A pesar de que el socialismo justifica la amnistía como una victoria para la "convivencia y la reconciliación", tal y como repiten constantemente Pedro Sánchez y Salvador Illa, el exconseller de Cultura y actual diputado de Junts en el Parlament, Lluís Puig, ha defendido que, pese a las consecuencias personales y políticas que ha tenido para él permanecer nueve años fuera de Cataluña tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, volvería a actuar de la misma manera. De hecho, ha asegurado que repetiría aquella decisión con mayor conocimiento de causa, gracias a todo lo que han aprendido durante este tiempo.

El exconseller ha reconocido que durante aquellos años siempre mantuvo la convicción de que el Estado acabaría sentándose a hablar para encontrar una solución al conflicto político catalán. Sin embargo, ha admitido que quizá pecó de ingenuidad al confiar en que ese diálogo llegaría antes. «¿Era iluso? Puede. Ahora ya no lo sería tanto», ha reflexionado.

Pese a ello, Puig considera que el balance de estos años no ha sido favorable al Estado y sostiene que quien ha salido perdiendo de este conflicto ha sido precisamente el propio Estado. En cualquier caso, ha insistido en la necesidad de mantener abierta la vía del diálogo como mecanismo para resolver los problemas políticos entre Cataluña y España.

Críticas a Illa

Puig ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no estuviera presente en el pleno de la Cámara catalana durante su regreso a la institución, nueve años después de los acontecimientos del 1-O. «Me sorprendió, me supo mal», ha reconocido, al recordar que le habría hecho ilusión que el jefe del Ejecutivo catalán estuviera presente durante su intervención.

En una entrevista concedida a TV3, Puig ha explicado que el primer encuentro entre ambos tuvo lugar en la delegación del Govern en Bruselas, donde, según ha relatado, mantuvieron un trato humano y respetuoso. El diputado de Junts ha querido subrayar que, independientemente de las diferencias políticas, reconoce la figura institucional del presidente de la Generalitat: «Es mi presidente, de mi Generalitat, de mi país, Catalunya, sea cual sea el presidente que me encuentre hoy y en el futuro».

Puig ha admitido que tenía preparado un fragmento de su discurso dedicado expresamente a Illa y que le habría gustado que pudiera escucharlo durante la sesión parlamentaria. «Tenía un párrafo dedicado a su persona que, si no lo ha escuchado, ya se lo explicaré cuando pueda», ha señalado. No obstante, ha restado importancia a su ausencia y ha evitado desvelar los detalles de la conversación que ambos mantuvieron en un encuentro discreto y privado fuera del Parlament.

Le preocupa el uso del castellano

Más allá de la ausencia de Illa, el exconseller ha expresado su preocupación por el uso cada vez más frecuente del castellano en la Cámara catalana. «Me preocupa que en el Parlament se hable tanto castellano», ha afirmado, al considerar que se trata de una situación que, a su juicio, no se producía con la misma intensidad años atrás.

Preguntado por los motivos de este cambio, Puig lo ha atribuido a una creciente polarización política y a lo que ha calificado de «catalanofobia desmedida». En este sentido, ha asegurado que esta actitud se extiende más allá de Cataluña y que «empieza en Aragón y llega hasta el Reino de Castilla, y no afloja».

El diputado de Junts ha establecido además un paralelismo entre la situación política actual y otros momentos de la historia reciente de España. «De joven había una cuestión de Estado, que era el terrorismo de ETA, y ahora la cuestión de Estado es Catalunya», ha afirmado.

Cataluña será uno de los territorios clave en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Con 48 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, la comunidad catalana volverá a ser un escenario decisivo para los partidos que aspiran a gobernar España. En este contexto, tanto el Partido Popular como Vox buscarán ampliar su representación en las urnas y ganar terreno en un territorio donde ambas formaciones llevan tiempo mostrando cierta estabilidad electoral. Para conseguirlo, los dos partidos han empezado a perfilar una estrategia que pasa por poner el foco en algunos de los problemas que más preocupan a los catalanes: la vivienda, la inmigración y la inseguridad.

En esta línea se ha pronunciado este viernes la secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat, durante una visita a Girona junto a la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del partido, Carmen Fúnez, y la candidata popular al Congreso por la provincia, Diana Moya. Montserrat ha asegurado que el 29-N estarán en juego «dos modelos»: el de Ada Colau y Pedro Sánchez, por un lado, y el de Xavier García Albiol y Alberto Núñez Feijóo, por otro. La dirigente popular ha contrapuesto el balance de la exalcaldesa de Barcelona en materia de vivienda con la gestión de Albiol en Badalona, que ha reivindicado como ejemplo de las políticas de su partido.

«El modelo de Ada Colau, que nos ha dejado en las peores condiciones en la vivienda, o el modelo de Xavier García Albiol, que hemos visto clarísimamente cómo lo hace de bien en Badalona», ha afirmado sobre todo en referencia a la lucha del popular contra las okupaciones. Montserrat ha insistido en que quienes quieran desalojar a Sánchez del Gobierno solo tienen una opción: votar al PP. «Nuestra papeleta es la que echará a Sánchez y la que echará a todas las políticas tan terribles en vivienda, en inmigración y en seguridad», ha añadido. La eurodiputada también ha defendido que las propuestas populares permitirán frenar tanto la inmigración irregular como las ocupaciones ilegales y mejorar el acceso a la vivienda.

Vox apuesta por la inmigración y la inseguridad

Por su parte, Vox centrará buena parte de su campaña en dos de sus principales banderas políticas: la inmigración y la seguridad. La formación de Santiago Abascal considera que Cataluña ofrece un terreno especialmente propicio para desarrollar este discurso, debido a la preocupación por los problemas de convivencia y delincuencia en determinados barrios y municipios. Además, los de Abascal buscarán disputar al PSC parte del voto obrero del denominado cinturón rojo metropolitano, tradicionalmente vinculado a la izquierda, pero donde Vox aspira a crecer apelando al malestar por la inseguridad, la inmigración y el deterioro de los servicios y espacios públicos.

Así, este viernes, el portavoz de Seguridad e Inmigración de Vox y cabeza de lista al Congreso por Ávila, Samuel Vázquez, ha elevado el tono durante una visita al barrio del Besòs i el Maresme de Barcelona, donde ha asegurado que Cataluña «ha llegado al límite». El dirigente ha enumerado los problemas que, a su juicio, evidencian el deterioro de la seguridad en la comunidad: «tiroteos, apuñalamientos, narcopisos, bandas criminales, terrazas de verano donde solo se sientan varones o mujeres con la cara tapada».

Vázquez ha responsabilizado de esta situación tanto al socialismo como al separatismo y ha reprochado a sus dirigentes que no vivan en los barrios donde, según ha denunciado, se sufren estas situaciones. Asimismo, ha defendido la propuesta de su partido de impulsar la «deportación urgente e inmediata de todos los delincuentes, sean legales o ilegales». El portavoz ha reivindicado que Vox mantiene esta posición desde hace tiempo y ha acusado a otras formaciones de recurrir ahora a estos planteamientos por motivos electorales, en referencia a Aliança, Junts o el PP.