Los bancos de la Unión Europea deberán reembolsar de inmediato el dinero sustraído en operaciones de pago no autorizadas, incluso si consideran que el cliente facilitó el fraude por negligencia grave. Si la entidad quiere recuperar el importe, tendrá que reclamarlo después y probar cómo se equivocó el usuario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fijado este criterio en una sentencia dictada el 15 de octubre. La resolución interpreta la normativa europea sobre servicios de pago y España tendrá que seguir esta doctrina. Su aplicación puede elevar el dinero que la banca deberá adelantar en un mercado donde las estafas en pagos alcanzaron 4.200 millones de euros en 2024.

El fallo no establece que los bancos deban asumir de forma definitiva todos los fraudes: primero, la devolución al cliente; después, si la entidad sostiene que hubo fraude, actuación deliberada o negligencia grave, deberá acreditar esa circunstancia y reclamar el dinero por la vía correspondiente.

El reembolso debe llegar, como máximo, al siguiente día hábil

La decisión precisa que el proveedor de servicios de pago debe devolver el importe de una operación no autorizada de inmediato y, a más tardar, al final del día hábil siguiente a aquel en que detectó el movimiento o recibió la notificación del afectado.

La única excepción contempla los casos en los que el banco tenga motivos razonables para sospechar que el propio cliente cometió un fraude. Para aplazar el reembolso, la entidad debe comunicar esas sospechas por escrito a la autoridad nacional competente.

El TJUE diferencia esa situación de una posible negligencia de la víctima. Que un cliente haya introducido sus claves en una página falsa, facilitado un código recibido por SMS o incumplido de otra forma sus deberes de seguridad no permite al banco bloquear de entrada el reintegro.

La entidad podrá reclamar el importe posteriormente, pero le corresponderá demostrar que el usuario actuó de forma fraudulenta, deliberada o con negligencia grave. El tribunal añade que el uso de claves o de mecanismos de autenticación reforzada no prueba por sí solo que el cliente autorizara la operación ni que incumpliera sus obligaciones de seguridad.

Un fraude de 705 euros llevó el caso ante la justicia europea

El litigio se originó en Polonia. Una mujer puso a la venta un artículo en una plataforma de subastas y recibió un enlace de un supuesto comprador. La dirección la llevó a una web que imitaba la de su banco, donde introdujo sus datos de acceso a la banca electrónica.

El autor del engaño obtuvo además un código de confirmación enviado por SMS y transfirió 3.000 eslotis polacos, unos 705 euros, desde la cuenta de la víctima. La mujer denunció la operación al banco y a la policía al día siguiente.

PKO BP, la entidad involucrada, rechazó inicialmente el reembolso porque consideraba que la clienta había incurrido en negligencia grave al no proteger sus credenciales. El tribunal europeo concluyó que esa apreciación no permite al banco eludir su deber de devolución inmediata.

El fraude europeo creció un 17% en un año

El alcance económico de esta doctrina se mide en un contexto de incremento del fraude. El último informe conjunto del Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) cifra en 4.200 millones de euros el valor de los pagos fraudulentos detectados en el Espacio Económico Europeo durante 2024. El volumen subió un 17% frente a los 3.500 millones registrados en 2023.

Las transferencias concentraron 2.500 millones de euros del fraude informado por las entidades, mientras que los pagos con tarjetas emitidas en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo sumaron 1.300 millones. El reporte también contabilizó 19,6 millones de operaciones fraudulentas, un 10% más que el año anterior.

La sentencia no permite calcular qué parte de esos 4.200 millones deberá ser adelantada por las entidades, porque incluye distintos tipos de estafas y no todas se encuadran en una operación no autorizada. Pero sí traslada a los bancos la carga financiera inicial en los casos cubiertos por el fallo.

Fuentes financieras consultadas por Cinco Días estimaron que el impacto potencial de las reclamaciones en España podría aproximarse a 1.000 millones de euros.

Para seguridad de los clientes, se recomienda avisar al banco cuanto antes, conservar mensajes y justificantes, y dejar constancia escrita de la reclamación cuando son víctimas de estafa. La devolución, no obstante, dependerá de que se trate de una operación que el usuario no autorizó.

Un vecino de Puente Genil, en Córdoba, ha denunciado un presunto fraude tras recibir una llamada desde un número que comenzaba por 400. Este caso deja al descubierto una estafa telefónica que utiliza la nueva numeración de llamadas comerciales apenas unos días después de su entrada en vigor en España.

Según informó Cordópolis, la persona que llamó se hizo pasar por un empleado de Iberdrola y logró obtener los datos bancarios del denunciante. La información está atribuida por ese medio a la Policía Local de Puente Genil.

El episodio se ha producido después de que el 17 de octubre entrara en vigor el uso obligatorio del rango 400 para determinadas llamadas con fines comerciales. La medida pretende que los consumidores sepan, antes de responder, que la comunicación tiene un propósito de venta o captación de clientes.

Un número que comienza por 400 no acredita la identidad de quien llama

El uso de un número con esa numeración puede generar una sensación de seguridad, pero el prefijo 400 no garantiza que la llamada sea legítima. La Policía Local ha advertido que los delincuentes pueden aprovecharlo para aparentar que contactan en nombre de una empresa conocida.

Este tipo de engaño se conoce como vishing. Consiste en llamadas en las que una persona suplanta la identidad de una compañía de electricidad, una entidad bancaria, una operadora telefónica o cualquier empresa con la que la víctima pueda tener relación. El objetivo es obtener datos personales, claves, información de tarjetas o códigos de verificación.

En el caso difundido desde Puente Genil, el supuesto empleado de Iberdrola habría conseguido los datos bancarios del vecino. No hay información pública sobre cargos, transferencias u otras operaciones posteriores que permitan determinar si existió un perjuicio económico.

La recomendación ante una llamada inesperada es no proporcionar datos sensibles. Las empresas pueden realizar contactos comerciales, pero una petición de claves, contraseñas, códigos enviados por mensaje o información bancaria debe activar las alertas.

El nuevo sistema separa la publicidad de la atención al cliente

Desde el 17 de octubre, las empresas obligadas por la Ley de Servicios de Atención a la Clientela deben utilizar números de nueve cifras que comiencen por 400 para realizar llamadas comerciales. La numeración está destinada a facilitar la identificación de este tipo de comunicaciones.

Los números 400 son unidireccionales. El usuario puede recibir una llamada desde esa numeración, pero no devolverla. La medida busca evitar fraudes relacionados con llamadas perdidas o con el intento de que el consumidor contacte con números desconocidos.

Esta serie numérica tampoco está habilitada para gestiones de atención al cliente. Las consultas sobre un contrato, las reclamaciones, las averías o las incidencias deben realizarse mediante números gratuitos 800 y 900, números geográficos o determinados números cortos. La normativa prohíbe el uso de numeración móvil para esos servicios.

Qué hacer si una llamada parece sospechosa

Si una persona afirma llamar desde una eléctrica, un banco o una compañía telefónica, la opción más segura es terminar la conversación y contactar por iniciativa propia con la empresa. Para ello, conviene utilizar el número incluido en una factura, la aplicación oficial o la página web corporativa.

También se recomienda no confiar solo en el identificador que aparece en la pantalla. Los sistemas de suplantación pueden mostrar una numeración que parezca vinculada a una empresa o a una llamada comercial autorizada.

Si ya se facilitaron datos bancarios, el afectado debe llamar de inmediato a su banco, pedir el bloqueo de tarjetas u operaciones que puedan estar comprometidas y revisar los movimientos de la cuenta. También es aconsejable guardar el número desde el que se recibió la llamada, la fecha, la hora y cualquier mensaje relacionado.

Los usuarios que reciban llamadas comerciales desde una numeración distinta de la permitida pueden presentar una reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o denunciar el hecho ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Cuando bajan las temperaturas, encender la calefacción supone, como cada año, añadir un gasto más al presupuesto de los hogares españoles. Calentar una vivienda puede costar hasta 1.283 euros este invierno, según una estimación de Roams para una casa unifamiliar -ubicada en el interior penisular- con calefacción de gas y una tarifa del mercado libre.

La diferencia entre familias puede superar los 1.000 euros. Un piso de la zona mediterránea con calefacción eléctrica y tarifa regulada tendría un gasto estimado de 245 euros en el mismo periodo, que abarca desde la segunda mitad de octubre hasta finales de marzo.

La cifra dependerá de dónde se viva, del tipo de vivienda, de la energía utilizada y del contrato. El estudio sitúa el gasto medio en 741,61 euros para los hogares con calefacción de gas y en 511,83 euros para los que usan sistemas eléctricos. Son cálculos elaborados con consumos medios y precios de referencia.

Vivir en una casa del interior de España eleva el gasto

El tipo de vivienda explica parte de la diferencia en el desembolso final. El gasto medio estimado de calefacción con gas ronda los 421 euros en los pisos y se acerca a 779 euros en las viviendas unifamiliares, un 84% más. En los sistemas eléctricos, el cálculo pasa de unos 252 euros en los pisos a 552 euros en las casas unifamiliares.

También influye el clima. La clasificación empleada en el estudio sitúa a la zona continental como la de mayor gasto medio: 697 euros para quienes se calientan con gas y 488 euros para los hogares con electricidad. En la zona atlántica, las cifras bajan a 599 y 416 euros, respectivamente; en la mediterránea, a 504 y 304 euros.

La diferencia refleja que los hogares de las provincias interiores necesitan más energía para mantener una temperatura confortable durante los meses fríos. A ello se suma que una vivienda unifamiliar suele requerir más calefacción que un piso, aunque el resultado final depende también del aislamiento y de los hábitos de cada hogar.

La tarifa contratada es clave

La tarifa contratada es otro de los elementos que cambian la factura estimada. El precio del consumo de gas utilizado en el cálculo es de 0,050427 euros por kWh en el mercado regulado y de 0,08588 euros por kWh en el libre.

La diferencia se aprecia, sobre todo, en un piso de la zona interior. Con IVA, el gasto estimado sería de 524,04 euros con la tarifa regulada, frente a 797,50 euros con una oferta del mercado libre. Son 273,46 euros más por el mismo consumo de calefacción.

En una vivienda unifamiliar de la zona atlántica, la diferencia sube a 433,28 euros: de 839,92 euros en el mercado regulado a 1.273,20 euros en el libre, según el estudio de Roams.

En electricidad, la brecha entre las opciones analizadas es menor. La estimación sitúa el gasto medio de la tarifa regulada en 502,12 euros y el de una tarifa estable del mercado libre en 521,54 euros.

La estimación no sustituye a la factura de cada hogar

El cálculo utiliza consumos medios de calefacción recogidos en los informes SPAHOUSEC I y II del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). También incorpora precios de energía, términos fijos e impuestos aplicados en las tablas.

La factura real puede alejarse de esas referencias. Los metros de la vivienda, su aislamiento, las horas de uso, la temperatura elegida, la potencia contratada y las condiciones particulares de cada tarifa determinarán cuánto terminará pagando cada familia durante el invierno.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este miércoles construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura si llega al Gobierno y ha anunciado un paquete de medidas fiscales, avales públicos y cambios regulatorios para facilitar la compra y el alquiler. Durante un acto de precampaña en Sevilla junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, ha explicado que su objetivo pasa por crear “una nueva generación de propietarios” en España.

La propuesta incluye bonificaciones en el impuesto sobre la renta durante los primeros cuatro años de cotización, una “hucha hogar joven” con ventajas fiscales, avales de hasta el 100% del valor de la primera vivienda y una rebaja del 60% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y el IVA para compradores de hasta 40 años.

Feijóo ha asegurado que un joven que compre una vivienda de 250.000 euros “tras cinco años de trabajo” podría ahorrar hasta 25.000 euros en impuestos y necesitar 50.000 euros menos para formalizar la hipoteca. El líder del PP ha definido ese conjunto de incentivos como “la mayor ayuda de la Hacienda pública española en la historia democrática de nuestro país”.

Incentivos para renovar contratos de alquiler

El líder popular ha planteado deducciones fiscales para propietarios e inquilinos que renueven sus contratos de alquiler por un plazo de hasta tres años, siempre que las subidas de renta queden por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC). Según ha expuesto, el propietario recibiría un incentivo en el impuesto sobre la renta y el inquilino podría desgravar una parte de la renta en función de sus ingresos.

Feijóo ha defendido que la medida tendría carácter transitorio, hasta que el aumento de la construcción permita aliviar la falta de oferta. “Es compatible dar seguridad jurídica a los propietarios y proteger al inquilino”, ha afirmado durante su intervención en Sevilla.

Desahucios ejecutados en 48 horas

El presidente del PP también ha prometido que, si gobierna, los ocupantes ilegales de viviendas “estarán fuera en 48 horas”. Feijóo ha justificado la medida “por razón de justicia” y ha afirmado que “no puede ser que la ley ampare al que ocupe y deje desprotegido al que ha ahorrado toda su vida y paga su hipoteca”.

El dirigente popular ha vinculado esa propuesta con el mercado del alquiler. “Cuando el propietario se siente seguro, alquila y se fía del inquilino”, ha sostenido. “Más seguridad supone más pisos en alquiler y más pisos en alquiler supone mejores precios para los inquilinos”, ha asegurado.

Promete llevar a cabo tres leyes en los primeros 100 días

Feijóo ha asegurado que remitirá al Parlamento tres proyectos legislativos durante los primeros 100 días de un eventual Gobierno: una ley del suelo, una ley contra la okupación y una reforma de la ley de propiedad horizontal. “Cien días, tres proyectos legislativos”, ha defendido.

El líder del PP ha afirmado que esas iniciativas ya están preparadas y ha acusado a la Mesa del Congreso de impedir la tramitación de una ley antiocupación aprobada por el Senado. También ha anunciado que la primera Conferencia de Presidentes de su mandato tendría como único punto del orden del día un plan nacional de vivienda, con participación de comunidades autónomas, ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias.

En este sentido, el dirigente popular ha ligado ese compromiso a la ejecución de sus medidas. “Si dentro de cuatro años no lo he cumplido, no me voten ustedes”, ha declarado.

El PP atribuye la crisis de vivienda a la falta de oferta

Para aumentar la oferta residencial, Feijóo ha anunciado una modificación urgente de la ley del suelo y ha defendido que se simplifiquen los trámites urbanísticos. Su propuesta contempla instaurar el silencio administrativo positivo para determinados permisos: “Aquel ayuntamiento que no dé una licencia en 90 días se entiende concedida”, ha asegurado.

El líder del PP ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez del deterioro del acceso a la vivienda. Según su diagnóstico, en España se crean 240.000 hogares cada año, mientras se finalizan menos de 100.000 viviendas nuevas, una diferencia que, a su juicio, ha dejado “un déficit acumulado cercano a un millón de viviendas”.

Feijóo ha cifrado en un 45% el incremento del precio de los alquileres y en un 74% la subida del coste de compra. “La vivienda en España ha subido un 31% más de lo que han subido los salarios”, ha afirmado. También ha cuestionado que el Ejecutivo haya incrementado la recaudación fiscal, recibido fondos europeos y elevado la deuda pública sin impulsar, según ha sostenido, más vivienda pública.

El acto, celebrado en el restaurante Abades Triana, también ha servido para confirmar que Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, encabezará la candidatura popular al Congreso por Sevilla en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Cobrar el salario mínimo interprofesional no garantiza recibirlo íntegro a final de mes si trabajas recogiendo aceituna. “Lo que se aplica es salario día”, explica José Hurtado, secretario general de CCOO Industria Andalucía.

En los contratos temporales de hasta 120 días con la misma empresa, el mínimo legal asciende a 57,82 euros brutos por día, pero una semana de lluvia puede dejar el salario mensual por debajo de 900 euros antes siquiera de descontar transporte, alquiler o cotizaciones.

Una persona que completara 20 jornadas cobraría 1.156,40 euros brutos. Si una semana laborable de cinco días se pierde por la meteorología y solo logra trabajar 15 jornadas, la cifra baja a 867,30 euros, antes de descontar transporte, alquiler o cotizaciones. “Cobran cuando trabajan, cuando no trabajan, no cobran”, resume Hurtado.

Las organizaciones agrarias han advertido de dificultades para reunir cuadrillas durante la recolección. CCOO sostiene que esa dificultad está ligada a campañas cortas, ingresos inestables y pocas ayudas para quienes deben desplazarse.

Menos protección para quienes enferman o se lesionan

La irregularidad de las jornadas no solo condiciona la nómina de cada mes. También puede reducir la protección de quienes enferman o sufren una lesión durante la campaña.

Hurtado sostiene que una persona que no haya acumulado suficiente cotización antes de una baja puede recibir una prestación muy reducida. “Si no tiene las cotizaciones de los 120 días, lo mismo empieza a cobrar cuatro o cinco euros por día de baja”, afirma.

Según CCOO, depender de jornadas cortas y discontinuas dificulta acumular cotización suficiente para recibir una prestación por incapacidad temporal que permita sostener los ingresos durante una baja, a diferencia de otros empleos de mayor duración y con ingresos mensuales más estables.

El salario mínimo ha reducido las diferencias entre categorías

Hurtado sitúa otro problema en los convenios provinciales del campo. En provincias como Córdoba, Málaga o Sevilla, la campaña de aceituna queda bajo convenios generales que también regulan otras tareas agrícolas, desde la siembra hasta la recolección de productos distintos.

“El salario mínimo interprofesional se ha comido, de forma generalizada, todas las categorías”, sostiene. Según CCOO, las tablas salariales no siempre distinguen de forma suficiente entre un peón de recogida y un trabajador que maneja vibradores u otra maquinaria. Esa falta de diferenciación dificulta atraer perfiles cualificados, explica el representante sindical.

Por su parte, Jaén cuenta con un convenio más ligado al olivar y con salarios superiores, recuerda Hurtado, mientras que en otras provincias se aplica el convenio general del campo.

El fijo discontinuo puede funcionar como una “bolsa de empleo”

El contrato fijo discontinuo debería aportar continuidad a quienes regresan cada campaña a la misma explotación. Para ello, CCOO defiende que el llamamiento siga reglas claras, como la antigüedad.

Hurtado considera que esta figura se ha “contaminado” en parte del sector. “El fijo discontinuo en lo que se ha convertido es como en una bolsa de empleo”, afirma. Según el sindicato, si no existe un orden de llamamiento definido, el contrato puede operar como una lista de trabajadores de la que la empresa elige en función de sus necesidades en cada campaña.

“Cuanto más flexible sea el llamamiento, menos sentido tiene el fijo discontinuo”, añade. CCOO alerta de que esa flexibilidad puede reducir la seguridad de quien espera volver a trabajar al año siguiente, pese a tener un contrato fijo.

Buscar vivienda “para un mes y medio” corre por cuenta del trabajador

La duración limitada de la campaña añade otro obstáculo para quienes se desplazan. Hurtado calcula que la recogida suele ofrecer contratos “de un mes o, como mucho, un mes y medio”. Quien llega desde otra provincia debe asumir el viaje, el combustible y, en muchos casos, el alquiler temporal.

“Si alguien se tiene que desplazar de una provincia a otra, pues tiene que ser por sus propios medios”, señala el responsable sindical. “El empresario no tiene obligación de cubrirle dónde vivir en el periodo de la campaña”.

Esta realidad contrasta con la Orden de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO). Este modelo regula la contratación colectiva de personas que no residen en España y, en los programas de migración circular, obliga a la empresa a garantizar alojamiento durante todo el periodo de actividad.

Esa garantía no se extiende a quienes ya viven en España y se desplazan desde otra provincia para recoger aceituna durante unas semanas. Hurtado compara esta situación con la vendimia francesa: “Por eso se va la gente a Francia, en vendimia, porque se le pone vivienda y se le pone un salario que está por encima del nuestro”.

La ruptura con una pareja violenta no siempre termina cuando se pone fin a la relación. Para algunas madres que crían solas, también supone perder la vivienda compartida y empezar a rotar por alojamientos temporales: la casa de un familiar, una habitación realquilada, una pensión o un hotel de emergencia. Esta precariedad habitacional de las familias monomarentales se analiza en un estudio reciente de Esade que identifica las separaciones en contextos de violencia entre los detonantes más frecuentes de la pérdida de vivienda.

La investigación, elaborada con Fundació Hàbitat3 y Fundació Habitatge Social, recoge 48 entrevistas a mujeres que sostienen solas sus hogares. Entre todas tienen 86 hijos. El trabajo no permite calcular cuántas madres atraviesan esta situación en el conjunto de Cataluña o España, pero describe cómo se cruzan la precariedad laboral, los cuidados, la violencia machista, la migración y la falta de vivienda asequible.

La mayoría de las entrevistadas no pasan de la vivienda compartida directamente a la calle. Antes pasan por una cadena de soluciones temporales que evita el desamparo más visible, aunque no garantiza un hogar seguro. El estudio denomina a esa realidad como sinhogarismo oculto: familias que no figuran necesariamente en los recuentos de personas sin hogar, pero encadenan estancias sin contrato, recursos de emergencia y convivencias forzadas.

Sin casa y sin margen para pagar un alquiler

La separación puede suponer también la pérdida de la aportación económica de la pareja, asumir sola el cuidado de los hijos y buscar una vivienda en un mercado que exige ingresos estables, fianzas y garantías. El informe recoge que la violencia aparece en una parte significativa de los relatos, a través de agresiones denunciadas, violencia económica y emocional o experiencias de estigmatización en los servicios públicos.

El problema se agrava cuando la madre depende de empleos con salarios bajos o jornadas irregulares. Solo una de cada tres entrevistadas tenía un contrato formal. El 66,7% estaba fuera del empleo regulado: el 33,3% se encontraba en paro, el 31,3% trabajaba en la economía informal y el 2,1% estaba en situación de incapacidad.

Los sectores a los que acceden muchas de ellas -limpieza, cuidados, servicio doméstico, hostelería y comercio- suelen ofrecer horarios incompatibles con la entrada y salida del colegio. Una madre sola no puede ampliar jornada si no dispone de una escuela infantil, actividades extraescolares o una red familiar que se haga cargo de sus hijos. La conciliación, por tanto, condiciona los ingresos y, con ellos, la posibilidad de mantener un alquiler.

La presión del mercado deja poco margen. El informe sitúa el precio medio del alquiler en Barcelona en 1.087 euros mensuales en 2025 y calcula que el esfuerzo para acceder a una vivienda de compra o alquiler ronda el 46% de la renta familiar, muy por encima del 30% considerado asumible.

Las habitaciones y pensiones ocultan una crisis que no aparece en la calle

Las experiencias recogidas por Esade muestran un patrón repetido: una vivienda perdida tras una ruptura o un impago, una estancia con familiares o amistades, una habitación realquilada, una pensión, un hotel pagado por los servicios sociales o un recurso de urgencia. Después puede llegar un piso de alquiler social o, si no hay alternativa, una okupación.

La calle aparece como una amenaza, pero rara vez como el desenlace definitivo. No significa que exista una solución estable, sino que las madres despliegan estrategias para proteger a sus hijos. Algunas aceptan alojamientos sin contrato, comparten espacios reducidos o prolongan convivencias que querían dejar atrás. Otras intercambian cuidados por un techo.

El impacto alcanza a los menores. La incertidumbre sobre el siguiente domicilio dificulta sostener la escolarización, conservar amistades y organizar la vida diaria. El informe recoge casos de mujeres que, ante la falta de empleo y vivienda, enviaron temporalmente a sus hijos a vivir con los abuelos.

La situación se inserta en un problema más amplio. El 43,8% de los hogares monomarentales de Cataluña vive bajo el umbral de pobreza, el equivalente a unas 119.900 familias, según datos de Save the Children citados en el estudio. Además, el 34,7% de los menores de 18 años de la comunidad está en riesgo de pobreza.

El alquiler social aporta estabilidad, pero el problema vuelve cuando termina el contrato

El estudio no cuestiona la utilidad de los programas de vivienda social. Las mujeres entrevistadas describen la llegada a un piso con apoyo como un punto de inflexión: facilita recuperar rutinas, mejorar el rendimiento escolar de los hijos, buscar empleo con menos urgencia y establecer vínculos con el barrio.

El problema aparece al final. Los contratos de estos programas son temporales y, en algunos casos, se revisan cada año. La incertidumbre sobre la renovación se mantiene incluso cuando la familia ha estabilizado su situación. El informe concluye que falta una política específica que conecte el acompañamiento social con una vivienda asequible y permanente.

El salto al mercado inmobiliario privado resulta inasumible para buena parte de las participantes. La vivienda de protección oficial exige ingresos mínimos que pueden dejar fuera a quienes tienen un solo salario y personas a cargo.

En este sentido, el estudio propone revisar los umbrales de ingresos para acceder al alquiler protegido, adaptar las ayudas a hogares con una sola persona perceptora de renta y menores a cargo, y flexibilizar los requisitos para quienes viven en habitaciones sin contrato o en situaciones de okupación.

Al final de esta cadena de precariedad está la okupación

La okupación forma parte del estudio porque permite observar las formas de exclusión que quedan fuera de los circuitos institucionales. No se presenta como una decisión ideológica, sino como una salida de supervivencia para algunas mujeres que ya han pasado por impagos, habitaciones, pensiones o recursos de emergencia.

Los datos del Servicio de Intervención en Situaciones de Pérdida de Vivienda y Ocupaciones de Barcelona citados en el informe reflejan que el 87,4% de los casos de okupación atendidos correspondía a hogares con menores, frente al 35,9% de media en la ciudad. Casi la mitad de esos hogares eran monomarentales.

Una habitación, una pensión o un piso social temporal pueden frenar la emergencia y dar a una familia un margen para recomponerse. Pero el problema reaparecerá siempre al final del contrato: sin una vivienda asequible a la que ir después, la inestabilidad dejará huella en sus vidas.

El Govern balear eliminará la carga fiscal autonómica sobre la primera compra de vivienda de los jóvenes de hasta 36 años, según ha anunciado este martes la presidenta, Marga Prohens, durante el Debate de Política General celebrado en el Parlament.

La medida forma parte de un paquete que combina rebajas tributarias, avales públicos, ayudas directas y nuevas actuaciones residenciales ante las dificultades de acceso a una vivienda en Baleares. El Ejecutivo regional también prevé destinar recursos del Impuesto de Turismo Sostenible a políticas de vivienda.

Los compradores de hasta 36 años quedarán exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados cuando adquieran su primera vivienda. Las personas de entre 36 y 40 años tendrán una reducción del 50% en ambos gravámenes.

La medida amplía una bonificación que estaba vigente en Baleares desde 2023. Hasta ahora, la exención total en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se limitaba a los menores de 30 años, mientras que los compradores de hasta 36 años pagaban la mitad.

Las hipotecas tendrán una rebaja del 50% en un impuesto autonómico

La exención total anunciada para la compra de la primera vivienda no se aplicará a los créditos hipotecarios. En estos casos, el Govern prevé reducir a la mitad el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para los menores de 36 años y las personas con discapacidad.

Además, el Ejecutivo creará una deducción autonómica en el IRPF para las cuentas de ahorro joven destinadas a reunir dinero para adquirir una primera vivienda.

El impuesto turístico podrá financiar medidas de vivienda

El Ejecutivo balear modificará la ley para destinar parte de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible a medidas de vivienda.

Por ahora, el Govern no ha precisado qué cuantía del impuesto turístico se destinará a esta finalidad ni cuándo llevará al Parlament el cambio legislativo.

La presidenta anunció además dos promociones para trabajadores públicos desplazados: 80 viviendas para profesionales sanitarios en Ibiza y 40 para docentes destinados en Formentera. Ambas actuaciones se dirigen a empleados que deben trasladarse a estas islas para cubrir plazas de servicios públicos.

El plan HabitaIB 4+4 prevé 100 medidas hasta 2031

El nuevo Plan Estratégico de Vivienda, denominado HabitaIB 4+4, reunirá 50 medidas aprobadas y actuaciones activadas desde 2023. A esa base se añadirán otras 50 propuestas para el periodo 2027-2031.

El documento movilizará 3.000 millones de euros y aspira a llegar a 87.000 ciudadanos. El Govern prevé presentarlo antes de que termine el año.

Entre las líneas previstas figuran nuevas promociones de vivienda pública, ayudas a la promoción de vivienda protegida y subvenciones para rehabilitar inmuebles vacíos que se incorporen al alquiler asequible. Estas ayudas estarán dirigidas a residentes que acrediten que han vivido al menos cinco años en las islas.

El plan incluirá un registro de solares sin edificar y otro de edificios inacabados u obsoletos para impulsar su transformación en viviendas. El Ejecutivo también pondrá en marcha un programa piloto de alojamiento para personas mayores en situación de exclusión residencial.

Aumentan los fondos de los avales públicos para la Nueva Hipoteca Joven

La Nueva Hipoteca Joven es un programa del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) por el que la Administración pública avala una parte de la hipoteca. El objetivo es que los bancos puedan financiar hasta el 100% del precio de compra, frente al 80% habitual.

El aval puede cubrir hasta el 20% del valor de la vivienda para jóvenes de hasta 40 años, además de otros colectivos. Para acceder al programa, la vivienda debe ser la residencia habitual del comprador, que debe acreditar al menos cinco años de residencia en Baleares y no ser propietario de otra casa, salvo las excepciones previstas.

El fondo destinado a estos avales pasará de 30 a 45 millones de euros. El cambio busca atender más solicitudes dentro del programa.

Más ayudas para comprar vivienda y una bonificación mayor en Sucesiones

El Govern también ampliará el presupuesto de las ayudas directas de 10.000 euros para menores de 40 años que compren una vivienda. En este caso, se trata de una subvención destinada a cubrir parte del coste de adquisición, distinta del aval hipotecario. El anuncio no ha concretado los requisitos, el precio máximo de los inmuebles ni el calendario de la próxima convocatoria.

Por último, en materia de sucesiones, Prohens ha anunciado que la bonificación del impuesto ascenderá al 75% para las herencias entre hermanos o entre tíos y sobrinos cuando la persona fallecida no tenga descendencia directa.

La recogida de aceituna vuelve a afrontar dificultades para reunir cuadrillas en el campo andaluz. Las organizaciones agrarias alertan de falta de mano de obra, mientras que los sindicatos sostienen que el empleo agrario ha perdido atractivo por su dureza, su escasa duración y la incertidumbre sobre los ingresos finales.

Para los jornaleros que se desplazan a otra provincia, aceptar una campaña de uno o dos meses supone asumir el coste del transporte y, en muchos casos, buscar una vivienda de alquiler por un periodo muy corto. A esos gastos se suma la incertidumbre de la meteorología: cuando llueve no se puede recoger, y si no se puede recoger, no hay jornada ni salario. CCOO advierte de que esos días tampoco cuentan para la cotización.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ya atribuyó durante la pasada campaña el retraso de la recolección tanto a las lluvias como a la escasez de trabajadores. La organización afirmó que la falta de personal y el coste de recoger la aceituna caída al suelo habían convertido esa labor en “económicamente inviable” para parte de las explotaciones.

La lluvia deja al jornalero sin salario y sin cotización

Vicente Jiménez, responsable estatal del Sector Agrario de CCOO, reconoce que las campañas agrícolas tienen problemas para reunir personal: “De un tiempo a esta parte, es verdad que hay una falta de mano de obra”, afirma.

El dirigente sindical relaciona esa dificultad con las condiciones del empleo. La recolección se realiza a la intemperie, con frío, lluvia o pendientes, y depende de que el tiempo permita salir al campo. “Día que trabajan, día que cotizan y día que cobran”, explica, y añade: “Si llueve, pues no trabajan”.

La consecuencia afecta a la planificación de los ingresos. Un trabajador puede tener un contrato para la campaña, pero no sabe cuántos días acabará trabajando ni cuánto podrá cobrar al final del mes.

En este sentido, CCOO cuestiona el sistema de cotización por jornadas reales y propone que el empleo agrario avance hacia un modelo con mayor protección social: “El trabajador agrario debería dejar de cotizar por jornadas reales y debería ser igual que un trabajador fijo y debería cotizar todos los días”, plantea Jiménez.

UGT calcula que el jornal puede quedar en 57,50 euros netos

Para Emilio Terrón, secretario del sector agrario de FICA UGT, la falta de trabajadores está ligada a las condiciones que ofrecen parte de las explotaciones: “La falta de trabajadores y trabajadoras del campo se encuentra fundamentalmente en las condiciones que se ofrecen por parte de los empresarios”, asegura.

Terrón sostiene que el salario se sitúa en muchos casos en el mínimo interprofesional y denuncia que algunas tareas se abonan por producción. “Lo que se ofrece es el salario mínimo puro y duro y, además, en algunas explotaciones, ni eso, sino que la recolección o la pagan por kilos, o la pagan por cajas, o la pagan por espuerta”, afirma. La espuerta es un recipiente usado para transportar aceitunas, por lo que el pago depende de cuántos capazos llena cada jornalero.

El representante de UGT cifra en 62,39 euros brutos diarios el salario de una persona fija discontinua y estima que, después de las cotizaciones, las retenciones y el coste del desplazamiento, el ingreso neto puede rondar los 57,50 euros. Se trata de un cálculo sindical que puede variar según la provincia, la categoría profesional, los complementos y la distancia hasta la finca.

Terrón sostiene que, cuando los trabajadores encuentran una oportunidad en otra actividad, abandonan el campo. Una idea que comparte con el representante sindical de CCOO, quien sitúa entre las alternativas la hostelería, el comercio, la construcción, la industria o los almacenes, donde los contratos suelen durar más tiempo. “La gente prefiere seis meses en la hostelería, en el comercio o en la construcción, que estar cada día mirando el cielo”, señala Vicente Jiménez.

El alojamiento y el transporte condicionan a quienes se desplazan

La vivienda es otro de los factores que hacen del trabajo en el campo una actividad cada vez menos atractiva. Jiménez advierte de que encontrar un alquiler por uno o dos meses resulta difícil y caro. “Si tiene que desplazarse de otra provincia para trabajar y encima tienen que pagar los alojamientos, eso es un impedimento”, explica.

CCOO reclama que “las ofertas de empleo que se hagan garanticen un alojamiento y garanticen y paguen parte del desplazamiento, si no el desplazamiento entero”, sostiene Jiménez.

La mecanización acorta las campañas y reduce el empleo

El modelo de cultivo también ha cambiado. Jiménez señala que la extensión del olivar intensivo y la mecanización reducen la necesidad de mano de obra en algunas fincas y concentran la recogida en menos días. “Los agricultores lo que están haciendo es poner olivar intensivo, que se coge con máquina y demanda menos mano de obra”, afirma.

Ese proceso puede generar una paradoja: se necesitan cuadrillas en momentos muy concretos, pero cada vez hay menos empleo suficiente para sostener a una persona durante buena parte del año. “La mecanización y la digitalización están llegando y cambiando el perfil a que todo dure cada vez menos”, añade el responsable de CCOO.

Ambos sindicatos defienden el contrato fijo discontinuo frente a la contratación por días. Sin embargo, coinciden en que esa fórmula no retiene a los trabajadores si otros sectores ofrecen más meses de empleo o mejores condiciones. “Si yo soy fijo discontinuo de esta empresa, pero me llama otro sector y me está ofreciendo condiciones mejores, pues dejo el contrato de fijo discontinuo y me voy a otro sector”, explica Terrón.

Jornadas declaradas por debajo de las trabajadas

UGT señala que las altas en la Seguridad Social son hoy más habituales que en otras campañas, pero denuncia posibles irregularidades en la declaración posterior de las jornadas reales. Terrón explica que las empresas pueden mantener al trabajador de alta durante el mes y, después, comunicar un número de peonadas inferior al efectivamente trabajado. “Hay una denuncia que se viene dando ya desde hace muchos años, que es la no declaración de la jornada real”, afirma.

El representante sindical advierte de que esa práctica puede afectar a la cotización de los jornaleros y a su capacidad para reunir los días necesarios para acceder a prestaciones.

UGT denuncia además falta de registro horario y el impago de horas extraordinarias. “Lo que brilla por su ausencia es el registro horario”, afirma Terrón, quien sostiene que las horas extra “por supuesto, no se pagan”. En este contexto, el sindicato reclama reforzar la presencia de la Inspección de Trabajo durante las campañas agrícolas.

Una persona que haya cotizado 30 años puede cobrar en 2026 una pensión de jubilación mínima de 888,70 euros al mes si convive con su cónyuge, pero este no depende económicamente de ella. La cuantía puede subir a 936,20 euros mensuales para quienes viven solos y a 1.256,60 euros si el cónyuge está a cargo.

Esas cantidades se abonan en 14 pagas y corresponden a la jubilación ordinaria de personas con 65 años o más. Sin embargo, tener 30 años cotizados no garantiza por sí solo el cobro de una de esas cifras. La pensión final depende de las bases de cotización de cada trabajador, de la edad a la que se retire y de si cumple con los requisitos para acceder al complemento a mínimos.

Con 30 años cotizados se cobra el 85,18% de la base reguladora

La Seguridad Social calcula la pensión de jubilación a partir de la base reguladora y del tiempo cotizado. En 2026, los primeros 15 años dan derecho al 50% de esa base.

A partir del año decimosexto, se suma un porcentaje por cada mes adicional cotizado. Durante este año, los primeros 49 meses añaden un 0,21% por mes y los siguientes un 0,19%.

Con 30 años de cotización, una persona acumula otros 15 años después de completar el período mínimo exigido. El resultado es que le corresponde el 85,18% de la base reguladora.

La operación es la siguiente: el 50% inicial por los primeros 15 años, más 10,29 puntos por los primeros 49 meses extra y otros 24,89 puntos por los 131 meses posteriores. La suma alcanza el 85,18%.

Ese porcentaje no se aplica al último sueldo. Se calcula sobre la base reguladora, que reúne las bases de cotización utilizadas por la Administración para fijar la prestación.

La pensión mínima cambia según la situación familiar

Las cuantías mínimas de jubilación en 2026 no varían por haber cotizado 15, 30 o más años. Se fijan según la edad del titular y su situación familiar.

Una persona con 30 años cotizados que se retire a su edad ordinaria tendrá derecho, si cumple los requisitos para percibir el complemento a mínimos, a estas cantidades mínimas:

• 1.256,60 euros mensuales y 17.592,40 euros al año, con cónyuge a cargo.
• 936,20 euros mensuales y 13.106,80 euros al año, para una unidad económica unipersonal.
• 888,70 euros mensuales y 12.441,80 euros al año, con cónyuge no a cargo.

El cónyuge se considera a cargo cuando convive con el pensionista y depende económicamente de él. Si hay convivencia, pero no existe esa dependencia económica, se aplica la cuantía para cónyuge no a cargo.

Por tanto, la respuesta a cuánto es la pensión mínima con 30 años cotizados depende de la situación personal.

El complemento a mínimos no se concede de forma automática

La pensión inicial se obtiene al aplicar el 85,18% a la base reguladora. Si el resultado queda por debajo de la cuantía mínima que corresponde al pensionista, puede tener derecho al complemento a mínimos.

Este complemento permite elevar la pensión hasta el importe mínimo establecido, aunque exige cumplir determinadas condiciones económicas. En 2026, los ingresos anuales distintos de la propia pensión no pueden superar los 9.442 euros para quienes no tienen cónyuge a cargo.

En el caso de los pensionistas con cónyuge a cargo, el límite de ingresos conjuntos se sitúa en 11.013 euros anuales. También es necesario residir en España para cobrar este complemento cuando la pensión se haya causado desde el 1 de enero de 2013.

El complemento no es consolidable. Puede reducirse o eliminarse si cambian las rentas del pensionista, la situación económica del cónyuge o la residencia habitual.

Con 30 años cotizados, la edad ordinaria es de 66 años y 10 meses

En 2026, solo pueden jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización. Como una carrera de 30 años no alcanza ese umbral, la edad ordinaria de jubilación será de 66 años y 10 meses.

Quien decida retirarse antes podrá acceder a la jubilación anticipada si cumple los requisitos de esa modalidad, aunque la pensión se reducirá mediante coeficientes aplicados en función de los meses de adelanto y del total de años cotizados.

Desde 2026, para calcular la base reguladora, la Seguridad Social compara dos fórmulas y aplica la más favorable. Una de ellas toma las 302 bases de cotización de mayor importe dentro de los últimos 304 meses anteriores a la jubilación y divide el resultado entre 352,33. La otra mantiene el cálculo con los últimos 25 años de cotización.

Los herederos pueden recibir algo más que dinero, una vivienda o propiedades. Una sucesión también puede incluir préstamos, impuestos pendientes u otras obligaciones que el fallecido no hubiera saldado. En este sentido, la abogada Lucía Menéndez ha explicado en un vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok cómo funciona la aceptación de una herencia a beneficio de inventario, una vía para conocer los bienes y las deudas que deja una persona en su herencia sin poner el pelirgo ekl patrimonio del heredero.

En su explicación, Menéndez plantea una situación habitual: “Imagina que tu padre fallece y sabes que ha dejado algo de dinero y una casa, pero también sospechas que puede haber dejado alguna deuda, pero no sabes de cuánto”.

La duda aparece cuando el heredero desconoce el alcance real de esas obligaciones. “Dices: ‘Claro, acepto la herencia y después voy a tener que pagar yo las deudas’”, señala la letrada. La respuesta depende de la modalidad de aceptación elegida y de los trámites que se realicen ante notario.

En España, la aceptación pura y simple de una herencia puede hacer que el heredero responda de las cargas pendientes también con su patrimonio personal. Por eso, antes de tomar una decisión, resulta necesario conocer tanto los bienes como las deudas que integran la sucesión.

El inventario permite separar los bienes personales de la herencia

La abogada aclara que para situaciones en las que la sucesión viene acompañada de deudas, “existen las herencias a beneficio de inventario”. Su finalidad es elaborar un inventario completo del patrimonio que dejó la persona fallecida.

“Explicado de manera muy sencilla, es hacer un inventario de los bienes y activos y un inventario de los pasivos y deudas”, afirma Menéndez. En ese listado deben constar, por un lado, inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, acciones u otros derechos. Por otro, préstamos, facturas, créditos fiscales y cualquier otra deuda conocida.

El Código Civil establece que cualquier heredero puede aceptar a beneficio de inventario, incluso si la persona fallecida que hizo testamento, conocida legalmente como testador, hubiera intentado impedirlo. La declaración debe realizarse ante notario y requiere un inventario fiel y exacto, sujeto a formalidades y plazos legales.

Las deudas se pagan hasta donde alcance la herencia

La clave de este procedimiento es que protege al heredero frente a un posible desequilibrio entre activos y deudas. “Si los activos superan a las deudas, aceptaremos la herencia y, si no, la rechazaremos”, aconseja Menéndez.

Sin embargo, el beneficio de inventario también ofrece otra posibilidad: aceptar la herencia sin que las deudas alcancen el patrimonio particular de quien hereda. El artículo 1023 del Código Civil dispone que el heredero solo queda obligado a pagar las cargas hereditarias “hasta donde alcancen los bienes de la misma”.

Esto implica que los acreedores pueden reclamar frente a los bienes y derechos que formen parte de la herencia, pero no sobre el dinero, la vivienda o los ingresos propios del heredero, siempre que se hayan cumplido los requisitos exigidos para acogerse a este régimen.

Cuidado con omitir bienes o incumplir los trámites

La aceptación a beneficio de inventario exige precisión. La normativa prevé la pérdida de ese beneficio si el heredero excluye de forma consciente bienes, derechos o acciones que debían figurar en el inventario.

También puede haber consecuencias si se venden bienes de la herencia antes de pagar las deudas y los legados sin autorización o sin respetar las condiciones fijadas. Por eso, Menéndez advierte: “Si vas a recibir una herencia, es muy importante saber qué hay detrás, no solo de bienes, sino de pasivos”.

La letrada concluye que, sin esa revisión previa, “después podrías responder con tu patrimonio personal”. La intervención de un notario y el análisis de la documentación disponible permiten determinar qué opción se ajusta a cada caso.