forma parte de un partido político vive los acuerdos de una manera u otra porque al final cada persona tenemos una opinión que puede coincidir en ocasiones con lo que decide tu partido y puede no coincidir”, ha dicho. Según ha explicado, la decisión responde al acuerdo con el Frente Amplio y también a la opinión de los militantes de CHA en las comarcas turolenses, partidarios de concurrir solo al Senado.

“Nunca” había ocurrido

Villagrasa ha justificado la renuncia por una situación en la política estatal que, a su juicio, no se había dado “nunca”, en alusión al crecimiento electoral de Vox. Ante ese escenario, Chunta dice asumir su responsabilidad. “Trabajar para que esa ultraderecha llegue con la fuerza más pequeña posible al Congreso de los Diputados y para tener unas fuerzas progresistas fuertes que frenen esas políticas de limitación de los servicios públicos, de limitación de derechos”, ha resumido. “Lo que hemos hecho ha sido un paso de generosidad y de responsabilidad, sobre todo, para conseguir que la ultraderecha tenga la menor representatividad posible en el Congreso de los Diputados, que es donde pueden empezar a destruir este Estado de Bienestar”, ha añadido.

La secretaria general de CHA ha desvinculado la decisión de la alianza con el PSOE para el Senado. Esa negociación “ha llevado una senda”, mientras que la del Frente Amplio ha seguido “otra senda completamente diferente”. En la Cámara Alta, PSOE, CHA e IU concurrirán con una lista conjunta en las tres provincias aragonesas. Los socialistas ocupan los puestos uno y tres, CHA el dos en Zaragoza y Teruel, e IU el dos en Huesca.

El plazo para presentar candidaturas ante las juntas electorales provinciales termina el lunes 26 de octubre. Antes, este viernes, el Comité Nazional extraordinario de Chunta elegirá a quien encabece la lista al Congreso por Zaragoza.

Podemos vuelve a quedarse descabezado en Aragón, y lo hace a apenas un mes de las elecciones generales. Tras la precaria renovación en el partido a raíz del cisma vivido tras las elecciones de 2023, dos de los principales integrantes de la formación en el nuevo equipo morado han renunciado. Se trata del hasta ahora coordinador, Ricard Mitjana, y de un referente como la veterana Pilar Gimeno, que dejan sus puestos por desavenencias con la dirección tanto en Aragón como en Madrid. En principio permanecen quien fue candidata en las elecciones de febrero, María Goikoetxea, y el secretario de Organización, Tomás Aragón.

Las renuncias se hicieron oficiales este miércoles, en una reunión de urgencia del partido con su militancia, y la formación queda en manos de una gestora a cinco semanas de las elecciones generales del 29-N. Es el segundo periodo de interinidad en poco más de dos años.

Consultada por elDiario.es, Goikoetxea ha rehusado hacer declaraciones.

La dimisión ha sido confirmada por el propio Mitjana, quien ha remitido un comunicado en el que apunta que, tras trasladar él que se “presentaba a las primarias” para ser candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, “se sucedieron una serie de desacuerdos con la dirección nacional y autonomica” que motivaron su renuncia el 7 de octubre “todos” sus “puestos orgánicos” en Podemos, “al igual –añade Mitjana– que decenas de personas que están” con ellos. “Nuestra honestidad es absolutamente incompatible con lo que hemos vivido en estas últimas semanas, pero igualmente nuestro compromiso político con la izquierda nos pide que pasemos página y pensamos en otros proyectos, donde nadie de Madrid nos pueda decir lo que tenemos que decidir en Aragón”, explica el ya excoordinador en la nota.

En conversación con este periódico, Mitjana ha señalado que elude “entrar en más polémica por el momento” actual, previo a las elecciones generales del 29-N. “El debate tiene que centrarse en revertir la situación e impedir que el fascismo entre en las instituciones estatales”, apunta el exdirigente morado, quien llama a “animar a la ciudadanía para que vote masivamente por una opción democrática”.

Una crisis que arrastra desde 2023

La debacle de las autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023, cuando Podemos bajó de cinco diputados a uno solo, abrió la crisis en el partido morado. Su candidata y coordinadora, Maru Díaz, anunció que dejaría la coordinación del partido tras las generales de ese año y que no recogería su acta de diputada. El escaño fue a parar a Andoni Corrales, número dos de la lista por Zaragoza y hasta entonces jefe de gabinete de Díaz en la Consejería de Universidad. Su decisión de quedarse con el acta, en lugar de dar paso a una renovación, provocó críticas entre militantes y simpatizantes, que le reprocharon aferrarse al cargo.

Tras varios meses de vacío, Marta de Santos, exdirectora general de Cambio Climático, tomó el relevo. Esa ejecutiva autonómica empezó a funcionar a principios de febrero de 2024, cuando De Santos, única aspirante, obtuvo el 87,3% de los votos de la militancia. El proyecto duró poco más de medio año: el 31 de agosto de 2024 la dirección dimitió en bloque por “desavenencias” con el grupo parlamentario, formado únicamente por Corrales. Desde entonces la comunicación entre la parte orgánica y el grupo parlamentario quedó rota, y el partido pasó a manos de un equipo técnico provisional.

Una renovación con una sola lista

La interinidad se prolongó durante más de un año. En noviembre de 2025, Podemos Aragón abrió su Asamblea Ciudadana, un proceso que una parte de la militancia criticó por carta y que contó con el respaldo explícito de la dirección estatal. Ricard Mitjana, entonces secretario de Organización regional, reunió en apenas diez horas los 90 avales exigidos para optar a la coordinación. Militar retirado tras tres décadas en el Ejército del Aire, con el empleo de cabo primero, encabezó junto a Goikoetxea la única candidatura presentada, y fue elegido coordinador con el 86,7% de los votos.

La nueva dirección no logró recomponer la relación con el grupo parlamentario. Pablo Fernández, secretario de Organización estatal, le dio su apoyo y le encargó llevar al partido hasta las elecciones del 8 de febrero. Goikoetxea fue designada candidata tras obtener el respaldo del 88% de la militancia en una consulta pública, sin primarias abiertas. Corrales, aún único diputado morado, denunció un “auténtico fraude democrático” por parte de la dirección autonómica y anunció que acudiría a los tribunales. Tampoco cuajó la candidatura unitaria de la izquierda: varias fuentes atribuyeron a la dirección de Podemos en Madrid el veto a un acuerdo que incluyera a Sumar.

El resultado del 8-F confirmó el desplome. Podemos obtuvo 6.206 votos, por debajo del PAR (8.161) y de Se Acabó la Fiesta (17.983), y perdió unos 20.000 sufragios respecto a los 26.923 de 2023, con lo que quedó fuera de las Cortes de Aragón.

A primera hora del pasado lunes, el Ayuntamiento de Zaragoza notificó a Enta Properties, la empresa que promueve 204 viviendas de lujo en el antiguo Convento de Jerusalén, que abría un trámite de audiencia de 15 días para que presentara alegaciones. A última hora de la mañana, el consejero de Urbanismo daba a conocer el nuevo convenio. Entre medias, menos de cuatro horas en las que se sucedieron las prisas, las visitas al Seminario y los informes técnicos y jurídicos hasta que se articuló el nuevo documento, que consolida el incremento en la edificabilidad residencial y terciaria.

Según consta en el expediente municipal de la modificación aislada al PGOU, el Ayuntamiento de Zaragoza trasladó a las 9.56 horas a Enta Properties –del grupo Bancalé– el plazo para responder a un informe de la Intervención General sobre el convenio. La promotora leyó la notificación 35 minutos después; esa misma mañana, su abogado presentó en dependencias municipales un nuevo texto del convenio: el Servicio Técnico de Planeamiento, el Servicio Jurídico y el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, firmaron a continuación sus informes y la propuesta de acuerdo. A las 13.45 horas, el propio Serrano presentaba en rueda de prensa la “aprobación definitiva” de la operación, que permitirá levantar una torre de 16 alturas y 204 pisos –68 de ellos, de alquiler–, más dos residencias, junto al nuevo estadio de La Romareda. Los 15 días se habían quedado en menos de cuatro horas.

A cambio de la operación, Enta pagará 22,4 millones de euros al Consistorio. Como informó este medio, el documento final incluye 1.405 metros cuadrados de vivienda por encima de los que habían fijado los técnicos de Urbanismo.

El informe jurídico municipal firmado el lunes ya analizaba el convenio que Enta había entregado ese día: concluye que “da cumplimiento a lo requerido” y solo suprime cuatro líneas de una cláusula. En la misma jornada firmaron el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, con un informe de 27 páginas, y el consejero, cuya propuesta a la Comisión del ramo cita ya el convenio “aportado en fecha 19 de octubre”.

Tres semanas de espera

Las prisas del lunes llegaron tras semanas casi sin movimiento. Enta presentó la documentación para la aprobación definitiva el 23 de septiembre, pero no se envió al Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano hasta el 14 de octubre, con la indicación de informar “a la mayor brevedad posible”. Entre el martes 13 y el lunes 19 se emitieron el informe sobre las alegaciones vecinales, la petición a Hacienda y su respuesta, y los informes de la Intervención, de Ingeniería, del Servicio Técnico y del Servicio Jurídico, además de la propuesta del consejero.

El informe de Hacienda sobre el impacto en las arcas municipales se tramitó en 48 horas. Urbanismo lo pidió preguntando si el impacto “puede considerarse favorable o positivo”, “como se desprende” de sus propios datos; Hacienda respondió reproduciendo los párrafos de Urbanismo y concluyó que “comparte el criterio”.

El informe de Ingeniería, elaborado contra reloj, deja constancia de varias carencias. La documentación no incluye un estudio específico de riesgos, ni datos concretos sobre la capacidad de las redes de agua y saneamiento, ni un estudio económico-financiero desglosado: solo una “estimación global” de la inversión, “superior a 100 millones de euros”.

Alegaciones vecinales

Durante la información pública se presentaron tres alegaciones: una de la comunidad de propietarios de Álvaro de Bazán 2, 4, 6 y 8 y Jerusalén 3 y dos de otros tantos vecinos a título particular.

Los vecinos sostienen que la modificación responde a un interés privado y no urbanístico. Recuerdan que Enta compró el solar como equipamiento religioso, “con el fin al parecer de construir una residencia de ancianos, lo que al parecer ha quedado totalmente superado”, y hablan de “cierto apetito voraz” de la promotora. Consideran que la cantidad ofrecida “no constituye ninguna mejora sino que es una mera cuantificación” de las cesiones que la ley ya exige. Añaden que una corporación “agobiada por el compromiso de construcción de un nuevo estadio de fútbol”, según recoge el informe municipal, podría ver en ese dinero una justificación, pero “política, en modo alguno jurídica ni urbanística”. Uno de los vecinos relaciona además la aceleración del expediente con el Mundial de 2030.

Las alegaciones denuncian también que el proyecto expuesto al público no fijaba el número de viviendas ni justificaba que las zonas verdes y equipamientos se cambiaran por dinero. Señalan que faltaban informes sectoriales, entre ellos los de la Confederación Hidrográfica, Protección Civil y perspectiva de género, y que los estudios de tráfico y ruido eran insuficientes. Critican que el convenio aplazara los pagos sin garantías y mantuviera el recurso de casación de la promotora. Por último, advierten de la pérdida de soleamiento, vistas e intimidad por la cercanía y la altura de los nuevos bloques. Uno de los vecinos propone que no superen en más de una o dos plantas a los edificios existentes y que el suelo del nuevo vial se use para alejar las construcciones y reducir su altura.

El informe jurídico municipal, firmado el 13 de octubre, propone desestimarlas todas, aunque algunas reclamaciones sí se han recogido en el texto final. El número de viviendas queda fijado en 204, la promotora renuncia al recurso de casación contra la sentencia del TSJA y los técnicos imponen como condiciones vinculantes una altura máxima de 28,20 metros frente a Álvaro de Bazán y las distancias mínimas con los edificios vecinos.

La coalición CHA-Frente Amplio Aragón no presentará candidatura al Congreso de los Diputados por Teruel en las elecciones generales del 29 de noviembre. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la formación aragonesista, Jorge Pueyo, en un comunicado en el que presenta la decisión como un gesto de responsabilidad: “Con esta decisión, Chunta ha escuchado las numerosas peticiones recibidas para actuar con generosidad y responsabilidad, y no por interés partidista, con el objetivo de evitar la dispersión del voto y hacer todo lo posible para conseguir una mayoría progresista, tanto en el Congreso como en el Senado”. Tras dar a conocer la noticia, sin embargo, Izquierda Unida en Aragón se ha desmarcado y ha asegurado que mantendrá la lista en la circunscripción turolense, con críticas a la formación aragonesista.

La coalición, que forman CHA, IU –que en este caso saldría de la ecuación–, Movimiento Sumar, el Partido Verde y Recortes Cero, se centrará para el Congreso en Zaragoza y Huesca. “En este contexto de extrema polarización, hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos para el Congreso de los Diputados en las circunscripciones de Zaragoza y Alto Aragón, mientras que en Teruel solo concurriremos al Senado”, ha explicado Pueyo. En esa provincia, que elige tres diputados, la coalición solo estará presente en la lista conjunta con el PSOE a la Cámara alta.

El anuncio llega en una jornada en la que tanto el PSOE como el Frente Amplio han reconocido que no hay conversaciones entre ambos para que la coalición se retire en las circunscripciones pequeñas y “maximizar” así los resultados en el Congreso. La provincia de Teruel sería, en ese contexto, una excepción. Hay que recordar que aquí se da la circunstancia de que con los partidos abiertamente de izquierdas compite también la Coalición Existe, aunque ni unos ni otros tienen posibilidades de obtener un diputado, según las encuestas.

El propio Pueyo ha confirmado a este periódico que la decisión respecto al territorio turolense se ha tomado sin que haya mediado negociación alguna con el PSOE y de conformidad con los otros partidos con los que Chunta va en coalición en Aragón.

Pese a esto, apenas un par de horas después después Izquierda Unida ha mostrado una discrepancia abierta con la decisión y ha anunciado que sí presentará candidatura en Teruel. La federación, que tiene elegidos desde el 13 de octubre a sus candidatos al Congreso y al Senado en las tres provincias, asegura que hará “todo lo posible” para que haya lista por la provincia. Su coordinadora general, Marta Abengochea, ha calificado de “despropósito que precisamente uno de los territorios más despoblados y abandonados de Aragón se quede sin una alternativa de izquierdas”. “No podemos presentarnos únicamente donde creemos que tenemos asegurada la representación. La responsabilidad política consiste en estar también donde es más difícil”, ha señalado.

Abengochea ha acusado además a Chunta de asumir el argumento del voto útil. “Nos preocupa que Chunta esté asumiendo el marco del voto útil que promueve el PSOE, como si la única forma de garantizar una representación progresista fuera renunciar a tener voz propia”, ha afirmado. “Es una mala decisión, no es defender a la izquierda, es no dar opción a la gente a votar a la izquierda”, ha añadido.

Una decisión “unilateral”

Las críticas más duras han llegado desde la provincia. El coordinador de IU Teruel, Dani Palomo, ha mostrado su “absoluto desacuerdo con la decisión tomada por CHA de manera unilateral”. “No comprendemos cómo una formación que se denomina aragonesista abandona a una de sus tres provincias. ¿Por qué el argumento de la responsabilidad y la generosidad lo aplican en Teruel, y no en Huesca o en Zaragoza? ¿Acaso somos aragoneses de segunda?”, ha planteado.

Consultadas sobre el comunicado de IU, fuentes de Chunta han sido claras: el acuerdo de coalición “deja claro que corresponde” a la formación aragonesista “decidir en qué circunscripciones” se presentan. “Y tanto IU como Frente Amplio estaban informados”, han añadido.

La decisión se produce el mismo día en que se abre el plazo para presentar candidaturas ante las juntas electorales provinciales, que termina el lunes 26 de octubre. Chunta celebrará este viernes un Comité Nazional extraordinario para elegir a la persona que encabezará la lista al Congreso por Zaragoza y al resto de candidatos del partido en las distintas listas.

La decisión resuelve una de las cuestiones que quedaron pendientes el viernes 16 de octubre, cuando CHA y el Frente Amplio presentaron su coalición en Zaragoza con Ada Colau, la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno. Pueyo avanzó entonces que Chunta encabezaría la lista por Zaragoza, pero dejó sin cerrar las de Huesca y Teruel: “Lo decidiremos la semana que viene, semana y media”. En aquel acto recordó también que, según las encuestas, CHA podía aspirar al escaño en solitario, aunque defendió la candidatura conjunta para “poner una voz en Madrid” y reivindicar para Aragón infraestructuras como el corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Esa misma noche se cerró el plazo de coaliciones sin que Podemos se sumara. Los morados y el Frente Amplio concurrirán por separado en toda España salvo en la Comunitat Valenciana y Canarias, así que en Aragón habrá dos papeletas a la izquierda del PSOE en las provincias donde ambas fuerzas se presenten. Pueyo anunció después que CHA seguiría intentando “integrarles en nuestra candidatura” para que hubiera “una sola papeleta” el 29 de noviembre.

En el Senado, en cambio, sí hubo acuerdo. PSOE, CHA e IU pactaron una lista conjunta en las tres provincias aragonesas. El PSOE ocupa los puestos uno y tres, CHA el dos en Zaragoza y Teruel, e IU el dos en Huesca. Con la renuncia anunciada este miércoles, la presencia de Chunta en Teruel queda reducida a ese número dos de la candidatura progresista a la Cámara Alta.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permite al Grupo Bancalé transformar el antiguo convento de Jerusalén, anexo al estadio de La Romareda, en un complejo residencial y asistencial de 220 viviendas y dos residencias. Una operación, bautizada como 'Living Romareda', que consolida uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la ciudad en los últimos años: una parcela adquirida en 2018 por unos 8,8 millones de euros se convierte en un proyecto cuya edificabilidad más que se triplica y cuyas viviendas, con una superficie media superior a los 120 metros cuadrados en una de las zonas más cotizadas de Zaragoza, pueden superar el millón de euros por unidad.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha presentado el plan como un ejemplo de regeneración urbana. “Zaragoza avanza con determinación en la resolución de cicatrices urbanas que llevaban décadas lastrando la escena urbana de nuestros barrios”, ha declarado este lunes, y ha valorado que su impulso responde “directamente al interés público”.

En junio, cuando se aprobó inicialmente el proyecto, los ingresos para el Ayuntamiento se situaron en 22 millones de euros, la cifra que el promotor había propuesto como tope máximo en diciembre de 2025. El convenio urbanístico aprobado este lunes fija esa compensación en apenas 400.000 euros más. Lo que en ese momento era una estimación del propio interesado sin justificación técnica acreditada –así lo señaló el informe de la arquitecta jefa del Servicio Técnico de Planeamiento, que advirtió de que la propuesta económica no iba acompañada “de valoración técnica que justifique la cantidad señalada”– se ha convertido diez meses después en la cifra definitiva del convenio, incrementada en un 1,8%.

A cambio, la edificabilidad total del proyecto ha crecido. El convenio definitivo recoge 17.120 metros cuadrados de techo para usos terciarios y 25.255 para uso residencial, un total de 42.375 metros cuadrados, frente a los 39.445 metros cuadrados de la propuesta inicial. Así, el promotor obtiene casi 3.000 metros cuadrados adicionales de edificabilidad por 400.000 euros más de compensación. Cuestionadas al respecto, fuentes municipales se limitan a señalar que “la estimación de todo, atada y bien analizada por los técnicos municipales, da el resultado del importe total que se indica”.

El trasfondo judicial

La operación tiene además un trasfondo judicial que el Ayuntamiento no ha mencionado en ninguna de sus comunicaciones públicas sobre el proyecto desde mayo. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió en una sentencia que la edificabilidad terciaria que consolida el convenio –17.120 metros cuadrados– supera en casi 5.000 metros la que el tribunal reconoció como correcta bajo el planeamiento vigente, e incluso supera los 15.595 metros cuadrados que el propio promotor había reclamado en su solicitud inicial.

El fallo del TSJ resolvió además que la cesión de 1.135 metros cuadrados para la apertura de un nuevo vial entre el paseo de Isabel la Católica y la calle de Álvaro de Bazán debía realizarse de forma gratuita y sin contraprestación. El promotor había litigado durante años para que fuera considerada onerosa y, por lo tanto, generadora de edificabilidad adicional. El convenio hecho público este lunes recoge esa cesión gratuita, que Serrano ha presentado como una aportación del promotor al barrio. “Hemos escuchado a los vecinos y a los grupos políticos para mejorar sustancialmente el proyecto”, ha declarado el consejero, que ha destacado que la cesión “transformará un recinto amurallado en un espacio permeable y con mejores dotaciones de movilidad para todo el barrio.”

La tramitación del expediente ha durado diez meses desde que Enta Properties, la sociedad del Grupo Bancalé propietaria del solar, presentó la solicitud en diciembre de 2025. El proceso ha pasado por el Consejo de Gerencia de Urbanismo, la Comisión de Urbanismo y el período de información pública, en el que solo se presentaron tres alegaciones de vecinos particulares. “Durante el periodo, durante lo que ha sido el expediente y de cara a esta aprobación definitiva solamente ha habido tres alegaciones de tres vecinos”, ha confirmado el propio Serrano. La aprobación definitiva ha contado con el respaldo de PP, Vox y la concejal no adscrita, y con el rechazo de PSOE y Zaragoza en Común.

Más plazas de aparcamiento

Como novedad respecto a la aprobación inicial de junio, el convenio definitivo incorpora la obligación de construir un 20% adicional de plazas de aparcamiento privado por encima del mínimo legal, condición que Vox exigió para apoyar el proyecto. “Esos aprovechamientos vienen a suponer en número aproximadamente unas 100 plazas de aparcamiento más de las que había previsto”, ha explicado Serrano. Las viviendas destinadas a alquiler –entre 68 y 70 de las 220 previstas– deberán mantenerse en ese régimen durante un plazo mínimo de diez años.

El Grupo Bancalé, fundado por el empresario aragonés Juan Ramón Fabre Marqués, adquirió la parcela del antiguo convento en septiembre de 2018. La sociedad compradora, Enta Properties SL, es una filial del grupo cuya administración única corresponde a Bancalé Servicios Integrales SL. La parcela estuvo bloqueada durante años por un procedimiento judicial sobre licencias de demolición y apertura que concluyó con la sentencia del TSJ de mayo de 2026. El Ayuntamiento fue condenado en costas en primera instancia por inactividad administrativa prolongada ante las solicitudes de licencia presentadas por el promotor en 2019.

El Gobierno de Aragón mantuvo en 600 euros el tope de alquiler del Bono Alquiler Joven pese a que la normativa estatal le permitía elevarlo hasta 900, y a la última convocatoria se presentaron menos de la mitad de jóvenes que a la anterior: 2.935 frente a 6.531. Catorce meses después de cerrarse el plazo, la ayuda ha empezado a llegar a sus beneficiarios, según un informe del Departamento de Vivienda al que ha tenido acceso este medio.

La propia Consejería atribuye la caída de solicitudes a ese límite de 600 euros mensuales que fija el real decreto estatal para acceder a la ayuda. Según su explicación, la fuerte subida de los precios en los últimos años ha dejado fuera a muchas personas con alquileres por encima de ese tope, “pese a encontrarse en situación de necesidad” y aunque sus contratos respondan a precios de mercado.

El decreto que regula el bono, sin embargo, permite a las comunidades autónomas elevarlo hasta 900 euros en zonas donde los estudios del mercado del alquiler lo justifiquen, con el acuerdo del Ministerio. Otras autonomías lo hicieron en la misma etapa del programa: la Comunidad de Madrid, por ejemplo, fijó en su convocatoria de 2025 un tope de 900 euros para familias numerosas y determinados municipios.

Pero el Gobierno de Aragón no lo solicitó. Fuentes del Departamento explican que, al preparar la convocatoria, “no se previó una caída de solicitudes de esa magnitud” en el tramo de alquileres de hasta 600 euros. Las mismas fuentes indican que se consideró el “riesgo de que elevar el umbral pudiera favorecer un encarecimiento de los nuevos contratos”, de forma que el aumento de los alquileres absorbiera parte de la ayuda.

Ese argumento no le impide ahora ir más allá: según el Departamento, las futuras convocatorias cubrirán rentas de hasta 1.000 euros. Este año, en todo caso, no habrá nueva convocatoria. La Consejería prevé una bianual en 2027, cuando se firme el convenio con el Ministerio para aplicar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Más de un año sin cobrar

Según el informe, 1.217 jóvenes tienen ya la ayuda concedida y pagada, por un importe de 2,8 millones de euros, mientras que otros 2 millones están en fase de pago. Pese a esto, casi un tercio de las solicitudes continúa sin resolverse.

La convocatoria, correspondiente a 2024-2025, se abrió en julio del año pasado y se cerró mes y medio más tarde. Durante más de un año ninguno de los solicitantes cobró: a 31 de julio de 2026, según el dato público de ejecución presupuestaria del Gobierno de Aragón, el gasto reconocido con cargo al fondo del bono era de 48.620 euros, a pesar de que el Ministerio había ingresado en diciembre –medio año antes– los primeros 7,6 millones. El retraso llevó a la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, a pedir que se agilizara la tramitación, y el consejero de Fomento, Octavio López, atribuyó en las Cortes la demora a que el proceso estaba condicionado a la llegada de los fondos.

Además de las 1.217 ayudas concedidas, el informe recoge 583 solicitudes denegadas por no cumplir los requisitos y 250 cerradas por renuncia o desistimiento. Quedan pendientes 596 expedientes en los que se ha pedido al solicitante que subsane defectos o aporte documentación, con otros 289 aún en trámite.

El Departamento advierte de que el importe abonado no refleja el total de la ayuda: el bono se concede hasta un máximo de 24 meses, pero se paga a medida que el beneficiario presenta los recibos de las mensualidades ya pagadas, por lo que no puede abonarse de una vez. Hasta ahora, lo transferido o en fase de pago suma 4,8 millones, menos de un tercio de los 15,2 millones que el Ministerio ha destinado a Aragón para esta convocatoria tras duplicar en julio la dotación inicial.