Los datos son tozudos. Desde que Pedro Sánchez gobierna España, el precio de metro cuadrado en compraventa de vivienda se ha incrementado un 85 por ciento y el del alquiler un 40 por ciento. En paralelo, la oferta inmobiliaria se ha hundido un 38 por ciento en la venta y un 44 por ciento en el alquiler. Además, con unas economías domésticas que no levantan cabeza, cosidas a impuestos, los desahucios se cuentan por decenas de miles cada año, ante la imposibilidad de muchas familias de hacer frente a unos precios disparados, y el alquiler de habitaciones, en malas condiciones de salubridad, ha dejado de ser la excepción, especialmente, entre el colectivo de los inmigrantes. Tras ocho años de propaganda gubernamental, en los que no se ha cumplido ninguna de las promesas realizadas por el inquilino de La Moncloa en materia de vivienda y en los que las políticas de urgencia impulsadas por la extrema izquierda no han hecho más que contraer el mercado, no es de extrañar que la odisea de encontrar un techo decente bajo el que vivir se haya convertido en el primer problema de los españoles, cuando antes del regreso de los socialistas al poder ocupaba el puesto 17. Coexisten muchos factores en el drama de la vivienda, pero la causa principal, el nexo de todos ellos, hay que buscarlo en la proverbial incompetencia de los gobiernos sanchistas. Ahora bien, si algo hay que reconocerle a los ejecutivos de la coalición social comunista es el olfato para la propaganda y la creación de realidades alternativas, como en el caso del desahucio de Maricarmen, uno entre los 20.000 que se producen en España anualmente desde que gobierna Sánchez, pero que, desafortunadamente, no pueden sustituir a una buena política de vivienda social. La propaganda puede crear efectos instantáneos entre la parte más desavisada de la opinión pública, pero una correcta planificación urbanística para fomentar el mercado inmobiliario ni se improvisa ni suele llegar a tiempo para dar resultados electoralistas. Se argüirá, y es cierto, que el Ejecutivo central carece de competencias directas en vivienda, transferidas a las comunidades autónomas, pero también es cierto que el Gobierno sanchista ha preferido la confrontación con las autonomías, esencialmente, las gobernadas por el Partido Popular, en lugar de procurar acuerdos institucionales, apoyados por la financiación europea, que desarrollaran los programas de vivienda social que reclamaba el enorme crecimiento de la población, tras la sucesivas oleadas de inmigración registradas en España. Baste señalar, como paradigma de la falta de previsión gubernamental, que la población residente ha pasado de 46.937.060 habitantes en 2018 a 49.801.559 entre 2018 y 2026, incremento que se debe atribuir exclusivamente a la llegada de extranjeros, puesto que el crecimiento vegetativo de la población de origen español ha sido negativo. Pero a la izquierda no se le ocurrió pensar que habría que proporcionarles casas.

Que un profesional de reconocida trayectoria universitaria como Ángel Gabilondo, actual defensor del Pueblo, haya comprometido su prestigio al final de su carrera con una acción política exageradamente partidista como ha sido la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para enmendar una decisión judicial, nada menos que del Tribunal Supremo, en un procedimiento todavía en curso, actuación para la que carecía de competencia, explica hasta qué punto el sanchismo es capaz de pasar por encima de instituciones y personas con tal de salirse con la suya. Gabilondo es, pues, una víctima más de un sistema opresivo, que siempre se cobra las deudas pendientes y que se ha revelado mucho más eficiente en la cooptación de dirigentes socialistas y altos funcionarios que en la gestión de los intereses generales de los españoles. Ayer, con Gabilondo, pasará a la nómina de los muy agradecidos el magistrado del Tribunal de Garantías Juan Carlos Campo, que ha votado a favor de la tesis gubernamental, tal vez, porque su apoyo a los indultos del procés no se considera servicio suficiente por parte del inquilino de La Moncloa. Sin embargo, junto a la decisión muy mayoritaria del Constitucional, con el voto favorable de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, poco sospechoso de derechismo intransigente, hay que destacar las indignadas reacciones desde el ámbito del Gobierno, que confirman lo que la opinión pública venía sospechando desde que se conociera el engendro jurídico de la llamada “ley de nietos”, que es el interés desmesurado, diríase que desesperado, por alterar el censo electoral de cara a las próxima elecciones generales, cuyas negras perspectivas para el sanchismo y sus aliados de la ultraizquierda no son un secreto para nadie. Sólo por ello adquiere la mayor importancia la decisión de los tribunales de interponer medidas cautelares ante una actuación jurisdiccional evidentemente partidista, que no sólo ha eludido la normal tramitación parlamentaria, sino que se ha servido de una figura administrativa, una instrucción ministerial, para adulterar el propósito expreso del legislador. Que una juez haya admitido a trámite, es decir, haya imputado, a Sofía Puente, la principal responsable de la citada instrucción, por un presunto delito de prevaricación administrativa, está dentro de la más absoluta lógica jurídica, una vez que, poco a poco, se van comprobando las tremendas irregularidades cometidas en la concesión de la nacionalidad española, con situaciones tan chuscas como conceder pasaportes a descendientes de unos españoles que nunca abandonaron el territorio nacional, o lo que hasta 1956 era considerado como tal, caso del protectorado marroquí. Con todo, lo mejor de toda esta peripecia es que los jueces y magistrados de este país están consiguiendo, pese al despliegue inaudito de la propaganda de combate que se ha conocido en democracia, devolver la confianza a los ciudadanos sobre la limpieza de su sistema electoral. Solo por eso hay que honorar a estos servidores del Estado por su ejemplar labor.