El desbloqueo de la amnistía empieza a permitir el retorno de los tres dirigentes del procés que permanecían en el extranjero. El exconseller de Cultura y diputado de Junts en el Parlament, Lluís Puig, ha cruzado la frontera a primera hora de este miércoles y ya se encuentra en Catalunya tras nueve años, ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Puig, que solo estuvo tres meses en el cargo pero se ha enfrentado durante nueve años la causa penal que el Supremo abrió por rebelión y mantuvo después por malversación, se convierte en el primer conseller del Govern de Puigdemont en regresar tras la amnistía, a la espera que este jueves lo haga Toni Comín.

Durante estos años, Puig ha permanecido primero en Bélgica y después en Perpignan (Francia), en la Catalunya Nord y cerca de la frontera. “Ha llegado el momento. Hoy voy a los Cants de la Llibertat de Terrassa, la 'terreta' donde nací y viví hasta hace 9 años. Y mañana hacia el Parlament, de donde me fui el 27 de octubre de 2017”, ha dicho el exconseller en X.

Pese a que el Supremo todavía no ha aplicado formalmente la ley a Puig, Comín y Puigdemont, los exconsellers de Cultura y Salud pueden volver ya sin riesgo de ser detenidos porque el juez Llarena les retiró la orden de detención en vigor en España desde hacía nueve años, una antesala de su amnistía.

Después de Puig, este jueves volverá el extitular de Salud Toni Comín, que recogerá en Madrid su acta como eurodiputado de Junts. Por su lado, Puigdemont prepara su regreso para después de las elecciones generales.

Puig pasará el día con su familia, y a partir de las 19.30h. acudirá a unos coros populares, los Cants per la Llibertat, ante el Ayuntamiento de Terrassa, en la que será su reaparición pública. Este jueves, además, acudirá al pleno del Parlament y podrá sentarse en su escaño nueve años después.

La plana mayor de Junts acompañará al exconseller al evento en Terrassa. Asistirán el presidente del Parlament, Josep Rull; el secretario general del partido, Jordi Turull; los vicepresidentes Míriam Nogueras, Antoni Castellà, Mònica Sales y Josep Rius; y el portavoz en el Parlament, Salvador Vergés.

En declaraciones a RAC1, Rull ha explicado que recibirá a Puig este jueves sobre las 15:00 horas en la puerta de la cámara, y luego la Mesa le hará una recepción. También se retirará el lazo amarillo que desde el inicio de la legislatura ha recordado la ausencia de Puig en el hemiciclo, junto a la del también diputado de Junts Carles Puigdemont.

Tal y como ha hecho con anterioridad cuando un diputado ha estado ausente por una baja, el presidente prevé darle la palabra antes del inicio de la sesión plenaria. “Su ausencia no ha sido por casualidad sino por una situación de represión política y judicial clarísima”, ha manifestado Rull.

La ofensiva ultracatólica contra Mongolia sigue coleando en los juzgados, pero la revista vuelve a contraatacar: la publicación ha reclamado 30.000 euros a Abogados Cristianos por acusarla sin pruebas de blanqueo de capitales en una de sus querellas por la portada satírica de un belén.

Contra la sátira del belén, publicada en diciembre de 2022, se querellaron no solo Abogados Cristianos, sino también otros habituales de la persecución penal de la libertad de expresión: el pseudosindicato Manos Limpias, una entidad carlista y los ultras de HazteOir.

Salvo la querella de HazteOir, todas las causas han quedado archivadas al recordar los jueces que la portada estaba amparada por la libertad de expresión y no atentaba contra los sentimientos religiosos. Se trata de un delito decimonónico que muchos juristas consideran desfasado, pero que el adelanto electoral ha impedido derogar en el Congreso pese al compromiso del Gobierno.

A diferencia del resto de entidades ultras, Abogados Cristianos fue más allá y, además de delito contra los sentimientos religiosos, acusó a la revista de blanqueo de capitales. Una imputación “temeraria”, según destaca la demanda que Mongolia ha presentado ahora contra el colectivo ultracatólico por vulneración de su derecho al honor.

Mongolia ha acudido ahora a la vía civil tras no prosperar la querella por la vía penal por denuncia falsa contra Abogados Cristianos. La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona (la misma que consideró que sí se tenía que reabrir el caso de la portada denunciado por HazteOir) confirmó el archivo de la acción legal el año pasado.

Los jueces destacaron que no existían indicios de que Mongolia hubiera perpetrado un delito de blanqueo de capitales “más allá de una apreciación subjetiva no avalada con indicios objetivos de criminalidad”. Las alegaciones de Abogados Cristianos contra la revista, resolvieron los magistrados, eran “genéricas” y suponían “sospechas que no van más allá de afirmaciones no avaladas por indicios”.

Sin embargo, los jueces rechazaron seguir adelante con la causa al asegurar que no podían descartar que Abogados Cristianos supiera que los hechos que imputaba sin pruebas a Mongolia fueran “conocidamente falsos”.

En su demanda por la vía civil contra Abogados Cristianos y su presidenta, Polonia Castellanos, la revista tilda la acusación de blanqueo de capitales de “aberración notoria” que la entidad ultra “pensaba que no tendría consecuencias”.

La indemnización de 30.000 euros solicitada por Mongolia, indica la demanda, responde a los “daños morales y reputacionales” que esta acusación falta de indicios (divulgada ampliamente en varios medios de comunicación) comportó en la revista.

Abogados Cristianos construyó sin pruebas una imputación de blanqueo de capitales “con notorio desprecio a la verdad”, resalta Mongolia, ya que vinculaba a la publicación con la acusación por este delito en otra causa (de la que resultó absuelto) del abogado Gonzalo Boye, sin relación con la revista desde 2017.

Además, la fundación ultracatólica acusó en su querella “de forma sesgada” a la revista de recibir subvenciones públicas, cuando la mayor parte de este dinero correspondía a avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas tras la crisis del COVID-19.

“La imputación pública de un delito de blanqueo de capitales carente de toda base, unida a la presentación sesgada de los datos sobre subvenciones y financiación ICO para sugerir irregularidad o ilicitud, constituye una lesión objetiva de la reputación profesional y empresarial” de la revista Mongolia, concluye su abogado, José Luis Mazón.