La Audiencia Nacional ha amnistiado de los 12 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. Tres meses después de que la Justicia europea avalara el olvido penal del procés, el tribunal especial cumple con lo dispuesto por Luxemburgo y archiva la causa, una de las más sensibles para el independentismo.

En un breve auto de tres páginas, al que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal archiva el caso y concluye que los hechos por los que estaban acusados los CDR están incluidos en la ley “a la vista de la fundamentación jurídica” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los magistrados también constatan que los actos por los que los activistas estaban acusados no supusieron “graves violaciones de derechos humanos”.

En un mensaje en X, Alerta Solidària, la organización antirrepresiva que representaba a varios de los CDR, ha celebrado la “victoria” de la amnistía. “No nos van a quitar la alegría de este momento”, han expresado.

Al margen de la causa del Supremo que afecta a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, la amnistía al caso de terrorismo de los CDR fue uno de los quebraderos de cabeza durante la tramitación de la norma en el Congreso (e incluso provocó que Junts votara en contra de la primera versión de la norma). Cabe recordar que la Audiencia Nacional envió a juicio a los acusados en plena negociación de la ley.

Aprobada la norma en junio de 2024, su aplicación en la Audiencia Nacional tampoco ha estado exenta de problemas. El tribunal mostró sin ambages sus dudas a materializar la norma al considerar que amnistiar a los acusados de terrorismo podía contravenir “gravemente” el derecho comunitario y podría suponer “una infracción patente” de las normas europeas.

Al igual que hizo el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional envió al TJUE la acusación por terrorismo contra CDR con el objetivo de que Luxemburgo respaldara excluirlos de la amnistía. A ellos se sumaron el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

La respuesta de los jueces europeus fue, en cambio, un aval total a la amnistía, lo contrario de lo que planeaban las altas instancias judiciales. La alta magistratura, empezando por el Supremo, es la que más se ha opuesto a la norma, en contraste por su normal aplicación ya en 2024 por parte de la mayoría de jueces y tribunales catalanes.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacaron que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR, pues no llegaron a materializar ninguna acción).

Los 12 activistas de los CDR acusados de pertenencia a organización terrorista, delito de estragos y tenencia de explosivos se enfrentaban a penas de hasta 27 de cárcel por parte de la Fiscalía. Algunos de ellos pasaron semanas en prisión provisional. Con su amnistía, no serán juzgados. La causa se archiva para siempre.

Distinto es el caso de los dos protagonistas del procés. El Supremo optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras. El Tribunal Constitucional corrigió al Supremo y le ordenó aplicar la amnistía, algo que el Alto Tribunal ya ha hecho en el caso de Junqueras pero tiene pendiente de materializar con Puigdemont.

Casi 40 años después de su primera edición, el V Congreso de Gentes del Derecho ha reunido a decenas de juristas progresistas en Barcelona para debatir y proponer la ampliación de los derechos de la ciudadanía y poner fin a la “escandalosa dilación de la Justicia”, en palabras de la magistrada jubilada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El debate que ha abierto el congreso lo han protagonizado dos de los protagonistas de su primera edición en Madrid en 1987, Carmena y el exfiscal superior de Catalunya, José María Mena, junto a la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Consuelo Chacartegui.

Mena ha pedido a todos los asistentes “no mirarse el ombligo”, en referencia a las discrepancias entre progresistas, y remar en la misma dirección para “volver a pensar que el derecho es un instrumento para el progreso social y el bien de la sociedad”. “Tenemos que hacerlo por obligación ética, convicción histórica y optimismo táctico”, ha apostillado.

El exfiscal superior catalán ha recordado que, frente a los juristas progresistas que abogan por el progreso social, hay otro sector de la profesión que está a favor “de un derecho de contención y conservación de derechos y privilegios”.

En la misma línea, Carmena ha destacado que la derecha “está en contra de la igualdad, entre otras cosas porque piensa que la desigualdad es buena porque crea estímulos”. “Pero nosotros sabemos que eso va en contra de los derechos humanos”, ha señalado.

“Muchos de los problemas que la sociedad está constatando con la Justicia vienen porque está escondida”, ha sostenido Carmena, que ha lamentado que las instituciones “no hicieran caso” de reivindicaciones del primer Congreso de Gentes del Derecho que hubieran contribuido a desatascar los juzgados, como facilitar que los antiguos secretarios judiciales pudieran pasar a resolver casos.

“Tenemos que volver a plantearnos en serio que la administración de justicia esté bien organizada”, ha insistido Carmena, que ha abogado por “una forma de actuar y una dinámica distinta”. “No puede haber justicia con esta dilación”, ha agregado.

El Congreso lo organizan la Asociación Libre de la Abogacía, ADADE, Xustiza e Sociedade de Galiza, la Asociación Derecho y Democracia, la Associació Catalana de Juristes Demòcrates, la Associació Valenciana de Juristes Demòcrates, la Asociación Iuslaboralista de Canarias y la Associació de Juristes de les Illes Balears.

En uno de los debates que han seguido a la apertura del Congreso se ha analizado la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para el exvocal Álvaro Cuesta “no ha habido un pensamiento estratégico” en todos los años de la democracia sobre la organización y gobierno de la justicia en comparación con otros organismos del Estado.

A juicio del abogado de José Mariano Benítez de Lugo, la situación del Consejo “es insostenible” y habría que buscar una fórmula “para impedir el mercadeo de candidatos” a los altos puestos judiciales. Para la actual vocal del CGPJ, Argelia Queralt, los nuevos vocales han devuelto “la normalidad formal” al Consejo. “Hemos avanzado, pero seguimos sin consolidar un proyecto común de gobierno del Poder Judicial”, ha añadido.

El magistrado jubilado y exdirector de la Escuela Judicial, Pascual Ortuño, ha destacado la “entente” de los primers CGPJ, pero ha lamentado el “ariete” contra los progresistas que empezó en la etapa del Consejo en los Gobiernos de José Luís Rodríduez Zapatero de la mano del vocal Enrique López, posteriormente consejero de la Comunidad de Madrid. “Hay que cambiar el modelo”, ha concluido.

El resto de debates del Congreso abordarán la situación actual de la abogacía, la mutualidad y la jubilación, las novedades legislativas en relación con la pasarela al RETA, el turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita y la retribución del turno; el derecho a la información veraz y las fake news; el derecho internacional y la forma en que deben respetarse las decisiones del Tribunal Penal Internacional.

Los Mossos d'Esquadra han empezado a investigar el bulo xenófobo contra dos jóvenes catalanes acusados en falso de matar a una anciana de Burgos. La mentira se originó en cuentas de redes sociales de ultraderecha y se viralizó el pasado fin de semana.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, los Mossos d'Esquadra ya han recibido la primera denuncia de uno de los dos jóvenes, y se espera que el otro la formalice en las próximas horas o días, según han indicado fuentes policiales.

El bulo del que fueron víctima estos dos jóvenes siguió el manual incendiario de la extrema derecha en redes: a partir de un suceso real, desde distintos perfiles se acusa a personas de origen migrante de un delito sin prueba alguna, para alimentar la falsa vinculación de los ultras entre migración e inseguridad.

En el caso de estos dos catalanes, cuentas de extrema derecha les vincularon con el crimen de una anciana de 83 años en Burgos, algo imposible dado que en el momento del crimen se encontraban en sus lugares de residencia, Barcelona y Manresa. Los perfiles incluso colgaron sus fotos.

Entre los comentarios que ha tenido que leer desde el domingo están amenazas como “si los veo les voy a tener que meter un tiro en la cabeza”, “se merecen morir” o “hay que quemarles”. Pese a que los comentarios originales fueron borrados, siguieron difundiéndose capturas con sus fotografías.

Uno de los primeros en esparcir el bulo pertenecía a un pseudomedio digital llamado El Imperial, que un día más tarde —con la mentira ya amplificada por cuentas neonazis como Núcleo Nacional o por Revuelta, que fue marca juvenil de Vox— reconocía un “error” en la identidad de “dos chicos completamente ajenos al caso”. “El incompetente ya está expulsado”, señaló el pseudomedió.

Uno de los dos afectados por el bulo fue el barcelonés Ahmed Benyahia, de 20 años. Cuando se enteró, eran las seis de la tarde y estaba en el hospital, visitando a la madre de una amiga suya. “Me empezó a dar un ataque de ansiedad”, relató en una conversación telefónica con elDiario.es.

La investigación del bulo, que fuentes jurídicas enmarcan en un posible delito de odio, además de la revelación de secretos por difundir la imagen de los jóvenes sin su consentimiento, se enfrenta a las dificultades para localizar las personas reales detrás de los perfiles ultras de las redes.

En el caso real, la Policía Nacional ha detenido a seis personas, dos de ellas menores de edad, por el robo en el que murió una mujer de 83 años el pasado día 13 en Burgos, que apareció maniatada y amordazada en su vivienda.

Lluís Puig regresó este miércoles, y Toni Comín ha vuelto a España este jueves. El exconseller de Salud ha escogido una vía de retorno más práctica que simbólica: tras nueve años en Bélgica, su vuelta ha consistido en acudir a la Junta Electoral Central (JEC), con sede en Madrid, para acatar la Constitución y poder recoger así su acta como eurodiputado electo de Junts.

Comín no había podido tomar posesión de su cargo porque, pese a haber sido escogido en las urnas en 2024, la JEC le exigía que acudiera personalmente a Madrid para prometer la Constitución. Pero el eurodiputado no podía hacerlo, porque hasta la semana pasada el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no le retiró la orden de detención en España, vigente desde 2017.

El eurodiputado ha empleado el catalán para cumplimentar el trámite y ha remarcado que acataba la Carta Magna “por el mandato del 1 de octubre y por imperativo legal”.

Una vez completado el trámite con la JEC, Comín prevé volver a Francia y regresar a Catalunya, a pie por la frontera, este domingo, en un acto en el que le acompañarán familiares y allegados.

En declaraciones este jueves a RAC-1, Comín ha explicado que cruzó la frontera este miércoles en coche. “Fue impresionante. Tuve la sensación física de haber ganado”, ha manifestado. “Cuando conducía por la autopista pensé que era precisamente el momento que había impedido el Estado durante nueve años. Han fracasado en el intento de que pudiera entrar en plena libertad”, ha aseverado.

Desde Bruselas, este martes el exconseller avanzó sus planes para volver a España y comparecer a la citación que le había enviado la JEC para prometer la Constitución. “Pero voy a dejar muy clara una idea: ir a Madrid no es regresar del exilio. Volver del exilio es volver a casa... a Catalunya, y eso será el día 25”, matizó, al tiempo que reiteró que la visita a la capital de España se limitaría a “hacer un trámite necesario”.

El exconseller tiene abierto un proceso interno en el Parlamento Europeo a raíz de una denuncia de acoso sexual contra él por parte de un exasesor suyo en la Eurocámara, que Comín siempre ha calificado de “falsedad absoluta”.

Con la vuelta de Comín y Puig a España, Carles Puigdemont es el único de los dirigentes que permanecían en Bélgica desde 2017 que no ha regresado. A la espera de que el Tribunal Supremo le aplique de forma definitiva la amnistía, Puigdemont ya puede volver sin riesgo a ser detenido porque sobre él ya no pesa una orden de arresto, pero el expresident quiere alejar todo lo posible su retorno de la precampaña y no prevé emprender la vuelta a casa hasta pasadas las generales del 29 de noviembre.

Vox ha elegido de cabeza de lista por Tarragona para las elecciones generales del 29 de noviembre a Jordi de la Fuente, un histórico del movimiento neonazi en Catalunya y que el año que viene tiene que sentarse en el banquillo acusado de un ataque racista a un centro de menores.

Nacido en la capital catalana en 1986, De la Fuente es concejal en Sant Adrià del Besòs (Barcelona) y diputado provincial. Sin embargo, según destaca el partido en un comunicado, el candidato “mantiene desde su infancia un fuerte arraigo familiar y personal” con la localidad tarraconense de Segur de Calafell. El flamante cabeza de lista, continúa la formación, consiguió en esa población su primer empleo “siendo todavía menor de edad” y conserva allí vínculos familiares y amistades.

De la Fuente es un histórico del movimiento neonazi en Catalunya. Fue dirigente del Movimiento Social Republicano (MSR), formación negacionista del Holocausto y que mantenía vínculos con otros partidos ultras europeos y grupos nacionales, como Hogar Social Madrid. En su hemeroteca figura haber compartido mesa y conferencia con Pedro Varela, el librero de extrema derecha de Barcelona que fue discípulo de León Degrelle, oficial belga de las SS al que Franco dio asilo en España.

En Vox, De la Fuente encontró su sitio después que el partido diera entrada a parte de la militancia más ultra de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), de la que fue secretario de organización. Su entrada en Vox provocó diferencias interna en 2019, cuando un sector crítico denunció que personas como De la Fuente y otros exmiembros de PxC se estaban haciendo con el control de la formación en Barcelona.

Desde su entrada en el partido de Santiago Abascal, De la Fuente se convirtió en una de las personas de más confianza de su líder autonómico y secretario general a nivel nacional, Ignacio Garriga; así como del portavoz de la formación, el barcelonés Jorge Buxadé. En 2025, Abascal aupó a De la Fuente, también conocido por sus posiciones prorrusas de apoyo al régimen de Vladímir Putin en la guerra contra Ucrania, al frente de su sindicato Solidaridad.

El ahora candidato al Congreso siempre había estado entre bambalinas debido a su pasado neonazi hasta estas pasadas elecciones municipales, cuando fue de número dos en las listas de Sant Adrià del Besòs, municipio del cinturón metropolitano de Barcelona.

De la Fuente aspira a lograr el escaño por Tarragona que se le resistió a Vox en 2023. De los seis escaños que reparte la provincia, los últimos dos se los disputaron Sumar, Junts y Vox. El partido de ultraderecha se quedó a apenas 3.000 y 2.000 votos de la formación de izquierdas y de la de Carles Puigdemont.

La obtención del escaño podría hacer que se retrasará todavía más el juicio contra De la Fuente. Fijado (Barcelona) por el asalto racista a un centro de menores de El Masnou en 2019. Tras años en los que los tribunales se pasaron la pelota sobre cuál era el competente para juzgar el caso, finalmente la vista quedó señalada para julio del año que viene en un juzgado de lo penal de Mataró (Barcelona).

Sin embargo, si De la Fuente resulta elegido, su caso podría saltar al Tribunal Supremo, la instancia que juzga a los aforados. Reciente jurisprudencia del Alto Tribunal señala que el Supremo arrastra la competencia para juzgar casos en casos de aforamiento “sobrevenido”, es decir, cuando un acusado ha obtenido el escaño entre su procesamiento y la celebración del juicio.

Según la Fiscalía, De la Fuente acudió al ataque con un megáfono y coreó junto a más manifestantes gritos de “vamos a por ellos”, “moros de mierda”, “vamos a quemar el albergue” y “os vamos a matar”.

El Ministerio Público pide a De la Fuente dos años y dos meses de cárcel por un delito de odio, 2.700 euros de multa, cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier oficio educativo así como la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del centro de menores de El Masnou durante dos años.

El desbloqueo de la amnistía empieza a permitir el retorno de los tres dirigentes del procés que permanecían en el extranjero. El exconseller de Cultura y diputado de Junts en el Parlament, Lluís Puig, ha cruzado la frontera a primera hora de este miércoles y ya se encuentra en Catalunya tras nueve años, ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Puig, que solo estuvo tres meses en el cargo pero se ha enfrentado durante nueve años la causa penal que el Supremo abrió por rebelión y mantuvo después por malversación, se convierte en el primer conseller del Govern de Puigdemont en regresar tras la amnistía, a la espera que este jueves lo haga Toni Comín.

Durante estos años, Puig ha permanecido primero en Bélgica y después en Perpignan (Francia), en la Catalunya Nord y cerca de la frontera. “Ha llegado el momento. Hoy voy a los Cants de la Llibertat de Terrassa, la 'terreta' donde nací y viví hasta hace 9 años. Y mañana hacia el Parlament, de donde me fui el 27 de octubre de 2017”, ha dicho el exconseller en X.

Pese a que el Supremo todavía no ha aplicado formalmente la ley a Puig, Comín y Puigdemont, los exconsellers de Cultura y Salud pueden volver ya sin riesgo de ser detenidos porque el juez Llarena les retiró la orden de detención en vigor en España desde hacía nueve años, una antesala de su amnistía.

Después de Puig, este jueves volverá el extitular de Salud Toni Comín, que recogerá en Madrid su acta como eurodiputado de Junts. Por su lado, Puigdemont prepara su regreso para después de las elecciones generales.

Puig pasará el día con su familia, y a partir de las 19.30h. acudirá a unos coros populares, los Cants per la Llibertat, ante el Ayuntamiento de Terrassa, en la que será su reaparición pública. Este jueves, además, acudirá al pleno del Parlament y podrá sentarse en su escaño nueve años después.

La plana mayor de Junts acompañará al exconseller al evento en Terrassa. Asistirán el presidente del Parlament, Josep Rull; el secretario general del partido, Jordi Turull; los vicepresidentes Míriam Nogueras, Antoni Castellà, Mònica Sales y Josep Rius; y el portavoz en el Parlament, Salvador Vergés.

En declaraciones a RAC1, Rull ha explicado que recibirá a Puig este jueves sobre las 15:00 horas en la puerta de la cámara, y luego la Mesa le hará una recepción. También se retirará el lazo amarillo que desde el inicio de la legislatura ha recordado la ausencia de Puig en el hemiciclo, junto a la del también diputado de Junts Carles Puigdemont.

Tal y como ha hecho con anterioridad cuando un diputado ha estado ausente por una baja, el presidente prevé darle la palabra antes del inicio de la sesión plenaria. “Su ausencia no ha sido por casualidad sino por una situación de represión política y judicial clarísima”, ha manifestado Rull.

La ofensiva ultracatólica contra Mongolia sigue coleando en los juzgados, pero la revista vuelve a contraatacar: la publicación ha reclamado 30.000 euros a Abogados Cristianos por acusarla sin pruebas de blanqueo de capitales en una de sus querellas por la portada satírica de un belén.

Contra la sátira del belén, publicada en diciembre de 2022, se querellaron no solo Abogados Cristianos, sino también otros habituales de la persecución penal de la libertad de expresión: el pseudosindicato Manos Limpias, una entidad carlista y los ultras de HazteOir.

Salvo la querella de HazteOir, todas las causas han quedado archivadas al recordar los jueces que la portada estaba amparada por la libertad de expresión y no atentaba contra los sentimientos religiosos. Se trata de un delito decimonónico que muchos juristas consideran desfasado, pero que el adelanto electoral ha impedido derogar en el Congreso pese al compromiso del Gobierno.

A diferencia del resto de entidades ultras, Abogados Cristianos fue más allá y, además de delito contra los sentimientos religiosos, acusó a la revista de blanqueo de capitales. Una imputación “temeraria”, según destaca la demanda que Mongolia ha presentado ahora contra el colectivo ultracatólico por vulneración de su derecho al honor.

Mongolia ha acudido ahora a la vía civil tras no prosperar la querella por la vía penal por denuncia falsa contra Abogados Cristianos. La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona (la misma que consideró que sí se tenía que reabrir el caso de la portada denunciado por HazteOir) confirmó el archivo de la acción legal el año pasado.

Los jueces destacaron que no existían indicios de que Mongolia hubiera perpetrado un delito de blanqueo de capitales “más allá de una apreciación subjetiva no avalada con indicios objetivos de criminalidad”. Las alegaciones de Abogados Cristianos contra la revista, resolvieron los magistrados, eran “genéricas” y suponían “sospechas que no van más allá de afirmaciones no avaladas por indicios”.

Sin embargo, los jueces rechazaron seguir adelante con la causa al asegurar que no podían descartar que Abogados Cristianos supiera que los hechos que imputaba sin pruebas a Mongolia fueran “conocidamente falsos”.

En su demanda por la vía civil contra Abogados Cristianos y su presidenta, Polonia Castellanos, la revista tilda la acusación de blanqueo de capitales de “aberración notoria” que la entidad ultra “pensaba que no tendría consecuencias”.

La indemnización de 30.000 euros solicitada por Mongolia, indica la demanda, responde a los “daños morales y reputacionales” que esta acusación falta de indicios (divulgada ampliamente en varios medios de comunicación) comportó en la revista.

Abogados Cristianos construyó sin pruebas una imputación de blanqueo de capitales “con notorio desprecio a la verdad”, resalta Mongolia, ya que vinculaba a la publicación con la acusación por este delito en otra causa (de la que resultó absuelto) del abogado Gonzalo Boye, sin relación con la revista desde 2017.

Además, la fundación ultracatólica acusó en su querella “de forma sesgada” a la revista de recibir subvenciones públicas, cuando la mayor parte de este dinero correspondía a avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas tras la crisis del COVID-19.

“La imputación pública de un delito de blanqueo de capitales carente de toda base, unida a la presentación sesgada de los datos sobre subvenciones y financiación ICO para sugerir irregularidad o ilicitud, constituye una lesión objetiva de la reputación profesional y empresarial” de la revista Mongolia, concluye su abogado, José Luis Mazón.

El alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona el 29N, Xavier García Albiol, vuelve a salir airoso de una investigación penal. La Fiscalía ha archivado las últimas diligencias abiertas a raíz del desalojo del instituto B9 del pasado diciembre y ha descartado que Albiol discriminara a los centenares de migrantes que dejó en la calle.

Según informan a elDiario.es fuentes jurídicas, la Fiscalía ha archivado la denuncia que interpuso contra Albiol el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, “por no ser los hechos constitutivos de delito”.

En su denuncia, Asens acusaba a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa.

La investigación la pilotaban representantes de la Fiscalía de Barcelona y de su sección contra los delitos de odio por los mensajes contra los migrantes que el alcalde realizó tras el desalojo, ejecutado en diciembre de 2025, a las puertas de Navidad y en plena ola de frío.

Albiol había fijado el B9 como uno de sus objetivos políticos para trasladar una imagen de dureza y aparecer ante los vecinos como la antítesis de las decenas de inmigrantes que malvivían en el local de titularidad municipal. También vinculó a los migrantes con la delincuencia sin pruebas.

Aunque la jueza ordenaba al Ayuntamiento de Badalona a atender a los migrantes, Albiol dejó bien claro que no atenderían a los desalojados, lo que derivó en una crisis social de primera magnitud. Decenas de personas durmieron debajo de un puente durante días, hasta que la Generalitat y entidades sociales como Cáritas intervinieron.

El posible delito de odio ahora descartado era la última investigación abierta a Albiol a raíz del caso del B-9. La jueza que avaló el que fue el mayor desalojo de España avaló que Albiol dejara en la calle a los migrantes que desalojó y consideró que les había prestado “la atención debida”.

Tal y como adelantó este diario, la jueza también había salvado a Albiol de explicar por qué no abrió para los migrantes desalojados el albergue municipal para personas sin hogar clausurado en 2024.

El procedimiento ha servido para descubrir que, tal y como admitió el propio consistorio, el Ayuntamiento de Badalona carece de protocolos para personas sin hogar. El consistorio alegó que la ley no le obliga, y agregó que sí disponía de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar (que ocupaba medio folio).

Los informes municipales que relataban la actuación de servicios sociales durante el desalojo mostraba, a criterio de la Fiscalía, que el Ayuntamiento de Albiol incumplió sus obligaciones legales con los desalojados al no prestar “ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva”. Sin embargo, el Ministerio Público no interpondrá denuncia alguna contra Albiol.

Todas las causas penales que ha afrontado Albiol han terminado con el alcalde exculpado. Hace unos años, fue absuelto de un delito de incitación al odio por repartir unos panfletos que relacionaban a los inmigrantes de origen rumano con la delincuencia, en la precampaña electoral de las municipales de 2011. También resultó exculpado de prevaricación por la instalación de unas antenas.

El único procedimiento abierto que le queda al alcalde es la investigación de la Fiscalía por un tuit de este verano en el que llamó sin pruebas “escoria” a un detenido.

Tirón de orejas, pero archivo. El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la denuncia de un letrado de la administración de justicia (LAJ) contra una magistrada de Barcelona que ordenó arrestarle por no haber pagado una multa de 150 euros, si bien ha afeado a la jueza su “incontestable desatención” al haber acordado su detención.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, pone fin a un caso que vuelve a mostrar que, como en tantos otros tribunales, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona la realidad a veces supera la ficción.

Los protagonistas de la causa eran la titular del juzgado de instrucción 26 de Barcelona, María del Carmen Suárez, y el LAJ (el antiguo secretario judicial) de un juzgado de lo mercantil de la capital catalana. Ambos trabajan en edificios distintos, pero a unas decenas de metros en el mismo complejo judicial, algo que el funcionario nunca comunicó al juzgado.

En febrero de 2021, Suárez impuso al LAJ una condena de 150 euros de multa por un delito leve de coacciones fruto de un conflicto vecinal. A partir de ahí, el juzgado intentó notificarle la sentencia, pero no obtuvo respuesta ni en el correo electrónico ni en el teléfono facilitado por el funcionario. Cuando acudieron a entregarle la resolución en el domicilio que él había dado, el portero les comunicó que ya no vivía allí, algo que el LAJ admitió como “un error” en su declaración.

El recurso del funcionario contra la sentencia de Suárez se desestimó, y llegó la hora de cobrar la sanción impuesta. En mayo de 2021, el juzgado requirió al LAJ para que pagara la multa en 30 días, sin encontrarle en ningún domicilio. A continuación, se averiguaron sus bienes y se descubrió que tenía capacidad para abonar la sanción. Pese a ello, la jueza terminó dictando un auto en el que acordó la “insolvencia” del hombre y sustituyó la multa por el ingreso en prisión.

Este recorrido procesal terminó con la visita de la Guardia Civil al hotel de Santa Cruz de la Palma donde el condenado estaba de vacaciones en agosto de 2021. Los agentes pidieron al funcionario que se dirigiera al cuartel y al juzgado, y así lo hizo el LAJ, que abonó los 150 euros el mismo día. La gestión le impidió acudir a una excursión que tenía contratada.

Al regresar a Barcelona, el LAJ recurrió el auto de la jueza y pidió al TSJ catalán elevar una queja contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el órgano de gobierno de los jueces descartó imponerle sanción alguna.

El funcionario activó luego la vía penal con una querella por prevaricación contra la magistrada. Suárez fue investigada, declaró ante el TSJ catalán, pero su caso fue sobreseído en 2023. Más de tres años después, en septiembre de 2026, el Supremo ha desestimado el recurso del LAJ y ha ratificado el archivo.

La resolución del Supremo censura tanto el comportamiento del LAJ como el de la jueza, y deja la puerta abierta a que el CGPJ reactive la vía disciplinaria contra ella. No sería la primera vez: en 2003 el Consejo la suspendió de funciones por tres años por una falta muy grave de retraso injustificado en la tramitación de las causas.

Para el Alto Tribunal, el LAJ “contribuyó de forma decisiva a dificultar lo que tenía que haber sido un acto ordinario de notificación de la sentencia” al no proporcionar su verdadero domicilio ni contestar al correo electrónico. El “contumaz desinterés” del funcionario, apostilla la Sala, resulta “impropio en la conducta de quien sabe que el desenlace del juicio es el pago de 150 euros”.

Al mismo tiempo, a juicio del Supremo resulta “incuestionable” que la jueza Suárez “quebrantó de forma palmaria y más que evidente el régimen de cumplimiento de la pena de multa”, pero no cometió un delito de prevaricación dadas las “singularidades del caso”.

“Los hechos no admiten un análisis aséptico y distanciado de la gravedad que encierran”, agrega el Supremo, que destaca que posiblemente el LAJ no pasó tiempo detenido “por la profesionalidad esgrimida por los agentes de la Guardia Civil”.

“Declaro terminado este procedimiento”. Con esta rutinaria frase el letrado (antiguo secretario) del juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de Barcelona ha archivado la causa que impedía la eutanasia de Francesc Augé, después de que su padre renunciara formalmente a seguir litigando en los tribunales contra la muerte asistida de su hijo.

Se empieza así a poner fin así a más de dos años y medio de sufrimiento en el paciente, que ha visto incrementado su dolor al ver que la Justicia mantenía en suspenso su derecho a morir avalado por los médicos y juristas de la Generalitat debido al recurso de su padre.

Según ha avanzado la Cadena SER y ha confirmado elDiario.es, el juzgado ha archivado la causa una vez constatado que su padre no quiere seguir con el pleito, por lo que da vía libre a la eutanasia de Augé, aunque por ley ahora abre un plazo de cinco días para que la Fiscalía y el resto de partes pueda presentar un recurso, algo poco probable.

La Generalitat autorizó en agosto de 2024 la muerte digna de Augé, que en la actualidad tiene 56 años, al estar aquejado de importantes secuelas en el movimiento y el habla derivadas de tres ictus y dos infartos. Sin embargo, su padre paralizó la eutanasia con un recurso en el que se oponía a la muerte asistida de su hijo.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que concedió al padre habilitación legal para recurrir la eutanasia de su hijo tras dos años de batalla en los juzgados. El progenitor había hecho caso omiso a las distintas solicitudes de Augé para que se dejara de alargar su sufrimiento y permitiera su muerte digna.

El pasado agosto, tal y como adelantó este diario, el padre de Augé desistió en su objetivo de impedirle la muerte digna. A mediados de septiembre, Francesc Augé intentó suicidarse, por lo que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario.

La decisión del Supremo obligaba al caso a Augé a volver a la casilla de salida de un juzgado de Barcelona, en un pleito que se alargaba ya dos años. De haber continuado hasta la última instancia, el caso podría haber durado, por lo menos, otro año más, ya que los recursos a la eventual demanda podrían reiterarse hasta el Tribunal Supremo. No será así.

La aprobación de la ley de eutanasia en 2021 ha permitido morir dignamente a 1.668 personas, según los datos disponibles hasta final de 2025. La mayoría de solicitudes se han tramitado con normalidad, con solo dos excepciones, los casos de Francesc y Noelia.

En agosto de 2024, dos juezas de Barcelona paralizaron sus eutanasias ya avaladas por el comité catalán de médicos y juristas que estudia todas las peticiones. Lo hicieron a raíz de sendos recursos de sus padres. El de Noelia, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. El de Francesc, por un letrado particular.

“No volveremos al servicio de nuestro partido, sino de nuestro país”. Con estas palabras celebró este martes Carles Puigdemont que, tras nueve años, su horizonte judicial ha comenzado a resolverse y sus planes para retornar a Catalunya como persona libre empieza a tomar cuerpo. Aunque el expresident ha evitado poner fecha a su vuelta, en su entorno dan por hecho que lo hará de manera “inminente pero segura”, sin confirmar si desea hacerlo coincidir con la carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.

Tras la corrección del Constitucional al Supremo en su negativa a aplicar la amnistía, el juez Llarena ha retirado la orden de detención en España que desde 2017 impedía al expresident volver. Esto implica que, desde este martes, Puigdemont puede pisar Catalunya sin ser arrestado.

Puigdemont, horas después de conocer la decisión judicial, ha evitado públicamente poner fecha a su regreso. En una declaración institucional, ha remarcado que la prioridad en su vuelta será el “servicio al país”, al tiempo que ha admitido que los nueve años fuera de Catalunya han supuesto un lastre. “No podemos negar que pese al fracaso de la estrategia para extraditarnos, la represión ha tenido consecuencias en el terreno familiar, personal, social y político”, ha aseverado.

Para el retorno definitivo del expresident todavía faltan unos días o, quizás, semanas: Puigdemont prefiere esperar, como mínimo, a que el juez Llarena certifique en un nuevo auto que le aplica la amnistía. No hay un plazo tasado, pero la resolución se producirá una vez el expresident u otro exconseller aporte al Supremo la sentencia del Constitucional sobre la amnistía a la exconsellera Dolors Bassa, que sienta doctrina para amnistiar al resto de dirigentes.

Antes de rubricar oficialmente esta primera sentencia sobre la amnistía que servirá a Puigdemont y al resto de dirigentes, el Constitucional tiene que recabar los votos particulares anunciados por los magistrados conservadores para exponer sus argumentos contrarios a la amnistía a Bassa. Cuando se completen, el Supremo amnistiará a todos los políticos que desde 2024 esperan el olvido penal del procés.

Por eso, en el entorno del expresident se impone la cautela, más aún después de casi diez años de batalla judicial con el Supremo. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya ha advertido de que el líder de Junts volverá a Catalunya “una vez esté aplicada de forma integral la amnistía”, pero que no se precipitará.

Esta es la “seguridad” que el equipo del expresident desea para activar el retorno. Pero no menos importante es la dimensión política de un retorno simbólico y largamente esperado por muchos catalanes. Puigdemont desea dar un sentido institucional y “de país” a su regreso, por lo que medita sobre si conviene hacerlo antes o después de las elecciones del 29N. Según opinó el propio Boye en los micrófonos de 3CatInfo, “lo más sensato” sería que Puigdemont esperara a que pasaran los comicios.

Los fieles del expresident, que este martes tras la decisión del juez Llarena brindaron con cava tanto en Barcelona como en Bruselas, han imaginado durante nueve años cómo sería el día que Puigdemont y sus compañeros en Waterloo pudieran volver a Catalunya. Tal como detalló él mismo, su intención es recorrer Catalunya, observar de cerca los cambios sufridos durante su ausencia y poder pulsar el estado de ánimo de la población.

“En términos de la relación Catalunya-España no se soluciona hoy nada”, ha proclamado Puigdemont. “La amnistía forma parte de la fórmula para la resolución del conflicto histórico, pero no es en sí misma su solución. Lo hemos dicho desde el primer día, con la misma claridad con la que subrayamos también la enorme importancia política que tiene la ley, el enorme significado que tiene como desautorización de la represión y por el reconocimiento implícito de que éste no era el camino”, ha añadido.

El líder de Junts desea que su vuelta sea una victoria política, “del exilio contra la represión”, y hacerlo en clave del independentismo en su conjunto y no solo de su propio partido. Esa ha sido una de las claves del mensaje pronunciado desde Bruselas, que encaja con el interés que en los últimos meses ha mostrado por recobrar en lo posible su halo institucional desde Waterloo.

Por eso en las filas del expresident descartan de plano la posibilidad de presentarse a las elecciones como candidato, tal y como se había llegado a especular. Consideran que eso sería tanto como “españolizar” el retorno, es decir, ponerlo al servicio de una agenda con epicentro español y no catalán. Una vuelta que desean que sea un evento histórico propio, es decir, que ni esté eclipsada por las elecciones convocadas por Pedro Sánchez ni tampoco responda a un calendario convenido por los tribunales.

Junts, necesitado del impulso de Puigdemont

El deseo del expresident de mantener, al menos durante los primeros compases de su vuelta a Catalunya, un perfil de corte más institucional que partidista no impide que, en Junts, esperen el regreso como un revulsivo para el partido. La formación fundada por el propio Puigdemont sobre los rescoldos de Convergència atraviesa ahora el momento más apurado de su historia, con unas encuestas alarmantes que subrayan la fuga de sus votantes hacia la xenófoba Aliança Catalana.

Numerosos dirigentes de Junts ven en el regreso de su líder un punto de inflexión –quizás el último– para que el partido pueda volver a conectar con la pulsión de su electorado. También para que la independencia vuelva a ser considerada un objetivo posible y no un debate del pasado. De eso depende en buena medida, creen, la batalla entre Junts y Aliança y el futuro de ambas formaciones.

El Parlament de Catalunya se ha convertido este lunes en la primera institución del Estado en la que arranca una comisión de investigación dedicada al Patronato de Protección de la Mujer, la cárcel franquista para adolescentes que les imponía la moral patriarcal nacionalcatólica.

Seis supervivientes han detallado a los diputados que han querido asistir a la sesión (los representantes de PP, Vox y Aliança Catalana no han aparecido) su traumática experiencia, al tiempo que han reclamado su reparación.

Supervivientes (que no víctimas) y reparación. Ha sido el hilo conductor de la sesión a través de los testimonios de Pilar Dasí Crespo, Isabel de la Cruz Gallego Soler, Mariona Roca Tort, Maria Forns Roca, Lucía Vicioso Vitoria y Montserrat Alegret Fenoll. Todas estuvieron encerradas en hogares o centros de religiosas Adoratrices, Oblatas o Cruzadas Evangélicas en Madrid, Barcelona, Badalona, València o Logroño.

“Mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie”, era la inscripción que presidía uno de los internados en los que permaneció Montserrat Alegret. Tanto ella como las otras comparecientes, de origen social y familiar diverso, han relatado su paso por los centros, marcado por el trabajo forzoso, la oración, el aislamiento entre internas, la falta de libertad y, en algunas supervivientes, los tratamientos psiquiátricos sin consentimiento. La alianza entre Estado franquista, Iglesia y psiquiatría para imponer la moral nacionalcatólica a las mujeres.

“Las monjas rompían las cartas y no nos dejaban hablar entre nosotras”, ha recordado Lucía Vicioso. “Decían que trabajábamos para El Corte Inglés”, ha dicho Mariona Roca. “Yo en talleres cosí para Pronovias”, ha rememorado Alegret, que ha concluido con una reivindicación: “No tengo nada que esconder, y quiero verbalizarlo par que no se vuelva a repetir”.

“Yo era la progre, la roja del Patronato, y el padre de mi hija era hijo de un militar conservador y lo primero que me dijo era que me deshiciera de mi hija, y yo le dije que 'no'”, ha resaltado Isabel de la Cruz. Su hija nació con graves lesiones tras ser asistida en el parto por monjas y cocineras del Patronato.

La falta de colaboración de las órdenes religiosas se ha vuelto a poner de manifiesto con los testimonios de las supervivientes, que han detallado la parca información sobre sus expedientes y su paso por los centros del Patronato que han recibido cuando la han reclamado a las Adoratrices o las Oblatas. “La impunidad es dura de digerir”, ha admitido Mariona Roca.

“Hace un año pedí el expediente, me enviaron una copia de mi ficha ingreso y como motivo ponía que mis padres eran ciegos y que yo como hija burlaba su vigilancia al ir con 'malas compañías'”, ha aseverado Montserrat Alegret. Maria Forns ha indicado que, tras su petición, solo recibió de las Adoratrices “una foto de mala calidad pese al compromiso de la congregación a facilitar mi expediente”.

“Lo que nos hicieron está pendiente de reparación”, ha zanjado Pilar Dasí. Mariona Roca ha incidido en la necesidad de una reparación efectiva para las supervivientes, más allá de incluirlas como víctimas del franquismo en la nueva ley de memoria democrática que aprobará el Parlament: “No se trata de que nos pidan un perdón simbólico, se trata de admitir de que el Estado y las monjas admitan que nos hicieron daño, que abran sus archivos y que lo expliquen todo”.

Después de que algunas mujeres lograran romper el silencio y organizarse, las instituciones han empezado a dar pasos simbólicos para reconocer a las supervivientes del Patronato, las grandes olvidadas entre el colectivo de víctimas del franquismo. El Gobierno les entregó un reconocimiento simbólico el pasado marzo, mientras que el acto organizado por las congregaciones religiosas terminó con una sonora protesta de las supervivientes por la falta de una reparación efectiva. 

Tal y como desveló elDiario.es, entre 2021 y 2025 una de las congregaciones que gestionó el Patronato, las Adoratrices, recibieron subvenciones de distintas administraciones que ascienden a 18 millones de euros por programas de ayuda a mujeres víctimas de trata o de violencia de género. Si el Parlament insta al Govern a acabar con estas subvenciones será uno de los trabajos de la comisión de investigación.

El asesinato de Helena Jubany se juzgará. Una magistrada de Sabadell (Barcelona) ha enviado a juicio por jurado popular a S.L., el único acusado por el crimen de la joven hace 25 años.

La causa, que la familia de la joven bibliotecaria ha luchado durante décadas para que no cayera en el olvido, encara un juicio histórico después de estar al borde de la prescripción.

Tras la celebración este viernes de la vistilla preliminar, la jueza ha rechazado el último intento de S.L. para archivar el caso (ha alegado que su ADN en la ropa de la joven pudo deberse a que su anterior abogado habría tocado la prenda) y ha enviado la causa a la oficina del jurado de la Audiencia de Barcelona.

“Es un planteamiento muy creativo”, ha resumido el abogado de la familia, Benet Salellas. Joan Jubany, hermano de la víctima, ha pedido “no alargar el sufrimiento” más tiempo y celebrar con rapidez el juicio.

La Fiscalía y la familia de la joven piden 26 años de cárcel contra S.L., el único acusado en el juicio, por los delitos de asesinato y detención ilegal.

El caso de Helena Jubany encara definitivamente un juicio tras la reapertura de la investigación en 2021, impulsada por un capítulo de Crims, el true crime de Carles Porta, que removió conciencias en Sabadell y reabrió una causa archivada sin procesar a ningún sospechoso hace décadas.

La familia se había encontrado con un muro en la Justicia, pero los nuevos indicios se pudieron obtener gracias al avance de las técnicas de ADN.

Los trabajos del laboratorio de la Comisaría General de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía han permitido hallar coincidencias con el ADN de S.L. (sospechoso inicial ya en 2001) en el jersey que vestía la víctima cuando fue asesinada, en lo que se ha convertido en una de las principales pruebas de cargo.

Según mantienen las acusaciones, la madrugada del 2 de diciembre de 2001, el acusado suministró sustancias estupefacientes (benzodiazepinas) a la víctima a sabiendas de que Jubany perdería la conciencia.

Aprovechando que la joven había perdido la capacidad “para desplegar conducta alguna de defensa o huida”, continúan las acusaciones, el acusado la transportó a la azotea del edificio donde vivía y la arrojó al vacío.

El acusado pudo no ser el único en particpar estos hechos, pero sobre el resto de sospechosos no pesan suficientes indicios. La otra sospechosa se suicidó en prisión en 2002 cuando empezó la investigación.

Además de la pena de prisión, las acusaciones piden que S.L. abone una indemnización de 600.000 euros a los familiares de la víctima en concepto de responsabilidad civil (200.000 para el padre y la madre, y 100.000 para cada uno de los hermanos de Jubany).