La presencia de logopedas en los centros de salud andaluces cada vez está más cerca. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) firmó en 2023 el acuerdo por la Atención Primaria, que incluía, entre otras muchas reivindicaciones, la creación de 150 plazas de logopedia en este primer nivel asistencial, una decisión pionera en toda España. Después de tres años, al fin, la Consejería que dirige Antonio Sanz ha culminado su compromiso y el borrador de la norma ya está en audiencia pública.

El texto detalla, por un lado, las funciones de los logopedas en la Primaria. Entre el abanico de actuaciones prioritarias, incluye los trastornos de la voz; la neurologopedia; el abordaje y manejo de la disfagia; las alteraciones del sistema estomatognático; los trastornos auditivos relacionados con implantes cocleares y las alteraciones de los mecanismos de succión y masticación.

El texto también perfila con precisión los requisitos académicos de acceso y la tabla retributiva. Los logopedas de los centros de salud estarán incluidos en el nivel 21 de diplomado/graduado del SAS y el complemento específico se homologa al establecido en la categoría de Terapeuta Ocupacional.

Ahora, la norma deberá recoger todas las alegaciones presentadas por los diferentes actores de la sanidad antes de poder plasmar definitivamente la orden y validarla para que entre en vigor.

Actualmente hay 69 logopedas en la plantilla del SAS, el 84% mujeres. Un número muy alejado de las reivindicaciones de los sindicatos, que exigen un profesional por cada uno de los 1.500 consultorios que hay en la comunidad.

Los sindicatos médicos insisten en que los logopedas son fundamentales para poder garantizar la recuperación funcional, la continuidad asistencial y la calidad de vida de la ciudadanía andaluza. Llevan años mostrando su apoyo a un colectivo que ha sido «históricamente maltratado desde la Administración Pública» y recuerdan que hasta finales de mayo de 2025 no comenzó a funcionar la Bolsa de Empleo de Logopedia en el SAS. Las organizaciones sindicales valoran este primer paso pero recuerdan que Andalucía está «muy lejos de los mínimos niveles de cobertura que la población merece», pues «la presencia de logopedas en el sistema continúa siendo muy escasa y, a todas luces, insuficiente en lo que a la dotación de plantillas y la accesibilidad a la prestación dentro del sistema público se refiere», apuntan desde el CSIF. El sindicato también reclama la integración efectiva de estos profesionales en los equipos multidisciplinares, especialmente en áreas como atención temprana, rehabilitación, neurología, oncología y cuidados sociosanitarios.

«Debería haber mínimo un logopeda en cada centro de Atención Primaria y hospital del país», apunta la presidenta del Colegio general de Logopedas (CGL), Carolina Vittar. A su parecer, esta realidad garantizaría una mejor atención, además de eliminar las desigualdades existentes en la asistencia por logopedas. «Primero, evitaría los desplazamientos hacia los pocos lugares en los que hay un profesional bajo régimen público. Segundo, fomentaría el tratamiento de determinadas patologías, ya que no todos los usuarios pueden permitirse el coste de una consulta privada, ya que, por norma general, el precio se encuentra en una horquilla entre los 25 y 90 euros», apunta Vittar.

La presidenta el CGL incide en que «muchos no saben cuál es nuestra verdadera labor. No solo estamos para enseñar a pronunciar a los niños, nosotros trabajamos con personas en todas las etapas de la vida», ya que los problemas relacionados con la comunicación abarcan un gran rango de edad Desde el CGL apuntan a que también deberían formar parte de las plantillas educativas.

Lopera es uno de esos pueblos de la llamada España Vaciada, ubicado en la campiña jienense, que lucha contra el abandono y la falta de servicios. El último que corre el riesgo de desaparecer es la residencia de mayores del pueblo, un servicio esencial para una población envejecida.

La Congregación de las Hermanas Hospitalarias de Jesús de Nazaret es la entidad que gestiona el centro, en el que viven y reciben atención integral 25 usuarios, con muchas dificultades económicas. A finales del año pasado, la congregación religiosa ya advirtió de la inviabilidad de la residencia y anunció que tendría que cerrar si el Consistorio no asumía la gestión. Desde aquello, residentes y familiares viven en un continuo desasosiego.

Según explica el portavoz de Vox del municipio y presidente de la plataforma vecinal «Lopera por la Residencia», Martín Valenzuela, «empezamos a movilizarnos cuando, en mayo, la residencia empezó a prescindir de algunos trabajadores y enviamos escritos a todas las Administraciones implicadas». A raíz de aquello, el Defensor del Pueblo se prestó a actuar como intermediario y el Ayuntamiento dirigido por la socialista Carmen Torres creó una mesa se seguimiento, de escasa eficacia, ya que «no fue aprobada en pleno y no tiene validez jurídica», apunta Valenzuela.

Para evitar el cierre de este centro y el traslado de mayores a centros residenciales de otros pueblos, el Defensor convocó una reunión para intermediar con la Congregación y el Gobierno Municipal. La sorpresa fue cuando «un par de días antes, el Defensor comunica a nuestra plataforma que se cancelaba el encuentro porque el Ayuntamiento ya estaba negociando con las Hermanas Hospitalarias la gestión del centro», cuenta el portavoz de Vox.

Han pasado meses y nada se conoce de aquellas conversaciones, tan solo «que se ha subido la cuota a los residentes de 1.500 a 1.800 euros». Para compensar esta subida, el Consistorio se comprometió a subvencionar con 300 euros cada plaza (200 de las arcas municipales y 100 procedentes de una fundación), pero «de momento no se ha producido abono alguno», asegura Valenzuela.

Desde la plataforma vecinal temen que la alcaldesa esté alargando el asunto para que «cuando se produzca el cierre no le pille políticamente», teniendo en cuenta las próximas elecciones municipales del 23 de mayo. «La Congregación ha hecho públicas las cuentas y sabemos que hay un déficit estructural de entre 90.000 y 105.000 euros. Queremos saber si el Ayuntamiento asumirá la gestión y cómo lo van a hacer, teniendo e cuenta que los Presupuestos están prorrogados desde el 2024», critica Valenzuela.

A partir del próximo 13 de noviembre y hasta el 4 de diciembre, los médicos están llamados a una huelga indefinida. El Sindicato Médico Andaluz (SMA), convocante de los paros, decidió la semana pasada mover ficha para presionar a la Consejería de Salud a cumplir el acuerdo alcanzado entre las partes el 29 de julio para la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los facultativos. Dicho acuerdo constituía una respuesta autonómica a las reivindicaciones del colectivo, desoídas por la ministra Mónica García para la elaboración del Estatuto Marco.

Sanidad y la organización sindical acordaron reunirse después de verano para calendarizar las medidas, pero «a día, de hoy, todavía no hemos sido convocados», lamenta el presidente del SMA, Rafael Ojeda. «Mes y medio de espera es más que suficiente, tenemos un límite», reprocha, si bien asegura que desde el SMA «siempre están abiertos al diálogo y a la negociación». En este sentido, asegura que si desde le Consejería que dirige Antonio Sanz convocan la mesa de seguimiento del acuerdo y se concretan las medidas con plazos y presupuestos, «nosotros estaríamos dispuestos a desconvocar la huelga».

El pacto del 29 de julio incluía medidas de calado como la reforma del modelo de guardia y jornada complementaria para implantar la voluntariedad de las continuidades asistenciales no vinculadas a la guardia. También un cambio en el modelo retributivo del personal médico y facultativo para reforzar el peso de las percepciones de carácter fijo, entre otras.

Preguntado cuál sería el punto de partida para valorar la desconvocatoria de la huelga, Rafael Ojeda insiste en que todas lo pactado el 29 de julio «es prioritario», ya que «son cosas que se llevan pidiendo al SAS desde hace años». «A nosotros nos cuesta mucho priorizar, tendríamos que valorarlo internamente en una mesa de negociación, no quiero hacer un anuncio público de lo que más urge porque distorsionaría las conversaciones», apostilla.

El departamento que dirige Antonio Sanz siempre se ha mostrado partidario de tender puentes con los médicos para evitar las consecuencias desastrosas de las huelgas en la actividad asistencial. En los paros convocados esta primavera en rechazo al Estatuto Marco, se cancelaron hasta 1,3 millones de actos médicos.

Al publicarse el anuncio de huelga, Antonio Sanz, criticó su «sinsentido e incoherencia» y se mostró convencido de que no se llegará a tal extremo. «Siempre hemos cumplido con los acuerdos firmados», recordó. La versión que dio el consejero choca frontalmente con lo mantenido por el SMA, ya que aseguró que «el diálogo se esta produciendo». El presidente del sindicato aclara que «contacto informal siempre hay» con la Consejería, pero que «no se ha producido una convocatoria formal para iniciar una negociación ni un seguimiento de lo acordado en verano».

«Nosotros ya le hemos dado mucho margen, el compromiso adquirido por la Consejería es que nos sentaríamos a hablar después de verano. Solicitamos esa reunión tras las vacaciones y hemos llegado a octubre sin una convocatoria formal para iniciar la mesa de seguimiento. Mes y medio de espera es mas que suficiente», advierte Ojeda.