La donación de 280 millones de Amancio Ortega en protonterapia que priorizará a los pacientes de cáncer menores de 14 años
Las máquinas de protonterapia que la Fundación Amancio Ortega donó a la sanidad pública en 2021 llegarán en breves a 9 hospitales españoles. Se prevé que dos de ellas comiencen a funcionar durante el primer trimestre de 2027: una en el hospital Universitaria de Santiago de Compostela y otra en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid).
Este viernes 23 de octubre, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reunirán en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para evaluar y, previsiblemente aprobar, los criterios de prioridad de los pacientes que requieran dicho tratamiento, así como las adjudicaciones de los centros que corresponderán a los pacientes de cada comunidad autónoma.
La diferencia con la radiación, el componente innovador
La protonterapia es un tipo de radioterapia que, en vez de utilizar fotones (rayos X de alta energía) como en la radioterapia convencional, funciona con protones (partículas pesadas con carga positiva). De esta manera, este tratamiento concentra las dosis con mayor precisión en la zona del tumor, dañando en menor medida al tejido sano. No obstante, esta técnica no va a sustituir a la radioterapia convencional, pues continúa siendo la más indicada para tratar múltiples tipos de cáncer.
La calculadora de prioridad
Para establecer el orden de fila de los pacientes que podrán beneficiarse de las máquinas de protonterapia, se ha establecido una 'calculadora de priorización' que abarca nueve parámetros clínicos: edad, lugar del cuerpo donde se halla el tumor, recomendación de tratamiento de protonterapia para el tipo de cáncer, si existe metástasis o no, si se ha administrado reirradiación en la misma zona, si la situación clínica requiere atención preferente, la radiosensibilidad del paciente, la preservación de la fertilidad y, en los casos en los que corresponda, la reducción de dosis al feto.
Por cada uno de estos nueve criterios se asignarán puntos a los pacientes para calcular su nivel de preferencia en la lista que determinará el orden de intervención. Esto no significa que la calculadora vaya a restringir el acceso a algunos necesitados, todos los pacientes que tengan prescrita esta técnica para el tratamiento de su cáncer podrán acceder a ella, independientemente de la puntuación obtenida.
Los menores de 14 años van primero
La edad será el factor más decisivo en este proceso: cuanto más joven sea el paciente, con más puntos contará para ser atendido antes. De este modo, los menores de 14 años recibirán la puntuación más alta: 10 puntos. Seguidamente, los pacientes de entre 15 y 19 años (9 puntos) y los de 20 a 26 (8 puntos). Los enfermos de 27 a 30 años sumarán 7 puntos, a los de entre 31 y 35 años se les asignarán 6, y así sucesivamente.
En el cálculo, el segundo parámetro más relevante es la ubicación del tumor. Contarán con prioridad aquellos con tumores en la base del cráneo o en la órbita, por nombrar algunos ejemplos.
Respecto a la recomendación de protonterapia como tratamiento, se asignará más puntuación a los pacientes con ependimoma (tumor primario del sistema nervioso), glioma (originado en las células gliales del cerebro) o meduloblastoma (tumor cerebral de crecimiento rápido), entre otros.
El factor metástasis
Presentar metástasis resta prioridad, incluso excluye a un paciente de recibir protonterapia. La metástasis implica que las células cancerosas se han propagado desde el tumor original hacia otras partes del cuerpo a través de la sangre o el sistema linfático, así que, aunque se extermine con máxima precisión el tumor primario mediante esta técnica, la enfermedad continúa activa en el resto del organismo. En cualquier caso, los médicos serán los encargados de decidir qué pacientes requieren este tratamiento con atención preferente.
Una inversión de 280 millones de euros
Por el momento, España sólo cuenta con dos centros equipados con esta tecnología. Ambos privados y en la capital: el Centro de Protonterapia de Quirónsalud y la Unidad de Protonterapia del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra.
La donación de 280 millones por parte de Amancio Ortega, sumará 10 equipos más distribuidos entre nueve hospitales del país, todos ellos del modelo Proteus ONE de la empresa IBA, la misma utilizada en Quirónsalud.
Los hospitales beneficiarios serán el Hospital de Santiago de Compostela, el Hospital Universitario de Fuenlabrada, el de La Paz de Madrid, La Fe de Valencia, el Hospital Universitario de San Sebastián, la Unidad de Protonterapia de Cataluña (que contará con dos máquinas), el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos de Sevilla, el Hospital Materno Infantil del regional de Málaga y el Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín. Se estima que cada máquina podrá tratar entre 200 a 330 enfermos al año.
Mientras no estén instalados todos los equipos, la sanidad pública seguirá derivando a los pacientes que precisen este tratamiento a los dos hospitales privados equipados actualmente.
Asignación del hospital por autonomías
Cuando estén todas las máquinas operativas, que se espera que ocurra entre el último trimestre de 2028 y el primero de 2029, se adjudicará el centro que tratará al enfermo en función de la autonomía en el que este resida. Así, el equipo de Valencia atenderá a valencianos y murcianos; los de Madrid, a madrileños, castellanomanchegos, extremeños y castellanoleoneses (de Valladolid, Segovia, Ávila, Zamora, Salamanca y Soria); los de Cataluña a catalanes, baleares y aragoneses: y los de Andalucía a andaluces, ceutíes y melillenses. En San Sebastián se tratará a vascos y navarros; en Galicia a los gallegos; en Santander a cántabros, asturianos, riojanos y castellanoleoneses de Burgos, Palencia y León; y en Canarias, a los canarios.
Desde el momento en el que ya haya un equipo operativo, la distribución se realizará en función de la autonomía de residencia, aunque, por razones clínicas o logísticas debidamente justificadas, un paciente podrá recibir tratamiento en un centro distinto al que le corresponda mediante un modelo de distribución regulada.


© La Razón


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