La Fiscalía pide que se condene a José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), a un año y once meses de prisión y 5 años y once meses sin poder desempeñar empleo o cargo público o presentarse a elecciones, por contratar como personal eventual del Ayuntamiento a Cristina Pulido Bonillo, con quien mantenía una “relación sentimental”, “a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna”. El alcalde sería autor de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. Fiscal acusa a Pulido de ser cooperadora necesaria, pero solicita para ella una pena considerablemente mayor que la que pide para el autor: cuatro años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años.

Esta es la segunda vez que la fiscal presenta escrito de acusación por este asunto, que desveló la propia Pulido en el marco de otra investigación por presuntos delitos de naturaleza sexual, finalmente archivada. Las conclusiones recogidas en el escrito de la fiscal son idénticas a las conclusiones que la fiscal formuló en enero.

La fiscal sostiene la misma acusación por los mismos hechos, pero ha dulcificado mucho la petición de pena para el alcalde, atendiendo a la reparación del perjuicio que este habría realizado al ingresar en la Tesorería municipal los 7.862,89 euros indebidamente abonados a la mujer. En cambio, ha endurecido la petición de pena para ella.

La petición de la fiscal presentada al Juzgado de Instrucción 5 de Estepona ahora (un año y once meses) rebaja a un tercio lo que solicitó el pasado enero en relación al alcalde (cinco años y medio), y añade un año de prisión a la pena solicitada inicialmente para Pulido, hasta los cuatro años y medio. La pena para el delito de malversación va de los dos a los seis años de prisión, pero el artículo 434 permite rebajarla en uno o dos grados se se repara de modo “efectivo e íntegro” el perjuicio antes del juicio.

Es lo que habría ocurrido el pasado 29 de junio, cuando García Urbano ingresó a la Tesorería municipal 2.589 euros en concepto de gastos de cotización a la Seguridad Social, que se añadían al ingreso de 5.276 euros por las nóminas.

Nuevo escrito de acusación

La repetición del escrito de acusación no es habitual, y aquí tiene un origen procesal. En enero, el juez ya había concluido que existían “indicios suficientes” para llevar a juicio al alcalde, cerrando la investigación un año después de abrirla. Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó justo después que el caso no se juzgase por un tribunal del jurado, como estaba previsto, sino por un juzgado penal ordinario. La razón de esta marcha atrás fue que la fiscal había incluido finalmente el delito de prevaricación, lo que imposibilitaba un juicio con jurado. Una decisión estrictamente procesal, pero que obligó a que tanto la fiscal como las acusaciones populares (PSOE y Vox) tuviesen que presentar nuevamente sus escritos de acusación, que es lo que ha ocurrido ahora.

En ese ínterin el alcalde solicitó y consiguió prestar nuevamente declaración ante el juez el pasado 26 de junio, en la que reiteró lo que ya había contado en su primera declaración (que la mujer sólo rendía cuentas verbales de su supuesto trabajo ante él) y aportó tres declaraciones ante notario de trabajadores municipales, dos de ellos bajo su mando directo, ninguno de las cuales confirmó que la vieran trabajar. Estas son las únicas diligencias añadidas a la investigación en este tiempo.

El alcalde también ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial intentando que se declare la nulidad de la confesión inicial de Cristina Pulido, alegando que cuando la hizo no tenía la condición de investigada, y que cuando la ha tenido no la ha ratificado. Sin embargo, también ella presentó un escrito en estas semanas, ratificando su testimonio de que nunca trabajó.

Sin constancia del trabajo

La investigación se inició de oficio por el juez cuando escuchó a Cristina Pulido, que había denunciado al alcalde por un presunto acoso sexual hacia ella y su pareja, contar que mantenía una relación con el regidor y que este la había contratado para el Ayuntamiento, pero que ella nunca había hecho nada.

Su contratación como asesora del Área de Control Externo, a cargo del concejal Blas Ruzafa, no se ha puesto en duda. Tampoco que se le pagaran 5.276 por los 48 días en que estuvo contratada (del 13 de febrero al 30 de marzo, más el prorrateo de las vacaciones).

La fiscal sostiene que se le pagaron estas cantidades “sin contraprestación alguna” en perjuicio del patrimonio municipal. En toda la instrucción no se ha aportado ni un solo documento que refleje un trabajo efectivo. Ella misma dijo que nunca le dieron tarea y que no trabajó. No existen informes, correos electrónicos, encargos o mensajes que permitan deducir que algún día hizo algo. Tampoco tenía ordenador, ni cuenta corporativa. No hay ni rastro de su paso por el Ayuntamiento: sólo del día de su contratación y de su cese.

El concejal dijo que sabía de su contratación, pero que ella sólo rendía cuentas ante el alcalde, y éste, por su parte, ha explicado que todas sus explicaciones eran verbales. El concejal y el alcalde tampoco han sido claros con las supuestas tareas que debía realizar: han hablado de revisar mobiliario urbano, pero luego el regidor ha insistido en el monitoreo de redes sociales en un momento políticamente delicado, justo antes de las elecciones municipales.

La contrató, dijo, tras conocerla por Facebook y verla desenvuelta en redes sociales. En el sumario hay extractos bancarios que acreditan que le pagó una asignación mensual de 2.000 euros durante casi un año, que se interrumpió cuando la contrató para el Ayuntamiento.

El PSOE eleva la petición a cinco años y seis meses de prisión

El PSOE también ha presentado ya su escrito de acusación, en el que pide que se condene a García Urbano a cinco años y seis meses de prisión y diez años para el empleo o cargo público y para ejercer el derecho de sufragio pasivo (presentarse en procesos electorales), por los mismos delitos: malversación de caudales públicos en concurso medial con prevaricación. A Pulido la considera cooperadora necesaria, y pide para ella dos años de prisión y seis de inhabilitación, aplicando el límite mínimo por no ser autoridad ni haber intervenido en la disposición de fondos públicos.

El PSOE quiere que el Ayuntamiento de Estepona remita un listado con los técnicos y administrativos que trabajaban en el Área de Control Externo, para preguntarles, como testigos (con obligación de decir la verdad), si conocen a Pulido. También propone interrogar como testigos al jefe de Recursos Humanos y a los tres trabajadores que prestaron declaración ante notario.

Resta aún por conocer el escrito de Vox, que en la anterior ocasión ni siquiera acusó a Pulido, con quien compartía abogado, y el escrito de defensa de García Urbano, quien ha pedido reiteradamente el archivo de las actuaciones.

El regidor sostiene que esta investigación que le tiene al borde del banquillo, así como la seguida por el mismo juzgado tras la denuncia por acoso sexual (archivada) obedecen a “intereses espurios” y una campaña en su contra. Además, está investigado por otro juzgado por adjudicar un restaurante de lujo en el lujoso Mirador del Carmen (construido con dinero público: 16,5 millones de euros) a una empresa recién constituida en el despacho de uno de sus concejales de confianza y dirigida por su nuera, que no tenía experiencia alguna en el sector. Según la UDEF, él mismo aportó a su hijo el dinero con el que se constituyó la fianza para la concesión. En este caso figura como investigado, pero su declaración se ha suspendido ya en tres ocasiones.

“¿Qué más tiene que pasar para que paremos este genocidio?”. La pregunta la lanza la cineasta franco-iraní Sepideh Farsi, otra vez. Se repite desde hace años y no hay respuesta. Farsi está en Málaga para presentar en el Festival de Cine Francés que organiza la Alianza Francesa una exposición inédita en España de la fotoperiodista gazatí Fatma Hassona y una película, titulada Put your soul on your hand and walk (algo así como Pon tu alma en la mano y camina), construida a partir de las videollamadas que Farsi y Hassona mantuvieron durante un año.

A la 1 de la madrugada del 10 de abril de 2025, un día después de que Farsi anunciara que su cinta se proyectaría en una sección paralela del Festival de Cannes, el ejército israelí aniquiló a Hassona y a toda su familia disparando dos misiles de precisión a su casa en el barrio al-Tuffah. Mató a siete personas. Sólo sobrevivió su madre. El ejército alegó que el objetivo era un miembro de Hamás y que había tomado precauciones para evitar “bajas civiles”.

Fue un ataque selectivo y brutal. Ni Hassona ni Farsi habían revelado que ella protagonizaba la película, pero la fotoperiodista sí había contado a Al Jazeera, a cara descubierta, que estaba documentando el genocidio. “La verdadera cuestión no es quién dio la orden, sino por qué Israel ordena matar periodistas”, apunta Farsi.

Farsi conoció a Hassona en abril de 2024. Israel le había prohibido entrar en Gaza para documentar por sí misma el conflicto. Un amigo común las puso en contacto y desde entonces tejieron un estrecho vínculo a través de conversaciones casi diarias. “Conocerla fue como tener un espejo frente a mí. Cada conversación entre nosotras podía ser la última. Cada vez que me conecto y la veo es como si fuera un milagro”, relata en la película. Farsi añadió a la cinta presentada en Cannes los dos minutos y medio que hablaron el día antes de su asesinato.

Su muerte brutal cuando apenas tenía 25 años amplió el eco de su obra. “Si muero, quiero una muerte resonante, no quiero estar en las noticias urgentes, ni en un número con un grupo”, había dejado escrito ella, como una profecía que el ejército israelí se encargó de cumplir por ella.

“¿Qué más tiene que pasar?”, se pregunta Farsi, recordando las muertes indirectas que generan el asedio y el bloqueo, cómo se ceban con los médicos (1.600 asesinados), con los trabajadores humanitarios (casi 400 de la Agencia UNRWA) y los periodistas (250). Según el último informe de la agencia URNWA de Naciones Unidas, tras los atentados del 7 de octubre de 2023 Israel ha asesinado de manera directa a 74.228 personas, entre ellos más de 20.000 niños, herido a 175.188 gazatíes, arrasado miles de casas y destruido infraestructuras básicas. En los últimos meses ha violado el alto el fuego en vigor, matando a 1.445 y bloqueando ayuda humanitaria, según organizaciones internacionales.

“Nuestra fuerza es que no tenemos nada que perder”

La película funciona como una larga entrevista en la que Fatma vuelca sus miedos y esperanzas: al comienzo es una joven de 24 años que sueña con salir de Gaza para estudiar Fotografía, y luego volver; que no pierde la sonrisa ni cuando señala los edificios a punto de colapsar y trata de recuperarla con rapidez cuando recuerda a su abuela asesinada; que sigue aferrándose al principio islámico de que todo ocurre por algo.

“Me siento muy orgullosa. Somos fuertes y valientes y somos personas muy importantes en el mundo. Nos hagan lo que nos hagan, si nos intentan destruir o incluso matarnos, seremos felices y viviremos nuestras vidas, lo quieran o no. No pueden derrotarnos. Nuestra fuerza es que no tenemos nada que perder”, dice en una de sus primeras conversaciones.

Por entonces Israel ya había asesinado a su abuela Fatma, su tío Saadi, su esposa Basima y sus hijos Sojoud y Zeid, los nietos de su abuela; no tenía Internet, agua o luz. Farsi le pregunta si está en un lugar seguro. “No hay lugar seguro en Gaza”. Su tono se va volviendo más oscuro con el paso del tiempo. El conflicto la iba cercando: un bombardeo israelí mató a una de sus mejores amigas, a quien había retratado, apenas un rato después de verse.

Una vida “prescindible”

La exposición, comisariada por Sullivan Benetier y Antonio Rodríguez Molina, recoge 50 fotografías tomadas entre octubre de 2023 y abril de 2025 en el marco del proyecto City of Ghosts, y podrá verse hasta el próximo 18 de diciembre en la sede de la Alianza Francesa (calle Canales, 11).

Las fotos de Hassona documentan los estragos de los bombardeos y el bloqueo, y la voluntad tenaz de los gazatíes por superarlos. Fatma fotografiaba un espacio remoto, sino su entorno cotidiano y su propia tragedia. Farsi descubrió en ella una mirada madura que reflejaba la vida entre los escombros y no reducía a los gazatíes a la mera condición de daño.

En sus imágenes aparecen personas orgullosas en espacios cotidianos, familias y breves momentos de normalidad aparente en mitad de un escenario de guerra y muerte. “¿Cómo es fotografiar Gaza?”, le preguntó poco después de entablar contacto. “Es como poner tu alma en la mano y caminar”, le respondió. Una expresión que alude a la vulnerabilidad de quienes viven, y tantas veces mueren, bajo las bombas y su resiliencia, y que dio título a la película. “Llevo nueve meses sin comer pollo, mi mayor sueño es comer pollo y un trozo de chocolate”, cuenta entre risas, mientras se escucha el vuelo de los drones en el exterior. En un vídeo que se hizo viral, Hassona grabó su alegría cuando llegó ese momento.

La muestra incorpora, además, un informe que demuestra que la casa, en la que la propia Fatma se había ubicado en redes sociales, fue el objetivo de dos misiles precisión, equipados con sistemas de guía y control, disparados de noche. “El tipo de munición y la hora del ataque sugiere que el ejército israelí consideró prescindibles las vidas con las que acabó”.

El informe, firmado por el arquitecto israelí Eyal Weizman como investigador principal, está elaborado por Forensic Architecture, un grupo multidisciplinar de la Universidad de Londres, que ha prestado servicios periciales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Ver no es una actividad inocente ni independiente de nuestra experiencia: aprendemos a mirar dentro de unas condiciones históricas, culturales y políticas”, dice Rodríguez Molina, uno de los comisarios de la exposición, citando a John Berger: “¿Qué responsabilidad adquirimos cuando miramos las fotografías de Fatma Hassona? ¿Qué hacemos con aquello que nos muestran?”. En su texto curatorial, Rodríguez Molina atribuye a las fotografías el valor de “combatir el borrado, contradecir los relatos que deshumanizan y preservar memoria frente a quienes pretenden destruirla”. Abren un espacio de atención y debate a partir de una experiencia concreta: la imagen.

“Es difícil tener más evidencias”

La directora franco-iraní encontró en el sufrimiento de Hassona un espejo de su propia peripecia, pero también una manera diferente de enfrentarlo. Farsi decidió salir de Irán cuando tenía 18 años, cinco años después de la Revolución islámica. Para entonces, ya había pasado una temporada en prisión. No puede volver a su país desde 2009. “Desde Francia, donde se instaló, se ha convertido en una activa opositora al régimen iraní.

“Vengo de un país donde los periodistas van a prisión o son asesinados. Es un mundo que va a peor. El genocidio continua en Gaza y el conflicto se ha extendido, y el régimen iraní masacra a su población mientras Estados Unidos bombardea”, lamenta la directora, que ve una deriva en Europa y en la injerencia de Rusia, Israel o Estados Unidos. “¿Hablamos de las víctimas en Gaza, Irán o Líbano? No, hablamos del precio del barril”.

Mientras, los líderes mundiales se esfuerzan por ocultar los crímenes. La semana pasada, Netanyahu ordenó investigar por todos los medios posibles a los militares que se han atrevido a dar su testimonio en Naza: “Elogio el valor de los directores y los militares, pero es una piedra más para mostrar lo que ya sabíamos. ¿Qué más tiene que pasar para que paremos este genocidio? Es difícil tener más evidencias”.

El asesinato de Fatma Hassona, una joven de 24 años que fotografió la vida de su pueblo en medio del asedio y las bombas y se atrevió a contarlo, es una de esas evidencias.