El alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona el 29N, Xavier García Albiol, vuelve a salir airoso de una investigación penal. La Fiscalía ha archivado las últimas diligencias abiertas a raíz del desalojo del instituto B9 del pasado diciembre y ha descartado que Albiol discriminara a los centenares de migrantes que dejó en la calle.

Según informan a elDiario.es fuentes jurídicas, la Fiscalía ha archivado la denuncia que interpuso contra Albiol el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, “por no ser los hechos constitutivos de delito”.

En su denuncia, Asens acusaba a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa.

La investigación la pilotaban representantes de la Fiscalía de Barcelona y de su sección contra los delitos de odio por los mensajes contra los migrantes que el alcalde realizó tras el desalojo, ejecutado en diciembre de 2025, a las puertas de Navidad y en plena ola de frío.

Albiol había fijado el B9 como uno de sus objetivos políticos para trasladar una imagen de dureza y aparecer ante los vecinos como la antítesis de las decenas de inmigrantes que malvivían en el local de titularidad municipal. También vinculó a los migrantes con la delincuencia sin pruebas.

Aunque la jueza ordenaba al Ayuntamiento de Badalona a atender a los migrantes, Albiol dejó bien claro que no atenderían a los desalojados, lo que derivó en una crisis social de primera magnitud. Decenas de personas durmieron debajo de un puente durante días, hasta que la Generalitat y entidades sociales como Cáritas intervinieron.

El posible delito de odio ahora descartado era la última investigación abierta a Albiol a raíz del caso del B-9. La jueza que avaló el que fue el mayor desalojo de España avaló que Albiol dejara en la calle a los migrantes que desalojó y consideró que les había prestado “la atención debida”.

Tal y como adelantó este diario, la jueza también había salvado a Albiol de explicar por qué no abrió para los migrantes desalojados el albergue municipal para personas sin hogar clausurado en 2024.

El procedimiento ha servido para descubrir que, tal y como admitió el propio consistorio, el Ayuntamiento de Badalona carece de protocolos para personas sin hogar. El consistorio alegó que la ley no le obliga, y agregó que sí disponía de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar (que ocupaba medio folio).

Los informes municipales que relataban la actuación de servicios sociales durante el desalojo mostraba, a criterio de la Fiscalía, que el Ayuntamiento de Albiol incumplió sus obligaciones legales con los desalojados al no prestar “ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva”. Sin embargo, el Ministerio Público no interpondrá denuncia alguna contra Albiol.

Todas las causas penales que ha afrontado Albiol han terminado con el alcalde exculpado. Hace unos años, fue absuelto de un delito de incitación al odio por repartir unos panfletos que relacionaban a los inmigrantes de origen rumano con la delincuencia, en la precampaña electoral de las municipales de 2011. También resultó exculpado de prevaricación por la instalación de unas antenas.

El único procedimiento abierto que le queda al alcalde es la investigación de la Fiscalía por un tuit de este verano en el que llamó sin pruebas “escoria” a un detenido.

Tirón de orejas, pero archivo. El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la denuncia de un letrado de la administración de justicia (LAJ) contra una magistrada de Barcelona que ordenó arrestarle por no haber pagado una multa de 150 euros, si bien ha afeado a la jueza su “incontestable desatención” al haber acordado su detención.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, pone fin a un caso que vuelve a mostrar que, como en tantos otros tribunales, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona la realidad a veces supera la ficción.

Los protagonistas de la causa eran la titular del juzgado de instrucción 26 de Barcelona, María del Carmen Suárez, y el LAJ (el antiguo secretario judicial) de un juzgado de lo mercantil de la capital catalana. Ambos trabajan en edificios distintos, pero a unas decenas de metros en el mismo complejo judicial, algo que el funcionario nunca comunicó al juzgado.

En febrero de 2021, Suárez impuso al LAJ una condena de 150 euros de multa por un delito leve de coacciones fruto de un conflicto vecinal. A partir de ahí, el juzgado intentó notificarle la sentencia, pero no obtuvo respuesta ni en el correo electrónico ni en el teléfono facilitado por el funcionario. Cuando acudieron a entregarle la resolución en el domicilio que él había dado, el portero les comunicó que ya no vivía allí, algo que el LAJ admitió como “un error” en su declaración.

El recurso del funcionario contra la sentencia de Suárez se desestimó, y llegó la hora de cobrar la sanción impuesta. En mayo de 2021, el juzgado requirió al LAJ para que pagara la multa en 30 días, sin encontrarle en ningún domicilio. A continuación, se averiguaron sus bienes y se descubrió que tenía capacidad para abonar la sanción. Pese a ello, la jueza terminó dictando un auto en el que acordó la “insolvencia” del hombre y sustituyó la multa por el ingreso en prisión.

Este recorrido procesal terminó con la visita de la Guardia Civil al hotel de Santa Cruz de la Palma donde el condenado estaba de vacaciones en agosto de 2021. Los agentes pidieron al funcionario que se dirigiera al cuartel y al juzgado, y así lo hizo el LAJ, que abonó los 150 euros el mismo día. La gestión le impidió acudir a una excursión que tenía contratada.

Al regresar a Barcelona, el LAJ recurrió el auto de la jueza y pidió al TSJ catalán elevar una queja contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el órgano de gobierno de los jueces descartó imponerle sanción alguna.

El funcionario activó luego la vía penal con una querella por prevaricación contra la magistrada. Suárez fue investigada, declaró ante el TSJ catalán, pero su caso fue sobreseído en 2023. Más de tres años después, en septiembre de 2026, el Supremo ha desestimado el recurso del LAJ y ha ratificado el archivo.

La resolución del Supremo censura tanto el comportamiento del LAJ como el de la jueza, y deja la puerta abierta a que el CGPJ reactive la vía disciplinaria contra ella. No sería la primera vez: en 2003 el Consejo la suspendió de funciones por tres años por una falta muy grave de retraso injustificado en la tramitación de las causas.

Para el Alto Tribunal, el LAJ “contribuyó de forma decisiva a dificultar lo que tenía que haber sido un acto ordinario de notificación de la sentencia” al no proporcionar su verdadero domicilio ni contestar al correo electrónico. El “contumaz desinterés” del funcionario, apostilla la Sala, resulta “impropio en la conducta de quien sabe que el desenlace del juicio es el pago de 150 euros”.

Al mismo tiempo, a juicio del Supremo resulta “incuestionable” que la jueza Suárez “quebrantó de forma palmaria y más que evidente el régimen de cumplimiento de la pena de multa”, pero no cometió un delito de prevaricación dadas las “singularidades del caso”.

“Los hechos no admiten un análisis aséptico y distanciado de la gravedad que encierran”, agrega el Supremo, que destaca que posiblemente el LAJ no pasó tiempo detenido “por la profesionalidad esgrimida por los agentes de la Guardia Civil”.

“Declaro terminado este procedimiento”. Con esta rutinaria frase el letrado (antiguo secretario) del juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de Barcelona ha archivado la causa que impedía la eutanasia de Francesc Augé, después de que su padre renunciara formalmente a seguir litigando en los tribunales contra la muerte asistida de su hijo.

Se empieza así a poner fin así a más de dos años y medio de sufrimiento en el paciente, que ha visto incrementado su dolor al ver que la Justicia mantenía en suspenso su derecho a morir avalado por los médicos y juristas de la Generalitat debido al recurso de su padre.

Según ha avanzado la Cadena SER y ha confirmado elDiario.es, el juzgado ha archivado la causa una vez constatado que su padre no quiere seguir con el pleito, por lo que da vía libre a la eutanasia de Augé, aunque por ley ahora abre un plazo de cinco días para que la Fiscalía y el resto de partes pueda presentar un recurso, algo poco probable.

La Generalitat autorizó en agosto de 2024 la muerte digna de Augé, que en la actualidad tiene 56 años, al estar aquejado de importantes secuelas en el movimiento y el habla derivadas de tres ictus y dos infartos. Sin embargo, su padre paralizó la eutanasia con un recurso en el que se oponía a la muerte asistida de su hijo.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que concedió al padre habilitación legal para recurrir la eutanasia de su hijo tras dos años de batalla en los juzgados. El progenitor había hecho caso omiso a las distintas solicitudes de Augé para que se dejara de alargar su sufrimiento y permitiera su muerte digna.

El pasado agosto, tal y como adelantó este diario, el padre de Augé desistió en su objetivo de impedirle la muerte digna. A mediados de septiembre, Francesc Augé intentó suicidarse, por lo que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario.

La decisión del Supremo obligaba al caso a Augé a volver a la casilla de salida de un juzgado de Barcelona, en un pleito que se alargaba ya dos años. De haber continuado hasta la última instancia, el caso podría haber durado, por lo menos, otro año más, ya que los recursos a la eventual demanda podrían reiterarse hasta el Tribunal Supremo. No será así.

La aprobación de la ley de eutanasia en 2021 ha permitido morir dignamente a 1.668 personas, según los datos disponibles hasta final de 2025. La mayoría de solicitudes se han tramitado con normalidad, con solo dos excepciones, los casos de Francesc y Noelia.

En agosto de 2024, dos juezas de Barcelona paralizaron sus eutanasias ya avaladas por el comité catalán de médicos y juristas que estudia todas las peticiones. Lo hicieron a raíz de sendos recursos de sus padres. El de Noelia, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. El de Francesc, por un letrado particular.

“No volveremos al servicio de nuestro partido, sino de nuestro país”. Con estas palabras celebró este martes Carles Puigdemont que, tras nueve años, su horizonte judicial ha comenzado a resolverse y sus planes para retornar a Catalunya como persona libre empieza a tomar cuerpo. Aunque el expresident ha evitado poner fecha a su vuelta, en su entorno dan por hecho que lo hará de manera “inminente pero segura”, sin confirmar si desea hacerlo coincidir con la carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.

Tras la corrección del Constitucional al Supremo en su negativa a aplicar la amnistía, el juez Llarena ha retirado la orden de detención en España que desde 2017 impedía al expresident volver. Esto implica que, desde este martes, Puigdemont puede pisar Catalunya sin ser arrestado.

Puigdemont, horas después de conocer la decisión judicial, ha evitado públicamente poner fecha a su regreso. En una declaración institucional, ha remarcado que la prioridad en su vuelta será el “servicio al país”, al tiempo que ha admitido que los nueve años fuera de Catalunya han supuesto un lastre. “No podemos negar que pese al fracaso de la estrategia para extraditarnos, la represión ha tenido consecuencias en el terreno familiar, personal, social y político”, ha aseverado.

Para el retorno definitivo del expresident todavía faltan unos días o, quizás, semanas: Puigdemont prefiere esperar, como mínimo, a que el juez Llarena certifique en un nuevo auto que le aplica la amnistía. No hay un plazo tasado, pero la resolución se producirá una vez el expresident u otro exconseller aporte al Supremo la sentencia del Constitucional sobre la amnistía a la exconsellera Dolors Bassa, que sienta doctrina para amnistiar al resto de dirigentes.

Antes de rubricar oficialmente esta primera sentencia sobre la amnistía que servirá a Puigdemont y al resto de dirigentes, el Constitucional tiene que recabar los votos particulares anunciados por los magistrados conservadores para exponer sus argumentos contrarios a la amnistía a Bassa. Cuando se completen, el Supremo amnistiará a todos los políticos que desde 2024 esperan el olvido penal del procés.

Por eso, en el entorno del expresident se impone la cautela, más aún después de casi diez años de batalla judicial con el Supremo. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya ha advertido de que el líder de Junts volverá a Catalunya “una vez esté aplicada de forma integral la amnistía”, pero que no se precipitará.

Esta es la “seguridad” que el equipo del expresident desea para activar el retorno. Pero no menos importante es la dimensión política de un retorno simbólico y largamente esperado por muchos catalanes. Puigdemont desea dar un sentido institucional y “de país” a su regreso, por lo que medita sobre si conviene hacerlo antes o después de las elecciones del 29N. Según opinó el propio Boye en los micrófonos de 3CatInfo, “lo más sensato” sería que Puigdemont esperara a que pasaran los comicios.

Los fieles del expresident, que este martes tras la decisión del juez Llarena brindaron con cava tanto en Barcelona como en Bruselas, han imaginado durante nueve años cómo sería el día que Puigdemont y sus compañeros en Waterloo pudieran volver a Catalunya. Tal como detalló él mismo, su intención es recorrer Catalunya, observar de cerca los cambios sufridos durante su ausencia y poder pulsar el estado de ánimo de la población.

“En términos de la relación Catalunya-España no se soluciona hoy nada”, ha proclamado Puigdemont. “La amnistía forma parte de la fórmula para la resolución del conflicto histórico, pero no es en sí misma su solución. Lo hemos dicho desde el primer día, con la misma claridad con la que subrayamos también la enorme importancia política que tiene la ley, el enorme significado que tiene como desautorización de la represión y por el reconocimiento implícito de que éste no era el camino”, ha añadido.

El líder de Junts desea que su vuelta sea una victoria política, “del exilio contra la represión”, y hacerlo en clave del independentismo en su conjunto y no solo de su propio partido. Esa ha sido una de las claves del mensaje pronunciado desde Bruselas, que encaja con el interés que en los últimos meses ha mostrado por recobrar en lo posible su halo institucional desde Waterloo.

Por eso en las filas del expresident descartan de plano la posibilidad de presentarse a las elecciones como candidato, tal y como se había llegado a especular. Consideran que eso sería tanto como “españolizar” el retorno, es decir, ponerlo al servicio de una agenda con epicentro español y no catalán. Una vuelta que desean que sea un evento histórico propio, es decir, que ni esté eclipsada por las elecciones convocadas por Pedro Sánchez ni tampoco responda a un calendario convenido por los tribunales.

Junts, necesitado del impulso de Puigdemont

El deseo del expresident de mantener, al menos durante los primeros compases de su vuelta a Catalunya, un perfil de corte más institucional que partidista no impide que, en Junts, esperen el regreso como un revulsivo para el partido. La formación fundada por el propio Puigdemont sobre los rescoldos de Convergència atraviesa ahora el momento más apurado de su historia, con unas encuestas alarmantes que subrayan la fuga de sus votantes hacia la xenófoba Aliança Catalana.

Numerosos dirigentes de Junts ven en el regreso de su líder un punto de inflexión –quizás el último– para que el partido pueda volver a conectar con la pulsión de su electorado. También para que la independencia vuelva a ser considerada un objetivo posible y no un debate del pasado. De eso depende en buena medida, creen, la batalla entre Junts y Aliança y el futuro de ambas formaciones.

El Parlament de Catalunya se ha convertido este lunes en la primera institución del Estado en la que arranca una comisión de investigación dedicada al Patronato de Protección de la Mujer, la cárcel franquista para adolescentes que les imponía la moral patriarcal nacionalcatólica.

Seis supervivientes han detallado a los diputados que han querido asistir a la sesión (los representantes de PP, Vox y Aliança Catalana no han aparecido) su traumática experiencia, al tiempo que han reclamado su reparación.

Supervivientes (que no víctimas) y reparación. Ha sido el hilo conductor de la sesión a través de los testimonios de Pilar Dasí Crespo, Isabel de la Cruz Gallego Soler, Mariona Roca Tort, Maria Forns Roca, Lucía Vicioso Vitoria y Montserrat Alegret Fenoll. Todas estuvieron encerradas en hogares o centros de religiosas Adoratrices, Oblatas o Cruzadas Evangélicas en Madrid, Barcelona, Badalona, València o Logroño.

“Mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie”, era la inscripción que presidía uno de los internados en los que permaneció Montserrat Alegret. Tanto ella como las otras comparecientes, de origen social y familiar diverso, han relatado su paso por los centros, marcado por el trabajo forzoso, la oración, el aislamiento entre internas, la falta de libertad y, en algunas supervivientes, los tratamientos psiquiátricos sin consentimiento. La alianza entre Estado franquista, Iglesia y psiquiatría para imponer la moral nacionalcatólica a las mujeres.

“Las monjas rompían las cartas y no nos dejaban hablar entre nosotras”, ha recordado Lucía Vicioso. “Decían que trabajábamos para El Corte Inglés”, ha dicho Mariona Roca. “Yo en talleres cosí para Pronovias”, ha rememorado Alegret, que ha concluido con una reivindicación: “No tengo nada que esconder, y quiero verbalizarlo par que no se vuelva a repetir”.

“Yo era la progre, la roja del Patronato, y el padre de mi hija era hijo de un militar conservador y lo primero que me dijo era que me deshiciera de mi hija, y yo le dije que 'no'”, ha resaltado Isabel de la Cruz. Su hija nació con graves lesiones tras ser asistida en el parto por monjas y cocineras del Patronato.

La falta de colaboración de las órdenes religiosas se ha vuelto a poner de manifiesto con los testimonios de las supervivientes, que han detallado la parca información sobre sus expedientes y su paso por los centros del Patronato que han recibido cuando la han reclamado a las Adoratrices o las Oblatas. “La impunidad es dura de digerir”, ha admitido Mariona Roca.

“Hace un año pedí el expediente, me enviaron una copia de mi ficha ingreso y como motivo ponía que mis padres eran ciegos y que yo como hija burlaba su vigilancia al ir con 'malas compañías'”, ha aseverado Montserrat Alegret. Maria Forns ha indicado que, tras su petición, solo recibió de las Adoratrices “una foto de mala calidad pese al compromiso de la congregación a facilitar mi expediente”.

“Lo que nos hicieron está pendiente de reparación”, ha zanjado Pilar Dasí. Mariona Roca ha incidido en la necesidad de una reparación efectiva para las supervivientes, más allá de incluirlas como víctimas del franquismo en la nueva ley de memoria democrática que aprobará el Parlament: “No se trata de que nos pidan un perdón simbólico, se trata de admitir de que el Estado y las monjas admitan que nos hicieron daño, que abran sus archivos y que lo expliquen todo”.

Después de que algunas mujeres lograran romper el silencio y organizarse, las instituciones han empezado a dar pasos simbólicos para reconocer a las supervivientes del Patronato, las grandes olvidadas entre el colectivo de víctimas del franquismo. El Gobierno les entregó un reconocimiento simbólico el pasado marzo, mientras que el acto organizado por las congregaciones religiosas terminó con una sonora protesta de las supervivientes por la falta de una reparación efectiva. 

Tal y como desveló elDiario.es, entre 2021 y 2025 una de las congregaciones que gestionó el Patronato, las Adoratrices, recibieron subvenciones de distintas administraciones que ascienden a 18 millones de euros por programas de ayuda a mujeres víctimas de trata o de violencia de género. Si el Parlament insta al Govern a acabar con estas subvenciones será uno de los trabajos de la comisión de investigación.

El asesinato de Helena Jubany se juzgará. Una magistrada de Sabadell (Barcelona) ha enviado a juicio por jurado popular a S.L., el único acusado por el crimen de la joven hace 25 años.

La causa, que la familia de la joven bibliotecaria ha luchado durante décadas para que no cayera en el olvido, encara un juicio histórico después de estar al borde de la prescripción.

Tras la celebración este viernes de la vistilla preliminar, la jueza ha rechazado el último intento de S.L. para archivar el caso (ha alegado que su ADN en la ropa de la joven pudo deberse a que su anterior abogado habría tocado la prenda) y ha enviado la causa a la oficina del jurado de la Audiencia de Barcelona.

“Es un planteamiento muy creativo”, ha resumido el abogado de la familia, Benet Salellas. Joan Jubany, hermano de la víctima, ha pedido “no alargar el sufrimiento” más tiempo y celebrar con rapidez el juicio.

La Fiscalía y la familia de la joven piden 26 años de cárcel contra S.L., el único acusado en el juicio, por los delitos de asesinato y detención ilegal.

El caso de Helena Jubany encara definitivamente un juicio tras la reapertura de la investigación en 2021, impulsada por un capítulo de Crims, el true crime de Carles Porta, que removió conciencias en Sabadell y reabrió una causa archivada sin procesar a ningún sospechoso hace décadas.

La familia se había encontrado con un muro en la Justicia, pero los nuevos indicios se pudieron obtener gracias al avance de las técnicas de ADN.

Los trabajos del laboratorio de la Comisaría General de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía han permitido hallar coincidencias con el ADN de S.L. (sospechoso inicial ya en 2001) en el jersey que vestía la víctima cuando fue asesinada, en lo que se ha convertido en una de las principales pruebas de cargo.

Según mantienen las acusaciones, la madrugada del 2 de diciembre de 2001, el acusado suministró sustancias estupefacientes (benzodiazepinas) a la víctima a sabiendas de que Jubany perdería la conciencia.

Aprovechando que la joven había perdido la capacidad “para desplegar conducta alguna de defensa o huida”, continúan las acusaciones, el acusado la transportó a la azotea del edificio donde vivía y la arrojó al vacío.

El acusado pudo no ser el único en particpar estos hechos, pero sobre el resto de sospechosos no pesan suficientes indicios. La otra sospechosa se suicidó en prisión en 2002 cuando empezó la investigación.

Además de la pena de prisión, las acusaciones piden que S.L. abone una indemnización de 600.000 euros a los familiares de la víctima en concepto de responsabilidad civil (200.000 para el padre y la madre, y 100.000 para cada uno de los hermanos de Jubany).