Castilla-La Mancha ya tiene una nueva ley de medidas sobre suelo y vivienda. No es la ley que pactó con Podemos, en la primera legislatura de Emiliano García-Page de 2015 a 2019, y que nunca llegó a aprobarse. Se trata de una normativa que se ha tramitado por la vía de urgencia en forma de proposición parlamentaria y que supone un conjunto de medidas destinadas, principalmente, a agilizar trámites para construir vivienda pública, recalificando para ello inmuebles privados o públicos. Es decir, podrán destinarse edificios en desuso como hoteles, oficinas o bares, de uso terciario, para construir viviendas protegidas.

Además del texto inicial de la ley, que este periódico ha desgranado en las últimas semanas, los socialistas han añadido un conjunto de enmiendas, entre las que se delimita el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas de alquiler financiadas con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: ocho euros por metro cuadrado en las de promoción pública, y nueve euros en las de colaboración público-privada. 

Asimismo, se incorpora que los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU), tanto de iniciativa pública como privada, podrán conllevar el aumento de edificabilidad y densidad residencial (más cantidad de viviendas para más gente) que permita la viabilidad de la actuación. Y, en este sentido, establece que en caso de que ese incremento esté limitado por el planeamiento urbanístico - por ejemplo a través del Plan de Ordenación Municipal (POM)-, el número de viviendas no implicará necesariamente un aumento de infraestructuras o dotaciones, pero si así fuera, el coste irá a cargo del promotor.

La medida más importante añadida por el PSOE a última hora es la posibilidad de que inmuebles y parcelas públicas de la Administración regional no destinados a vivienda se puedan dedicar a este fin.

Pero, además, amplía a “cualquier Administración” esta posibilidad y se indica que la “excepcionalidad” por cinco años para este objetivo es “prorrogable”. Finalmente, el PSOE elimina la posibilidad de que los ayuntamientos impongan condiciones a la posibilidad de implantar vivienda protegida en aquellos que estuvieran destinados a comercio, oficinas, hostelería u ocio.

'No' a la propuesta del PP de bajar impuestos a fondos buitre

Al margen de estas incorporaciones de los socialistas, durante el debate para su aprobación definitiva, el PP no ha conseguido sacar adelante las tres polémicas enmiendas que quería incluir en esta ley.

Entre otras cosas pedían bajar impuestos a “empresas” sin determinar cuáles, aunque el PSOE denunció que hablaba de bajar impuestos a fondos buitre e inmobiliarias, y también pedían agilizar desahucios en las viviendas públicas.

La mayoría absoluta del PSOE en las Cortes regionales ha tumbado estas propuestas hoy, en el pleno que ha aprobado la ley, como ya lo hiciera en la Comisión que elaboró el dictamen inicial. Pese a su controvertido contenido, el Grupo Popular decidió mantenerlas vivas para la sesión plenaria, que ya ha dado luz verde a la ley.

Estas enmiendas las presentó el PP en pleno clamor social contra los desahucios, con una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por este motivo y cuando ya ha arrancado la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre.

Concretamente, las enmiendas de la discordia eran tres de las 58 que el PP había presentado para su incorporación a la nueva norma castellanomanchega, ya promulgada y que se ha aprobado en menos de dos meses por trámite de urgencia de que se registró en las Cortes castellanomanchegos.

Estas propuestas del PP se han vuelto a debatir en el pleno. La primera de ellas pedía añadir un nuevo artículo en la futura ley mediante el que se aprobaría una reducción del 9 al 6 por ciento el tipo general de transmisiones patrimoniales aplicable a los inmuebles.

En la segunda de sus propuestas, el PP apostaba también por añadir un nuevo artículo para regular un tipo “reducido” de ese mismo impuesto, bajando del 5 al 3%, la “adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias destinadas a su posterior venta”, sin especificar qué tipo de empresas y con qué fines. Ambas suponían, según el PSOE, “bajar impuestos y allanar el camino a los fondos buitre”, los mismos que han provocado desahucios como el de Maricarmen, la espita que abrió las protestas sociales en todo el país y la histórica acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Es más, en ambas propuestas la bajada de impuestos se hubiera aplicado con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Es decir, las empresas beneficiarias podrían “solicitar la devolución” de la diferencia pagada en impuestos. No ha salido adelante.

El PP también quería agilizar desahucios administrativos

Pero además, en la tercera de sus polémicas enmiendas, proponían ampliar las causas que pueden provocar un “desahucio administrativo” (el que se produce en el parque público residencial). El PP quería así que, en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal, pudiera ser causa de desahucio la desaparición sobrevenida y acreditada de esa necesidad que justificó la adjudicación a una determinada persona o familia. Con ello, se acelerarían este tipo de resoluciones administrativas. No ha salido adelante por deseo expreso del PSOE.

También había polémica en seis de las enmiendas presentadas por Vox, que defendía aplicar su cacareado principio de 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda. Es decir, solo para los españoles. Los socialistas también han impedido su incorporación a la ley.

Estas cuestiones han vuelto a marcar buena parte del debate en el pleno que ha aprobado ley castellanomanchega, que se ha tramitado por la vía de urgencia como proposición del Grupo Socialista. La defensa de norma la ha hecho el diputado socialista Álvaro Toconar, quien ha remarcado que hubo un “consenso inicial” con el PP y Vox para que no presentaran enmiendas a la totalidad, pero que posteriormente las propuestas de la oposición “no tienen nada que ver con el acercamiento que hubo”.   

Ha acusado al PP de intentar convertir esta norma en una “ley de demanda y de populismo fiscal” y de “contaminarla” con su propuesta de “bajada de impuestos a fondos buitre” y con “más burocracia y más trabas”.

“Ser propietario no es ser un criminal, ni ser inquilino nos convierte ocupas”, ha dicho Toconar, defendiendo que la nueva ley viene a “reafirmar” las políticas de vivienda del Gobierno de Page, con más de 600 millones de euros invertidos en 12 años, frente a los 8 millones de euros que destinó en cuatro años el Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal.

Dicho esto, ha defendido los Planes de Regeneración Urbana (PRU), una de las novedades de la ley, para “ayudar a muchas familias teniendo en cuenta el metabolismo rural de la región” y que permitirá convertir suelo rústico en urbanizable “de forma regulada y manteniendo las tramas urbanas”, pero de forma rápida y con procedimientos que reducirán los plazos hasta la mitad.

Las derechas de la oposición han reiterado los argumentos que ya fijaron en la comisión que debatió y rechazo sus enmiendas y han votado 'no' a esta ley.

Francisco José Cobo, de Vox, ha vuelto a pasar de puntillas por sus propuestas para incorporar la 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda, y se ha limitado a acusar al Gobierno regional de “no haber hecho nada” en 12 años.

“La ley no resuelve nada tras años de inacción y sin avanzar y ahora vienen con prisas. Ustedes no hacen vivienda, hacen titulares y no cumplen con sus promesas. Ahora tienen que correr y esto es una tomadura de pelo, un agujero que luego rentabilizarán electoralmente, pero va a generar problemas, sobre todo en los ayuntamientos y solo es un parche más”, ha alertado.

En una línea similar se ha pronunciado Ignacio Redondo, del PP, quien ha negado primero que su propuesta de bajada de impuestos sea para 'fondos buitre'. Ha dicho que en su enmienda se refieren a empresas inmobiliarias, mediante un tipo reducido que, según ha dicho, ya aplicó el Gobierno de Page en 2022.

“La ley tiene errores que pueden durar años. Pedimos que la ley no se salte los límites de cesión de suelo. Al intentar ser ágil, al final habrá retrasos y dificultades. No estamos en contra de construir más, pero sí queremos fórmulas para justificar de verdad el incremento de la edificabilidad e informes municipales previos y vinculantes para esas ampliaciones”, ha argumentado.

El debate lo ha cerrado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha detallado las novedades de la norma, resaltando la posibilidad de destinar edificios y parcelas de titularidad pública a vivienda protegida “incluidos inmuebles pertenecientes a otras administraciones”, aunque el planeamiento urbanístico vigente hubiera previsto inicialmente su utilización para equipamientos privados.

Según la ley, debe crearse un parque público de vivienda

La norma establece también la creación de un patrimonio público residencial que solo podrá destinarse a vivienda con algún tipo de protección. La regulación contempla, además, la creación por ley de un parque público de vivienda social, cuyo alquiler se establecerá en función de los ingresos de las personas destinatarias y que prestará una atención específica a la población joven.

En materia de promoción de vivienda protegida, se contempla la posibilidad de incrementar, en determinadas parcelas, hasta un 20% la edificabilidad, un 30% la densidad y hasta dos plantas la altura prevista, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento. La aplicación de estos incrementos, según ha explicado el responsable de Fomento, estará condicionada a que el 100% del aprovechamiento residencial adicional se destine a vivienda protegida.

La regulación incorpora igualmente los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU), concebidos para intervenir en situaciones de infravivienda o zonas degradadas por antiguos usos industriales. Estos instrumentos permitirán abordar actuaciones de regeneración en ámbitos urbanos que, por sus características actuales, presentan dificultades para su desarrollo mediante los mecanismos habituales de planeamiento.

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma más pobre de España. Es un dato demoledor que ahora estrechamente ligado a la vivienda. Así lo desveló el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN): el coste de la vivienda es un “factor clave que agrava la pobreza”. Pero hay muchos más. La excesiva burocracia en la tramitación de las ayudas, las dificultades para acceder a un empleo, el racismo, la discriminación y la soledad no deseada son solo algunos.

De todos ellos han hablado hoy quienes sufren estas situaciones en el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado las Cortes de Castilla-La Mancha, organizado junto a la Red Europea de lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM).

Han tomado la palabra seis personas de los grupos de participación de esta entidad social. Son espacios formados por personas con experiencia propia en situaciones de pobreza o exclusión social, permitiéndoles ser protagonistas y participar de forma activa en el diseño, evaluación e incidencia de las políticas públicas.

Hoy, han alzado la voz para desgranar las propuestas que desde esta red se han elaborado y que han entregado previamente a los tres partidos políticos con representación parlamentaria (PSOE, PP y Vox) para que las incluyan en sus programas electorales.

María del Carmen Poveda Anguita ha sido la primera en subir a la tribuna parlamentaria y se ha dirigido directamente a los diputados y diputadas para pedirles que hablen de sus necesidades. “Las personas que vivimos la pobreza y la vulnerabilidad sabemos que hay tres principios fundamentales: igualdad, justicia y dignidad. Porque todas las personas tenemos derecho a las mismas oportunidades y a una vida digna, y porque detrás de los datos, hay personas con nombres y apellidos, tenemos sueños, ilusiones y ganas de salir adelante”.

Queremos estar presentes y que nuestra voz sea tenida en cuenta. Las propuestas nacen de nuestra experiencia y reivindicamos justicia social

María del Carmen Poveda

Ha pedido así a los grupos políticos que refuercen su compromiso en la lucha contra la pobreza, con medidas para que “nadie se quede atrás”, pero también que “se nos escuche, que haya espacios de diálogo cercanos, fluidos y permanentes”. “Queremos estar presentes y que nuestra voz sea tenida en cuenta. Las propuestas nacen de nuestra experiencia y reivindicamos justicia social”, ha resaltado.

Después ha tomado la palabra Oksana Kalashnikova, quien ha detallado algunas de las propuestas. Concretamente, ha pedido que se garanticen ayudas suficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión, con ayudas “ágiles” y sin “trabas burocráticas”, sobre todo en las dirigidas a garantizar suministros básicos como el agua y la luz, la alimentación y la vivienda.

También ha pedido que las ayudas se actualicen en función del coste de la vivienda para evitar que “las personas queden sin protección”, así como facilitar el acceso a los servicios sociales, simplificando trámites y mejorando la coordinación, especialmente para los jóvenes y las familias.

Junto a ello, ha defendido mejorar los procesos de acompañamiento a extranjeros, y los de homologación de estudios y formaciones profesionales, con un acompañamiento a extranjeros “efectivo” para el acceso al empleo y a los servicios públicos.

Durante su intervención, ha querido hacer también especial mención a la necesidad de mejorar las oportunidades laborales de las personas mayores de 50 años, “evitando que la edad se convierta en una barrera para acceder a un trabajo”. Y en paralelo, ha pedido más becas para material y transporte escolar, con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes abandonen sus estudios por motivos económicos.

“Los presupuestos deben priorizar especialmente la cobertura de las necesidades básicas de la población, especialmente la sanidad, la educación, el empleo, los servicios sociales y la vivienda pública”, ha concluido.

“La información de las ayudas públicas debe ser clara”

Precisamente, sobre políticas de vivienda ha hablado María Isabel Sánchez Velasco, también integrante de los grupos de participación de EAPN. Entre sus propuestas, garantizar el acceso a una vivienda “digna y asequible”, aumentar parque público y social, y facilitar el alquiler asequible a personas vulnerables.

“Es importante que el coste del alquiler y de los suministros no sea una carga imposible de asumir, especialmente en las familias con menores, y también facilitar el acceso a vivienda de familias monoparentales, con medidas específicas en situación de violencia y vulnerabilidad”, ha subrayado.

Nadie debería perder una ayuda por no comprender lo que dice o por no cumplir un trámite complicado

María Isabel Sánchez Velasco

Del mismo modo, ha reclamado que la información sobre las ayudas públicas para vivienda sea “clara y fácil de entender”, porque “nadie debería perder una ayuda por no comprender lo que dice o por no cumplir un trámite complicado”.

A ello ha añadido que la falta de empadronamiento no sea “una barrera” para el acceso a las ayudas, con el objetivo de “garantizar la igualdad de personas migrantes, independientemente de su situación administrativa”. De hecho, ha llamado a combatir el racismo y la discriminación, así como “proteger a las personas más vulnerables de los abusos, estafas y explotación” en el mercado del alquiler.  

Juan Vicente Bosca López ha sido el siguiente en tomar la palabra. Se ha centrado en las medidas destinadas al medio rural, con especial incidencia en las nuevas tecnologías: garantizar una buena conexión a internet, mejorar las infraestructuras en telecomunicaciones para reducir brecha digital y el acceso gratuito a recursos digitales a personas en situación de vulnerabilidad.

También ha reclamado mejoras en el transporte público en zonas rurales, aprovechar las rutas escolares para mejorar la movilidad rural, un sistema público para desplazamientos “compartidos” para quienes tienen dificultades en su movilidad de un lugar a otro, y unidades móviles con servicios especiales de acompañamiento, especialmente para quienes tienen dificultades de acceso a medios administrativos

Seguidamente, Juan Casamayor ha centrado las peticiones en materia sanitaria. “No por sabido debemos dejar de recordar que la Sanidad en un derecho universal”, ha comenzado, para demandar después el refuerzo del sistema público para una “atención de calidad que contribuya a reducir la desigualdad”.

Concretamente, ha puesto el acento en la necesidad de reforzar el acceso a los servicios de salud mental, con una atención “accesible y cercana”, y también incorporar la atención psicológica en los servicios sociales, sobre todo para personas y familias en riesgo de exclusión en zonas rurales. Asimismo, ha propuesto crear apoyos específicos para las personas en situación de vulnerabilidad con enfermedades limitantes y para familias monoparentales que necesitan ayuda para atender a sus hijos e hijas.

“Hay que formar al personal médico para una atención más humana y respetuosa, reducir listas de espera y agilizar los diagnósticos. También agilizar los procedimientos de reconocimiento de situaciones de incapacidad, sobre todo cuando hay enfermedades que limitan la capacidad de desarrollar una autónoma”, ha añadido, promulgando al final el lema “la sanidad pública no se vende, se defiende”.  

La ronda de los integrantes del grupo de EAPN lo ha cerrado Raúl López Onsurbe, quien ha concluido haciendo un llamamiento para que todos los partidos políticos se unan a “esta causa de medidas justas para erradicación de la pobreza, un desafío que hay que superar y que es una cuestión de justicia, de derechos y de dignidad”.

La pobreza, “no es solo cuestión de dinero”

Tras ellos han tomado la palabra Fiama, Gisela, Carlos y Sebas, cuatro jóvenes de YMCA-Toledo que han leído un manifiesto en el que, primero, han querido dejar claro que hablar de pobreza “no es solo hablar de dinero”, ya que también significa “no poder estudiar, no tener a quién pedir ayudas cuanto estás mal, sentirte solo, no tener un espacio donde estar.

Que ningún niño, niña, joven o adolescente tenga su futuro decidido antes de poder elegirlo

“La pobreza también es crecer pensando que estudiar no es para ti, que un futuro diferente al de tu familia no es para ti, que tus problemas no importan”, han remarcado, pidiendo que Castilla-La Mancha hago todo posible que “ningún niño, niña, joven o adolescente tenga su futuro decidido antes de poder elegirlo”.

Ante todo, han recalcado que la juventud que se ha quedado fuera del sistema educativo necesita una segunda oportunidad, pero esto no significa decirles a los jóvenes “vuelve a estudiar”, sino que debe haber un acompañamiento.

Para ello, han reclamado más escuelas de segunda oportunidad, un refuerzo de la orientación educativa “para ayudar a encontrar un camino” y que se reduzcan las barreras económicas para estudiar, como los precios del transporte, del material escolar y los dispositivos digitales. “Tener ganas de cambiar tu vida y no encontrar una oportunidad es una forma de exclusión”.

Finalmente, han pedido mejores políticas de conciliación para que los adolescentes no se queden solos porque sus padres y madres están trabajando, una “soledad no deseada” en la que han hecho especial hincapié, junto con la petición de un mejor acceso a la salud mental. “La pobreza no puede ser nuestra herencia, nuestro futuro tiene que ser una oportunidad”, han concluido.

“Mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos”

Durante el acto, también han intervenido el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido; el director general de Acción Social, Santi Vera; y la presidenta de EAPN-CLM, Mar González quien ha pedido “una mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos y de liderazgos y sin que se instrumentalice este tema políticamente”, al recordar que “tres de cada diez castellanomanchegos están en situación de pobreza”, o que afecta más a las mujeres, a las familias con menores a su cargo, a las que viven de alquiler, a las familias donde existe presencia de la discapacidad y a aquellas que viven en zonas rurales.

Asimismo, ha asegurado que el momento geopolítico, el clima y la inflación “nos demuestran cada día que de la pobreza ”no estamos libres ninguno“.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha pedido a las formaciones políticas que trabajen con ánimo constructivo -y escuchando a las presonas vulnerables- para combatir la exclusión social y ha animado a “odiar la pobreza, pero no a los pobres”, evitando los discursos del odio que “criminalizan a las personas vulnerables”.

“En esta Cámara no se combate ni se odia a los ricos, pero menos aún a quienes sufren pobreza; odiamos la pobreza, pero no a los pobres, y necesitamos eliminarla”, ha afirmado.

El pleno institucional lo cerraba el director general de Acción Social de Castilla-La Mancha, Santi Vera. “Una sociedad avanza cuando todos llegamos a la meta, sin dejar a nadie atrás”, comentaba desde la tribuna de Parlamento regional. “Tenemos que ir de la mano todas las administraciones, todos los partidos políticos, las entidades del Tercer Sector y la sociedad en su conjunto”, zanjaba.

Álvaro González Llave, divulgador en redes sociales con Distrofia Muscular de Duchenne, lo dejó claro en la segunda edición de los Reconocimientos ‘Somos Km0’ de elDiario.es de Castilla-La Mancha: “No nos sobra tiempo”. Lo afirmaba con relación a su enfermedad, alertando de que los trámites burocráticos para obtener ayudas en los cuidados pueden convertirse en una pesadilla para las personas que tienen patologías irreversibles. Por eso pedía agilidad.

Estas declaraciones han coincidido con el hecho de que en Castilla-La Mancha se acaba de publicar un nuevo decreto que modifica la normativa sobre dependencia y servicios sociales para adaptarla a los cambios legales estatales orientados a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades irreversibles y de alta complejidad.

La principal novedad es que la norma incorpora el Grado III+ de dependencia extrema. Es el que tiene Álvaro y supone una ampliación del grado conocido como de “gran dependencia”, que reconoce situaciones de máxima gravedad que requieren cuidados permanentes de las 24 horas del día. Se reguló a través de la conocida como Ley ELA, la que el Gobierno central aprobó hace dos años, pero cuya aplicación recae en las autonomías.

En el caso de Castilla-La Mancha, el nuevo decreto explica que el reconocimiento de la dependencia extrema está diseñada para responder a las necesidades de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otros procesos irreversibles de alta complejidad de cuidados.

Aumento de las prestaciones económicas

Una de las novedades de este grado es que, una vez reconocido mediante certificado médico, incorpora un aumento sustancial de las prestaciones económicas. Concretamente, para las prestaciones vinculadas al servicio de ayuda a domicilio o de asistencia personal, las cuantías máximas suben en función de las horas contratadas, alcanzando casi los 10.000 euros al para un máximo de 720 horas mensuales. Asimismo, garantiza un suelo mínimo de 3.200 euros mensuales para servicios de 150 o más horas al mes.

Además, con cargo al nivel adicional de protección autonómico, las personas con Grado III+ pueden compatibilizar la prestación económica por cuidados en el entorno familiar (en su cuantía máxima) con la prestación vinculada a asistencia personal o ayuda a domicilio, siempre que la intensidad contratada sea inferior a 480 horas al mes.

Junto con todo ello, se establece la agilización burocrática: tiene tramitación prioritaria y un plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución del grado y del Programa Individual de Atención (PIA). Además, los efectos económicos se generan directamente desde la fecha de la solicitud (o de inicio del servicio si es posterior), cubriéndose dicho periodo con cargo a la comunidad autónoma.

En el nuevo decreto castellanomanchego se establece asimismo que tienen tramitación preferente las personas menores de 6 años, mayores de 90 años y quienes padezcan procesos complejos o ELA, como es el caso de Álvaro. Además, se designa un “profesional de referencia” en el equipo interdisciplinar para impulsar el expediente.

Y otras dos cuestiones muy importantes para los pacientes y sus familias: en caso de desacuerdo sobre la prestación más adecuada durante la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), prevalecerá el criterio técnico de los servicios sociales; y se adapta el procedimiento fijando que frente a las resoluciones cabe interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante la delegación provincial correspondiente.

En este contexto resulta, por tanto, muy importante el papel de los servicios sociales. La nueva norma, de hecho, introduce varios cambios que afectan de forma directa a su gestión, organización y funcionamiento. Por ejemplo, el profesional del trabajo social debe realizar la valoración del entorno, para ese grado de dependencia extrema, en un plazo máximo de 15 días desde su petición por el equipo interdisciplinar. El plazo se reduce a 10 días para los mencionados colectivos de tramitación prioritaria.

Además, se modifica la estructura del Comité de Ética de los Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, fijándola en 13 integrantes (siete de la Administración autonómica, dos del Tercer Sector Social, tres de Colegios Profesionales y uno de la iniciativa mercantil) para flexibilizar sus exigencias y facilitar su constitución.

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba también de aprobar la convocatoria de subvenciones para 2027 destinadas a financiar programas de autonomía personal y prevención de la dependencia. Con un presupuesto total de casi 9,8 millones de euros, estas ayudas buscan apoyar a entidades privadas y locales que desarrollen iniciativas en favor de las personas dependientes o en riesgo de serlo.

Más profesionales para agilizar la valoración de la dependencia

Asimismo, a principios de octubre, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó un programa temporal para incorporar 25 profesionales a los servicios provinciales de dependencia, con una inversión de casi un millón de euros. Precisamente, la medida busca agilizar la valoración del grado de dependencia y la elaboración del PIA.

Este refuerzo llegará a las cinco provincias con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y facilitar que las personas reciban antes los cuidados que necesitan. “Cuando una persona necesita cuidados, también cambia la vida de quienes están a su lado”, señaló la consejera portavoz, Esther Padilla, sobre esta medida.

Según destacó, la incorporación de estos profesionales también permitirá preparar el sistema regional para los cambios derivados de la reforma de la Ley de Dependencia, que amplía las compatibilidades entre prestaciones y servicios y acorta los plazos para resolver el reconocimiento de la dependencia.

El programa ha comenzado esta misma semana y se prolongará hasta octubre de 2027. Se trata de un periodo durante el que el refuerzo de los equipos permitirá avanzar en la adaptación al nuevo marco y agilizar la tramitación de los expedientes.

Ha sido visto y no visto. Pedro Sánchez iba a acudir a Toledo el próximo miércoles, día 21 de octubre, a un acto de precampaña por las elecciones generales del 29 de noviembre. Pero finalmente no lo hará. Al menos de momento. Un día después de que el PSOE municipal de Toledo, muy afín al presidente del Gobierno, lo anunciara en sus redes sociales, en Ferraz informaban de que el acto se suspendía. El evento estaba programado a las 18.00 horas en el Cigarral del Ángel Custodio de la capital castellanomanchega.

No estaba previsto que acudiera el presidente autonómico, Emiliano García-Page, puesto que tiene previsto un viaje institucional a Italia, pero la suspensión del acto coincide con el hecho de que el Comité Federal del PSOE haya impuesto su criterio en dos de las listas que las Ejectutivas provinciales de los socialistas castellanomanchegos habían ratificado con amplias mayorías para las elecciones generales, modificando sus números uno.

De hecho, Page ni siquiera acudió al encuentro federal convocado en Ferraz el sábado para ratificar esas listas. Aseguró que se trataba de una reunión de trámite “sin posibilidad de intervención”.

Aunque la relación entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page no es buena, por las constantes críticas de este último a la gestión del Gobierno central, fuentes consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha atribuyen la cancelación del acto a la agenda internacional del presidente del Gobierno. En ambas direcciones, la federal y la castellanomanchega, no quieren que los turbios desencuentros entre ambos empañen una campaña electoral en la que “lo fundamental es apelar al voto útil” para el PSOE.

El vaivén de las listas electorales

Pero, ¿qué ha ocurrido con las listas electorales? En realidad, ninguna sorpresa, porque no es extraño que en Ferraz se modifiquen algunos nombres de los que proponen las Ejecutivas provinciales para el Congreso y el Senado en las circunscripciones electorales. Pero sí ha habido dos cuestiones destacables teniendo en cuenta el binonio Sánchez-Page.

En Ferraz, fuentes cercanas al Comité Federal han indicado a este periódico que no quieren diputados “díscolos” en el nuevo Congreso que emane de las elecciones generales. No es que hasta ahora algún parlamentario nacional de Castilla-La Mancha, afín a Page, haya roto la disciplina de voto, que no ha sido así, ni siquiera cuando se votó la nueva Ley de Amnistía. Pero hay nombres que la dirección federal no quiere.

Ese ha sido el caso de Albacete. La Ejecutiva provincial lo tenía claro: el socialista Emilio Sáez, diputado nacional en la presente legislatura y exalcalde de Albacete, era el número uno propuesto para repetir en la lista al Congreso. Sáez es un político muy afín a Page y obtuvo más del 98% de respaldo de los socialistas albaceteños para volver a liderar la candidatura. Pero Ferraz la tumbó.

Será la actual senadora del PSOE por la circunscripción de Albacete, Amparo Torres, la número uno en la candidatura al Congreso por esta provincia. Este cambio lo ha asumido, de cara a la galería, la dirección del PSOE de Albacete, pero reconocen su malestar por haberse impuesto el criterio de Ferraz.

De hecho, fuentes cercanas al partido afirman que dejar a Emilio Sáez fuera de las listas no tiene nada que ver con el hecho de que estuviera imputado por la contratación de auxiliares de seguridad vial ante la falta de voluntarios ente los agentes de la Policía Local, en la Vuelta Ciclista a España en 2021, en la etapa de Albacete. Sobre todo porque esa causa ha sido archivada hasta tres veces. Lo vinculan más a ese objetivo de la dirección federal de hacer valer su criterio y su “fuerza”. No obstante, los socialistas albaceteños no quieren “ruido” con este tema y respetan esta decisión.

El otro cambio notorio de las listas ha sucedido en Guadalajara. La alcaldesa de Sigüenza y actual diputada en el Parlamento de Castilla-La Mancha, María Jesús Merino, será quien finalmente encabece la candidatura del PSOE por esta circunscripción al Congreso de los Diputados.

Eso no fue lo que decidió la Ejecutiva provincial, que quería al alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, como número uno. Este último ha sido senador hasta la disolución de las Cortes generales, y ahora, el Comité Federal ha decidido que debe seguir integrando la lista al Senado por esa provincia.

Según ha podido saber este medio, se trata de un acuerdo “pactado” con Ferraz que ha dejado en tablas la pugna entre Ferraz y el PSOE castellanomanchego por quién tenía que encabezar la lista al Congreso. El motivo: en las últimas horas antes del Comité Federal se había hecho público el malestar interno ante la posibilidad de que Madrid impusiera a Daniel Jiménez, exconcejal en el Ayuntamiento de Guadalajara, asesor de la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y actual asesor en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Finalmente, no fue así y María Jesús Merino ha sido la candidata “de consenso”, pero el hecho de que Rafael Esteban, muy afín a Page, no haya conseguido ese puesto, ha dejado a los socialistas de Guadalajara algo “descolocados”.

Tampoco en este caso quieren que haya polémica, puesto que también la alcaldesa de Sigüenza es un valor en alza en el PSOE de Page. Es importante tener en cuenta que en los comicios de 2023, solo salió elegido el número uno de la candidatura socialista al Congreso, que entonces fue Alberto Rojo, exalcalde de Guadalajara. Los otros dos escaños nacionales en liza en esta provincia fueron para el PP y para Vox.

Los socialistas castellanomanchegos tampoco pasan por alto que ya habían 'cedido' en la lista provincial de Toledo, la que generó cierta polémica en las elecciones generales de 2023. La Ejecutiva provincial respaldó que fuera la ministra de Educación, Milagros Tolón, declarada 'sanchista', la que encabezara la lista al Congreso, seguida de Sergio Gutiérrez, el número dos del PSOE de Page. Con ello, se invirtió el orden que ambos ocuparon en la lista de hace cuatro años.

De cualquier forma, en el partido dan por seguro que Pedro Sánchez acudirá a Castilla-La Mancha, en precampaña o en campaña. Incluso no descartan que comparta escenario con Page. Ya lo hizo en la antesala de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, en Puertollano (Ciudad Real), lo que sirvió para limar unas asperezas que, no obstante, luego han ido a más.

Bajo el lema '¡La fuerza de la gente llega a Toledo!', el acto de Pedro Sánchez que finalmente se ha cancelado habría supuesto la segunda visita del presidente del Gobierno a la provincia toledana en menos de un mes, tras acudir a unas instalaciones industriales de Noblejas el pasado 25 de septiembre. Se da la circunstancia de que en esta visita, a la que no acudió Page, Pedro Sánchez estuvo acompañado por el alcalde de esta localidad toledana, Agustín Jiménez Crespo, uno de los alcaldes socialistas más críticos con el presidente castellanomanchego.