El Gobierno ha aprobado este martes una subvención de 180 millones de euros a las 5 comunidades autónomas que aplican la Ley de Vivienda de 2023 y tienen, por tanto, topados los precios del alquiler. Es el doble de lo que ya anunció el ejecutivo en septiembre. El objetivo es “incrementar la oferta de vivienda asequible para reducir los precios del alquiler en los 317 municipios” que abarcan estos territorios, donde viven unos 9 millones de personas.

La mayoría de la subvención va destinada a Catalunya, con 119,4 millones para los 271 municipios tensionados, mientras que Euskadi contará con 31 millones para los 18 municipios tensionados y Navarra con 13,3 para 21 municipios. A Coruña y Santiago, municipios de Galicia, contarán también con una inyección de 10,2 millones de euros para políticas de vivienda, mientras que los 5 municipios de Asturias reciben 5,9 millones.

Este complemento previo al Plan Estatal de Vivienda servirá a las Comunidades Autónomas para construir o rehabilitar vivienda asequible o social, comprar suelo, desarrollar o urbanizar suelo, comprar vivienda usada para destinarla al alquiler social o asequible o cubrir impagos de renta de contratos de alquiler.

Además, tal y como avanzó este lunes Pedro Sánchez, el Ministerio dará un impulso a las residencias universitarias con una inversión de 45 millones para crear 2.000 nuevos alojamientos que faciliten el acceso a los estudiantes.

La Universidad Autónoma de Madrid, con una ayuda de 13,3 millones de euros, será la principal beneficiada por estas ayudas, mientras que la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, recibirá 8,1 millones. La Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, obtendrá 6,5 millones de euros y la de Burgos 5,9 millones. Castelló y la Universitat Jaume I, con 4,5 millones, la Universidad de Jaén, con 3,5 millones, y el Ayuntamiento de Lleida, que recibirá 2,9 millones, son el resto de beneficiadas por esta inyección.

La ministra ha expresado, preguntada sobre la huelga general del próximo 11 de noviembre por el derecho a la vivienda su “respeto absoluto” al derecho constitucional. Sin responder concretamente a la pregunta de si considera que la huelga es contra ella, ha expresado que hay que “respetar y no criticar” esta medida de presión y ha instado al resto de administraciones a “tomar nota” y “tomar decisiones” para atajar los problemas.

“Cuando los salarios se absorben por las rentas por el alquiler, yo entiendo que los trabajadores y trabajadoras estén preocupados porque suban los salarios y bajen los alquileres”, ha añadido. “Todas las movilizaciones son importantes, pero esta además la lideran los sindicatos, que tienen un reconocimiento constitucional”, ha dicho. Y ha defendido las medidas tomadas por el Ministerio como respuesta a esta huelga.

Una madre soltera con un sueldo de 1.500 euros en un trabajo de oficina que vive en un pequeño piso en la periferia de Madrid o Barcelona y paga 800 euros por la vivienda. Ese es un ejemplo tan hipotético como probablemente real que sirve para ilustrar la realidad de 770.000 trabajadores en España. Son los que saltan a la pobreza laboral tras afrontar los gastos de vivienda en España. La pobreza laboral pasa del 11 al 15% tras pagar los gastos de la casa, esfuerzo que ahoga sobre todo a quienes viven de alquiler. Hasta un 34% de los inquilinos con trabajo sufren pobreza laboral después de haber pagado la renta a precio de mercado, una cifra tres veces mayor que quienes se encuentran con esta estrechez después de pagar la hipoteca (10,22%), según un informe de Oxfam Intermón. Un 7,95% de quienes tienen ya la hipoteca pagada también entran en pobreza tras afrontar los gastos de vivienda.

A partir de la definición de Eurostat, el estudio toma datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto de Nacional de Estadística y de las declaraciones de la renta de 2024 y fija la pobreza laboral en 12.220 euros anuales por hogar unipersonal y 25.663 euros en hogares de dos adultos y dos menores, contando con personas que lleven más de siete años trabajando.

El resultado es muy diverso entre sectores, trabajadores a jornada parcial o completa, migrantes y personas de nacionalidad española y también afecta más a hogares con niños. Pero la vivienda juega un papel clave en el empobrecimiento de los trabajadores.

“La vivienda se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan”, señala Alejandro García-Gil, responsable de empleo, vivienda y políticas sociales de Oxfam Intermón y uno de los autores del estudio. Apunta además que los nuevos decretos de vivienda “no resuelven un problema estructural, pero suponen un primer paso para aliviar el sufrimiento de millones de personas y avanzar hacia un cambio de paradigma”, que “anteponga el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteja a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, dé estabilidad a quienes viven de alquiler” y seguridad jurídica a los caseros con alquileres por debajo de mercado.

“Los desahucios son la cara más extrema de la crisis habitacional, pero no la única. Hay otra realidad menos visible: personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna”, añade García-Gil.

El informe advierte también de cómo la pobreza laboral golpea con mayor dureza a hogares con niños, lo cual expone más a la infancia a sus efectos. Un 39,5% de hogares con adultos y más de tres menores, pese a las ayudas que puedan recibir por ser familia numerosa, sufren pobreza laboral en España, colectivo más golpeado incluso por encima de familias monoparentales, entre las que hay un 29,6%. Esta situación se reduce a casi la mitad cuando la familia la forman dos adultos y dos menores (15,40%) y se va diluyendo entre las familias sin hijos.

Así, en los hogares con dos adultos la pobreza es del 10,50%, mientras que los adultos que viven solos presentan la tasa de pobreza más baja, del 4,24%. Eso sí, en estas variables el estudio no cuenta el impacto de la vivienda en la pobreza laboral.

Los trabajos a media jornada son otro factor que precipita la pobreza laboral: el doble de personas con jornada parcial la sufren, un 20,62% por un 10,67% de las personas con un trabajo a jornada completa. También entre los autónomos la tasa de pobreza laboral es del doble, 21,69%, que para los asalariados, un 10,26%.

Por sectores, entre los de mayor pobreza laboral se encuentra el trabajo doméstico, con un 27,48%, y la agricultura, que cuenta con un 26,24% de personas en lindares de pobreza pese a contar con empleo. La hostelería tiene una tasa de pobreza laboral del 21,17%, la construcción un 18,31% y las actividades administrativas y servicios auxiliares un 16,31%. En el comercio y reparación de vehículos de motor la pobreza laboral alcanza al 13,88%.

La pobreza laboral es también hasta cuatro veces mayor entre los migrantes de fuera de la Unión Europea que entre los españoles. Un 8,71% de españoles son pobres pese a tener un empleo, por un 31,42% de extranjeros no europeos y un 16,17% de extranjeros de la UE.

El documento de Oxfam concluye con ocho recomendaciones para combatir la pobreza laboral en España, entre las que destaca la contención de los precios del alquiler y la apuesta decidida por la vivienda asequible, así como refuerzos en el apoyo a la crianza, protección laboral y regularización de migrantes, unidades de medida oficiales de pobreza laboral antes y después de pagar la vivienda, blindar la subida del SMI vinculada al coste real de la vida e impulsar convenios sectoriales cuyos salarios reales están por debajo del SMI.