La Audiencia Nacional ha amnistiado de los 12 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. Tres meses después de que la Justicia europea avalara el olvido penal del procés, el tribunal especial cumple con lo dispuesto por Luxemburgo y archiva la causa, una de las más sensibles para el independentismo.

En un breve auto de tres páginas, al que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal archiva el caso y concluye que los hechos por los que estaban acusados los CDR están incluidos en la ley “a la vista de la fundamentación jurídica” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los magistrados también constatan que los actos por los que los activistas estaban acusados no supusieron “graves violaciones de derechos humanos”.

En un mensaje en X, Alerta Solidària, la organización antirrepresiva que representaba a varios de los CDR, ha celebrado la “victoria” de la amnistía. “No nos van a quitar la alegría de este momento”, han expresado.

Al margen de la causa del Supremo que afecta a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, la amnistía al caso de terrorismo de los CDR fue uno de los quebraderos de cabeza durante la tramitación de la norma en el Congreso (e incluso provocó que Junts votara en contra de la primera versión de la norma). Cabe recordar que la Audiencia Nacional envió a juicio a los acusados en plena negociación de la ley.

Aprobada la norma en junio de 2024, su aplicación en la Audiencia Nacional tampoco ha estado exenta de problemas. El tribunal mostró sin ambages sus dudas a materializar la norma al considerar que amnistiar a los acusados de terrorismo podía contravenir “gravemente” el derecho comunitario y podría suponer “una infracción patente” de las normas europeas.

Al igual que hizo el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional envió al TJUE la acusación por terrorismo contra CDR con el objetivo de que Luxemburgo respaldara excluirlos de la amnistía. A ellos se sumaron el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

La respuesta de los jueces europeus fue, en cambio, un aval total a la amnistía, lo contrario de lo que planeaban las altas instancias judiciales. La alta magistratura, empezando por el Supremo, es la que más se ha opuesto a la norma, en contraste por su normal aplicación ya en 2024 por parte de la mayoría de jueces y tribunales catalanes.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacaron que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR, pues no llegaron a materializar ninguna acción).

Los 12 activistas de los CDR acusados de pertenencia a organización terrorista, delito de estragos y tenencia de explosivos se enfrentaban a penas de hasta 27 de cárcel por parte de la Fiscalía. Algunos de ellos pasaron semanas en prisión provisional. Con su amnistía, no serán juzgados. La causa se archiva para siempre.

Distinto es el caso de los dos protagonistas del procés. El Supremo optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras. El Tribunal Constitucional corrigió al Supremo y le ordenó aplicar la amnistía, algo que el Alto Tribunal ya ha hecho en el caso de Junqueras pero tiene pendiente de materializar con Puigdemont.

Casi 40 años después de su primera edición, el V Congreso de Gentes del Derecho ha reunido a decenas de juristas progresistas en Barcelona para debatir y proponer la ampliación de los derechos de la ciudadanía y poner fin a la “escandalosa dilación de la Justicia”, en palabras de la magistrada jubilada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El debate que ha abierto el congreso lo han protagonizado dos de los protagonistas de su primera edición en Madrid en 1987, Carmena y el exfiscal superior de Catalunya, José María Mena, junto a la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Consuelo Chacartegui.

Mena ha pedido a todos los asistentes “no mirarse el ombligo”, en referencia a las discrepancias entre progresistas, y remar en la misma dirección para “volver a pensar que el derecho es un instrumento para el progreso social y el bien de la sociedad”. “Tenemos que hacerlo por obligación ética, convicción histórica y optimismo táctico”, ha apostillado.

El exfiscal superior catalán ha recordado que, frente a los juristas progresistas que abogan por el progreso social, hay otro sector de la profesión que está a favor “de un derecho de contención y conservación de derechos y privilegios”.

En la misma línea, Carmena ha destacado que la derecha “está en contra de la igualdad, entre otras cosas porque piensa que la desigualdad es buena porque crea estímulos”. “Pero nosotros sabemos que eso va en contra de los derechos humanos”, ha señalado.

“Muchos de los problemas que la sociedad está constatando con la Justicia vienen porque está escondida”, ha sostenido Carmena, que ha lamentado que las instituciones “no hicieran caso” de reivindicaciones del primer Congreso de Gentes del Derecho que hubieran contribuido a desatascar los juzgados, como facilitar que los antiguos secretarios judiciales pudieran pasar a resolver casos.

“Tenemos que volver a plantearnos en serio que la administración de justicia esté bien organizada”, ha insistido Carmena, que ha abogado por “una forma de actuar y una dinámica distinta”. “No puede haber justicia con esta dilación”, ha agregado.

En uno de los debates que han seguido a la apertura del Congreso se ha analizado la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para el exvocal Álvaro Cuesta “no ha habido un pensamiento estratégico” en todos los años de la democracia sobre la organización y gobierno de la justicia en comparación con otros organismos del Estado.

A juicio del abogado de José Mariano Benítez de Lugo, la situación del Consejo “es insostenible” y habría que buscar una fórmula “para impedir el mercadeo de candidatos” a los altos puestos judiciales.

Para la actual vocal del CGPJ, Argelia Queralt, los nuevos vocales han devuelto “la normalidad formal” al Consejo. “Hemos avanzado, pero seguimos sin consolidar un proyecto común de gobierno del Poder Judicial”, ha añadido, al tiempo que ha admitido cierta falta de unidad entre los vocales progresitas: “Los conservdores son una banda militar, nosotros una banda de jazz con tendencia a los solos y a la improvisación”.

El magistrado jubilado y exdirector de la Escuela Judicial, Pascual Ortuño, ha destacado la “entente” de los primers CGPJ, pero ha lamentado el “ariete” contra los progresistas que empezó en la etapa del Consejo en los Gobiernos de José Luís Rodríduez Zapatero de la mano del vocal Enrique López, posteriormente consejero de la Comunidad de Madrid. “Hay que cambiar el modelo”, ha concluido.

El resto de debates del Congreso abordarán la situación actual de la abogacía, la mutualidad y la jubilación, las novedades legislativas en relación con la pasarela al RETA, el turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita y la retribución del turno; el derecho a la información veraz y las fake news; el derecho internacional y la forma en que deben respetarse las decisiones del Tribunal Penal Internacional.