Los debates electorales vuelven a enfrentar al PSOE y al PP. Si en 2023 los de Alberto Núñez Feijóo plantaron a RTVE en el 'debate a cuatro', esta vez la discrepancia es por dónde hacerlo: mientras el equipo de Pedro Sánchez aboga por la propuesta de la corporación pública, el PP apuesta por la oferta del grupo privado Atresmedia, editora de Antena 3 y La Sexta. El que sí se hará es el debate 'cara a cara', previsto para el 16 de noviembre en Mediaset (Telecinco y Cuatro).

Pedro Sánchez ha aceptado este jueves participar en un ‘cara a cara’ electoral con Alberto Núñez Feijóo el lunes 16 de noviembre. Así lo ha confirmado el PSOE en un comunicado en el que, además, acepta también la invitación de RTVE a participar en el debate a cuatro el jueves 26 de noviembre. “El PSOE no elegirá ni vetará a ningún grupo mediático. En su lugar, pide a todos los grupos que encuentren un acuerdo entre ellos y que emitan la señal en abierto para todas las cadenas, como ya se ha comprometido a hacer TVE”.

Pero el PP ha reaccionado inmediatamente para bloquear la opción de la radiotelevisión pública, como ya hiciera en 2023. “No habrá debate a cuatro en RTVE”, apuntan fuentes oficiales del PP. Las mismas fuentes añaden: “No entendemos el intento de boicot del PSOE a Atresmedia”.

“Los debates serán el 16 en Mediaset y el 26 en la cadena en la que hace tres años sí le valía debatir a Pedro Sánchez”, concluye el comunicado del PP.

Lo que obvian en Génova es que fue Feijóo quien boicoteó en 2023 el de RTVE, que hizo un 'debate a tres' entre Sánchez, la entonces líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el candidato de Vox, Santiago Abascal. Los tres repitieron en Atresmedia, donde sí acudió el líder del PP.

La diferencia con entonces, al menos a día de hoy, es que tanto la propuesta de RTVE como la de Atresmedia son para el mismo día: el 26 de noviembre, penúltimo día de campaña.

“Atril vacío”

Preguntados si, como en 2023, Feijóo plantará a RTVE, desde el equipo de Feijóo contestan: “Ya veremos si deja vacío el atril de Atresmedia Pedro Sánchez”.

El PSOE considera que, “al menos, deben existir dos encuentros entre los cabezas de lista y que se debe seguir el precedente establecido en las pasadas elecciones de julio de 2023: un debate ‘cara a cara’ organizado por un grupo privado al inicio de la campaña y un debate con los cuatro candidatos principales organizado por la televisión pública. Siendo indispensable que ambos encuentros se produzcan”.

Los socialistas reprochan a Feijóo que en las últimas generales de 2023 “dejó su atril vacío y plantó a la radiotelevisión pública en el debate a cuatro, hurtando a los españoles la posibilidad de contrastar su programa con el resto de fuerzas políticas”. “El PSOE no va a vetar a ninguna cadena privada de igual forma que no vamos a consentir, bajo ningún concepto, el veto a la televisión pública. La misión de servicio público que la Constitución y las leyes encomiendan a Radio Televisión Española tiene en los debates electorales una de sus expresiones más esenciales y garantistas”, añaden.

Hasta ahora, el PP ha planteado hasta tres debates electorales de ámbito nacional para la campaña de los comicios del próximo 29 de noviembre: un 'cara a cara' entre su candidato, Alberto Núñez Feijóo, y el del PSOE, Pedro Sánchez; uno a cuatro, que incluya a Vox y al nuevo Frente Amplio; y otro de portavoces parlamentarios. Así lo ha anunciado en un comunicado en el que, además, anuncia que Feijóo no dará entrevistas a RTVE en programas de “productoras externas”.

El adelanto electoral anunciado el lunes por Pedro Sánchez después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda ha cambiado el paso de los partidos de la derecha, que estaban muy cómodos en un escenario político dominado por las denuncias de corrupción y las investigaciones judiciales que marcaban los titulares y debates parlamentarios de los últimos meses. El PP intenta virar de nuevo la conversación pública hacia los tribunales y ha pedido ahora la imputación del PSOE por, entre otros delitos, financiación ilegal. El juez Santiago Pedraz deberá pronunciarse ahora, en plena batalla electoral entre los dos grandes partidos.

“Todo se va a terminar sabiendo” ha sido una de las frases repetidas habitualmente por los portavoces del PP desde que en 2024 se comenzaran a hacer públicas las investigaciones contra miembros del Gobierno y del PSOE. Las condenas a José Luis Ábalos y a Koldo García en el ‘caso mascarillas’ o al hermano del presidente Pedro Sánchez tras la causa abierta por la creación de una plaza pública ‘ad hoc’ para él en la Diputación de Badajoz han sido los casos más sonados, hasta el momento.

Pero el presidente del Gobierno tiene por delante asuntos quizá más complicados, como el juicio contra su esposa, Begoña Gómez, por supuestamente usar su posición para traficar con su influencia, o contra el propio partido. Según dijo el PP ya el pasado viernes, cuando elDiario.es anticipó el adelanto electoral, las prisas de Sánchez para convocar a las urnas bien podrían explicarse por su pretensión de poner fin a esas investigaciones o juicios.

Así lo expuso Feijóo este lunes en una declaración tras el adelanto electoral: “Estoy plenamente seguro de que [la convocatoria] responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia”.

Hasta hace poco tiempo, el argumentario del PP era el opuesto: Sánchez se quería mantener en el Gobierno para protegerse judicialmente. 

Acelerar tiempos

Ante el anuncio sorpresivo del presidente del Gobierno de la convocatoria electoral, el PP ha reaccionado con esa petición al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que impute a la formación socialista en el marco del caso Leire Díez. A juicio de los ‘populares’, con las declaraciones recabadas durante la instrucción, y con la información arrojada por la investigación policial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya hay elementos suficientes para que la persona jurídica PSOE pueda ser citada como investigada.

Si bien el PP, como dirección letrada de la acusación popular, puede pedir al juez lo que considere oportuno cuando lo estime conveniente, la realidad es que esta solicitud de que se impute a su principal rival político en precampaña ha cogido por sorpresa a los diferentes actores jurídicos. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es señalan que esa posible imputación del PSOE debía haberse valorado en todo caso tras los comicios de noviembre y siempre después de haber tomado declaración como investigados tanto a la exmilitante socialista Leire Díez como al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. 

Ahora, esos tiempos se trastocan porque el propio juez ya ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre esa eventual imputación de la formación de Gobierno, algo que ahora sí podría llegar antes de que arranque oficialmente la campaña electoral el 13 de noviembre. Eso sí, el Ministerio Público no tiene un plazo fijado para responder a esa petición del juez. Las fuentes consultadas, no obstante, esperan que el pronunciamiento del Ministerio Público sea rápido y, por tanto, el instructor debería decidir antes de las elecciones porque, explican, el procedimiento sigue su curso independientemente de lo que suceda en la esfera política. En caso de decidir tras los comicios, sería una dejación de funciones, añaden.

La decisión del PP ha sorprendido, incluso, al resto de acusaciones que no fueron avisadas con anterioridad del movimiento. Se da la circunstancia de que este es uno de los primeros escritos que firma el nuevo letrado del PP, Henry Feltenstein, que cogió la batuta de los principales casos en detrimento del director del servicio jurídico del PP, Alberto Durán. 

Por otro lado, la petición de imputar al PSOE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos llega un mes después que tuvieran lugar las declaraciones en las que se basa el PP para solicitarlo: la de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, y la de la presidenta de la formación, Cristina Narbona. Que el PP haya esperado tanto para esta petición podría tener que ver, explican, con el cambio de abogado. 

Con todo, algunas de las acusaciones populares consultadas señalan que el paso es positivo porque ahora sí hay más documentación en la causa para sostener esa imputación del PSOE como persona jurídica.

Y por si faltaba algo, llegó Milei. El presidente argentino aterrizó este miércoles en España para irrumpir en una política nacional inmersa en plena precampaña de las generales. Y lo hizo a la altura del personaje público delirante que lo ha convertido en uno de los referentes mundiales del populismo ultraderechista: agrediendo, insultando y descalificando al conjunto de la izquierda y al presidente del Gobierno en particular, al que regala ahora otra baza electoral inesperada frente al evidente descoloque de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, visiblemente incómodos con su presencia.

El efecto fue inmediato. Después de regodearse durante un par de semanas con el enredo de PP y Vox con las pensiones, los socialistas se frotan ahora las manos con el periplo de Javier Milei por nuestro país. Están convencidos en el PSOE de que todo lo que representa el presidente argentino ayuda a la caricaturización de sus adversarios y a la movilización de una izquierda temerosa de que aquí puedan replicarse sus recetas. Esto es: recortes drásticos del estado social. Y por eso se lanzaron a la yugular desde primera hora de la mañana.

“Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo, yo soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional, es ser zurdo, yo soy zurdo. Si defender el derecho a abortar, es ser zurdo, yo soy zurdo. Si defender el 'no a la guerra' es ser zurdo, yo soy zurdo. Sí, soy zurdo. Y a mucha honra”, dijo en un vídeo Pedro Sánchez en sus redes sociales mientras en la sede de la calle Ferraz se desplegaba una enorme lona en la fachada que rezaba: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”.

A esa hora, Pedro Sánchez aún no había sido insultado por Javier Milei, pero faltaba poco. En su primer acto en España, un desayuno informativo, el presidente argentino hizo gala de su habitual sutileza para arremeter contra casi todo el mundo, menos contra Ayuso y Abascal. Al presidente español lo llamó, a las primeras de cambio, ladrón. “Pedrito es bien corrupto, ¿no? La otra vez cuando se lo dije se ofendió y después le estallaron un montón de casos en la justicia. O sea que sí es un corrupto. Es como cuando Lula se enoja cuando le digo ladrón, porque es ladrón. Es decir, si hay algo que caracteriza a los líderes socialistas es que son ladrones”. Y lo tildó de “dictador”: “Tenemos motivos para celebrar a España como cuna del liberalismo. Por lo tanto, es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo”.

Y Pedro Sánchez ni pudo ni supo contener su goce. Otra vez en sus redes sociales, y de camino al mitin de precampaña de la tarde, reaccionó: “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”. El temazo argentino en cuestión era 'Fanático', de Lali Expósito, que ironiza sobre la delgada línea entre el odio y la obsesión y hace referencias evidentes al fanatismo de Milei.

Por la tarde, en el mitin, los militantes socialistas le pidieron al líder del PSOE entrar al trapo con Milei antes incluso de pronunciarse. “El señor Milei ha venido por aquí y le ha creado un problema a Feijóo y Abascal, que le invitaron y ahora no saben qué hacer con él. No saben dónde meterse ni dónde meterlo”, dijo para hacer las delicias de los asistentes. “Y ahí les tenéis: a Feijóo hablando de pizzas y de pisos y a Abascal diciendo: 'Uy, me habéis pillado fuera, hacemos un Zoom porque estoy fuera de Madrid'. Os voy a decir una cosa. ¿Pero a quién pretendéis engañar, Alberto y Santiago? Si os tenemos muy calados. Si Feijóo y Abascal gobiernan, harán lo que hace Milei en Argentina. Y eso no lo queremos para España”, proclamó.

La incomodidad de PP y Vox

El fiasco de la visita de Milei para PP y Vox se podía anticipar. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, el presidente argentino ha sido recibido con frialdad por las derechas españolas. Milei participó en uno de los actos informativos más habituales y concurridos de Madrid, el Nueva Economía Fórum. Un espacio que aglutina a empresarios y políticos alrededor de un invitado que ofrece un discurso y suele responder preguntas. Pero este miércoles se rompió con algunas tradiciones. Por ejemplo, no aparecieron los nombres de los patrocinadores del evento (Solaria y Asisa) en el panel ante el que habla el invitado. Los logos sí figuraban hace un par de semanas cuando el convidado fue el dirigente de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella.

Al evento acudieron dirigentes de segundo nivel tanto del PP como de Vox. La representación institucional corrió a cargo del presidente del Senado, Pedro Rollán, quien no se inmutó cuando Milei llamó “impresentable dictador” al presidente del Gobierno. En cuanto a la dirección del PP, oficialmente no asistió nadie al evento, según las previsiones informativas remitidas a los medios. Hubo una mínima representación del PP de Madrid y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, y su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, y Esperanza Aguirre, a título personal.

Ninguna referencia de los portavoces del PP durante todo el día. Tampoco en redes sociales. Ni siquiera la también argentina Cayetana Álvarez de Toledo se dejó ver. En su día, Alberto Núñez Feijóo apoyó en las elecciones presidenciales a Mauricio Macri, quien apoyó la candidatura de Milei en la segunda vuelta tras fracasar en la primera.

Pero la ausencia más notable, tanto en el acto como durante el resto de la jornada, fue la de Santiago Abascal. El líder de Vox ha sido uno de los principales apoyos de Milei en España. De hecho, su primera visita se produjo con la excusa del Foro de Madrid, un encuentro de líderes ultras de todo el mundo organizado precisamente por Vox.

Esta vez, Abascal optó por la precampaña electoral, con actos en Ponferrada (León) y A Coruña. Milei se reunió con el secretario general del partido, Ignacio Garriga, y recibió una videollamada del líder de Vox que grabó y colgó en su perfil oficial de presidente de Argentina en Twitter. “Me habría encantado verte, pero... pero en otra ocasión”, le dice Abascal en ese vídeo.

El principal acto político de Milei fue su encuentro con la presidenta de Madrid. Ayuso lo recibió en su despacho “complementario” en las oficinas del Canal de Isabel II para eludir a los acampados en la Puerta del Sol. La dirigente del PP mantuvo oculto durante el martes y buena parte del miércoles el uso de dichas oficinas para celebrar el Consejo de Gobierno semanal y, de paso, recibir a Milei.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este miércoles que su plan de vivienda no solucionará el primer y principal problema de los españoles en el corto plazo. “Es evidente que vamos a pasar algunos años difíciles”, ha sostenido en un acto de precampaña en Sevilla ante el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Feijóo ha anunciado un “plan nacional” que incumba a “todas las administraciones públicas” que se fijará en una conferencia de presidentes “con un punto del orden del día, que será el plan de vivienda nacional de nuestro país”, ha apuntado. “Los presidentes autonómicos, la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, la alcaldesa de Jerez, y el Gobierno, en su primera reunión, van a establecer ese plan de forma concreta”, ha añadido, para advertir: “Asumiendo las responsabilidades competenciales de cada uno”.

Pese a sus propias palabras, el candidato del PP ha reconocido implícitamente que el problema de la vivienda no es exclusivo del Gobierno. “Los únicos muros que debemos construir son los de las viviendas que necesita nuestro país”, ha afirmado, para sostener que invitará “a todas las administraciones públicas, aunque haya pocas del PSOE, a sumarse a este plan, y por supuesto a escuchar todo lo que nos quieran decir para mejorarlo”.

“Y hasta que este objetivo se consiga”, ha explicado, “pues es evidente que vamos a pasar algunos años difíciles”. “Mientras ponemos el suelo, hacemos los edificios, construimos, ejecutamos, finalizamos y entregamos, va a haber años difíciles”, ha insistido. “Soy consciente de ello”, ha remachado.

Los 'okupas' y las “pizzas”

Feijóo se comprometió este mismo lunes “a que se construirán un millón de viviendas nuevas” si llega al Gobierno. Un plan que no puede llevar a cabo el Ejecutivo central por sí mismo, ya que las competencias en materia de suelo y ordenación urbana son de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Para ello, el candidato del PP ha prometido “que en los 100 primeros días el Consejo de Ministros aprobará tres leyes”, la ley del suelo, la ley contra la ocupación y la ley de reforma de la propiedad horizontal.

Pero su implementación será lenta, según ha dicho el líder del PP, y precisará de la colaboración de todas las administraciones del Estado.

Feijóo ha lamentado que estas tres leyes no estén ya en vigor, y ha acusado al Gobierno de torpedear su tramitación en el Congreso después de haber sido aprobadas por el Senado, donde ha tenido mayoría absoluta durante toda la legislatura.

Las tres leyes “cambiarán, sin ninguna duda, la seguridad jurídica que empiezan a advertir las personas que viven en nuestro país”, ha sostenido Feijóo, quien ha asegurado en su intervención que “si un 'okupa' entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”.

“No puede ser que la ley ampara al que ocupe y deje desprotegido al que ha ahorrado toda su vida y paga su hipoteca”, ha afirmado. “Hay personas que pagan los recibos de una casa en la que no pueden entrar”, ha dicho.

Son medidas, ha afirmado, que “benefician también al inquilino, sobre todo al inquilino vulnerable, porque hay miedo y eso conlleva a disminuir el número de viviendas en oferta de alquiler y, por lo tanto, a incrementar los precios de alquiler”. Feijóo ha añadido: Y, al final, el inquilino honrado paga la desconfianza que generan otros cuando el propietario se siente seguro alquila y se fía del inquilino“.

“Lo demás, queridos amigos, son pancartas”, ha zanjado.

“Deducciones fiscales” a los caseros

El plan de vivienda del PP incluye “deducciones fiscales” para los alquileres que se renueven “hasta tres años” y “por debajo del IPC”.

“Esto va a ser un contrato fiscal”, ha dicho Feijóo. “Usted, propietario de una vivienda que vence el plazo, si la alquila hasta tres años más e incrementa la renta por debajo del IPC, yo le voy a dar una deducción fiscal para que le merezca la pena”, ha explicado.

El inquilino solo se beneficiará indirectamente, y siempre que el rentista así lo quiera: “Y esa deducción fiscal que usted tiene va a ser una deducción fiscal en la que el inquilino se va a beneficiar en el precio de la renta y además, en función de la renta del inquilino, también podrá desgravar esa renta de alquiler”.

Gobernar en solitario. Fue la promesa que hizo Alberto Núñez Feijóo a los suyos para ser reelegido presidente del PP en julio de 2025. 15 meses después, a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre, Feijóo no solo reconoce que solo podrá gobernar en coalición con la ultraderecha, sino que abre la puerta de sus propias listas electorales a Vox. Del “no habrá coalición, es un compromiso” de 2025 al “si Vox está a la altura, el PP también estará a la altura” de 2026.

“Estamos hablando y vamos a seguir hablando”, reconoció Feijóo este martes en una entrevista. Se refería a Vox y al “acuerdo” que unas horas antes había avanzado en público el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal. Como la coalición ya no es posible por los plazos legales, el PP se plantea dos opciones (o la combinación de ambas): que Vox se retire en algunas provincias y/o que se integre en las listas del PP. Así lo ha hecho el PP en Navarra con UPN y en Asturias con Foro, según expuso Feijóo, quien comparó expresamente a Vox con estos dos partidos autonómicos minoritarios. 

Feijóo explicó que “hace falta una mayoría muy sólida que debe respaldar al [próximo] presidente del Gobierno”. “Esa mayoría hay que completarla”, añadió, lo que implica que el líder del PP reconoce la imposibilidad de que su partido gobierne en solitario tras el 29N. 

Pero el PP y Vox van más allá y tienen un objetivo claro: dominar las tres quintas partes del Senado para controlar el Tribunal Constitucional durante la próxima década. Así lo expuso el propio Feijóo: “Tenemos el compromiso de no entregar el Senado al 'sanchismo', no solo para optar a la mayoría absoluta, sino para poder conseguir los 3/5” del Senado. “Trabajaré para ello y que la otra parte esté a la altura”, zanjó.

Las palabras de Feijóo fueron inmediatamente ratificadas por sus portavoces. Incluido Borja Sémper, quien en 2020 abandonó la política y se pasó a la empresa privada tras renegar de la estrategia de su entonces jefe de filas, Pablo Casado. “Si el populismo reaccionario nos arrastra a los demás a las trincheras yo no pinto nada en política. No me sentiré útil”, dijo entonces. “Hay que hacer cosas para garantizar el cambio en España”, sostiene ahora para justificar el giro de su líder, y el suyo propio.

Aquel PP de Casado del que renegaban quienes hoy lideran el partido optó también por una portavoz muy dura en el Congreso. Cayetana Álvarez de Toledo lideró un reducido grupo parlamentario durante unos meses, hasta que cayó en desgracia y fue sustituida por Cuca Gamarra.

La diputada hispanoargentina pasó al ostracismo y se sacudió el rencor en unas memorias vengativas. Pero hoy está de regreso y su nombre suena con fuerza para ser la ‘número dos’ de Feijóo en Madrid. Aunque no lo fuera, es portavoz adjunta en el Congreso y cuenta con el máximo respaldo del todopoderoso Miguel Tellado, el secretario general del PP. Su rol es claro y lo dijo ella misma: que Vox “deje de existir”.

Pero el PP no solo quiere controlar el Constitucional. También quiere sacar del censo electoral a un número indeterminado de españoles que han logrado la nacionalidad gracias a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. 

La conocida como ‘ley de nietos’ se ha convertido en uno de los caballos de batalla del PP. El Tribunal Supremo ha ordenado detener la inscripción de los nacionalizados hasta verificar si cumplen unos requisitos que hasta ahora nunca se habían reclamado. “Una cosa es tener un pasaporte y otra cosa es tener derecho a voto”, dijo Feijóo en su entrevista, muy en consonancia con las posiciones que mantiene Vox, que también rechaza la norma. 

Según el PP, no tiene sentido que voten personas que nunca han residido en España. Pero ninguno de ellos se quejó cuando el Gobierno de Mariano Rajoy dio la nacionalidad (y el derecho al voto) a los descendientes de los judíos expulsados de España por Isabel la Católica hace más de medio milenio.

La “experiencia” de las comunidades autónomas

El auge de las figuras más derechizadas del PP ha ido acompañado de la reedición de los gobiernos autonómicos de coalición con Vox. Y Feijóo se ha parapetado tras ellos para justificar su giro estratégico. 

El líder del PP dijo el martes que su partido tiene “experiencia” y un “marco de negociación con Vox” que ya funciona “en cuatro comunidades autónomas”: Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León. “Tenemos ya una experiencia de lo que ha funcionado y una de la que no ha funcionado”, aseguró, en referencia a los gobiernos fallidos del bienio 2023-2024. “Tenemos un marco de mayor confianza, de mayor lealtad y de mayor responsabilidad. Aquí todo el mundo tiene responsabilidad. Tiene la responsabilidad de la lealtad y de la firmeza en el gobierno”, remachó.

Este mismo martes, el PP y Vox anunciaron su intención de mutilar la Ley de la Cámara de Cuentas andaluza para retener el control del órgano que fiscaliza los fondos públicos. En Aragón se han eliminado ayudas a menores migrantes por valor de 17 euros semanales y ha limitado las asistencias postparto a las mujeres extranjeras. En la Comunitat Valenciana (donde el acuerdo es parlamentario) la “prioridad nacional” se ha extendido el doble de lo permitido por la UE. En Castilla y León se ha impuesto la censura previa ideológica. En Extremadura, el Gobierno de María Guardiola ha bajado los impuestos a la empresa dueña de Almaraz.

Son solo algunos ejemplos de medidas que ya son reales y que las derechas planean extender al resto de España si logran sumar 176 diputados en las elecciones del 29 de noviembre.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este martes que mantiene una negociación abierta con Vox para una alianza ante las elecciones del 29 de noviembre que les permita hacerse con los 3/5 del próximo Senado, lo que abriría la puerta a un control total del Tribunal Constitucional por parte de las derechas durante cerca de una década. “Estamos hablando y vamos a seguir hablando”, ha afirmado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope.

Feijóo ha dado por hecho que necesitará a Vox para gobernar. “Hace falta una mayoría muy sólida que debe respaldar al presidente del Gobierno”, ha dicho. “Esa mayoría hay que completarla, probablemente” ha añadido. El líder del PP ha reconocido que su partido tiene “experiencia” y un “marco de negociación con Vox” que ya funciona “en cuatro comunidades autónomas”.

Una de las líneas de negociación abierta entre el PP y Vox es el asalto al Senado, según ha confesado Feijóo. “Mantener el Senado fuera del 'sanchismo' no solo es obligación, es un reto”, ha afirmado, para confirmar: “Estamos hablando y vamos a seguir hablado. Con discreción y respeto”. “Si Vox está a la altura”, ha advertido, “el PP también estará a la altura”, ha asegurado.

Feijóo tampoco ha ocultado el motivo de la alianza que preparan. “Tenemos el compromiso de no entregar el Senado al 'sanchismo', no solo para optar a la mayoría absoluta, sino para poder conseguir los 3/5” del Senado. “Trabajaré para ello y que la otra parte esté a la altura”, ha remachado.

Las elecciones del 29N no solo determinarán el próximo Gobierno. Un resultado muy abultado en favor de las derechas podría abrir la puerta, por ejemplo, a una década de control de PP y Vox sobre el Tribunal Constitucional. 

Es el motivo por el que los de Alberto Núñez Feijóo bloquean desde hace un año la renovación del tribunal de garantías. Si el PP hubiera aceptado la sustitución de los magistrados, caducados desde diciembre de 2025, en tiempo y forma, el sector progresista hubiera mantenido el control del Constitucional.

Con el bloqueo de la derecha, gracias a sus presidentes autonómicos, se abre la puerta a revertir esa mayoría. Para lograrlo, PP y Vox tendrían que alcanzar los tres quintos de la Cámara Alta. Es decir, 160 senadores, sumados los elegidos directamente y los de designación autonómica.

Una cifra enorme, pero no inalcanzable. O al menos eso piensan en la izquierda, donde se ha logrado un acuerdo casi sin precedentes para construir listas unitarias.

Feijóo no ha revelado la fórmula del entendimiento, aunque pasado ya el plazo de coaliciones solo hay dos: que Vox se integre en listas del PP o que se retire de algunas o todas las provincias.

El candidato del PP ha abierto la puerta a las dos opciones. “Hemos acordado discreción y respeto” entre las partes, ha afirmado. “Hay que buscar una fórmula”, ha añadido, para reiterar que “ya hay una” que ha funcionado. “Vox tiene cinco senadores designados por acuerdos con el PP. Hay posibilidades de llegar a puntos de encuentro”, ha añadido.

Feijóo ha recordado que en Navarra el PP y UPN han firmado una coalición para integrarse en una única lista El objetivo es duplicar la representación en el Senado. Otro ejemplo es el de Asturias, donde Foro “no tenía ninguna opción” de lograr un senador por elección directa y ha optado por retirarse para luego recibir uno de designación autonómica.

“Mantenemos la voluntad de algún acuerdo que proteja el Senado del acuerdo que Sánchez ha llevado a cabo con la extrema izquierda”. Así se pronunció este lunes el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre la posibilidad de alcanzar algún tipo de pacto preelectoral con el PP ante los comicios del próximo 29 de noviembre. El partido ultra anunció una “declaración institucional” de su jefe de filas en la que habló de la Cámara Alta, pero no concretó su plan para contrarrestar la coalición firmada por el PSOE y el Frente Amplio. La respuesta del PP fue el silencio.

“No es el momento de pedir más sacrificios a los españoles”, aseguró Abascal, en clara referencia a uno de los primeros discursos de precampaña de Alberto Núñez Feijóo. “Hay que sacrificar las políticas que nos han traído hasta aquí. Y hay que recuperar las instituciones para los españoles”, añadió el líder ultra. Abascal continuó: “La alianza de Sánchez con la extrema izquierda exige sacrificios a los partidos de la oposición. Mantenemos la voluntad de algún entendimiento que proteja al Senado de los acuerdos que Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda”.

Abascal puso luego nombre y apellidos a esa “extrema izquierda”: los profesores en huelga, la acampada de Sol [extendida a otras ciudades] o las protestas en Francia. También Feijóo habló de Francia en términos muy similares. “La violencia que está alentando a la izquierda radical jamás es el camino para mejorar una nación”, dijo este lunes. “Los españoles tenemos la oportunidad de apartarnos de ese camino”, aseguró, en referencia al 29N.

Las declaraciones de Abascal coincidieron con un acto del líder del PP preparado con mucho cuidado por su equipo. Feijóo firmó ante las cámaras de televisión su “Contrato con España”, un manifiesto de dos páginas con unas líneas generales sobre lo que piensa hacer si alcanza, a la segunda, el Gobierno de España. Una ‘performance’ política con escaso contenido que ya ejecutó en 2023. Y antes en Galicia, en 2009. Presente en la sala el actual presidente del Senado, Pedro Rollán, así como cargos institucionales y políticos del PP.

En el PP han optado por no responder o ahondar en las afirmaciones de Abascal. Los estrategas de Feijóo querían mantener este lunes todo el foco en el acto que habían preparado con tanto mimo. Pero la realidad es que Vox aumenta la presión sobre su aliado para cercenar los intentos de la izquierda de hacerse con el control del Senado en la próxima legislatura.

El propio Abascal respondió en X al acuerdo alcanzado por el PSOE y el Frente Amplio. “Actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces”, dejó escrito.

Durante el fin de semana, uno de sus portavoces preferidos, Carlos Hernández Quero, ahondó en esta posición en una entrevista en esRadio, donde dijo que Vox tiene “toda la predisposición para hacer cuanto sea necesario para que España no dependa ni de Pedro Sánchez ni de ninguno de los esbirros que ha ido colocando en diferentes sitios, como Conde-Pumpido”.

Una referencia al presidente del Tribunal Constitucional que explica cuál es el ánimo del acuerdo que plantea Vox y, al menos en público, al que el PP no responde.

Porque las elecciones del 29N no solo determinarán el próximo Gobierno. Un resultado muy abultado en favor de las derechas podría abrir la puerta, por ejemplo, a una década de control de PP y Vox sobre el Tribunal Constitucional. 

Es el motivo por el que los de Alberto Núñez Feijóo bloquean desde hace un año la renovación del tribunal de garantías. Si el PP hubiera aceptado la sustitución de los magistrados caducados en tiempo y forma, el sector progresista hubiera mantenido el control del Constitucional. Con el bloqueo de la derecha, gracias a sus presidentes autonómicos, se abre la puerta a revertir esa mayoría.

Para lograrlo, PP y Vox tendrían que alcanzar los tres quintos de la Cámara Alta. Es decir, 160 senadores, sumados los elegidos directamente y los de designación autonómica. Una cifra enorme, pero no inalcanzable. O al menos eso piensan en la izquierda, donde se ha logrado un acuerdo casi sin precedentes para construir listas unitarias.

Cerrado ya el plazo de las coaliciones electorales, las opciones para Vox son, básicamente, tres: integrarse en listas del PP, retirarse en todas o algunas circunscripciones o mantener sus propias candidaturas. La primera de las alternativas tiene como fecha tope el próximo lunes 26 de octubre. La proclamación definitiva está señalada para el día 28. Cualquier lista publicada ese día ya no se puede quitar.

El acuerdo no parece muy difícil de conseguir, ya que Vox tiene poco que perder. El Senado ha tenido históricamente un reparto casi total entre el PP y el PSOE gracias al sistema electoral. Los de Abascal nunca han conseguido senadores por sufragio electoral, solo por designación autonómica. Incluso con unos resultados muy buenos (como los que tuvo en noviembre de 2019) es muy complicado imponerse al bipartidismo.

Más allá de algunas circunscripciones concretas, como Almería o Murcia, las opciones de Vox son mínimas. Y salirse de la ecuación o integrarse en las candidaturas del PP puede ser una salida, máxime cuando el Senado se escoge por listas abiertas y el elector puede marcar expresamente a quién elige.

En el PP se extendió el silencio de radio durante la tarde del lunes. Pero el calendario avanza y la decisión deberá estar tomada en menos de siete días.

El candidato del PP en las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha firmado este lunes ante la plana mayor de su partido un “contrato con España” en el que se ha comprometido a “levantar lo derruido y construir algo mejor” si se impone en las urnas. El actual líder de la oposición no ha revelado una sola medida nueva y ha centrado su breve discurso en un mensaje de valores y no de iniciativas políticas. Eso sí, se ha ahorrado la idea de que su Gobierno pedirá “sacrificios”.

En un acto al que han asistido los principales dirigentes del partido, cargos institucionales como el presidente del Senado, Pedro Rollán, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con diputados y senadores sentados en primera fila, Feijóo se ha limitado a repetir frases ya dichas y a plantear propuestas ya anunciadas. La novedad: asumir por escrito ciertos compromisos ya conocidos.

“Pido a los españoles su confianza y me comprometo a corresponderla con respeto a los ciudadanos y respeto a la nación. En ello empeño mi firma y mi palabra. Porque yo sí la tengo”, ha concluido Feijóo la lectura de un manifiesto con 12 puntos que se impone cumplir si logra, a la segunda, la llave del Palacio de la Moncloa.

El primer compromiso es el de “Defender la soberanía nacional y la integridad territorial” con un “refuerzo de la frontera” que ya había anunciado previamente. De hecho, hoy Feijóo no ha hablado de “militarizar” la linde con Marruecos, por ejemplo.

Feijóo ha planteado también que “los órganos reguladores, el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado estarán dirigidos por personas independientes”. Y eso que, pese a las muchas quejas sobre el actual presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, el PP le ha garantizado más de un año extra al frente del órgano constitucional por bloquear su renovación en el Senado.

En tercer lugar, Feijóo ha anunciado “un Estado más limpio y más ligero” que está “sobredimensionado”, ha apuntado. “Menos ministerios, menos altos cargos y menos asesores”, ha apostillado. “Todo cargo político responderá por la corrupción de sus subordinados”, ha dicho.

El líder del PP ha abordado la crisis de la vivienda, aunque sin decir nada nuevo tampoco. “El objetivo es aumentar la oferta y construir al menos un millón de nuevas viviendas”, ha asegurado, para señalar que “el derecho a la propiedad se protegerá con eficacia”.

En materia de inmigración, el quinto punto, Feijóo ha asegurado que “reducir la inmigración irregular es irrenunciable, igual que la integración y contribución de quien quiera quedarse”. Ha apostillado que “se establecerá por ley la prohibición de regulaciones colectivas”, algo que ya no es posible.

Sobre pensiones, Feijóo ha insistido en que las actualizará conforme al IPC, algo que está recogido en una ley que el PP votó en contra.

En sanidad, el líder del PP ha planteado “fortalecer la Sanidad Pública” con “más médicos y con mejores condiciones”, algo que depende de las comunidades autónomas. Pasa lo mismo con la educación, de competencia regional. Feijóo ha planteado “premiar el esfuerzo, incrementar la exigencia y reforzar la autoridad del docente” y que “los contenidos serán elaborados por las reales academias”, que son organizaciones privadas.

“Se garantizará la enseñanza del castellano en toda España y de las lenguas cooficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas”, ha afirmado, una mención velada a la inmersión lingüística en Catalunya.

Feijóo ha señalado que, si gobierna, habrá “más seguridad en las calles” y que “combatirá la creciente inseguridad” que desmienten los datos oficiales. También ha apuntado el “fin” del “infierno fiscal que asfixia a las familias”. Y ha anunciado su intención de “subir el salario medio”, algo que depende de las empresas. “Una economía fuerte es aquella en la que el subsidio no compite con el empleo”, ha dicho.

Por último, Feijóo ha prometido “recuperar el prestigio internacional de España” y restaurar “las alianzas rotas en la Unión Europea e Hispanoamérica y con nuestros aliados históricos”.

La “violencia de extrema izquierda” de Francia

El candidato también ha dicho que le “preocupan” las “imágenes que llegan” desde Francia, a cuenta de los disturbios que se han producido durante las protestas estudiantiles del fin de semana. “La violencia que está alentando a la izquierda radical jamás es el camino para mejorar una nación”, ha asegurado.

“Los españoles tenemos la oportunidad de apartarnos de ese camino”, ha sostenido sobre la cita del 29N, y de “expresar” el “malestar y ansias de cambiar el país como debe hacerse en democracia, en las urnas”. Feijóo ha pedido “apoyar un proyecto con la ambición de afrontar las reformas necesarias”. “No hay nada más transformador que la voluntad libre y democrática de un pueblo que pide cambio”, ha zanjado.

“Propongo un cambio sereno, pero contundente”. El planteamiento es de Alberto Núñez Feijóo en su primer gran acto de precampaña, el pasado 10 de octubre, en Madrid. Una “serenidad” que no duró ni siquiera ese acto, en el que el PP dio pábulo a las conspiraciones sobre el voto por correo o a la truculenta historia de unos narcotraficantes que dicen haber sido contratados por el PSOE para atentar contra los jueces. Una disonancia discursiva que abrió una semana de tropiezos que han convocado a los fantasmas del fiasco de 2023 ante la última oportunidad de Feijóo en las urnas.

En ese acto de Madrid, Feijóo también expresó que su Gobierno pedirá “sacrificios” y no “aplausos”. Una frase sin más contexto que retrotrajo a muchos a los profundos recortes sociales de Mariano Rajoy a partir de 2012, y que fue aprovechada por la izquierda para atizar al PP en redes sociales.

La afirmación, aislada, podría haberse diluido en la vorágine informativa de la larga precampaña si no hubiera emergido un asunto inesperado que ataca directamente a uno de los principales caladeros de voto en España: las pensiones de jubilación. Y, otra vez, por la revalorización a cuenta del IPC.

Es otro paralelismo con la fallida campaña de 2023, la del “verano azul” y el debate ‘cara a cara’ con Pedro Sánchez en el que un enchufado Feijóo vapuleó al candidato socialista, acostumbrado a imponerse en los debates parlamentarios. Al líder del PP le salían las cuentas y acariciaba la mayoría absoluta, o al menos eso llegó a verbalizar. Pero al miedo provocado por los pactos con Vox se unió un debate inopinado con la periodista Silvia Intxaurrondo a cuenta de la subida de las pensiones.

Feijóo defendió durante la entrevista en TVE que el PP “siempre” había votado a favor de ligar pensiones e IPC. Pero era mentira. En 2021, las derechas votaron en contra de la ley que fijó la indexación a los precios, pese a que estaba apoyada por la patronal.

Esa misma ley obliga ahora a cualquier gobierno a revalorizar las pensiones conforme al IPC. Y ese ha sido el compromiso lanzado por Feijóo en los primeros compases de esta precampaña. Lo hizo el pasado martes en una entrevista y en un acto de partido. La celeridad del movimiento se explica en intentar zanjar un debate que afecta a 10 millones de personas de forma directa, así como a sus familias. Una bolsa de voto irrenunciable y que decanta las elecciones.

“El que cotiza tiene pensión y garantizaremos la actualización de acuerdo con el índice de precios al consumo”, dijo Feijóo. El problema vino por una frase posterior: “Los jóvenes tienen derecho a un sistema público de pensiones viable”.

Una afirmación que entronca con una línea política habitual en el PP: que un sistema puramente público y basado en cotizaciones sociales e impuestos está destinado a quebrar. No es una idea de la derecha española, sino uno de los mantras neoliberales en todo el mundo. 

La casualidad (o la imprevisión) hicieron que las palabras de Feijóo coincidieran en el tiempo con las de Ester Muñoz. La portavoz de campaña aseguró que el sistema va “a petar” y que, como “joven”, teme que no tendrá prestación cuando llegue a la jubilación.

El incendio fue inmediato porque Muñoz verbalizó las dos velocidades que el PP ha imprimido a su propuesta de pensiones: garantizar el poder adquisitivo de los mayores, los más fieles a las urnas, mientras abre la puerta a una reforma indefinida a futuro.

El bombero al que ha recurrido Feijóo es su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, quien este mismo viernes aseguró en una entrevista: “¿Hay pensiones públicas? Sí. ¿Las vamos a garantizar? Sí. ¿Se van a subir al IPC? Sí. Tema solucionado”. El dirigente seguía así los pasos de su jefe de filas, quien un día antes tuvo que sacar a relucir los galones y hacer una afirmación sorprendente: “Soy el candidato, la viabilidad y la actualización al IPC son innegociables”.

Un golpe en la mesa que Feijóo tuvo que dar ante el creciente ruido interno por sacar a relucir, sin motivo aparente, un tema que todos los que saben algo de elecciones dicen que es mejor no tocar. 

Pero la realidad es que el PP sí quiere cambiar el sistema actual e ir hacia un modelo mixto que articule alguna medida como la capitalización de las cotizaciones (es decir, jugar financieramente con el dinero que aportan trabajadores y empresas) o la ‘mochila austriaca’ que enarboló Ciudadanos hace ahora una década.

Lo dijo el propio Bravo en otra de las muchas entrevistas que ha dado en los últimos días en la que dijo que la subida conforme al IPC estaba asegurada… siempre que España tenga “la economía adecuada” para hacerlo.

De la vivienda a las pensiones, y vuelta

La urgencia del PP por cerrar el flanco de las pensiones tiene sus motivos. La revuelta de los jubilados durante el Gobierno de Mariano Rajoy (quien mantuvo congeladas las prestaciones o incluso por debajo del IPC durante su mandato) fue uno de los motivos que llevó al PNV a apoyar la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Y los de Feijóo no se han recuperado todavía de aquella.

El problema es que dentro del PP hay una corriente, autónoma en lo discursivo, que califica abiertamente el sistema de pensiones de método de compra de votos. Una facción que encabeza ni más ni menos que Isabel Díaz Ayuso, quien expuso la idea precisamente junto a su jefe de filas en el acto del 10 de octubre.

La presidenta de Madrid acusó al Gobierno de “comprar las voluntades con el dinero de todos los españoles”. “Jóvenes, vivienda, aunque no hayas hecho una vivienda en ocho años. Funcionarios, pues nada, subimos las compensaciones, bajamos las horas de trabajo, bien. Y pensiones. Y ya está”, expuso la dirigente.

La vivienda es, precisamente, otro de los ejes de la precampaña. O lo fue en su arranque, porque su presencia mediática se ha reducido notablemente tras la convocatoria electoral y a expensas de ver qué ocurre con la huelga general del 11 de noviembre.

Los de Feijóo criticaron a Sánchez por haber disuelto las Cortes Generales al calor de la revuelta social que provocó que PP, Vox y Junts unieran sus votos para tumbar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevó al Congreso tras el desahucio de Maricarmen.

En esos primeros compases de precampaña, desde la dirección del PP se aseguraba una y otra vez que no le tenían miedo a debatir sobre vivienda. Mientras, su jefe de filas pasaba de puntillas por el asunto en sus comparecencias públicas y se limitaba a prometer la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura si alcanza la Moncloa.

Una estrategia similar a la seguida con las pensiones. Pese a decir que el PP tiene muy clara su postura, Feijóo ha optado por dejar de hablar del tema. Este viernes, en un acto con “mujeres del rural” en Toledo, el candidato no mencionó el asunto una sola vez. Y eso que el auditorio estaba repleto de mujeres mayores, la mayoría ya jubiladas. La presidenta de la organización convocante, Carmen Quintanilla, sí quiso hablar del tema, pero para felicitar a Feijóo. “Gracias por las declaraciones por el mantenimiento de las pensiones”, dijo. “Gracias, gracias, gracias y gracias”, añadió, para asegurar que “las mujeres pensionistas mantienen a familias e hijos” con sus prestaciones. 

“Por eso es tan importante que se sigan manteniendo como tú has dicho”, concluyó Quintanilla, quien fue en el pasado diputada y senadora por el PP.

Feijóo no recogió el guante. No dijo nada. Y optó por lanzar una promesa de campaña: “Impuestos cero para el joven que se vaya a vivir a un pueblo en España”. Entre pensiones y vivienda, el PP prefiere hablar de vivienda.

Vuelve el “fraude” del voto por correo

La campaña “serena” prometida por Feijóo no solo ha sido un espejismo en estos primeros compases para sus estrategas. Algunos de los mensajes lanzados conscientemente por el líder del PP y sus principales portavoces no anticipan esa serenidad prometida.

El PP ha optado por mantener en la agenda una de las conspiraciones que más éxito ha recabado en los últimos años: que el voto por correo es fácilmente manipulable. Una teoría que no se asienta ni en la experiencia ni en lo que dicen los expertos, incluidos los miembros de la Junta Electoral Central que eligen los partidos, entre ellos el propio PP.

Como suele ocurrir en el partido, fue Ayuso la encargada de abrir fuego en ese acto del 10 de octubre ya mencionado. Ante el poco eco de sus palabras, la presidenta de Madrid elevó la apuesta al afirmar este viernes que el ‘pucherazo’ no es un riesgo a futuro, sino algo que pasó en 2023.

Ayuso dijo que esos comicios se convocaron “a traición” y que una parte importante de electores desplazados “no recibió nunca el voto”. “Todo el mundo sospecha que el Gobierno va a hacer alguna trampa, estamos todos de acuerdo”, zanjó.

La presidenta madrileña señaló a los descendientes de los exiliados españoles, nacionalizados gracias a la ley de Memoria Democrática y a quienes el Tribunal Supremo ha dejado fuera del censo de este 29N en una decisión que todavía no es definitiva.

El PP cerró la segunda semana de precampaña como la empezó, hablando de “sacrificio”. Feijóo defendió ante las “mujeres del rural”, de quienes dijo que “luchan por un futuro mejor con enorme sacrificio”. “A quien le moleste”, prosiguió, “no conoce su país”. “El que ignora que la mayoría se esfuerza cada día es que no conoce su país”, añadió, para concluir: “Lo que necesita un Gobierno es garantizar que la gente que se sacrifica va a salir adelante”.

¿Y qué es el “sacrificio”? Lo explicó Juan Bravo en La Sexta: “Si le diese una recomendación a mi hijo, seguramente le diría: trabaja, esfuérzate, sacrifícate. Merece la pena el sacrificio. El sacrificio también tiene sonrisa, tiene alegrías, méritos, tiene resultados”. Una semana después de que lo expusiera su jefe de filas, el responsable de Hacienda del PP tampoco quiso explicar qué sacrificios concretos iban a reclamar a los españoles.