El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permite al Grupo Bancalé transformar el antiguo convento de Jerusalén, anexo al estadio de La Romareda, en un complejo residencial y asistencial de 220 viviendas y dos residencias. Una operación, bautizada como 'Living Romareda', que consolida uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la ciudad en los últimos años: una parcela adquirida en 2018 por unos 8,8 millones de euros se convierte en un proyecto cuya edificabilidad más que se triplica y cuyas viviendas, con una superficie media superior a los 120 metros cuadrados en una de las zonas más cotizadas de Zaragoza, pueden superar el millón de euros por unidad.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha presentado el plan como un ejemplo de regeneración urbana. “Zaragoza avanza con determinación en la resolución de cicatrices urbanas que llevaban décadas lastrando la escena urbana de nuestros barrios”, ha declarado este lunes, y ha valorado que su impulso responde “directamente al interés público”.

En junio, cuando se aprobó inicialmente el proyecto, los ingresos para el Ayuntamiento se situaron en 22 millones de euros, la cifra que el promotor había propuesto como tope máximo en diciembre de 2025. El convenio urbanístico aprobado este lunes fija esa compensación en apenas 400.000 euros más. Lo que en ese momento era una estimación del propio interesado sin justificación técnica acreditada –así lo señaló el informe de la arquitecta jefa del Servicio Técnico de Planeamiento, que advirtió de que la propuesta económica no iba acompañada “de valoración técnica que justifique la cantidad señalada”– se ha convertido diez meses después en la cifra definitiva del convenio, incrementada en un 1,8%.

A cambio, la edificabilidad total del proyecto ha crecido. El convenio definitivo recoge 17.120 metros cuadrados de techo para usos terciarios y 25.255 para uso residencial, un total de 42.375 metros cuadrados, frente a los 39.445 metros cuadrados de la propuesta inicial. Así, el promotor obtiene casi 3.000 metros cuadrados adicionales de edificabilidad por 400.000 euros más de compensación. Cuestionadas al respecto, fuentes municipales se limitan a señalar que “la estimación de todo, atada y bien analizada por los técnicos municipales, da el resultado del importe total que se indica”.

El trasfondo judicial

La operación tiene además un trasfondo judicial que el Ayuntamiento no ha mencionado en ninguna de sus comunicaciones públicas sobre el proyecto desde mayo. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió en una sentencia que la edificabilidad terciaria que consolida el convenio –17.120 metros cuadrados– supera en casi 5.000 metros la que el tribunal reconoció como correcta bajo el planeamiento vigente, e incluso supera los 15.595 metros cuadrados que el propio promotor había reclamado en su solicitud inicial.

El fallo del TSJ resolvió además que la cesión de 1.135 metros cuadrados para la apertura de un nuevo vial entre el paseo de Isabel la Católica y la calle de Álvaro de Bazán debía realizarse de forma gratuita y sin contraprestación. El promotor había litigado durante años para que fuera considerada onerosa y, por lo tanto, generadora de edificabilidad adicional. El convenio hecho público este lunes recoge esa cesión gratuita, que Serrano ha presentado como una aportación del promotor al barrio. “Hemos escuchado a los vecinos y a los grupos políticos para mejorar sustancialmente el proyecto”, ha declarado el consejero, que ha destacado que la cesión “transformará un recinto amurallado en un espacio permeable y con mejores dotaciones de movilidad para todo el barrio.”

La tramitación del expediente ha durado diez meses desde que Enta Properties, la sociedad del Grupo Bancalé propietaria del solar, presentó la solicitud en diciembre de 2025. El proceso ha pasado por el Consejo de Gerencia de Urbanismo, la Comisión de Urbanismo y el período de información pública, en el que solo se presentaron tres alegaciones de vecinos particulares. “Durante el periodo, durante lo que ha sido el expediente y de cara a esta aprobación definitiva solamente ha habido tres alegaciones de tres vecinos”, ha confirmado el propio Serrano. La aprobación definitiva ha contado con el respaldo de PP, Vox y la concejal no adscrita, y con el rechazo de PSOE y Zaragoza en Común.

Más plazas de aparcamiento

Como novedad respecto a la aprobación inicial de junio, el convenio definitivo incorpora la obligación de construir un 20% adicional de plazas de aparcamiento privado por encima del mínimo legal, condición que Vox exigió para apoyar el proyecto. “Esos aprovechamientos vienen a suponer en número aproximadamente unas 100 plazas de aparcamiento más de las que había previsto”, ha explicado Serrano. Las viviendas destinadas a alquiler –entre 68 y 70 de las 220 previstas– deberán mantenerse en ese régimen durante un plazo mínimo de diez años.

El Grupo Bancalé, fundado por el empresario aragonés Juan Ramón Fabre Marqués, adquirió la parcela del antiguo convento en septiembre de 2018. La sociedad compradora, Enta Properties SL, es una filial del grupo cuya administración única corresponde a Bancalé Servicios Integrales SL. La parcela estuvo bloqueada durante años por un procedimiento judicial sobre licencias de demolición y apertura que concluyó con la sentencia del TSJ de mayo de 2026. El Ayuntamiento fue condenado en costas en primera instancia por inactividad administrativa prolongada ante las solicitudes de licencia presentadas por el promotor en 2019.

El Gobierno de Aragón mantuvo en 600 euros el tope de alquiler del Bono Alquiler Joven pese a que la normativa estatal le permitía elevarlo hasta 900, y a la última convocatoria se presentaron menos de la mitad de jóvenes que a la anterior: 2.935 frente a 6.531. Catorce meses después de cerrarse el plazo, la ayuda ha empezado a llegar a sus beneficiarios, según un informe del Departamento de Vivienda al que ha tenido acceso este medio.

La propia Consejería atribuye la caída de solicitudes a ese límite de 600 euros mensuales que fija el real decreto estatal para acceder a la ayuda. Según su explicación, la fuerte subida de los precios en los últimos años ha dejado fuera a muchas personas con alquileres por encima de ese tope, “pese a encontrarse en situación de necesidad” y aunque sus contratos respondan a precios de mercado.

El decreto que regula el bono, sin embargo, permite a las comunidades autónomas elevarlo hasta 900 euros en zonas donde los estudios del mercado del alquiler lo justifiquen, con el acuerdo del Ministerio. Otras autonomías lo hicieron en la misma etapa del programa: la Comunidad de Madrid, por ejemplo, fijó en su convocatoria de 2025 un tope de 900 euros para familias numerosas y determinados municipios.

Pero el Gobierno de Aragón no lo solicitó. Fuentes del Departamento explican que, al preparar la convocatoria, “no se previó una caída de solicitudes de esa magnitud” en el tramo de alquileres de hasta 600 euros. Las mismas fuentes indican que se consideró el “riesgo de que elevar el umbral pudiera favorecer un encarecimiento de los nuevos contratos”, de forma que el aumento de los alquileres absorbiera parte de la ayuda.

Ese argumento no le impide ahora ir más allá: según el Departamento, las futuras convocatorias cubrirán rentas de hasta 1.000 euros. Este año, en todo caso, no habrá nueva convocatoria. La Consejería prevé una bianual en 2027, cuando se firme el convenio con el Ministerio para aplicar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Más de un año sin cobrar

Según el informe, 1.217 jóvenes tienen ya la ayuda concedida y pagada, por un importe de 2,8 millones de euros, mientras que otros 2 millones están en fase de pago. Pese a esto, casi un tercio de las solicitudes continúa sin resolverse.

La convocatoria, correspondiente a 2024-2025, se abrió en julio del año pasado y se cerró mes y medio más tarde. Durante más de un año ninguno de los solicitantes cobró: a 31 de julio de 2026, según el dato público de ejecución presupuestaria del Gobierno de Aragón, el gasto reconocido con cargo al fondo del bono era de 48.620 euros, a pesar de que el Ministerio había ingresado en diciembre –medio año antes– los primeros 7,6 millones. El retraso llevó a la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, a pedir que se agilizara la tramitación, y el consejero de Fomento, Octavio López, atribuyó en las Cortes la demora a que el proceso estaba condicionado a la llegada de los fondos.

Además de las 1.217 ayudas concedidas, el informe recoge 583 solicitudes denegadas por no cumplir los requisitos y 250 cerradas por renuncia o desistimiento. Quedan pendientes 596 expedientes en los que se ha pedido al solicitante que subsane defectos o aporte documentación, con otros 289 aún en trámite.

El Departamento advierte de que el importe abonado no refleja el total de la ayuda: el bono se concede hasta un máximo de 24 meses, pero se paga a medida que el beneficiario presenta los recibos de las mensualidades ya pagadas, por lo que no puede abonarse de una vez. Hasta ahora, lo transferido o en fase de pago suma 4,8 millones, menos de un tercio de los 15,2 millones que el Ministerio ha destinado a Aragón para esta convocatoria tras duplicar en julio la dotación inicial.