La Delegación del Gobierno investigará la actuación de la Policía Nacional en la protesta espontánea frente al Palacio de Santoña del pasado lunes. La concentración reclamaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sentarse a negociar con los colectivos educativos en huelga de la región. Los testimonios recopilados por este diario denunciaron las “violentas” cargas de los agentes, que según los docentes y estudiantes congregados comenzaron sin ninguna actuación hostial previa por su parte, con el objetivo de despejar los accesos y que la dirigente madrileña pudiese abandonar la zona.

El delegado del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín, se reunió en la tarde del martes con el Comité de Huelga representante de los trabajadores y trabajadoras de Educación, poco antes de una nueva una manifestación desde la propia sede de Delegación al Gobierno a la de la Consejería de Educación. Martín les trasladó el compromiso con “la protección del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga y reunión”, según trasladan a este medio fuentes del órgano que dirige. El encuentro tuvo lugar justo antes de una manifestación de protesta contra los excesos policiales.

Martín ha confirmado la apertura de una investigación interna sobre la actuación policial que tuvo lugar el lunes a las puertas de la Cámara de Comercio de Madrid. El delegado ha defendido la “profesionalidad con la que la Policía Nacional actúa en nuestras calles”, con la existencia de “garantías” para que cuando se pueda producir “alguna intervención no justificada o desproporcionada”, esta situación “sea analizada de inmediato y se adopten, en su caso, las medidas correspondientes”.

Manuel, uno de los profesores golpeados por la policía, ha remitido a Somos Madrid un parte de lesiones con el sello del Servicio Madrileño de Salud. El informe refiere cuatro hematomas en el musmo, dedos de la mano izquierda, pie izquierdo (con edema “muy doloroso a la palpación”) y costado izquierdo del tórax. Este último aparece descrito como un hematoma “con forma de porra de unos 10 centímetros de longitud y 3 de ancho”.

El parte médico recomienda incluso seguimiento médico debido al alcance de las heridas, aunque las califica de leves, y recomienda un tratamiento analgésico. “Las lesiones que más duelen son las que menos se notan”, declara Manuel ante lo aparatoso de la marca en el costado.

Sobre lo ocurrido el lunes, cuenta que la Policía Nacional “empezó a barrer frente a la puerta del edificio para que saliera Ayuso, cuando nosotros nos estábamos retirando”. Considera que los agentes comenzaron a “pegar porrazos bastante gratuitamente”. Otros testigos narran cómo los efectivos policiales dispararon pelotas de goma al aire para disuadir a los manifestantes y convirtieron la vía en una “ratonera” al cortar varias salidas. Llegaron a retener incluso a uno de los docentes, que finalmente pudo zafarse de los agentes y volver a la muchedumbre después de saltar encima de un coche.

Pese a que por parte de los manifestantes no se registraron actuaciones violentas, Ayuso volvió a vincular las huelgas con que la oposición de la Asamblea de Madrid no admite una pérdida electoral. “Solo quieren violencia y acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, aseguró.

La huelga educativa arrancó en la Comunidad de Madrid el pasado 14 de octubre y se suma a los meses de paros en la educación infantil de 0 a 3 años. La marea verde reclama bajadas de los ratios, volver a las horas lectivas previas a 2010, equiparación salarial con otras comunidades o refuerzo del personal para atención a la diversidad. A sus habituales manifestaciones han sumado acciones como el corte de la M-30 a comienzos de semana o un recorrido nocturno por la ciudad en la noche del martes. “Seguiremos al menos hasta que Ayuso se siente a negociar”, anticipaba una docente tras la protesta del lunes.

Viernes por la tarde en Arganzuela, cerca de la glorieta de Embajadores. Decenas de personas se arremolinan en la entrada de La Maliciosa, un espacio cultural y asociativo que varios colectivos pusieron en marcha hace un lustro para que crecieran cosas en él. Algunas están pensativas, otras tienen notificaciones judiciales en la mano, un par de asistentes charlan entre sí sobre el motivo que les ha llevado hasta ahí: “Este Gobierno no está haciendo nada, por lo menos aquí se mueven”, comentan.

A las 18.30 se abren las puertas de la sala más grande del lugar, el ateneo, para acoger a todos los que han llegado. Son más de un centenar de personas jóvenes y mayores, algunos inmigrantes, otros de origen español. Viéndolos juntos es difícil adivinar qué es lo que ha reunido a un grupo tan heterogéneo. “Lo que nos une es que hemos sufrido en nuestras carnes el problema de la vivienda, y específicamente el de los alquileres”, les revela Fernando, uno de los seis miembros del Sindicato de Inquilinas que dirige la asamblea de bienvenida. Esta reunión semanal es la forma que tiene la organización de acoger a los recién llegados y orientarles sobre lo que hacen y de qué forma les pueden ayudar.

Las asambleas del sindicato se han vuelto multitudinarias desde hace semanas y especialmente después del desahucio de Maricarmen, que puso en pie a una generación de jóvenes golpeada por la vivienda. Fuentes de la organización explican a este periódico que el número de participantes se ha ido incrementando progresivamente y que coincidiendo con las protestas en las calles el aumento ha sido exponencial. Entre los que acuden este viernes hay jóvenes que quieren ser voluntarios en la organización, pero la mayoría han llegado con problemas en sus alquileres.

“Todas las formas que tiene el casero de mejorar su negocio, su rentabilidad, siempre van a ser a nuestra costa. Es algo que no es casual”, sigue explicándoles uno de los miembros del sindicato sobre las causas estructurales de cada una de las situaciones personales que se reúnen allí. Y apunta al “poder político”, porque “está regulando la cuestión, pero no de la forma en la que nos puede proteger”. Los que están sentados asienten con la cabeza, algunos con ganas de tomar la palabra y contar su caso, de buscar una solución. Fernando intenta calmarlos: “Puede que hayáis venido aquí con urgencia o miedo por vuestros conflictos, pero ya veréis que cuando los trabajemos no tenéis que tener miedo, os vais a quedar en vuestras casas”, añade con confianza. “Casi nada es en realidad urgente: no pasa nada si nos dicen que nos vayamos y no nos vamos al día siguiente. Tenemos las llaves y esa es nuestra fuerza”.

Una asamblea a la que acudió Maricarmen

Durante la reunión arrojan algunas cifras sobre la importancia que ha ido ganando la organización en los últimos meses. “Ya somos más de 5.400 afiliadas”, celebra otra de las que conduce la sesión, una cifra alcanzada después del último arreón coincidiendo con su enorme su exposición mediática de las últimas semanas. La mayoría de ellos pagan 100 euros al año o 10 euros al mes por formar parte del Sindicato, aunque aceptan pagos de entre 20 y 50 euros al año para situaciones económicas más precarias.

La existencia del sindicato se remonta a una década atrás, y muchos de los que hablan llegaron hace años a la organización. Además de Fernando, la asamblea la conducen Beatriz, Óscar, Jorge, Julia... todos explican que ellos también tuvieron un primer día en la reunión. Recuerdan que Maricarmen estuvo un día sentada en el mismo lugar. Y empiezan a lanzar herramientas y deberes a los recién llegados. “Tenéis que investigar a vuestros caseros, averiguar si tienen más viviendas, sobre todo si están pidiendo la que vivís para residir ellos... ¿Sabéis lo que es una nota simple?”, van detallando mientras preguntan sobre cada uno de los casos allí presentes.

El Sindicato de Inquilinas anima a los asistentes a entrar en su página web para comprobar cómo se organiza de forma geográfica. Después de esta asamblea de bienvenida, los posibles afiliados podrán acudir a su nodo territorial de referencia. En Madrid hay siete, aunque la llegada de muchas personas podría aumentar su número dentro de poco. Una vez allí, los afectados expondrán más ampliamente su caso y podrán obtener ayuda y consejos específicos.

“Tenéis todo el apoyo desde ya de toda la gente que está aquí, de la que está en la acampada y de las miles de personas que formamos ya el sindicato”, tranquilizan a los recién llegados. A la vez, les cuentan que cada persona ha de desarrollar su conflicto con su casero, aunque esté arropada por la organización, y reparten folletos donde explican los primeros pasos para hacerlo y las palancas en las que llevan trabajando durante años. La principal es el Nos quedamos.

El Nos quedamos es una herramienta de desobediencia por la que el inquilino apuesta por continuar en la casa más allá de lo que refleja su contrato ante una situación que considera injusta. “Es cuando decís: no tengo alternativa, es mi casa, me quiero quedar, negociemos”, apuntan los responsables del Sindicato. En este proceso es fundamental —advierten— seguir pagando cada mensualidad de la renta, a la vez que se desarrollan las conversaciones para intentar conseguir una extensión del contrato a precios razonables. Las negociaciones se pueden extender hasta dos años.

La experiencia y notoriedad alcanzadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid tienen influencia en estas negociaciones: “Imaginad si a vuestro casero le llega una carta firmada por nosotros”, explican en la asamblea para hacer notar la capacidad de presión con la que cuentan a día de hoy. “No es lo mismo luchar una persona sola y quedarte en tu casa que ser un bloque de 10 o 100 casas haciendo la misma estrategia, porque al final eso nos da el poder”, añaden. “Urbagestión no cambió de opinión por arte de magia ni porque empatizase... cambió de opinión gracias a la presión mediática y gracias a las masas”, recuerdan sobre el conflicto de Maricarmen. La mayoría de casos que abordan no trascienden a la opinión pública y solo son los más extremos como los de Maricarmen o los bloques en lucha (Valverde 42 o Mesón de Paredes 88, entre otros) los que llegan a los medios. Otros casos se han resuelto con su intermediación sin aparecer en las noticias, como ocurrió recientemente con los arrendados por la Casa de Alba.

Antes de finalizar la asamblea general y que los asistentes se dividan entre posibles afiliados con conflictos y voluntarios del activismo, el sindicato recuerda lo que está en marcha y por qué lo hacen: “Estamos llamando a una huelga general y de alquileres, porque necesitamos medidas estructurales, una nueva política de vivienda y seguir presionando desde las casas y desde la calle”, anuncian sobre la convocatoria del 11 de noviembre. “Las reformas institucionales que consigamos no van a venir de simple voluntarismo de los políticos”, advierten.