El cabeza de lista de Vox por Tarragona, Jordi de la Fuente, debe sentarse en julio del año próximo en el banquillo para ser juzgado por el asalto al centro de menores de El Masnou (Barcelona), en julio de 2019, que se saldó con cuatro heridos. El fiscal imputa al candidato de Vox y secretario general del sindicato ultra Solidaridad un delito de “incitación al odio, la hostilidad, la violencia o la discriminación por motivos de origen nacional” y le pide dos años y dos meses de cárcel, con la accesoria de inhabilitación de sufragio pasivo (presentarse a cargos de elección popular), cinco años de inhabilitación especial para oficios relacionados con menores, nueve meses de multa y prohibición de acercarse a menos de 300 metros del albergue. De haber sido condenado a esta pena, De la Fuente no podría presentarse a las elecciones del 29 de noviembre, pero la disputa sobre el órgano competente para juzgar el caso ha hecho que, siete años después de sucedidos los hechos, aún esté pendiente de juicio.

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Nuevo México ha tomado la delantera como un Estado pionero a la hora de poner freno a los abusos de las compañías tecnológicas. Este miércoles, un juez ha ordenado a Meta —la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— pagar nada menos que 25.000 millones de dólares (más de 22.000 millones de euros), tras decidir que la compañía es culpable de engañar a sus usuarios, en concreto a los de Facebook, con respecto a la moderación de contenidos y también con sus políticas de privacidad.

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El jurado popular ha dictaminado que Agustín Romero y Erika Carbonell son culpables de matar a tiros en plena calle a Natalia Silva el 8 de diciembre de 2024. El origen del crimen estuvo en una riña familiar sin importancia en la noche de Reyes de 2024 que desembocó en una discusión telefónica entre la víctima y Agustín, el autor material de los disparos. La ejecución se produjo cuando Natalia iba en su furgoneta y él la persiguió en un coche conducido por Erika, su amante en ese momento. Después, ambos huyeron fuera de Madrid.

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Lourdes Cavero, esposa del expresidente madrileño Ignacio González, ha negado este martes que la constructora Dragados costease el acondicionamiento de un jardín en su vivienda en 2006, después de que esa compañía ganase el proyecto para levantar un campo de golf en el centro de la capital. Pese a que la Fiscalía sospecha que esas obras fueron una contraprestación, la mujer del expolítico ha defendido que las abonaron de su bolsillo. “Pagué en efectivo y paulatinamente a medida que se iba avanzando con las obras”, ha insistido Cavero al declarar como testigo en el primer juicio que acoge la Audiencia Nacional contra el exdirigente del PP por el caso Lezo.

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Mariah Carey (Nueva York, 57 años) ha ganado la larga batalla legal contra su hermano mayor, Morgan Carey (66 años), después de que este demandase a la cantante en mayo de 2021 por difamarle en el libro de memorias que publicó en 2020, The Meaning of Mariah Carey. En un fallo emitido este lunes 19 de octubre y obtenido por Rolling Stone, la jueza Leslie A. Stroth de la Corte Suprema del Estado de Nueva York ha desestimado la demanda al considerar que Morgan no ha logrado demostrar que su hermana actuara con “malicia efectiva” al realizar las declaraciones que él denunció.

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En el vídeo registrado por la cámara fija del laboratorio del Servicio de Armas de la Guardia Civil de Madrid, se ve al coronel Francisco Pallás entrando con un empleado de la empresa española USP (Uniformidad y Suministros de Protección S.L.) y un guardia, cogen las cajas de cinco fusiles de asalto del instituto armado y comienzan a superponer etiquetas y precintas de la citada empresa sobre los de la Guardia Civil, tapándolos. Esta burda operación, realizada a plena luz del día y con las cámaras de seguridad en funcionamiento, ha sentado esta semana en el banquillo al Coronel, a una directiva de la empresa armamentística y a un empleado de la misma. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el mando de la Guardia Civil por “un delito de falsificación de documento oficial”; y dos años para los miembros de la compañía por lo mismo. El ministerio público entiende que Pallás “falsificó unos documentos para favorecer durante el proceso de licitación a una empresa de cara a la adquisición de un mínimo de 8.250 fusiles de asalto”.

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