El Ministerio de Sanidad llevará hoy al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) el proyecto de Real Decreto que pretende presentar como una reforma para hacer más “transparente” y “homogéneo” el sistema de información de las listas de espera. Pese a que el adelanto electoral ha dejado sin efecto cualquier proyecto legal del departamento de Mónica García, la ministra ha decidido que ponerlo en el orden del día de hoy -junto a 27 puntos más- es oportuno. Un Pleno que, además, ella abandonará a una hora y media de su inicio para inaugurar un congreso de periodistas sanitarios.

La realidad es que el documento será rechazado por la mayoría de las autonomías porque está “inmaduro” y “por terminar”, tal y como se desprende del informe elaborado por la comisión delegada que forma parte del Cisns, donde se recogen las opiniones de las autonomías y del propio Ministerio, y al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Las comunidades autónomas llevan meses trabajando con los equipos de Sanidad en la revisión del articulado y en la definición de los indicadores, y la mayoría no considera que el borrador esté listo para su publicación.

Analizamos el texto con gestores sanitarios y técnicos autonómicos, que destacan que, más que una reforma útil de la normativa vigente -el RD 605/2003-, la reforma solo cumple un objetivo político: intentar erosionar la sanidad madrileña, que presenta los mejores resultados del país: menos de 50 días de espera para ser operado, 51 días para una prueba diagnóstica y 59 días para ver a un especialista.

Pero Mónica García, desprovista ya de toda esperanza política que no sea la de pelear por el puesto de Isabel Diáz Ayuso, cree haber encontrado un punto débil en Madrid: las derivaciones a centros concertados. El nuevo texto dice que el paciente debe permanecer en la lista hasta que reciba la atención. Pero eso ya ocurre. Madrid no saca a nadie de la lista de espera hasta que está operado, y así lo regula la normativa actual, que distingue esta de la lista estructural. De este modo, si a un paciente se le ofrece una alternativa más rápida y la rechaza, no cuenta en la lista estructural, aunque sigue en la lista general. Es exactamente lo que dice la ley y lo que hacen la mayoría de las autonomías, no solo Madrid.

El propio Ministerio sabe que el texto no está técnicamente maduro. Una de sus principales carencias es el instrumento clave en cualquier norma de este tipo: la guía técnica de desarrollo, que especifica cómo deben implementarse las nuevas obligaciones en los sistemas de información autonómicos. Sin esa guía-que aún está en elaboración y que requiere consensos técnicos muy finos- el RD es inaplicable, ya que no define modelos de datos, ni criterios de validación, ni flujos de registro ni estándares de interoperabilidad. Sin embargo, en la última reunión de la comisión delegada, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró que ambas cosas – el RD y la guía- podían avanzar “en paralelo”.

Además, no basta con regular cómo se miden las listas de espera, también hay que garantizar que la información se publique con una periodicidad y un plazo que permitan conocer la situación real del sistema sanitario. Sin embargo, hoy, a 23 de octubre, todavía no se han publicado los datos de listas de espera correspondientes a los primeros seis meses de este año, por lo que seguimos manejando cifras de hace 10 meses. Pero el Ministerio, que no consigue cumplir lo que exige la regulación actual, pretende imponer una más ambiciosa que obliga a publicar los datos trimestralmente.

Consciente de la cantidad de consultas del informe actualizado en su web, Sanidad, para curarse en salud, ha colocado estratégicamente una nota en la que explica que la responsabilidad sobre los indicadores es de las autonomías, y que ellos solo “agregan las cifras en un único documento y lo publican”.

Inflar las cifras

El objetivo central de la reforma es modificar el cómputo de la espera. El texto actual en vigor determina que el tiempo empieza a contar cuando el paciente tiene una solicitud de cita o una indicación para una intervención quirúrgica, y que sale de la lista cuando esa cita se agenda, cuando se programa la operación o cuando se certifica que el procedimiento no se va a realizar por motivos clínicos justificados. Es un sistema lógico: la lista de espera solo existe cuando hay un acto clínico real que genera una prestación pendiente. El nuevo texto pretende que la inclusión se contabilice desde que el médico de Atención Primaria decide derivar a un paciente a un especialista, algo que la mayoría de las autonomías y los expertos consultados consideran una “aberración”.

En primaria no existe una indicación diagnóstica ni terapéutica: existe una sospecha. El médico de familia puede derivar a un traumatólogo, a un otorrino o a un cirujano sin saber si el paciente necesitará una operación, una prueba complementaria o, simplemente, una valoración que descarte patología. Hasta que el especialista no ve al paciente, no existe una lista de espera real. El resultado de implantar este cambio sería inflar artificialmente las cifras, generar un “atasco estadístico” y hacer imposible comparar datos entre territorios. Por eso ninguna comunidad autónoma -incluidas las gobernadas por el PSOE- está dispuesta a aceptarlo.

Otro de los pilares del RD es la prohibición de las llamadas “listas paralelas”: listas B, agendas internas, bolsas o prelistas. El texto lo presenta como si fueran prácticas habituales, pero los técnicos autonómicos recuerdan que ya están prohibidas y que la trazabilidad existe desde hace años.

Además, el RD introduce un identificador de episodio clínico, pero las comunidades señalan que esto no cambia nada en la práctica: los sistemas ya registran los estados del paciente y los cambios de prioridad. Lo que sí hace el RD es sugerir que las autonomías “ocultan pacientes”, una acusación que los responsables de admisión consideran injusta y técnicamente falsa.

Parálisis por análisis

El Ministerio insiste también en que quiere medir a los pacientes sin cita asignada, los percentiles de demora, los tramos de espera y el tiempo hasta diagnóstico. Son indicadores que suenan bien en un documento político, pero que, según los expertos, no aportan valor asistencial. “Para qué queremos tantos datos”, se preguntan, “si con lo que ya publica el Ministerio no hace que los pacientes les atienda antes”. Hablan de “parálisis por análisis”: más tablas e informes, pero ninguna medida que aumente la capacidad asistencial, que es donde está el verdadero cuello de botella.

El Ministerio de Sanidad ha tenido que aclarar el alcance de la nueva regulación de los ingresos psiquiátricos involuntarios tras la preocupación generada entre las principales sociedades científicas de psiquiatría y salud mental y las asociaciones de pacientes y familiares de personas con enfermedades mentales graves. Después de horas de reunión este jueves entre la comisionada de Salud Mental, Belén González, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepms), la Confederación Salud Mental España y la asociación Hierbabuena, los psiquiatras aseguran que los criterios clínicos para ingresar a un paciente contra su voluntad apenas cambian y que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sigue siendo la referencia para estos internamientos.

La rectificación llega después de que la Semps y otras veinte sociedades científicas alertaran del riesgo de que el artículo 13 bis de la Ley 4/2026 dejara sin una respuesta adecuada a pacientes con trastornos mentales graves. La controversia se centraba en la expresión "urgencia vital", que podía interpretarse de forma restrictiva y dificultar ingresos necesarios en personas que atraviesan una crisis psicótica, abandonan sus autocuidados o presentan otros cuadros graves sin que exista un peligro inminente de muerte.

"En definitiva, no cambia prácticamente nada respecto a lo que son los criterios de ingreso", ha señalado a LA RAZÓN la presidente de la Sepsm, Marina Díaz-Marsá tras el encuentro. La psiquiatra considera que la reunión ha permitido despejar las dudas sobre la aplicación de la norma y evitar que la nueva redacción se interprete como un obstáculo para ingresar a quienes necesitan atención hospitalaria.

Sanidad "vende" la reforma como un avance en derechos

Mientras sucedía la reunión, el Ministerio difundió una nota de prensa sobre la entrada en vigor de la reforma. Bajo el enfoque de la garantía de los derechos de los pacientes, Sanidad destacó el consentimiento informado, las decisiones anticipadas y las obligaciones que deberán cumplir los profesionales. Sin embargo, el comunicado no refleja en los mismos términos la rectificación interpretativa del concepto de "urgencia vital" que, según la Semps, se abordó en el encuentro.

La nueva regulación incorpora exigencias de documentación en la historia clínica. Los profesionales deberán dejar constancia de que han consultado las decisiones anticipadas del paciente, de que se han agotado las alternativas de tratamiento voluntario o de que estas son inadecuadas, insuficientes o no están disponibles, y de que se ha informado al paciente de su derecho a recibir asistencia legal.

Las decisiones anticipadas expresan las preferencias de una persona sobre su atención futura, pero, según ha explicado Díaz-Marsá, no serán vinculantes si resultan contrarias a lo que exige la situación clínica en ese momento. Además, será necesario desarrollar cómo se registran y consultan, ya que esta información todavía no está recogida en la historia clínica de todos los pacientes.

En cuanto a los tratamientos voluntarios, la presidenta de la Semps ha precisado que dejar constancia de que se han agotado o de que no son adecuados para la situación clínica ya forma parte de la práctica habitual. La nueva exigencia pasa por documentarlo expresamente, junto con la información sobre el derecho a asistencia legal.

La clave para los psiquiatras es que estas obligaciones no impidan que los profesionales actúen cuando la situación clínica requiere un ingreso. La aclaración sobre la urgencia vital pretende evitar que la norma se aplique de forma más restrictiva que los supuestos previstos en la legislación vigente.

"Soy la madre y cuidadora única de un chico de 31 años que lleva 11 años con esquizofrenia paranoide no controlada y quiero confesar que en estos años habría cometido 13 delitos contra la libertad y la dignidad de mi hijo, según dicha norma". Así comienza la carta que una madre ha remitido al Gobierno, al Ministerio de Sanidad y a profesionales de la salud mental para alertar de las consecuencias que, a su juicio, puede tener la nueva regulación de los ingresos psiquiátricos involuntarios. "Pero sin ninguna duda volvería a hacerlo", añade. Su objetivo, asegura, es poder seguir haciéndolo cuando la enfermedad de su hijo le impida reconocer que necesita ayuda.

La mujer, que firma como Ana y omite su apellido para preservar la confidencialidad de su hijo, describe once años de brotes psicóticos y trece ingresos, la mayoría involuntarios. Cuando su hijo atraviesa una crisis, explica, deja de cuidarse, descuida la alimentación, la higiene y el sueño, consume cannabis y cree que otras personas le persiguen o quieren matarle. "No es capaz de tomar decisiones sobre su propia salud, porque la enfermedad le ha arrebatado precisamente esa capacidad", escribe.

El temor de esta madre es que el nuevo marco legal dificulte intervenir antes de que la situación llegue a un extremo. La carta coincide con la polémica abierta por el artículo 13 bis de la Ley 4/2026, que entrará en vigor este viernes, 23 de octubre, y establece que las intervenciones en salud mental deben basarse en el consentimiento libre e informado y prohíbe el internamiento involuntario por razón de discapacidad salvo en supuestos de "urgencia vital". La interpretación de ese umbral es el centro del desacuerdo entre las sociedades científicas y Sanidad.

"Mientras su vida no corra peligro, esta ley dice que no se le puede ingresar", lamenta Ana. La madre recuerda que los ingresos anteriores han permitido a su hijo recuperarse parcialmente y retomar su vida en mejores condiciones. "Nadie, y menos una madre, quiere ver encerrado a su hijo", afirma. Pero defiende que respetar su dignidad también implica poder ofrecerle tratamiento cuando no es consciente de su enfermedad: "Su dignidad no pasa por desentenderse de él cuando más nos necesita".

La mujer no reclama que se mantengan las condiciones actuales sin cambios. Al contrario, denuncia las deficiencias de algunas unidades en las que se atiende a estos pacientes, que describe como espacios "en sótanos, sin luz, sin apenas actividad, sin poder salir, sin estímulos, sin vida". "Eso no es cuidar, eso es contener, que no es lo mismo", sostiene. A su juicio, la solución pasa por mejorar las condiciones de los ingresos, disponer de más recursos y desarrollar protocolos que garanticen tanto los derechos como la atención clínica.

Sanidad, obligada a rectificar y reunirse con los psiquiatras

La carta se conoce el mismo día en que la comisionada de Salud Mental, Belén González, tiene previsto reunirse con la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) y otras sociedades científicas, después de que estas alertaran de que el cambio puede dejar sin cobertura clara a personas con trastornos graves. Entre los supuestos que les preocupan figuran las psicosis con abandono de los autocuidados, los episodios maníacos graves y determinados cuadros de ideación suicida de alto riesgo.

Sanidad, por su parte, sostiene que los ingresos involuntarios no desaparecen y que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil seguirá regulando los internamientos no voluntarios. El Ministerio ha abierto una consulta pública para desarrollar reglamentariamente el nuevo artículo y prepara instrucciones transitorias para aclarar cómo aplicarlo desde su entrada en vigor. La comisionada ha defendido que los ingresos urgentes podrán realizarse con las garantías previstas y que los no urgentes podrán tramitarse mediante autorización judicial.

La inquietud de las familias, sin embargo, va más allá de la interpretación jurídica. En septiembre, durante el II Homenaje a la Enfermería organizado por LA RAZÓN, familiares y enfermeras especializadas en salud mental reclamaron un protocolo para los ingresos involuntarios y denunciaron la falta de coordinación entre servicios, la escasez de camas y las dificultades para atender a pacientes adultos con enfermedad mental grave.

Ana advierte de que los recursos comunitarios que permitirían atender algunas crisis fuera del hospital -como los equipos de tratamiento asertivo, la hospitalización a domicilio o los centros de crisis- no están disponibles en número suficiente. "Legislar como si existiera [esa red] no es proteger al paciente: es mirar hacia otro lado", escribe.

Su petición final se dirige a los responsables políticos: "Que no cierren una puerta sin antes abrir otra donde nos podamos meter". Y deja una pregunta que resume su angustia ante el futuro: "¿En qué momento del proceso puedo solicitar el ingreso? ¿Cuántas puertas tiene que romper, cuántos días enteros tiene que sufrir pensando que le van a matar? ¿Cuándo exactamente se considera que entra en juego su vida?"