El PSOE ha enviado un escrito al juez del caso Leire Díez en el que le explica que no puede entregarle la documentación que le solicitó -relación de todos los despachos de abogados que han trabajado para el partido desde 2021 y hasta 2025 y las hojas de encargo- porque esa información no está centralizada y, como el partido está volcado en la precampaña electoral, “la capacidad de respuesta inmediata se ve obviamente mermada”. Suma a esto que lo solicitado por el magistrado Santiago Pedraz afecta “a muchas personas distintas y ajenas al partido, cuyos concretos derechos e intereses pueden quedar lesionados si se conocieran públicamente los datos solicitados”.

La asesoría jurídica del PSOE, que dirige el letrado Alberto Cachinero, indica al juez que, en realidad, entre el primer mandamiento de Pedraz del día 6 de octubre al apremio del 21 de octubre sólo han pasado siete días hábiles, “tiempo absolutamente insuficiente para cumplir un requerimiento que abarca cinco años y a todo el ámbito territorial de I PSOE. Advierte, además, de que ”una parte sustancial de la información requerida se encuentra sometida al deber de secreto profesional“. Y recuerda que el artículo 22.1 del Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE) extiende ese deber y derecho a ”todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas“ conocidos, emitidos o recibidos en el ejercicio profesional.

En este sentido, advierte al juez de que ya el mero hecho de establecer una relación completa de letrados o despachos profesionales que han sido contratados “no solo revela la existencia de actuaciones profesionales, sino que también, con frecuencia permite inferir su objeto”. Añade que esos datos afectan a terceros (abogados externos) y que, por tanto, debería tener autorización de cada uno para levantar ese secreto profesional.

Cachinero indica, además, que las hojas de encargo, los contratos y los expedientes de contratación solicitados, “no solo describen el objeto del encargo, los asuntos encomendados y las partes sino que frecuentemente anuncian la estrategia de defensa o permiten inferirla sobre la base de las actuaciones e intervenciones minutadas o a minutar”.

De hecho, advierte de que ha solicitado al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional en relación con la información requerida pero no con la finalidad de “dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado” sino solo por “dotarlo de las garantías” que se exigen. Por eso, insiste, necesita que Pedraz “conceda a este Partido un plazo adicional para el cumplimiento del requerimiento” desde que se pronuncie el CGAE.

En el escrito remitido al colegio, que anexan para conocimiento del juez, Cachinero señala que la información requerida por Pedraz “desborda” su ámbito individual porque “compromete el secreto de numerosos compañeros y compañeras incorporados a distintos Colegios, así como la confidencialidad de las encomiendas de terceros. Por eso, pide al CGAE que traslade al juez su criterio sobre el alcance del secreto profesional en referencia a los datos que pide el magistrado. Y recuerda que el reglamento tilda de ”inquietante o perturbadora toda actuación de autoridades judiciales o del personal de las oficinas judiciales que suponen una limitación o menoscabo de la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional.

El adelanto electoral anunciado el lunes por Pedro Sánchez después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda ha cambiado el paso de los partidos de la derecha, que estaban muy cómodos en un escenario político dominado por las denuncias de corrupción y las investigaciones judiciales que marcaban los titulares y debates parlamentarios de los últimos meses. El PP intenta virar de nuevo la conversación pública hacia los tribunales y ha pedido ahora la imputación del PSOE por, entre otros delitos, financiación ilegal. El juez Santiago Pedraz deberá pronunciarse ahora, en plena batalla electoral entre los dos grandes partidos.

“Todo se va a terminar sabiendo” ha sido una de las frases repetidas habitualmente por los portavoces del PP desde que en 2024 se comenzaran a hacer públicas las investigaciones contra miembros del Gobierno y del PSOE. Las condenas a José Luis Ábalos y a Koldo García en el ‘caso mascarillas’ o al hermano del presidente Pedro Sánchez tras la causa abierta por la creación de una plaza pública ‘ad hoc’ para él en la Diputación de Badajoz han sido los casos más sonados, hasta el momento.

Pero el presidente del Gobierno tiene por delante asuntos quizá más complicados, como el juicio contra su esposa, Begoña Gómez, por supuestamente usar su posición para traficar con su influencia, o contra el propio partido. Según dijo el PP ya el pasado viernes, cuando elDiario.es anticipó el adelanto electoral, las prisas de Sánchez para convocar a las urnas bien podrían explicarse por su pretensión de poner fin a esas investigaciones o juicios.

Así lo expuso Feijóo este lunes en una declaración tras el adelanto electoral: “Estoy plenamente seguro de que [la convocatoria] responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia”.

Hasta hace poco tiempo, el argumentario del PP era el opuesto: Sánchez se quería mantener en el Gobierno para protegerse judicialmente. 

Acelerar tiempos

Ante el anuncio sorpresivo del presidente del Gobierno de la convocatoria electoral, el PP ha reaccionado con esa petición al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que impute a la formación socialista en el marco del caso Leire Díez. A juicio de los ‘populares’, con las declaraciones recabadas durante la instrucción, y con la información arrojada por la investigación policial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya hay elementos suficientes para que la persona jurídica PSOE pueda ser citada como investigada.

Si bien el PP, como dirección letrada de la acusación popular, puede pedir al juez lo que considere oportuno cuando lo estime conveniente, la realidad es que esta solicitud de que se impute a su principal rival político en precampaña ha cogido por sorpresa a los diferentes actores jurídicos. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es señalan que esa posible imputación del PSOE debía haberse valorado en todo caso tras los comicios de noviembre y siempre después de haber tomado declaración como investigados tanto a la exmilitante socialista Leire Díez como al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. 

Ahora, esos tiempos se trastocan porque el propio juez ya ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre esa eventual imputación de la formación de Gobierno, algo que ahora sí podría llegar antes de que arranque oficialmente la campaña electoral el 13 de noviembre. Eso sí, el Ministerio Público no tiene un plazo fijado para responder a esa petición del juez. Las fuentes consultadas, no obstante, esperan que el pronunciamiento del Ministerio Público sea rápido y, por tanto, el instructor debería decidir antes de las elecciones porque, explican, el procedimiento sigue su curso independientemente de lo que suceda en la esfera política. En caso de decidir tras los comicios, sería una dejación de funciones, añaden.

La decisión del PP ha sorprendido, incluso, al resto de acusaciones que no fueron avisadas con anterioridad del movimiento. Se da la circunstancia de que este es uno de los primeros escritos que firma el nuevo letrado del PP, Henry Feltenstein, que cogió la batuta de los principales casos en detrimento del director del servicio jurídico del PP, Alberto Durán. 

Por otro lado, la petición de imputar al PSOE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos llega un mes después que tuvieran lugar las declaraciones en las que se basa el PP para solicitarlo: la de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, y la de la presidenta de la formación, Cristina Narbona. Que el PP haya esperado tanto para esta petición podría tener que ver, explican, con el cambio de abogado. 

Con todo, algunas de las acusaciones populares consultadas señalan que el paso es positivo porque ahora sí hay más documentación en la causa para sostener esa imputación del PSOE como persona jurídica.